JUICIO DE NULIDAD TRAMITADO EN LA VÍA SUMARIA. PARA DEFINIR CUÁNDO SURTE EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACTO IMPUGNADO DEBE APLICARSE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 152/2019 (10a.) DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, VIGENTE AL MOMENTO DE PRESENTARSE LA DEMANDA RESPECTIVA, Y NO LA DIVERSA PC.I.A. J/56 A (10a.) DEL PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, VIGENTE AL REALIZARSE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA IMPUGNADA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 34/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO, DÉCIMO TERCERO, DÉCIMO CUARTO, DÉCIMO NOVENO Y VIGÉSIMO PRIMERO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 14 DE JUNIO DE 2022. MAYORÍA DE VEINTE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ARTURO ITURBE RIVAS, ALMA DELIA AGUILAR CHÁVEZ NAVA, JOSÉ PATRICIO GONZÁLEZ LOYOLA PÉREZ, ANTONIO CAMPUZANO RODRÍGUEZ, FRANCISCO GARCÍA SANDOVAL, MARÍA DEL PILAR BOLAÑOS REBOLLO, EDWIN NOÉ GARCÍA BAEZA, ALFREDO ENRIQUE BÁEZ LÓPEZ, JOSÉ LUIS CRUZ ÁLVAREZ, ÓSCAR GERMÁN CENDEJAS GLEASON, JUAN MANUEL DÍAZ NÚÑEZ, EMMA GASPAR SANTANA, IRMA LETICIA FLORES DÍAZ, MARÍA GUADALUPE MOLINA COVARRUBIAS, ROLANDO GONZÁLEZ LICONA, JESÚS ALFREDO SILVA GARCÍA, MA. GABRIELA ROLÓN MONTAÑO, GUILLERMINA COUTIÑO MATA, ROSA GONZÁLEZ VALDÉS Y JORGE OJEDA VELÁZQUEZ. DISIDENTES: JOEL CARRANCO ZÚÑIGA, MARÍA ELENA ROSAS LÓPEZ Y JUAN CARLOS CRUZ RAZO, QUIENES CONSIDERAN QUE DEBIÓ SER ANALIZADO EL PLANTEAMIENTO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. MAYORÍA DE TRECE VOTOS POR CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO, DE LOS MAGISTRADOS JOEL CARRANCO ZÚÑIGA, ALMA DELIA AGUILAR CHÁVEZ NAVA, MARÍA ELENA ROSAS LÓPEZ, ANTONIO CAMPUZANO RODRÍGUEZ, FRANCISCO GARCÍA SANDOVAL, MARÍA DEL PILAR BOLAÑOS REBOLLO, EDWIN NOÉ GARCÍA BAEZA, JOSÉ LUIS CRUZ ÁLVAREZ, JUAN MANUEL DÍAZ NÚÑEZ, EMMA GASPAR SANTANA, IRMA LETICIA FLORES DÍAZ, MA. GABRIELA ROLÓN MONTAÑO Y JORGE OJEDA VELÁZQUEZ. DISIDENTES: ARTURO ITURBE RIVAS, JOSÉ PATRICIO GONZÁLEZ LOYOLA PÉREZ, ALFREDO ENRIQUE BÁEZ LÓPEZ, ÓSCAR GERMÁN CENDEJAS GLEASON, MARÍA GUADALUPE MOLINA COVARRUBIAS, ROLANDO GONZÁLEZ LICONA, JUAN CARLOS CRUZ RAZO, JESÚS ALFREDO SILVA GARCÍA, GUILLERMINA COUTIÑO MATA Y ROSA GONZÁLEZ VALDÉS, QUIENES FORMULAN VOTO DE MINORÍA. PONENTE: FRANCISCO GARCÍA SANDOVAL. SECRETARIO: ISMAEL HINOJOSA CUEVAS.
Ciudad de México. Acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la sesión de catorce de junio de dos mil veintidós.
VISTOS;
Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Denuncia de la contradicción. Mediante oficio recibido vía electrónica en la Secretaría de Acuerdos del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, el diez de noviembre de dos mil veintiuno, el Magistrado Alfredo Enrique Báez López formuló denuncia de contradicción de tesis respecto de los criterios sustentados entre los Tribunales Colegiados Décimo, Décimo Tercero, Décimo Cuarto, Décimo Noveno y Vigésimo Primero, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver, respectivamente, los juicios de amparo directo DA. 294/2021, DA. 100/2021, DA. 481/2019, DA. 142/2021 y DA. 300/2020.
En el oficio de denuncia de contradicción se precisó que los Tribunales Colegiados Décimo Tercero y Décimo Cuarto en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los juicios de amparo DA. 100/2021 y DA. 481/2019, respectivamente, negaron el amparo promovido contra la sentencia que confirmó el desechamiento por extemporaneidad de la demanda de nulidad promovida por la parte actora, en el correspondiente juicio contencioso de origen, porque al momento de presentarse la demanda era de observancia obligatoria la siguiente jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
"JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL TRAMITADO EN LA VÍA SUMARIA. PARA DETERMINAR EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DEBE CONSIDERARSE QUE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA SURTE EFECTOS DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 13, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Para efecto de proveer sobre la oportunidad de la presentación de la demanda en la vía sumaria, la notificación de la resolución que se pretende controvertir surte efectos conforme a la ley aplicable a la misma resolución, de conformidad con el artículo 58-2, último párrafo (de la ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2013) o penúltimo (de la ley publicada en el indicado medio de difusión oficial el 13 de junio de 2016), cuyo texto guarda identidad jurídica, contenido en el apartado específico de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que regula el juicio en la vía sumaria, esto es, debe aplicarse la propia ley en su numeral 13, fracción I, inciso a), pues la regla general invocada en dicho precepto fue objeto de reforma, en donde se incluyó un nuevo elemento en el sistema normativo, esto es, una regla específica que rige la forma en que ha de considerarse que surten efectos las notificaciones de las resoluciones impugnadas para efectos de la procedencia del juicio administrativo que debe aplicarse no sólo a la vía ordinaria, sino también a la sumaria y no la que prevé el artículo 70, que en realidad se refiere a las reglas que rigen las notificaciones que se practican en el trámite del juicio de nulidad. En ese sentido, las notificaciones de las resoluciones que se impugnen a través del juicio contencioso administrativo federal en la vía sumaria surtirán sus efectos conforme a la ley aplicable a la resolución impugnada." [Registro digital: 2021058. Instancia: Segunda Sala. Décima Época. Materia administrativa. Tesis: 2a./J. 152/2019 (10a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, noviembre de 2019, Tomo I, página 541, tipo: Jurisprudencia]
Que dichos Tribunales Colegiados estimaron que tal proceder no transgredía el principio de irretroactividad de la jurisprudencia, en relación con el siguiente criterio de este Pleno:
"JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN LA VÍA SUMARIA. LA NORMA PARA DETERMINAR EL MOMENTO EN QUE SURTE EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA ES EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 25 DE DICIEMBRE DE 2013). Del artículo 13, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2013, se advierte que la demanda que se promueva en el juicio en la vía ordinaria deberá presentarse dentro de los 45 días siguientes a aquel en el que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada, lo que se determinará conforme a la ley aplicable a ésta, inclusive cuando se controvierta simultáneamente como primer acto de aplicación una regla administrativa de carácter general, de donde deriva que la intención del legislador fue dar claridad para determinar el plazo para su presentación; sin embargo, no se modificó el texto del artículo 58-2, último párrafo, del ordenamiento invocado, el cual, en contraste, indica que la demanda en la vía sumaria debe presentarse dentro de los 15 días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada, ante la Sala Regional competente, de conformidad con sus disposiciones. Ahora bien, respecto de esta última porción normativa se requiere llevar a cabo un ejercicio de interpretación constitucional más favorable a los justiciables acorde con el segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para identificar el momento en que surte efectos la notificación del auto controvertido en el juicio sumario, habida cuenta que es necesario expandir y no restringir sus alcances para que el gobernado conozca en forma clara la legislación aplicable. En tal virtud, la norma que debe considerarse para definir cuándo surte efectos dicha notificación es el artículo 70 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, conforme al cual, las notificaciones surten sus efectos el día hábil siguiente al en que se practiquen, en aras de respetar los derechos de seguridad jurídica y de acceso efectivo a la justicia, previstos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, ya que de atender a la ley que rige al acto impugnado, como sería el artículo 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que establece que las notificaciones surten efectos el mismo día en que se practican, se causaría un perjuicio mayor a quienes promuevan bajo la previsión expresa de las normas citadas en primer término, ya que tendrían un día menos para preparar el adecuado ejercicio de su acción de nulidad. Consideraciones que se apoyan en lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 90/2015 (10a.)." [Registro digital: 2010293. Instancia: Plenos de Circuito. Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito. Décima Época. Materia administrativa. Tesis: PC.I.A. J/56 A (10a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, octubre de 2015, Tomo III, página 2689, tipo: Jurisprudencia]
En la denuncia de contradicción también se destacó que los Tribunales Colegiados Décimo, Décimo Noveno y Vigésimo Primero, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los juicios de amparo directo DA. 294/2021, DA. 142/2021 y DA. 300/2020, respectivamente, determinaron que la Sala responsable incorrectamente desechó la demanda de nulidad, porque cuando se notificó la resolución administrativa impugnada en el juicio contencioso, estaba vigente la citada jurisprudencia de este Pleno, la cual definía específicamente la problemática relativa al momento en que dicha notificación surte efectos para establecer la oportunidad de la presentación de una demanda de nulidad en la vía sumaria y, por ende, no debió observarse la antes transcrita jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque en ese momento todavía no se publicaba en el Semanario Judicial de la Federación.
SEGUNDO.—Trámite de la denuncia. Mediante acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito admitió a trámite la denuncia de contradicción, ordenó formar el expediente 34/2021, y solicitó a los presidentes de los Tribunales Colegiados contendientes que remitieran el archivo digital con las resoluciones respectivas e informaran si los criterios sustentados en los asuntos relacionados con la contradicción de tesis seguían vigentes o, en su caso, la causa por la cual se superaron o abandonaron.
Los tribunales contendientes informaron que sus criterios estaban vigentes.
Mediante oficio DGCCST/X/408/12/2021, de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, el director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó al secretario de Acuerdos del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, que de la consulta al sistema de seguimiento de contradicciones de tesis pendientes de resolver en ese Alto Tribunal, así como de la revisión de los acuerdos de admisión de denuncias de contradicción de tesis, no se desprendía el registro de algún conflicto de contradicción de tesis con tema a resolver idéntico o similar al que ahora se plantea en esta contradicción.
TERCERO.—Turno del asunto. Por auto de cinco de abril de dos mil veintidós, el presidente del Pleno de Circuito de la materia ordenó turnar el expediente virtual al Magistrado ponente para formular el proyecto de resolución correspondiente.
Posteriormente, mediante proveído de dos de mayo de dos mil veintidós, se otorgó prórroga al ponente para la presentación del proyecto.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41-Bis y 41-Ter, fracción I, de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 9 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia administrativa, cuya especialidad corresponde a este Pleno de Circuito.
No pasa inadvertido que, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, se abrogó la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se reformó la Ley de Amparo; sin embargo, en términos del artículo primero transitorio, fracción II, de dicho Decreto, las disposiciones relativas a los Plenos Regionales en sustitución de los Plenos de Circuito entrarán en vigor en un plazo no mayor a dieciocho meses a partir de la entrada en vigor del Decreto y a la fecha dichos Plenos Regionales todavía no están en funciones.
Se aclara que el presente pronunciamiento atenderá a lo que disponía la Ley de Amparo en lo relativo a las jurisprudencias, antes de la reforma de siete de junio de dos mil veintiuno, pues la presentación de las demandas de nulidad y su respectivo desechamiento, se suscitó antes de esa fecha, entre el dos de diciembre de dos mil diecinueve y el dos de enero de dos mil veinte.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por un Magistrado del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
TERCERO.—Consideraciones de los criterios contendientes. Previamente a determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada, es conveniente transcribir la parte relativa de las resoluciones emitidas por los órganos colegiados contendientes.
I. Antecedentes del juicio de amparo directo DA. 294/2021 del índice del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
- El director general de Contratos de Adhesión, Registros y Autofinanciamiento de la Subprocuraduría de Servicios de la Procuraduría Federal del Consumidor, a través de la resolución **********, de quince de octubre de dos mil diecinueve, impuso a la quejosa **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, en un procedimiento administrativo, una multa como medida de apremio.
- Dicha resolución se notificó a la persona moral el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve.
- La persona moral inconforme con esa determinación, el dos de diciembre de dos mil diecinueve presentó demanda de nulidad en la vía sumaria, ante la Sala Especializada en Juicios en Línea del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en donde se radicó con el número **********.
- El Magistrado instructor de la aludida Sala, mediante proveído de tres de diciembre de dos mil diecinueve, desechó la demanda por extemporánea al no haberse presentado en el plazo de treinta días previsto en el artículo 58-2, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
El cómputo que realizó partió de que la notificación de la resolución administrativa impugnada surtió efectos el mismo día en que se efectuó, en términos del artículo 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 152/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- La actora, en desacuerdo con esa determinación, interpuso recurso de reclamación, del cual conoció la citada Sala y en resolución de dos de marzo de dos mil veintiuno, confirmó el desechamiento de la demanda de nulidad, al estimar que si bien la recurrente invocó la jurisprudencia PC.I.A. J/56 (sic) (10a.) del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la cual se estableció que las notificaciones de las resoluciones administrativas impugnadas en un juicio de nulidad en la vía sumaria, surten efectos en términos del artículo 70 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es decir, al día hábil siguiente de realizadas, no podía pasarse por alto la jurisprudencia 2a./J. 152/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo.
Así, concluyó que el cómputo realizado por el Magistrado instructor fue correcto, al considerar que la notificación de la resolución administrativa impugnada surtió efectos conforme a la ley aplicable, es decir, el mismo día en que se realizó, en términos del artículo 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y, en consecuencia, al no haberse presentado la demanda de nulidad en el plazo de treinta días previsto en el precepto 58-2, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, era extemporánea.
- La actora en desacuerdo con esa sentencia promovió juicio de amparo, radicado en el Tribunal Colegiado de Circuito referido en este apartado, con el número también precisado y en sesión de siete de octubre de dos mil veintiuno se resolvió:
"... Son fundados los argumentos previamente sintetizados conforme a las consideraciones siguientes:
"En el caso, la litis a dilucidar se constriñe en determinar el criterio que debe regir en relación a la notificación de la resolución impugnada, cuestión que resulta relevante para verificar la oportunidad de la presentación de la demanda de nulidad.
"Al respecto, cabe destacar que al momento en que se practicó la notificación de la resolución impugnada a la parte quejosa, esto es, el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, se encontraba vigente la jurisprudencia número PC.I.A. J/56 A (10a.) del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (sic), Libro 23, octubre de 2015, Tomo III, página 2689, que a la letra dice:
"‘JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN LA VÍA SUMARIA. LA NORMA PARA DETERMINAR EL MOMENTO EN QUE SURTE EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA ES EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 25 DE DICIEMBRE DE 2013).’ (se transcribe)
"Posteriormente, la Segunda Sala del Alto Tribunal resolvió la contradicción de tesis 322/2019, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, en que abordó el mismo punto jurídico abordado en la jurisprudencia PC.I.A. J/56 A (10a.) del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, del que derivó el siguiente criterio, de rubro y texto siguientes:
"‘JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL TRAMITADO EN LA VÍA SUMARIA. PARA DETERMINAR EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DEBE CONSIDERARSE QUE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA SURTE EFECTOS DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 13, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.’ (se transcribe)
"Tales criterios jurisprudenciales abordan el mismo punto jurídico, relativo al momento en que surten efectos las notificaciones; sin embargo, en el caso concreto se considera pertinente que rija el criterio sostenido por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, pues se considera razonable que la parte quejosa atendiera tal criterio, en tanto al momento en que le fue practicada la notificación de la resolución impugnada, ésta se encontraba vigente, lo que implicó que orientara su proceder jurídico o estrategia legal conforme a tal criterio, esto es, siguiendo los lineamientos expresamente establecidos en ésta –para acceder a una instancia jurisdiccional–; por lo que de no atenderse tal criterio se afectan situaciones legales ya definidas, lo que implicaría corromper la seguridad jurídica del justiciable.
"A propósito de lo anterior, se trae a colación la jurisprudencia 199/2016, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (sic), Décima Época, Libro 38, Tomo I, enero de 2017, página 464, de rubro y texto siguientes: ‘JURISPRUDENCIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE AQUÉLLA TUTELADO EN EL ARTÍCULO 217, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe) "De lo anterior se sigue que el criterio del Alto Tribunal consistente en que cuando las personas ajusten su defensa legal a la hipótesis que establece una tesis de jurisprudencia, en caso de que sea modificada, sustituida o superada por otra posterior, el operador jurídico no puede desconocer la jurisprudencia anterior y aplicar la nueva, pues de hacerlo vulneraría el principio de irretroactividad de la jurisprudencia en perjuicio de persona alguna.
"También se prevé que la prohibición de efectos retroactivos impide que la nueva jurisprudencia sea aplicada a casos en que la jurisprudencia previa haya surtidos efectos dentro del juicio, pues la actuación de los Jueces está sujeta a las cosas que fueron resueltas conforme a un criterio obligatorio.
"Lo anterior, con la salvedad de que el principio de irretroactividad de la jurisprudencia únicamente tiene un ámbito de aplicación horizontal, de tal suerte que, conforme al orden jerárquico o grado de fuerza vinculante de la jurisprudencia que se encuentra reconocido en el sistema jurídico mexicano, no podría resultar retroactiva respecto a otro criterio vinculante que, aunque se refiera al mismo punto jurídico, haya sido emitido por un órgano de distinta jerarquía; pues en tales casos, es el grado de fuerza vinculante de las jurisprudencias, lo que determina qué criterio jurisprudencial debe prevalecer para resolver la contienda jurisdiccional respectiva.
"Importa señalar que, si bien las jurisprudencias no crean derechos; no puede desconocerse que constituyen una fuente de derechos, de modo que a partir del primer criterio, se fijó el aspecto procesal a seguir en relación al momento en que surte efectos la notificación, cuestión que no puede ser desconocida, en tanto es razonable que el gobernado orientara su proceder en función al aspecto procesal definido en la jurisprudencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito.
"Tal determinación no desconoce la existencia de la jurisprudencia 2a./J. 152/2019 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por ende, que pudiera considerarse que se incurre en una posible violación al principio de verticalidad a que se refirió el Alto Tribunal en la ejecutoria que dio origen a la tesis 2a./J. 199/2016 (10a.), ya que este tribunal reconoce que cuando existe la posibilidad de aplicar diversos criterios al mismo hecho, debe prevalecer el dictado por el Alto Tribunal –principio de jerarquía–; sin embargo, en el caso concreto no se actualiza tal hipótesis.
"Ciertamente, no podría operar el referido principio de jerarquía, aun y cuando el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea de un grado superior al sustentado por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito; pues cabe distinguir que en el caso, las jurisprudencias de mérito no definen derechos subjetivos fundamentales, sino que redundan sobre aspectos de carácter procesal o adjetivo, lo que conlleva distinguir que en tratándose de derechos subjetivos las jurisprudencias interpretan el pertinente alcance del derecho previsto y definido en la norma, a diferencia de aquellas que redundan en aspectos adjetivos o procesales, en que fácticamente se sustituyen en el contenido de la norma.
"En el caso, cobra relevancia tal distinción, en la medida en que la notificación y el surtimiento de efectos de la notificación de la resolución impugnada, culminaron cuando se encontraba vigente la jurisprudencia número PC.I.A. J/56 A (10a.) del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, lo que implicó que la parte actora atendiera las reglas procesales para ocurrir al juicio de nulidad en la vía sumaria, de modo que al tratarse de cuestiones ya definidas por tal criterio, ello no puede desconocerse por el surgimiento de un criterio posterior, pues como se dijo, tal criterio si bien no crea derechos, sí constituye una fuente de derechos, de manera que al encontrarse definidas las formalidades procesales aplicables ello no puede desconocerse; máxime que, como se dijo, con los criterios de referencia no se establece el alcance del derecho subjetivo sino que propiamente se sustituyen en la hipótesis normativa.
"La consecuencia de no atender tal criterio, podría acarrear que se vede el derecho de acceso a la justicia, pues si hipotéticamente el criterio del Alto Tribunal hubiera cobrado vigencia y obligatoriedad en el último día que tiene el gobernado para presentar la demanda de nulidad conforme al primer criterio el gobernado (sic), ello implicaría que no tuviera oportunidad de presentar el medio legal que la norma prevé a su alcance.
"Es así que, la decisión alcanzada abona al principio de certeza y seguridad jurídica, cuenta habida que el artículo 17 constitucional,(2) recoge e incorpora los principios pro actione y de tutela judicial efectiva, de los cuales se desprende que los operadores jurídicos están constreñidos a resolver los conflictos que les planteen las partes de manera integral y completa, sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables u ociosas que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial.
"Conviene destacar que el derecho fundamental de acceso y tutela judicial efectiva contenido en el artículo 17 constitucional, que involucra a su vez el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, ha sido abordado e interpretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se entiende, sustancialmente, como la posibilidad o prerrogativa a favor de los gobernados de promover la actividad jurisdiccional y ser parte dentro de un proceso en el que, una vez satisfechos los requisitos procesales previstos por el legislador ordinario, permita obtener una decisión en que se resuelva de manera efectiva sobre las pretensiones deducidas, observando siempre la satisfacción de los principios que integran este derecho, como son de justicia: i) pronta; ii) completa; iii) imparcial; y, iv) gratuita.
"Por tanto, la obligación a cargo del Estado no se agota con la existencia formal de un recurso, sino que el mismo debe ser idóneo para combatir la violación reclamada y brindar la posibilidad real, no ilusoria, de interponer un recurso sencillo y rápido que permita alcanzar, en su caso, la protección judicial requerida y la plena restitución de los derechos violados.
"En ese sentido, es que deberá tomarse en consideración que los recursos representan un beneficio para los particulares y no una trampa procesal, de tal suerte que, cuando esa finalidad pueda ser lograda sin detrimento alguno de otros derechos o bienes constitucionalmente dignos de tutela, debe procederse a la subsanación del defecto más que a eliminar los derechos o facultades que se vinculan a su cauce formal, lo que, con mayor razón, debe sostenerse cuando el efecto que pueda producir la inobservancia de un requisito formal sea precisamente ese cierre de la vía de recurso. Esta interpretación y su corolario, la proporcionalidad entre la sanción jurídica y la entidad real del defecto, no es sino una consecuencia más de la necesaria interpretación de la legalidad ordinaria en el sentido más favorable a la efectividad de un derecho fundamental.
"Por tanto, una decisión judicial que ponga fin prematuramente al proceso sólo será constitucionalmente válida si se apoya en una causa, a la que la norma legal anuda tal efecto, de manera categórica y expresa, con la posibilidad, sin que sea permisible la violación de tal derecho cuando se impida el acceso al proceso por criterios o motivos implícitos o poco claros, dudosos, impeditivos, irrazonables o arbitrarios, o bien, por una interpretación rigorista, literal, no concorde con los fines de la norma procesal, es que resulta inadmisible.
"Asimismo, la seguridad jurídica, en su vertiente de certeza jurídica, se refiere a la necesidad de que la regulación de las conductas se encuentre claramente acotada en los textos normativos, es decir, que exista un desarrollo normativo tal que impida la indefinición del precepto y, en tanto, que se otorgue al particular plena certeza de que está actuando dentro de los límites y con las atribuciones que al efecto le confiere la ley.
"Es dable considerar que en cada caso, los operadores jurídicos tienen la posibilidad de construir una ‘norma individualizada’, la cual se infiere o deduce a partir de la norma general, empero adecuándola o relacionándola con los hechos o circunstancias del caso concreto, siendo que dicha decisión se compone de un silogismo judicial que se integra por una premisa fáctica determinada por hechos o circunstancias, conforma las cuales deberá construirse una premisa normativa que otorgue la mejor solución al conflicto.
"Bajo tales premisas, se considera desatinada la determinación adoptada por la resolutora al considerar aplicable para computar el plazo para promover el juicio de nulidad, el criterio vigente en el momento en que se presentó la demanda, a saber, la tesis 2a./J. 152/2019 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tanto previamente existía una cuestión procesal definida y que no puede desconocerse en detrimento de la esfera de derechos de la peticionaria.
"En mérito de las razones expuestas, el único concepto de violación propuesto resulta fundado y, en consecuencia, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. ..."
II. Antecedentes del juicio de amparo directo DA. 100/2021 del índice del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
- El director general de Contratos de Adhesión, Registros y Autofinanciamiento de la Subprocuraduría de Servicios de la Procu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30936-571e229a/juicio-de-nulidad-tramitado-en-la-via-sumaria · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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