Corpus
Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS COMPATIBLE CON EL PRINCIPIO IN DUBIO PRO ACTIONE ES AQUELLA EN EL SENTIDO DE QUE, EXCEPCIONALMENTE, SI EL ÚLTIMO DÍA DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA RELATIVA FUESE INHÁBIL, ÉSTA PODRÁ PRESENTARSE EL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE (ARTÍCULO 60 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADO UNIDOS MEXICANOS). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL QUE A SU JUICIO VULNERAN DERECHOS HUMANOS. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA NORMAS DE CARÁCTER TRIBUTARIO QUE A SU JUICIO VULNERAN DERECHOS HUMANOS. V. PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS EN MATERIA DE DERECHOS. ESTOS PRINCIPIOS EXIGEN QUE EN LA DETERMINACIÓN DE LAS CUOTAS SE TOME EN CUENTA EL COSTO QUE REPRESENTA AL ESTADO LA ACTIVIDAD DE QUE SE TRATE Y, ADEMÁS, QUE DICHAS CUOTAS SEAN FIJAS E IGUALES PARA TODOS LOS QUE RECIBAN EL MISMO SERVICIO. VI. ALUMBRADO PÚBLICO. EN LA CUANTIFICACIÓN DE LAS CUOTAS EN EL CASO DE LOS DERECHOS POR ESTE SERVICIO DEBEN IDENTIFICARSE, POR UNA PARTE, EL TIPO DE SERVICIO PÚBLICO DE QUE SE TRATE Y, POR LA OTRA, EL COSTO QUE LE REPRESENTA AL ESTADO PRESTARLO, YA QUE NO PUEDEN CONSIDERARSE PARA TALES EFECTOS, ASPECTOS AJENOS A ÉSTOS, COMO LO SERÍA LA SITUACIÓN PARTICULAR DEL CONTRIBUYENTE O CUALQUIER OTRO ELEMENTO DISTINTO AL COSTO. VII. ALUMBRADO PÚBLICO. LA TARIFA QUE CORRESPONDE AL DERECHO POR LA PRESENTACIÓN DE ESTE SERVICIO QUE SE FIJA A PARTIR DE CIRCUNSTANCIAS QUE NO ATIENDEN AL VALOR QUE REPRESENTA AL MUNICIPIO, SINO CON LA CAPACIDAD ECONÓMICA DEL CONTRIBUYENTE QUE SE REFLEJA EN FUNCIÓN DEL DESTINO O DEL TIPO DE PREDIO, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS (INVALIDEZ DE LAS FRACCIONES I, II, III, IV Y V DE LOS ARTÍCULOS 17 DE LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE APATZINGÁN, AQUILA, ARTEAGA, BUENAVISTA, CHARAPAN, CHERÁN, CHUCÁNDIRO, CHURUMUCO, COTIJA, INDAPARAPEO, JACONA, LOS REYES, MADERO, MORELOS, PARACHO, PERIBÁN, QUERÉNDARO, TURICATO, VENUSTIANO CARRANZA, ZIRACUARETIRO; ASÍ COMO DE LAS FRACCIONES I, II, III, IV Y V DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO NAHUATZEN Y LAS FRACCIONES I, II, III, IV Y V DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TUMBISCATÍO, TODAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTIUNO). VIII. ALUMBRADO PÚBLICO. LOS PRECEPTOS QUE PREVÉN LA CUOTA QUE DEBE PAGARSE POR CONCEPTO DE LOS DERECHOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ESTE SERVICIO A PARTIR DEL DESTINO DEL INMUEBLE, SON CONTRARIOS AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA, AL NO ATENDER AL COSTO REAL DEL SERVICIO PROPORCIONADO POR EL MUNICIPIO, SINO A LA CAPACIDAD ECONÓMICA DEL CONTRIBUYENTE (INVALIDEZ DE LAS FRACCIONES I, II, III, IV Y V DE LOS ARTÍCULOS 17 DE LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE APATZINGÁN, AQUILA, ARTEAGA, BUENAVISTA, CHARAPAN, CHERÁN, CHUCÁNDIRO, CHURUMUCO, COTIJA, INDAPARAPEO, JACONA, LOS REYES, MADERO, MORELOS, PARACHO, PERIBÁN, QUERÉNDARO, TURICATO, VENUSTIANO CARRANZA, ZIRACUARETIRO; ASÍ COMO DE LAS FRACCIONES I, II, III, IV Y V DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE NAHUATZEN Y LAS FRACCIONES I, II, III, IV Y V DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TUMBISCATÍO, TODAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTIUNO). IX. ALUMBRADO PÚBLICO. LOS PRECEPTOS QUE IMPONEN A LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES PROPIETARIAS, POSEEDORAS, USUFRUCTUARIAS O USUARIAS DE PREDIOS RÚSTICOS O URBANOS QUE NO SE ENCONTRARAN REGISTRADOS ANTE LA CFE, UNA CUOTA ANUAL ATENDIENDO AL TIPO DE PREDIO (RÚSTICO O URBANO), ASÍ COMO A SU SUPERFICIE, PROVOCAN UNA TRIBUTACIÓN DESPROPORCIONAL TRATÁNDOSE DE UN DERECHO, ADEMÁS DE GENERAR UN TRATO DESIGUAL A LOS GOBERNADOS AL ESTABLECER DIVERSOS MONTOS POR LA PRESENTACIÓN DE UN MISMO SERVICIO (INVALIDEZ DE LAS FRACCIONES I, II, III, IV Y V DE LOS ARTÍCULOS 17 DE LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE APATZINGÁN, AQUILA, ARTEAGA, BUENAVISTA, CHARAPAN, CHERÁN, CHUCÁNDIRO, CHURUMUCO, COTIJA, INDAPARAPEO, JACONA, LOS REYES, MADERO, MORELOS, PARACHO, PERIBÁN, QUERÉNDARO, TURICATO, VENUSTIANO CARRANZA, ZIRACUARETIRO; ASÍ COMO DE LAS FRACCIONES I, II, III, IV Y V DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO NAHUATZEN Y LAS FRACCIONES I, II, III, IV Y V DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TUMBISCATÍO, TODAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTIUNO). X. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 17/2021. · Registro digital (IUS): 30372
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-02-04
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Febrero de 2022, Tomo I, Pág. 401.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 17/2021. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 18 DE NOVIEMBRE DE 2021. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS.

Ciudad de México. Sentencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno.

VISTOS los autos para resolver la acción de inconstitucionalidad 17/2021, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de diversas disposiciones contenidas en las leyes de ingresos municipales del Estado de Michoacán de Ocampo, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno; y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—El veinticuatro y veinticinco de diciembre de dos mil veinte se publicaron en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo los decretos mediante los cuales se expidieron las Leyes de Ingresos de los Municipios de Apatzingán, Aquila, Arteaga, Buenavista, Charapan, Cherán, Chucándiro, Churumuco, Cotija, Indaparapeo, Jacona, Los Reyes, Madero, Morelos, Nahuatzen, Paracho, Peribán, Queréndaro, Tumbiscatío, Turicato, Venustiano Carranza y Ziracuaretiro, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno.

2. SEGUNDO.—El veinticinco de enero de dos mil veintiuno, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos que regulan el cobro de derechos por el servicio de alumbrado público. En su único concepto de invalidez, en síntesis, expuso:

a) Que los artículos impugnados son inconstitucionales porque establecen las tarifas mediante las cuales se causarán y pagarán los derechos por el servicio de alumbrado público tomando en cuenta elementos ajenos al costo real de ese servicio, lo cual es violatorio de los principios de equidad y proporcionalidad consagrados en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.(1)

En efecto, para fijar la cuota de pago por los derechos del servicio de alumbrado público, el legislador tomó en consideración el uso o características de los predios (doméstico, pequeño, mediano o gran comercio o industria) de las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias registradas ante la Comisión Federal de Electricidad, o en caso de carecer de registro, si los predios son rústicos o urbanos, sin atender al costo que representa al Estado dicha prestación, y sin cobrar el mismo monto a todas las personas que reciben el mismo servicio.

b) Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que para analizar la proporcionalidad y equidad de una disposición normativa que establece un derecho, debe tomarse en cuenta la actividad del Estado que genera su pago. De esta forma, para poder decidir si el parámetro de medición seleccionado para cuantificar la respectiva base gravable resulta congruente con el costo que representa para la autoridad el servicio relativo, la cuota no puede contener elementos ajenos al servicio prestado, porque daría lugar a que por un mismo servicio se contribuya en cantidades diversas.

c) Que la individualización creada por las normas impugnadas genera un pago inequitativo y diferenciado para cada uno de los contribuyentes, ya que imponen diversos montos por la prestación de un mismo servicio en el que sólo se presume la capacidad económica de las personas a partir del tipo de uso o destino que se le dé a un predio.

d) Que la configuración del derecho podría incluso obligar a que una misma persona pague más de una vez la tarifa establecida, por actualizar en más de una ocasión los supuestos de las normas. Esta circunstancia es incongruente con la naturaleza misma del servicio, el cual busca beneficiar a la comunidad en su conjunto.

3. TERCERO.—En la demanda se señalaron como preceptos violados los artículos 1o., 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

4. CUARTO.—El cuatro de marzo de dos mil veintiuno, el Poder Legislativo del Estado de Michoacán de Ocampo rindió su informe.(2) No planteó causas de improcedencia y sobre la constitucionalidad de las normas, en síntesis, expuso:

a) Que las normas impugnadas son constitucionales porque derivaron de un procedimiento legislativo, en términos de las disposiciones constitucionales y legales aplicables.

b) Que la regulación de los derechos por alumbrado público no son violatorios del principio de seguridad jurídica ni del principio de legalidad porque, además de estar contenidas en leyes en sentido formal y material, atienden al contenido de la Ley de Hacienda Municipal, la cual fue reformada como consecuencia de lo determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 20/2020, 96/2020 y 101/2020, en las cuales se analizaron las normas que, para el ejercicio fiscal de dos mil veinte, regulaban el cobro por los derechos de alumbrado público en los Municipios de Michoacán, específicamente por determinar una tarifa mensual diferenciada según el nivel de consumo de energía eléctrica de los sujetos del derecho.

c) Que las normas no son inequitativas porque, en atención a la realidad social de los Municipios del Estado de Michoacán, se establecieron dos sistemas de pago, uno para quienes tengan celebrado un contrato con la Comisión Federal de Electricidad y otro para quienes no cuenten con él. Estos sistemas de cobro parten de la base de que, ya sean los dueños de los predios, o quienes se aprovechen de ellos, tengan que contribuir por la prestación de un servicio público que beneficia a todos.

5. QUINTO.—El diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, el Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo rindió su informe.(3) Expuso, en síntesis:

a) Que el gobernador únicamente intervino dentro del proceso de creación de las normas impugnadas en su promulgación y publicación en cumplimiento del mandato de la Constitución del Estado. De esta forma, sostiene que, tanto la promulgación como la publicación de las normas impugnadas, no son inconstitucionales, ya que se efectuaron en pleno ejercicio de las facultades y leyes que le confieren.

b) Que sobre la constitucionalidad de las normas existen criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisando únicamente que el Pleno ha considerado que, si bien el monto de los derechos no necesariamente debe corresponder con exactitud matemática al costo del servicio prestado por el Estado, sí debe fijarse en relación con el mismo, para que cumpla con los principios de equidad y proporcionalidad.

6. SEXTO.—El fiscal general de la República no formuló pedimento en el presente asunto, ni la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal realizó manifestación alguna.

7. SÉPTIMO.—Una vez concluido el trámite legal correspondiente, en el acuerdo de siete de mayo de dos mil veintiuno, la Ministra instructora declaró cerrada la instrucción.

CONSIDERANDO:

8. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada,(4) toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos planteó la posible contradicción entre normas de rango constitucional y normas de diversas leyes de ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo.(5)

9. SEGUNDO.—Precisión de las normas impugnadas. Del escrito inicial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en lo particular del apartado III, denominado "Normas generales cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se publicaron", se advierte que las normas impugnadas son las siguientes:

1) Artículo 17 de la Ley de Ingresos del Municipio de Apatzingán, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2021.

2) Artículo 17 de la Ley de Ingresos del Municipio de Aquila, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2021.

3) Artículo 17 de la Ley de Ingresos del Municipio de Arteaga, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2021.

4) Artículo 17 de la Ley de Ingresos del Municipio de Buenavista, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2021.

5) Artículo 17 de la Ley de Ingresos del Municipio de Charapan, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2021.

6) Artículo 17 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cherán, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2021.

7) Artículo 17 de la Ley de Ingresos del Municipio de Chucándiro, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2021.

8) Artículo 17 de la Ley de Ingresos del Municipio de Churumuco, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2021.

9) Artículo 17 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cotija, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2021.

10) Artículo 17 de la Ley de Ingresos del Municipio de Indaparapeo, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2021.

11) Artículo 17 de la Ley de Ingresos del Municipio de Jacona, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2021.

12) Artículo 17 de la Ley de Ingresos del Municipio de Los Reyes, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2021.

13) Artículo 17 de la Ley de Ingresos del Municipio de Madero, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2021.

14) Artículo 17 de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelos, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2021.

15) Artículo 16 de la Ley de Ingresos del Municipio de Nahuatzen, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2021.

16) Artículo 17 de la Ley de Ingresos del Municipio de Paracho, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2021.

17) Artículo 17 de la Ley de Ingresos del Municipio de Peribán, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2021.

18) Artículo 17 de la Ley de Ingresos del Municipio de Queréndaro, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2021.

19) Artículo 15 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tumbiscatío, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2021.

20) Artículo 17 de la Ley de Ingresos del Municipio de Turicato, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2021.

21) Artículo 17 de la Ley de Ingresos del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2021.

22) Artículo 17 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ziracuaretiro, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2021.

10. No obstante, de la lectura integral de la demanda se advierte que la promovente se inconforma, exclusivamente, de las tarifas previstas para el cobro de derechos por alumbrado público, esto, por considerar que no atienden al costo del servicio prestado por el Municipio y porque se prevén tomando como base elementos ajenos, relacionados con el destino de los predios, o de la existencia o no de un registro ante la Comisión Federal de Electricidad.

11. Las normas impugnadas son las siguientes:

Ver normas impugnadas

12. De una revisión exhaustiva de las normas impugnadas, se advierte que las tarifas impugnadas están previstas en las fracciones I, II, III, IV y V, mientras que las fracciones VI y VII, respectivamente, prevén lo que deberá pagarse en los supuestos de expedición del dictamen de evaluación y cuantificación para la reubicación o modificación de las instalaciones pertenecientes al alumbrado público municipal, así como por concepto de revisión y/o aprobación de proyectos de construcción de alumbrado público, en fraccionamientos construidos por particulares.

13. Por ello y a partir de una lectura integral de la demanda y de sus conceptos de invalidez, debe considerarse que lo efectivamente impugnado en este asunto, son las fracciones que regulan las tarifas para el cobro del derecho y no las fracciones VI y VII, que como ya se señaló, contienen disposiciones diferenciadas y ajenas a lo cuestionado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

14. TERCERO.—Oportunidad. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial; si el último día del plazo es inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.(6)

15. En ese sentido, las normas impugnadas fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo el veinticuatro y el veinticinco de diciembre de dos mil veinte, por lo que el plazo de treinta días naturales transcurrió del viernes veinticinco de diciembre del mismo año al sábado veintitrés de enero de dos mil veintiuno y del sábado veintiséis de diciembre de dos mil veinte al domingo veinticuatro de enero de dos mil veintiuno, pudiéndose promover la acción de inconstitucionalidad, al haber sido días inhábiles, al día hábil siguiente, esto es, el lunes veinticinco de enero siguiente.

16. Consecuentemente, dado que la acción de inconstitucionalidad se promovió ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, debe concluirse que su presentación fue oportuna.

17. CUARTO.—Legitimación. El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal dispone, en lo que interesa, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está legitimada para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de normas federales o de las entidades federativas que considere que vulneran derechos humanos.(7)

18. En ese sentido, se advierte que la demanda fue presentada por la maestra María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,(8) lo que acredita con la copia certificada del acuerdo de designación expedido por el Senado de la República.

19. Cabe destacar que la promovente argumenta que las disposiciones reclamadas de las leyes de ingresos municipales del Estado de Michoacán de Ocampo, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, son violatorias del derecho a la seguridad jurídica, así como de los principios de legalidad, equidad y proporcionalidad tributarias.

20. Por todo lo anterior, debe reconocerse legitimación a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, debido a que es uno de los entes legitimados por el artículo 105, fracción II, de la Constitución Federal, además de que fue presentado por quien ostenta su representación legal, en contra de normas que considera son violatorias de derechos humanos.

21. QUINTO.—Causas de improcedencia. Los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Michoacán de Ocampo no plantearon causales de improcedencia ni este Pleno advierte, de oficio, la actualización de alguna.

22. SEXTO.—Estudio de fondo. En atención a que todas las normas impugnadas tienen la misma configuración, a que los únicos cambios se encuentran en los montos de las tarifas y con la finalidad de evitar repeticiones innecesarias, a continuación, se transcribe el contenido del artículo 17 de la Ley de Ingresos del Municipio de Apatzingán para el ejercicio fiscal del año 2021, impugnado:

Ver artículo impugnado

23. En el único concepto de invalidez, la promovente solicita se declare la inconstitucionalidad de las normas que prevén el cobro por el servicio de alumbrado público porque considera que las tarifas, al estar basadas en elementos ajenos al costo de la prestación del servicio, en lo particular el destino o uso de los predios de las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias que se encuentren registradas ante la Comisión Federal de Electricidad, o en función de la naturaleza de los predios, violan los principios de equidad y proporcionalidad tributarias, previstos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Federal.

24. El concepto de invalidez es fundado.

25. De conformidad con el artículo 115, fracciones III, inciso b), y IV, inciso c), de la Constitución Federal, es facultad de las Legislaturas Locales regular las contribuciones que correspondan a los Municipios por concepto de los servicios que deben prestar, dentro de los cuales está el de alumbrado público.(9)

26. No obstante, esta facultad legislativa no es irrestricta, ya que de conformidad con el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, los Congresos Locales, en la configuración de las normas tributarias deberán respetar los principios de reserva de ley, destino al gasto público, proporcionalidad y equidad.(10) A partir de los anteriores elementos ha sido posible individualizar las características que permiten la construcción de un concepto jurídico de tributo o contribución con base en dicho texto:

A. Toda contribución tiene su fuente en el poder de imperio del Estado.

B. Constituyen prestaciones en dinero y excepcionalmente en especie o en servicios.

C. Sólo se pueden crear mediante ley.

D. Se encuentran afectos a fines esencialmente recaudatorios, es decir, tienen por destino el gasto público, sin que se niegue la posibilidad de servir a propósitos de política económica.

E. Los criterios de justicia tributaria son el de proporcionalidad o capacidad contributiva y el de equidad.

27. Las características enumeradas y que se desprenden de la Constitución, definen a las contribuciones o tributos como un ingreso de derecho público, usualmente de carácter pecuniario, que es destinado al financiamiento de los gastos generales y que se obtienen por un ente de igual naturaleza, el cual puede ser la Federación, un ente federado o un Municipio, siendo uno de éstos el titular de un derecho de crédito frente al contribuyente, cuya obligación se desprende de la ley, la cual grava un hecho indicativo de capacidad económica, dando en todo momento un trato equitativo a los contribuyentes.

28. Los tributos a su vez se conforman por distintas configuraciones estructurales compuestas por sus elementos esenciales, los cuales, por un lado, permiten, mediante un análisis integral y armónico, determinar su naturaleza y, por el otro, constituyen el punto de partida para el análisis de su adecuación al marco jurídico constitucional que los regula. Tales elementos son: el sujeto, el hecho imponible, la base imponible, la tasa o tarifa y la época de pago.

29. Si bien el Código Fiscal de la Federación establece como objetos del tributo al sujeto, al objeto, a la base, y a la tasa o tarifa, debe entenderse que el término objeto se refiere a un aspecto más complejo de los elementos del tributo, denominado hecho imponible, y en particular a su aspecto objetivo, es decir, a la riqueza manifestada a través de la realización del supuesto previsto en ley.

30. Lo anterior se esclarece con el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, por lo que sus elementos se pueden explicar de la forma que sigue:(11)

A. Sujeto: La persona física o moral que actualiza el hecho imponible, quedando vinculada de manera pasiva, en virtud del nacimiento de la obligación jurídico-tributaria.

B. Hecho Imponible: Es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica fijado por la ley para configurar cada tributo y de cuya realización depende el nacimiento de la obligación tributaria.

Constituye el hecho definidor o configurador que identifica a cada tributo, más aún, que legitima la imposición en cuanto a que sólo por su realización puede producirse la sujeción al tributo. En efecto, el hecho imponible debe ser, en todos los casos, un elemento fijado por la ley; se trata siempre de un hecho de naturaleza jurídica, creado y definido por la norma, y que no existe hasta que ésta lo ha descrito o tipificado.

C. Base imponible: El valor o magnitud representativo de la riqueza constitutiva del elemento objetivo del hecho imponible, que sirve para la determinación líquida del crédito fiscal, una vez que se aplica a dicho concepto la tasa o tarifa.

D. Tasa o tarifa: Es la cantidad porcentual o determinada que se aplica sobre la base imponible para efecto de obtener como resultado la determinación del crédito fiscal.

E. Época de pago: Momento o plazo dentro del cual la obligación es exigible y, por tanto, debe ser cubierta por el sujeto pasivo de la obligación tributaria.

31. Dichos componentes de los tributos son una constante estructural; sin embargo, su contenido puede variar en función de la contribución que se analice en el caso específico, dotándola a su vez de una naturaleza propia.

32. De la misma forma, la autonomía de las entidades federativas en conjunto al sistema de distribución de competencias previsto en la Constitución Federal, tanto la Federación como cada Estado para sí y para sus Municipios, tienen libertad para realizar su propia configuración de las categorías de las contribuciones o tributos, imprimiendo los matices correspondientes a su realidad; sin embargo, esta libertad no autoriza al legislador para desnaturalizar estas instituciones, por lo que debe respetar sus notas esenciales tanto en lo referente a su naturaleza como contribución, como a las notas de sus especies.

33. A su vez, el artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación clasifica las contribuciones catalogándolas en cuatro especies diferentes: los impuestos, las aportaciones de seguridad social, las contribuciones y los derechos.(12)

34. El Código Fiscal Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo las define de manera similar, lo cual se aprecia partiendo del texto de su artículo 3o., gracias al cual se identifica que los derechos implican un hacer por parte del Estado a cambio de una contraprestación, que debe efectuar el particular para obtener el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público o por la prestación de un servicio público.(13)

35. Tratándose de las contribuciones denominadas "derechos", el Poder Legislativo del Estado de Michoacán de Ocampo reconoce que el hecho imponible se constituye por una actuación de los órganos del Estado y que la base o tasa se determina partiendo del valor o costo que represente para el Estado el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público o el servicio que prestará; mientras que en el caso de los impuestos el hecho imponible está constituido por hechos o actos que sin tener una relación directa con la actividad del ente público es relevante, además, la capacidad contributiva del sujeto pasivo. Específicamente en el caso de los derechos, el principio de proporcionalidad exige que exista congruencia entre el costo que representa para el Estado la prestación de dicho servicio y la cuantificación de su magnitud, pues es lo que constituye al elemento tributario conocido como base imponible. Mientras que el principio de equidad prevé que las cuotas impuestas sean fijas e iguales para todos los que reciben el mismo servicio.

36. La exigencia de congruencia entre hecho imponible y base, además de ser un requisito de proporcionalidad, es también una cuestión de lógica interna de las contribuciones. De lo contrario, existiría imprecisión en torno a cuál es el aspecto objetivo efectivamente gravado y cuál es la categoría tributaria que efectivamente se regula, lo que inclusive puede incidir en la competencia de la autoridad legislativa, pues ésta puede carecer de facultades constitucionales para gravar determinado hecho o acto.

37. En efecto, la distorsión de la relación entre el hecho imponible y la base lógicamente conduce a una imprecisión respecto del aspecto objetivo u objeto que pretendió gravar el legislador, pues mientras el hecho imponible atiende a un objeto, la base mide un objeto distinto; sin embargo, este conflicto debe resolverse atendiendo a la base imponible, en el que debe tomarse en cuenta que la base es el parámetro para determinar el monto que deberá cubrir el sujeto pasivo, pues es a la medida que representa a la que se aplica la tasa o tarifa y que revela el aspecto objetivo del hecho imponible gravado por el legislador.

38. Por tanto, la relevancia de los elementos de la contribución, específicamente la base y tarifa del hecho imponible, consiste en que a través de ellos se demuestra si el hecho imponible de la contribución que pretende recaudarse está o no relacionada con su objeto; ya que, de no ser así, el tipo de contribución se vería distorsionado.

39. Sentado lo anterior y con la finalidad de analizar la configuración del derecho de alumbrado público, debe retomarse parte del contenido de las normas impugnadas y, concretamente, el proemio de cada una de ellas, pues en sus términos, el servicio de alumbrado público que se preste por el Municipio, causará derecho de conformidad con lo establecido en el título cuarto, capítulo II, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán y la cuota se pagará conforme a las tarifas determinadas en cada una de las leyes de ingresos municipales.(14)

40. Aunque la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán señala que la base gravable del derecho por el servicio de alumbrado público es el gasto que le implica al Municipio su prestación, el cual se integra por conceptos como el importe del suministro de energía eléctrica, los sueldos del personal, el costo para la planeación, instalación, conservación y operación de la infraestructura, así como otros gastos que tienen que ver con la prestación del servicio de alumbrado público, lo cierto es que no señala la operación aritmética para determinar la contribución a pagar.

41. En efecto, lo único que se señala es que la contraprestación por el derecho de alumbrado público se pagará conforme a las tarifas que señalen las leyes de ingresos municipales y que aquéllas servirán para que el Municipio cubra los costos que le genere la prestación del servicio público respectivo, por lo que, acorde con lo anterior, las leyes de ingresos combatidas señalan las tarifas a pagar.

42. Al margen de no advertirse la fórmula o la operación matemática que, en su caso, debe realizarse para obtener como resultado las tarifas que ya se determinan en las normas impugnadas, lo cierto es que, lo que sí puede advertirse de ellas es que establecen dos supuestos claramente diferenciados en la determinación de la cuota correspondiente.

43. Por un lado, se establece un régimen para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias que tengan predios registrados ante la Comisión Federal de Electricidad, las cuales deberán pagar una cuota mensual atendiendo al destino del predio, esto es, si es de uso doméstico; o de uso pequeño, mediano, o gran comercio o industria.

44. Por otro lado, se prevé un régimen dirigido a las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de predios que no se encuentren registrados ante la Comisión Federal de Electricidad, las cuales deberán pagar anualmente, simultáneamente con el impuesto predial correspondiente, una cuota equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, atendiendo al tipo de predio, es decir, si son rústicos o urbanos.

45. Ahora, para la determinación de la cuota correspondiente en el caso de los derechos, no pueden tomarse en cuenta elementos que reflejen la capacidad contributiva del gobernado –lo que resulta posible en el caso de los impuestos– sino que debe tomarse en cuenta ordinariamente el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y, además, las cuotas deben ser fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos. Esto, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 2/98, de texto y rubro siguientes:

"DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS. Las garantías de proporcionalidad y equidad tributarias establecidas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el legislador trata de satisfacer en materia de derechos a través de cuota o tarifa aplicable a una base, cuyos parámetros contienen elementos que reflejan la capacidad contributiva del gobernado, se traduce en un sistema que únicamente es aplicable a los impuestos, pero que en manera alguna puede invocarse o aplicarse cuando se trate de la constitucionalidad de derechos por servicios, cuya naturaleza es distinta de los impuestos y, por tanto, reclama un concepto adecuado de esa proporcionalidad y equidad. De acuerdo con la doctrina jurídico-fiscal y la legislación tributaria, por derechos han de entenderse: ‘las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo y sus dependencias a personas determinadas que lo soliciten’, de tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos."

46. En ese sentido, al resolver la acción de inconstitucionalidad 18/2012 y, de manera reciente, las acciones de inconstitucionalidad 21/2020, 101/2020, 19/2021 y 26/2021,(15) el Tribunal Pleno reiteró que, como se ha señalado por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la cuantificación de las cuotas en el caso de los derechos por servicio, debe identificarse, por una parte, el tipo de servicio público de que se trate y, por la otra, el costo que le representa al Estado prestar ese servicio, ya que no pueden considerarse para tales efectos, aspectos ajenos a éstos, como lo sería la situación particular del contribuyente o cualquier otro elemento distinto al costo.(16)

47. De lo contrario, se vulnerarían los principios tributarios de proporcionalidad y equidad previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, toda vez que no se estaría atendiendo al costo que para el Estado representa prestar el servicio, ni se estaría cobrando un mismo monto a todos aquellos que reciben el mismo servicio; siend

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30372-7cb6ea71/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-interpretacion-del-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.