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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN TRATÁNDOSE DE ACTOS ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN O ACUERDO QUE SE RECLAME CONFORME A LA LEY DEL PROPIO ACTO; AL EN QUE EL ACTOR HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DE ELLOS O DE SU EJECUCIÓN; O AL EN QUE EL ACTOR SE OSTENTE SABEDOR DE LOS MISMOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA (PROGRAMA DE MANEJO DEL ÁREA DE PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA YUM BALAM, Y SU RESUMEN). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD AL TENER CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO CON ANTERIORIDAD (DECRETO POR EL QUE SE DECLARA COMO ÁREA NATURAL PROTEGIDA, CON CARÁCTER DE ÁREA DE PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA, LA REGIÓN CONOCIDA COMO YUM BALAM). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD AL TENER CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO CON ANTERIORIDAD (ARTÍCULOS 46, FRACCIÓN VII, 57 A 75 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, VIGENTES EN EL AÑO 1994). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN TRATÁNDOSE DE ACTOS ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN O ACUERDO QUE SE RECLAME CONFORME A LA LEY DEL PROPIO ACTO; AL EN QUE EL ACTOR HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DE ELLOS O DE SU EJECUCIÓN; O AL EN QUE EL ACTOR SE OSTENTE SABEDOR DE LOS MISMOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA (ARTÍCULOS 44 Y 66 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, VIGENTES EN EL AÑO 2018). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PUEDE SER REPRESENTADO EN JUICIO POR EL CONSEJERO JURÍDICO DEL EJECUTIVO FEDERAL, SIEMPRE QUE COMPAREZCA EXHIBIENDO CONSTANCIA DE SU NOMBRAMIENTO, ASÍ COMO DEL ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA QUE TENDRÁ LA REPRESENTACIÓN RELATIVA EN ESTOS JUICIOS. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS TIENE ATRIBUCIONES PARA REPRESENTAR EN EL JUICIO A DICHA CÁMARA. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES TIENE ATRIBUCIONES PARA REPRESENTAR EN EL JUICIO A DICHA CÁMARA. IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEBE DECRETARSE SIN INVOLUCRAR EL ESTUDIO DEL FONDO, CUANDO ES EVIDENTE LA INVIABILIDAD DE LA ACCIÓN (ARTÍCULOS 44 Y 66 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, VIGENTES EN EL AÑO 2018). X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE (ARTÍCULOS 44 Y 66 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, VIGENTES EN EL AÑO 2018). XI. TRANSVERSALIDAD EN LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. FUNCIÓN ECOLÓGICA DE LA PROPIEDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE. XII. FUNCIÓN ECOLÓGICA DE LA PROPIEDAD. SE ENCUENTRA REGULADA EN LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE CUYO OBJETIVO ES ESTABLECER, ENTRE OTROS, EL EJERCICIO DE ATRIBUCIONES DE LOS DISTINTOS ÓRDENES DE GOBIERNO CONFORME AL PRINCIPIO DE CONCURRENCIA, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MANDATO CONSTITUCIONAL DE PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. XIII. PRINCIPIO DE TRANSVERSALIDAD. LAS DECISIONES SOBRE LA ECONOMÍA Y EL DESARROLLO NACIONAL NO PUEDEN TOMARSE DE MANERA AISLADA A LAS RELACIONADAS CON EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES. XIV. PRINCIPIO DE TRANSVERSALIDAD. LA INTERPRETACIÓN DE LAS COMPETENCIAS EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, Y TODAS AQUELLAS QUE INCIDAN EN ÉSTA, DEBE SER CONFORME A DICHO PRINCIPIO. XV. PRINCIPIOS JURÍDICOS MEDIOAMBIENTALES. EL PRINCIPIO PRECAUTORIO IMPLICA QUE CUALQUIER COMPETENCIA QUE TENGA INCIDENCIA EN EL MEDIO AMBIENTE REQUERIRÁ UNA EVALUACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES. XVI. PRINCIPIOS JURÍDICOS MEDIOAMBIENTALES. EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD EN MATERIA AMBIENTAL IMPLICA LA LIMITACIÓN A LOS PODERES PÚBLICOS DE NO DISMINUIR O AFECTAR EL NIVEL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL ALCANZADO, SALVO QUE ESTÉ ABSOLUTA Y DEBIDAMENTE JUSTIFICADO. XVII. PRINCIPIOS JURÍDICOS MEDIOAMBIENTALES. EL PRINCIPIO IN DUBIO PRO NATURA IMPLICA QUE CUANDO EXISTE UNA CONTRADICCIÓN ENTRE NORMAS O UNA LAGUNA NORMATIVA HABRÁ DE PREVALECER AQUELLA QUE PREVEA LA ATRIBUCIÓN COMPETENCIAL QUE RESULTE EN MAYOR PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. XVIII. PRINCIPIOS JURÍDICOS MEDIOAMBIENTALES. EL PRINCIPIO IN DUBIO PRO AGUA PREVÉ QUE ANTE LA INCERTIDUMBRE CIENTÍFICA QUE PUDIERA SURGIR EN TORNO AL RIESGO DE DAÑO AMBIENTAL, LAS CONTROVERSIAS EN LA MATERIA DEBERÁN SER RESUELTAS DEL MODO MÁS FAVORABLE A LA PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS DE AGUA Y ECOSISTEMAS CONEXOS. XIX. PRINCIPIOS JURÍDICOS MEDIOAMBIENTALES. EL PRINCIPIO PROPTER REM EN MATERIA AMBIENTAL INSTR

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 212/2018. · Registro digital (IUS): 30524
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-04-29
Promovente: MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS, QUINTANA ROO.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Abril de 2022, Tomo II, Pág. 1175.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 212/2018. MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS, QUINTANA ROO. 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIA: NATALIA REYES HEROLES SCHARRER.

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno.

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 212/2018, promovida por el Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, en contra de los actos atribuidos al Congreso de la Unión, por conducto de sus Cámaras de Diputados y Senadores, así como al Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

RESULTANDO

1. PRIMERO.—Demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Rosario Leticia Dzib Mazum, síndica municipal del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, promovió demanda de controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, así como contra el Congreso de la Unión, por conducto de sus Cámaras, en la que demandó la invalidez de:

"1. Programa de Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, ubicada en el Municipio de Lázaro Cárdenas, en el Estado de Quintana Roo, publicado el 5 de octubre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación (el ‘programa impugnado’). Esa norma se impugna con motivo de su publicación.

"2. Decreto por el que se declara como Área Natural Protegida, con carácter de Área de Protección de Flora y Fauna, la región conocida como Yum Balam con una superficie de 154,052-25-00 hectáreas, ubicada en el Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, emitido el 05 de junio de 1994 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 1994. Esa norma se impugna con motivo de su primer acto de aplicación, sucedido a través del acto 1 anterior.

"3. Los artículos 46, fracción VII, 57 a 75 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, vigentes en el año 1994, los cuales se impugnan con motivo de su aplicación sucedido a través del acto 2 anterior.

"4. Los artículos 44 y 66 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, vigentes en el año 2018, los cuales se impugnan con motivo de su aplicación sucedido a través del acto 1 anterior."

2. SEGUNDO.—Conceptos de invalidez. La síndica municipal refirió –en síntesis– lo siguiente:

Primero. El Programa de Manejo invade la competencia del Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, prevista en los incisos a), d), f) y g) de la fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aduce que de conformidad con los incisos a), d), f) y g) de la fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a los Municipios en forma exclusiva aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así como elaborar y aplicar programas de ordenamiento ecológico.

Plantea un marco normativo, conforme a los artículos 3, 44, 45 y 60 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (en adelante LGEEPA) del que destaca las facultades de la Federación para constituir un Área Natural Protegida (en adelante ANP), así como las atribuciones municipales para emitir un Programa de Ordenamiento Ecológico (en adelante POE) en concreción de la primera.

Posteriormente, cita los diversos preceptos 64 Bis y 66 de la LGEEPA, para definir los Programas de Manejo (en adelante PM) de las ANP, y deduce que corresponde al Poder Ejecutivo Federal delinear y justificar la creación de estas últimas.

De la normativa que cita, colige necesario volver a considerar las facultades reconocidas a los Municipios en la Constitución Federal para la formulación, aprobación y administración de la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así como las de elaboración y aplicación de POE.

A. Zonificación y planes de desarrollo urbano.

En este primer apartado del primer concepto de invalidez, define los conceptos de desarrollo urbano, ordenamiento territorial, zonificación y uso de suelo, de conformidad con la LGEEPA y la Ley General de Asentamientos Humanos (en adelante LGAH).

De los artículos 3 y 11 de la LGAH, considera que corresponde a los Municipios el desarrollo urbano y ordenamiento territorial municipales que, a su decir, incluye la regulación específica de usos y destinos de suelo y el mejoramiento y desarrollo de los centros de población.

Señala que conforme a los artículos 3 y 47 Bis de la LGEEPA, existe una facultad excepcional de la Federación en materia de zonificación de ANP, la que estima debe interpretarse de manera restrictiva en función de los fines de las ANP.

Arguye que en el PM que se impugna se llevó a cabo la delimitación de subzonas de aprovechamiento, y se precisaron las actividades permitidas y no permitidas en cada una de ellas, pero que la Federación "sobrerreguló", al precisar el tipo de construcciones que se pueden llevar a cabo en las zonas, tales como senderos interpretativos piloteados, la prohibición de campos de golf, prohibición de alterar flujos hidrológicos, prohibición de uso de vehículos motorizados, prohibición de construcción de infraestructura (salvo palafitos) y restricción del desecho de residuos.

Aduce que, con lo anterior, la Federación determinó el uso de suelo, destino y ordenamiento territorial del ANP, invadiendo así competencias del Municipio actor, pues a éste correspondía determinar la forma de organización y desarrollo de cada zona en función de los lineamientos.

Señala que, con las definiciones contenidas en las reglas administrativas del PM como andadores, club de playa, instalaciones de tipo palafito, infraestructura pública y privada, sendero interpretativo y sendero interpretativo piloteado, se vulneran competencias municipales de uso de suelo, aprovechamiento, desarrollo y destino de asentamientos humanos.

Argumenta que la delimitación de competencias concurrentes obedece a que el Municipio conoce de manera directa las necesidades y el potencial de una zona; indica que el PM no atiende las necesidades concretas de la zona por impedir el acceso a ciertas zonas del área; por determinar el lugar donde deben construirse los dos únicos helipuertos permitidos en toda el ANP; por delimitar las zonas en que se puede construir; por determinar el tipo de infraestructura a realizar en la zona; por delimitar que las obras de infraestructura se hagan después del primer bajo de arena o al menos a ciento cincuenta metros de la playa; y, por establecer los índices de ocupación en todo un desarrollo.

B. Programas de Ordenamiento Ecológico.

Conforma un marco con base en los artículos 20 Bis 4, fracción II, 20 Bis 5, fracciones II, III y VI, de la LGEEPA, del que deduce que los únicos instrumentos para establecer y regular el uso de suelo fuera de los límites de los centros de población, son los POE locales.

Colige que en un decreto de ANP o su PM, no se puede regular el uso de suelo, ya que de conformidad con los artículos 115 y 145 de la LGEEPA, en éstos sólo corresponde promover que, en la determinación de uso de suelo, se consideren las condiciones topográficas, climatológicas y meteorológicas, así como se especifiquen las zonas en las que se permita el establecimiento de industrias, comercios o servicios.

Considera que de una interpretación a contrario sensu del artículo 20 Bis 5, fracción V, de la LGEEPA, no se puede determinar un uso de suelo o una determinación parecida por la Federación, ya que ello corresponde únicamente a un POE local, emitido por el Municipio.

Refiere que en caso de considerar que la Federación sí cuenta con facultades de regulación en materia de uso de suelo, entonces los artículos 47 Bis, 54 y 62 de la LGEEPA son inconstitucionales por invadir la esfera de competencias del Municipio actor, contenida en el artículo 115, fracción V, incisos a), d), f) y g), de la Constitución Federal.

Se duele que los preceptos combatidos son omisos en establecer las zonas de aprovechamiento y, en consecuencia, los usos de suelo permitidos; por lo que, al hacerse posteriormente en el PM impugnado, se pretende incorrectamente subsanar la omisión.

Finalmente, aduce que la Federación no dio intervención al Municipio actor en la elaboración del PM, con lo que se limitó el margen de actuación del Municipio en el ejercicio de algún programa municipal.

Segundo. La declaratoria de ANP y el PM impugnados, se emitieron invadiendo las facultades constitucionales municipales previstas en los incisos a), c), d) y g) de la fracción V del artículo 115 constitucional, sin respetar su derecho de participación en términos de la LGEEPA. El Municipio actor cita los artículos 47, 58, 65 de la LGEEPA, así como los diversos 17, 18, 19 y 20 del reglamento de esa ley en materia de ANP, de los que deduce la obligación de la Federación de tomar en cuenta al Municipio actor, específicamente en su actuación como miembro del Consejo Asesor del ANP de Yum Balam.

Aduce que el Consejo Asesor no fue tomado en cuenta por las autoridades que intervinieron en el procedimiento de elaboración del PM; narra que el diez de enero de dos mil dieciocho, en el Consejo Asesor se estableció el compromiso de realizar un ejercicio de tercería, para que la empresa Santec Consulting International LLC, determinara técnicamente las bases técnicas consensadas para el PM del Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Yum Balam-Holbox.

A continuación, enlista una serie de temas que fueron analizados por la empresa en comento y que, a su parecer, se sobrerregularon en el PM impugnado, como son: situación económica del Municipio, medios de acceso, protección de manglares, desarrollo sustentable factible, construcción sustentable y densidad.

Tercero. Inconstitucionalidad de los preceptos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente vigentes en mil novecientos noventa y cuatro por violación a la garantía de audiencia.

Alega que de los artículos 46, fracción VII, 57 y 59 de la LGEEPA, todos vigentes en mil novecientos noventa y cuatro, no contemplan la notificación a los propietarios o poseedores de los inmuebles que se localizan dentro del ANP. Asimismo, aduce que los diversos 57 a 75, no contienen disposición alguna en la que se prevea que, previo a la declaratoria del ANP, los propietarios o poseedores puedan ser escuchados con la oportunidad de ofrecer pruebas y formular alegatos, no obstante que dicho acto implica modalidades a la propiedad en los inmuebles localizados en la zona.

Cuarto. Inconstitucionalidad de los preceptos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente vigentes en la emisión del PM impugnado, por violación a la garantía de audiencia. En el sentido del concepto de invalidez anterior, tilda de inconstitucionales los diversos artículos 44 y 66 de la LGEEPA vigentes al momento de la emisión del PM, ya que, en opinión del Municipio actor, no contemplan la oportunidad de que previamente a la implementación del PM, los propietarios de inmuebles que se ubiquen en la zona a afectar, puedan ofrecer pruebas y formular alegatos.

Quinto. El decreto a través del cual se hizo la declaratoria de ANP de Yum Balam, transgrede la garantía de audiencia al tratarse de un acto privativo. Señala que el artículo tercero transitorio del decreto por el que se declara como ANP la región conocida como Yum Balam, ordena la notificación personal a ejidatarios, propietarios o poseedores de los predios comprendidos dentro de la mencionada APFF y que, en caso de ignorar sus domicilios, se realizaría una segunda publicación en el Diario Oficial de la Federación (en adelante D.O.F.), la cual surtiría efectos de notificación personal.

Precisa que el artículo 61 de la LGEEPA vigente en mil novecientos noventa y cuatro, dispone que las declaratorias de ANP deberán publicarse en el D.O.F., pero se notificarán previamente y en forma personal a los propietarios o poseedores de los predios afectados, y en caso de desconocer sus domicilios, se haría una segunda publicación con efectos de notificación.

A. Colige que el decreto impugnado no respeta las formalidades del precepto de la LGEEPA en cita, ya que no se notificó previo a la publicación del primero en el D.O.F. a los propietarios o poseedores de los predios afectados, ni al Municipio actor.

B. Considera que el requisito de notificación personal del decreto impugnado a los propietarios o poseedores de los predios afectados constituye un acto privativo, dado que limita, modifica y restringe el uso que se les pueda dar, imponiéndoseles de manera permanente, obligaciones de hacer y no hacer.

Señala que no obstante de ser localizables lo propietarios o poseedores de los predios afectados, nunca se realizó la segunda publicación en el D.O.F.

Sexto. Inadecuada fundamentación del decreto a través del cual se hizo la declaratoria de ANP de Yum Balam. En relación con la inadecuada fundamentación, el Municipio actor aduce que el decreto impugnado cita diversas leyes y artículos que no resultaban aplicables.

Indica que la cita del artículo 115, fracción V, de la Constitución Federal vigente en mil novecientos noventa y cuatro, no resultaba aplicable a un decreto expedido por el presidente de la República, pues el precepto regula las facultades municipales, que no eran materia de la declaratoria de un ANP federal.

En relación con la LGEEPA, refiere que se cita el artículo 2, fracción III, cuando debió citarse la fracción II; considera inaplicables los artículos 28 al 30 de la ley en comento, ya que regulan cuestiones atinentes al impacto ambiental, no aplicables a la declaratoria de un ANP.

Similar circunstancia considera en relación con la cita de los artículos 79 a 82 del mismo cuerpo normativo, ya que dichos preceptos regulan cuestiones inherentes a la flora y fauna silvestres y acuáticas, tampoco aplicables en la declaratoria de un ANP.

Señala que el mismo vicio se reitera respecto de los artículos 25 a 27 de la Ley de Pesca, vigente en mil novecientos noventa y cuatro, que regulan aspectos de sanciones e imposiciones de multas por infracción a dicha norma.

Estima que el vicio acusado se agrava al establecer como fundamento lo dispuesto en los diversos 1, 4, 19 y 20 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas vigente en mil novecientos noventa y cuatro, ya que versan sobre temas relativos a la planeación, programación, presupuestación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento y control de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles.

Séptimo. Indebida fundamentación del decreto a través del cual se hizo la declaratoria de ANP Yum Balam. Establece que, de los artículos citados en el decreto impugnado, se advierte que éstos se encuentran conformados por diversas fracciones que regulan supuestos normativos distintos.

Aduce que la autoridad emisora no especifica de los preceptos invocados, qué fracciones consideraba aplicables, ni tampoco transcribió la porción normativa que imperaba en el caso concreto.

Colige que lo anterior sucede con todos los cuerpos normativos citados, como la Ley Forestal (artículos 1 y 5, sin especificar qué fracciones), Ley de Pesca (artículos 25 a 27), Ley de Adquisiciones y Obras Públicas (artículo 1), Ley de Planeación (artículo 34), Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (artículos 32, 35, 41 y 43); todas las anteriores vigentes en mil novecientos noventa y cuatro.

Octavo. Inconstitucionalidad del decreto por el que se hizo la declaratoria de ANP en la región conocida como Yum Balam. Aduce que el decreto impugnado es violatorio del adecuado procedimiento.

A. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, no realizó los estudios previos y necesarios para proponer al Ejecutivo Federal la expedición de la declaratoria correspondiente, de conformidad con el artículo 74 de la LGEEPA vigente en mil novecientos noventa y cuatro.

B. El decreto impugnado se emitió sin promover la participación de la sociedad en el procedimiento de establecimiento de ANP, de conformidad con el artículo 157 de la LGEEPA vigente en mil novecientos noventa y cuatro; agrega que hasta el seis de octubre de dos mil dieciocho se tuvo conocimiento de dicho decreto, al publicarse en el D.O.F. el acuerdo y anexo del resumen del PM.

C. El decreto impugnado se emitió sin realizar la convocatoria a los representantes de las organizaciones obreras, empresariales, campesinas y productores agropecuarios, comunidades, instituciones educativas, instituciones privadas no lucrativas y de otros representantes de la sociedad, de conformidad con el artículo 158 de la LGEEPA vigente en mil novecientos noventa y cuatro.

Agrega que, en términos del artículo en cita, tampoco se celebraron los convenios de concertación con organizaciones obreras para la protección del ambiente en los lugares de trabajo y unidades habitacionales, con organizaciones campesinas y comunidades rurales para el establecimiento, administración y manejo de ANP, y para brindarles asesoría ecológica en actividades relacionadas con el aprovechamiento racional de los recursos naturales; con organizaciones empresariales; con instituciones educativas para la realización de estudios e investigaciones en la materia; con organizaciones civiles e instituciones privadas no lucrativas para emprender acciones ecológicas conjuntas; ni con representaciones sociales y con particulares interesados en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.

Indica que tampoco se celebraron convenios con diversos medios de comunicación masiva para la difusión y promoción del establecimiento del ANP.

Finalmente, arguye que tampoco se impulsó el fortalecimiento de la conciencia ecológica, a través de la realización de acciones conjuntas con la comunidad para la preservación y mejoramiento del ambiente, el aprovechamiento racional de los recursos naturales, y correcto manejo de desechos.

Noveno. El decreto a través del cual se emite la Declaratoria de ANP de Yum Balam transgredió el artículo 14 de la Constitución Federal. Arguye que el decreto impugnado no cumple con las formalidades esenciales del procedimiento.

Aduce que, en su emisión, la autoridad no se sujetó a los procedimientos y formalidades que regulan su expedición; en particular, considera que no se ajustó a los artículos 46, 47, 57, 58, 59, 60, 61, 65, 74, 157 y 158 de la LGEEPA vigente en mil novecientos noventa y cuatro.

A. No se dio la participación a los habitantes del ANP de conformidad con los acuerdos de concertación que al efecto debieron celebrarse.

B. No se emitió con la participación del Estado de Quintana Roo, ni mucho menos con la participación del Municipio actor, en cuya circunscripción territorial está localizada la zona declarada ANP.

C. No se emitió con la participación del Estado de Quintana Roo, ni mucho menos con la participación del Municipio actor, en la realización de estudios previos a la declaratoria.

D. No se expidió a propuesta de alguna dependencia, ni tampoco hubo promoción por parte de alguna de éstas para la declaratoria; o bien, en su caso, de existir, no se señaló en el decreto impugnado.

E. Se expidió sin especificar las modalidades a que se sujetaría dentro del área, uso o aprovechamiento de los recursos naturales en general o específicamente de aquellos sujetos a protección; tampoco contiene la descripción de actividades que podrán llevarse a cabo en el área correspondiente, ni las modalidades y limitaciones a que se sujetará, ni contiene los lineamientos para la elaboración del PM.

F. No se efectuó la notificación personal a los propietarios o poseedores de los predios afectados.

G. El PM no se elaboró dentro de un plazo definido en el decreto impugnado, ni en un plazo de un año a partir de la entrada en vigor del decreto impugnado.

H. La Secretaría de Desarrollo Social no realizó estudios previos necesarios, ni propuso al Ejecutivo la expedición de la declaratoria de ANP. Tampoco se promovió la participación de la sociedad en el establecimiento del ANP, ni se realizó la convocatoria a los diversos actores, y tampoco se celebró con ellos convenios de concertación.

Décimo. Inconstitucionalidad del Programa de Manejo por transgredir la garantía de audiencia previa. El PM impugnado no se emitió en el plazo de un año, sino veinticuatro años después. Dicho vicio se extiende al resumen del PM.

Décimo primero. Inconstitucionalidad del Programa de Manejo por caducidad del procedimiento. Arguye que la consecuencia de que el PM no se haya emitido dentro del plazo de un año, es la caducidad de todo el procedimiento de declaratoria, en términos del artículo 60, último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Aduce que la ley citada en el párrafo anterior, es supletoria de la LGEEPA, por lo que resulta aplicable la caducidad anunciada.

Décimo segundo. Inconstitucionalidad del PM por no cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento. Argumenta que el PM no cumple con lo previsto en los artículos 47, 47 Bis, 47 Bis 1, 49, 51, 65 y 66 de la LGEEPA vigente en dos mil dieciocho.

Aduce que el PM, se emitió sin promover la participación de los habitantes, propietarios, poseedores, gobiernos locales, pueblos y demás organizaciones sociales, públicas y privadas, con objeto de propiciar el desarrollo integral de la comunidad y asegurar la protección y preservación de los ecosistemas y su biodiversidad; tampoco se celebraron con los anteriormente citados, convenios de concertación o acuerdos de coordinación.

La aplicación del artículo 47 Bis de la LGEEPA es retroactiva, por lo que el PM es inconstitucional. Se duele que el mismo vicio acontece con los diversos artículos 47 Bis 1, 49 y 51 de la misma ley.

Por otra parte, señala que en la emisión del PM no se respetó el artículo 51 de la LGEEPA, ya que éste no se expidió en el plazo de un año contado a partir de la publicación de la declaratoria; no se dio participación previa a diversos actores; la secretaría no designó al director general del ANP; en consecuencia, el director general no coordinó la formulación del PM.

El PM incumple con el artículo 66 de la LGEEPA, ya que no contiene la descripción de las características físicas, biológicas, sociales y culturales del ANP. Tampoco se realizó un análisis de la situación que guarda la tenencia de la tierra en la superficie respectiva, ni se tomó en consideración a los propietarios o poseedores de las parcelas ubicadas en el ANP.

En el mismo orden de ideas, señala que el PM tampoco establece las acciones a realizar a corto, mediano y largo plazo, ni establece su vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo, ni con los programas sectoriales correspondientes.

Manifiesta que no se precisa la forma en que se organizará la administración el área, ni los mecanismos de participación de los individuos y comunidades asentadas en la misma.

Finalmente, colige que el establecimiento en el PM de subzonas, actividades permitidas y prohibidas, debió realizarse en la declaratoria de ANP.

Décimo tercero. Inconstitucionalidad del PM impugnado. El PM no cumplió con los artículos segundo, tercero, cuarto, quinto, noveno y décimo del decreto por el que se declara como ANP la región conocida como Yum Balam:

La administración, conservación, desarrollo y vigilancia del Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam no se encuentra a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social.

La Secretaría de Desarrollo Social no ha celebrado acuerdos de coordinación con el Gobierno del Estado de Quinta Roo, con la participación del Municipio actor.

Ante la ausencia de tales acuerdos, no se ha implementado la forma en que los Gobiernos del Estado y del Municipio, participarán en la administración del área de protección; la forma en que se llevarán a cabo la investigación y experimentación; la realización de acciones de inspección y vigilancia; ni las acciones necesarias para el desarrollo socioeconómico regional.

La Secretaría de Desarrollo Social no ha celebrado convenios de concertación con los sectores social y privado, ni con los habitantes del área.

El PM no se formuló en forma conjunta por las Secretarías de Desarrollo Social, de Agricultura y Recursos Hidráulicos, de la Reforma Agraria y de Pesca, Gobierno de Quintana Roo, Municipio actor.

La Secretaría de Desarrollo Social no promovió el establecimiento de zonas de veda para la flora y fauna de la zona, ni de aprovechamiento forestal.

La Secretaría de Pesca no realizó estudios para determinar las épocas y zonas de veda para la pesca en el área.

Décimo cuarto. Inconstitucionalidad del Programa de Manejo impugnado por indebida fundamentación y motivación. El Municipio actor enlista las subzonas del área de protección del PM impugnado; posteriormente, expone las actividades permitidas y no permitidas en las subzonas de preservación de playas y dunas costeras Isla Grande, y de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de la Isla Grande.

Destaca que en la LGEEPA vigente al momento de declararse el ANP de Yum Balam, no se regulaba que en las declaratorias, ni en sus PM, se estableciera la división y subdivisión del territorio a través de subzonas; por lo que al haberse emitido el PM al amparo de la LGEEPA vigente en dos mil dieciocho, y establecerse con fundamento en ésta las subzonas, se está aplicando de manera retroactiva en perjuicio del Municipio actor al limita el uso y goce de la propiedad del Municipio impetrante.

Décimo quinto. Inconstitucionalidad del resumen del PM impugnado. Aduce que, de la publicación del resumen del PM impugnado, no se desprende qué funcionario o persona lo emitió.

En ese sentido, señala que carece de un elemento esencial de validez, de contener el cargo, identidad, nombre y firma del funcionario que lo emitió, generando con ello incertidumbre jurídica hacia los gobernados.

Décimo sexto. Inconstitucionalidad del PM por transgredir la garantía de seguridad jurídica. Arguye que el PM debió ser publicado en su integridad, y no únicamente un resumen, ya que contiene lineamientos, actividades, disposiciones en materia de preservación, aplicación de densidades, tipos de usos, clasificación de construcciones y materiales.

Considera que el PM constituye una disposición administrativa que reúne las características de una norma en cuanto a ser abstracta, general e impersonal, por lo que no obstante lo dispuesto en el artículo 66 de la LGEEPA vigente en dos mil dieciocho, se debió publicar íntegramente en términos de los diversos 3 y 4 del Código Civil Federal.

En ese sentido, estima que el artículo 66 de la LGEEPA en comento, genera incertidumbre jurídica al establecer que solamente se publicará un resumen del PM.

Décimo séptimo. Incompetencia de la Comisión Nacional de Áreas Naturales para expedir el PM, e indebida fundamentación y motivación del acuerdo por el cual se da a conocer el resumen del PM. Estima que de conformidad con el artículo 65 de la LGEEPA, corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales la formulación del PM, y no así a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Agrega que lo anterior se corrobora con los artículos 72 y 73 del Reglamento de la LGEEPA en materia de Áreas Naturales Protegidas, que establecen la atribución de formular el PM a la secretaría en comento, y no a la aludida comisión.

Finalmente, redarguye que el hecho de que el acuerdo por el cual se da a conocer el resumen del PM, al fundarse en el artículo 66 de la LGEEPA, y señalar que es la comisión quien lo elaboró, incurre en una indebida fundamentación y motivación.

Décimo octavo. Inconstitucionalidad del PM por emitirse en contravención a las formalidades esenciales del procedimiento. No se tomaron en cuenta en la emisión del PM, las propuestas generadas por el Consejo Asesor, en contravención de los artículos 17 y 18 del Reglamento de la LGEEPA en materia de Áreas Naturales Protegidas.

Décimo noveno. Inconstitucionalidad del PM por inadecuada fundamentación y aplicación retroactiva de leyes.

A. El Municipio actor insiste en que, en el momento de emitirse la declaratoria de ANP, no se contenía en la LGEEPA vigente en mil novecientos noventa y cuatro, que en el PM se establecería la división y subdivisión en zonas y subzonas, por lo que al establecerse esta regulación se está aplicando de manera retroactiva en perjuicio del Municipio actor las normas vigentes en dos mil dieciocho de la LGEEPA, incurriendo con ello también en una falta de fundamentación y motivación.

B. Aduce que el PM no promovió la participación de los habitantes, propietarios y poseedores de predios; de Gobiernos Estatales ni Municipales, ni de las organizaciones sociales, públicas y privadas y demás personas interesadas, en contravención a los dispuesto por el artículo 73 del Reglamento de la LGEEPA en materia de Áreas Naturales Protegidas.

C. Colige que el PM no contiene los requisitos descritos en el artículo 66 de la LGEEPA, además de que no era factible que en éste se estableciera la delimitación, extensión y ubicación de las subzonas, lo que en todo caso se correspondía comprender en la declaratoria de ANP. En ese sentido, ninguna autoridad diversa al titular del Ejecutivo puede determinar las subzonas en que se dividirá un ANP.

D. Arguye que el PM no cumple con lo dispuesto por el artículo 76, fracción V, del Reglamento de la LGEEPA en materia de Áreas Naturales Protegidas, del que se desprende que la delimitación, extensión y ubicación de las zonas y subzonas se deben señalar en la declaratoria.

Vigésimo. Indebida fundamentación del PM, del acuerdo y del anexo por el que se da

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30524-f99f7140/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-su-promocion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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