IMPUESTO PREDIAL. AL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020, QUE PREVÉ UN BENEFICIO FISCAL PARA LOS CONTRIBUYENTES CUYOS INMUEBLES ESTÁN UBICADOS FUERA DE LOS LÍMITES URBANOS Y SUBURBANOS SEÑALADOS EN EL PLANO DE VALORES DE TERRENO PARA DICHO MUNICIPIO, NO LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA TRIBUTARIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 26 DE ABRIL DE 2022. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LA MAGISTRADA RENATA GILIOLA SUÁREZ TÉLLEZ Y LOS MAGISTRADOS ARIEL ALBERTO ROJAS CABALLERO, JOSÉ GERARDO MENDOZA GUTIÉRREZ, ARTURO HERNÁNDEZ TORRES Y JORGE HUMBERTO BENÍTEZ PIMIENTA. PONENTE: RENATA GILIOLA SUÁREZ TÉLLEZ. SECRETARIA: ALBA CÓRDOVA TAPIA.
Guanajuato, Guanajuato. Acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, correspondiente al día veintiséis de abril de dos mil veintidós.
VISTOS para resolver los autos de la contradicción de tesis 5/2021, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Administrativa del Decimosexto (sic) Circuito; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de tesis.
Por escrito presentado el catorce de diciembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Decimosexto (sic) Circuito, ********** denunció la posible contradicción de criterios sustentados entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto (sic) Circuito, al resolver el amparo en revisión administrativo 107/2020 y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del mismo Circuito, al resolver el amparo en revisión administrativo 106/2020 (fojas 2 a 23).
El escrito materia de la denuncia, planteó lo siguiente:
"V. Conclusión.—Como puede advertirse, los Tribunales Colegiados en cita, partiendo de similares elementos jurídicos, es decir, el mismo artículo 48 de la Ley de Ingresos para el Municipio de León, Guanajuato, para el ejercicio fiscal 2020, procedieron a examinar el mismo problema jurídico, a saber, si el trato diferenciado para determinados contribuyentes y para otros no.—Siendo el caso que, en este tema, dichos tribunales arribaron a conclusiones divergentes, puesto que uno afirmó que no eran aplicables los principios de justicia tributaria; mientras que otro afirmaba, y así lo empleó, sí le eran aplicables dichos principios ..."
SEGUNDO.—Trámite.
Por acuerdo de quince de diciembre de dos mil veintiuno, el Magistrado presidente del Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito registró el expediente de contradicción de tesis con el número 5/2021, y en virtud de que la denunciante sostuvo tener el carácter de recurrente adhesivo en el amparo en revisión administrativo 106/2020, sin acreditarlo; a fin de determinar la legitimación de la promovente, solicitó al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto (sic), informara al Pleno de Circuito si ********** contaba con personalidad reconocida en el recurso de revisión de su índice.
En cumplimiento al requerimiento anterior, por oficio número 1241, la entonces Magistrada presidenta del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto (sic), informó que ********** contaba con la personalidad reconocida como quejosa y recurrente adhesiva en el amparo en revisión administrativo 106/2020, y remitió copia certificada de la citada ejecutoria, así como del acuerdo de admisión del recurso de revisión adhesivo en ese amparo.
Acatado el requerimiento, por auto de cuatro de enero de dos mil veintidós, el Magistrado presidente del Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito admitió a trámite la denuncia de posible contradicción de tesis y precisó que el tema del presente asunto es: "Determinar si el artículo 48 de la Ley de Ingresos para el Municipio de León, Guanajuato, para el ejercicio fiscal del año 2020, debe analizarse bajo la óptica de los principios de justicia tributaria, es decir, si viola los principios de equidad y de proporcionalidad tutelados por el numeral 31, fracción IV, de la Constitución Federal, al excluir a los inmuebles ubicados dentro de los límites urbanos y suburbanos señalados en el Plano de Valores de Terreno para esa municipalidad, respecto del beneficio fiscal correspondiente al factor del 0.80 sobre el monto de ese impuesto que les corresponda pagar, tratándose de predios rústicos, es decir, que se encuentran fuera de los límites señalados."
Asimismo, solicitó al Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Circuito, copia certificada de la ejecutoria relativa al amparo en revisión administrativo 107/2020 de su índice; de igual forma, requirió a ambos tribunales contendientes informaran si el criterio sustentado en sus resoluciones correspondientes se encontraba vigente, o en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado.
Mediante proveídos de siete y veinticuatro de enero de dos mil veintidós, el Magistrado presidente del Pleno tuvo por cumplido lo solicitado en el auto que antecede e informando que los criterios correspondientes se encuentran vigentes.
Por oficio DGCCST/X/41/02/2022, el director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento a lo dispuesto al artículo 6 del Acuerdo General 17/2019, relativo a las reglas para la elaboración, envío y publicación en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta, de las tesis que emiten la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Plenos de Circuito y los Tribunales Colegiados de Circuito, informó sobre la inexistencia de algún asunto con trascendencia sobre la materia de la presente contradicción de tesis.
Integrado el expediente, por auto de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, se ordenó turnar los autos a la Magistrada Renata Giliola Suárez Téllez, en términos de los artículos 41-Ter, fracción I, y 41-Quáter 1, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
Mediante oficio 05/2022, de diez de marzo de dos mil veintidós, la Magistrada ponente informó a este Pleno de Circuito, que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Decimosexto (sic) Circuito, por resolución emitida en el amparo en revisión administrativo 156/2021, en sesión de veintiuno de enero de dos mil veintidós, cambió el criterio asumido en el diverso amparo en revisión administrativo 106/2020, que contiende en la presente contradicción de tesis, y para demostrar tal extremo allegó copia certificada de dicha ejecutoria; asimismo, solicitó prórroga para presentar el proyecto respectivo.
Por acuerdo de la propia fecha, el Magistrado presidente del Pleno tuvo por recibida la anterior información y otorgó una prórroga por cinco días hábiles para la elaboración del proyecto correspondiente, con sustento en el artículo 28 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito es competente para resolver la presente contradicción de tesis, en términos de los numerales 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; y 41-Ter, fracción I, de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que contienden Tribunales Colegiados de este Decimosexto (sic) Circuito, especializados en dicha materia administrativa.
Se precisa que este asunto se resuelve de conformidad con el artículo 27, fracción III, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso 7/2022, con relación al periodo de vigencia; asimismo, 1, párrafo segundo, del Acuerdo General 16/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula las sesiones de los Tribunales Colegiados de Circuito y establece los lineamientos para su videograbación y difusión; y 27, fracción IV, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
SEGUNDO.—Legitimación.
La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud de que fue promovida por **********, quien tiene la calidad de recurrente adhesiva en el amparo en revisión administrativo 106/2020, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto (sic), órgano jurisdiccional contendiente en la presente contradicción de tesis.
TERCERO.—Consideraciones de los Tribunales Colegiados de Circuito.
I. Criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto (sic) Circuito, en el amparo en revisión administrativo 107/2020, resolvió lo siguiente:
"C. Beneficio fiscal (artículo 48).
"Al ocuparse del mérito constitucional de ese precepto, a la luz de la causa de pedir que subyace de los conceptos de violación de la quejosa, el Juez de Distrito concluyó que resulta violatorio de los principios tributarios de proporcionalidad y equidad.
"Para ello, en primer lugar, dejó sentado que el beneficio fiscal contemplado en el artículo 48 de la Ley de Ingresos para el Municipio de León, Guanajuato, para el ejercicio fiscal de dos mil veinte, aminora la carga tributaria del impuesto predial; aplicará como beneficio fiscal el factor del 0.80 sobre el monto del impuesto que les corresponda pagar para aquellos propietarios o poseedores de inmuebles ubicados fuera de los límites urbanos y suburbanos del Municipio de León, Guanajuato (rústicos), por lo que debía analizarse a la luz de los principios de justicia fiscal establecidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque su aplicación sí afecta directamente la cantidad que será cubierta por concepto del tributo; de manera que al trascender dicho beneficio fiscal directamente en la obligación sustantiva relativa al pago de la contribución, afirmó, los principios constitucionales en materia tributaria deben tener plena eficacia.
"Al respecto las autoridades legislativas arguyen que el beneficio fiscal contenido en el precepto aludido, no incide en la mecánica del impuesto, porque se aplica una vez que se determina el impuesto predial, de manera que, al no incorporarse a alguno de los elementos de la contribución, no le son aplicables los principios tributarios que consideró transgredidos el resolutorio –inciso b) de la reseña–.
"Asiste razón jurídica a las inconformes.
"El precepto impugnado establece lo siguiente:
"‘Artículo 48. A los contribuyentes del impuesto predial de inmuebles ubicados fuera de los límites urbanos y suburbanos señalados en el Plano de Valores de Terreno para el Municipio de León, Guanajuato, que establece el presente ordenamiento, se les aplicará como beneficio fiscal el factor del 0.80 sobre el monto del impuesto que les corresponda pagar.
"‘Este beneficio es de aplicación general, por lo que no requiere solicitud del particular.’
"De lo transcrito se advierte que la norma impugnada prevé un beneficio fiscal para los contribuyentes del impuesto predial de inmuebles ubicados fuera de los límites urbanos y suburbanos señalados en el Plano de Valores de Terreno para el Municipio de León, Guanajuato. El estímulo referido consiste en aminorar el monto del impuesto que les corresponda pagar, aplicándole el factor del 0.80.
"Como punto de partida para ponderar el apego constitucional de ese estímulo fiscal, debe atenderse a lo instituido por el Alto Tribunal en el sentido de que los estímulos fiscales deben respetar los principios de justicia fiscal que les sean aplicables, cuando incidan en los elementos esenciales de la contribución; por ello, en primer lugar, es necesario determinar cuál es la disposición constitucional a partir de la cual debe examinarse el estímulo reclamado.
"Al proceder en esos términos, se tiene que el Máximo Tribunal ha sostenido que los estímulos fiscales son prestaciones económicas concedidas a una persona, que puede hacer valer a su favor respecto de un tributo a su cargo, con el objeto de obtener a través de ese beneficio un fin parafiscal o extrafiscal; que los estímulos fiscales, a pesar de su denominación tributaria, no siempre quedan integrados a la estructura de la contribución, ya que el Estado puede sólo utilizarlos como instrumentos eficientes para alcanzar sus fines públicos, es decir, por facilidad operativa se incorporan al final de la mecánica de la contribución para disminuir la carga impositiva, siendo este último el beneficio económico que recibe el gobernado, aunque puede adoptarse cualquier otra forma, como la entrega directa del monto dinerario o que se disminuya el precio de la adquisición de un bien o servicio.
"No obstante, existen estímulos fiscales típicos que actúan junto a los elementos esenciales del tributo o se integran a su mecánica y que, por ende, son relevantes para graduar el monto económico que se disminuye al contribuyente; por tanto, la distinción entre ambos estímulos fiscales no radica en su relación con la carga tributaria que tienen que soportar los gobernados, en virtud de las contribuciones, porque esta situación se presenta en los dos supuestos, sino en la forma en que se incorpora al esquema del tributo.
"Si actúa a través de un elemento esencial o se adiciona a su mecánica, al no poderse separar, tiene relevancia impositiva porque se asocia a la valoración de la capacidad contributiva de los sujetos obligados, pero no acontece lo mismo si el estímulo fiscal opera desde afuera, es decir, sin relevancia impositiva, debido a que solamente sustrae una parte del impuesto que debe soportar el contribuyente.
"Con base en esa diferencia, ha razonado el Alto Tribunal, se puede analizar si a un estímulo fiscal le son aplicables los principios de justicia fiscal, como expresión particular de ciertos derechos, o bien, si debe sujetarse a éstas en una connotación más amplia, porque si el beneficio fiscal mide la capacidad económica del sujeto obligado o integra esta valoración, su estudio es idóneo a la luz de los principios de justicia fiscal, pues a partir de este hecho se puede vincular con la proporcionalidad y la equidad en el sentido de verificar si los recursos que aporta son producto de su capacidad contributiva o si a otros sujetos se les da un trato preferente en el pago respectivo.
"En cambio, si el estímulo no está inmerso en la medición del hecho imponible o en cualquier otro de los elementos, es lógico que no puede apegarse a los principios de justicia tributaria porque no se logrará su adecuado acoplamiento, si se pondera que este tipo de beneficios fiscales surgen con datos o elementos ajenos a la estructura de la contribución.
"Pues bien, contrariamente a lo considerado por el a quo, la normativa reclamada no transgrede los principios de proporcionalidad y equidad tributarias, contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al aminorar el pago del tributo sólo a los sujetos pasivos del impuesto predial cuyos inmuebles se encuentran ubicados fuera de los límites urbanos y suburbanos señalados en el Plano de Valores de Terreno para el Municipio de León, Guanajuato, sin incluir a los titulares de predios urbanos y suburbanos, que también se consideran contribuyentes para efectos del impuesto predial.
"Lo anterior porque, como lo afirma la autoridad legislativa en el escrito de agravios y se constata de la sola lectura del precepto tildado de inconstitucional, contiene un estímulo fiscal que no tiene relevancia impositiva en el impuesto predial, ya que no se asocia a alguno de los elementos esenciales de la contribución –objeto, base, tasa o tarifa y época de pago–, porque se materializa a través de una disminución en la cantidad resultante del cálculo del tributo, por ende, no se adhiere a sus elementos esenciales, ni integran su mecánica.
"Por tanto, el estudio de la norma secundaria no debe llevarse a cabo bajo la óptica de los principios de justicia tributaria establecidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Conclusión que encuentra asidero jurídico en las razones que informan la jurisprudencia 2a./J. 185/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, diciembre de 2010, página 497, de contenido:
"‘ESTÍMULO FISCAL. EL ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DEL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 16, APARTADO A, FRACCIONES I Y II, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2009, NO DEBE LLEVARSE A CABO BAJO LA ÓPTICA DE LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA TRIBUTARIA. Los estímulos fiscales son prestaciones económicas concedidas por el Estado a una persona o grupo de personas, con el objeto de apoyarlas o fomentar su desarrollo económico o social, ante una situación de desventaja o desigualdad; pero a pesar de su denominación no siempre quedan integrados a la estructura de un tributo; es decir, algunos carecen de relevancia impositiva, ya que atienden a factores que no guardan relación con su objeto o con los elementos cuantitativos, ni parecen razonables al diseño de la mecánica tributaria y como no miden o gradúan la capacidad contributiva de los sujetos obligados, pueden surgir en un ejercicio fiscal y desaparecer en otro, sin trascender a la contribución; en cambio, los estímulos tienen relevancia impositiva cuando forman parte de los elementos esenciales o se adicionan a la mecánica de los tributos, pues se entiende que con ellos se sigue valorando la capacidad contributiva aunque el Estado decida no recaudar una parte del monto que corresponde pagar al contribuyente. Esta diferencia material conlleva que a ciertos estímulos fiscales les sean aplicables los principios de justicia fiscal contenidos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a otros no, en tanto que si ese beneficio de algún modo refiere a la capacidad contributiva, la constitucionalidad debe estudiarse a la luz de dichos principios, ya que a partir de este hecho pueden vincularse con la proporcionalidad y la equidad impositivas. En ese tenor, si el estímulo fiscal establecido en el artículo 16, apartado A, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2009, materializado a través de un acreditamiento, se otorga a personas que realizan actividades empresariales, con excepción de la minería, que compren diésel como combustible de la maquinaria en general, salvo vehículos, es indudable que estos factores son ajenos al impuesto especial sobre producción y servicios –de donde surge el deber de pago– o al impuesto sobre la renta –con el cual se acredita–, en virtud de que no se adhieren a sus elementos esenciales como objeto, base, tasa o tarifa o integran su mecánica; de ahí que su estudio no debe llevarse a cabo bajo la óptica de los principios de justicia tributaria establecidos en el artículo 31, fracción IV, constitucional, sino de las garantías individuales.’
"No obstante lo anterior, lo dispuesto en la norma secundaria debe analizarse frente al principio de igualdad contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"En efecto, el análisis de los conceptos de violación que plantea la quejosa debe analizarse a la luz del principio de igualdad, previsto en el artículo 1o. de la Constitución Federal, con base en los propios motivos de disenso que destaca. "Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 97/2006 de la Primera Sala del Alto Tribunal visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, enero de 2007, página 231, que reza:
"‘EQUIDAD TRIBUTARIA. CUANDO SE RECLAMA LA EXISTENCIA DE UN TRATO DIFERENCIADO RESPECTO DE DISPOSICIONES LEGALES QUE NO CORRESPONDEN AL ÁMBITO ESPECÍFICO DE APLICACIÓN DE AQUEL PRINCIPIO, LOS ARGUMENTOS RELATIVOS DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LA GARANTÍA DE IGUALDAD. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé diferentes facetas de la igualdad y se refiere a ella tanto en un plano general como en el contexto de un ámbito material específico, sin establecer casos de excepción en su aplicación. Así, el artículo 31, fracción IV, constitucional proyecta las exigencias del principio de igualdad sobre el ámbito impositivo, es decir, la garantía de equidad tributaria es la manifestación del principio de igualdad en materia fiscal, por lo que no tiene menor o mayor valor que la igualdad garantizada en otros preceptos constitucionales. Por otra parte, debe tenerse presente que este Alto Tribunal ha delimitado el contenido de la garantía de equidad tributaria, precisando que ésta radica en la igualdad ante la misma ley tributaria de los sujetos pasivos de un mismo gravamen. En ese sentido, tratándose de disposiciones legales que no corresponden al ámbito específico de aplicación de la garantía de equidad tributaria –es decir, que no se refieren a contribuciones, exenciones o a la delimitación de obligaciones materialmente recaudatorias, así como en los casos de normas que tengan repercusión fiscal y sean emitidas por el Poder Ejecutivo– los argumentos que reclaman la existencia de un trato diferenciado o discriminatorio entre dos personas o grupos deben analizarse en el contexto más amplio, esto es, a la luz de la garantía de igualdad.’
"Establecido lo anterior, conviene tener en cuenta que el derecho fundamental de igualdad es un principio complejo, pues no sólo otorga a las personas el derecho de que serán iguales ante la ley, sino también en la ley, es decir, en relación con el contenido de ésta, la cual tendrá que ajustarse a las disposiciones constitucionales sobre igualdad para ser constitucional, por lo que, en algunas ocasiones, hacer distinciones estará vedado; mientras que en otras estará permitido o incluso constitucionalmente exigido.
"Así se advierte de la jurisprudencia 1a./J. 46/2016 (10a.) publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, septiembre de 2016, Tomo I, página 357, cuyo contenido es:
"‘IGUALDAD. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DE ESTE PRINCIPIO. El derecho fundamental a la igualdad instituido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no pretende generar una igualdad matemática y ciega ante las diferentes situaciones que surgen en la realidad, sino que se refiere a una igualdad de trato ante la ley. Si bien el emisor de la norma puede prever situaciones fácticas que requieren un trato diferente, éste debe sustentarse en criterios razonables y objetivos que lo justifiquen, sin dejarlo al capricho o voluntad del legislador. Además, la igualdad designa un concepto relacional y no una cualidad intrínseca, ya que es una relación que se da al menos entre dos personas, objetos o situaciones, y siempre es resultado de un juicio que recae sobre una pluralidad de «términos de comparación», los cuales, así como las características que los distinguen, dependen de la determinación por el sujeto que efectúa dicha comparación, según el punto de vista del escrutinio de igualdad. Así, la determinación del punto desde el cual se establece cuándo una diferencia es relevante será libre mas no arbitraria, y sólo a partir de ella tendrá sentido cualquier juicio de igualdad.’
"Acorde con ese criterio, es imprescindible determinar en cada caso respecto de qué se está predicando la igualdad o la desigualdad. Este referente es relevante al momento de realizar el control de constitucionalidad de leyes, porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite que en algunos ámbitos el legislador tenga más amplitud para desarrollar su labor normativa; mientras que en otros insta al Juez constitucional a ser especialmente exigente cuando deba determinar si el legislador ha respetado las exigencias derivadas del principio mencionado.
"Por tanto, existe la necesidad de distinguir la intensidad con la cual deben evaluarse las distinciones legislativas que se impugnen; ya que mientras que en algunas cuestiones las autoridades tienen un margen relativamente acotado para desplegar sus facultades legislativas –típicamente aquellas con un impacto central sobre el ejercicio de los derechos humanos– en otras tendrán facultades que podrán desplegar con gran amplitud –como suele ocurrir en materias relacionadas con la política económica y tributaria–.
"Individualizar la relación, materia o ámbito respecto del cual o sobre el cual se proyectan los reclamos de igualdad es, por tanto, necesario para determinar qué tan intenso o qué tan laxo debe ser el escrutinio que se debe realizar sobre la labor legislativa y debe ser el primer paso del análisis constitucional en materia de igualdad.
"Para ese efecto, se tiene en cuenta que, a fin de dilucidar las exigencias de igualdad en el caso de los estímulos fiscales, de acuerdo con las razones que informa la tesis aislada 1a. XCIV/2010 publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, julio de 2010, página 253, con el rubro: ‘ESTÍMULOS FISCALES. PROCEDE SU ANÁLISIS A LA LUZ DE LA GARANTÍA DE IGUALDAD, SIEMPRE QUE NO SE AFECTE EL MÉRITO POLÍTICO DE SU ADOPCIÓN, LA ELECCIÓN DE SUS DESTINATARIOS Y LA FINALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LO QUE PERSIGUEN.’, la metodología a seguir, consiste en determinar, en primer lugar, si la norma impugnada introduce una clasificación legislativa articulada alrededor de una de las categorías mencionadas en el artículo 1o. de la Constitución, como motivos prohibidos de discriminación, y en segundo lugar, si tiene una incidencia central sobre el ejercicio de un derecho fundamental constitucionalmente protegido; de no ser así, es deber de los Jueces de Control de constitucionalidad realizar el análisis bajo el criterio del escrutinio flexible, ampliamente deferente con el legislador.
"En el caso, como ya se dijo, el artículo 48 de la Ley de Ingresos para el Municipio de León, Guanajuato, otorga un estímulo fiscal para los contribuyentes del impuesto predial de inmuebles ubicados fuera de los límites urbanos y suburbanos señalados en el Plano de Valores de Terreno para el Municipio de León, Guanajuato, y consiste en aminorar el monto del impuesto que les corresponda pagar, aplicándole el factor del 0.80.
"Como puede observarse, los destinatarios del beneficio fiscal están identificados en referencia a la localización del bien inmueble que detentan; por lo que es claro que la norma en cuestión no clasifica a las personas por criterios relacionados con el origen étnico o nacional, el género, la edad, el hecho de tener capacidades diferentes, la religión, el estado civil, ni cualquier otra que permita identificar a una categoría de personas que compartan o hayan históricamente compartido, en una serie de contextos relevantes, una condición de exclusión o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, sin que pueda decirse tampoco que la norma se articula en torno a un elemento que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
"Además, el precepto en estudio no incide sobre el ejercicio de un derecho fundamental constitucionalmente protegido, ya que los contribuyentes no tienen un derecho fundamental a recibir beneficios fiscales, habida cuenta que, atento al principio de generalidad que subyace de la fracción IV del artículo 31 de la Constitución, todos los sujetos con capacidad tributaria están obligados a contribuir al sostenimiento del gasto público, lo que implica la proscripción de exenciones, no razonables a los contribuyentes dotados de capacidad contributiva.
"Por lo anterior, en este caso, la acción del legislador debe ser sometida al más flexible de los escrutinios, lo que de conformidad con los lineamientos que proporciona la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de la que derivó la tesis aislada supracitada, implica considerar que bastará que el legislador justifique porqué otorgó el beneficio fiscal para determinados casos, sin que pueda obligársele a precisar las razones por las que no lo hizo en los restantes.
"Es bajo esta perspectiva que deben analizarse las constancias del proceso legislativo que llevó a la aprobación de la norma impugnada, para revisar qué razones adujo el legislador para establecer el régimen normativo que la quejosa considera que infringe el principio de igualdad; lo cual permitirá evaluar qué finalidad general persigue el trato legal en cuestión, pero sin que sea necesario que el legislador aporte razones que expliquen porqué los demás contribuyentes del tributo están excluidos del mismo.
"En ese orden de ideas, en relación con el artículo 48, las consideraciones expresadas en la iniciativa de la Ley de Ingresos para el Municipio de León, Guanajuato, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, en la que se establece el estímulo referido, son del tenor siguiente:
"‘Se propone ajustar el beneficio fiscal a los contribuyentes del impuesto predial de inmuebles ubicados fuera de los límites urbanos y suburbanos señalados en el Plano de Valores de Terreno para el Municipio de León, Guanajuato, estableciendo un beneficio del 80% sobre el impuesto que les corresponda pagar. En relación a este beneficio fiscal otorgado a los contribuyentes, éste será mayor al otorgado al año 2019, adem
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30693-9399ded2/impuesto-predial-al-articulo-48-de-la-ley · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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