DERECHOS DE LAS AUDIENCIAS. LA ABROGACIÓN EN LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN DE LAS FACULTADES SANCIONATORIAS Y DE IMPOSICIÓN DE MEDIDAS PRECAUTORIAS DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT), FRENTE A VIOLACIONES SOBRE ESTOS DERECHOS, CONSTITUYE UNA TRANSGRESIÓN AL DERECHO A SU DEFENSA. DERECHO A LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS. CONSTITUYE UN DERECHO HUMANO AUTÓNOMO RECONOCIDO POR EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT). LE CORRESPONDE LA FACULTAD EXCLUSIVA DE DESARROLLAR LOS ASPECTOS REGULATORIOS, TÉCNICOS Y OPERATIVOS SOBRE LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS AUDIENCIAS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 28, PÁRRAFO DÉCIMO QUINTO, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. LA OBLIGACIÓN DE TODO INFORMADOR DE DISTINGUIR ENTRE LO QUE ES UNA "NOTICIA" Y LO QUE ES UNA "OPINIÓN", FORMA PARTE DEL ESTÁNDAR DE PROTECCIÓN DE ESOS DERECHOS HUMANOS.
AMPARO EN REVISIÓN 1031/2019. CENTRO DE LITIGIO ESTRATÉGICO PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, A.C. 19 DE ENERO DE 2022. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIO: PABLO FRANCISCO MUÑOZ DÍAZ.
SUMARIO
El presente asunto tiene su origen en un juicio de amparo indirecto promovido por una asociación civil, en contra del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, mediante el cual se dieron a conocer, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El Juzgado de Distrito del conocimiento resolvió que la parte quejosa carecía de interés para impugnar el acto reclamado y ordenó el sobreseimiento del asunto. En contra de lo anterior, la quejosa interpuso recurso de revisión. Asimismo, en su carácter de autoridad responsable, el presidente de la República interpuso recurso de revisión adhesiva. Más adelante, el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento resolvió levantar el sobreseimiento decretado por falta de interés legítimo de la parte quejosa y ordenó la remisión del asunto a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el efecto de que, en ejercicio de su competencia originaria, analizara la constitucionalidad del decreto reclamado. Asunto que ahora es objeto de análisis en la presente ejecutoria.
CUESTIONARIO
¿Las disposiciones normativas reclamadas sobre el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete" vulneran los derechos de la parte quejosa porque restringen ilegalmente los recursos procesales que tenían a su alcance, hasta antes de su publicación, en calidad de defensores de los derechos de las audiencias para el ejercicio de su función?
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión virtual de diecinueve de enero de dos mil veintidós emite la siguiente:
SENTENCIA
Correspondiente al amparo en revisión 1031/2019, interpuesto por Centro de Litigio Estratégico para la Defensa de los Derechos Humanos, Asociación Civil, en contra de la sentencia dictada el veinte de marzo de dos mil dieciocho por la Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, en el juicio de amparo **********.
I. ANTECEDENTES
1. Juicio de amparo indirecto. Mediante escrito presentado el cuatro de julio de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, **********, en representación de Centro de Litigio Estratégico para la Defensa de los Derechos Humanos, Asociación Civil, solicitó el amparo y protección en contra de las autoridades y actos que se precisan a continuación:
Autoridades responsables:
(a) Cámara de Diputados
(b) Cámara de Senadores
(c) Presidente de la República
(d) Secretario de Gobernación
Actos reclamados:
(a) De la Cámara de Diputados se reclama el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de 2017, mediante el cual se dan a conocer, se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
(b) De la Cámara de Senadores se reclama el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de 2017, mediante el cual se dan a conocer, se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
(c) Del presidente de los Estados Unidos Mexicanos se reclama la promulgación, publicación y ejecución del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
(d) Del secretario de Gobernación se reclama el refrendo, firma y publicación del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
2. Al respecto, la parte quejosa estimó transgredidos los derechos establecidos en los artículos 1, 2, 3, 6, apartado B, 7, 14, 16 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3. De la demanda correspondió conocer al Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, que en auto de veinte de diciembre de dos mil diecisiete ordenó su registró con el número **********, declinó su competencia para conocer del asunto y ordenó la remisión de los autos al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones en turno.
4. En proveído de veintidós de diciembre siguiente, la Juez de Distrito registró el asunto con el número ********** y previno a la quejosa para que: 1) expresara los hechos que constituyen los antecedentes de los actos combatidos; 2) precisara cuáles son los preceptos que específicamente combatía del decreto mencionado; 3) indicara si insistía en reclamar al presidente de la República la publicación del acto legislativo, ya que legalmente la realización correspondía al director general Adjunto del Diario Oficial de la Federación; y, 4) exhibiera cinco copias del escrito aclaratorio.
5. Por escrito de nueve de enero de dos mil dieciocho, el representante de la quejosa expuso los hechos que constituían los antecedentes del acto reclamado; precisó que combatía el decreto en su totalidad y confirmó su insistencia de reclamar al presidente de la República por su participación en la publicación del decreto referido.
6. En auto de veinticinco de enero siguiente, la Juez de Distrito determinó:
a) Desechar la demanda por cuanto hace a la publicación, refrendo y firma del decreto, atribuidos al presidente de la República y al secretario de Gobernación, al considerar que la quejosa no propuso argumentos tendientes a combatir esas actuaciones por vicios propios.
b) Admitió la demanda por el resto de los actos reclamados y autoridades responsables.
c) Requirió a las autoridades responsables su informe justificado.
d) Dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación.
7. Por auto de catorce de marzo siguiente, se declaró firme el desechamiento parcial de la demanda.
8. Sentencia de amparo indirecto. En resolución de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, la Juez de Distrito determinó sobreseer el juicio, ya que estimó que no le asistía interés jurídico ni legítimo a la parte quejosa para acudir al juicio de amparo, pues de su objeto social no se desprendía que estuviera constituida con la finalidad de intervenir de manera concreta en la eficacia de los derechos de las audiencias ni que sufriera de un impacto diferenciado en el ordenamiento jurídico.
9. Recurso de revisión. Inconforme, la parte quejosa interpuso recurso de revisión mediante escrito presentado el trece de julio de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.
10. El asunto fue turnado al Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, cuyo presidente lo admitió a trámite por auto de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho con el número **********.
11. Recurso de revisión adhesivo. En auto de veintiocho de agosto siguiente, se admitió a trámite el recurso de revisión adhesivo interpuesto por el presidente de la República, por conducto de la directora de amparos "B", en suplencia por ausencia del titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y del director general Adjunto de Procesos Contenciosos de la Unidad de Asuntos Jurídicos, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
12. Primera resolución del Tribunal Colegiado. El doce de diciembre de dos mil dieciocho, el Tribunal Colegiado determinó modificar la sentencia recurrida a efecto de levantar el sobreseimiento decretado respecto de los actos reclamados a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, a lo que determinó que su revisión era competencia originaria de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y ordenó el envío de los autos.
13. Amparo en revisión **********. El presidente de este Alto Tribunal dictó un acuerdo el veintiocho de enero de dos mil diecinueve, a través del cual tuvo por admitido a trámite el recurso, ordenó su registro con el número de expediente **********, y lo turnó a la ponencia del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Mediante sesión de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, la Primera Sala resolvió la devolución del asunto, al estimar que no se había agotado el estudio de todas las causales de improcedencia, en términos del Acuerdo General Plenario Número 5/2013.
14. Segunda resolución del Tribunal Colegiado. Mediante acuerdo de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve y en cumplimiento a lo ordenado por esta Primera Sala, analizó las posibles causales de improcedencia planteadas por la Cámara de Diputados y la de Senadores.
15. Al respecto, determinó ambas infundadas, al considerar que trataban sobre el fondo del asunto y que la quejosa sí contaba con el interés jurídico necesario para el caso. En esos términos y al subsistir un problema de constitucionalidad, resolvió remitir el asunto nuevamente a esta Suprema Corte de Justicia para su sustanciación en ejercicio de su competencia originaria.(2)
16. Trámite en este Alto Tribunal. El cinco de diciembre de dos mil diecinueve, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite el asunto, bajo el número 1031/2019. Asimismo, ordenó su turno al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en virtud de haber sido ponente en el relacionado amparo en revisión **********.(3)
17. Vista por actualización de causa de improcedencia no alegada por las partes. Por auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ministra presidenta de la Primera Sala acordó que en sesión pública ordinaria, que tuvo verificativo el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se advirtió la posible actualización de una causa de improcedencia no alegada por las partes.
18. Por tanto, procedió en términos del segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, así como de conformidad con la jurisprudencia P./J. 5/2015 (10a.), del Tribunal Pleno, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN."
19. En esas condiciones, ordenó dar vista a la parte quejosa para que, dentro del plazo de tres días contados a partir de que surtiera efectos la notificación del acuerdo, manifestara lo que a su derecho conviniera. Mismo que fue notificado a los interesados por medio de lista el día veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno.
20. Por escrito presentado el día dos de diciembre del año en curso, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación la parte quejosa-recurrente tuvo por desahogada la vista referida.
II. PRESUPUESTOS PROCESALES
21. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es constitucional y legalmente competente(4) para conocer del presente amparo en revisión, tanto el principal como el adhesivo, que fueron interpuestos de forma oportuna(5) y por parte legítima.(6)
III. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO
22. A continuación, esta Primera Sala se permite precisar lo efectivamente planteado en el presente juicio de amparo, atendiendo a la naturaleza de los actos que fueron reclamados, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo.
23. En este tenor, se estima que lo efectivamente reclamado por la parte quejosa-recurrente fue:
(a) En su carácter de normas generales, la publicación de los artículos 15, fracciones LIX y LXI; 216, fracción IV; 256, párrafos segundo, tercero y cuarto; 259, párrafo segundo, y 261, párrafo tercero, en su porción normativa "cuyas respuestas deberán entregarse dentro de los plazos previstos en el código de ética", del decreto mediante el cual se dan a conocer, se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete; y,
(b) En su carácter de acto, la abrogación del artículo 256, fracciones III y IV, en su porción normativa "que se aporten elementos para distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa", de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión,(7) hasta antes de la publicación del decreto mediante el cual se dan a conocer, se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete.
24. Adicionalmente, es importante para esta Primera Sala precisar que, de acuerdo con la técnica del juicio de amparo, es obligación del quejoso señalar el perjuicio que le causa el acto reclamado pues, de no ser así, se dejaría la carga al juzgador de interpretar en qué consiste el concepto de violación a estudiar; lo que, de acuerdo –también– con la técnica jurídica que rige en el juicio de amparo, no es factible que éste realice, pues ello va más allá del alcance que tiene la figura de atender la causa de pedir.(8)
25. Así, se encuentra que la parte quejosa-recurrente no propuso concepto de violación alguno para evidenciar el perjuicio que le causa la publicación de los artículos 260 y 297 del decreto mediante el cual se dan a conocer, se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete.
26. Razón por la cual dichos artículos no fueron precisados como parte de las disposiciones normativas reclamadas, ni tampoco serán objeto de análisis en el presente juicio de amparo en revisión, pues el planteamiento de conceptos de violación sobre los actos que se reclaman a través del juicio de amparo es una exigencia mínima de la causa de pedir, y esta Primera Sala carece de las facultades necesarias para "interpretar", "descifrar" o "descubrir" las razones por las cuales la parte quejosa hubiera podido considerar –o considera– que el acto que se reclama afecta su esfera fundamental.
27. En este sentido, esta Primera Sala ha establecido que, para el estudio de los conceptos de violación, basta con expresar la causa de pedir, sin embargo, ello no significa que los quejosos puedan limitarse a realizar afirmaciones sin sustento, pues a ellos corresponde exponer las razones por las cuales estiman inconstitucionales los actos reclamados.(9)
28. Por tanto, en virtud de que toda ley(10) goza de la presunción de constitucionalidad que es preciso desvirtuar, y en razón de la legitimidad de los órganos que la emiten, corresponde a quienes la impugnan la carga de la prueba, pues sólo así es posible analizar si la ley reclamada contraviene o no la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(11)
29. Ahora bien, por ocurso presentado el día dos de diciembre del año en curso, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en desahogo de la vista ordenada con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, la parte quejosa-recurrente solicitó a esta Primera Sala pronunciarse sobre la constitucionalidad de los artículos 260 y 297 del decreto reclamado.
30. En ese tenor, agregó a la litis una serie de argumentos tendentes a aducir que, en síntesis, la autoridad señalada como responsable modificó sustancialmente esas disposiciones al agregar en su redacción el vocablo "únicamente", esto con el propósito de limitar las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones en materia de defensa de los derechos de las audiencias.
31. Sin embargo, se trata de argumentos que no combaten directamente la decisión de esta Primera Sala de sobreseer el juicio por ausencia de conceptos de violación en relación con esas dos disposiciones normativas. Y, no sólo no combate directamente esa determinación, sino que agrega argumentos novedosos, nunca invocados (ni en el escrito inicial de demanda, ni dentro del plazo que legalmente corresponde para su ampliación), en aras de sostener su inconstitucionalidad; sin que, además, sea éste el momento procesal oportuno para proponer conceptos de violación adicionales.
32. En ese tenor, esta Primera Sala considera que las manifestaciones realizadas por la quejosa con motivo de esa vista no representan un obstáculo para el sobreseimiento que se decreta por ausencia de conceptos de violación.
33. Máxime que, de una segunda revisión exhaustiva del escrito inicial de demanda se advierte que, en efecto, la quejosa recurrente no alegó que los artículos 260 y 297 del decreto reclamado le causaran perjuicio alguno.
34. Así pues, mediante el desahogo de la vista que le fue dada, la parte quejosa-recurrente no desvirtuó la actualización de la improcedencia que deriva en el sobreseimiento que se decreta, por lo que aquélla no constituye un obstáculo para dicha declaración.
35. Por las razones expuestas, esta Primera Sala resuelve que ha lugar a sobreseer el presente juicio de amparo respecto de los artículos 260 y 297 del decreto mediante el cual se dan a conocer, se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete.
IV. ESTUDIO DE FONDO
36. Para delimitar la problemática jurídica del presente asunto es necesario sintetizar los argumentos de la demanda de amparo en materia de constitucionalidad, las consideraciones de la sentencia recurrida, así como los agravios propuestos por la recurrente.
37. Posteriormente, esta Primera Sala hará un breve análisis sobre los antecedentes legislativos del decreto de reforma que por esta vía se reclama, esto con el ánimo de facilitar el estudio de su regularidad constitucional.
38. Conceptos de violación. La parte quejosa señaló en su escrito de demanda que contaba con interés legítimo para la promoción del juicio, dada su situación especial como persona moral sin fines de lucro que tiene por objeto el apoyo y la promoción de los derechos humanos y la promoción de la participación organizada de la población en las acciones que mejoren sus propias condiciones de subsistencia, a lo que el artículo 6, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política reconoce a los usuarios de servicios de telecomunicaciones como sujetos de derechos.
39. Establecido lo anterior, ofreció los siguientes argumentos:
39.1. Primer concepto de violación. En éste, la parte quejosa-recurrente sostiene que el decreto reclamado transgrede la prohibición de regresividad de las normas de derechos humanos. En ese orden de ideas, expone en qué consiste el principio de progresividad de los derechos humanos, de acuerdo con el criterio que ha adoptado este Alto Tribunal.
39.2. Expresa que con las disposiciones establecidas hasta antes de la reforma publicada con motivo del decreto reclamado existía un estándar mínimo a partir del cual se debía seguir avanzando hacia la satisfacción de los derechos de las audiencias. 39.3. Considera que el artículo 15 del decreto limita al IFT(12) a ejercer las facultades de vigilancia en materia de derechos de las audiencias para imponer las sanciones únicamente respecto a lo dispuesto en el artículo 311, incisos b) y c), del mismo ordenamiento. Cuando antes, ese mismo artículo, establecía como facultad del IFT de vigilar y sancionar las obligaciones en materia de defensa de las audiencias en términos amplios.
39.4. Considera también que el artículo 311, incisos b) y c), del decreto limitó la facultad del IFT de vigilar y sancionar las obligaciones en materia de defensa de las audiencias.
39.5. Indica que la supresión del artículo 256, fracción III, limita el derecho de las audiencias a distinguir la información de las opiniones en programas noticiosos. Asimismo, la supresión del artículo 256, fracción IV, considera restringe el derecho de las audiencias a que los concesionarios aporten elementos para distinguir entre publicidad y el contenido de "todo tipo" de programas.
39.6. Considera que el artículo 256, segundo párrafo, limita el derecho de las audiencias, al establecer condiciones para que los concesionarios se autorregulen, es decir, al poner en sus manos la defensa o protección de sus derechos.
39.7. El tercer párrafo, del artículo 256, al eliminar la facultad del IFT para proteger a las audiencias y al eliminar la facultad para establecer criterios mínimos de contenido sobre los códigos de ética de los concesionarios, también limita el derecho a su defensa.
39.8. Agrega que el artículo 256, segundo párrafo, viola el derecho a la defensa de las audiencias, pues lo sujeta exclusivamente al código de ética del concesionario, y elimina la participación del IFT.
39.9. Indica que el artículo 259, tercer párrafo, vulnera la imparcialidad de los defensores de las audiencias, al facultar a los concesionarios que designen libremente al defensor de la audiencia, permitiéndolos actuar discrecionalmente.
39.10. Agrega que el artículo 261 vulnera en su perjuicio el derecho a defender a las audiencias, al generar la existencia de diversos procedimientos para el ejercicio de ese derecho, y deja en estado de incertidumbre a los usuarios de servicios de telecomunicaciones.
39.11. En la parte final del concepto argumenta que esos artículos vulneran el principio de progresividad de los derechos humanos pues, en lugar de propiciar una mayor protección sobre los derechos de las audiencias, redujo esa esfera.
39.12. Segundo concepto de violación. En este concepto, la parte quejosa-recurrente dispone que con motivo del decreto reclamado se suprimieron derechos de audiencias, siendo ésta una medida legislativa que no cumplió con un test de proporcionalidad.
39.13. En esa línea argumentativa, expone doctrina constitucional sobre estos derechos de las audiencias; reconocidos en el artículo 6 de la Constitución Federal. Y, más adelante, presenta un cuadro comparativo entre lo que dispone el decreto reclamado, y lo que la Ley establecía hasta antes de esa reforma; en particular; sobre los artículos 256, fracciones II, III, IV, V y X, párrafos segundo, tercero y cuarto.
39.14. Señala que es inconstitucional la derogación del artículo 256, fracción III (la derogación de la distinción entre información noticiosa y opiniones) pues, estima, suprimió los derechos de las audiencias. Siendo que, para haberlo suprimido y ser constitucional, se requería: que la intervención legislativa persiguiera un fin constitucionalmente válido; que la medida resultara idónea para satisfacer en alguna medida su propósito constitucional; que no existieran medidas alternativas igualmente idóneas para lograr dicho fin, pero menos lesivas para el derecho fundamental; y, que el grado de realización del fin perseguido fuera mayor al grado de afectación provocado al derecho fundamental por la medida impugnada.
39.15. Dispone que los artículos 15 y 216 no son medidas idóneas para proteger la libertad de expresión de las audiencias, toda vez que limitan al IFT para ejercer las facultades de vigilancia en materia de derechos de las audiencias para imponer sanciones únicamente respecto a lo dispuesto en el artículo 311, incisos b) y c), del ordenamiento. Es decir, se suprime su facultad de imponer la multa correspondiente.
39.16. El artículo 256, fracción IV, estima, es violatorio de los derechos de las audiencias, en la medida en que los concesionarios ya no se encuentran obligados a aportar elementos para distinguir entre publicidad y el contenido de un programa. En particular, se viola el derecho a la libertad de expresión en perjuicio de las audiencias, con el propósito de proteger la posibilidad de los concesionarios de transmitir publicidad en sus programas.
39.17. Expone que el artículo 256, en sus párrafos segundo, tercero y cuarto, viola en su perjuicio el derecho a defender a las audiencias, al eliminar la facultad del IFT para proteger los derechos de las audiencias; pues, a éste corresponde la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, garantizando lo dispuesto en los artículos 6o. y 7o. de la Constitución.
39.18. Esa nueva disposición suprime el derecho a hacer exigibles los derechos constitucionales de las audiencias, al poner en manos de los concesionarios la defensa de sus derechos.
39.19. Agrega que el artículo 259, segundo párrafo, viola el derecho a defender a las audiencias, al sujetar la actuación del defensor de las audiencias exclusivamente al código de ética del concesionario, y establecer que únicamente se rendirá cuentas a las instancias del concesionario, eliminando la participación del IFT (quien se encuentra constitucionalmente facultado para llevar esa función).
39.20. Sostiene que esa disposición implicó la supresión de la justiciabilidad de los derechos de las audiencias, y se pregunta si ello fue una medida idónea, o no, para proteger el derecho a la libertad de expresión.
39.21. Argumenta que el artículo 259, tercer párrafo, vulnera su derecho a defender a las audiencias, al facultar a los concesionarios a designar libremente al defensor de la audiencia, sin la intervención del IFT u otra autoridad. Así, se vulnera la imparcialidad del defensor de las audiencias, y permite a los concesionarios actuar discrecionalmente.
39.22. Establece que el artículo 261 es violatorio del derecho a defender las audiencias, pues condiciona el procedimiento de su defensa al procedimiento establecido en su código de ética por los concesionarios; generando la existencia de diversos procedimientos para el ejercicio de los derechos de las audiencias, y deja en estado de incertidumbre a los usuarios de servicios de telecomunicaciones.
39.23. Sobre el tópico, abunda en que es difícil considerar que un defensor de audiencias, designado a modo, que responda a los concesionarios y a un conjunto de procedimientos elaborados por la industria, no es una medida que proteja la libertad de expresión, sino los privilegios de los concesionarios.
39.24. Tercer concepto de violación. Para introducir a su concepto de violación, la parte quejosa-recurrente señala el fundamento constitucional y convencional de los derechos a la libertad de expresión, la libertad de imprenta y el acceso a la información.
39.25. Más adelante, expone el criterio que, sobre el estándar de protección de estos derechos, ha sostenido tanto este Tribunal Constitucional, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
39.26. Con base en ello, expone las condiciones que establece el régimen constitucional para prestar los servicios de telecomunicaciones; así como lo sostenido en su artículo 6, apartado b, fracción III, que obliga al Estado a preservar la pluralidad y la veracidad de la información transmitida a través de los servicios de radiodifusión. Y expone también que, como establece ese mismo artículo en la fracción V del apartado b, es facultad del IFT asegurar la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional.
39.27. Expresa que, en aras de garantizar la seguridad de no ser víctima de un menoscabo arbitrario en la capacidad para manifestar el pensamiento propio y de recibir cualquier información, y a conocer la expresión del pensamiento ajeno, se creó la figura de los defensores de audiencias, responsables de recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos de las audiencias, y hacer valer los derechos de las audiencias de manera imparcial e independiente. En ese tenor, para ser defensor de las audiencias, deben cumplirse los requisitos establecidos en el artículo 260.
39.28. Expresa que la eliminación de la facultad de regular en materia de defensoría de las audiencias y, en ese sentido, emitir lineamientos (artículo 259) viola su derecho a defender las audiencias, al dejar en manos de los concesionarios la justiciabilidad de los derechos de las audiencias.
39.29. Expresa que el tercer párrafo del artículo 259 viola la imparcialidad del defensor de las audiencias, al permitir a los concesionarios actuar discrecionalmente; afectando, así, los derechos de las audiencias.
39.30. Reitera que el artículo 261 viola su derecho de defensoría de audiencias, pues genera la existencia de diversos procedimientos para el ejercicio de los derechos de las audiencias, y deja en estado de incertidumbre a los usuarios de servicios de telecomunicaciones. Limitándose así, por consecuencia, el derecho a la libertad de expresión, el derecho al acceso a la información y la libertad de imprenta.
39.31. Cuarto concepto de violación. La parte quejosa-recurrente introduce el presente concepto de violación aduciendo, en términos generales, que el decreto reclamado transgrede las facultades (regulatorias) del IFT para vigilar y sancionar las obli
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30579-eae6086f/derechos-de-las-audiencias-la-abrogacion-en-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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