I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON LA SEGUNDA HIPÓTESIS DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO Y POR EL CONSEJERO JURÍDICO, EN REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO LOCAL, RELATIVA A LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE CONTROVIERTAN SU ACTUAR POR VICIOS PROPIOS RESPECTO DE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO, AL HABER PARTICIPADO EN EL PROCESO DE SU CREACIÓN [INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO SETECIENTOS CUARENTA Y DOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, ÚNICAMENTE EN LA PARTE DEL ARTÍCULO 2 EN DONDE SE INDICA QUE LA PENSIÓN "... SERÁ CUBIERTA POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, DEPENDENCIA QUE DEBERÁ REALIZAR EL PAGO EN FORMA MENSUAL, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE PRECISADO EN EL ANEXO 2 DEL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO DE DISTRITO (SIC) NÚMERO SEISCIENTOS SESENTA Y UNO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 01 DE ENERO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y LAS PARTIDAS RESPECTIVAS DE LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES."]. IV. PODERES JUDICIALES LOCALES. CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE SE ACTUALICE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES EN SU PERJUICIO. V. AUTONOMÍA DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. CONSTITUYE UNA CONDICIÓN PARA QUE EJERZAN SUS FUNCIONES CON PLENA INDEPENDENCIA. VI. PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. VII. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO [INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO SETECIENTOS CUARENTA Y DOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, ÚNICAMENTE EN LA PARTE DEL ARTÍCULO 2 EN DONDE SE INDICA QUE LA PENSIÓN "... SERÁ CUBIERTA POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, DEPENDENCIA QUE DEBERÁ REALIZAR EL PAGO EN FORMA MENSUAL, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE PRECISADO EN EL ANEXO 2 DEL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO DE DISTRITO (SIC) NÚMERO SEISCIENTOS SESENTA Y UNO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 01 DE ENERO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y LAS PARTIDAS RESPECTIVAS DE LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES."]. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO IMPUGNADO AL HABERSE DECLARADO LA INVALIDEZ DEL DIVERSO DECRETO 661 EN QUE SE SUSTENTA AQUÉL EN UNA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD [INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO SETECIENTOS CUARENTA Y DOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, ÚNICAMENTE EN LA PARTE DEL ARTÍCULO 2 EN DONDE SE INDICA QUE LA PENSIÓN "... SERÁ CUBIERTA POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, DEPENDENCIA QUE DEBERÁ REALIZAR EL PAGO EN FORMA MENSUAL, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE PRECISADO EN EL ANEXO 2 DEL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO DE DISTRITO (SIC) NÚMERO SEISCIENTOS SESENTA Y UNO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 01 DE ENERO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y LAS PARTIDAS RESPECTIVAS DE LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES."]. IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA SENTENCIA DE INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DEL PODER JUDICIAL LOCAL, NO PUEDE CAUSAR AFECTACIÓN ALGUNA A LOS DERECHOS QUE YA SE HABÍAN OTORGADO AL TRABAJADOR PENSIONADO Y QUE NO FUERON MATERIA DE LA INVALIDEZ DECRETADA [INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO SETECIENTOS CUARENTA Y DOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, ÚNICAMENTE EN LA PARTE DEL ARTÍCULO 2 EN DONDE SE INDICA QUE LA PENSIÓN "... SERÁ CUBIERTA POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, DEPENDENCIA QUE DEBERÁ REALIZAR EL PAGO EN FORMA MENSUAL, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE PRECISADO EN EL ANEXO 2 DEL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO DE DISTRITO (SIC) NÚMERO SEISCIENTOS SESENTA Y UNO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 202/2020. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 19 DE ENERO DE 2022. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LORETTA ORTIZ AHLF, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. PONENTE: MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIOS: LUIS ALBERTO TREJO OSORNIO Y CLAYDE A. SALDÍVAR ALONSO.
Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diecinueve de enero de dos mil veintidós, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 202/2020, promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos, contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como el secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda por el Poder Judicial del Estado de Morelos. Por escrito depositado el nueve de diciembre de dos mil veinte en el buzón judicial automatizado del edificio sede de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y recibido en dicho día por la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, Rubén Jasso Díaz, quien se ostentó como el Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, ambos del Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como del secretario de Gobierno, todos de la citada entidad, solicitando la invalidez del Decreto Número Setecientos Cuarenta y Dos, por el que se concede pensión por jubilación a una trabajadora, con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintiocho de octubre de dos mil veinte.
2. Conceptos de invalidez. En su demanda, la parte actora explicó que, mediante el decreto impugnado, el Congreso Local concedió una pensión por jubilación a una trabajadora del Poder Judicial del Estado de Morelos y, para ese efecto, determinó que la pensión deberá cubrirse al ochenta por ciento (80%) del último salario de la trabajadora y será cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos.
3. En este sentido, la parte demandante expuso los siguientes conceptos de invalidez:
a. Que el decreto impugnado invade la independencia y la autonomía de gestión presupuestal del Poder Judicial del Estado, reconocidas en los artículos 17, 49, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, fracción XI, inciso a) y 127 de la Constitución General, ya que el Poder Legislativo demandado determinó de manera unilateral conceder la pensión con cargo al presupuesto del Poder Judicial Local.
b. En concreto, la parte actora refiere que en el artículo 2o. del decreto impugnado –en el que se determinó que la pensión debe cubrirse al ochenta por ciento (80%) del último salario de la trabajadora y será cubierta por el Poder Judicial del Estado–, el Congreso Local dispone directamente de los recursos financieros del Poder Judicial Local, sin haberle dado intervención alguna y sin determinar de manera expresa la fuente de pago, o bien, con cargo a qué partida del presupuesto para el ejercicio fiscal se va a realizar el pago.
c. Asimismo, el demandante arguye que el Poder Legislativo demandado impone la obligación de pagar la pensión "a partir del día siguiente a la separación de las labores" del beneficiario, lo que implica disponer de un presupuesto que ya se agotó, dado que el beneficiario no se separó de sus labores en dos mil veinte, año de la emisión del decreto.
d. En el caso particular, sostiene que no se asignó una partida especial para el pago del decreto y, por ello, existe un impedimento legal y constitucional para realizarlo, en tanto la Constitución Local dispone que no se podrá ejecutar pago alguno si no está comprendido en el presupuesto respectivo.
e. Que el proceder del Congreso del Estado se aparta de los principios reconocidos en el artículo 17, párrafo quinto, y 116, fracción III, de la Constitución General, pues no se justifica la razón por la que una autoridad ajena al Poder Judicial ha de evaluar si los trabajadores de ese Poder cumplen los requisitos de ley para ser beneficiarios de una pensión.
f. Incluso, que el artículo 3o. del decreto impugnado ordena al Poder Judicial del Estado de Morelos la forma del cálculo para el pago de la pensión; sin embargo, desde los ejercicios fiscales dos mil quince a dos mil veintiuno no se han asignado incrementos al presupuesto de egresos, por lo que los recursos financieros son insuficientes para cubrir el pago de la pensión.
g. Finalmente, el Poder Judicial del Estado de Morelos aduce que, si bien el Congreso del Estado aprobó el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, lo hizo autorizando una cantidad que no corresponde a los cuatro punto siete por ciento (4.7%) del gasto programable que le corresponde al Poder Judicial y sin contemplar el pago específico y especial para cubrir la pensión del decreto controvertido.
h. En síntesis, el Poder Judicial del Estado de Morelos impugna el Decreto Número Setecientos Cuarenta y Dos por el que se concede pensión por jubilación a una trabajadora, publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintiocho de octubre de dos mil veinte, por considerar que ese decreto vulnera la independencia judicial y la autonomía financiera del Poder Judicial Local, al tratarse de una pensión en la que otro Poder (Congreso del Estado) determina que debe ser cubierta con cargo al presupuesto del Poder Judicial.
Admisión y trámite. Por acuerdo de diez de diciembre de dos mil veinte, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional 202/2020 y, por razón de turno, designó al Ministro Luis María Aguilar Morales como instructor del procedimiento.
4. Posteriormente, mediante proveído de catorce de diciembre siguiente, el Ministro instructor previno al actor a efecto de que aclarara si, además del Decreto Número Setecientos Cuarenta y Dos, por el que se concede pensión por jubilación a una trabajadora, controvertía el diverso Decreto Seiscientos Sesenta y Uno, relativo al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal dos mil veinte.
5. Transcurrido el plazo otorgado a efecto de que el actor desahogara la prevención sin que lo haya realizado, mediante acuerdo de tres de febrero de dos mil veintiuno, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda de controversia constitucional, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que, de manera fehaciente, pudieran acreditarse al momento de dictar sentencia.
6. Asimismo, tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como al secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos, a quienes ordenó emplazar a efecto de que formularan su contestación. Finalmente, dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería del Gobierno Federal para que, hasta antes de la celebración de la audiencia de ley, manifestaran lo que a su representación o a su esfera competencial conviniera.
7. Contestación de la demanda del Poder Legislativo del Estado de Morelos. Mediante escrito depositado en el buzón judicial automatizado del edificio sede de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el doce de abril de dos mil veintiuno y recibido al día siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, José Luis Galindo Cortez, ostentándose como vicepresidente de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, dio contestación a la demanda en representación del Poder Legislativo de dicha entidad, señalando, en síntesis, lo siguiente:
a. La demanda resulta improcedente pues el acto que se impugna no afecta el ámbito de atribuciones del Poder Judicial Estatal y, en esa medida, carece de interés legítimo. Esto se afirma porque el Congreso Local no pretende ejercer de manera directa los recursos que integran el presupuesto del actor mediante la expedición del decreto impugnado, sino que, por el contrario, el Congreso cuenta con las facultades constitucionales y legales para expedir los citados decretos.
b. Los trabajadores del Estado de Morelos (o sus beneficiarios), tienen derecho a disfrutar de una pensión que será otorgada por los Poderes patrones a través de las instituciones que para el caso determinen o con las que hayan celebrado convenio.
c. Además de dicha pensión, los trabajadores (entre los que se encuentran los del Poder Judicial Local), también tienen derecho a otra pensión que se otorga mediante decreto expedido por el Congreso del Estado, una vez satisfechos los requisitos que establece la Ley del Servicio Civil; en tal sentido, es la citada ley la que faculta al Congreso para otorgar el decreto de pensión impugnado.
d. Resultan infundados los conceptos de invalidez, en virtud de que el Congreso del Estado aprobó el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal dos mil veinte, en cuyo artículo décimo octavo se previó en favor del Tribunal Superior de Justicia la cantidad de $549'034,000.00 (quinientos cuarenta y nueve millones treinta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.) de los cuales $70'00,000.00 (setenta millones de pesos 00/100 M.N.) son para el pago de pensiones.
e. Cabe señalar que dicha cantidad se asignó tomando en cuenta el monto total para el pago de pensiones correspondiente al dos mil diecinueve, solicitado por la entonces Magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, el que ascendía a $39'659,073.44 (treinta y nueve millones seiscientos cincuenta y nueve mil setenta y tres pesos 44/100 M.N.).
f. Como podrá advertirse, entre el monto total para el pago de pensiones correspondiente al dos mil diecinueve y el asignado para el dos mil veinte, existe un excedente de $30'340,926.56 (treinta millones trescientos cuarenta mil novecientos veintiséis pesos 56/100 M.N.), cantidad suficiente para que el actor cumpla con el pago de la pensión motivo del presente juicio.
g. Por tanto, el Congreso del Estado no dispone de los recursos presupuestales de otro Poder ya que, de manera previa, se otorgaron los suficientes.
h. Por otra parte, en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, se asignó al Poder Judicial la cantidad de $549'034,000.00 (quinientos cuarenta y nueve millones treinta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.) para el pago de pensiones, jubilaciones, controversias constitucionales y amparos; por lo que el Poder Legislativo otorgó los recursos necesarios para que se pague la pensión respectiva.
8. Contestación de la demanda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Mediante escrito digital presentado vía electrónica a través del Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SESCJN) el treinta de marzo de dos mil veintiuno con la firma electrónica certificada de Samuel Sotelo Salgado, quien se ostentó como consejero jurídico del Estado de Morelos, el Poder Ejecutivo de dicha entidad dio contestación a la demanda señalando, en síntesis, lo siguiente:
a. La controversia constitucional es improcedente, porque el Poder Judicial actor se abstiene de formular conceptos de invalidez en los que se combata por vicios propios los actos de promulgación y de publicación atribuidos al Poder Ejecutivo del Estado.
b. Con base en la reforma constitucional que otorga autonomía financiera al Poder Judicial del Estado de Morelos, el Congreso Local asigna una partida equivalente al cuatro punto siete por ciento (4.7%) del monto total del gasto programable del presupuesto de egresos anual, de ahí que el actor está en condiciones de cubrir el pago de las obligaciones derivadas de los decretos de pensión, sin encontrarse supeditado a los recursos que le sean aprobados y destinados, toda vez que anualmente cuenta con la certeza de un porcentaje fijo en el presupuesto, cuyo monto incrementará en la medida en que haga dicho gasto.
c. En tal virtud, el Poder Judicial tiene la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado; para lo cual invoca la tesis P./J. 5/2011, de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN."
d. Por lo que hace al ejercicio fiscal dos mil veinte, el Tribunal Superior de Justicia cuenta con los recursos correspondientes para el pago de los decretos de pensión, en virtud de que, a noviembre de dicho año, no se encontraba cantidad pendiente por ministrar por el concepto referente al pago de decretos pensionarios autorizado en el presupuesto de egresos del Estado para el citado ejercicio fiscal, en el que se le asignó la cantidad de $70'000,000.00 (setenta millones de pesos 00/100 M.N.) para tal efecto.
e. Se hace hincapié en que dicho monto fue transferido en su totalidad al Poder Judicial del Estado antes de que este Alto Tribunal declarara la invalidez del Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil veinte, con motivo de la sentencia dictada en la acción de inconstitucionalidad 116/2020.
f. Por lo que hace al ejercicio fiscal dos mil veintiuno, sostiene que el Poder Judicial actor cuenta con los recursos necesarios para hacer frente a los pagos que por pensiones le corresponden realizar, pues en el presupuesto de egresos del Estado para el citado ejercicio fiscal se autorizó la cantidad de $549'034,000.00 (quinientos cuarenta y nueve millones treinta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.), que deberá utilizar para todas las obligaciones financieras, laborales y de seguridad social, así como las derivadas de pensiones y jubilaciones, controversias constitucionales, amparos, cambios organizacionales, construcción y operación de infraestructura, la capacitación de recursos humanos y demás obligaciones que deba cumplir.
g. El Ejecutivo Local no es patrón solidario o sustituto frente a las diversas obligaciones que tiene el actor para con sus extrabajadores; en todo caso, corresponde al Poder Judicial del Estado instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partes que integran el presupuesto previamente autorizado, para dar cumplimiento a las obligaciones que, por mandato constitucional, le corresponden. Máxime que no existe una ilimitada suficiencia de recursos económicos, sino que el presupuesto es producto de la recaudación y tiene un techo el cual delimita su distribución anualmente.
9. Contestación de la demanda del secretario de Gobierno del Estado de Morelos. Mediante oficio depositado en la oficina de correos de la localidad el veintidós de marzo de dos mil veintiuno y recibido el treinta de marzo siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, Pablo Héctor Ojeda Cárdenas, ostentándose como secretario de Gobierno del Estado de Morelos, dio contestación a la demanda, señalando, en síntesis, lo siguiente:
a. La controversia constitucional es improcedente, pues el Poder Judicial actor se abstiene de formular conceptos de invalidez en los que se combata por vicios propios el acto de publicación atribuido al secretario de Gobierno.
b. En ninguna circunstancia el acto de publicación del decreto impugnado que se atribuye al secretario de Gobierno invade el ámbito de facultades constitucionalmente establecidas en favor del Poder Judicial actor; en consecuencia, carecen de sustento jurídico los conceptos de invalidez por cuanto al acto efectuado por la autoridad que se representa.
10. Manifestaciones de la Fiscalía General de la República y de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. Ninguna de dichas instituciones emitió opinión en el presente asunto.
11. Alegatos. No se formularon en esta controversia constitucional, como puede advertirse en el acta de audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos celebrada el ocho de junio de dos mil veintiuno.
12. Cierre de la instrucción. Sustanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el ocho de junio de dos mil veintiuno se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la ley reglamentaria, en la que, en términos del artículo 34 del citado ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas y, como no se formularon alegatos, se determinó el cierre de la instrucción y se puso el expediente en estado de resolución.
13. Avocamiento. En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente, se acordó remitir el expediente a la Segunda Sala de este Alto Tribunal para su radicación y resolución.
I. COMPETENCIA
14. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General;(2) 10, fracción I,(3) y 11, fracción V,(4) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 37, párrafo primero,(5) del Reglamento Interior de este Alto Tribunal y el punto segundo, fracción I, párrafo primero, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013,(6) de trece de mayo de dos mil trece, al resultar innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
15. Lo anterior, en relación con el artículo quinto transitorio del decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, que establece: "Quinto. Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, continuarán tramitándose hasta su resolución final de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio."
16. Estas consideraciones son vinculantes al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales (ponente), Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y presidenta Yasmín Esquivel Mossa.
II. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS
17. Con fundamento en el artículo 41, fracción I, de la ley reglamentaria,(7) se procede a la fijación de los actos objeto de la controversia y a la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados.
18. En la demanda, de manera destacada el actor solicita la invalidez del artículo 3o. del Decreto Número Setecientos Cuarenta y Dos, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Morelos el veintiocho de octubre de dos mil veinte, por el que el Poder Legislativo de dicha entidad concede pensión por jubilación a una trabajadora del Poder Judicial Local, con cargo al presupuesto de ese Poder, sin transferir efectivamente los recursos necesarios para cumplir con la carga económica que implica.
19. El contenido del citado artículo establece el cálculo del monto base de la pensión, su incremento e integración en los términos siguientes:
"Artículo 3o. El monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por la trabajadora, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general vigente, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley; ..."
20. No obstante, de la lectura del único concepto de invalidez que se hizo valer se advierte que el actor se duele, esencialmente, de que el decreto impugnado invade la independencia y la autonomía de gestión presupuestal del Poder Judicial del Estado, ya que el Poder Legislativo demandado determina de manera unilateral conceder pensión con cargo al presupuesto del actor, sin brindarle intervención alguna y sin determinar de manera expresa la fuente de pago o, bien, con cargo a qué partida del presupuesto se realizará.
21. Tal determinación, en realidad, se encuentra contenida en el artículo 2o. del Decreto Número Setecientos Cuarenta y Dos, en los términos siguientes:
"Artículo 2o. La pensión decretada deberá cubrirse al 80% del último salario de la solicitante, a partir del día siguiente a aquel en que la trabajadora se separe de sus labores y será cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos, dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal correspondiente precisado en el anexo 2 del artículo décimo octavo de distrito (sic) Número Seiscientos Sesenta y Uno, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 01 de enero, al 31 de diciembre de 2020 y las partidas respectivas de los ejercicios subsecuentes."
22. Por tanto, en esta controversia constitucional se tendrá como acto impugnado el artículo 2o. del Decreto Número Setecientos Cuarenta y Dos, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Morelos el veintiocho de octubre de dos mil veinte, por el que el Poder Legislativo de dicha entidad concede pensión por jubilación a una trabajadora del Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo al presupuesto de ese Poder.
III. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO
23. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la ley reglamentaria, esta Segunda Sala estima que el Decreto Número Setecientos Cuarenta y Dos, del que se ha tenido por impugnado su artículo 2o., se encuentra plenamente acreditado en autos, tal como puede demostrarse con la copia certificada del extracto del ejemplar del medio de difusión oficial en que se publicó.
24. En este sentido, obra en autos copia certificada del Decreto Número Setecientos Cuarenta y Dos, del que se aprecia que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Morelos el veintiocho de octubre de dos mil veinte, y que, a través de dicho decreto, el Poder Legislativo del Estado de Morelos concede pensión por jubilación a una trabajadora del Poder Judicial Local, de ahí que efectivamente está acreditada la existencia del acto impugnado.
IV. OPORTUNIDAD
25. Conforme al artículo 21, fracción I,(8) de la ley reglamentaria de la materia, tratándose de actos, el plazo para la presentación de la demanda es de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de dichos actos.
26. En el caso, para el cómputo del plazo se tomará la publicación oficial como fecha de conocimiento del decreto impugnado, esto es, el veintiocho de octubre de dos mil veinte; lo anterior, porque el actor no manifestó tener conocimiento del acto en fecha distinta.
27. En consecuencia, el plazo para la presentación de la demanda transcurrió del veintinueve de octubre al catorce de diciembre de dos mil veinte(9) y, dado que el escrito respectivo se depositó el nueve de diciembre de dos mil veinte en el buzón judicial automatizado del edificio sede de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, su presentación es oportuna.
28. Estas consideraciones son vinculantes al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales (ponente), Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y presidenta Yasmín Esquivel Mossa.
V. LEGITIMACIÓN ACTIVA
29. La demanda fue presentada por parte legítima.
30. Conforme al artículo 11, párrafo primero,(10) de la ley reglamentaria de la materia, el actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado, deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos y, en todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.
31. En el presente asunto, suscribe la demanda Rubén Jasso Díaz, quien acreditó su carácter de presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos con la copia certificada de la sesión extraordinaria del pleno de dicho órgano jurisdiccional celebrada el cinco de mayo de dos mil veinte y quien tiene la representación legal del Poder Judicial de la entidad, en términos de los artículos 34(11) y 35, fracción I,(12) de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos.(13)
32. De manera que debe reconocerse legitimación al Poder Judicial del Estado de Morelos, a través de su presidente quien suscribe la demanda, por ser un ente legitimado para instar la presente vía, en términos del artículo 105, fracción I, inciso h), de la Constitución General.
33. No pasa desapercibido lo sostenido por el Poder Legislativo en su contestación de demanda, en el sentido de que esta controversia constitucional es improcedente por virtud de que el acto impugnado no afecta el ámbito de atribuciones del Poder Judicial del Estado de Morelos y, por tanto, que carece de interés legítimo, ya que el Congreso cuenta con las facultades suficientes para expedir el decreto impugnado.
34. Sin embargo, esa causal de improcedencia debe desestimarse, ya que la determinación de si el decreto impugnado afecta el ámbito de atribuciones del Poder Judicial Estatal es una cuestión que involucra el estudio de fondo del asunto, tal como reiteradamente se ha sostenido por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P./J. 92/99, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE."(14)
35. Estas consideraciones son vinculantes al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales (ponente), Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y presidenta Yasmín Esquivel Mossa.
VI. LEGITIMACIÓN PASIVA
36. Los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como el secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos, tienen legitimación pasiva (es decir, tienen el carácter de autoridades demandadas en este procedimiento constitucional).
37. Por el Poder Legislativo del Estado de Morelos, suscribe la contestación de demanda José Luis Galindo Cortez, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso, quien asumió las funciones de la presidencia y, por tanto, la atribución de representar legalmente al Congreso, en términos del artículo 38,(15) en relación con el diverso 36, fracción XVI,(16) ambos de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado.
38. Lo anterior, en términos de la copia certificada del acta de la sesión ordinaria de quince de julio de dos mil veinte, concluida el treinta y uno siguiente y tras la renuncia al cargo del diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez presentada el once de febrero de dos mil veintiuno.
39. Por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos suscribe la contestación de demanda Samuel Sotelo Salgado, consejero jurídico del Gobierno del Estado, carácter que acreditó con la copia certificada de un ejemplar del Periódico Oficial de la entidad correspondiente al ocho de noviembre de dos mil dieciocho, en el que se publicó su nombramiento y, quien en términos del artículo 36, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos,(17) tiene la atribución de representar al titular del Poder Ejecutivo de la entidad.
40. Pablo Héctor Ojeda Cárdenas suscribe la contestación de demanda, como secretario de Gobierno del Estado, siendo omiso en acompañar la constancia con la que pretendía acreditar su personalidad; sin embargo, la publicación de su nombramiento se desprende de la copia certificada del ejemplar del Periódico Oficial de la entidad correspondiente al ocho de noviembre de dos mil dieciocho que el Poder Ejecutivo Local acompañó a su contestación; por lo que se le tiene por acreditado con dicho carácter, al constituir un hecho notorio la existencia de la citada constancia en los autos del presente expediente.
41. En consecuencia, debe reconocerse legitimación pasiva a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como al secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos, al atribuírseles la emisión del decreto impugnado, así como a quienes comparecen en su representación, por contar con dicha facultad.
42. Ahora bien, con relación a la legitimación pasiva, el Poder Ejecutivo y el secretario de Gobierno, ambos del Estado de Morelos, señalan que en los conceptos de invalidez no se combaten por vicios propios los actos de promulgación y publicación que se les atribuyen, siendo que la Constitución y la Ley Orgánica de la Administración Pública, ambas de la entidad, les otorgan facultades para promulgar y publicar leyes y demás disposiciones en el Periódico Oficial de la entidad, así como hacer cumplir las leyes o decretos del Congreso Local, proveyendo en la esfera administrativa su exacta observancia.
43. En este sentido, si bien las autoridades anteriores no señalan expresamente que se trate de una causal de improcedencia, a fin de dictar una sentencia exhaustiva, esta Segunda Sala considera necesario dar respuesta a estos planteamientos, pues podrían haber sido expuestos en relación con la tesis P. VI/2011, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ANTE LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO."(18)
44. Al respecto, se desestiman los argumentos hechos valer, pues de conformidad con el artículo 10, fracción II,(19) de la ley reglamentaria, tienen el carácter de demandados en la controversia constitucional la entidad, el poder o el órgano que hubiera pronunciado el acto impugnado; consecuentemente, si el decreto controvertido fue publicado en el Periódico Ofici
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30525-050dd6c3/i-controversia-constitucional-el-presidente-del-tribunal-superior · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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