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Modo: Corpus Pro

CONSULTA FISCAL FAVORABLE AL GOBERNADO. LA VIGENCIA TEMPORAL DE LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 34 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 ESTÁ CONTENIDA EN LOS ARTÍCULOS 34-A Y 36 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 15/2020. · Registro digital (IUS): 30397
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2022-02-25
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, EL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA
Localización: Undécima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Febrero de 2022, Tomo II, Pág. 1969.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 15/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, EL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, EN AUXILIO DEL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL VIGÉSIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 26 DE OCTUBRE DE 2021. MAYORÍA DE CATORCE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JULIO HUMBERTO HERNÁNDEZ FONSECA, MIGUEL DE JESÚS ALVARADO ESQUIVEL, JEAN CLAUDE TRON PETIT, PABLO DOMÍNGUEZ PEREGRINA, CARLOS RONZON SEVILLA, RICARDO OLVERA GARCÍA, MARCO ANTONIO CEPEDA ANAYA, OSCAR FERNANDO HERNÁNDEZ BAUTISTA, FERNANDO ANDRÉS ORTIZ CRUZ, JOSÉ ANTONIO GARCÍA GUILLÉN, JOSÉ ÁNGEL MANDUJANO GORDILLO, J. JESÚS GUTIÉRREZ LEGORRETA, ERNESTO MARTÍNEZ ANDREU Y ROSA ILEANA NORIEGA PÉREZ. DISIDENTES: HUMBERTO SUÁREZ CAMACHO, CAROLINA ISABEL ALCALÁ VALENZUELA, JOSÉ EDUARDO ALVARADO RAMÍREZ, GERMÁN EDUARDO BALTAZAR ROBLES (QUIEN FORMULA SALVEDADES EN CUANTO A LA COMPETENCIA DEL PLENO DE CIRCUITO PARA CONOCER DEL ASUNTO), ARMANDO CRUZ ESPINOSA, HUGO GUZMÁN LÓPEZ, MARTHA LLAMILE ORTIZ BRENA, CARLOS ALBERTO ZERPA DURÁN Y SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ, QUIENES FORMULARON VOTO DE MINORÍA. PONENTE: CARLOS RONZON SEVILLA. SECRETARIO: DAMIÁN COCOLETZI VÁZQUEZ.

VISTOS;

Y,

RESULTANDO:

Ciudad de México. Sentencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno.

PRIMERO.—Mediante acuerdo de seis de febrero del dos mil veinte, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se declaró incompetente para conocer de la denuncia de contradicción de criterios formulada por el representante de **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, entre los sustentados por los Tribunales Primero, Sexto y Vigésimo, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los expedientes DA-481/2019, DA-660/2018 y DA-154/2018, de su respectivo índice, y ordenó remitir la denuncia a este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito.

SEGUNDO.—El uno de septiembre siguiente, la Magistrada presidenta del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito admitió la denuncia de contradicción, la cual quedó registrada con el número PC01.I.A.15/2020.C.

TERCERO.—Mediante auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, se turnó el asunto al Magistrado Carlos Ronzon Sevilla, integrante del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para que formulara el proyecto de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, séptimo párrafo, 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 9 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia administrativa, cuya especialidad corresponde a este Pleno de Circuito.

SEGUNDO.—La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por el representante de **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, quien fue parte en los criterios contendientes.

TERCERO.—Como primer punto, se examinará si es existente la contradicción de criterios denunciada.

Para tal efecto, conviene informar el criterio contenido en la jurisprudencia P./J. 72/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7, que establece:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

Así como la diversa 1a./J. 22/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, divulgada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, marzo de 2010, página 122, que establece:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA. Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."

La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que para estimar existente una contradicción de tesis, es necesario que los órganos judiciales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que los aspectos fácticos que lo rodean no sean exactamente iguales, es decir, que emitan diversa solución a una problemática jurídica semejante mediante un determinado ejercicio interpretativo.

A fin de resolver si existe la contradicción, es conveniente informar respecto de las consideraciones sustanciales que sirvieron de base a los órganos contendientes para asumir su postura.

1. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Sentencia emitida el siete de noviembre de dos mil diecinueve en el expediente DA-481/2019.

"QUINTO.—El artículo 2-A, fracción I, inciso b), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece que la enajenación de medicinas de patente y de productos destinados a la alimentación está gravada por esa contribución a la tasa de cero por ciento, con excepción de los productos que ahí mismo se establecen. A su vez, el artículo 25, fracción III, de la mencionada legislación prevé, que estará exenta del pago de ese tributo la importación de los bienes indicados en el artículo 2-A de ese ordenamiento.

"El siete de noviembre del dos mil diecisiete, la hoy quejosa introdujo al país quince mil kilogramos de ácido ascórbico (VC ASCORBIC ACID DC 97% SF). En su pedimento de importación declaró que la introducción de esa mercancía está exenta de pago de impuesto al valor agregado, lo que apoyó en las resoluciones de consulta fiscal contenidas en los oficios ********** y **********, de cuatro de junio y doce de marzo de dos mil cuatro, emitidas por el administrador central de Normatividad de Impuestos Internos del Servicio de Administración Tributaria (folio 79, reverso, del expediente del juicio de nulidad).

"En resolución de seis de julio del dos mil dieciocho, el administrador de la Aduana de Manzanillo del Servicio de Administración Tributaria desconoció la eficacia de las resoluciones de consulta y estableció que la mercancía importada no es de aquellas cuya enajenación esté gravada a la tasa del cero por ciento (en términos de lo dispuesto por el artículo 2-A, fracción I, inciso b), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado), sino a la tasa general del dieciséis por ciento. En consecuencia, determinó que su importación tampoco está exenta del pago de esa contribución, de conformidad con lo previsto en el artículo 25, fracción III, de dicha legislación.

"Por lo anterior, determinó a cargo de la promovente un crédito fiscal por concepto de impuesto al valor agregado actualizado, recargos y multas, en cantidad total de $**********.

"En su resolución, la autoridad fiscal estableció que las resoluciones de consulta carecen de fuerza vinculante porque concluyó su vigencia.

"Para sustentar esa conclusión, expuso que al momento de la importación el tema de las consultas para definir si una mercancía determinada está exenta del pago del impuesto al valor agregado se regula tanto en la regla 4.4.4 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, como en la diversa 5.2.5 de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2017; disposiciones administrativas de carácter general que prevén, por una parte, que las mercancías exentas son, entre otras, las que se definen en el anexo 27 de este último conjunto de reglas, por otra, que en caso de que los importadores consideren que por la importación de su mercancía no tienen obligación de pagar el impuesto, podrán formular consulta ante la autoridad fiscal para discernirlo.

"Con apoyo en lo anterior, la autoridad fiscal estableció que si la importación se realizó en el año dos mil diecisiete, la consulta sobre la exención de pago del impuesto al valor agregado debió efectuarse en ese año a la luz de las disposiciones aplicables, pues las realizadas en el año dos mil cuatro ya no se apegan a las reglas vigentes al momento de la operación.

"En la sentencia reclamada, el Magistrado responsable validó esa conclusión con idénticas explicaciones y agregó que los oficios exhibidos por la quejosa carecen de vigencia porque las disposiciones administrativas de carácter general no sólo modificaron los alcances de las consultas sobre el tema, sino que también modificaron la interpretación que debe darse a las disposiciones legales que establecen la hipótesis de exención.

"También afirmó que de conformidad con la normatividad aplicable (sic), los oficios de consulta exhibidos por la hoy quejosa sólo fueron válidos por el ejercicio en que se emitieron y los dos siguientes, es decir, que sólo tuvieron eficacia para las importaciones efectuadas en los años dos mil cuatro, dos mil cinco y dos mil seis.

"En su primer concepto de violación, la quejosa argumenta que los oficios ********** y ********** son plenamente aplicables a este asunto, porque tienen sustento en el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación vigente para el año dos mil cuatro, disposición legal que prescribía que los criterios favorables emitidos por las autoridades fiscales competentes, derivados de las consultas sobre situaciones reales y concretas formuladas individualmente, generan derechos para los particulares que son oponibles a las autoridades.

"Agrega que en la normatividad de esa época aplicable a las consultas no se prevé que las resoluciones favorables a los particulares tengan un periodo específico de vigencia, por lo que, mientras no cambie el contenido normativo de las disposiciones jurídicas a que se refieren, sólo pueden ser modificadas o nulificadas mediante juicio promovido por las autoridades ante el ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

"Para dar solución al planteamiento defensivo, se tiene en cuenta que los oficios invocados por la quejosa efectivamente fueron emitidos durante el año dos mil cuatro, con fundamento en el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, para dar respuesta a sendas consultas planteadas por la hoy quejosa en ese año.

"Conforme a lo expuesto, la normatividad que rige el alcance de esas resoluciones de consulta no puede ser otra que la que estuvo en vigor en ese momento. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 130/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1178, que establece:

"‘CONSULTA FISCAL. LA RESPUESTA A ÉSTA DEBE FUNDARSE EN LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS VIGENTES EN EL MOMENTO EN QUE SE REALIZÓ. Si el gobernado elevó su consulta fiscal ante la autoridad hacendaria en la fecha en que estaba en vigor el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 31 de diciembre de 2006, resulta evidente que aquélla debe emitir su respuesta con fundamento en ese numeral, dado que ordena que la consulta se refiere a una situación real y concreta; por tanto, la respuesta de la autoridad debe darse bajo las disposiciones jurídicas que regían esa situación, es decir, las existentes al realizar la consulta, pues en ese momento la situación era real y concreta, de otra forma podría suceder que la contestación no fuese congruente con la situación consultada por estar fundada en los preceptos legales en vigor en la fecha en que se emitió la respuesta, las que pudieran ser distintas a las existentes cuando imperaba la situación consultada, quebrantándose de esta forma el principio de congruencia que debe regir a toda petición o consulta y a su contestación.’

"La normatividad aplicable a las consultas fiscales planteadas en el año dos mil cuatro establecía, en lo que importa a este asunto, lo siguiente:

"Código Fiscal de la Federación

"‘Artículo 34. Las autoridades fiscales sólo están obligadas a contestar las consultas que sobre situaciones reales y concretas les hagan los interesados individualmente; de su resolución favorable se derivan derechos para el particular, en los casos en que la consulta se haya referido a circunstancias reales y concretas y la resolución se haya emitido por escrito por autoridad competente para ello.

"‘...’

"‘Artículo 34-A. Las autoridades fiscales podrán resolver las consultas que formulen los interesados relativas a la metodología utilizada en la determinación de los precios o montos de las contraprestaciones, en operaciones con partes relacionadas, en los términos del artículo 215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que el contribuyente presente la información, datos y documentación, necesarios para la emisión de la resolución correspondiente. Estas resoluciones podrán derivar de un acuerdo con las autoridades competentes de un país con el que se tenga un tratado para evitar la doble tributación.

"‘Las resoluciones que en su caso se emitan en los términos de este artículo, podrán surtir sus efectos en el ejercicio en que se soliciten, en el ejercicio inmediato anterior y hasta por los tres ejercicios fiscales siguientes a aquel en que se soliciten. La vigencia podrá ser mayor cuando deriven de un procedimiento amistoso, en los términos de un tratado internacional de que México sea Parte.

"‘La validez de las resoluciones podrá condicionarse al cumplimiento de requisitos que demuestren que las operaciones objeto de la resolución, se realizan a precios o montos de contraprestaciones que hubieran utilizado partes independientes en operaciones comparables.’

"‘Artículo 36. Las resoluciones administrativas de carácter individual favorables a un particular sólo podrán ser modificadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa mediante juicio iniciado por las autoridades fiscales.

"‘Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público modifique las resoluciones administrativas de carácter general, estas modificaciones no comprenderán los efectos producidos con anterioridad a la nueva resolución.

"‘...’

"‘Artículo 36 Bis. Las resoluciones administrativas de carácter individual o dirigidas a agrupaciones, dictadas en materia de impuestos que otorguen una autorización o que, siendo favorables a particulares, determinen un régimen fiscal, surtirán sus efectos en el ejercicio fiscal del contribuyente en el que se otorguen o en el ejercicio inmediato anterior, cuando se hubiera solicitado la resolución, y ésta se otorgue en los tres meses siguientes al cierre del mismo.

"‘Al concluir el ejercicio para el que se hubiere emitido una resolución de las que señala el párrafo anterior, los interesados podrán someter las circunstancias del caso a la autoridad fiscal competente para que dicte la resolución que proceda.

"‘Este precepto no será aplicable a las autorizaciones relativas a prórrogas para el pago en parcialidades, aceptación de garantías del interés fiscal, las que obliga la ley para la deducción en inversiones en activo fijo, y las de inicio de consolidación en el impuesto sobre la renta.’

"De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, primer párrafo, los contribuyentes podían elevar ante la autoridad hacendaria competente, de manera individual, una consulta sobre algún aspecto de su situación fiscal real, concreta y presente. Planteada en esos términos, la autoridad quedaba obligada a emitir una respuesta que, de ser favorable a los particulares, les incorporaría un derecho sobre lo resuelto.

"El artículo 36 establecía, por su parte, que las resoluciones a tales consultas, favorables a los particulares individualmente, sólo podrían ser modificadas por el entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa mediante juicio de lesividad, y que las modificaciones a las resoluciones administrativas de carácter general no comprenderían los efectos producidos por las resoluciones individuales emitidas con anterioridad.

"El artículo 36 Bis disponía que cuando las resoluciones favorables otorgaran una autorización o determinaran un régimen fiscal, sus efectos jurídicos se limitarían al ejercicio fiscal en que se otorgaran o al ejercicio inmediato anterior (cuando se hubiera solicitado la resolución y ésta se hubiera emitido en los tres meses siguientes a su cierre).

"Finalmente, el artículo 34-A regulaba las especificidades de las consultas sobre la metodología para la determinación de precios en operaciones con partes relacionadas a que se refiere el artículo 215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El artículo en consulta establecía que las resoluciones favorables sobre este tema podrían surtir sus efectos en el ejercicio en que se solicitaran, en el ejercicio inmediato anterior y hasta por los tres ejercicios fiscales siguientes al de la consulta, y que la vigencia podría ser mayor cuando se originara en un procedimiento amistoso en los términos de un tratado internacional en que nuestro país participe.

"Conforme a la interpretación sistemática de las normas transcritas, las resoluciones individuales favorables a los particulares que derivaran de las consultas a las que se refería el artículo 34, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente en dos mil cuatro, incorporaban al patrimonio de sus destinatarios derechos que podían ser oponibles a las autoridades fiscales, mientras estuvieran vigentes y no fuera modificada la normatividad a que se refieren.

"La regulación aplicable definió periodos de vigencia de las resoluciones favorables conforme a los supuestos siguientes: a) para el ejercicio inmediato anterior, para aquel en que se presentara la consulta y hasta para los tres ejercicios fiscales siguientes, cuando versaran sobre metodología de precios de transferencia, y b) para el ejercicio fiscal en que se emitieran o para el ejercicio inmediato anterior (si la consulta planteada durante un ejercicio se hubiera resuelto dentro de los tres meses siguientes a su cierre), cuando las resoluciones favorables otorgaran una autorización o determinaran un régimen fiscal en materia de impuestos.

"Con la finalidad de verificar si los oficios invocados por la hoy quejosa se ubican en alguna de las hipótesis de vigencia definida, conviene imponerse de su contenido.

"(SE REPRODUCEN IMÁGENES)

"El primero de los oficios digitalizados tuvo por objeto dilucidar si la enajenación de los productos denominados vitaminas, minerales, aminoácidos y sus premezclas, en términos de lo dispuesto por el artículo 2-A, fracción I, inciso b), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, está gravada a la tasa del cero por ciento y, consecuentemente, si de conformidad con lo previsto en el artículo 25, fracción III, de dicha legislación, su importación está exenta de pago de ese gravamen.

"La autoridad fiscal resolvió que es correcto el criterio sostenido por la consultante, **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, ya que a la luz de las definiciones de alimentos contenidas tanto en la Ley General de Salud (artículo 215, fracción I) como en la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI-1994, los productos objeto de la consulta están destinados a la alimentación, por lo que su enajenación efectivamente está gravada a la tasa del cero por ciento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y, por consecuencia, que su importación está exenta de pagar esa contribución de conformidad con lo establecido por el diverso 25, fracción III, de la legislación indicada.

"El segundo oficio tuvo como objeto determinar si el anterior criterio es aplicable a **********, Sociedad Anónima de Capital Variable.

"La autoridad emisora resolvió que la primera resolución es plenamente aplicable a la hoy quejosa puesto que se está en presencia de un cambio de denominación que no implica la existencia de un nuevo contribuyente.

"De la síntesis de los oficios digitalizados se desprende que el sentido vinculante de sus resolutivos implicó una autorización en favor de la hoy promovente sobre la tasa aplicable a la enajenación de las mercancías que ahí se identifican y sobre la obligatoriedad de pago del impuesto al valor agregado por su importación. Se trata de una autorización porque, en lo que interesa, su contenido implicó la permisión de que importara esas mercancías en condiciones de exención.

"Dado que esas resoluciones contienen una autorización en materia de impuestos, su vigencia se limitaba al ejercicio fiscal en que se emitieron: el correspondiente al año dos mil cuatro, lo que encuentra fundamento, se reitera, en el artículo 36 Bis del Código Fiscal de la Federación vigente en esa época.

"Las explicaciones dadas hasta aquí son suficientes para desestimar por infundado el concepto de violación, pues tal como sostuvo la autoridad fiscal y validó el Magistrado responsable, las resoluciones de consulta con que la quejosa pretendió justificar la exención de pago del impuesto carecen de eficacia en este asunto, ya que sus efectos vinculantes fenecieron al cierre del ejercicio fiscal dos mil cuatro.

"Ahora bien, una vez que en la resolución administrativa impugnada la autoridad fiscal estableció que las resoluciones de consulta exhibidas por la contribuyente son intrascendentes a la operación revisada, se avocó a determinar si a la luz de las disposiciones vigentes en la época de la importación su introducción al país estaba exenta o no del pago del impuesto al valor agregado.

"Al efecto, explicó que en la regla 5.2.5 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2017 se especificó que las mercancías cuya importación está exenta del pago de impuesto al valor agregado, en términos de la ley del tributo, son las identificadas en el anexo 27 de ese instrumento administrativo de carácter general.

"Agregó que en el referido anexo se estableció que están incluidas en la exención del impuesto al valor agregado todas las fracciones arancelarias del capítulo 29 de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación que correspondan a preparaciones farmacéuticas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, antígenos y vacunas, siempre que puedan ser ingeridos, inyectados, inhalados o aplicados directamente por el usuario sin que se requiera mezclarlos con otras sustancias o productos o sujetarlos a un proceso de transformación.

"Expresó que la mercancía importada por la quejosa no se ubica en el anexo 27, porque de acuerdo con el dictamen emitido por la autoridad a través de la nota número 24628 CON LC-2017-NOV-0194, de nueve de noviembre de dos mil diecisiete, el producto importado tal como se presentó ante la aduana no puede considerarse un alimento o un medicamento que pueda ser ingerido, inhalado o inyectado directamente, debido a que se requiere diluirlo y dosificarlo en función de una actividad predeterminada, pues se trata de una mercancía que se utiliza como ingrediente en la formulación de suplementos vitamínicos de los alimentos, o bien, dadas sus propiedades antioxidantes, para mejorar ciertas características de dichos suplementos.

"En la sentencia reclamada, el Magistrado responsable validó esa conclusión, ya que aún cuando la demandante ofreció la prueba pericial en química para evidenciar la naturaleza del producto importado, estimó que las respuestas de la perito de la demandante son coincidentes con el dictamen de la autoridad aduanera, respecto a que la mercancía importada, si bien se trata de vitamina C, su presentación corresponde a la materia prima que se utiliza para elaborar productos destinados a la alimentación fortificándolos.

"Por lo anterior, estableció que el peritaje de la propia actora corrobora lo sostenido en el dictamen de la autoridad respecto a que la mercancía importada, así como fue presentada ante la aduana, no puede ser consumida por los humanos ni por los animales, ya que para ese propósito requiere ser diluida o dosificada para la elaboración de los productos terminados, de manera que no cumple la condición prevista en el anexo 27 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2017, de que los productos importados a que se refiere estarán exentos del pago del impuesto siempre que puedan ser ingeridos, inyectados, inhalados o aplicados directamente por el usuario sin que se requiera mezclarlos con otras sustancias o productos o sujetarlos a un proceso de transformación.

"Para combatir ese aspecto del fallo reclamado, la quejosa argumenta que al incorporar el requisito previsto en el anexo 27 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2017, la autoridad responsable contravino el principio de legalidad de las contribuciones, ya que para el reconocimiento de la exención de pago está introduciendo requisitos que no están previstos en el artículo 2-A, fracción I, inciso b), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, pues de conformidad con esa norma legal, la tasa del cero por ciento (que en vía de consecuencia da lugar a la exención en la importación) es

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30397-a148d427/consulta-fiscal-favorable-al-gobernado-la-vigencia-temporal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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