Corpus
Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE COLIMA SE ENCUENTRA LEGITIMADA PARA CONTESTAR LA DEMANDA EN REPRESENTACIÓN DE DICHO PODER (ARTÍCULOS 60 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 38, FRACCIÓN XII, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, AMBAS DEL ESTADO DE COLIMA). III. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. ESQUEMA DE ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES QUE DERIVAN DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN III, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. IV. TRÁNSITO Y TRANSPORTE. DISTINCIÓN ENTRE AMBOS SERVICIOS PÚBLICOS. V. COMPETENCIA RESIDUAL PARA LOS ESTADOS. SI LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PÚBLICO NO ESTÁ EXPRESAMENTE CONFERIDA A LA FEDERACIÓN NI A LOS MUNICIPIOS, DEBE ENTENDERSE QUE SE ENCUENTRA OTORGADA IMPLÍCITAMENTE A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 124 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL. VI. TRÁNSITO. BASES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS PARA LA PRESTACIÓN DE ESE SERVICIO ENTRE LA FEDERACIÓN, LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS. VII. SERVICIOS DE TRÁNSITO Y DE TRANSPORTE. EL PRIMERO SE PRESTA DE MANERA CONSTANTE POR EL ENTE PÚBLICO Y ESTÁ DIRIGIDO A LOS USUARIOS EN GENERAL, ES DECIR, AL COLECTIVO SOCIAL, MIENTRAS QUE EL SEGUNDO PUEDE SER GESTIONADO EN FORMA PÚBLICA O PRIVADA Y SE PRESTA A USUARIOS EN PARTICULAR. VIII. TRÁNSITO. CORRESPONDE A LA LEGISLATURA LOCAL ESTABLECER EL MARCO HOMOGÉNEO QUE LO REGULE Y A LOS AYUNTAMIENTOS LA REGLAMENTACIÓN DE LAS CUESTIONES ESPECÍFICAS DE SUS MUNICIPIOS. IX. TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ESTADO DE COLIMA. LA REGULACIÓN QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR OPERATIVOS EN LAS VIALIDADES, CARRETERAS Y AUTOPISTAS DE JURISDICCIÓN ESTATAL Y MUNICIPAL, A EFECTO DE IDENTIFICAR Y ASEGURAR CAUTELARMENTE A TODO AQUEL VEHÍCULO EN EL CUAL SE PRESTE EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS QUE NO ESTÉ AUTORIZADO EN LA LEY DE MOVILIDAD LOCAL, INCIDE EXCLUSIVAMENTE EN LA MATERIA DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y NO ASÍ EN LA DE TRÁNSITO, POR LO QUE NO INVADE LA ESFERA DE COMPETENCIA MUNICIPAL (ACUERDO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE COORDINACIÓN PARA EL ASEGURAMIENTO CAUTELAR DE MOTOCICLETAS ADAPTADAS CON CHASIS O ESTRUCTURA PARA PASAJEROS, MOTO CARROS O CUALQUIER OTRO MEDIO DE TRANSPORTE MOTORIZADO Y NO MOTORIZADO CUALQUIERA QUE SEA SU DENOMINACIÓN NO AUTORIZADO POR LA LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE PARA EL ESTADO DE COLIMA Y SU REGLAMENTO). X. TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ESTADO DE COLIMA. TRATÁNDOSE DE UN MEDIO MOTORIZADO PARA TRANSPORTAR PERSONAS EN FORMA INDIVIDUAL O COLECTIVA, COMO SUCEDE CON EL TRANSPORTE EN SUS MODALIDADES COLECTIVA O INDIVIDUAL MOTORIZADO, SE REQUIERE DE UNA CONCESIÓN OTORGADA POR EL EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD, AL MARGEN DE QUE SE TRATE DE UN MEDIO DE TRANSPORTE NO PREVISTO EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE (ACUERDO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE COORDINACIÓN PARA EL ASEGURAMIENTO CAUTELAR DE MOTOCICLETAS ADAPTADAS CON CHASIS O ESTRUCTURA PARA PASAJEROS, MOTO CARROS O CUALQUIER OTRO MEDIO DE TRANSPORTE MOTORIZADO Y NO MOTORIZADO CUALQUIERA QUE SEA SU DENOMINACIÓN NO AUTORIZADO POR LA LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE PARA EL ESTADO DE COLIMA Y SU REGLAMENTO). XI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLANTEAMIENTO REFERENTE A CUESTIONES DE FUNDAMENTACIÓN (LEGALIDAD), DEBERÁ DESESTIMARSE YA QUE SI BIEN, LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL ES UN MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL QUE PERMITE VERIFICAR LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL DE ACTOS QUE PUDIERAN SER CONTRARIOS A LO PREVISTO EN LA NORMA FUNDAMENTAL, TAMBIÉN ES CIERTO QUE NO TODA VIOLACIÓN CONSTITUCIONAL PUEDE ANALIZARSE EN ESTA VÍA (ACUERDO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE COORDINACIÓN PARA EL ASEGURAMIENTO CAUTELAR DE MOTOCICLETAS ADAPTADAS CON CHASIS O ESTRUCTURA PARA PASAJEROS, MOTO CARROS O CUALQUIER OTRO MEDIO DE TRANSPORTE MOTORIZADO Y NO MOTORIZADO CUALQUIERA QUE SEA SU DENOMINACIÓN NO AUTORIZADO POR LA LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE PARA EL ESTADO DE COLIMA Y SU REGLAMENTO). XII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO. XIII. TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ESTADO DE COLIMA. LA REGULACIÓN ESTATAL QUE TIENE POR OBJETO OTORGAR LICENCIAS Y PERMISOS PARA CONDUCIR, EN LAS MODALIDADES DE SU COMPETENCIA, PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS, DE CARGA Y DE USO PARTICULAR, ASÍ COMO EL REGISTRO PARA LA CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS, ES EMITIDA EN EJERCICIO DE SU POTESTAD CONSTITUCIONAL EN UNA MATERIA ASIGNADA, MEDIANTE EL SISTEMA RESIDUAL DE COMPETENCIAS A LAS PROPIAS ENTIDADES FEDERATIVAS (ACUERDO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE COORDINACIÓN PARA EL ASEGURAMIENTO CAUTELAR DE MOTOCICLETA

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 20/2021. · Registro digital (IUS): 31008
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-10-21
Promovente: MUNICIPIO DE COMALA, ESTADO DE COLIMA.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Octubre de 2022, Tomo II, Pág.1880.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 20/2021. MUNICIPIO DE COMALA, ESTADO DE COLIMA. 8 DE AGOSTO DE 2022. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: CARLOS ALBERTO ARAIZA ARREYGUE.

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al ocho de agosto de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la que se resuelven los autos relativos a la controversia constitucional 20/2021, promovida por el Municipio de Comala, Estado de Colima.

I. ANTECEDENTES

1. Presentación de la demanda. El Municipio de Comala, Estado de Colima, por conducto de la síndico municipal, presentó(1) demanda de controversia constitucional contra actos atribuidos al titular del Poder Ejecutivo, al secretario general de Gobierno, al secretario de Movilidad y al secretario de Seguridad Pública, todos del Estado de Colima.

2. En la demanda se solicitó la declaración de invalidez del "Acuerdo para la implementación de operativos de seguridad pública de coordinación para el aseguramiento cautelar de motocicletas adaptadas con chasis o estructura para pasajeros, moto carros o cualquier otro medio de transporte motorizado y no motorizado cualquiera que sea su denominación no autorizado por la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima y su reglamento", emitido el dieciocho de enero de dos mil veintiuno y publicado al día siguiente en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

3. En esencia, a través de los conceptos de invalidez propuestos, la parte actora expone:

• Primer concepto de invalidez. El acuerdo impugnado es contrario a lo previsto en el artículo 115, fracción III, inciso h), así como a la fracción V, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en particular en lo relativo a la potestad municipal de regulación en materia de transporte; ello porque tal acto prohíbe el transporte alternativo en la modalidad de mototaxis, con lo cual se invade la esfera competencial constitucionalmente asignada al Municipio en esa materia, lo que repercute, además, en la transgresión de los mandatos previstos en los artículos 14, 16 y 133 del Pacto Federal.

Lo anterior porque constitucionalmente al Municipio le corresponde regular la materia de transporte dentro de su circunscripción territorial, pero mediante la emisión del acuerdo combatido, el Ejecutivo Local violenta tal atribución municipal pues con tal acto se regula la materia cuya competencia es de carácter municipal y se ordena la práctica de operativos en contra de los denominados "mototaxis", siendo que la normativa aplicable no prohíbe la circulación de ese tipo de transporte alternativo, por lo que es viable que los Municipios, en ejercicio de sus potestades, puedan regularlo.

Además, tal acto se emitió como consecuencia de que el legislador local no atendió a la iniciativa de ley presentada por el propio Ejecutivo Local y cuya finalidad era prohibir el transporte público de pasajeros en motocicletas adaptadas con chasis o estructuras para pasajeros.

Incluso, el Ejecutivo Local desatiende que previo a la emisión de tal acto, ya existían particulares a quienes se les autorizó el uso de ese tipo de unidades para el servicio público de pasajeros, por lo que a tales sujetos se les afecta el derecho al trabajo y su dignidad humana.

• Segundo concepto de invalidez. El acuerdo impugnado es contrario a los artículos 14, 16 y 115, fracción III, inciso h), y fracción V, inciso h), constitucionales, pues en tal acto no se establece fundamento alguno del cual se advierta la competencia de los secretarios que lo signaron para así hacerlo, ni tampoco existe o se cita precepto legal alguno que permita la emisión de un acto que permita el aseguramiento de motocicletas adaptadas con chasis o estructuras para pasajeros, por lo que claramente ese actuar no está debidamente fundado.

Además, se insiste que tal acuerdo invade las competencias constitucionales del Municipio en materia de transporte público al prohibir un transporte alternativo y no adecuarse al marco constitucional en esa asignatura.

Al respecto se indica que tal acto se apoya en lo previsto en el artículo 58, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como en los artículos 3, 4, 16, 28, fracciones XIV y XXIII, y 35, fracción XXVI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima y 393 de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, siendo que, en el mejor de los casos, esa normativa regula los servicios de transporte público y privado, a través de aplicaciones tecnológicas, lo cual es muy diferente a la regulación que en materia de mototaxis fue adoptada por algunos Municipios, por lo que claramente, el acuerdo impugnado no está debidamente fundamentado.

4. Admisión de la demanda. El presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar el expediente relativo a la presente controversia constitucional que fue registrada con el número 20/2021(2) y la turnó al Ministro Javier Laynez Potisek para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.

5. El Ministro instructor admitió a trámite la demanda;(3) únicamente tuvo como demandado al Poder Ejecutivo del Estado de Colima,(4) a quien ordenó emplazarlo a juicio para que formulara la contestación y, finalmente, ordenó dar vista a la Consejería Jurídica de Gobierno Federal y a la Fiscalía General de la República para que manifestaran lo que correspondiera a su representación.

6. Contestaciones a la demanda. El Poder Ejecutivo del Estado de Colima dio contestación a la demanda,(5) ofreciendo diversas pruebas.

7. Así, en la contestación de la demanda sustancialmente se expresó:

• Contrariamente a lo expresado por la parte actora, el acuerdo combatido no viola lo previsto en el artículo 115, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que tal acto no invade la competencia constitucionalmente otorgada al Municipio en materia de tránsito, pues dicho acto regula aspectos de transporte público, siendo que se trata de materias claramente diferenciadas.

• La implementación de operativos de seguridad pública para el aseguramiento cautelar de motocicletas adaptadas con chasis o estructuras para pasajeros, moto carros o cualquier otro medio de transporte motorizado y no motorizado, cualquiera que sea su denominación, no está autorizada por la Ley de Movilidad sustentable para el Estado de Colima ni por su Reglamento.

• Además, el acuerdo impugnado deriva de lo previsto en el artículo 58, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como de lo establecido en los artículos 3, 4, 16, 17, 28, fracciones XIV, XXII y 35, fracción XXVI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, así como el numeral 393 de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima.

8. Audiencia. Sustanciado el procedimiento, el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante ley reglamentaria), en la que se hizo relación de los autos en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas y, en relación con los alegatos, se hizo constar que hasta ese momento no se habían recibido;(6) finalmente, se puso el expediente en estado de resolución.

II. COMPETENCIA

9. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(7) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(8) así como con el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, emitido el trece de mayo de dos mil trece(9) (todas esas normas, en su texto vigente hasta el once de marzo de dos mil veintiuno, por corresponder al aplicable al momento de la presentación de la demanda), por tratarse de una controversia constitucional entre un Estado (Colima) y uno de sus Municipios (Comala).

III. OPORTUNIDAD

10. El artículo 21, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia(10) señala que, tratándose de normas generales, el plazo para la promoción de la demanda será de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.

11. En el caso, el Municipio actor impugna el "Acuerdo para la implementación de operativos de seguridad pública de coordinación para el aseguramiento cautelar de motocicletas adaptadas con chasis o estructura para pasajeros, moto carros o cualquier otro medio de transporte motorizado y no motorizado cualquiera que sea su denominación no autorizado por la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima y su reglamento", con motivo de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Colima, la cual sucedió el diecinueve de enero de dos mil veintiuno, por lo que el plazo de treinta días hábiles para promover la controversia transcurrió del veinte de enero al cuatro de marzo de dos mil veintiuno, debiéndose descontar los días veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de enero, así como seis, siete, trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de febrero, por corresponder a sábados y domingos, y el uno y cinco de febrero del mismo año, de conformidad con el Acuerdo General Plenario 18/2013;(11) por lo que si la demanda se presentó de manera electrónica el veintidós de febrero de dos mil veintiuno, es clara su oportunidad.

IV. LEGITIMACIÓN

12. De conformidad con el primer párrafo del artículo 11 de la ley reglamentaria,(12) el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo.

13. Legitimación activa. En el caso, la demanda de controversia constitucional fue suscrita por Esther Negrete Álvarez, en su carácter de síndico del Municipio de Comala, Colima, quien acreditó contar con tal carácter mediante copia certificada del acta de tercera sesión solemne correspondiente al tercer año de ejercicio del cabildo del Ayuntamiento del Municipio de Comala, celebrada el quince de octubre de dos mil dieciocho. Ahora bien, dicha funcionaria se encuentra legitimada para promover la presente controversia constitucional en representación del Municipio de Comala, del Estado de Colima, de conformidad con lo previsto por el artículo 51, fracciones II y III, de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima,(13) conforme al cual corresponde al síndico municipal la representación jurídica del Ayuntamiento en los litigios en que sea parte.

14. Legitimación pasiva. De conformidad con la fracción II del artículo 10 de la ley reglamentaria, tendrán el carácter de parte demandada la entidad, Poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia.(14) En la presente controversia se reconoció el carácter de parte demandada al Poder Ejecutivo del Estado de Colima.

15. En su representación compareció Ricardo Antonio Alfaro de Anda, quien se ostentó como consejero jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, cargo que acreditó con copia certificada del nombramiento que le fue expedido por el gobernador constitucional del mismo Estado el veinticinco de febrero de dos mil uno; luego, conforme al artículo 38, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública,(15) corresponde al consejero jurídico representar al Poder Ejecutivo Estatal, por lo que dicha persona se encuentra legitimada para contestar la demanda en representación del Poder demandado.

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA

16. No se advierte la actualización de causas de improcedencia o motivos de sobreseimiento, por lo que procede el estudio del concepto de invalidez que se plantea.

VI. CERTEZA Y PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS

17. Con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 41 de la ley reglamentaria,(16) se procede a precisar en forma concreta los actos que son objeto de la presente controversia constitucional y apreciar las pruebas conducentes para tenerlos por demostrados.

18. En la demanda se solicita la declaración de invalidez del "Acuerdo para la implementación de operativos de seguridad pública de coordinación para el aseguramiento cautelar de motocicletas adaptadas con chasis o estructura para pasajeros, moto carros o cualquier otro medio de transporte motorizado y no motorizado cualquiera que sea su denominación no autorizado por la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima y su reglamento", emitido el dieciocho de enero de dos mil veintiuno y publicado al día siguiente en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

19. Asimismo, de lo expresado en la foja 4 de la demanda se desprende que la parte actora controvierte "Todas las consecuencias y actos posteriores que deriven del citado acuerdo y de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Colima, como lo son la ejecución material del citado acuerdo, ejecución material que fue realizada el miércoles 29 de enero de 2021, en la localidad de Suchitlán del Municipio de Comala, Colima, al realizarse un operativo en el que fueron detenidos por parte de elementos de la policía estatal acreditable del Estado de Colima ... 05 cinco mototaxis, mismas que se encontraban en circulación siendo detenidos los conductores a quienes se les aseguraron dichos vehículos ..."; por ende, igualmente se tienen como actos impugnados (en vía de consecuencia del reclamo principal) dichos actos de ejecución.

20. La existencia de esos actos quedó demostrada debido a que, al contestar la demanda, el gobernador del Estado de Colima aceptó la emisión del acuerdo impugnado, aunado a que tal acto fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Colima, en el tomo 106, número 05, a fojas 186 y siguientes, del diecinueve de enero de dos mil veintiuno, por lo que su existencia queda claramente demostrada y, por lo que hace a la ejecución precisada se actualiza la presunción de certeza a que se refiere el artículo 30 de la ley reglamentaria, ya que al contestar la demanda dicha autoridad omitió ocuparse puntualmente sobre dicho acto.

VII. ESTUDIO

21. Según se obtiene de los conceptos de invalidez vertidos por la parte actora, el acuerdo impugnado es inconstitucional porque, desde su perspectiva, tal acto invade las atribuciones que constitucionalmente están asignadas a los Municipios en materia de transporte público y tránsito. Así, para verificar si lo afirmado por la parte accionante es o no fundado, se hace necesario conocer el contenido del acuerdo materia de la presente controversia, el cual dispone:

"PRIMERO. El presente acuerdo tiene por objeto establecer la coordinación interinstitucional de manera temporal para implementar operativos de coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Movilidad, para el aseguramiento cautelar de motocicletas adaptadas con chasis o estructura para pasajeros, moto carros o cualquier otro medio de transporte motorizado y no motorizado cualquiera que sea su denominación no autorizado por la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima y su reglamento.

"SEGUNDO. Las citadas dependencias, se coordinarán a efecto de establecer las normas, instrumentos y acciones para prevenir los delitos y erradicar la comisión de infracciones administrativas, específicamente en el área de operación del servicio público de transporte, en todas sus modalidades, así como del transporte privado y particular a través del uso de cualquier tipo de vehículo automotor. Para ello podrán realizar, entre otras actividades, de manera conjunta, toda clase de operativos, acciones y estrategias coordinadas en las vialidades, carreteras y autopistas de jurisdicción estatal y municipal, así como todos aquellos trámites y diligencias que se requieran para el cumplimiento del presente acuerdo.

"TERCERO. La actuación de parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, consistirá en brindar el apoyo en seguridad perimetral y de contención de personas, así como brindar protección a los servidores públicos de la Secretaría de Movilidad que intervengan en los operativos que ésta realice, a fin de que puedan ejercer sus funciones sin poner en riesgo su vida o integridad física; todo ello con estricto apego al Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública con la Secretaría de Movilidad, específicamente en los operativos realizados por la Secretaría de Movilidad, en coordinación con las autoridades estatales y federales en el marco legal de sus atribuciones.

"CUARTO. Podrá invitarse a instancias de los tres órdenes de gobierno, para que estén presentes en los operativos, vigilando que las autoridades actúen en el ámbito de sus competencias.

"QUINTO. La actuación de las instituciones se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.

"SEXTO. El presente acuerdo deberá publicarse en el Periódico Oficial ‘El Estado de Colima’ y enviarse a las dependencias que en el intervienen, para su conocimiento y criterio técnico.

"TRANSITORIO ÚNICO. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial ‘El Estado de Colima’."

22. Como puede advertirse, el referido acuerdo fue emitido por el gobernador del Estado de Colima a efecto de ordenar la práctica de operativos en las vialidades, carreteras y autopistas de jurisdicción estatal y municipal, para el aseguramiento cautelar de motocicletas adaptadas con chasis o estructura para pasajeros, moto carros o cualquier otro medio de transporte motorizado y no motorizado, cualquiera que sea su denominación, y que no esté autorizado en la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima y su reglamento; ello al advertir que en la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima y su reglamento no está previsto el funcionamiento y prestación del servicio de transporte público de personas mediante motos adaptadas, denominadas "mototaxis" y que algunos Municipios de esa entidad otorgaron autorizaciones y/o permisos para el funcionamiento y operación de ese tipo de unidades, lo que se estimó pone en riesgo la seguridad de las personas.

23. Como se ha indicado, la parte actora de la presente controversia aduce la inconstitucionalidad de dicho acuerdo al considerar que el mismo invade su ámbito de competencia constitucional ya que la competencia para regular lo relacionado con el servicio de transporte público corresponde a los Municipios, quienes constitucionalmente están facultados en materia de transporte, la cual es indebidamente regulada por la autoridad estatal a través del acuerdo impugnado.

24. Precisado lo anterior, conviene tener el marco constitucional aplicable al presente caso, en particular, lo establecido en la Constitución en cuanto a las competencias asignadas a los Municipios, en donde el artículo 115 constitucional dispone, en lo que interesa:

"Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

(Reformado [N. de E. este párrafo], D.O.F. 6 de junio de 2019)

"I. ...

"II. ... "III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

(Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

"a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.

(Reformado, D.O.F. 3 de febrero de 1983)

"b) Alumbrado público.

(Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

"c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

(Reformado, D.O.F. 3 de febrero de 1983)

"d) Mercados y centrales de abasto.

(Reformado, D.O.F. 3 de febrero de 1983)

"e) Panteones.

(Reformado, D.O.F. 3 de febrero de 1983)

"f) Rastro.

(Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

"g) Calles, parques y jardines y su equipamiento.

(Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

"h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; e,

(Reformado, D.O.F. 3 de febrero de 1983)

"i) Los demás que las Legislaturas Locales determinen según las condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.

(Reformado [N. de E. Adicionado], D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

"Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los Municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales.

(Adicionado [N. de E. Reformado], D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

"Los Municipios, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de Municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación de las Legislaturas de los Estados respectivas. Asimismo, cuando a juicio del Ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio.

(Adicionado, D.O.F. 14 de agosto de 2001)

"Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la ley.

(Reformada, D.O.F. 3 de febrero de 1983)

"IV. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las Legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

"a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.

"Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.

"b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.

"c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.

(Reformado, D.O.F. 29 de enero de 2016)

"Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de las entidades federativas o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.

(Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

"Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

(Reformado, D.O.F. 24 de agosto de 2009)

"Las Legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los Municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución.

(Adicionado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

"Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley.

(Reformada, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

"V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados para:

(Reformado, D.O.F. 18 de diciembre de 2020)

"a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así como los planes en materia de movilidad y seguridad vial;

"b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;

"c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los Municipios;

"d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales;

"e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;

"f) Otorgar licencias y permisos para construcciones;

"g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia;

"h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquéllos afecten su ámbito territorial; e,

"i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales.

(Reformado, D.O.F. 29 de enero de 2016)

"En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios. Los bienes inmuebles de la Federación ubicados en los Municipios estarán exclusivamente bajo la jurisdicción de los Poderes Federales, sin perjuicio de los convenios que puedan celebrar en términos del inciso i) de esta fracción;

(Reformada, D.O.F. 18 de diciembre de 2020)

"VI. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, las entidades federativas y los Municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros, incluyendo criterios para la movilidad y seguridad vial, con apego a las leyes federales de la materia. ..."

25. Del precepto constitucional transcrito se desprende, en lo que interesa, que a los Municipios corresponden, entre otras, las funciones de tránsito [conforme a la base III, inciso h), del artículo 115 constitucional], así como que están facultados para formular y aprobar los planes en materia de movilidad y seguridad vial e intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquéllos afecten su ámbito territorial [conforme a la base V, incisos a) y h), del propio precepto constitucional].

26. Esto es, la Constitución establece claramente que al Municipio corresponde prestar el servicio de tránsito, así como se le otorga el derecho para la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando se afecte su ámbito territorial; sin embargo, constitucionalmente no se establece expresamente su competencia en materia de transporte público, la cual aduce tener y que estima afectada por el acto impugnado; por ende, a partir de lo expresado por el Municipio actor, la presente controversia constitucional requiere analizar si la materia de tránsito (que expresamente está asignada en la Constitución Federal a la autoridad municipal) es coincidente con la materia de transporte público, pues de esa manera se podrá determinar si el actuar del Ejecutivo del Estado de Colima efectivamente invade las competencias asignadas al Municipio, para lo cual resulta conveniente abordar algunos de los precedentes emitidos por este Alto Tribunal, de conformidad con lo siguiente:

27. Controversia constitucional 2/1998.(17) Dicho asunto se refirió a una controversia promovida por el Gobierno del Estado de Oaxaca en contra del Reglamento de Tránsito y Transporte del Municipio de Oaxaca de Juárez, expedido por el Ayuntamiento de ese Municipio, respecto del cual la autoridad estatal adujo que los actos del Municipio invadieron su competencia constitucional, pues al facultar al Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez para otorgar concesiones, autorizaciones o permisos necesarios para el funcionamiento de cualquier tipo de transporte público de pasajeros, de carga o mixtos, se vulneraban los artículos 16, 28 y 115 de la Constitución Federal, ya que dicha facultad no deriva de ninguna ley ordinaria sino que tal atribución estaba reservada por la Ley de Tránsito reformada para el Estado de Oaxaca al titular del Poder Ejecutivo del Estado.

28. Asimismo se adujo que el Municipio confundió el significado del servicio público de tránsito con el de transporte, pues el reglamento impugnado se apoyó en lo previsto en el artículo 115, fracción III, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

29. En la correspondiente resoluci

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31008-813b5a0f/i-controversia-constitucional-legitimacion-del-sindico-municipal-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.