I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL EQUIVALENTE AL TREINTA TRES POR CIENTO DE LOS INTEGRANTES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LEYES FEDERALES DE CUALQUIER MATERIA. II. REVOCACIÓN DE MANDATO. ANÁLISIS SOBRE SI LA PREGUNTA Y SUS DOS OPCIONES DE RESPUESTA PREVISTAS EN LA LEY FEDERAL RELATIVA DESNATURALIZAN EL MECANISMO, CONFORME A LA INTENCIÓN EN QUE FUE APROBADO POR EL CONSTITUYENTE PERMANENTE, AL CONFIGURARLO INCLUSO COMO UN EJERCICIO DE CONSULTA SOBRE LA PERMANENCIA O RATIFICACIÓN DE LA FIGURA PRESIDENCIAL [DESESTIMACIÓN DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 19, FRACCIÓN V, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O SIGA EN LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA HASTA QUE TERMINE SU PERIODO", Y 36, FRACCIÓN IV, INCISOS A) Y B), DE LA LEY FEDERAL DE REVOCACIÓN DE MANDATO]. III. REVOCACIÓN DE MANDATO. PROCEDE RECONOCER LA VALIDEZ DE LA NORMA QUE ESTABLECE QUE, EN LA JORNADA DE REVOCACIÓN DE MANDATO, LAS Y LOS CIUDADANOS ACUDIRÁN ANTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA PARA EXPRESAR EL SENTIDO DE SU VOLUNTAD, PRONUNCIÁNDOSE POR ALGUNA DE LAS OPCIONES SEÑALADAS EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE LA MATERIA, PORQUE SÓLO CONSTITUYE UNA REGLA DE REMISIÓN, SIN CONTENER LOS RASGOS QUE SE CUESTIONAN EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ SOBRE LA PREGUNTA Y LAS RESPECTIVAS RESPUESTAS QUE RIGEN EL MECANISMO (ARTÍCULO 42 DE LA LEY FEDERAL DE REVOCACIÓN DE MANDATO). IV. REVOCACIÓN DE MANDATO. LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL CONTEMPLAR COMO DERECHO POLÍTICO DE LOS CIUDADANOS LA POSIBILIDAD DE EVALUAR LA GESTIÓN DEL EJECUTIVO FEDERAL, NO DESNATURALIZA ESTE MECANISMO (ARTÍCULO 13, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EN EL EJERCICIO DE SU DERECHO POLÍTICO A PARTICIPAR DIRECTAMENTE EN LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL EJECUTIVO FEDERAL, LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS PODRÁN LLEVAR A CABO ACTOS TENDENTES A RECABAR EL APOYO CIUDADANO PARA LA OBTENCIÓN DE LAS FIRMAS NECESARIAS", DE LA LEY FEDERAL DE REVOCACIÓN DE MANDATO). V. REVOCACIÓN DE MANDATO. DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO SE INFIERE QUE ESTÉ PERMITIDA DE MANERA TÁCITA LA PARTICIPACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN EL PROCESO TENDIENTE A RECABAR LAS FIRMAS DE APOYO REQUERIDAS PARA LA PROCEDENCIA DEL MECANISMO (ARTÍCULO 14, PRIMER PÁRRAFO, EN RELACIÓN CON EL 13, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY FEDERAL DE REVOCACIÓN DE MANDATO). VI. REVOCACIÓN DE MANDATO. DADA SU NATURALEZA, NO RESULTA NECESARIO DEFINIR EN LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA LA EXPRESIÓN "PÉRDIDA DE LA CONFIANZA", COMO CONDICIÓN BAJO LA CUAL PROCEDE EL MECANISMO DE REVOCACIÓN [ARTÍCULOS 5, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "A PARTIR DE LA PÉRDIDA DE LA CONFIANZA", 11, PÁRRAFO TERCERO, FRACCIÓN II, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "POR PÉRDIDA DE LA CONFIANZA", 19, FRACCIÓN V, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "POR PÉRDIDA DE LA CONFIANZA", Y 36, FRACCIÓN IV, INCISO A), EN SU PORCIÓN NORMATIVA "POR PÉRDIDA DE LA CONFIANZA", DE LA LEY FEDERAL DE REVOCACIÓN DE MANDATO]. VII. REVOCACIÓN DE MANDATO. LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL FACULTAR A LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PROCESO, CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 35, FRACCIÓN IX, PUNTO 7o., PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, CONFORME AL CUAL EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SERÁ LA ÚNICA INSTANCIA A CARGO DE SU DIFUSIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 32, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY FEDERAL DE REVOCACIÓN DE MANDATO). VIII. REVOCACIÓN DE MANDATO. EL DERECHO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON REGISTRO NACIONAL PARA NOMBRAR UN REPRESENTANTE ANTE CADA MESA DIRECTIVA DE CASILLA Y UN REPRESENTANTE GENERAL EN LA JORNADA RELATIVA, ES ACORDE A LOS FINES QUE EL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN I, DE LA PROPIA CONSTITUCIÓN GENERAL, ESTABLECE EN FAVOR DE TALES INSTITUTOS POLÍTICOS (ARTÍCULO 41, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY FEDERAL DE REVOCACIÓN DE MANDATO). IX. REVOCACIÓN DE MANDATO. LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL REMITIR A LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, SIN HABER REALIZADO LA ADECUACIÓN NORMATIVA PARA ESTABLECER MECANISMOS DE IMPUGNACIÓN EN EL PROCESO DE REVOCACIÓN, INCURRE EN UNA OMISIÓN LEGISLATIVA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY FEDERAL DE REVOCACIÓN DE MANDATO). X. OMISIONES LEGISLATIVAS. SUS TIPOS. XI. REVOCACIÓN DE MANDATO. LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL REMITIR A LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, SIN HABER REALIZADO LA ADECUACIÓN NORMATIVA PARA SANCIONAR CONDUCTAS RELATIVAS AL PROCESO, INCURRE EN OMISIÓN LEGISLATIVA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY FEDERAL DE REVOCACIÓN DE MANDATO). XII. REVOCACIÓN DE MANDATO. ES INEXISTENTE LA OMISIÓN IMPUGNADA DE REGULAR EN LA LEY FEDERAL RELATIVA LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO (ARTÍCULOS CUARTO Y QUINTO TRANSITORIOS DE LA LEY FEDERAL DE REVOCACIÓN DE MANDATO). XIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS DERIVADOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ POR LA OMISIÓN LEGISLATIVA DE REGULAR LOS ME
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 151/2021. DIVERSOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. 3 DE FEBRERO DE 2022. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIOS: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES, ALEJANDRO CASTAÑÓN RAMÍREZ Y GUILLERMO PABLO LÓPEZ ANDRADE.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al tres de febrero de dos mil veintidós, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 151/2021, promovida por diversos diputados integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso de la Unión, contra diversos preceptos de la Ley Federal de Revocación de Mandato, publicada en el Diario Oficial de la Federación el catorce de septiembre de dos mil veintiuno.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la acción de inconstitucionalidad. Mediante escrito presentado el catorce de octubre de dos mil veintiuno en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diversos diputados integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso de la Unión promovieron acción de inconstitucionalidad en los siguientes términos:
Poderes demandados:
Órgano legislativo que emitió la norma general impugnada:
Congreso de la Unión.
Órgano ejecutivo que promulgó la norma general impugnada:
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
Norma general impugnada:
"... la invalidez de la Ley Federal de Revocación de Mandato publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de septiembre de 2021. Concretamente por lo que se refiere a los artículos 13, 19, 32, 36, 41, 42 y 59; así como, cuarto y quinto transitorios."
2. Preceptos constitucionales e instrumentos internacionales que se aducen vulnerados.
Ver preceptos 1
3. Principios fundamentales que se estiman violentados.
a. Principio de legalidad.
b. Principio de progresividad.
c. Principio pro persona.
d. Principio de seguridad jurídica.
4. Conceptos de invalidez. Los promoventes, en su escrito de demanda argumentaron, en esencia, lo siguiente:
Primer concepto de invalidez:
En dicho concepto de invalidez se plantea que los artículos 19, 36 y 42 de la Ley Federal de Revocación de Mandato(1) violentan lo dispuesto en el artículo 35, fracciones I y IX, 83, 14 y 16 de la Constitución Federal, así como el artículo tercero transitorio del decreto de reforma constitucional de veinte de diciembre de dos mil diecinueve, al establecer una pregunta que modifica la figura de la revocación de mandato.
En esta parte de sus conceptos de invalidez los diputados accionantes transcriben las normas cuestionadas y explican que el legislador se excedió en sus facultades, modificando la naturaleza del ejercicio participativo, al incluir la posibilidad de que los ciudadanos puedan elegir si el titular del Ejecutivo Federal sigue en el cargo.
Violación al artículo 35, fracción IX, constitucional (incorporación de ratificación): Mencionan que el artículo 19 impugnado, se aparta de la naturaleza de la revocación de mandato, al incorporar la porción "o siga en la presidencia de la República" pues incorpora elementos ajenos a dicho mecanismo, propios de una ratificación.
El artículo tercero transitorio del decreto de reforma constitucional establece que la revocación de mandato deberá entenderse, tanto a nivel federal como local, como "el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo a partir de la pérdida de la confianza".
Explican que la Constitución define, acota y limita el ejercicio de la revocación de mandato únicamente, a terminar con el mandato presidencial antes del tiempo previsto legalmente, pero no implica ratificar, ampliar, evaluar u opinar sobre el desempeño.
Mencionan que esto fue precisado en el proceso legislativo que dio origen al decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta popular y revocación de mandato. En los dictámenes de ambas cámaras del Congreso Federal, se señaló que en ningún caso podría interpretarse el proceso de revocación de mandato como una posible consulta sobre permanencia en el cargo o la ratificación de éste. Dicho proceso permite determinar la separación del presidente del ejercicio del cargo que los electores le confirieron.
Argumentan que, por ello, al mencionar expresamente que no se podía interpretar la revocación de mandato como una ratificación de un cargo, estiman que es clara la intención del Constituyente. No es válida la ley impugnada pues pretende incluir la opción de ratificar al presidente en su cargo, a través de la aceptación expresa de su permanencia.
En ese sentido, manifiestan que la pregunta en todo proceso revocatorio debe señalar única y exclusivamente lo siguiente: "¿Estás de acuerdo en que a (nombre), presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato?" Las respuestas posibles deben ser sí o no.
Violación al artículo 83 constitucional (periodo de seis años): Exponen que los artículos impugnados igualmente violentan lo dispuesto en el artículo 83 de la Constitución. Dicho artículo dispone que el presidente durará en su cargo por seis años, sin que se señale que este deba o pueda ser sometido a un procedimiento de ratificación. No es necesario que los ciudadanos otorguen al presidente la posibilidad de seguir en su cargo (ratificar).
Violación a la fracción I del artículo 35 constitucional (derecho a votar): Por otra parte, los legisladores accionantes mencionan que los artículos impugnados afectan el derecho ciudadano a votar, pues no respeta la voluntad popular al haber elegido a un presidente para conducir al país por seis años, al pretender someter a dicho funcionario a un proceso de ratificación. Dicho periodo no puede modificarse ni ser sometido a ratificación, salvo en el caso que se lleve a cabo la revocación de mandato.
Violación a los artículos 14 y 16 constitucionales (derecho a la seguridad jurídica): El legislador optó por regular la ratificación y la revocación, dos figuras antagónicas entre sí, en un solo ejercicio democrático. Esto –explican los accionantes– genera un escenario de incertidumbre para el ciudadano, pues no sabrá con certeza qué es lo que habrá de votar, si habrá de revocar o ratificar al presidente en su cargo.
Dicha inseguridad trasciende en la voluntad del elector sobre si participar en la convocatoria o no, la forma en que éste se desarrollará, su difusión en medios de comunicación social, las consecuencias de la participación y en la votación final.
Exponen que cobra especial relevancia el principio de confianza legítima. La Suprema Corte ha destacado que dicho principio es base del sistema jurídico mexicano, el cual busca que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica.
Dicho principio tutela el respeto de la adopción y aplicación de normas que sean de la más fácil concepción y observancia de los ciudadanos, de manera que puedan llevar a cabo sus conductas y "saber a qué atenerse".
A pesar de que la acción de inconstitucionalidad es un medio de control abstracto, la inseguridad jurídica que generan estas disposiciones legales han llevado a que actores políticos difundan, particularmente figuras partidistas, difundan el ejercicio ciudadano como un proceso de ratificación de mandato.
Los accionantes exponen en este apartado de su demanda capturas de tuits y un espectacular en los que se habla de un proceso de ratificación de mandato.
Segundo concepto de invalidez:
El primer párrafo del artículo 13 de la Ley Federal de Revocación de Mandato(2) violenta el artículo 35, fracción IX, inciso 2, 14 y 16 constitucionales, al establecer que la ciudadanía podría recabar firmas para la evaluación de la gestión del presidente.
Violación a la fracción IX del artículo 35 constitucional (evaluación de la gestión del presidente): El legislador ordinario dispuso que la ciudadanía podrá llevar a cabo la obtención de firmas para la revocación de mandato. Sin embargo, señaló que esto es en aras de realizar una "evaluación de la gestión del Ejecutivo Federal", lo cual contraviene el marco constitucional.
El artículo 35, fracción IX, establece el derecho de los ciudadanos a participar en los procesos de revocación de mandato; y, en específico, en el inciso 2o. refiere que los ciudadanos pueden recabar firmas para la solicitud de revocación de mandato.
Al respecto señala que existen tres mecanismos de rendición de cuentas: los verticales (responsabilizar a los funcionarios a través de elecciones), horizontales y diagonales (buscan monitorear y evaluar las acciones de la autoridad dentro del propio aparato estatal o por movimientos ciudadanos).
Explica que la revocación de mandato no es un mecanismo de rendición de cuentas; es un mecanismo de control o sanción. Dicho mecanismo no permite analizar ni evaluar el desempeño del presidente. Busca remover a aquel gobernante que no cumpla con su función, pero no busca evaluarlo, pues dicha evaluación conlleva la posibilidad de reconocer su trabajo; la revocación única y exclusivamente puede tener como resultado, en caso de ser afirmativa, la remoción.
Violación a los artículos 14 y 16 constitucionales (inseguridad jurídica): El artículo 13 en comento no permite conocer con certeza la razón, objetivo y consecuencias del proceso de revocación de mandato. La inseguridad jurídica producida por dichas disposiciones trasciende en la voluntad de los ciudadanos al firmar la solicitud de revocación. El legislador debió apegarse al Texto Constitucional respecto a la razón para recabar las firmas, buscando tutelar el derecho a la seguridad jurídica.
El artículo 14 de la ley violenta los artículos 35, fracción IX, inciso 2, así como el 14 y 16, de la Constitución, al permitir de manera tácita la participación de los partidos políticos en el proceso para recabar firmas, al generar incertidumbre e inseguridad jurídica, además de que las actividades partidistas únicamente están permitidas en un proceso electoral.
Dicho artículo dispone que diversos actores deberán de abstenerse de impedir u obstruir las actividades de recopilación de firmas; la inconstitucionalidad deriva que no se precisa respecto a la prohibición de dichos entes, específicamente los partidos políticos, de participar en la recolección de firmas.
De esa forma, mencionan que el artículo permite de manera tácita que los partidos políticos participen en la recopilación de firmas de apoyo, lo cual lleva a la intervención directa de dichas agrupaciones en el proceso de revocación de mandato. De esta manera, se rompe el sistema de garantías constitucionales que distinguen los mecanismos de participación ciudadana de los electorales.
La Constitución dispone que los partidos políticos son entidades públicas de naturaleza esencialmente electoral por lo que permitir su participación tácita convierte el proceso de revocación de mandato en otra cosa.
Tercer concepto de invalidez:
El Congreso transgrede los artículos 14, 16, 35, fracción IX y 41, fracción VI, de la Constitución al no establecer lo que debe entenderse como "pérdida de confianza".
Expresan que el artículo tercero transitorio del decreto de reforma constitucional de dos mil diecinueve que incorporó la revocación de mandato, establece que este es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo a partir de la pérdida de la confianza.
Explica que el concepto de pérdida de confianza es un concepto importado del derecho parlamentario el cual prevé el vote of no confidence. Dicho mecanismo permite remover al primer Ministro u otros funcionarios cuando una determinada mayoría del parlamento ha perdido la confianza para que éste desempeñe adecuadamente su cargo.
En el caso del sistema presidencial mexicano, existen diversas razones por las cuales se puede perder la confianza en una autoridad, por lo que el legislador debió dar certeza y seguridad jurídica respecto a las razones o motivos que actualizan la pérdida de confianza.
Los principios de legalidad y seguridad jurídica, previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales, llevan a que las autoridades legislativas deban crear disposiciones de observancia general que generen certidumbre a los gobernados sobre las consecuencias jurídicas.
Al no haber determinado legalmente qué debe entenderse por "pérdida de confianza", se impide que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a participar en la revocatoria.
El artículo 35, fracción IX, de la Constitución dispone que el Congreso deberá emitir una ley que establezca los elementos necesarios para brindar certeza y seguridad jurídica a la ciudadanía para ejercer este derecho. Dicho órgano fue omiso de ofrecer una disposición que permita advertir lo que se debe entender por pérdida de confianza.
Retoma la pregunta planteada en la consulta popular en el Estado de Ecuador sobre si se debe incorporar la revocatoria de mandato a su Constitución. Se transcribe:
¿Está usted de a acuerdo que la Constitución Política contemple el principio de revocatoria de mandato para quienes, habiendo sido elegidos por el voto popular, incumplan con las normas morales, legales y de eficiencia atinentes al ejercicio de sus funciones, de conformidad con la ley?
El término "pérdida de confianza" necesita ser especificado pues no da una base clara ni objetiva para que los ciudadanos puedan ejercer su voto de la manera más informada y atinada.
Además, menciona que el presidente tiene derecho a ser revocado bajo lineamientos bien definidos, pues someter a consulta su revocación sin especificar de manera detallada las razones que implican la pérdida de confianza lo coloca en una "clara situación de desventaja".
Por ello, se solicita a la Suprema Corte que fije el alcance, así como la naturaleza de la misma.
Cuarto concepto de invalidez:
El artículo 32 de la ley(3) violenta lo dispuesto en los artículos 35, fracción IX, inciso 7 y 41, fracción I, de la Constitución, al permitir la participación de los partidos políticos en el proceso de revocación de mandato, dándoles la posibilidad de que puedan utilizar los recursos públicos destinados a actividades específicas.
Violación al artículo 35, fracción IX, inciso 7, constitucional (invasión de atribuciones del INE y OPLES): El artículo 35, fracción IX, inciso 7, de la Constitución dispone que el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales son los únicos facultados para realizar la difusión de la participación ciudadana en los procesos de revocación de mandato, pues establecen una obligación de suspender la difusión de los medios de comunicación de propaganda gubernamental.
Explica que el artículo 32 de la ley impugnada, permite que los partidos políticos promuevan la participación ciudadana en el proceso de revocación de mandato, aun cuando la Constitución es clara al determinar que las únicas dos instancias facultadas para promover y difundir los procesos de revocación de mandato son el INE y los OPLES. De esta manera, se permite la injerencia y participación de los partidos políticos en un proceso de democracia directa, lo cual lo desnaturaliza y lo modifica en uno de democracia representativa.
Al permitir la participación de los partidos políticos, el proceso de revocación se convierte en un ejercicio partidista. Esto llevaría a una confrontación a las diferencias entre las posturas de los partidos, en vez de referirse a lo previsto expresamente en la Constitución.
Además, la participación de los partidos en la promoción de la revocación de mandato violentaría los principios que deben regir en la difusión de la revocatoria: objetividad, imparcialidad y finalidad informativa. Los partidos políticos harían propaganda política que suelen ser subjetivas, parciales y con fines políticos. Tanto el INE como los OPLES son órganos constitucionales autónomos que tienen las condiciones idóneas para actuar de la manera más imparcial y objetiva.
Violación al principio constitucional de seguridad jurídica: Argumentan que, al no existir un ámbito competencial claro respecto al actuar de las autoridades en la promoción de la participación ciudadana en el proceso de revocación de mandato, la ley transgrede el principio de seguridad jurídica. Los gobernados no estarían en aptitud de evitar actuaciones arbitrarias por parte de las autoridades.
Violación al artículo 41, fracción I, constitucional (atribuciones de los partidos políticos): El artículo 41, fracción I, de la Constitución establece que los partidos políticos son entidades de interés público con diversas finalidades esenciales: intervenir en procesos electorales, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación y hacer posible el acceso al poder público. De dicha disposición no se advierte alguna facultad para que los partidos puedan intervenir en la revocación de mandato. La Ley General de Partidos Políticos tampoco otorga a los partidos participación alguna en la promoción de la participación ciudadana en los procesos de revocación de mandato, pues la naturaleza de estos se limita a la participación en procesos electorales y la integración de la representación política.
Esto se advierte del proceso legislativo que dio origen al Decreto de Reforma Constitucional en Materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato.
En un inicio, la Cámara de Diputados (Origen) buscó permitir la participación de diversos actores en la convocatoria de la revocación. Sin embargo, la Cámara de Senadores (Revisora) cambió dicha propuesta, eliminando la posibilidad de que los actores políticos participen antes y durante su realización. Dicha atribución correspondería, para el caso del presidente, única y exclusivamente al Instituto Nacional Electoral.
Además, el artículo 35, fracción IX, inciso 7, dispuso prohibir el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato.
El accionante señala que es dable concluir que el procedimiento de revocación es un ejercicio estrictamente ciudadano; sin ser procedente la participación de ninguna autoridad o partido político. Le corresponde al INE convocar, organizar y desarrollar el procedimiento; además de ser el único facultado para promover la participación ciudadana y difundir la actividad. Dicha promoción debe ser objetiva, imparcial y con fines informativos. Está prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de promoción y propaganda relacionado con dichos procesos.
En atención a lo anterior, la ley violenta la Constitución al permitir que los partidos políticos se involucren en una actividad ciudadana, utilizando sus maquinarias partidistas para actividades de difusión y promoción.
Violación al artículo 35, fracción IX, inciso 7, constitucional (Utilización de recursos públicos): Dicho artículo prohíbe expresamente que se puedan utilizar recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato. A pesar de dicha disposición, el artículo 32 de la ley señala que los partidos políticos deben abstenerse de aplicar los recursos derivados del financiamiento público y del financiamiento privado para la realización de sus actividades ordinarias permanentes o sus actividades tendientes a la obtención del voto.
La accionante señala que esto permitiría, de manera indirecta, el uso de recursos públicos por concepto de actividades específicas. De esta manera, el artículo de la ley viola la Constitución al sólo restringir el uso de recursos derivados del financiamiento público y privado para la realización de sus actividades ordinarias permanentes o sus actividades tendientes a la obtención del voto. La palabra abstención no conlleva la prohibición expresa de poder realizar algo, sino la decisión particular de dejar de hacerlo. Esto a pesar de la imposibilidad total dispuesta en la Constitución Política. Además, el artículo no contempla como prohibidos los recursos públicos destinados a actividades específicas. El artículo 41, fracción I, de la Constitución prevé como financiamiento público para los partidos políticos 1) las ministraciones para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes; 2) las ministraciones tendientes a la obtención del voto durante procesos electorales; y, 3) las de carácter específico. Por ello, al no incluir las ministraciones marcadas con el número 3, se contraviene la prohibición constitucional.
Argumenta que dicha norma genera confusión pues al facultar a los partidos políticos para que puedan promocionar la participación ciudadana en el ejercicio de revocación de mandato y mencionar explícitamente las fuentes de financiamiento prohibidas, se entiende que los partidos políticos pueden hacer uso de aquellas que no están expresamente prohibidas (ministraciones de carácter específico).
Esto es de máxima relevancia ante los procesos electorales que comienzan el presente año en seis entidades federativas que tendrán elecciones ordinarias en junio de dos mil veintidós, al llevarse a cabo la campaña de difusión de la revocación de mandato durante la realización de ciertas etapas de dichos procesos electorales.
Quinto concepto de invalidez:
El artículo 41 de la ley(4) contraviene los artículos 35, fracción IX, inciso 7 y 41, fracción I, de la Constitución, al permitir que los partidos políticos tengan representantes en las mesas de casilla.
Como se ha señalado en las diversas secciones de la demanda, la minoría parlamentaria argumenta que los partidos políticos no pueden ni deben ser parte o actores dentro de los procesos de democracia directa, especialmente en el caso del proceso de revocación de mandato. El artículo 35, fracción IX, de la Constitución prevé que serán el INE y los OPLES los únicos órganos estatales que podrán llevar a cabo la realización directa de estos procesos. Además, el artículo 41, fracción I, del mismo ordenamiento no otorga el derecho a los partidos políticos para que participen en un proceso de revocación de mandato.
A pesar de ello, el artículo impugnado establece la posibilidad de que los partidos políticos se conviertan en actores en el proceso de revocación. El artículo impugnado otorga la posibilidad de que los partidos políticos con registro nacional tengan un representante ante cada mesa directiva de casilla, en términos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
La accionante reitera que la revocación de mandato es un proceso de participación ciudadana y no un ejercicio de democracia representativa. Por tanto, los partidos no deben inmiscuirse en un proceso ciudadano. Los representantes de casilla son una salvaguarda necesaria para la integridad y transparencia de una elección. Su labor es plenamente justificada el día de la jornada electoral; a diferencia de la revocación de mandato, el cual es un ejercicio ciudadano. En ese sentido, los partidos políticos no deben de tener un representante en la mesa directiva de casilla pues no tienen intereses que defender.
Sexto concepto de invalidez:
El Congreso incurrió en una omisión legislativa al no haber establecido regulación alguna respecto a los medios de impugnación, contraviniendo los artículos 35, fracción IX, 41, fracción VI y 99, fracción III, de la Constitución.
La Constitución establece que los resultados de los procesos de revocación de mandato del presidente podrán ser impugnados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los términos de la fracción VI del artículo 41 y fracción III del numeral 99. El artículo 99 dispone que la ley deberá establecer un sistema de medios de impugnación que garantice los principios de constitucionalidad y legalidad en los procesos de revocación de mandato.
A pesar de ello, el Congreso aprobó la ley federal limitándose a reiterar lo establecido en el artículo 35, fracción IX, de la Constitución. El capítulo "De los medios de impugnación" de la ley se compone de un solo artículo.
La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral es la legislación emitida por el Congreso de la Unión, de conformidad con los artículos señalados con anterioridad. Sin embargo, el legislador no realizó adecuaciones necesarias para que los ciudadanos y los sujetos interesados puedan recurrir las resoluciones en el proceso de revocación de mandato. El artículo tercero de la ley de medios no prevé un medio de impugnación típico para impugnar los resultados de la revocación de mandato; además, los previstos en dicho artículo no se adecúan a las particularidades de la figura. Tampoco resulta aplicable el juicio para la protección de los derechos político-electorales, previsto en el artículo 79 de la ley de medios, pues éste sólo es procedente para defender los derechos a votar y ser votado en elecciones populares, asociación política, formación y afiliación de partidos políticos e integrar las autoridades electorales. Esto ha sido confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia: "JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA."
Esto lleva a la imposibilidad de la ciudadanía para ejercer un medio de defensa en los procesos de revocación de mandato, violando la Constitución. La Suprema Corte, al resolver la acción de inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas, determinó que los instrumentos de participación ciudadana no inciden sobre las reglas que establecen el régimen normativo de los procesos electorales.
Además, los resultados de una elección sólo pueden ser impugnados por los partidos políticos o por los candidatos a cargos de elección a través del juicio de protección referido. En el presente caso, al tratarse de un proceso de participación ciudadana, la impugnación y defensa del voto debe quedar a cargo de los ciudadanos, no de los partidos; defensa imposibilitada ante la inexistencia de claridad respecto a la procedencia de los juicios de protección para controvertir los resultados del proceso de revocación de mandato.
Por ello, no se colma el mandato constitucional de establecer un sistema de medios de impugnación que dé definitividad a las etapas de la revocación de mandato. La ley impugnada no previó los supuestos y reglas que permiten controvertir el proceso de revocación de mandato; tampoco incluyó la regla de recuento.
De esta manera, se transgreden los principios de certeza y seguridad jurídica ya que al ser la revocación de mandato un instrumento de participación ciudadana es necesario que se establezcan con absoluta claridad las etapas, procesos y requisitos para que los ciudadanos puedan acceder a los medios de defensa.
En el caso en concreto, se actualiza una omisión legislativa relativa en competencia de ejercicio obligatorio, pues el Congreso emitió la ley teniendo la obligación de rango constitucional de hacerlo en atención a lo dispuesto al decreto de reforma constitucional de la materia. Dicha ley fue deficiente en cumplir lo relativo a los supuestos y reglas para el ejercicio de los medios de impugnación. El recurrente cita los siguientes criterios jurisprudenciales del Pleno de la Suprema Corte, de rubro: "OMISIONES LEGISLATIVAS. SUS TIPOS." y "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI BIEN ES IMPROCEDENTE CONTRA UNA OMISIÓN ABSOLUTA EN LA EXPEDICIÓN DE UNA LEY, NO LO ES CUANDO AQUÉLLA SEA RESULTADO DE UNA DEFICIENTE REGULACIÓN DE LAS NORMAS RESPECTIVAS."
Séptimo concepto de invalidez:
El legislador incurrió en una omisión legislativa al no establecer un régimen sancionatorio que permita la eficacia de las disposiciones constitucionales, en contravención al artículo 35, fracción IX, de la Constitución.
Como se vino señalando en el escrito, el marco constitucional establece prohibiciones y límites a la actividad del sector público, privado y social en el proceso de revocación de mandato. Sin embargo, la ley no prevé disposiciones que determinen las consecuencias jurídicas ni los mecanismos de control y sanción en caso de incumplimiento.
La ley federal realiza una remisión a la LGIPE; remisión que resulta insuficiente pues se contemplan en esta ley disposiciones de derecho administrativo sancionador. Por ello, cualquier sanción a imponer debe cumplir con el principio de tipicidad, que junto con el principio de reserva de ley constituyen el "núcleo duro" del principio de legalidad en materia de sanciones. Es decir, deben estar determinadas en una ley, de manera clara y precisa, las conductas ilícitas y las sanciones correspondientes. Cita el criterio jurisprudencial del Pleno, de rubro: "TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS."
Octavo concepto de invalidez:
Los artículos cuarto y quinto transitorios(5) de la ley impugnada son inconstitucionales al incurrir en una omisión legislativa, pues si bien establecen que el INE deberá cubrir el ejercicio de sus atribuciones en materia de revocación de mandato con base en su presupuesto, la asignación no depende de éste, sino de la Cámara de Diputados en la aprobación del presupuesto de egresos. Dicha omisión viola el artículo 35, fracción IX, de la Constitución e imposibilita el ejercicio del derecho de participación ciudadana.
Dichas disposiciones impusieron al INE la obligación de llevar a cabo adecuaciones presupuestarias a su presupuesto asignado para la realización del proceso de revocación de mandato. Estos artículos son "notori
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30900-62d62461/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-equivalente-al-treinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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