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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON LA SEGUNDA HIPÓTESIS DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO Y POR EL CONSEJERO JURÍDICO, EN REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO LOCAL, RELATIVA A LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE CONTROVIERTAN SU ACTUAR POR VICIOS PROPIOS RESPECTO DE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO, AL HABER PARTICIPADO EN EL PROCESO DE SU CREACIÓN (ARTÍCULOS 3 DEL DECRETO CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES Y 2 DEL DECRETO MIL QUINCE, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL DIECISÉIS DE JUNIO Y TREINTA Y UNO DE MARZO, AMBOS DE DOS MIL VEINTIUNO, RESPECTIVAMENTE). IV. DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. V. AUTONOMÍA DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. CONSTITUYE UNA CONDICIÓN PARA QUE EJERZAN SUS FUNCIONES CON PLENA INDEPENDENCIA. VI. PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. VII. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO [INVALIDEZ PARCIAL DE LOS DECRETOS NÚMEROS CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES Y MIL QUINCE, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL DIECISÉIS DE JUNIO Y TREINTA Y UNO DE MARZO, AMBOS DE DOS MIL VEINTIUNO, RESPECTIVAMENTE, EL PRIMERO ÚNICAMENTE EN LA PARTE DEL ARTÍCULO 3 EN DONDE SE INDICA: "...A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A AQUEL EN QUE EL TRABAJADOR SE SEPARE DE SUS LABORES Y SERÁ CUBIERTA POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, DEPENDENCIA QUE DEBERÁ REALIZAR EL PAGO DE FORMA MENSUAL, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2019, Y LAS PARTIDAS RESPECTIVAS DE LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES." Y EL SEGUNDO ÚNICAMENTE EN LA PARTE DEL ARTÍCULO 2 EN DONDE SE INDICA: "... A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DEL FALLECIMIENTO DE LA PENSIONADA, POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, DEPENDENCIA QUE DEBERÁ REALIZAR EL PAGO EN FORMA MENSUAL, CON CARGO A LA PARTIDA DESTINADA PARA PENSIONES, SEGÚN LO ESTABLECEN LOS NUMERALES 55, 57, 64 Y 65, FRACCIÓN II, INCISO C) Y PÁRRAFO SEGUNDO, INCISO C), DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS."] VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA SENTENCIA DE INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DEL PODER JUDICIAL LOCAL, NO PUEDE CAUSAR AFECTACIÓN ALGUNA A LOS DERECHOS QUE YA SE HABÍAN OTORGADO AL TRABAJADOR PENSIONADO Y QUE NO FUERON MATERIA DE LA INVALIDEZ DECRETADA [INVALIDEZ PARCIAL DE LOS DECRETOS NÚMEROS CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES Y MIL QUINCE, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL DIECISÉIS DE JUNIO Y TREINTA Y UNO DE MARZO, AMBOS DE DOS MIL VEINTIUNO, RESPECTIVAMENTE, EL PRIMERO ÚNICAMENTE EN LA PARTE DEL ARTÍCULO 3 EN DONDE SE INDICA: "... A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A AQUEL EN QUE EL TRABAJADOR SE SEPARE DE SUS LABORES Y SERÁ CUBIERTA POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, DEPENDENCIA QUE DEBERÁ REALIZAR EL PAGO DE FORMA MENSUAL, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2019, Y LAS PARTIDAS RESPECTIVAS DE LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES." Y EL SEGUNDO ÚNICAMENTE EN LA PARTE DEL ARTÍCULO 2 EN DONDE SE INDICA: "... A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL FALLECIMIENTO DE LA PENSIONADA, POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, DEPENDENCIA QUE DEBERÁ REALIZAR EL PAGO EN FORMA MENSUAL, CON CARGO A LA PARTIDA DESTINADA PARA PENSIONES, SEGÚN LO ESTABLECEN LOS NUMERALES 55, 57, 64 Y 65, FRACCIÓN II, INCISO C) Y PÁRRAFO SEGUNDO, INCISO C), DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS."] IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ PARCIAL QUE VINCULA AL CONGRESO LOCAL PARA QUE ESTABLEZCA SI SERÁ EL PROPIO CONGR

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 87/2021. · Registro digital (IUS): 30715
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-06-17
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Junio de 2022, Tomo V, Pág.4741.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 87/2021. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 6 DE ABRIL DE 2022. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIO: OMAR CRUZ CAMACHO.

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al día seis de abril de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 87/2021, promovida el cinco de julio de dos mil veintiuno por el Poder Judicial del Estado de Morelos en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como del secretario de Gobierno todos de la misma entidad federativa, demandando la invalidez del siguiente acto:

"Se reclama la invalidez por sí y por vicios propios de los artículos 2o., 3o. y 4o. del Decreto Número Cuatrocientos Noventa y Tres, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ 5954, de fecha de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, a través del cual el Poder Legislativo de Morelos, determinó, primero abrogar el Decreto Número Veintidós, aprobado en sesión ordinaria de Pleno de fecha diecisiete de octubre de dos mil dieciocho publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, Número 5670, el veintitrés de enero de dos mil diecinueve, por el que concede pensión por jubilación al C. Víctor Adolfo García Martínez, dejándolo sin efecto legal alguno; y segundo otorga pensión por jubilación a C. Víctor Adolfo García Martínez, con cargo al presupuesto del Poder Judicial de Estado de Morelos, sin transferir efectivamente los recursos necesarios para cumplir con la carga económica que implica el decreto jubilatorio."

ANTECEDENTES

1. Para lo que al caso interesa, finalmente el Congreso del Estado de Morelos emitió el Decreto 493 impugnado, publicado en el Periódico Oficial de la entidad federativa el dieciséis de junio de dos mil veintiuno, en el que abrogó el diverso Decreto 22,(1) aprobado el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho; y otorgó una pensión por jubilación a Víctor Adolfo García Martínez, con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, sin transferir los recursos necesarios para cumplir con la carga económica que implica ese decreto jubilatorio.

2. Concepto de invalidez único. El Poder Judicial del Estado de Morelos señala en su concepto de invalidez lo siguiente:

• El Decreto 493 impugnado invade la autonomía del Poder Judicial en la gestión presupuestal, porque el Poder Legislativo determinó de manera unilateral, primero abrogar el Decreto 22 en el que otorgó una pensión por jubilación a razón del 50% del salario que se venía percibiendo y, en segundo lugar, conceder una pensión por jubilación a razón del 60% con cargo al presupuesto del Poder Judicial actor.

• El Poder actor considera que el Poder demandado lesiona su independencia en el grado más grave que es la subordinación y, en consecuencia, su autonomía en la gestión presupuestal, pues mediante el artículo 3o. del Decreto impugnado se dispuso de sus recursos financieros. Ello, también al aumentar en un 10% la pensión por jubilación que de por sí ya lesionaba sus finanzas.

• El Poder actor señala que tiene la facultad de disponer de sus propios recursos y; sin embargo, no tuvo intervención en la emisión del decreto impugnado. Además, de que no se determinó una partida presupuestal específica del presupuesto para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno con la que deba de cubrirlo.

• Agrega que la afectación a su presupuesto es mayor, porque el Poder Legislativo impuso la obligación de pagar la pensión por jubilación a partir del día siguiente a la separación de sus labores, disponiendo del presupuesto para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve a sabiendas de que éste ya feneció. Por tanto, esa carga afectará de manera exponencial al Presupuesto del Ejercicio Fiscal de dos mil veintiuno y los subsecuentes. En el anteproyecto del presupuesto contempló una partida especial para los posibles decretos que se llegaran autorizar. Sin embargo, el demandado no autorizó más que la cantidad de $75''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''000,000.00, (setenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.), misma que es insuficiente para los decretos ya existentes. En consecuencia, considera que se vulnera el artículo 116 de la Constitución Federal, ya que el Poder Legislativo pretende someter a sus decisiones al Poder Judicial actor.

• El Poder actor reconoce que los trabajadores burocráticos tienen derecho a una pensión por jubilación, siempre que se encuentren asignadas en un decreto legislativo, un contrato colectivo o por las condiciones generales de trabajo, conforme al artículo 123 de la Constitución Federal. No obstante, expresa que en el caso no se asignó una partida presupuestal específica para el pago de este derecho, por lo que tiene un impedimento legal y constitucional para realizarlo. Específicamente, señala que el artículo 131 de la Constitución Local impide realizar pagos que no estén comprendidos en el presupuesto respectivo.

• En suma, el Poder actor reitera que el decreto impugnado vulnera en su perjuicio los mandatos constitucionales referidos, porque en el decreto no se establece con cargo a qué partida presupuestal se debe sufragar la pensión y sobre todo porque no se transfirieron los recursos necesarios para cubrirla desde el día siguiente del fallecimiento de la pensionada.

• Asimismo, señala que la atribución del Congreso Local de emitir decretos jubilatorios a favor de los trabajadores de otros Poderes se aparta del principio de autonomía de la gestión presupuestal. En específico, el Poder actor no se explica por qué si los trabajadores mantuvieron una relación de trabajo con dicho Poder, entonces le corresponde a una autoridad ajena como al Congreso Local evaluar el cumplimiento de los requisitos para otorgar las pensiones.

• Al respecto, el Poder actor cita en apoyo la tesis P./J. 101/2000, de rubro: "PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. MARCO JURÍDICO DE GARANTÍAS ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."

• Añade que el pasado quince de diciembre de dos mil veinte, el Congreso Local aprobó el Decreto 1105, que contiene el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, asignando al Poder Judicial actor una cantidad que no corresponde al 4.7% del gasto programable y, sobre todo, sin contemplar un pago específico para cubrir la pensión contenida en el Decreto 493 combatido, lo que es contrario a lo estipulado en la Constitución Local.

• Que con ello se pasó por alto que el Poder actor estableció en su anteproyecto de presupuesto una cantidad específica para el rubro de los pagos de los decretos pensionarios; no obstante, la cantidad asignada en el Decreto 1105 no representa ni la mitad de lo que se requiere para pagar los decretos existentes ni los incrementos de los salarios de las pensiones.

3. Artículos constitucionales violados. El Poder Judicial del Estado de Morelos señaló como violados en su perjuicio los artículos 14, 16, 17, 116, en sus fracciones II y III; 123, en su apartado B, 126, 127 y 134 de la Constitución Federal.

TRÁMITE

4. Admisión y trámite. Mediante Acuerdo de nueve de julio de dos mil veintiuno, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, y lo turnó al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, para que fungiera como instructor del procedimiento.

5. Mediante acuerdo de diecisiete de septiembre siguiente, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda y ordenó dar vista a los Poderes Ejecutivo y Legislativo y al secretario de Gobierno del Estado de Morelos, para que rindieran su informe, así como a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo correspondiente.

6. Contestación del Poder Ejecutivo. El consejero jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos rindió su contestación de demanda, donde en síntesis señaló lo siguiente:

a) En relación con el hecho de que no se haya respetado su anteproyecto, es el Poder Legislativo el que ha autorizado única y exclusivamente un porcentaje mínimo para el rubro de pensiones. Por tanto, el hecho de que en los ejercicios fiscales su presupuesto se haya mantenido intocado para atender el pago de los decretos de pensiones existentes, no es un acto imputable al Poder Ejecutivo. Lo anterior, porque en las iniciativas de proyecto de Presupuesto de Egresos ha recogido debidamente los anteproyectos del Poder Judicial.

b) El actor se abstiene de formular conceptos de invalidez en los que se combata por vicios propios la promulgación y publicación del referido decreto, por lo que es falso que viole disposiciones constitucionales, siendo que aquéllos se encuentran apegados al orden constitucional.

c) Señala que adicionalmente a los 75''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''000,000.00 (setenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.), mediante oficios SH/0734/2021 y SH/1173/2021 de once de junio y veinte de septiembre ambos de dos mil veintiuno, se autorizaron en favor del Poder Judicial dos ampliaciones presupuestales. Una de $20''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''000,000.00 (veinte millones de pesos 00/100 M.N.) y otra de 10''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 M.N.) para ser destinados al pago de jubilaciones. En ese sentido, señala que se ha ministrado a favor del Poder actor la cantidad de $105''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''000,000.00 (ciento cinco millones de pesos 00/100 M.N.) por concepto de pago de pensiones y jubilaciones.

Por lo que el Poder actor se encuentra en condiciones de cubrir a cabalidad con los decretos de pensión sin encontrarse supeditado a los recursos que le sean aprobados por los Poderes demandados, toda vez que anualmente cuenta con la certeza de un presupuesto fijo seguido de su capacidad de reingeniería financiera para cumplir con sus obligaciones.

d) Agrega que es notoriamente improcedente e infundada la controversia, ya que dichos actos en modo alguno invaden el ámbito de facultades constitucionales del Poder actor.

e) El Poder Ejecutivo Local no es patrón solidario o sustituto frente a las obligaciones que tiene el Poder actor. En todo caso corresponde al actor adecuar las partidas que integran su presupuesto en la medida de que no existe una ilimitada suficiencia económica.

f) Considera que el Poder Judicial actor tiene la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto autorizado, conforme a la tesis P./J. 5/2011.(2)

7. Contestación del secretario de Gobierno. El secretario de Gobierno rindió la contestación, en la que, esencialmente, señaló lo siguiente:

a) El Poder Judicial se abstuvo de formular conceptos de invalidez por vicios propios respecto a la publicación del decreto atribuido al secretario de Gobierno. Sin embargo, se encuentra cumpliendo el requisito formal de comparecer como autoridad demandada para la adecuada tramitación y resolución de la controversia.

b) Cuenta con la facultad de promulgar y publicar las leyes y decretos del Congreso Local, así como hacerlas cumplir. Por tanto, sostiene la constitucionalidad de los actos que son exclusivamente de su competencia.

c) Respecto al acto de publicación del decreto, que es el único acto que le resulta atribuible, no incurrió en alguna violación pues estuvo apegado al orden constitucional y legal.

d) Añade que es improcedente e infundada la controversia constitucional en virtud de que no se invaden facultades constitucionales del Poder actor, ya que el secretario de Gobierno se encuentra apegado a las facultades legales que le han sido conferidas.

8. Contestación del Poder Legislativo. El presidente de la Mesa Directiva rindió la contestación de demanda en representación del Congreso del Estado de Morelos, en el que, esencialmente, señaló lo siguiente:

a) El presupuesto de dos mil trece a dos mil dieciséis sí ha variado, ya que el presupuesto para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno sí se le otorgó el suficiente para cumplir con sus obligaciones.

b) Es improcedente la controversia constitucional, pues el acto que impugna no afecta el ámbito de atribuciones del Poder Judicial, por lo que carece de interés legítimo. No se pretende ejercer de manera directa los recursos del Poder Judicial, pues de conformidad con los artículos 123, apartado B, de la Constitución Federal, 40, fracción XX, de la Constitución Local y los artículos 54, fracción VII, 56 al 68 de la Ley de Servicio Civil del Estado de Morelos, cuenta con facultades constitucionales y legales para expedir los decretos de pensiones y jubilaciones.

c) Los trabajadores del Estado tienen derecho a las pensiones por jubilación, cesantía en edad avanzada, invalidez o muerte, mismas que se otorgan por los Poderes del Estado y respecto de las cuales los trabajadores tienen la obligación de enterar a la institución respectiva las aportaciones fijadas en la ley. Por tanto, a la Legislatura le corresponde otorgar los decretos de pensión en favor de los trabajadores que prestaron sus servicios en el Estado, incluyendo a los trabajadores del Poder Judicial, luego de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley.

d) Por otra parte, considera que son infundadas e inoperantes las afirmaciones del actor, porque en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, en el artículo décimo octavo consta que se asignaron $549''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''034,000.00 (quinientos cuarenta y nueve millones treinta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.) a favor del Tribunal Superior de Justicia, de los cuales $75''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''000,000.00 (setenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.) son para el pago de las pensiones, tal como se aprecia en el anexo 2 que se transcribe:

Ver anexo 2

Subraya que la cantidad autorizada se integra por los recursos necesarios para todas las obligaciones, sean financieras, laborales y de seguridad social, así como las que se derivan de las pensiones y jubilaciones, controversias constitucionales, amparos, cambios organizacionales, construcción y operación de infraestructura, capacitación de recursos humanos y demás obligaciones.

Por tanto, considera que el Poder actor cuenta con los recursos suficientes para realizar el pago de la pensión. Argumenta que la antigua presidenta del Tribunal Superior de Justicia remitió oficios en el año de dos mil dieciocho y dos mil diecinueve para solicitar un monto total de $39''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''659,073.44 (treinta y nueve millones seiscientos cincuenta y nueve mil setenta y tres pesos 44/100 M.N.) para el pago de las pensiones en el año de dos mil diecinueve. Así, y tomando en cuenta los aumentos salariales y todas las obligaciones que debiera cumplir el actor, en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de dos mil veinte se le asignaron $70''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''000,000.00 (setenta millones de pesos 00/100 M.N.). Aclara que, con ello, existe un excedente de $30''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''340,926.56 (treinta millones trescientos cuarenta mil novecientos veintiséis pesos 56/100 M.N.), lo que se estima bastante y suficiente para que el tribunal cumpla con el pago de la pensión.

e) En ese sentido, estima que no se violentaron los principios de autonomía entre los Poderes y en la gestión de los recursos consagrados en la Constitución Federal, porque mediante la aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de dos mil veinte se otorgaron los recursos suficientes para el pago de las pensiones.

f) Finaliza reiterando que el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte se publicó en el medio oficial local el Decreto 1105, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, en el que se asignó al Poder Judicial actor una cantidad de $549''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''034,000.00 (quinientos cuarenta y nueve millones treinta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.), de los cuales $75''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''000,000.00 (setenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.) son para el pago de las pensiones, jubilaciones, controversias constitucionales y amparos.

9. Opinión del fiscal general de la República y del consejero jurídico del Gobierno Federal. El fiscal general de la República y el consejero jurídico del Gobierno Federal no emitieron opinión alguna.

10. Audiencia. Sustanciado el procedimiento, el veinticinco de febrero de dos mil veintidós se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

11. Radicación. Previo dictamen del Ministro instructor el asunto quedó radicado en la Primera Sala.

I. COMPETENCIA

12. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(3) 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(4) en relación con lo dispuesto en los puntos segundo, fracción I y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno,(5) pues el Poder Judicial del Estado de Morelos no impugna una norma de carácter general, por lo que resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

II. PRECISIÓN DE LA LITIS

13. Es requisito indispensable fijar de manera breve y precisa las normas generales o actos que sean objeto de la controversia, conforme a lo dispuesto en el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(6)

14. Al respecto, esta Primera Sala advierte que en su escrito de demanda el Poder Judicial actor señala como "Norma general o acto cuya invalidez se reclame ..." lo siguiente:

"Se reclama la invalidez por sí y por vicios propios de los artículos 2o., 3o. y 4o. del Decreto Número Cuatrocientos Noventa y Tres, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ 5954, de fecha de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, a través del cual el Poder Legislativo de Morelos, determinó, primero abrogar el Decreto Número Veintidós, aprobado en sesión ordinaria de Pleno de fecha diecisiete de octubre de dos mil dieciocho publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, Número 5670, el veintitrés de enero de dos mil diecinueve, por el que concede pensión por jubilación al C. Víctor Adolfo García Martínez, dejándolo sin efecto legal alguno; y segundo otorga pensión por jubilación a C. Víctor Adolfo García Martínez, con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, sin transferir efectivamente los recurso necesarios para cumplir con la carga económica que implica el decreto jubilatorio."

15. De lo transcrito se aprecia que el Poder actor combate la invalidez de los artículos 2o., 3o. y 4o. del Decreto 493, en tanto contienen una pensión por jubilación otorgada por el Congreso Local con cargo al presupuesto del Poder Judicial, sin que se le hayan transferido los recursos necesarios para cubrirla.

16. Asimismo, de una lectura integral de la demanda se observa que el actor también impugna que en el mismo decreto no se especificó una partida del Presupuesto de Egresos Local para el año dos mil veintiuno con la cual pudiera realizar el pago de la pensión por jubilación y se le impuso la obligación de pagarla a partir del día siguiente a aquel en que el trabajador se separó de sus labores, disponiendo así de un presupuesto agotado. 17. En ese contexto, de la lectura del Decreto 493 se aprecia que la materia de la litis se encuentra únicamente en la porción normativa del artículo 3o., como se observa a continuación:

"Decreto Número Cuatrocientos Noventa y Tres

"Que abroga el diverso número veintidós, aprobado en sesión ordinaria de fecha diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y libertad’, No. 5670, el veintitrés de enero del dos mil diecinueve, y emite decreto mediante el cual se otorga pensión por jubilación, al C. Víctor Adolfo García Martínez.

"Artículo 1o. Se abroga el Decreto Número Veintidós, aprobado en sesión ordinaria del Pleno de fecha diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ Número 5670, el veintitrés de enero de dos mil diecinueve, por el que se otorga pensión por jubilación al C. Víctor Adolfo García Martínez, dejándolo sin efecto legal alguno.

"Artículo 2o. Se concede pensión por jubilación al C. Víctor Adolfo García Martínez, quien ha prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Oficial judicial ‘A’, adscrito al Juzgado Noveno en Materia Civil y Mercantil del Primer Distrito Judicial.

"Artículo 3o. La pensión decretada deberá cubrirse al 60% del último salario del solicitante, a partir del día siguiente a aquel en que el trabajador se separe de sus labores y será cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos, dependencia que deberá realizar el pago de forma mensual, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 2019, y las partidas respectivas de los ejercicios subsecuentes.

"Artículo 4o. El monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general vigente, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley.

"Artículos transitorios

"Primero. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’.

"Segundo. Remítase el presente decreto al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos que indican los artículos 44 y 70, fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

"Tercero. Notifíquese al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos el contenido del presente decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento a la sentencia pronunciada en el juicio de garantías número 324/2019, promovido por el C. Víctor Adolfo García Martínez."

18. En consecuencia, esta Primera Sala considera como acto impugnado la porción normativa del artículo 3o. del Decreto 493, donde: (i) el Congreso del Estado de Morelos otorgó una pensión por jubilación con cargo al presupuesto del Poder Judicial; (ii) imponiendo la obligación de pagarla a partir del día siguiente a aquel en que el trabajador se separó de sus labores; (iii) sin señalar una partida específica del presupuesto local para el dos mil veintiuno con la cual cumplirla; y, (iv) sin haberle transferido los recursos necesarios para cubrirla.

19. Ahora bien, en su escrito de demanda, el Poder Judicial alude de manera reiterada al Presupuesto de Egresos Local para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno; no obstante, esto no implica que lo señale como norma general o acto impugnado. En efecto, el actor afirma en su concepto de invalidez que se refiere a dicho presupuesto porque no contempla un "pago específico y especial para cubrir la pensión [por jubilación] del decreto que por esta vía se combate",(7) por lo que se concluye que no pretende combatir el presupuesto propiamente.

20. De manera similar, al resolver, entre otras, la controversia constitucional 62/2021,(8) esta Sala sostuvo que las referencias al Presupuesto de Egresos son sólo parte de la compleja argumentación para demostrar la invalidez del decreto pensionario impugnado.

21. En todo caso, aun suponiendo que el actor impugnara el presupuesto en esta controversia, lo conducente sería sobreseerla por extemporánea, porque entre la publicación del Decreto 1105, que contiene el presupuesto referido (es un hecho notorio(9) que se publicó el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte) y su posible impugnación en esta vía (el cinco de julio de dos mil veintiuno) transcurrieron más de seis meses, excediendo el plazo legal de treinta días para promover la demanda.

22. Finalmente, es un hecho notorio(10) que el doce de febrero de dos mil veintiuno, el aquí Poder actor promovió una controversia constitucional, registrada con el número 15/2021, en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del mismo Estado, demandando la invalidez del presupuesto referido; dicha controversia fue resuelta por la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia en la sesión de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno.(11)

III. OPORTUNIDAD

23. El plazo para promover una controversia constitucional en el caso de los actos es de treinta días contados a partir del día siguiente en que se haya tenido conocimiento de este. El fundamento se encuentra en el artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(12)

24. En este caso, la demanda se promovió de manera oportuna, porque el Decreto 493 impugnado se trata de un acto legislativo que fue publicado el dieciséis de junio de dos mil veintiuno en el medio oficial local. Por ello, el plazo legal para su impugnación transcurrió del diecisiete de junio al doce de agosto de dos mil veintiuno.(13) Así, dado que la demanda se presentó el cinco de julio del mismo año en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se tiene entonces que su presentación es oportuna.

IV. LEGITIMACIÓN

25. Legitimación activa. El carácter de parte actora lo tiene el Poder que promueve la controversia constitucional, quien deberá comparecer al juicio por conducto de los funcionarios legalmente facultados para representarla. El fundamento se encuentra en los artículos 10, fracción I y 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia.(14)

26. En este caso, Rubén Jasso Díaz promovió la demanda en su carácter de Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, calidad que acreditó con una copia certificada de la sesión extraordinaria de cinco de mayo de dos mil veinte del Pleno de dicho tribunal mediante la que fue designado para el cargo.

27. Dado que el ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Pleno del Tribunal Superior, y que el Magistrado presidente tiene la atribución de representar al tribunal, se concluye entonces que este funcionario está facultado para promover el presente medio de control en representación del Poder Judicial.(15)

28. En consecuencia, queda satisfecho el presupuesto procesal de la legitimación activa, porque la presente controversia fue promovida por un Poder legitimado y mediante su debido representante.

29. Legitimación pasiva. El carácter de partes demandadas lo tienen los Poderes u órganos que hayan pronunciado el acto objeto de la controversia, quienes deberán comparecer al juicio por conducto de los funcionarios legalmente facultados para representarlas. El fundamento se encuentra en los artículos 10, fracción II y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(16)

30. En este caso, desde el acuerdo de admisión de la demanda el Ministro instructor le reconoció el carácter de partes demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo y al secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos, porque se les atribuye, respectivamente, la emisión, publicación y refrendo del Decreto 493 impugnado.

31. En lo específico, Samuel Sotelo Salgado compareció al juicio en su carácter de consejero jurídico del Poder Ejecutivo del Estado, quien acreditó su calidad con la copia certificada de su nombramiento expedida el primero de octubre de dos mil dieciocho y quien cuenta con la facultad de representación legal conforme al artículo 36, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.(17)

32. En el caso del Poder Legislativo compareció Francisco Erik Sánchez Zavala en su carácter de presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, calidad que acreditó con una copia certificada de la sesión ordinaria del Congreso del Estado de veintinueve de agosto de dos mil veintiuno, conforme al artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos.(18)

33. Finalmente, por el secretario de Gobierno compareció Pablo Héctor Ojeda Cárdenas, quien acreditó su calidad con la copia certificada de su nombramiento expedida el primero de octubre de dos mil dieciocho y quien cuenta con legitimación pasiva en la presente controversia en tanto refrendó el decreto impugnado.(19)

34. En consecuencia, queda satisfecho el presupuesto procesal de la legitimación pasiva, pues acuden como partes demandadas a la presente controversia un órgano y dos Poderes del Estado de Morelos mediante sus debid

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30715-6fd84300/i-controversia-constitucional-el-presidente-del-tribunal-superior · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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