DIVORCIO INCAUSADO. CUANDO EN LA SENTENCIA CONCLUSIVA SE DIRIMEN DIVERSAS CUESTIONES INHERENTES A LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL, APELABLES POR SÍ, Y ADEMÁS INCLUYA LA CONDENA AL PAGO DE ALIMENTOS QUE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 372 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, NO ADMITE RECURSO ALGUNO, ES POSIBLE DIVIDIR LA CONTINENCIA DE LA CAUSA PARA SU IMPUGNACIÓN A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMERO, EL SEGUNDO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 24 DE MAYO DE 2022. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS PATRICIA MÚJICA LÓPEZ, SILVERIO RODRÍGUEZ CARRILLO Y DOCTOR ROBERTO LARA HERNÁNDEZ. DISIDENTE: DAVID PÉREZ CHÁVEZ (PRESIDENTE), QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: DAVID PÉREZ CHÁVEZ. SECRETARIO: ABRAHAM RODRÍGUEZ TREJO
Aguascalientes, Aguascalientes. Resolución del Pleno del Trigésimo Circuito, dictada en la sesión ordinaria virtual correspondiente al veinticuatro de mayo de dos mil veintidós.
VISTOS para resolver la denuncia de contradicción de tesis 4/2021; y,
RESULTANDO
I. DENUNCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE TESIS.
1. Mediante oficio presentado el trece de julio de dos mil veintiuno en la Oficialía de Partes Común en Aguascalientes del Poder Judicial de la Federación, recibido el quince siguiente en el Pleno del Trigésimo Circuito, la Magistrada Patricia Mújica López, presidenta del Segundo Tribunal Colegiado de este Circuito, informó que el Pleno de dicho órgano jurisdiccional, al resolver el amparo directo civil 361/2020, emitió un criterio que probablemente sea contradictorio a lo sostenido en el amparo directo civil 777/2018 del Primer Tribunal Colegiado y el amparo directo civil 267/2020 del Tercer Tribunal Colegiado, ambos del propio Trigésimo Circuito.
II. TRÁMITE DE LA DENUNCIA DE
CONTRADICCIÓN DE TESIS.
2. Por auto de dos de agosto de dos mil veintiuno, el presidente del Pleno del Trigésimo Circuito ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente contradicción de tesis con el número 4/2021, la cual admitió a trámite; ordenó dar aviso de ello a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme al artículo 6, fracción VI, del Acuerdo General Número 17/2019, de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, del Pleno del Alto Tribunal; y solicitó a los presidentes de los Tribunales Colegiados Primero y Tercero de este Circuito que informaran si el criterio en el asunto materia de la denuncia de contradicción de tesis se encontraba o no vigente, o bien, de ser el caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado.
3. En proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, la presidencia del Pleno de Circuito tuvo al Tercer Tribunal Colegiado de este Circuito informando lo relativo a la prevalencia del criterio sustentado en el amparo directo civil 267/2020; asimismo, se tuvo por recibido el oficio DGCCST/X/273/08/2021 del director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual se informó que en el sistema de seguimiento de contradicción de tesis pendientes de resolver de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se encuentra radicada contradicción de tesis alguna en los temas a dilucidarse.
4. Mediante auto de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, el presidente de este Pleno de Circuito tuvo al Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito haciendo del conocimiento que el criterio sostenido en el amparo directo civil 777/2018 seguía vigente; y en virtud de que ya se encontraba debidamente integrado el toca de la presente denuncia de contradicción de tesis, se turnó la misma a la ponencia del Magistrado Alejandro López Bravo para la formulación del proyecto de resolución correspondiente, dentro de los quince días hábiles siguientes a que se refiere el artículo 28 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
5. Toda vez que no fue aprobada la propuesta de resolución de la contradicción de tesis que presentó el Magistrado Alejandro López Bravo, por Acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno se le returnó el asunto con el propósito de que volviera a realizar un nuevo proyecto de estudio.
6. Por auto de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, el Magistrado presidente del Pleno del Trigésimo Circuito se reservó de convocar a sesión ordinaria para fallar el asunto, toda vez que no alcanzaron a concluir los plazos necesarios para ello ante lo próximo que se encontraba el cambio de integración del Pleno.
7. Una vez realizado el cambio de integración del Pleno del Trigésimo Circuito, en proveído de veintiuno de enero de dos mil veintidós el Magistrado presidente returnó el asunto a la ponencia a su cargo, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
8. En la primera audiencia ordinaria de veintidós de marzo de dos mil veintidós, el Pleno del Trigésimo Circuito determinó que se retirara el proyecto del asunto para mayor estudio; por lo cual, ese mismo día se puso a disposición del Magistrado ponente para que formulara la propuesta correspondiente.
CONSIDERANDO
III. PRESUPUESTOS PROCESALES.
9. Competencia. Este Pleno del Trigésimo Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo vigente –aplicables en términos del artículo primero transitorio, fracción II, del Decreto por el que se expidió la correspondiente normatividad, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno–; así como en el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; toda vez que se trata de una probable contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero, todos de este Trigésimo Circuito, pertenecientes a la circunscripción territorial en que este Pleno ejerce jurisdicción.
10. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, puesto que la formuló el Pleno del Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS.
11. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción de tesis, son:
a) La resolución emitida en el amparo directo civil 777/2018 del Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, aprobada por unanimidad de votos en sesión de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, en la que referente a la procedencia, se consideró que:
• El juicio de amparo directo es procedente en términos de lo establecido en la fracción I del artículo 170, en relación con lo dispuesto en el último párrafo de la fracción XVIII del artículo 61, ambos preceptos de la Ley de Amparo, pues se interpuso contra una sentencia definitiva dictada en primera instancia, contra la que si bien, como lo expuso el Juez responsable en su informe justificado, procede el recurso de apelación, lo cierto es que la procedencia de dicho recurso está sujeta a una interpretación adicional, lo que hace procedente de manera directa el juicio de amparo.
• La resolución que constituye el acto reclamado se emitió en un juicio tramitado en la vía única civil que, si bien inició como divorcio necesario, concluyó conforme a las reglas que rigen el divorcio sin expresión de causa.
• Dicho procedimiento se encuentra regulado por los artículos 289 y 295, párrafo primero, del Código Civil de Aguascalientes (sic), así como los numerales 232 y 353 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, de los que se obtiene que cuando uno de los cónyuges promueve el divorcio, deberá acompañar a su solicitud la propuesta de convenio sobre todas las cuestiones inherentes a la disolución del vínculo matrimonial; por su parte, el cónyuge demandado, al contestar la solicitud de divorcio, podrá conformarse con todo o parte del convenio formulado por su contraria, o presentar contrapropuesta de convenio.
• Si el demandado se conforma con la totalidad del convenio, el Juez del conocimiento dictará sentencia en la que decretará la disolución del matrimonio y aprobará la totalidad del convenio; la cual tendrá la naturaleza de definitiva, al poner fin a juicio y decidir el juicio en lo principal.
• Si el demandado se conforma con parte del convenio y formula contrapropuesta respecto a ciertos rubros, el Juez deberá dictar sentencia en la que decretará el divorcio y aprobará los puntos del convenio sobre los que hubo acuerdo; debiendo citar a las partes a la audiencia prevista por el artículo 353 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, a fin de promover que lleguen a un consenso sobre los diversos puntos.
• Si el demandado se opone en su totalidad al convenio formulado por la parte actora y exhibe su contrapropuesta de convenio, el Juez dictará sentencia de divorcio y citará a las partes a la audiencia a que se refiere el artículo 353 del código procesal civil de la entidad.
• Si en la referida audiencia de juicio prevista por el artículo 353 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, las partes llegan a un acuerdo sobre todos los puntos del convenio, el Juez dictará resolución en la que apruebe este acuerdo; y de no lograr tal consenso, conforme al artículo 295 del Código Civil de la entidad, dejará a salvo los derechos de las partes para que continúen el juicio conforme a las reglas de los incidentes, y la resolución que se emita al concluir este trámite, en la que se decidan la totalidad de las cuestiones inherentes al matrimonio que no fueron objeto de acuerdo, tendrá el carácter de definitiva, pues es la que finalmente concluye el juicio.
• En el caso a estudio, al entrar en vigor la reforma que instauró en el Estado el divorcio sin expresión de causa, la autoridad responsable requirió a las partes para que formularan la propuesta de convenio a que se refiere el artículo 289 del Código Civil del Estado; requerimiento que fue atendido por una de las partes, quien exhibió su propuesta de convenio.
• Asimismo, la contraparte hizo su contrapropuesta de convenio en la audiencia celebrada el doce de octubre de dos mil quince, en la que se conformó con la primeramente realizada respecto a la guarda y custodia de las menores, así como en relación al régimen de convivencia con las niñas, pero formuló contrapropuesta respecto a los alimentos y la disolución de la sociedad conyugal; por lo que en esa misma audiencia, la autoridad responsable decretó el divorcio y aprobó los apartados del convenio sobre los que hubo consenso.
• Seguido el juicio conforme a las reglas de los incidentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 295 del Código Civil del Estado, el once de octubre de dos mil dieciocho el Juez Cuarto Familiar del Estado dictó sentencia, en la que fijó la pensión definitiva que el cónyuge deberá otorgar a sus hijas y precisó los bienes y cargas que pertenecen a la sociedad conyugal; siendo esta resolución la que puso fin al procedimiento y que, por ende, tiene el carácter de definitiva.
• Por tanto, esta última resolución emitida en un juicio único civil de divorcio sin expresión de causa, en términos de lo establecido en los artículos 372 y 399 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, admite recurso de apelación, pues se trata de una sentencia que resolvió el fondo del asunto –pues no debe perderse de vista que la materia del juicio de divorcio incausado fueron precisamente las cuestiones inherentes al matrimonio sobre las que no hubo acuerdo–, y que se emitió en un juicio que no es de cuantía.
• Al respecto es aplicable la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, marzo de 2013, Tomo 1, visible con el registro digital: 2003036, de rubro: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. LOS AUTOS Y LA SENTENCIA EMITIDOS DESPUÉS DE DECRETADA LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL SON RECURRIBLES."
• Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, febrero de 2013, Tomo 1, con número de registro digital: 2002768, de rubro: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. LAS SENTENCIAS DICTADAS EN LOS RECURSOS DE APELACIÓN INTERPUESTOS CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE, SIN DECRETARLO, RESUELVE CUESTIONES INHERENTES A LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL, SON DEFINITIVAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO."
• Sin embargo, atendiendo a que el juicio de divorcio sin expresión de causa, aunque se tramita en la vía única civil, tiene reglas que lo hacen único; y la conclusión de que la sentencia que decide la totalidad de las cuestiones inherentes al matrimonio es apelable, deriva de la interpretación de diversos preceptos del Código Civil del Estado, relacionándolos con lo que al respecto a dicho procedimiento ha considerado la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar la legislación de diversa entidad federativa; se considera que no se le puede exigir a las partes que en forma previa a la promoción de su demanda de amparo directo, agotaran el recurso de apelación, al actualizarse la hipótesis de excepción al principio de definitividad previsto en el último párrafo de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. De ahí que el juicio de amparo resulte procedente.
b) La resolución emitida en el amparo directo civil 267/2020 del Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, aprobada por unanimidad de votos en sesión de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, en la que respecto a la procedencia, se consideró que:
• El juicio de amparo directo es procedente en términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo.
• Es así porque, en primer lugar, se reclamó una sentencia que, entre otras cuestiones, decretó el pago de una pensión definitiva por concepto de alimentos, por lo que, de acuerdo con el artículo 372 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, no procedería el recurso de apelación, pues ese numeral establece que cuando se dicta una sentencia en la cual se condena al pago de alimentos, no procederá recurso alguno.
• En segundo lugar, porque la sentencia reclamada resolvió sobre las cuestiones inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, esto es, se pronunció sobre los puntos indicados en el numeral 289 del Código Civil del Estado de Aguascalientes, toda vez que condenó al pago de una pensión alimenticia definitiva, determinó el inmueble que fungió como domicilio conyugal y a quién correspondería el uso de éste y de su menaje y ordenó la liquidación de los bienes que conformaron la sociedad conyugal, ya que éstas eran las únicas cuestiones pendientes de resolverse.
• De ahí que, atento a lo sostenido por la Primera Sala del Alto Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 104/2019, en el sentido de que durante el procedimiento de divorcio uno de los supuestos que se puede actualizar es que no exista controversia sobre el divorcio y sí respecto del convenio sobre las cuestiones inherentes al matrimonio, caso en el cual, el procedimiento es susceptible de escisión, por lo que puede concluir válidamente con la emisión de dos sentencias definitivas: una sobre la pretensión principal –el divorcio– y la otra respecto a las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial.
• Por tanto, como ya se dictó la sentencia definitiva que resolvió sobre el divorcio, ahora se reclama la determinación que reguló las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, por lo que el juicio de amparo directo promovido contra esta última determinación es procedente, por tratarse de una de las sentencias definitivas emitidas en el procedimiento de divorcio respectivo, tal como lo reconoció la aludida Primera Sala.
• Respalda esa conclusión, por las razones que expone, la jurisprudencia 1a./J. 111/2012 (10a.) emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal del País, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época. Libro XVII, febrero de 2013, Tomo 1, página 592, con registro 2002768, de rubro: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. LAS SENTENCIAS DICTADAS EN LOS RECURSOS DE APELACIÓN INTERPUESTOS CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE, SIN DECRETARLO, RESUELVE CUESTIONES INHERENTES A LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL, SON DEFINITIVAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO."
• Tampoco se soslaya que en la sentencia reclamada, en el resolutivo octavo, la autoridad responsable indicó que una vez que causara ejecutoria esa determinación, se convocaría a las partes a la audiencia establecida por el artículo 422 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes, para que se procediera a la división correspondiente al bien inmueble; de lo cual podría inferirse que en contra de la sentencia definitiva que resuelve las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, todavía procede algún recurso ordinario.
• Inclusive la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 135/2011, sostuvo que de la interpretación armónica y sistemática de diversas disposiciones del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, se advierte que el juicio de divorcio sin expresión de causa se integra por un solo proceso que concluye con una sentencia, que puede ser emitida desde el inicio cuando se decreta el divorcio y se aprueba en su totalidad el convenio, o al final, cuando se resuelven totalmente las cuestiones inherentes al matrimonio, y que la resolución que sin decretar el divorcio se ocupa de cuestiones inherentes al matrimonio, adquiere la calidad de sentencia y no de interlocutoria, las cuales conforme a los artículos 685, 685 Bis y 691, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, son apelables.
• Sin embargo, como los artículos que fueron interpretados en ese momento por la Primera Sala del Alto Tribunal (artículos 685, 685 Bis y 691 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal) difieren de lo que establece la legislación procesal civil del Estado de Aguascalientes, en la que incluso se sujeta la procedencia del recurso de apelación a que la cuantía del negocio exceda de ochocientos días de salario mínimo general vigente en el Estado y que así lo disponga la ley, así como que ese medio de impugnación procede contra la sentencia que decide el fondo del negocio, a excepción de las que condenan al pago de alimentos o la disolución del vínculo matrimonial (artículos 372 y 399 del Código de Procedimientos Civiles del Estado); entonces, al no partir de supuestos jurídicos análogos, deviene inaplicable el criterio asumido por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, y en tal medida, no era exigible que la quejosa interpusiera el recurso de apelación contra la sentencia que ahora reclama.
• De ahí que no se actualice lo que al respecto estableció la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País en la jurisprudencia 2a./J. 86/2018 (10a.), sino que, contrario a ello, como la procedencia del recurso de apelación estaba sujeta a interpretación adicional y el fundamento legal es insuficiente para determinarla, la quejosa estaba en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo, como finalmente lo hizo, de conformidad con el artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo.
c) La resolución emitida en el amparo directo civil 361/2020 del Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, aprobada por unanimidad de votos en sesión de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, en la que respecto a la procedencia, se consideró que: • Se advertía la existencia de una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente y de orden público.
• La procedencia del juicio de control constitucional es un tema que debe ser estudiado de manera oficiosa por mandato de la ley, lo cuestionen o no las partes, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo y esto ocurre en cualquier instancia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto.
• De las constancias que integran el expediente de origen se desprende que el acto reclamado consistió en la sentencia que resolvió las cuestiones inherentes al divorcio tales como alimentos a favor de la menor y de la excónyuge, uso del domicilio conyugal y pensión compensatoria.
• De lo anterior, así como de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la quejosa promovió la acción constitucional por su propio derecho; de donde es dable estimar jurídicamente que la litis en el juicio constitucional no solo se finca respecto de los alimentos otorgados a su favor, sino también a la parte donde la responsable declaró improcedente lo concerniente al uso del domicilio conyugal y sus enseres, así como a la pensión compensatoria.
• Por lo que hace a las cuestiones jurídicas relacionadas con el uso del domicilio conyugal y a la pensión compensatoria, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo directo contenida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo.
• Del precepto transcrito se obtiene, en lo que interesa, que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones de tribunales judiciales respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa.
• En la especie, la quejosa, por su propio derecho, reclamó la sentencia de cinco de octubre de dos mil veinte, dictada por el Juez Segundo de lo Familiar del Estado, en la que, dentro de los motivos materia de impugnación en el juicio constitucional, se declaró improcedente determinar que el uso del domicilio conyugal corresponda a favor de alguno de los contendientes y, por otro lado, se absolvió al demandado del pago de la compensación que se le reclamó.
• De la sentencia reclamada se desprende que, como documento, contiene cuatro soluciones jurídicas distintas que tienen causa generadora propia e independiente cada una de ellas, pues una resuelve lo relativo a los alimentos con base en el carácter de hija del demandado, la otra en la calidad de excónyuge y las diversas relacionadas con el uso del domicilio conyugal y pensión compensatoria, en la inteligencia que lo resuelto partió de circunstancias, consideraciones y fundamentos distintos, independientes unas de otras.
• Por ende, no existe inconveniente alguno para que cada una de esas determinaciones jurídicas, independientes entre sí, se puedan combatir de forma destacada y por separado en los términos y por la vía que marque la ley, ya que cada una de ellas no se encuentran estrechamente vinculadas entre sí o que una dependa de la otra, pues no derivan del mismo hecho generador.
• Lo anterior, pues la acción de pago de alimentos es independiente a lo considerado en torno al uso del domicilio conyugal y a la pensión compensatoria, por lo que es posible escindirlas en lo relativo a su impugnación, cuando, como en el caso, en contra de una de tales cuestiones procede un medio ordinario de defensa (apelación) y no respecto de la otra.
• A lo anterior resulta aplicable la jurisprudencia PC.XXX. J/10 K (10a.) sustentada por el Pleno de este Trigésimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 15, febrero de 2015, Tomo II, página 2079, bajo el número de registro digital: 2008443, de rubro: "SENTENCIA QUE DECIDE DOS O MÁS ACCIONES O CUESTIONES JURÍDICAS EN EL MISMO DOCUMENTO. FORMA DE IMPUGNARLA, TANTO EN EL SUPUESTO DE QUE AQUÉLLAS ESTÉN ESTRECHAMENTE VINCULADAS O QUE UNA ACCIÓN DEPENDA DE OTRA, COMO CUANDO DICHAS ACCIONES SEAN AUTÓNOMAS O INDEPENDIENTES ENTRE SÍ."
• De los artículos 372 y 399 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Aguascalientes, se advierte que se condiciona la procedencia del recurso de apelación contra las sentencias que decidan el fondo del asunto, a que se satisfagan dos requisitos: en primer lugar, que la cuantía del negocio en que se dicte la resolución judicial a apelar exceda de ochocientos días de salario mínimo general vigente en el Estado; y en segundo lugar, que la ley disponga la procedencia del recurso.
• El alcance del contenido de la fracción I del artículo 399 sólo puede referirse a los negocios de cuantía determinada, pues constituiría un contrasentido que se exigiese, para la procedencia del recurso de apelación, el requisito de determinada cuantía si el negocio es de cuantía indeterminada o carece de ella, por lo que para determinar la procedencia o improcedencia de dicho recurso, tratándose de asuntos de esa índole, debe atenderse a la fracción II del artículo 399 citado, que establece que procede el recurso de apelación cuando la ley así lo disponga, por lo que si el artículo 372 del código procesal referido, expresamente prevé la apelabilidad de las sentencias que deciden el fondo del negocio, debe concluirse que de conformidad con el numeral 372, interpretado en relación con el 399, fracción II, ambos del Código de Procedimientos Civiles para (sic) el Estado de Aguascalientes, contra las sentencias que deciden el fondo del negocio, cuando éste carece de cuantía, procede el recurso de apelación previsto y regulado por los dispositivos 372 y 398 a 403 del citado código.
• En ese contexto, debe tenerse en consideración que se declaró improcedente determinar que el uso del domicilio conyugal corresponda a favor de alguno de los contendientes y por otro lado, se absolvió al demandado del pago de la compensación que se le reclamó, por lo que por dichos aspectos debe atenderse a la regla general prevista en el artículo 372 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes, que expresamente establece que contra la sentencia que decide el fondo del negocio procede el recurso de apelación, y la fracción II del artículo 399 del citado código, que dispone que el recurso de apelación procede cuando la ley así lo disponga.
• Debe concluirse que la sentencia reclamada admitía el recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en los artículos 372 y 399, fracción II, ambos del Código de Procedimientos Civiles para (sic) el Estado de Aguascalientes, recurso a través del cual podía haberse modificado o revocado la aludida sentencia, pues el numeral 398 del Código de Procedimientos Civiles para (sic) el Estado de Aguascalientes, establece que el recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de segunda instancia confirme, revoque o modifique la resolución dictada por el inferior.
• En ese sentido, se comparte el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, contenido en la tesis XXIII.2 C: "APELACIÓN. PROCEDE TRATÁNDOSE DE SENTENCIAS QUE DECIDEN EL FONDO DEL NEGOCIO, CUANDO SE DICTAN EN ASUNTOS DE CUANTÍA INDETERMINADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES)."
• De una interpretación aplicando el método de exclusión del artículo 372 del Código de Procedimientos Civiles para (sic) el Estado de Aguascalientes, es dable estimar que las sentencias que resuelvan el fondo del negocio y que absuelven del pago de alimentos definitivos, procede el recurso de apelación.
• Si en la especie la peticionaria del amparo promueve el juicio de amparo por su propio derecho, es de estimarse que, en contra de las cuestiones ajenas a la condena al pago de alimentos, procede el recurso de apelación previsto en los artículos 398 y 399 del Código de Procedimientos Civiles para (sic) el Estado de Aguascalientes; por lo que, al no haberlo agotado la quejosa, previo a instar el juicio constitucional, es dable concluir que no cumplió con el principio de definitividad y, por ende, por tales cuestiones jurídicas se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo.
• Sin que pase inadvertido el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversos criterios en el sentido de que en contra de las determinaciones en las que resuelven las cuestiones inherentes al divorcio son apelables, sin embargo, surgen del análisis de legislaciones cuyo contenido es diverso al establecido en el Estado de Aguascalientes y, por ende, inaplicables.
• Bajo ese tenor, para efectos de determinar la procedencia de los recursos debe acudirse a lo que establecen los artículos 372 y 399 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes, aunado a lo que el Pleno de este Circuito también ha determinado en cuanto al tema de que si en una sentencia documento se contienen dos soluciones jurídicas, no existe inconveniente alguno para que cada una de ellas se combata de forma destacada en los términos y por la vía que marque la ley.
• Cuando se trata de resoluciones que deciden dos o más acciones o cuestiones jurídicas que no dependen necesariamente una de la otra, no existe inconveniente para que cada una de ellas se combata de forma destacada y autónoma en los términos y por la vía que marque la ley, de manera que si una es impugnable ordinariamente, el afectado tendrá que agotar el recurso previsto por la ley, en tanto que si la otra es inimpugnable en la vía ordinaria, el gobernado afectado podrá atacarla en la vía de amparo, sin que con ello se estime dividida la continencia de la causa, en la medida en que, por tratarse de acciones o cuestiones jurídicas que no dependen entre sí, por no tener el mismo origen, esto es, al tratarse de dos causas diversas expresadas en el mismo documento, no se está en el supuesto de que se dicten dos sentencias contradictorias.
• Por tanto, debe concluirse que al respecto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que hace a las determinaciones relativas al uso del domicilio conyugal, así como al pago de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30759-8cef084a/divorcio-incausado-cuando-en-la-sentencia-conclusiva-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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