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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL SUBPROCURADOR JURÍDICO Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA ANTE LA AUSENCIA ABSOLUTA DEL TITULAR DE DICHO ÓRGANO (ARTÍCULOS 6, FRACCIÓN II, Y 30 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ORGANISMOS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN LOS ESTADOS EQUIVALENTES A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDEREN QUE UNA NORMA GENERAL EMITIDA POR LA LEGISLATURA LOCAL VIOLA DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL TITULAR DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TABASCO CUENTA CON LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 19, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TABASCO). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES. V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LAS ALTERACIONES EN LA PUNTUACIÓN DEL TEXTO DE LAS NORMAS REFORMADAS Y EN LA CONEXIÓN ENTRE SUS PÁRRAFOS, DERIVADAS DE ADICIONES DE DIVERSAS FRACCIONES, NO IMPLICAN UN CAMBIO DE SENTIDO NORMATIVO PARA EFECTOS DE SU IMPUGNACIÓN (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, Y 39, FRACCIONES IX Y X, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE TABASCO). VIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (ARTÍCULO 34, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE TABASCO). IX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. AUNQUE LA SUPLENCIA DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA DE ÉSTOS, NO PUEDE LLEGAR AL EXTREMO DE OBLIGAR A REALIZAR UN ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD A PARTIR DE LA SOLA INVOCACIÓN DE UN PRECEPTO (ARTÍCULO 34, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE TABASCO). X. EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO EN EL ESTADO DE TABASCO. LAS NORMAS QUE EXCLUYEN DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN A LAS OBRAS PÚBLICAS, ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON PROYECTOS ESTRATÉGICOS QUE SEAN CONVENIDOS CON LA FEDERACIÓN O CON LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO RESPECTO DE ACTIVIDADES EN MATERIA ENERGÉTICA, GUARDAN RELACIÓN CON LA MATERIA DE GASTO PÚBLICO LOCAL, NO CON LAS DE HIDROCARBUROS, MINERÍA, SUSTANCIAS QUÍMICAS, EXPLOSIVOS, PIROTECNIA O ENERGÍA ELÉCTRICA Y NUCLEAR, NI DESCONOCEN LA TITULARIDAD DE LA FEDERACIÓN SOBRE DICHAS ÁREAS (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XII, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y 39, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, AMBAS DEL ESTADO DE TABASCO). XI. OBRA PÚBLICA. SUS ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES. XII. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. LA EXCLUSIÓN DE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO CELEBRADOS POR LAS DEPENDENCIAS CON LAS ENTIDADES, O ENTRE ENTIDADES DE LA PROPIA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O CON ALGUNA PERTENECIENTE A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 1, ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL CUATRO DE ENERO DE DOS MIL, ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL. XIII. LICITACIONES PÚBLICAS. LA PREVISIÓN QUE ESTABLECE QUE MEDIANTE DECRETO QUE SE EXPIDA AL EFECTO SE FIJARÁN ANUALMENTE LOS MONTOS A LOS QUE SE SUJETARÁN LOS AYUNTAMIENTOS EN LAS EXCEPCIONES A LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, GARANTIZA LA EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY. XIV. GASTO PÚBLICO. EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ELEVA A RANGO CONSTITUCIONAL LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ EN LA MATERIA. XV. LICITACIONES PÚBLICAS. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO CONFORME AL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. XVI. ACTIVIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO. LA COEXISTENCIA DE LOS PRINCIPIOS DE INTERÉS PÚBLICO Y HONRADEZ, CONSTITUYE EL PARÁMETRO DE SU ESCRUTINIO CONSTITUCIONAL. XVII. RÉGIMEN CONTRACTUAL DEL ESTADO. DEL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL DERIVA UNA

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 99/2018 Y SU ACUMULADA 101/2018. · Registro digital (IUS): 30577
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-05-20
Promovente: PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE TABASCO.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, Mayo de 2022, Tomo I, Pág.228.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 99/2018 Y SU ACUMULADA 101/2018. PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE TABASCO. 6 DE JULIO DE 2020. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: GUILLERMO PABLO LÓPEZ ANDRADE

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día seis de julio del dos mil veinte.

VISTOS para resolver los autos relativos a las acciones de inconstitucionalidad 99/2018 promovida por la Procuraduría General de la República, y su acumulada 101/2018, promovida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tabasco; y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Presentación de las acciones. Por escritos recibidos el nueve(1) y doce(2) de noviembre de dos mil dieciocho, respectivamente, se promovieron acciones de inconstitucionalidad, por los siguientes órganos actores:

• La Procuraduría General de la República;(3) y,

• La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tabasco.(4)

2. Como Poderes demandados, fueron señalados los siguientes:

3. Autoridad emisora de la norma impugnada:

• Poder Legislativo del Estado de Tabasco.

4. Autoridad promulgadora de la norma impugnada:

• Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

5. Las normas impugnadas en ambas acciones de inconstitucionalidad, se encuentran contenidas en el:

• Decreto 001 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, el trece de octubre de dos mil dieciocho, a partir del cual, por un lado, se reformaron los artículos 44, primer párrafo; 45, fracciones IV, IX y X; y 46; y se adicionaron las fracciones XI y XII al artículo 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; y por otro lado, se reformaron los artículos 2, fracción XIV; 21, párrafo segundo; 34, párrafo primero; 38, fracciones II y III; y 39, fracciones IX y X; y se adicionaron los artículos 38, fracción IV, y 39, fracciones XI, XII, XIII, y XIV, todos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco.

6. De dicho decreto, se impugnaron las reformas y adiciones correspondientes a los siguientes ordenamientos y artículos:

• Artículos 44, primer párrafo; 45, fracciones IV, IX, XI y XII y 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

• Artículos 2, fracción XIV; 21, párrafo segundo; 34, párrafo primero; 38,(5) fracción IV y 39, fracciones IX, X, XI, XII, XIII y XIV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco.

7. De forma específica, en cada caso, las accionantes solicitaron la invalidez de las siguientes disposiciones:

Ver disposiciones8. SEGUNDO.—Artículos constitucionales y de instrumentos internacionales que se estiman violados. Los promoventes, en cada caso, señalaron que los artículos cuya invalidez demandan, resultan violatorios, fundamentalmente, de las siguientes disposiciones de orden constitucional y convencional:

Ver artículos de orden constitucional y convencional

9. En el caso particular de la demanda formulada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tabasco, se refirieron como derechos fundamentales vulnerados, los que a continuación se indican:

• Legalidad y seguridad jurídica al menoscabar el principio de progresividad por la inobservancia de los principios constitucionales previstos para las contrataciones públicas como garantías de la eficiencia del gasto público.

• Desarrollo humano social y económico(6) perteneciente a la segunda generación, toda vez que no es una medida racional para fomentar el crecimiento económico, al prescindir de los principios constitucionales que garantizan la eficiencia del gasto público, atentando el principio de progresividad.

• Igualdad en materia de oportunidades y trabajo, y no discriminación, al ser una medida restrictiva que no permite oportunidades a cualquier persona que pueda cumplir con los requisitos para ser proveedor del Estado.

10. Por cuanto hace a la Procuraduría General de la República, se refirieron como derechos o principios vulnerados, los siguientes:(7)

• Libre concurrencia y competencia que prevé el artículo 28 constitucional.

• Previsión contenida en el artículo 134 constitucional, en cuanto a que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas.

• Régimen exclusivo de la Federación para la regulación de temas relacionados con la materia energética.

11. TERCERO.—Conceptos de invalidez. Las accionantes, en sus respectivos conceptos de invalidez, hicieron valer, en esencia, los siguientes argumentos:

3.1. Procuraduría General de la República.

3.1.1. Primer concepto de invalidez

-Principios de libre concurrencia y competencia-

• Desde la sede constitucional se obliga a la autoridad legislativa a adoptar las medidas necesarias para evitar las conductas que repercutan en la libre concurrencia o competencia, porque los recursos económicos de los entes de gobierno se deben administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

• La medida legislativa estatal que excluye del procedimiento de licitación la contratación de obra pública y la adquisición de bienes y servicios, trastoca los alcances del principio de razonabilidad en el quehacer legislativo, pues el hecho de que se establezca que se excluye de tal procedimiento porque la contratación se refiere a proyectos estratégicos o destinados a detonar el empleo, mejorar la infraestructura o impulsar el desarrollo del Estado, no resulta suficiente para su aplicación en el campo del derecho, pues, como más adelante se demostrará, puede producir un acaparamiento del mercado relacionado con la contratación de obras, bienes y servicios.

• Los artículos 45, fracción XI, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 2, fracción XIV; 38, fracción IV y 39, fracción XII, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, ambas del Estado de Tabasco, al excluir del procedimiento de licitación la realización de obras públicas, adjudicación, arrendamiento y servicios relacionados con la atención de programas o proyectos estratégicos o destinados a detonar el empleo, mejorar la infraestructura o impulsar el desarrollo del Estado, violan los principios constitucionales de libre concurrencia y competencia que prevé el artículo 28, así como la previsión contenida en el artículo 134 de que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas.

• Mediante disposiciones vagas, amplias y genéricas, se impide la competencia y libre concurrencia en la contratación de obra pública, esto es, se podría abarcar un sinnúmero de contrataciones y otorgar a favor del Estado de Tabasco amplios márgenes de discrecionalidad en las mismas.

• Quedará al arbitrio de las instancias de gobierno locales contratar de manera directa obras públicas o adquirir bienes y servicios teniendo solamente como parámetro que se trate de servicios relacionados con la atención de programas o proyectos estratégicos o destinados a detonar el empleo, mejorar la infraestructura o impulsar el desarrollo del Estado, así como los relacionados con proyectos estratégicos que sean convenidos con la Federación o con las empresas productivas del Estado respecto de actividades en materia energética.

• Las normas estatales de cuenta se contraponen a los objetivos que busca la licitación pública, respecto de la obtención de las mejores condiciones de precio, calidad, cantidad y variedad de bienes, servicios u obras que contrata el Estado, pues la adjudicación a través de mecanismos de excepción cuando no haya justificación para ello podría resultar en que dicha entidad federativa no obtenga las mejores condiciones en sus contrataciones, aunado a que ello podría traducirse en el otorgamiento de ventajas exclusivas que pueden generar fenómenos de concentración de mercado en perjuicio de la sociedad en general.

• Tampoco se actualiza algún supuesto de excepción a las licitaciones públicas, sobre aquellos casos en que éstas no fueran idóneas para asegurar las mencionadas condiciones, es decir, no se encuentran debidamente acotadas en la ley; las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar que los mecanismos que reemplace el proceso de licitación cumplan con los objetivos fijados.

• La Primera Sala de la SCJN al resolver la controversia constitucional 55/2008, se pronunció respecto de los principios previstos en el artículo 134 constitucional, tal y como se advierte del criterio 1a. CXLV/2009 que a continuación se transcribe:

"GASTO PÚBLICO. EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ELEVA A RANGO CONSTITUCIONAL LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ EN ESTA MATERIA."

• Si por mandato constitucional los recursos públicos deben ser administrados de conformidad con los referidos principios, es evidente que resulta necesario que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen los distintos niveles de gobierno, se adjudiquen por regla general mediante licitaciones públicas, con el fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles, en cuanto a precio, calidad, financiamiento y demás circunstancias pertinentes.

• Sólo en el supuesto de que se considere que la licitación pública no es medio idóneo para cumplir con dichos fines, se establecerán diferentes mecanismos, tales como la adjudicación directa o la invitación restringida, en cuyo caso se debe fundar y motivar de forma adecuada dicha circunstancia.

• El precepto constitucional en comento, protege, por una parte, el uso de los recursos públicos; y, por otra, la libertad de los gobernados de acceder a los procedimientos de contratación pública.

• Un aspecto que debe resaltarse y que abona para demostrar la inconstitucionalidad de las normas estatales, es la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica, que, en su carácter de autoridad especializada, hizo del conocimiento del gobernador del Estado de Tabasco, respecto de las normas analizadas en la presente vía constitucional (se transcriben en la demanda).

3.1.2. Segundo concepto de invalidez

-Régimen exclusivo de la Federación para la regulación de temas en materia energética-

• De acuerdo a la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación de veinte de diciembre de dos mil trece, se dio un cambio de visión en la estructura financiera y económica del país, particularmente en el aprovechamiento de los recursos energéticos y el nuevo modelo de inversiones. La llamada reforma energética contiene cambios estructurales trascendentales que permiten incrementar en forma considerable la inversión privada, nacional y extranjera, en actividades tradicionalmente reservadas al Estado en materia energética –extracción y explotación de petróleo y la generación y comercialización de energía eléctrica–.

• Sin embargo, la referida enmienda a los artículos 25, 26, 27 y 28 constitucionales, continúa dejando patente la rectoría del Estado mediante el fomento del crecimiento económico. El Estado en esa materia sigue teniendo la facultad exclusiva, en aras del interés general, de ahí que se introdujeron los conceptos de "rectoría del Estado", "planeación del desarrollo económico" y, desde luego, el de "áreas estratégicas".

• El propio artículo 28 constitucional, en su párrafo cuarto, después de identificar aquellas funciones del Estado que corresponden a áreas estratégicas, establece que lo serán además de las enumeradas, las actividades que expresamente señalen leyes que expida el Congreso de la Unión; y en su diverso párrafo quinto especifica que el Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por sí o con los sectores social y privado.

• Se continúa con la visión de que al sector público le corresponde la función exclusiva de las áreas estratégicas en materia energética, con el objeto de fortalecer a la sociedad y lograr el mejor cumplimiento de los fines de los organismos descentralizados y empresas que se sitúan en las áreas estratégicas. Se consideró necesario que la ley defina formas de participación social en éstas, conservando el Estado en todo tiempo el control sobre la conducción y operación de las mismas. En las áreas prioritarias, el sector público podrá participar por sí o conjuntamente con el sector social y privado de acuerdo con la ley.

• La reforma al Texto Constitucional en mención permite inversión privada en las actividades de explotación y extracción de hidrocarburos bajo contratos; procesamiento y refinación de petróleos, procesamiento de gas natural, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos y sus derivados. Asimismo, se permite la inversión privada en las actividades de generación y comercialización de electricidad y de transmisión y distribución bajo contrato con la Comisión Federal de Electricidad.

• Los artículos 45, fracción XII, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 39, fracción XI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, ambas del Estado de Tabasco, al excluir del procedimiento de licitación las obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios relacionados con proyectos estratégicos que sean convenidos con la Federación o con las Empresas Productivas del Estado, respecto de actividades en materia energética, trastoca el régimen exclusivo de la Federación en dicha materia que se desprende de la armonía interpretativa de los artículos 25, 27, 28 y 73, fracción X, de la Constitución Federal.

• El legislador del Estado de Tabasco desconoce la titularidad de la Federación sobre dicha materia, pues tiene y tendrá en todo momento el régimen competencial para establecer las modalidades de contratación, de acuerdo a los alcances del mandato constitucional y de las previsiones establecidas en las normas secundarías.

• Consecuentemente, procede declarar la invalidez de los artículos 45, fracciones XI y XII, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 2, fracción XIV; 38, fracción IV, y 39, fracciones XI y XII, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, ambas del Estado de Tabasco.

3.2. Comisión Estatal de los

Derechos Humanos de Tabasco.

3.2.1. Primer concepto de invalidez

-Legalidad y seguridad jurídica-

• Las modificaciones y adiciones realizadas a los artículos 44, 45 y 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Tabasco, así también las modificaciones y adiciones realizadas a los artículos 2, 21, 38 y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, contravienen las disposiciones de los artículos 1o., 14, 16, párrafo primero y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 1, 2, 26 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

• Las reformas y adiciones a los artículos mencionados, fueron aprobadas en fecha trece de octubre del año dos mil dieciocho, por la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, sin observar las disposiciones del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo a que, por regla general, toda obra pública debe ser sometida a licitación pública para que se elija la propuesta que cumpla con los estándares de calidad que el Estado requiere en beneficio de sus habitantes a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancia pertinentes, y cuando esto no sea posible, podrá optarse por otro medio de contratación bajo los parámetros que establece la propia Carta Magna, así como el artículo 76 de la Constitución Local exige de sus ordenamientos.

• Si una autoridad no acata lo dispuesto por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos infringe los citados principios pro persona y progresividad.

• En torno a este precepto 134 Constitucional la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en tesis aislada señaló que el legislador debe ceñir su actuación en todo procedimiento licitatorio en los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, imparcialidad y honradez, y que, para analizarla acorde con dichos principios, debían conceptualizarse el significado de éstos.

• En efecto, lo anterior quedó sustentado en la tesis aislada 1a. CXLII/2012 (10a.), de rubro:

"LICITACIONES PÚBLICAS. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO CONFORME AL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."

• En primer orden de ideas, dichos principios se ven vulnerados por el legislador local al reformar y adicionar los preceptos legales que son materia de la presente acción de inconstitucionalidad, porque de la propia exposición de motivos que precedió a la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, se lee que dichas reformas y adiciones tuvieron como sustento que:

"El pasado primero de julio los mexicanos tuvimos una cita con las urnas; sin duda, una de las citas más importantes de la historia de nuestro país, en la cual tuvimos la oportunidad de elegir a los representantes de los distintos órdenes de gobierno. En dicho ejercicio democrático, el mandato ciudadano fue claro al elegir por una amplia mayoría como la mejor opción para conducir por los próximos seis años a nuestro país, al que es sin duda el máximo líder de la izquierda contemporánea, al licenciado Andrés Manuel López Obrador.

"Para nadie es ajeno que durante y a lo largo y ancho de su campaña presidencial estableció diversos compromisos en todo el país, siendo uno de los más importantes el de la creación de dos refinerías y el rescate de otras ya existentes en el territorio nacional. Lo anterior, ante la fallida estrategia emprendida por el Gobierno Federal y Petróleos Mexicanos en los últimos años de privilegiar la importación de combustibles en vez de su producción.

"De ello es muestra que Pemex redujo su producción de gasolinas al grado que, al mes de septiembre de 2017, las refinerías existentes en nuestro país habían producido únicamente el 35.6 por ciento del consumo nacional, alcanzando en ese mismo mes un mínimo histórico de 190 mil 800 barriles diarios. A su vez, las importaciones de gasolina al 2017 se estimaron en 14 mil 522 millones de dólares, ubicándose, así, como el principal producto importado por nuestro país.

"Aunado a lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la auditoría de desempeño número 16-6-90TM9M-07-0482 y en la recomendación número 16-6-20T9M-07- 0482-07, determinó que era más conveniente retinar gasolina en México que importarla, porque los costos de producir magna y premium, así como diésel, fueron inferiores en 61.1, 56.2 y 61.5 por ciento respectivamente, con relación a los costos de importación. Esto debido al incremento en el precio promedio anual del dólar estadounidense, así como a la caída en el costo promedio del barril de crudo.

"Esta parte del diagnóstico fue la base para que el Lic. Andrés Manuel López Obrador en su proyecto de nación 2018-2024 definiera como primordial recuperar la autosuficiencia energética como un principio de seguridad nacional. "Aunado a lo antes expuesto, resulta necesario hacer énfasis en la grave crisis que vive el Estado de Tabasco en cuanto a ocupación y empleo, alcanzando al segundo trimestre del 2018 una tasa del 6.37 por ciento de la población económicamente activa, siendo esto casi el doble de la media nacional según datos del INEGI. Esto ha traído consigo diversos factores como inseguridad y bajo nivel adquisitivo en las familias que, a su vez; se ve reflejado en el cierre de miles de negocios a lo largo y ancho de nuestro estado, creándose así un círculo vicioso el cual no hemos podido superar.

"Ahora bien, ya como presidente electo, el Lic. Andrés Manuel López Obrador, en recientes visitas a nuestra entidad ha anunciado la creación de una de estas refinerías en el Puerto de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, que traerá consigo la inversión de 150 mil millones de pesos y significará alrededor de 20 mil empleos formales en la zona, y que tendrá resultados inmediatos, ya que desde el primer año este proyecto inyectará recursos por la cantidad de 55 mil millones de pesos, lo que sin duda detonará la economía de la región ante todo el andamiaje de servicios y obras que se desarrollarán alrededor de esta magna obra.

"Por ello, resulta imprescindible que el Gobierno del Estado sea coadyuvante con el Gobierno Federal, generando todas las condiciones a su alcance que permitan el rápido desarrollo y establecimiento de la refinería, así como también realizar todas las obras principales o accesorias que tengan que realizarse para su correcto funcionamiento.

"Debemos considerar imprescindible que las grandes inversiones que se vienen para nuestro estado implicarán la necesidad de tener una mejor infraestructura y servicios para los ciudadanos. Por eso también serán considerados prioritarios apoyar con obras, servicios o adquisiciones mediante alianzas aquellos proyectos que permitan a Pemex y CFE como empresas productivas del estado, mejorar los servicios en materia de energéticos. Siempre siguiendo la visión establecida por el Lic. Andrés Manuel López Obrador para conseguir gasolina y luz eléctrica más barata acorde a las necesidades de la población, además que estas inversiones traerán consigo más y mejores empleos para los tabasqueños.

"Igualmente, la seguridad de los tabasqueños es una tarea pendiente que tenemos que atender con la mayor de las urgencias y un alto sentido de eficiencia y eficacia. La paz social se conseguirá atacando los orígenes de la inseguridad y la violencia como es la pobreza, la falta de empleo y la corrupción, pero tenemos que dotar al estado de las herramientas necesarias para que con prontitud nos otorguen sin excusa la seguridad que tanto anhelamos los tabasqueños. Por ello proponemos reformar la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para que las obras que se requieran para atender la seguridad pública, la procuración de justicia y la reinserción social se ejecuten sin retraso.

"Así también en el mismo sentido, se debe permitir que aquellos proyectos de gran envergadura que impulsen de manera importante el desarrollo económico y social, así como detonen el tan necesitado empleo, sea aterrizado de forma rápida y sin contratiempos, manteniendo que se hará con honradez, transparencia, buscando las mejores condiciones de precio y calidad existentes en el mercado.

"Por lo antes expuesto resulta necesario realizar adecuaciones a nuestro marco jurídico estatal a fin de establecer mecanismos que simplifiquen la realización de estas obras o la contratación de diversos servicios que tengan que ver con la inversión y proyectos de las empresas productivas del estado mexicano, permitiendo de esta manera poder desarrollarlas con la urgencia necesaria para sentar las bases de la importante inversión a realizar por el Gobierno Federal.

"En ese sentido, señalan los proponentes que su propuesta consta de realizar adecuaciones legales a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios con la finalidad de agilizar los procedimientos y establecer como casos de excepción a una licitación pública a los trabajos, obras principales o accesorias, servicios, adquisiciones, arrendamientos y, en sí, todo lo que regulan las leyes antes mencionadas, cuando éstas resulten necesarias para la realización de obras o proyectos de algunas de las empresas productivas del Estado, en materia de energéticos, además de los casos en los que se requiera para impulsar un proyecto donde se mejore de manera importante la infraestructura del estado, creando empleos e impulsando el desarrollo económico y social del Estado, sin dejar de señalar la obligación de informar sobre éstas a los órganos internos de control de las dependencias y sean aprobados por el Comité de Adquisiciones u Obras, según sea el caso."

• De lo anterior se desprende con claridad que la exposición de motivos de las reformas y adiciones objeto de la presente acción de inconstitucionalidad descansan en que el licenciado Andrés Manuel López Obrador ganó los comicios para dirigir los próximos seis años nuestro país, y que durante su campaña como candidato presidencial señaló que debían crearse dos refinerías y rescatar otras ya existentes en territorio nacional, porque todo ello es parte para el presidente electo de su Proyecto de Nación 2018-2024 donde definiera como primordial recuperar la autosuficiencia energética como un principio de seguridad nacional.

• Si bien es cierto que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló en criterio jurisprudencial aislado que el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a las dependencias y entidades de la administración pública facultades discrecionales para convocar a licitaciones públicas, y con ello les permite que en la planeación de las obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios atiendan a los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que correspondan; de ninguna manera faculta a los legisladores secundarios en materia de procedimiento licitatorio reformar y adicionar las leyes locales respectivas con fundamento en un Proyecto de Nación que no cumple con los requisitos exigidos por el artículo 21 de la Ley de Planeación (se transcribe).

• El "Proyecto de Nación 2018-2024" del presidente electo licenciado Andrés Manuel López Obrador, no ha sido presentado por el presidente constitucional para su aprobación como Plan Nacional de Desarrollo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, ni tampoco ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación como lo exige el recién transcrito precepto legal.

• Así las cosas, el legislador local reformó y adicionó las leyes impugnadas señalando de manera airosa y sumamente evidente en la exposición de motivos que tomó en consideración para ello: la victoria en las elecciones presidenciales del lic. Andrés Manuel López Obrador y a su denominado "Proyecto de Nación 2018-2024", pero no se denota que haya retomado para dichos fines: los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, imparcialidad y honradez.

• Principios, que deben regir cuando se legisla en materia de procedimiento licitatorio que conforme a la última oración del cuarto párrafo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos debe asegurar las mejores condiciones para el Estado, pero no a los postulados pre-electorales de un candidato a la presidencia de la República o del presidente electo, ya que dicho precepto constitucional indica con claridad que la licitación pública será la regla general en la contratación pública, y cuando ésta no sea factible, deberán emplearse otros procedimientos de contratación siempre y cuando se satisfagan de forma idónea los elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

• En ese sentido, la reforma aprobada por el legislativo estatal, contraviene flagrantemente al mencionado artículo 134 constitucional, pues si bien es cierto se dejan incólume los artículos locales de la ley de obras y la ley de adquisiciones relativos a la licitación pública, es inconcuso que el ente legislativo local:

1) En la primera ley en cita, para "... los casos previstos en el artículo 45 fracciones IV, XI y XII de esta ley..." eliminó los montos máximos que como tope a la adjudicación directa se establecen en el reglamento de la misma; y

2) En el segundo ordenamiento legal invocado, más grave aún, estableció que la licitación pública no sería la regla general de la contratación pública "... cuando se trate de los supuestos previstos en los artículos 25, 39, 39 Bis y 40 de la ley...", y además eliminó el criterio cuantitativo que establecía en relación a la adjudicación directa que podía realizarse "... hasta por el monto establecido en el reglamento de esta ley..."

• En ese orden de ideas, es claro que el legislativo local perdió de vista que el Texto Constitucional, cuya protección corresponde a ese Máximo Tribunal del País, en relación al artículo 134, se motivó en el debate del Constituyente del veintisiete de enero de mil novecientos diecisiete, en el sentido de agregar un artículo que asegurara los concursos de todos los trabajos públicos, para obtener, a favor de la Nación, las mejores utilidades posibles, evitar fraudes y favoritismos, se introdujo así el concepto de "convocatoria" "subasta" "sobre cerrado" y "pública". De esta manera, nace a la vida jurídica el citado precepto constitucional.

• Es evidente que el Texto Constitucional del artículo 134 se ha ido fortaleciendo desde su inclusión hasta la presente fecha, ampliando los principios que deben regir el gasto público en las contrataciones del Estado, y manteniendo inamovible la licitación pública como regla general de aquéllas.

• En ese sentido,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30577-72291300/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-subprocurador-juridico-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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