RELACIÓN DE TRABAJO. ESTÁNDAR DE VALORACIÓN DE PRUEBAS SOBRE SU EXISTENCIA CUANDO EL PATRÓN LA NIEGA EN FORMA LISA Y LLANA, EN EL CONTEXTO DE INDICIOS DE SUBCONTRATACIÓN INJUSTIFICADA (OUTSOURCING O INSOURCING).
AMPARO DIRECTO 126/2022. 26 DE MAYO DE 2022. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: FERNANDO SILVA GARCÍA. SECRETARIA: MAYRA ALEJANDRA GARCÍA QUISTIANO.
CONSIDERANDO:
QUINTO.—Estudio.
68. El estudio de los conceptos de violación que hace valer **********, por derecho propio, conduce a determinar lo siguiente:
I. Omisión de la Junta de juzgar con perspectiva de género.
69. La quejosa alega que la Junta responsable transgredió en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 1o., 14, 16 y 17 constitucionales, por inexacta aplicación del principio de congruencia, además de haber realizado una incorrecta interpretación de la controversia y valoración de pruebas, al no juzgar con perspectiva de género.
70. Señala que en la demanda laboral indicó que encontrándose en estado de gravidez fue despedida de su empleo; sin embargo, al dar contestación las demandadas fueron omisas, esto es, no negaron tal hecho, por lo que de conformidad con el artículo 878, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, admitieron ese evento.
71. Aduce que, al no ser un hecho controvertido, no tenía la obligación de aportar pruebas de su dicho por no haber formado parte de la litis planteada, por lo que la juzgadora debió resolver con perspectiva de género y ponderar la veracidad de la renuncia, en función de la vulnerabilidad de la trabajadora; máxime que alegó ser víctima de discriminación con motivo de su maternidad.
72. Manifiesta la inconforme que las trabajadoras embarazadas deben considerarse como un grupo vulnerable, susceptible de discriminación, debido a su estado de gestación, lo que constituye una categoría sospechosa que obliga a las autoridades jurisdiccionales a estudiar los asuntos con perspectiva de género a fin de lograr la debida protección de los derechos humanos de ese sector vulnerable, atento a los principios de igualdad y no discriminación previstos en los artículos 1o. y 4o. constitucionales, así como a lo dispuesto en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém Do Pará".
73. Agrega que la autoridad responsable debió reflexionar conforme al marco constitucional e internacional de protección de los derechos humanos de que gozan las trabajadoras embarazadas respecto de una tutela especial; es decir, cuentan con estabilidad reforzada en el empleo, pues así se ha establecido en diversos criterios.
74. Los anteriores argumentos son fundados y, para dar sustento a esta afirmación, es necesario relatar lo siguiente:
75. De las constancias de la controversia de origen se advierte que la actora demandó de ********** y **********, ambas **********, así como **********, **********, la reinstalación y el pago de salarios vencidos, entre otras prestaciones.
76. En los hechos de la demanda, relató que aproximadamente a las 8:30 (ocho treinta) horas del trece de febrero de dos mil diecinueve **********, le manifestó: "**********, por órdenes del director, estás despedida", además de que las demandadas siempre mostraron actitudes que mermaban su capacidad física e intelectual para cumplir con sus labores, y que fue víctima de discriminación por parte de **********, **********, **********, ********** y **********; que ilegalmente le asignaban funciones diversas para las que fue contratada, la insultaban constantemente amenazándola con despedirla si no cumplía con las funciones encomendadas, por lo que estuvo sometida a presión psicológica y estrés laboral, al exigirle resultados más allá de los que el ser humano puede realizar, incluso la despidieron en estado de gravidez.
77. Por su parte **********, **********, dio contestación a la demanda, negando acción y derecho a la actora para reclamar lo señalado, en virtud de que jamás laboró para la demandada; en tanto que **********, **********, también negó acción y derecho, en virtud de que fue sustituida patronalmente por **********, **********, por lo que ya no existe relación laboral alguna entre las partes.
78. **********, ********** negó acción y derecho a la actora para reclamar las prestaciones mencionadas, debido a que la actora renunció voluntariamente a su empleo el once de enero de dos mil diecinueve.
79. Seguido el juicio en sus etapas, la autoridad responsable dictó el laudo a debate en el que, por un lado, condenó a las demandadas al pago de prestaciones autónomas y, por otro, absolvió de la reinstalación, pago de salarios vencidos y diversas prestaciones accesorias, sobre la consideración de que las demandadas ********** y **********, ambas **********, confesaron expresamente la sustitución patronal, pero a consideración de la Junta en autos no obra prueba que acredite que la actora recibió la notificación de las diversas sustituciones patronales acontecidas; en esa virtud, tuvo a dichas morales como corresponsables de la relación laboral, apoyando su decisión en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 59/2000, de rubro: "PLURALIDAD DE DEMANDADOS EN MATERIA LABORAL. NO BASTA QUE UNO DE ELLOS ADMITA SER EL ÚNICO PATRÓN PARA ABSOLVER AUTOMÁTICAMENTE A LOS RESTANTES, SINO QUE, ADEMÁS, DEBE HACERSE EL ESTUDIO DE LAS CONSTANCIAS PARA DECIDIR LO PROCEDENTE."
80. A continuación, la Junta indicó que la accionante se dijo despedida el trece de febrero de dos mil diecinueve, y la parte patronal adujo que la operaria renunció voluntariamente el once de enero de dos mil diecinueve, por lo que dijo la Junta, es inconcuso que a la trabajadora correspondió la carga de la prueba para acreditar la subsistencia de la relación laboral con posterioridad al doce de enero de dos mil diecinueve y hasta la data en que dijo haber laborado, con base en la tesis de jurisprudencia I.6o.T. J/101, de rubro: "CARGA PROBATORIA EN EL JUICIO LABORAL. CORRESPONDE AL TRABAJADOR ACREDITAR LA SUBSISTENCIA DE LA RELACIÓN DE TRABAJO ENTRE EL DÍA DE LA SUPUESTA RUPTURA DEL VÍNCULO LABORAL Y AQUEL OTRO POSTERIOR EN QUE AFIRMA OCURRIÓ REALMENTE LA SEPARACIÓN."; carga probatoria que indicó la autoridad, la actora no satisfizo, por lo que no estaba en posibilidad jurídica de tener por concluido el vínculo en la fecha señalada por la operaria.
81. Enseguida, la responsable explicó que la actora adujo como causa del despido su condición de embarazo, lo que, en principio, generaba la obligación de juzgar con perspectiva de género, ya que las mujeres que trabajan y están embarazadas deben considerarse como un grupo vulnerable que ha sido objeto de discriminación, por lo que constituían una categoría sospechosa que obliga a las autoridades jurisdiccionales a analizar el asunto con perspectiva de género, a fin de lograr la debida protección de los derechos humanos de ese grupo vulnerable, atento a los principios de igualdad y no discriminación previstos en los artículos 1o. y 4o. constitucionales, así como a las obligaciones contraídas por el Estado Mexicano, al haber suscrito la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y la diversa Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará".
82. La Junta señaló que era procedente analizar las constancias del juicio, de las que se advertía que la accionante no probó haberse encontrado en estado de gravidez en la fecha del despido aducido, tampoco existía indicio ni certificado médico alguno, estudio ecográfico o acta de nacimiento; por tanto, quedaba relevada de su obligación de juzgar con perspectiva de género.
83. Determinación que se estima contraria a derecho, porque sobre el tema, al resolver la contradicción de tesis 422/2016, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, en lo conducente:
"Las decisiones extintivas de una relación laboral basadas en el embarazo, al afectar exclusivamente a la mujer, constituyen discriminación por razón de sexo.
"...
"Por tanto, en asuntos donde la trabajadora alegue como base del despido una discriminación por razón de género debido a su embarazo y al goce del periodo de licencia post parto, la carga de la prueba recae en la parte patronal, que deberá acreditar la ausencia de tal discriminación y, por tanto, el ofrecimiento de trabajo pierde operatividad ante esta situación."
84. Ejecutoria que dio origen a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 66/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable al caso por analogía, visible en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 16 de junio de 2017 a las 10:22 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 43, Tomo II, junio de 2017, página 1159, con número de registro digital: 2014508, de título, subtítulo y texto siguientes:
"OFRECIMIENTO DE TRABAJO. AUN CUANDO SE CONSIDERE DE BUENA FE, NO DEBE TOMARSE EN CUENTA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LAS CARGAS PROBATORIAS CUANDO EL DESPIDO SE DA DURANTE EL PERIODO DE EMBARAZO DE LA TRABAJADORA, AL CONSTITUIR UN TEMA QUE OBLIGA A JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. Si bien la mujer embarazada goza de ciertos derechos y prerrogativas que le reconocen la Constitución y las leyes, debido a su condición física y social en esta etapa de su vida y con posterioridad al nacimiento de sus hijos, lo cierto es que en la realidad muchas mujeres enfrentan la falta de estabilidad en el empleo, por la carga que supone para algunas empresas el otorgar una licencia de maternidad, que les obligan a suplir a la empleada embarazada con los consiguientes costos, tanto como en la etapa posparto y de lactancia, por las prerrogativas que la ley impone conceder a las madres trabajadoras. Ante esta situación de mayor vulnerabilidad, esta Segunda Sala determina que estos casos ameritan aplicar la herramienta de perspectiva de género, que implica reconocer la realidad socio-cultural en que se desenvuelve la mujer y eliminar las barreras y obstáculos que la colocan en una situación de desventaja en un momento en que de manera particular requiere gozar de la atención médica necesaria del periodo pre y postnatal y de las demás prestaciones de seguridad social que garanticen el bienestar del menor, lo que exige una mayor y particular protección del Estado, con el propósito de lograr una garantía real y efectiva de sus derechos. En este sentido, el reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación, y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, exige que todos los órganos jurisdiccionales del país impartan justicia con perspectiva de género, por lo que las mujeres trabajadoras deben ser protegidas de manera especial durante los periodos de embarazo y licencia postnatal, pues por ese solo hecho sufren discriminación laboral, lo cual incide en una violación sistemática a sus derechos humanos, al limitar su ejercicio en los relativos al trabajo, a la seguridad social, a la salud y a un proyecto de vida. Por tanto, en cumplimiento al deber de juzgar con perspectiva de género, cuando el motivo alegado por la trabajadora sea un acto discriminatorio, como el consistente en que el patrón haya dado terminación a la relación de trabajo, porque aquélla se encuentra embarazada o en periodo de licencia postnatal y, posteriormente, en el juicio laboral ofrezca el empleo, el efecto de revertir la carga probatoria carece de operatividad, pues ante la desventaja de la mujer trabajadora el patrón pierde este beneficio procesal y rige la regla general de que a la demandada corresponde la carga de la prueba de acreditar la inexistencia del despido por ese motivo discriminatorio; esta determinación coloca a las partes en la misma posición de acreditar el despido reclamado, es decir, opera la regla general de que corresponde al patrón allegar todos los medios de convicción necesarios al contar con mayores recursos para ello. Así, la prueba de que los motivos del despido no se encuentran relacionados con el embarazo de la trabajadora corresponde al patrón, e independientemente de que el ofrecimiento de trabajo se considere de buena fe, éste pierde el beneficio procesal de revertir la carga probatoria a la trabajadora embarazada o en periodo de licencia postnatal."
85. De igual manera, es de observarse que al resolver la contradicción de tesis 318/2018, la Segunda Sala determinó, en lo conducente:
"En esos términos, es evidente que ante el alegato de una trabajadora en el sentido de haber sido despedida con motivo de su embarazo, ello conlleva la obligación de la Junta de examinar escrupulosamente si existen indicios o pruebas circunstanciales que pudieran llevar a la conclusión de que resulta inverosímil que la trabajadora haya renunciado a su empleo, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, y tomar en cuenta las características particulares del caso, así como las condiciones personales de la trabajadora, tales como su preparación, estado de salud, solvencia económica y cualquier otro elemento de juicio que le permita determinar si es verosímil o no que la trabajadora haya renunciado a su empleo estando embarazada.
"Lo anterior debe ser analizado por el juzgador, atendiendo al principio de primacía de la realidad consagrado en el tercer párrafo del artículo 17 constitucional, pues en la práctica es más probable la existencia de un despido con motivo del embarazo de la trabajadora, que su renuncia voluntaria al encontrarse en estado de gravidez.
"Por tanto, aun en el caso de que la trabajadora no haya objetado el contenido de su renuncia exhibida en juicio, por su estado de vulnerabilidad con motivo de su embarazo, existe duda razonable acerca de la voluntad de la mujer de prescindir del empleo, por los gastos que implica el alumbramiento y la necesidad de acceder a la seguridad social que podría sufragar la atención médica que se requiera.
"Es de resaltar que el estudio sobre la credibilidad de la renuncia exhibida por el patrón, está sujeto a que en juicio se acredite que la trabajadora se encontraba embarazada al momento de la terminación de la relación laboral, pues de ello depende la presunción en torno al acto discriminatorio y constituye un presupuesto lógico para poder afirmar que el despido obedeció al estado de buena esperanza de la actora.
"Por su parte, corresponde el empleador demostrar que la terminación de la relación de trabajo tuvo una causa ajena al embarazo y que la renuncia de ésta se realizó de manera libre y espontánea. Lo anterior, atendiendo al criterio sustentado por esta Segunda Sala en la jurisprudencia 2a./J. 66/2017 (10a.), así como a lo establecido en el artículo 8(3) del Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo, que si bien el Estado Mexicano no ha ratificado, lo cierto es que es aplicable al caso como un estándar internacional de protección de las mujeres trabajadoras.—(‘3. "Artículo 8. 1. Se prohíbe al empleador que despida a una mujer que esté embarazada, o durante la licencia mencionada en los artículos 4 o 5, o después de haberse reintegrado al trabajo durante un periodo que ha de determinarse en la legislación nacional, excepto por motivos que no estén relacionados con el embarazo, el nacimiento del hijo y sus consecuencias o la lactancia. La carga de la prueba de que los motivos del despido no están relacionados con el embarazo o el nacimiento del hijo y sus consecuencias o la lactancia incumbirá al empleador.—2. Se garantiza a la mujer el derecho a retornar al mismo puesto de trabajo o a un puesto equivalente con la misma remuneración, al término de la licencia de maternidad.’)" (el subrayado es propio).
86. Ejecutoria que dio origen a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 96/2019 (10a.), invocada por la quejosa, consultable en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 12 de julio de 2019 a las 10:19 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 68, Tomo II, julio de 2019, página 998, con número de registro digital: 2020317, de título, subtítulo y texto siguientes:
"TRABAJADORA EMBARAZADA. SI EL PATRÓN SE EXCEPCIONA ADUCIENDO QUE LA ACTORA RENUNCIÓ Y ÉSTA DEMUESTRA QUE AL MOMENTO DE CONCLUIR EL VÍNCULO LABORAL ESTABA EMBARAZADA, EL SOLO ESCRITO DE RENUNCIA ES INSUFICIENTE PARA DEMOSTRAR QUE FUE LIBRE Y ESPONTÁNEA. Es criterio reiterado que juzgar con perspectiva de género implica reconocer la realidad sociocultural en que se desenvuelve la mujer, lo que exige una mayor protección del Estado con el propósito de lograr una garantía real y efectiva de sus derechos y eliminar las barreras que la colocan en una situación de desventaja, lo que cobra particular relevancia cuando se encuentra en estado de embarazo, momento en el que requiere gozar de la atención médica necesaria de los periodos pre y post natal y de las demás prestaciones de seguridad social que garanticen el bienestar de ella y del menor. Por tanto, cuando la parte empleadora opone la excepción de renuncia y la trabajadora demuestra que la terminación de la relación laboral ocurrió encontrándose embarazada, la patronal deberá acreditar que la renuncia fue libre y espontánea; sin que en ningún caso el solo escrito que la contenga sea suficiente para demostrar su excepción, aun en caso de no haberse objetado o habiéndose perfeccionado, sino que se requieren elementos de convicción adicionales. Esto obedece al principio de primacía de la realidad consagrado en el tercer párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que no es verosímil que la mujer prescinda de su empleo por los gastos que implica el alumbramiento y la necesidad de acceder a la atención médica, aunado a que existe una práctica común de ejercer actos de coacción con motivo del embarazo."
87. En la especie, este tribunal destaca que como prueba de su intención, la codemandada **********, **********, ofreció la documental relativa a la carta renuncia de once de enero de dos mil diecinueve (foja ciento veintitrés –123–), objetada por la actora en cuanto a su autenticidad de contenido, escritura y firma, en audiencia de dos de octubre de dos mil diecinueve (foja ciento treinta y seis –136– vuelta); sin embargo, de los dictámenes periciales provenientes de los peritos designados por las partes, se desprende que fueron coincidentes en el sentido de que la firma ahí plasmada sí provenía de la autoría de la accionante.
88. En este sentido, la responsable pasó inadvertido que, como lo estableció la Segunda Sala, la credibilidad y espontaneidad de la renuncia exhibida por el patrón, quedaría disuelta si en juicio se acredita por cualquier medio de prueba directo, indirecto o a través de presunciones legales, que la trabajadora se encontraba embarazada al momento de la terminación de la relación laboral, de modo que el laudo reclamado dejó de examinar el asunto con perspectiva de género.
89. Al respecto, el artículo 878, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo dispone:
"Artículo 878. La etapa de demanda y excepciones se desarrollará conforme a las normas siguientes:
"...
"IV. En su contestación opondrá el demandado sus excepciones y defensas, debiendo de referirse a todos y cada uno de los hechos aducidos en la demanda, afirmándolos o negándolos, y expresando los que ignore cuando no sean propios; pudiendo agregar las explicaciones que estime convenientes. El silencio y las evasivas harán que se tengan por admitidos aquellos sobre los que no se suscite controversia, y no podrá admitirse prueba en contrario. La negación pura y simple del derecho, importa la confesión de los hechos. La confesión de éstos no entraña la aceptación del derecho;" (el subrayado y resaltado es propio)
90. Del numeral en cita se lee que las demandadas tienen el deber de contestar cada uno de los hechos señalados por la actora, afirmándolos o negándolos, por lo que el silencio y las evasivas harán que se tengan por admitidos aquellos sobre los que no se suscite controversia, y no podrá admitirse prueba en contrario. 91. Este tribunal encuentra que la trabajadora dijo haber sido despedida en estado de gravidez, en tanto que las codemandadas, al dar contestación, ninguna consideración emitieron al respecto, es decir, ante la afirmación de la actora incurrieron en silencio evasivo; en este contexto, al no haber controvertido las empresas la afirmación de la operaria en el sentido de que a la fecha del despido se encontraba embarazada, la autoridad del conocimiento debió tener por aceptado ese aspecto por las demandadas como presunción legal.
92. Derivado de dicha presunción legal, debe tenerse por cierto que las demandadas tenían conocimiento de que la trabajadora se encontraba embarazada al momento de los hechos, es así, pues el silencio evasivo en que incurrieron, permite establecer que reconocieron implícitamente que a la fecha en que afirmaron que la trabajadora renunció, se encontraba en etapa de gestación, sin que de las constancias de autos se advierta prueba en contrario.
93. Puntualizado lo anterior, de los criterios transcritos se advierte que la Segunda Sala también estableció que corresponde al empleador demostrar que la terminación de la relación de trabajo tuvo una causa ajena al embarazo y que la renuncia se realizó de manera libre y espontánea, sin que lo hubiera hecho, pues además de que al producir la contestación, **********, ********** y **********, **********, se concretaron a negar de manera genérica los hechos, en tanto que la codemandada **********, **********, se limitó a señalar que la accionante había renunciado voluntariamente a su empleo, y debe decirse que con ninguna de las pruebas que ofrecieron demostraron que la conclusión del vínculo haya sido por causas ajenas al estado de gravidez.
94. Se afirma esto, pues de las constancias del expediente laboral se desprende que **********, ********** y **********, **********, ofrecieron las siguientes probanzas:
95. • La confesional a cargo de la actora, prueba que no les beneficia en virtud de que contestó negativamente a las posiciones que fueron calificadas de legales en audiencia de treinta de octubre de dos mil diecinueve. (fojas ciento setenta –170– vuelta y ciento setenta y uno –171– vuelta)
96. • Informes emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social; prueba que no les favorece, ya que de ellos sólo se desprende cuáles empresas dieron de alta y baja a la trabajadora, así como los periodos en que estuvo inscrita ante dicho organismo asegurador (fojas doscientos diez –210– a doscientos trece –213– y doscientos dieciséis –216– a doscientos cuarenta y ocho –248–).
97. • Instrumental de actuaciones y presuncional; tampoco les beneficia, pues de las constancias del expediente laboral no se desprende ni presuntivamente ese aspecto.
98. Por otro lado **********, **********, además de la renuncia de once de enero de dos mil diecinueve, ofreció los siguientes elementos probatorios:
99. • La confesional a cargo de la actora; prueba que no le beneficia en virtud de que contestó negativamente a las posiciones que fueron calificadas de legales en audiencia de treinta de octubre de dos mil diecinueve. (foja ciento setenta –170– vuelta)
100. • Recibos de pago; tampoco le favorece, ya que de éstos sólo se desprende el salario de la actora, así como las prestaciones que le fueron cubiertas durante el periodo que laboró. (fojas ciento veinticuatro –124– a ciento veintinueve –129–)
101. • Testimoniales; no le favorecen, en virtud de que desistió de éstas en audiencia de diez de febrero de dos mil veinte. (foja doscientos noventa y dos –292– y vuelta)
102. • Informe del Instituto Mexicano del Seguro Social; no le beneficia, pues se advierte que dicho organismo indicó que no cuenta con el motivo de baja de la actora. (foja doscientos cincuenta y uno –251–)
103. • Instrumental de actuaciones y presuncional; tampoco le beneficia, pues de las constancias del expediente laboral no se desprende ni presuntivamente ese aspecto.
104. Este tribunal observa de las constancias expuestas, que las codemandadas de manera alguna demostraron que la terminación de la relación de trabajo tuvo una causa ajena al embarazo y, por tanto, que la renuncia de la operaria se haya realizado de manera libre y espontánea.
105. Máxime que en los hechos de la demanda, la trabajadora relató que la "obligaron a firmar diversos documentos consistentes en formatos de renuncia, 2 hojas en blanco tamaño carta, dos tamaño oficio, renuncias y finiquito de trabajo, como requisito indispensable para ingresar a laborar, y dada mi necesidad es por lo que los firmé, pero no contienen mi voluntad ni mucho menos reconozco su contenido, por lo que desde este momento reclamo la nulidad absoluta" [foja cinco –5– (el resaltado es propio)]; negativa que constituye otro indicio de falta de espontaneidad de la renuncia aducida, más aún que la demandada se limitó a señalar que cubrió el pago de todas las prestaciones a que tenía derecho la actora; sin embargo, se abstuvo de aportar elemento probatorio alguno que demostrara su afirmación, no obstante que tenía el deber de hacerlo.
106. Ahora, este órgano jurisdiccional no inadvierte que la demandada afirmó que la actora renunció a su empleo el once de enero de dos mil diecinueve, y ésta ubicó el despido el trece de febrero del mismo año, es decir, en fecha posterior, motivo por el cual la Junta arrojó a la trabajadora la carga de la prueba para demostrar la subsistencia de la relación laboral con posterioridad a la data de la dimisión, débito procesal que la responsable dijo, no se satisfizo.
107. Tampoco se inadvierte que la resolutora justipreció que la accionante no ofreció un certificado médico, estudio ecográfico o acta de nacimiento que demostrara haberse encontrado en estado de gravidez en la fecha del despido, por lo que si bien estaba constreñida a juzgar con perspectiva de género, lo cierto era que al no acreditarse ese hecho, quedaba relevada de dicha obligación; en consecuencia, absolvió de la reinstalación, del pago de salarios vencidos, así como de diversas prestaciones.
108. Sin embargo, por las razones expuestas, el laudo transgredió en perjuicio de la quejosa lo dispuesto por el artículo 1o. de la Constitución General, ya que la Junta soslayó resolver el juicio laboral con perspectiva de género, en reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación, y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, que implica juzgar considerando las situaciones de desventaja que, por cuestiones de género, discriminan e impiden la igualdad.
109. Da sustento a lo anterior la tesis aislada P. XX/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 25 de septiembre de 2015 a las 10:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 22, Tomo I, septiembre de 2015, materia constitucional, página 235, con número de registro digital: 2009998, de título, subtítulo y texto siguientes:
"IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO EN LA MATERIA. El reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, exige que todos los órganos jurisdiccionales del país impartan justicia con perspectiva de género, que constituye un método que pretende detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o género, es decir, implica juzgar considerando las situaciones de desventaja que, por cuestiones de género, discriminan e impiden la igualdad. De ahí que los juzgadores deben cuestionar los estereotipos preconcebidos en la legislación respecto de las funciones de uno u otro género, así como actuar con neutralidad en la aplicación de la norma jurídica en cada situación, toda vez que el Estado debe velar por que en toda controversia jurisdiccional donde se advierta una situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones de género, ésta se tome en cuenta, a fin de visualizar claramente la problemática y garantizar el acceso a la justicia de forma efectiva e igualitaria. Así, la obligación de impartir justicia con perspectiva de género debe operar como regla general, y enfatizarse en aquellos casos donde se esté ante grupos de especial vulnerabilidad, como mujeres y niñas indígenas, por lo que el juzgador debe determinar la operabilidad del derecho, conforme a los preceptos fundamentales consagrados tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, procurando en todo momento que los paradigmas imperantes de discriminación por razón de género no tengan una injerencia negativa en la impartición de justicia; por el contrario, atendiendo precisamente a tales prejuicios o estereotipos, el juzgador debe considerar las situaciones de desventaja que tienen las mujeres, sobre todo cuando es factible que existan factores que potencialicen su discriminación, como lo pueden ser las condiciones de pobreza y barreras culturales y lingüísticas."
110. Aun cuando con el desahogo de la prueba pericial quedó demostrado que la firma estampada en la renuncia de mérito sí pertenece a la accionante, la Junta debió constreñirse a estudiar su verosimilitud y espontaneidad con base en aquel método analítico, precisamente porque el despido, según el dicho de la trabajadora, evadido por las demandadas, fue motivado por discriminación de género, al encontrarse en estado de embarazo; máxime que la trabajadora, inclusive, alegó la firma de hojas en blanco.
111. Es aplicable la tesis de jurisprudencia I.5o.T. J/1 L (11a.), de este Tribunal Colegiado de Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 1 de abril de 2022 a las 10:05 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 12, Tomo III, abril de 2022, página 2619, con número de registro digital: 202440
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30763-5faa651c/relacion-de-trabajo-estandar-de-valoracion-de-pruebas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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