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Modo: Corpus Pro

AUTORIDAD TERCERA INTERESADA EN PLANO DE IGUALDAD CON EL QUEJOSO. TIENE ESE CARÁCTER LA AUTORIDAD DEMANDADA CUANDO EL ACTOR PROMUEVE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS QUE EMANAN DEL MISMO PROCEDIMIENTO LABORAL EN EL QUE INTERVIENEN Y, POR TAL MOTIVO, DEBE EMPLAZARSE PERSONALMENTE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2020. · Registro digital (IUS): 30903
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2022-09-09
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, EN AUXILIO DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO
Localización: Undécima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Septiembre de 2022, Tomo IV, Pág.3832.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, EN AUXILIO DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, EN AUXILIO DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. 8 DE DICIEMBRE DE 2020. MAYORÍA DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MAURICIO FERNÁNDEZ DE LA MORA, JUAN MANUEL DÍAZ NÚÑEZ, JORGE HOLDER GÓMEZ, OSBALDO LÓPEZ GARCÍA Y OLGA ILIANA SALDAÑA DURÁN. DISIDENTE: ESTELA PLATERO SALADO. PONENTE: JUAN MANUEL DÍAZ NÚÑEZ. SECRETARIO: ÓSCAR EFRÉN BRIONES SOTO.

CONSIDERANDO

PRIMERO.—Competencia.

El Pleno del Decimonoveno Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo establecido en los artículos 94 y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41-Bis y 41-Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito.

Sin que sea impedimento para arribar a la anterior conclusión, que los órganos participantes en la contradicción de criterios son el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, toda vez que los Tribunales Colegiados Auxiliados (Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno (sic) Circuito, en Ciudad Victoria, Tamaulipas), corresponden a este mismo Circuito y a una misma especialidad; de ahí que este Pleno del Decimonoveno Circuito es el competente para resolver la presente contradicción de tesis.

Al respecto, es aplicable, por analogía, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y consideraciones interpretativas siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AUXILIAR, EN APOYO DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, Y UN TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE AQUÉLLA EL PLENO DE ESE CIRCUITO Y, SI NO EXISTE, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Los Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares tienen jurisdicción en todo el territorio de la República Mexicana y, sin modificar su sede territorial, brindan apoyo a los Tribunales Colegiados de Circuito durante un determinado periodo, concluido el cual pueden auxiliar a otros, por lo que su competencia se modifica en razón del órgano jurisdiccional al que auxilie, así como de los expedientes y el lapso en el que brinden su apoyo. Ahora, aun cuando los Tribunales Auxiliares apoyan a órganos de distintos Circuitos y cuentan con una competencia restringida, limitada al dictado de la sentencia, al prestar su ayuda a determinado Tribunal Colegiado de Circuito asumen la jurisdicción de éste, lo que implica que el Auxiliar tenga que interpretar la normatividad estatal aplicable en dicho Circuito. En ese sentido, ya que el Constituyente, el legislador ordinario y el Consejo de la Judicatura Federal establecieron una regla de competencia para decidir las contradicciones de tesis en las que participen Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares, se considera que éstos pertenecen al Circuito del Tribunal Colegiado auxiliado; por tanto, si los Tribunales Colegiados contendientes corresponden a un mismo Circuito y a una misma especialidad, el competente para conocer de las contradicciones de tesis que sustenten será el Pleno de Circuito de los Tribunales correspondientes, en el entendido de que si en el Circuito de que se trate no existe integrado Pleno, en términos del Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, abrogado por el diverso Acuerdo General 11/2014 del propio órgano, quien debe conocer de la contradicción es esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues debe asumir la competencia para conocer de las contradicciones de tesis en que se actualice el supuesto de referencia, a fin de resolver la cuestión planteada, porque así se otorga certeza jurídica para resolver los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados únicos en un Circuito que fueron apoyados en el dictado de resoluciones por un Tribunal Colegiado Auxiliar que asumió su jurisdicción."(6)

SEGUNDO.—Legitimación.

La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues la formularon los Magistrados integrantes del Pleno del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, en Saltillo, Coahuila de Zaragoza.

TERCERO.—Posturas contendientes.

Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima necesario precisar las consideraciones de los Tribunales Colegiados de Circuito al emitir sus resoluciones.

I. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, quien al resolver el expediente auxiliar 102/2020 (amparo en revisión 314/2019) del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno (sic) Circuito, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, sostuvo:

"III. Reposición del procedimiento.

"Los agravios y las consideraciones de la sentencia recurrida son de estudio innecesario, porque este Tribunal Colegiado advierte una violación procesal que amerita revocar la sentencia impugnada y reponer el procedimiento, de conformidad con el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo.(7)

"En el juicio de amparo el quejoso reclamó del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores del Estado y los Municipios de Tamaulipas, la omisión genérica de ejecutar el laudo dictado contra el **********, dentro del procedimiento laboral **********.

"El Juez de Distrito admitió a trámite la demanda de garantías, requirió a la autoridad responsable el informe justificado; señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; y reconoció con el carácter de tercero interesado al **********, de conformidad con el artículo 5o., fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, ya que tiene el carácter de contraparte del quejoso en el procedimiento laboral del cual emanó el acto reclamado, por lo que ordenó su emplazamiento en el domicilio convencional que se señaló ante la responsable.

"Por su parte, el actuario judicial realizó el emplazamiento vía oficio, al parecer en el domicilio convencional que señaló el quejoso, pues enseguida del número de oficio dirigido al Ayuntamiento tercero interesado está escrito con lápiz **********; sin que exista certeza de que efectivamente compareció a dicho domicilio, pues solamente al margen del oficio obra una firma ilegible y una fecha de recibido (ver página 14 del expediente de amparo).

"La notificación anterior evidencia una violación a las normas del procedimiento del juicio de amparo, en virtud de que el emplazamiento al **********, se practicó de manera defectuosa, ya que si bien tiene el carácter de tercero interesado por ser la contraparte del quejoso en el procedimiento laboral del cual derivó el acto reclamado, lo cierto es que la particularidad de ser una persona moral oficial no le dota de la calidad de imperio para considerarla como autoridad y que, por ende, el emplazamiento a juicio se practique vía oficio, en términos del artículo 26, fracción II, inciso b),(8) de la ley de la materia, como así lo ordenó el Juez de Distrito por considerar que se trata de una autoridad tercera interesada.

"En efecto, en torno a las notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que son las siguientes:

"a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular.

"b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad.

"c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular.

"d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado.

"Las características enumeradas se encuentran plasmadas en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes:

"‘AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.’(9)

"Conforme a lo expuesto, la persona moral oficial puede actuar con imperio (ser autoridad) cuando cumple la función que le está encomendada en la ley, teniendo una relación de supra a subordinación con los gobernados; pero puede actuar también sin imperio, cuando está en una relación de igualdad o cuando el acto jurídico que realiza no persigue la finalidad pública para la que fue creada.

"En el caso, el **********, no tiene el carácter de autoridad para efectos de presente juicio de amparo, pues en el juicio laboral del cual derivó el acto reclamado, compareció a defender sus intereses particulares como ente patronal; por lo que el emplazamiento no debió practicarse mediante oficio, pues ante la autoridad responsable, actuó como persona moral oficial en un plano de igualdad procesal respecto al quejoso, esto es, sin imperio.

"De ahí que el emplazamiento debió practicarse de manera personal en el domicilio que tiene señalado en los autos del juicio de origen, para lo cual el fedatario judicial debió levantar acta circunstanciada, en términos del artículo 26, fracción I, inciso b),(10) en relación con el diverso 27 de la Ley de Amparo, a fin de que exista certeza de que en el domicilio en que se constituye puede ser localizado y emplazado a juicio por conducto de los apoderados legales que nombró en el juicio de origen.

"Lo anterior es así, porque de practicarse vía oficio, como se hizo, impide que se tenga una referencia respecto al sitio en que se constituyó el fedatario judicial y de los apoderados de la persona moral oficial; lo que pone en tela de juicio la legalidad de la notificación practicada.

"En efecto, para que este tribunal tenga pleno convencimiento de que el emplazamiento a dicha persona moral oficial, como tercera interesada, se llevó a cabo en el lugar correcto, debió levantarse acta circunstanciada de la notificación personal, pues sólo de esta manera se podrá tener la certeza de que en el domicilio convencional señalado por el quejoso puede ser localizada y emplazada, más aún si se considera que de realizarse vía oficio en un domicilio que no es el oficial, se carecen de los sellos oficiales con los que cuentan los entes públicos para dar trámite a los asuntos de su competencia; lo que, en todo caso, permitiría generar certeza de que en el domicilio en que se constituyó el fedatario judicial puede ser localizado el tercero interesado, pero al no ser así, se desconoce si efectivamente ahí puede ser localizada y emplazada.

"Sirve de apoyo a lo expuesto, por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 43/2017 (10a.),(11) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:

"‘NOTIFICACIONES EN AMPARO. SURTEN EFECTOS EL DÍA SIGUIENTE AL DE SU REALIZACIÓN CUANDO EL RECURRENTE ES AUTORIDAD CON EL CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO, PERO COMPARECE A JUICIO EN UN PLANO DE IGUALDAD CON EL QUEJOSO. Si bien es cierto que acorde con el artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo las notificaciones, cuando se trate de autoridades responsables y aquellas que tengan el carácter de terceros interesados que con esa calidad acudan a juicio, surtirán sus efectos desde el momento en que hayan quedado legalmente hechas, también lo es que cuando la autoridad tercero interesada interpone el medio de defensa legal o el recurso sin actuar con imperio –esto es, en una relación de supra a subordinación con el gobernado en el ejercicio de una facultad pública–, sino que comparece en un plano de igualdad con el quejoso –como acontece cuando, por ejemplo, deriva de una mera relación laboral que sostuvieron–, la notificación surte efectos conforme a la fracción II del mismo artículo, es decir, el día siguiente al de su realización.’

"Lo anterior, sin perjuicio de que, en caso de que el domicilio sea incierto o no pueda ser localizada, el emplazamiento se realice vía oficio, pero en el domicilio oficial de esa persona moral, como lo dispone el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo; ya que la recepción del oficio mediante los sellos oficiales permite generar certeza de que efectivamente el actuario se constituyó en el lugar correcto para emplazar a juicio.

"Por tanto, si la persona moral oficial, aquí recurrente, en su calidad de tercero interesado no fue llamada a juicio en los términos precisados en esta ejecutoria, se transgredieron las normas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, lo que impidió que tuviera la oportunidad de probar y alegar en su favor lo que a su derecho conviniera, sin que se hubiere hecho así; aspecto que trasciende al resultado del fallo, en atención a que no se integró debidamente la litis constitucional y se resolvió la contienda sin dar oportunidad a todas las partes de ser oídas en el juicio."

II. Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, quien, al resolver el expediente auxiliar 945/2019 (amparo en revisión laboral 232/2019) del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno (sic) Circuito, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, sostuvo:

"SEXTO.—Estudio. Son esencialmente fundados los agravios planteados por la autoridad recurrente en los cuales se inconforma de una violación procesal, lo que conduce a revocar la resolución recurrida y reponer el procedimiento, de conformidad con el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo.(12)

"Pues bien, aduce en esencia la recurrente que fue mal emplazada al juicio de amparo indirecto, ya que tuvo conocimiento de la existencia de éste, luego de hacer una revisión del juicio laboral de origen, pues dentro de dicho expediente se hace referencia a un juicio ventilado ante el Juzgado Decimoprimero (sic) de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, y de cuyo análisis se advirtió que se le tuvo como tercera interesada (persona moral oficial), sin que hubiere comparecido al mismo, pues no fue notificado en su domicilio oficial ubicado en calle **********, sino en el diverso ubicado en **********, de Ciudad Victoria, Tamaulipas, mismo que es un domicilio particular.

"Asiste razón a la recurrente.

"Pues bien, como se destacó con anterioridad, por acuerdo de treinta de mayo de dos mil diecinueve, el Juez a quo desechó de plano la demanda de amparo interpuesta por **********, respecto de la autoridad responsable **********, por no constituir un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo; sin embargo, le atribuyó el carácter de tercero interesado, ordenando su emplazamiento, llevándose a cabo vía oficio, por tratarse de persona moral oficial en los términos siguientes:

"(La imagen se suprime de conformidad con los artículos 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce).

"Como puede verse, de dicha constancia de emplazamiento se desprende que el oficio de notificación dirigido al **********, fue recibido el cuatro de junio de dos mil diecinueve a las once horas, apareciendo una firma de recibido, sin resultar legible.

"En ese contexto y así realizada dicha notificación, no se aprecia un dato fehaciente que indique que la misma se realizó en el domicilio convencional que refiere la recurrente (**********), al no contenerse ninguna referencia respecto a ese sitio.

"Como tampoco se aprecia que haya sido dirigida al domicilio oficial de la autoridad.

"Lo que pone en tela de juicio la legalidad de dicha notificación.

"Ello era importante, ya que como lo refiere la autoridad recurrente, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero interesados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, en términos de la fracción II, inciso b), del artículo 26 de la Ley de Amparo.

"De esa forma, que este tribunal pudiera llegar a un pleno convencimiento de que el emplazamiento a dicha autoridad moral oficial, como tercero interesado, se llevó a cabo en el lugar correcto, esto es, en su oficina principal, debe tenerse plena seguridad de que el llamamiento se llevó a cabo en esos términos, sin que se advierta constancia fehaciente de que su recepción se hubiere realizado en ese sitio; máximo (sic) que ni siquiera se aprecia la impresión de un sello oficial de la autoridad notificada, siendo que es un hecho notorio que las autoridades cuentan con sellos oficiales para dar trámite a los asuntos de su competencia, y en ese tenor, no se aprecia su utilización en la especie.

"Y sin que del resto de las actuaciones del juicio de amparo que se revisa se desprenda alguna otra diligencia de notificación dirigida a la autoridad recurrente, en la que se aprecie que la autoridad fue notificada en el lugar que constituye su domicilio oficial, ni aun la utilización de un sello oficial para su recepción.

"Apoya lo anterior, la tesis jurisprudencial de rubro siguiente:

"‘NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar.’(13) "Así como la diversa tesis emitida por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, interpretada en sentido contrario, que a la letra dice:

"‘NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. SE PRESUMEN VÁLIDAS POR LO QUE PARA DESTRUIR TAL PRESUNCIÓN DEBE PROMOVERSE INCIDENTE DE NULIDAD. Cuando en autos obra constancia de notificación a la autoridad responsable en un domicilio oficial e, incluso, el sello de acuse que prueba la recepción del oficio notificatorio, se actualiza la presunción fundada de que aquélla fue realizada conforme a derecho, siempre y cuando no haya sido controvertida mediante incidente de nulidad de notificaciones y anulada por la autoridad judicial federal en términos del artículo 32 de la Ley de Amparo, pues la constancia actuarial de notificación es un documento público de eficacia plena, en razón de que las diligencias realizadas por los actuarios gozan de fe pública y tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, a menos que su contenido sea desvirtuado por prueba en contrario, en el incidente correspondiente.’(14)

"Por tanto, al tener la calidad de tercero interesado debió llamársele en forma correcta a juicio para que tuviera la oportunidad de probar y alegar en su favor lo que a su derecho conviniera, sin que se hubiere hecho así.

"Lo que trascendió al resultado del fallo, en atención a que no se integró debidamente la litis constitucional y se resolvió la contienda sin dar oportunidad a todas las partes de ser oídas en el juicio."

CUARTO.—Estándar sobre las condiciones necesarias para la existencia de la contradicción.

Conforme a lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los criterios de título y subtítulo: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(15) y "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.",(16) por "contradicción de tesis" debe entenderse cualquier discrepancia en el criterio adoptado por órganos jurisdiccionales terminales, mediante argumentaciones lógico-jurídicas que justifiquen su decisión en una controversia, independientemente de que hayan o no emitido tesis.

Así, una nueva forma de aproximarse a los problemas que se plantean en este tipo de asuntos es la necesidad de unificar criterios y no la de comprobar que se reúna una serie de características formales o fácticas.

Para corroborar que una contradicción de tesis es procedente, se requiere determinar si existe la necesidad de unificar criterios, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación que llevaron a cabo los órganos jurisdiccionales.

En otras palabras, para resolver si existe o no la contradicción de tesis, es necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas.

Por ende, si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y dado que el problema radica en los procesos de interpretación –no en los resultados– adoptados por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente, es indispensable que se cumplan las condiciones establecidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de título: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.",(17) las cuales exigen que:

• Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

• Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

• Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

Con ese estándar, se busca detectar un diferendo de criterios interpretativos más allá de las particularidades de cada caso concreto.

A partir de lo expuesto, se verificará si el asunto cumple con las condiciones necesarias para la existencia de la contradicción entre los criterios de los Tribunales Colegiados de Circuito.

Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial.

A juicio de este Pleno de Circuito, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de desplegar el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se desprende de las resoluciones que participan en esta contradicción de tesis, tal como se verá a continuación:

I. Decisión del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, al resolver el expediente auxiliar 102/2020 (amparo en revisión 314/2019) del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno (sic) Circuito, en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Los elementos que incidieron en su decisión fueron los siguientes:

• En el juicio de amparo indirecto 1545/2019 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, en Ciudad Victoria, se reclamó del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores del Estado y los Municipios de Tamaulipas, la omisión genérica de ejecutar el laudo dictado contra el **********, en el procedimiento laboral **********.

• El Juez de Distrito reconoció con el carácter de tercero interesado al **********, de conformidad con el inciso b), fracción III, del artículo 5o. de la Ley de Amparo, al tener el carácter de contraparte del quejoso en el procedimiento laboral del cual emanó el acto reclamado, y ordenó su emplazamiento en el domicilio convencional señalado ante la autoridad responsable.

• El actuario judicial realizó el emplazamiento vía oficio, al parecer en el domicilio convencional que señaló el quejoso como del tercero interesado, sin que existiera certeza de que efectivamente compareció al mismo, pues al margen del oficio obraba una firma ilegible y una fecha de recibo.

• El emplazamiento al **********, se practicó defectuosamente, toda vez que si bien era cierto, tenía el carácter de tercero interesado por ser la contraparte del solicitante del amparo en el procedimiento laboral del cual derivó el acto reclamado, también lo era que la particularidad de ser una persona moral oficial no le confirió la calidad de imperio para considerarlo como autoridad y, por ende, el emplazamiento a juicio se practicara vía oficio, de conformidad con el inciso b), fracción II, del artículo 26 de la Ley de Amparo, como ordenó el Juez de Distrito por considerar que se trataba de una autoridad tercera interesada.

• El ********** no tenía el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, toda vez que en el procedimiento del cual derivó el acto reclamado, compareció a defender sus intereses particulares como ente patronal, de ahí que el emplazamiento no debió practicarse mediante oficio, pues ante la autoridad responsable, actuó como persona moral pública en un plano de igualdad procesal respecto al quejoso, esto es, sin imperio.

• El emplazamiento debió practicarse de manera personal en el domicilio que tenía señalado en los autos del juicio de origen, para lo cual el fedatario judicial debió levantar acta circunstanciada, en términos del inciso b), fracción I, del artículo 26, en relación con el diverso 27, ambos de la Ley de Amparo, a fin de que existiera certeza de que en el domicilio en que se constituyó podía localizarse y emplazarse a juicio por conducto de los apoderados legales nombrados en el procedimiento de origen.

• De practicarse vía oficio, como se hizo el emplazamiento, impedía tener una referencia respecto al sitio en que se constituyó el fedatario judicial y de los apoderados de la persona moral pública.

• De realizarse vía oficio en un domicilio que no era el oficial, se carecían de los sellos oficiales con los que contaban los entes públicos para dar trámite a los asuntos de su competencia, lo que, en todo caso, permitiría generar certeza de que en el domicilio en que se constituyó el fedatario judicial podía localizarse el tercero interesado, pero al no ser así, se desconocía si efectivamente ahí podía localizarse y emplazarse.

• Lo anterior, sin perjuicio de que en el supuesto de que el domicilio fuera incierto o no pudiera localizarse, el emplazamiento se realizara vía oficio, pero en el domicilio oficial de la persona moral, de conformidad con el inciso b), fracción II, del artículo 26 de la Ley de Amparo; toda vez qu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30903-e52bb0d3/autoridad-tercera-interesada-en-plano-de-igualdad-con · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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