I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DE LA SÍNDICA MUNICIPAL PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE UN MUNICIPIO DEL ESTADO DE MORELOS (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS PERSONAS TITULARES DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y AMPARO, CUENTAN CON LAS ATRIBUCIONES PARA REPRESENTAR AL PODER EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA (ARTÍCULOS 38, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS Y 16, FRACCIONES I Y II, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTA (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUPUESTOS EN LOS QUE SE ACTUALIZA LA IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VI, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 CONSTITUCIONAL). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PROCEDENCIA DE LA PROMOVIDA POR UN MUNICIPIO CONTRA UNA REFORMA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO AL QUE PERTENECE, NO SE AFECTA POR EL HECHO DE QUE AQUÉL LA HUBIERE APROBADO [DECRETO MIL SEISCIENTOS DIEZ (1610), EN VIRTUD DEL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 114-bis, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS]. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA PROMOVIDA EN CONTRA DE NORMAS GENERALES QUE CON POSTERIORIDAD A SU PUBLICACIÓN FUERON DEROGADAS [ARTÍCULO 123, INCISO A), FRACCIÓN III, DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS]. VII. LIBRE ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA MUNICIPAL. SU ALCANCE EN RELACIÓN CON LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES (CONTEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE AL 19 DE ENERO DE 2021). VIII. INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS MUNICIPALES. ALCANCE DE ESTE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL (CONTEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE AL 19 DE ENERO DE 2021). IX. RESERVA DE FUENTES DE INGRESOS MUNICIPALES. ALCANCE DE ESTE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL (CONTEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE AL 19 DE ENERO DE 2021). X. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. LA ATRIBUCIÓN DEL LEGISLADOR LOCAL PARA ASIGNAR A LOS MUNICIPIOS LA PRESTACIÓN DE DIVERSOS SERVICIOS A LOS PREVISTOS EN LOS INCISOS DEL A) AL H) DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 115 CONSTITUCIONAL, NO ESTÁ CONDICIONADA A LA APROBACIÓN O ACEPTACIÓN DE AQUÉLLOS, NI A UN PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO (CONTEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE AL 19 DE ENERO DE 2021). XI. SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE BOMBEROS. LA REFORMA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE MORELOS PARA ATRIBUIR ESE SERVICIO A LOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD, NO VULNERA LA HACIENDA MUNICIPAL NI LA ESFERA DE COMPETENCIA MUNICIPAL [DECRETO MIL SEISCIENTOS DIEZ (1610), EN VIRTUD DEL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 114-bis, FRACCIÓN VIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 123, FRACCIÓN III, DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL, AMBAS DEL ESTADO DE MORELOS]. XII. SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE BOMBEROS. SU ASIGNACIÓN A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS Y LA RESULTANTE OBLIGACIÓN DE FINANCIARLO, NO IMPLICA UNA INTROMISIÓN DEL LEGISLADOR LOCAL EN LA HACIENDA MUNICIPAL NI UNA RESTRICCIÓN INDEBIDA A LOS INGRESOS MUNICIPALES [DECRETO MIL SEISCIENTOS DIEZ (1610), EN VIRTUD DEL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 114-bis, FRACCIÓN VIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 123, FRACCIÓN III, DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL, AMBAS DEL ESTADO DE MORELOS]. XIII. SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE BOMBEROS. LA LEGISLATURA LOCAL NO ESTÁ OBLIGADA A PREVER LOS INGRESOS NECESARIOS PARA CUBRIR LOS GASTOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ESE SERVICIO PÚBLICO CUANDO LOS ASIGNE A LOS MUNICIPIOS [ARTÍCULOS 114-Bis, FRACCIÓN VIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, REFORMADO MEDIANTE EL DECRETO NÚMERO MIL SEISCIENTOS DIEZ (1610), Y 123, FRACCIÓN XI, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, REFORMADO MEDIANTE EL DECRETO 1611, AMBOS PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE]. XIV. LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. OBJETIVO Y ALCANCES DE LAS BASES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. XV. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. SI EL AYUNTAMIENTO CONSIDERA QUE ESTÁ IMPOSIBILITADO PARA PRESTAR ALGUNO DE ELLOS, PUEDE SOLICITAR AL ESTADO QUE LO ASUMA, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN II, INCISO D), DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL (CONTEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE AL 19 DE ENERO DE 2021).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 102/2017. MUNICIPIO DE YECAPIXTLA, ESTADO DE MORELOS. 19 DE ENERO DE 2021. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: JUVENAL CARBAJAL DÍAZ.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diecinueve de enero de dos mil veintiuno, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual resuelve la controversia constitucional 102/2017, que se promovió por el Municipio de Yecapixtla, Estado de Morelos.
1. ANTECEDENTES
1. Presentación de la demanda, autoridades demandadas y normas impugnadas. Por escrito presentado el veintitrés de marzo de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Rosalía Alejandra Gutiérrez Anzurez, en su carácter de síndica del Ayuntamiento del Municipio de Yecapixtla, Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez de los Decretos 1610 y 1611, publicados el veintidós de febrero de dos mil diecisiete en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de esa entidad federativa, por los que se reforman, en primer lugar el artículo 114-bis, fracción VIII, de la Constitución del Estado de Morelos y, en segundo, los artículos 123, fracción XI, de la Ley Orgánica Municipal y 123, inciso a), fracción III, de la Ley General de Hacienda Municipal, ambos del Estado de Morelos, así como la aplicación de los mismos, por lo que señaló como autoridades emisora y promulgadora a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de dicha entidad federativa, respectivamente.
2. Artículos que se estiman violados. El artículo 115, párrafo primero, y fracciones II y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3. Conceptos de invalidez. El Municipio actor hace valer, en síntesis, los siguientes:
4. Con motivo de las reformas contempladas en los Decretos 1610 y 1611, los Municipios tienen a su cargo la organización, reglamentación, administración y funcionamiento del cuerpo de bomberos, lo que implica una grave afectación económica a las arcas municipales, dado que en el presupuesto de egresos fiscal para el año dos mil diecisiete no se contempla previsión alguna para solventarlo.
5. En este sentido, los decretos en cuestión resultan ser contrarios al artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual contiene las garantías de carácter económico, tributario y financiero tendentes a fortalecer la autonomía municipal y establece que los recursos económicos del Municipio están sujetos a un régimen de libre administración, cuya disposición y aplicación deben efectuarse en los términos que fijen las leyes, para el cumplimiento de los fines públicos de los propios Municipios, lo cual encuentra sustento también en los artículos 112 y 114 de la Ley Orgánica Municipal y 97 del Reglamento para el Congreso, ambos del Estado de Morelos.
6. En efecto, los decretos impugnados no fueron debidamente analizados respecto al menoscabo económico que sufrirá el Municipio actor, pues no se consideró que en términos del artículo 99 del Reglamento del Congreso Local, los decretos que impliquen nuevas erogaciones al gasto público federal, estatal o municipal deberán establecer los medios que permitan atender dicho gasto. Por tal razón, resulta imposible para las finanzas del Municipio actor solventar el equipamiento material y humano del cuerpo de bomberos, porque no hay partida alguna en el presupuesto de egresos de dos mil diecisiete.
7. La reforma que se controvierte no actualiza alguna excepción que justifique la disposición de los recursos municipales, además de que no se advierte de dónde se obtendrán los recursos para atender al cuerpo de bomberos dado que dispone de las previsiones que estaban destinadas para el fondo de fomento para la industrialización, sin que los decretos señalen si tal fondo ha desaparecido. Además, la aplicación de la reforma no cuenta con la autorización del Cabildo del Municipio, puesto que la legislación no faculta a las autoridades estatales afectar la hacienda municipal para cubrir gastos no previstos en el presupuesto de egresos.
8. El Municipio es la instancia que mejor conoce sus propias necesidades y con base en esto determina la aplicación de sus recursos, sin que estén afectados por intereses ajenos que los desvíen en rubros no prioritarios o distintos a las necesidades reales del Municipio. Por tanto, la medida de implementar el funcionamiento, equipamiento y administración del cuerpo de bomberos por cada Municipio, incide en la autonomía municipal.
9. Sostiene que el artículo décimo sexto del Decreto 1370, por el que se aprueba el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, establece que las asignaciones presupuestales que deriven de disposiciones generales o transitorias emitidas por el Congreso del Estado que se expidan con posterioridad a la entrada en vigor del propio decreto, deberán considerarse en el proyecto de presupuesto de egresos para el siguiente año fiscal. Consecuentemente, resulta claro que no hay partida alguna en el presupuesto vigente para obligar al Municipio actor a las cargas presupuestales respecto al cuerpo de bomberos, puesto que el decreto que emitió el presupuesto de egresos de dos mil diecisiete entró en vigor el primero de enero de ese año y los decretos impugnados fueron publicados el veintidós de febrero.
10. Se reitera la violación del artículo 115, fracciones II y IV constitucional, por no observarse los principios de autonomía municipal, libre administración hacendaria e integridad de los recursos económicos municipales, lo que lleva a la invalidez de la imposición de la destinación de recursos para formar un cuerpo de bomberos sin autorización del Municipio actor.
11. Del artículo 115 constitucional se advierte: i) que el Municipio cuenta con plena capacidad de manejar su patrimonio conforme a la ley, ii) que el patrimonio del Municipio se conforma con la hacienda municipal, iii) que los presupuestos de egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 constitucional, iv) que los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos de forma directa por los Ayuntamientos, v) que la libre administración hacendaria garantiza que sea el Municipio quien determine las prioridades para la aplicación de sus recursos.
12. No obstante lo anterior, las autoridades demandadas pretenden disponer de recursos económicos municipales sin que justifiquen la fuente su obtención para destinarlos para la formación del cuerpo de bomberos, sin autorización del Municipio actor. Los decretos impugnados tienen efectos que se traducen en un daño patrimonial del Municipio tomando en consideración que los recursos ahí contenidos ya se encuentran destinados, por lo que implementar la reforma cuestionada causaría un menoscabo a las finanzas municipales.
13. Trámite. Por acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, el entonces Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional a la que correspondió el número 102/2017 y ordenó remitir el expediente al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, a quien correspondió la instrucción del asunto.
14. Por proveído de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda; tuvo como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos a quienes mandó emplazar para que formularan su contestación; y ordenó dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera, quien no formuló opinión en el presente asunto.
15. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Mediante escrito recibido el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, a través de su consejero jurídico y del director general de Asuntos Constitucionales y Amparo de la mencionada dependencia, dio contestación a la demanda, señalando, en síntesis, lo siguiente:
Causas de improcedencia.
16. a) El Municipio actor carece de legitimación ad causam por no ser titular del derecho que pretende hacer valer, puesto que la autoridad demandada no ha realizado algún acto posterior a la publicación encaminado a la aplicación de la reforma controvertida que invada la competencia del Municipio, y por esta razón, también el Poder Ejecutivo del Estado carece de legitimación pasiva.
17. b) Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria de la materia consistente en que la controversia constitucional es improcedente cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del conflicto. Ello porque, una vez aprobado por el Congreso del Estado el dictamen del Decreto 1610, que reformó la fracción VIII del artículo 114-bis de la Constitución Local, se remitió a los Ayuntamientos integrantes del Estado de Morelos a efecto de que se pronunciaran, en términos del artículo 147 de la Constitución Local, sin que el Ayuntamiento de Yecapixtla haya expresado su desaprobación respecto de la reforma citada, lo cual configura su afirmativa ficta.
18. Resulta aplicable por analogía la tesis de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL PROMOVIDA POR EL GOBERNADOR DE UN ESTADO EN CONTRA DE UN DECRETO DENTRO DE CUYO PROCESO LEGISLATIVO NO HIZO VALER EL DERECHO DE VETO. ES IMPROCEDENTE POR NO AGOTAR LA VÍA LEGALMENTE PREVISTA PARA LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO, ASÍ COMO POR CONSENTIMIENTO."
19. c) Es extemporánea la impugnación respecto del Decreto 1610, toda vez que el Municipio actor tuvo conocimiento del acto desde el momento en que la Legislatura Local remitió a los Ayuntamientos del Estado la reforma en cuestión para que emitieran algún pronunciamiento sobre ella, por lo que, al no haberse impugnado el acto dentro del plazo legal para ello, resulta improcedente este medio de control.
20. Además, el proceso legislativo correspondiente a la aprobación de una norma impugnada no puede calificarse como un hecho nuevo para promover la ampliación de demanda de la controversia constitucional, por lo que los planteamientos de inconstitucionalidad deben incluirse oportunamente en el escrito inicial.
Contestación de la demanda.
21. El Municipio actor no formula conceptos de invalidez en los que reclame por vicios propios los actos de promulgación y publicación atribuidos al Poder Ejecutivo, por lo que es falso que esta autoridad vulnere en perjuicio del Municipio actor las disposiciones constitucionales supuestamente violadas; además, estos actos se realizaron con apego a las atribuciones constitucionales y legales concedidas a esta autoridad.
22. El primer planteamiento, relativo a la violación al artículo 115, fracción IV, de la Constitución General, resulta infundado porque los decretos impugnados no emanaron de una iniciativa presentada por el Ejecutivo, ni han sido ejecutados, por lo que no existe la transgresión que aduce el Municipio actor.
23. Se destaca que las leyes estatales en materia municipal deben tener por objeto establecer un marco normativo homogéneo para los Municipios de un Estado respecto de las funciones y los servicios públicos municipales que requieren uniformidad.
24. Ahora bien, de la exposición de motivos del Decreto 1611, se advierte la necesidad de modificar tanto la Constitución Local como la Ley Orgánica Municipal, para establecer la obligación de todos los Municipios del Estado de contemplar como servicio público el cuerpo de bomberos que resulta indispensable para la ciudadanía, y otorgarles los recursos suficientes para realizar su labor.
25. Por lo anterior, las reformas contenidas en los Decretos 1610 y 1611, resulta plenamente constitucional puesto que la Legislatura sólo sentó el marco normativo homogéneo y uniforme para los Municipios integrantes del Estado, a quienes les corresponderá dictar sus normas específicas, sin contradecir las bases generales en aras de garantizar el servicio público del cuerpo de bomberos.
26. Asimismo, dado que el principio de igualdad y no discriminación permea a todo el ordenamiento jurídico, las reformas pretenden que sea una obligación para todos los Municipios la prestación del servicio de bomberos, lo cual genera condiciones de igualdad a favor de todas las personas.
27. El Municipio actor manifiesta la transgresión de distintos principios que no resultan aplicables al presente caso. La libre administración de la hacienda municipal no se ve afectada, porque existe una fuente de ingresos para solventar el equipamiento del cuerpo de bomberos. El principio de ejercicio directo de los recursos no está amenazado, ya que es el Municipio quien aplica los recursos recaudados al cobrar el impuesto contemplado en el artículo 123, fracción III, de la Ley General de Hacienda Local. Los principios de integridad de los recursos, de reserva de fuente de ingresos municipales, y la facultad de los Ayuntamientos de proponer las cuotas y tarifas, hacen referencia a los ingresos de los Municipios, situación que no corresponde a la litis del asunto que consiste en determinar la constitucionalidad de la obligatoriedad para los Municipios de prestar el servicio público de bomberos. El derecho a percibir contribuciones no se vulnera, puesto que las reformas en cuestión no han coartado dicha facultad.
28. En relación con el argumento sobre la falta de recursos para solventar el gasto que implica la reforma controvertida, lo cierto es que el Poder Legislativo contempló en el Decreto 1611, una modificación a la fracción III del inciso a) del artículo 123 de la Ley General de Hacienda Municipal para que el 2.5% de impuesto que actualmente se destina a constituir el Fondo de Fomento a la Industrialización sea utilizado para el equipamiento y desarrollo de los cuerpos de bomberos, cumpliendo así lo que disponen los artículos 97 y 99 del Reglamento para el Congreso Local.
29. Por lo que hace al segundo planteamiento referente a la violación del artículo 115, fracciones II y IV, de la Constitución General también resulta infundado, porque los Decretos 1610 y 1611, de ninguna forma inobservaron los principios de autonomía municipal y libertad hacendaria, pues los Estados tienen competencia para sentar un marco homogéneo a los Municipios a fin de que exista similitud en los aspectos fundamentales, así como generar condiciones de igualdad y no discriminación.
30. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Morelos. Mediante escrito recibido el veintiséis de mayo de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el Poder Legislativo del Estado de Morelos, a través de la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, dio contestación a la demanda, manifestando, esencialmente, lo siguiente:
31. Causas de improcedencia. Se actualiza la causa de improcedencia del artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia en relación con el artículo 105, fracción I, de la Constitución General por falta de interés legítimo del Municipio actor, puesto que no existe violación alguna a la autonomía municipal con la aprobación de la norma controvertida. Ello, porque el Congreso Local en uso de la facultad que le confiere el artículo 40, fracción II, de la Constitución Local expidió los Decretos 1610 y 1611, los cuales de ninguna forma invaden la esfera de competencia del Municipio actor prevista en el artículo 115 constitucional.
32. Por otra parte, el Municipio actor se duele de los decretos, no obstante que, al formar parte del Constituyente Permanente Local, tuvo la oportunidad de inconformarse en el momento en que el decreto de reforma constitucional aprobado por el Congreso Local fue remitido a los Ayuntamientos, de modo que se entiende que ha consentido la reforma impugnada. En consecuencia, para combatir una norma de nueva cuenta, ésta debe tener un cambio normativo sustantivo, de acuerdo con la doctrina jurisprudencial de este Alto Tribunal, lo que lleva a declarar la improcedencia de este medio de control constitucional y reconocer la validez de los decretos impugnados.
33. Contestación de la demanda. Resultan infundados los conceptos de invalidez hechos valer por el Municipio actor.
34. En términos del artículo 115 de la Constitución General, el Municipio tiene personalidad propia y constituye la base de la organización política y administrativa de los Estados, por lo que corresponde al Congreso Local legislar en torno a su organización administrativa y el funcionamiento de las autoridades municipales.
35. Por otra parte, la fracción III del artículo 115 constitucional establece que los Municipios tendrán, además de las funciones y servicios públicos ahí establecidos, los que las Legislaturas Locales determinen según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. Por tal razón, el Congreso del Estado de Morelos consideró viable elevar a rango constitucional local el servicio público de bomberos que sería a cargo de los Ayuntamientos.
36. Se destaca que la Ley Orgánica Municipal Local ya tenía contemplado que los Ayuntamientos asumieran el servicio público de bomberos, en términos de los artículos 132 y 133. Sin embargo, se estimó necesario establecerlo expresamente en la Constitución Local con la finalidad de brindar este servicio a los ciudadanos morelenses y así obligar a la prestación de dicho servicio en los Municipios que no lo contemplaran, y en aquellos en que sí existe, otorgar los recursos suficientes a los cuerpos de bomberos para llevar a cabo sus funciones.
37. Se señala que no es posible afirmar que el Estado cumple con sus obligaciones de garantizar el derecho fundamental a una vivienda adecuada, sin aceptar que la obligación implica también el acceso a servicios básicos con una infraestructura adecuada. El acceso a servicios públicos mínimos, incluido el de seguridad ciudadana y de bomberos, es indispensable para el goce y ejercicio de otros derechos fundamentales, así que el Congreso Local consciente de la necesidad de que cada Municipio debe contar con un cuerpo de bomberos, dio vida al decreto cuya invalidez se solicita.
38. Contrario a lo que señala el Municipio actor respecto a la transgresión de las fracciones II y IV del artículo 115 constitucional, no hay tal vulneración a la autonomía municipal, libre administración hacendaria ni integridad de los recursos económicos, porque la reforma en estudio no le impone al Municipio una carga económica adicional, pues el impuesto del 2.5% asignado originalmente al Fondo de Fomento a la Industrialización, con motivo de la reforma, se destinará para el equipamiento y desarrollo del cuerpo de bomberos municipal.
39. Cierre de la instrucción. Agotado el trámite, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la ley reglamentaria de la materia y se puso el expediente en estado de resolución.
40. Primer returno. Mediante proveído de dos de enero de dos mil diecinueve, se ordenó returnar el asunto al Ministro Luis María Aguilar Morales, a efecto de que continuara actuando como ponente; esto, con motivo de la conclusión del periodo para el que fue designado como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
41. Avocamiento. Mediante Acuerdo de veinticinco de junio de dos mil veinte, el presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación determinó que esta Sala se avocaba al conocimiento del presente asunto.
42. Presentación del primer proyecto. En sesión de ocho de julio de dos mil veinte, el Ministro Luis María Aguilar Morales presentó un proyecto de resolución en el que propuso el sobreseimiento integral del asunto. Dicho proyecto fue desechado por mayoría de cuatro votos de la Ministra Esquivel Mossa y los Ministros Pérez Dayán, Franco González Salas y Laynez Potisek, por lo que se acordó su returno. 43. Segundo returno. Por Acuerdo de nueve de julio de dos mil veinte, el presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó el returno del presente asunto a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, para la formulación del proyecto de resolución respectivo.
2. PRESUPUESTOS PROCESALES
44. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver el presente medio de control constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo dispuesto en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, por tratarse de una controversia constitucional entre el Municipio de Yecapixtla, Estado de Morelos y los Poderes Legislativo y Ejecutivo de esa entidad federativa, con motivo de la expedición y promulgación de normas generales.
45. SEGUNDO.—Fijación de los actos impugnados y determinación de su existencia. En términos del artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos,(1) se procede a la fijación de los actos objeto de la controversia y a la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados.
46. En su escrito de demanda, el Municipio actor impugnó lo siguiente:
"Norma general: a) Decretos Números 1,610 y 1,611, publicados en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ Número 5476 de fecha veintidós de febrero de dos mil diecisiete, con vigencia a partir del veintitrés de febrero del año en curso.
"Actos: b) La aplicación de los Decretos Números 1,610 y 1,611, publicados en el Periódico Oficial ‘Tierra y libertad’ órgano de difusión oficial del Estado de Morelos Número 5476 de fecha veintidós de febrero de dos mil diecisiete, con vigencia a partir del veintitrés de febrero del año en curso. Que traerá como consecuencia el detrimento del presupuesto asignado a los Municipios del Estado de Morelos, tomando en consideración que antes la operatividad del cuerpo de bomberos no estaba a cargo del Municipio, por tanto los gastos de administración, equipamiento que por motivo de su actividad generen, destinando recursos del Fondo de Fomento a la Industrialización sin previa autorización del Cabildo del Ayuntamiento que represento."
47. De lo anterior se advierte que, además de los decretos legislativos impugnados, el Municipio actor combate la aplicación de los mismos, pero sin señalar concretamente en qué consistió dicha aplicación y sin formular conceptos de invalidez en su contra, por lo que este Tribunal Pleno advierte que el reclamo del Municipio actor radica en la impugnación de los Decretos 1610 y 1611 y, particularmente, de los artículos 114-bis, fracción VIII, de la Constitución del Estado de Morelos, 123, fracción XI, de la Ley Orgánica Municipal y 123, inciso a), fracción III, de la Ley General de Hacienda Municipal, ambos de esa entidad federativa, los cuales fueron reformados a través de los decretos respectivos, sin que se combata algún acto específico de aplicación de los mismos, por lo que deben tenerse como impugnadas únicamente las normas mencionadas.
48. TERCERO.—Oportunidad. El artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(2) prevé que cuando en una controversia constitucional se impugnen normas generales, la demanda respectiva puede promoverse en dos momentos, a saber: (i) dentro del plazo de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación; y, (ii) dentro del plazo de treinta días contados a partir del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.
49. En el caso, los Decretos 1610 y 1611, se impugnan con motivo de su publicación, la cual ocurrió el veintidós de febrero de dos mil diecisiete en el Periódico Oficial del Estado de Morelos, por lo que el plazo para impugnarlos transcurrió del jueves veintitrés de febrero al jueves seis de abril de dos mil diecisiete.(3) Así, al haber sido recibida la demanda el veintitrés de marzo de ese año en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, su presentación resulta oportuna.
50. En este sentido, se desestima la causa de improcedencia invocada por las autoridades demandadas, consistente en que el Municipio actor tuvo conocimiento del decreto de reforma a la Constitución Local con motivo de su participación en el procedimiento respectivo, desde el momento en que le fue remitido el dictamen para su aprobación, pues lo que se combate en este asunto es una norma general, cuya impugnación procede a partir de su publicación y no a partir de que se conozca el contenido del dictamen legislativo aprobado por el Congreso respectivo.
51. CUARTO.—Legitimación activa. En términos del artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución General,(4) el Municipio de Yecapixtla, perteneciente al Estado de Morelos es un ente facultado para promover este medio de control constitucional.
52. En su representación comparece Rosalía Alejandra Gutiérrez Anzurez con el carácter de síndica, cargo que acredita con copia certificada de la constancia de mayoría de la elección del Ayuntamiento, emitida por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, así como del acta de la sesión solemne de instalación del Ayuntamiento de Yecapixtla, correspondiente al periodo constitucional de 2016-2018, celebrada el primero de enero de dos mil dieciséis.
53. Al respecto, el artículo 45, fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos,(5) establece que los síndicos serán los representantes jurídicos de los Municipios de la entidad federativa en las controversias administrativas y jurisdiccionales en que éste sean parte. Así también, el propio Municipio actor es un ente legitimado para instar la presente vía, al ser uno de los previstos en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal.
54. Por lo que, de conformidad con la disposición citada, en relación con los artículos 10, fracción I y 11, párrafo primero, de la ley reglamentaria de la materia,(6) procede reconocer la representación con que cuenta la síndico del Ayuntamiento de Yecapixtla para promover la presente controversia constitucional.
55. En consecuencia, resulta infundada la causal de improcedencia invocada por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, consistente en la falta de legitimación activa del Municipio.
56. QUINTO.—Legitimación pasiva. Para la procedencia de la acción se procede al análisis de la legitimación de la parte demandada.
57. a) Poder Ejecutivo de Morelos. En su representación comparecen José Anuar González Cianci Pérez y Oscar Pérez Rodríguez, con el carácter de consejero jurídico del Poder Ejecutivo del Estado y director general de Asuntos Constitucionales y Amparo, respectivamente, personalidad que acreditaron con un ejemplar del Periódico Oficial de la entidad federativa, correspondiente al diecinueve de abril de dos mil diecisiete, que contiene la publicación del nombramiento del consejero jurídico del Poder Ejecutivo del Estado, expedido el diecisiete de abril del año en curso, por el Gobernador Constitucional del Estado y una copia certificada del nombramiento del director general de Asuntos Constitucionales y Amparo, expedido el uno de diciembre de dos mil dieciséis, por el encargado de despacho de la referida Consejería Jurídica.
58. Dichos funcionarios cuentan con las atribuciones para representar al Poder Ejecutivo de la entidad federativa, de conformidad con los artículos 38, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos(7) y 16, fracciones I y II, del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo.(8)
59. En consecuencia, es infundado el argumento hecho valer por el consejero jurídico del Gobernador y el director general, relacionado con la falta de legitimación pasiva del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en virtud de que la calidad de demandado en la controversia constitucional deriva de haber promulgado las disposiciones generales impugnadas, esto es, de su intervención en el proceso legislativo, lo que justifica su legitimación pasiva.
60. b) Poder Legislativo del Estado de Morelos. En su representación compareció Beatriz Vicera Alastriste, con el carácter de presidenta de la Mesa Directiva, personalidad que acreditó con copia certificada del acta de la sesión ordinaria celebrada el doce de octubre de dos mil dieciséis en la que consta su designación, y cuyas atribuciones para representar en juicio a dicho órgano legislativo están previstas en el artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos.(9)
61. Por lo que, de conformidad con los artículos 10, fracción II, y 11, párrafo primero, de la ley reglamentaria de la materia, procede reconocer la legitimación pasiva a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, en su carácter de autoridades emisora y promulgadora de las normas impugnadas.
62. SEXTO.—Causales de improcedencia.
a) Falta de interés legítimo.
63. Las autoridades demandadas coinciden en señalar que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia en relación con la fracción I del artículo 105 constitucional por falta de interés legítimo del Municipio actor.
64. Al respecto, el Poder Ejecutivo manifiesta que el Municip
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30841-61f5c84c/i-controversia-constitucional-legitimacion-de-la-sindica-municipal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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