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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA ACTOS DE OTRO ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO O DE OTROS PODERES PÚBLICOS DE ESA ENTIDAD, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO K), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA EL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA (ARTÍCULO 23, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER LEGISLATIVO LOCAL RELATIVA A LA EXTEMPORANEIDAD DE LA DEMANDA, AL HABERSE IMPUGNADO EL ACTO RECLAMADO DENTRO DEL PLAZO PREVISTO PARA TAL EFECTO (ACUERDO 272 DE LA XXIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO). V. CUENTA PÚBLICA FEDERAL. BASES CONSTITUCIONALES QUE RIGEN SU REVISIÓN. VI. CUENTA PÚBLICA FEDERAL. SU REVISIÓN ES FACULTAD EXCLUSIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN LLEVADO A CABO POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y TIENE COMO FINALIDAD EVALUAR LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA, COMPROBAR SI SE HA AJUSTADO A LOS CRITERIOS SEÑALADOS POR EL PRESUPUESTO Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN LOS PROGRAMAS EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 74, FRACCIÓN VI Y 79 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. VII. CUENTA PÚBLICA FEDERAL. EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN LLEVADO A CABO POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, ÓRGANO TÉCNICO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, TIENE POR OBJETO COMPROBAR QUE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO SE REALIZÓ CON APEGO AL MARCO NORMATIVO APLICABLE, PARA LO CUAL SE DESARROLLAN INSTRUMENTOS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, AUDITORÍA, SUPERVISIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN. VIII. CUENTA PÚBLICA FEDERAL. LA FACULTAD EXCLUSIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE CONCLUIR SU REVISIÓN SE EJERCERÁ A MÁS TARDAR EL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DEL AÑO SIGUIENTE AL DE SU PRESENTACIÓN CUANDO EL PLENO DE ÉSTA APRUEBE EL DICTAMEN QUE CONTENGA EL INFORME GENERAL EJECUTIVO DEL RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN REALIZADA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN A AQUÉLLA. IX. CUENTA PÚBLICA FEDERAL. EL DECRETO EMITIDO POR EL PODER LEGISLATIVO UNA VEZ CONCLUIDA SU REVISIÓN EN EL QUE SE CALIFICA AQUÉLLA COMO APROBADA, DESAPROBADA O NO APROBADA, ES UN ACTO ESENCIALMENTE POLÍTICO, POR LO QUE NO TIENE CONSECUENCIAS JURÍDICAS SANCIONATORIAS PARA LAS ENTIDADES SUJETAS AL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN LLEVADO A CABO POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. X. CUENTA PÚBLICA FEDERAL. CORRESPONDE A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, ÓRGANO TÉCNICO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, DETERMINAR LAS RESPONSABILIDADES RESARCITORIAS O SANCIONATORIAS QUE CORRESPONDAN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN CUANDO LOS RECURSOS PÚBLICOS NO SE EJERZAN CONFORME AL MARCO NORMATIVO APLICABLE. XI. CUENTA PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL. BASES CONSTITUCIONALES QUE RIGEN SU REVISIÓN. XII. CUENTA PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL. FACULTADES DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA REVISARLAS, FISCALIZARLAS Y APROBARLAS. XIII. CUENTA PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL. EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN POR PARTE DE LOS CONGRESOS LOCALES SE REALIZA A TRAVÉS DE LOS ÓRGANOS ESTATALES DE FISCALIZACIÓN O AUDITORÍA SUPERIOR DE LOS ESTADOS, POR LO QUE SE ENCUENTRA HOMOLOGADO CON EL SISTEMA FEDERAL DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA FEDERAL. XIV. CUENTA PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. BASES DEL RÉGIMEN LOCAL QUE RIGE SU REVISIÓN. XV. CUENTA PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN SE ENCUENTRA A CARGO DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, ÓRGANO TÉCNICO DEL CONGRESO LOCAL, QUIEN TIENE LA ATRIBUCIÓN DE FISCALIZAR LOS INGRESOS Y EGRESOS, EL MANEJO, CUSTODIA Y LA APLICACIÓN DE FONDOS Y RECURSOS PÚBLICOS, ASÍ COMO LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR A ÉSTE, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO, EL INFORME GENERAL DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 24, FRACCIÓN XV, Y 44 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE ESA ENTIDAD Y SUS MUNICIPIOS. XVI. CUENTA PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. CORRESPONDE A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, PREVIO A LA PRESENTACIÓN DEL INFORME INDIVIDUAL AL CONGRESO LOCAL, DAR A CONOCER A LAS ENTIDADES FISCALIZADAS EL RESULTADO DE LA AUDITORÍA Y LAS OBSERVACIONES PRELIMINARES PARA QUE PRESENTEN SUS JUSTIFICACIONES Y ACLARACIONES, LAS CU

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 137/2021. · Registro digital (IUS): 31043
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-11-11
Promovente: TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Noviembre de 2022, Tomo II, Pág.1648.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 137/2021. TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 15 DE JUNIO DE 2022. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: BRENDA MONTESINOS SOLANO.

ÍNDICE TEMÁTICO

Acuerdo impugnado:

• Acuerdo 272, de la XXIII Legislatura del Estado de Baja California, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha trece de agosto de dos mil veintiuno.

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Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día quince de junio de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 137/2021, promovida por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, en contra del Poder Legislativo del Estado de Baja California, en la que impugna el Acuerdo 272, de la XXIII Legislatura del Estado de Baja California, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha trece de agosto de dos mil veintiuno.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Con fecha diecinueve de marzo de dos mil veinte, el Congreso del Estado de Baja California recibió formalmente la cuenta pública anual del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California (TEJA), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios.(1)

2. El día diez de febrero de dos mil veintiuno, la Auditoría Superior del Estado de Baja California inició la fiscalización de la información que comprende la cuenta pública anual del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, por el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve.

3. Como resultado de la fiscalización de la cuenta pública anual, la Auditoría Superior del Estado de Baja California formuló oficio número TIT/620/2021 de fecha veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, para convocar a reunión de trabajo al Magistrado presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, con la finalidad de dar a conocer los resultados finales y las observaciones preliminares de la auditoría que se derivaron de la revisión de la cuenta pública anual de la entidad fiscalizada precitada.

4. El nueve de junio de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la reunión de trabajo entre los servidores públicos de la entidad fiscalizada y de la Auditoría Superior del Estado de Baja California, con el objeto de darle a conocer los resultados finales de la auditoría y las observaciones preliminares que se derivaron de la revisión a la cuenta pública realizada a la entidad fiscalizada por el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, a efecto de que se presentaran las justificaciones y aclaraciones correspondientes.

5. Una vez llevado a cabo el proceso de revisión, análisis y auditoría de la gestión financiera de la entidad fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Baja California emitió el informe individual de la cuenta pública anual del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, por el ejercicio fiscal del uno de enero de dos mil diecinueve al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, el cual fue entregado al Congreso del Estado, mediante oficio número TIT/751/2021 el mismo veintinueve de junio de dos mil veintiuno y notificado al tribunal el dos de julio de ese mismo año, mediante oficio número TIT/770/2021 de fecha treinta de junio de dos mil veintiuno para que, en el plazo de treinta días hábiles, presentara la información y realizara las consideraciones pertinentes.

6. Por su parte, la Auditoría Superior del Estado debía pronunciarse en un plazo de ciento veinte días hábiles, contados a partir de su recepción, sobre la respuesta emitida por la entidad fiscalizada, en caso de no hacerlo, se tendrían por atendidas las acciones y recomendaciones.

7. Sin embargo, con fecha veinte de julio de dos mil veintiuno, la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Poder Legislativo del Estado de Baja California, emitió el Dictamen No. 279, mediante el cual no aprueba la cuenta pública anual al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, por el periodo del uno de enero de dos mil diecinueve al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve.

8. El veintiocho de julio de dos mil veintiuno se sometió a votación del Pleno de la XXIII Legislatura, el dictamen de no aprobación de la cuenta pública del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, referido en el punto anterior; mismo que fue aprobado por Acuerdo Número 272, con diecinueve votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. El acuerdo de la no aprobación de la cuenta pública fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el trece de agosto de dos mil veintiuno.

9. Presentación de la demanda. Carlos Rodolfo Montero Vázquez y Alberto Loaiza Martínez, quienes se ostentan, respectivamente, como presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California y Magistrado presidente de dicho tribunal por el periodo comprendido del veintiuno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, promovieron controversia constitucional por escrito depositado en la oficina de correos de la localidad el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de octubre siguiente.

10. En la demanda se señaló como demandado, así como acto impugnado los que a continuación se precisan:

Entidad, poder u órgano demandado:

• Poder Legislativo del Estado de Baja California.

Actos y omisión cuya invalidez se demanda:

• Acuerdo 272 de la XXIII Legislatura del Estado de Baja California, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha trece de agosto de dos mil veintiuno.

11. Artículos constitucionales que se consideran vulnerados. Artículos 14, 16 y 116, fracciones III y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

12. Conceptos de invalidez. En su demanda la parte actora expuso en sus conceptos de invalidez lo siguiente:

Primero. Falta de motivación. Sostiene que las observaciones que se reseñan en el acuerdo impugnado derivan del informe individual de auditoría a la cuenta pública del Tribunal actor, por el ejercicio fiscal del uno de enero de dos mil diecinueve por la Auditoría Superior del Estado.

Refiere que, como puede advertirse de la simple lectura de esas observaciones, éstas en realidad constituyen una reproducción literal del informe individual, es decir, el Congreso del Estado las hizo suyas y las reprodujo íntegramente y, al respecto, señala que desde su perspectiva no es incorrecto, sin embargo lo que sí lo es, es que lo haya hecho de manera acrítica, es decir, sin valorar la juridicidad y pertinencia de las actuaciones del órgano de fiscalización y sin determinar motivadamente el por qué coincidía con esas observaciones.

Aduce que entiende que la tarea de fiscalización por parte de los legisladores sería un ejercicio imposible si ellos la asumieron de manera directa; por lo cual es necesario que se apoyen en un órgano técnico; sin embargo –aduce–, esto de ningún modo puede implicar que las conclusiones que arroje ese órgano puedan y deban asumirse de manera acrítica por parte del Congreso del Estado.

Así, asegura que desde su perspectiva, el Congreso debió analizar la generalidad de su cuenta pública y con base en ello, fundar y motivar su decisión de asumir las conclusiones de la Auditoría Superior.

Señala que lo anterior cobra aún más relevancia en el caso concreto porque una de las circunstancias que debió observar el Congreso del Estado es que el informe individual de auditoría (en que basó su acuerdo), presentaba una serie de inconsistencias. La principal, es que en él no se llevó a cabo un verdadero análisis de las razones y documentos que ofrecieron para solventar las observaciones que se hicieron a su cuenta pública.

Aduce que como puede advertirse de la lectura del referido informe (particularmente del punto II.3), en él se afirma que, para solventar los resultados de la auditoría, ese tribunal proporcionó documentación e hizo observaciones en la reunión de trabajo llevada a cabo el nueve de junio de dos mil veintiuno; y enseguida se afirma que no obstante, tanto la documentación como las observaciones, no reúnen las características de suficiencia, competencia y pertenencia que aclaren o justifiquen lo observado.

Sostiene que evidentemente considera incompletas esas conclusiones debido a que no explican por qué se desestimaron sus planteamientos; es decir, en el informe individual no se precisa por qué ni la documentación que exhiben, ni las observaciones que formulan reúnen las características de suficiencia, competencia y pertenencia; ni tampoco se aclara cómo pueden satisfacerse o qué implican cada uno de esos conceptos.

Considera que el Congreso debió haber dado cuenta de esta circunstancia, y a fin de motivar adecuadamente su determinación, debió suplir esa deficiencia y analizar cada uno de los planteamientos y documentación que ofrecieron; sin embargo, no lo hizo, y sin justificarlo, asumió como suyas las conclusiones del informe individual.

Así, señala que por esas razones considera que el Congreso del Estado violó en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal, al no motivar adecuadamente la no aprobación de su cuenta pública.

Segundo. Ausencia de parámetros claros para la toma de decisión. Sostiene que en el caso es claro que el Congreso del Estado no hizo referencia a los parámetros que tomó en consideración para tener como no aprobada su cuenta pública; es decir, enlistó una serie de observaciones generadas en el proceso de fiscalización, pero no precisó el porqué esas observaciones eran lo suficientemente graves como para rechazar la cuenta pública.

Refiere que lo anterior cobra mayor relevancia, porque según los datos recabados a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, existen otros entes públicos que han realizado exactamente el mismo ejercicio presupuestal que ese tribunal y, sin embargo, su administración financiera no fue observada por esta circunstancia; sus cuentas públicas fueron aprobadas por el Congreso del Estado sin advertir alguna inconsistencia. Enuncia como ejemplos las cuentas públicas del Poder Legislativo, la de la Auditoría Superior del Estado y la cuenta del Instituto de Investigación y Planeación Urbana de Mexicali, mismas que aduce fueron aprobadas.

Al respecto sostiene que, desde su perspectiva, constituye una violación de la actividad técnica que implica la evaluación y fiscalización de los recursos públicos, pero además una clara manifestación de parcialidad, en la medida en que se ha dado un trato diferenciado a ese órgano jurisdiccional sin justificación; resolviendo de manera diferente las inconsistencias detectadas, cuando las circunstancias evaluadas, en relación con otros entes públicos, son iguales.

Así, considera que la explicación que encuentra a todo ello es que el Congreso del Estado no cuenta con parámetros claros y conocidos por todos los Poderes y entes involucrados, relativos a la fiscalización de los recursos públicos, como sí lo tienen en otros Estados como por ejemplo el caso de Sonora, es decir, no existe un marco referencial en el que se gradué la gravedad de las inconsistencias que deben darse para que se apruebe o no una cuenta pública.

Sostiene que lo anterior supone una carga reforzada por el Congreso del Estado de motivar sus determinaciones, porque primero debe precisar esos parámetros que tomó en cuenta para ello; sobre todo porque no se corresponden con los que tomó de base para aprobar la cuenta pública de otros órganos de gobierno, incluido él mismo.

Tercero. Argumentos. Precisa que en caso de considerarse infundados los conceptos de invalidez anteriores, solicita que ese Tribunal en Pleno analice los argumentos que ofreció para solventar las observaciones a su cuenta pública; argumentos que solicita se tengan por reproducidos como si a la letra se insertasen.

Refiere que los mencionados argumentos que se insertan en el oficio 1450/2021, de fecha veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, en todo caso muestran que tanto el Congreso del Estado, como la Auditoría Superior, violaron en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 116, fracciones III y V, de la Constitución Federal.

13. Admisión y trámite. El Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante proveído de once de octubre de dos mil veintiuno, ordenó formar y registrar el expediente bajo el número 137/2021, y lo turnó al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

14. Mediante acuerdo de trece de octubre siguiente, el Ministro instructor tuvo por presentado únicamente al actual Magistrado presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, con la personalidad que ostenta, toda vez que en éste recae la representación legal del tribunal, y admitió a trámite la demanda, con reserva de los motivos de improcedencia que se pudieran advertir al momento de dictar sentencia; se le tuvo designando delegados y ofreciendo pruebas.

15. Aunado a lo anterior, no tuvo por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el Estado de Baja California, en virtud de que las partes están obligadas a designar uno en la ciudad sede de este Alto Tribunal; se le requirió para que dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de ese proveído, señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esa ciudad, apercibido que, de no hacerlo, las subsecuentes derivadas de la tramitación y resolución de este asunto, se le harían por lista, hasta tanto cumpla con lo indicado.

16. En dicho auto se reconoció el carácter de demandado al Poder Legislativo del Estado de Baja California, se ordenó su emplazamiento; se le requirió para que presentara su contestación y que al hacerlo señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibido que de lo contrario, las subsecuentes se harían por lista hasta tanto cumpliera con lo indicado y además, se le requirió para que remitiera copias certificadas de todas las documentales relacionadas con el acuerdo impugnado, bajo el apercibimiento de multa en caso de incumplimiento.

17. Aunado a lo anterior, en dicho auto se ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, con la finalidad de manifestar lo que a su representación conviniera.

18. Contestación de la demanda del Poder Legislativo del Estado de Baja California. Por escrito recibido el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Manuel Molina García y Araceli Geraldo Núñez, quienes se ostentaron como presidente y secretaria de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California, en su carácter de representantes legales del Poder Legislativo de dicha entidad federativa, dieron contestación a la demanda entablada en su contra.

19. Por acuerdo de tres de enero de dos mil veintidós, el Ministro instructor tuvo al Poder Legislativo del Estado de Baja California dando contestación de la demanda, se le tuvo designando autorizados y delegados, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y ofreciendo como pruebas las documentales que acompañó, así como los hipervínculos de los videos que refiere el promovente en el ocurso de cuenta, siempre y cuando los archivos se encuentren en la plataforma correspondiente durante la tramitación y resolución del presente medio de control constitucional, las cuales se relacionarán en la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.

20. Con copia simple de la contestación de cuenta, se ordenó dar vista al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, a la Fiscalía General de la República para que, hasta antes de la celebración de la audiencia de ley, manifestaran lo que a su representación correspondiera; igualmente, a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, con la finalidad de que, si considerara que la materia del presente juicio trascendía a sus funciones constitucionales, manifestara lo que a su esfera competencial conviniera, hasta antes de la celebración de la audiencia de ley.

21. Asimismo, se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.

22. En síntesis, en la contestación de demanda el Poder Legislativo del Estado de Baja California sostuvo lo siguiente:

• Sostuvo que es cierto el acto que se impugna, en cuanto a la expedición del acuerdo impugnado.

• Como causales de improcedencia hizo valer las siguientes:

Primera. Solicita que conforme a lo previsto en la fracción IX del artículo 19, en relación con el artículo 20, fracción II, todos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105, se analicen y se estudien de oficio las causales de improcedencia y sobreseimiento, antes de entrar al estudio de fondo del asunto, esto por ser cuestión de orden público y de estudio preferente, regla que debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales, cuando éstas se adviertan mediante un indicio; por consiguiente, si de las constancias de autos se advierte la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio, oficiosamente debe indagar y en consecuencia sobreseer en el juicio, de acuerdo a los supuestos de procedencia establecidos en el artículo 19 de la ley reglamentaria, resultando improcedente su proceder.

Segunda. Sostiene que se surte la causa de improcedencia establecida en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia con relación a lo dispuesto en el artículo 105, fracción I, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que, para la procedencia de la controversia constitucional, en el caso concreto, tiene como requisito sine qua non que exista invasión de esferas competenciales entre la Federación y una entidad federativa, siendo esta la materia de estudio de esta vía.

Además, precisa que no obstante haber invocado causas de improcedencia, que a consideración de esa parte demandada se surten, deberán examinarse de oficio las causales de improcedencia, acorde a las disposiciones del artículo 19, último párrafo, de la ley reglamentaria de la materia, en todo caso.

Tercera. Sostiene que la parte actora no planteó la controversia dentro de los treinta días hábiles después de haber surtido efecto la publicación del acuerdo impugnado, por lo que, en la especie considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VII, del artículo 19, en relación con los artículos 20, fracción II y 21, todos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105.

Sostiene que si el acuerdo impugnado se publicó con fecha trece de agosto de dos mil veintiuno y contó con treinta días para impugnarlo, su fecha feneció el día veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, por lo tanto, solicita se realice el cómputo correspondiente para constatar si la demanda de controversia constitucional se encuentra presentada en tiempo y, en su caso, declarar el sobreseimiento.

• En respuesta a los antecedentes del acto cuya invalidez se pretende, sostuvo lo siguiente:

I. Con relación a lo expresado en el antecedente primero, se manifiesta que es cierto.

II. Con relación a lo expresado en el antecedente segundo, se contesta que es cierto.

III. Con relación a lo expresado en el antecedente tercero, se contesta que es cierto. IV. Con relación a lo expresado en el antecedente cuarto, se contesta que es cierto.

V. Con relación a lo expresado en el antecedente quinto, se contesta que es cierto.

VI. Con relación a lo expresado en el antecedente sexto, se contesta que es parcialmente cierto, toda vez que si bien es cierto el día 20 de julio de 2021 se emitió el dictamen 279, el mismo fue creado por la Comisión de Fiscalización del Gasto Público y no por la que señala la parte actora.

VII. Con relación a lo expresado en el antecedente séptimo, se contesta que es cierto.

VIII. Con relación a lo expresado en el antecedente octavo, se contesta que es cierto.

• En contestación a los conceptos de invalidez sostiene lo siguiente:

• Primero. Sostiene que son inoperantes los argumentos de la parte actora en los que aduce una falta de motivación por parte del Congreso del Estado de Baja California al emitir el acuerdo impugnado pues, contrario a su dicho, el acuerdo impugnado sí se encuentra debidamente fundado y motivado, ya que lo determinado en dicho acuerdo, se encuentra respaldado por el estudio, análisis y dictamen emitido por la Auditoría Superior del Estado en su informe individual, así como en el Dictamen Número 279 emitido por la Comisión de Fiscalización del Gasto Público; por lo tanto en ningún momento se infringe el artículo 16 constitucional.

• Refiere que el Congreso del Estado de Baja California es un órgano constitucionalmente facultado para emitir normas, decretos y otros actos legislativos relativos a la función del Poder Legislativo del Estado de Baja California, como es la emisión de acuerdos relacionados con la aprobación o no aprobación de las cuentas públicas de las entidades fiscalizables.

• Señala que la Auditoría Superior del Estado es un órgano fiscalizador dependiente del Congreso del Estado, con autonomía técnica y de gestión en ejercicio de sus atribuciones para decidir sobre su organización interna, recursos, funcionamiento y resoluciones, el cual se sujeta a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

• Aunado a lo anterior, señala que la revisión de cuentas públicas deriva de un procedimiento de fiscalización, lo cual es llevado a cabo por la Auditoría Superior del Estado, quien es un órgano de fiscalización con el que cuenta el Congreso del Estado para realizar, entre otras funciones, lo relativo al estudio, análisis y dictámenes de las cuentas públicas a las entidades fiscalizables, dichas facultades se encuentran reconocidas y establecidas en los artículos 22, 27, fracciones I, XII, XIII y XIV y 37 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

• Señala que de las normas antes citadas, es importante analizar lo siguiente:

• La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California en sus artículos 22, primer párrafo, del apartado a, y tercer párrafo, del apartado c y 27, fracción XII, establecen que es facultad del Congreso del Estado revisar la cuenta pública anual tanto del Estado como de los Municipios y demás entidades fiscalizables.

• De conformidad al artículo 56, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, la Comisión de Fiscalización del Gasto Público es una comisión de dictamen legislativo del Congreso del Estado.

• En el artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, en relación con el artículo 5, fracción X, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios, se prevé que a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público le corresponde, entre otros asuntos, el conocimiento, estudio y dictamen de los resultados de la fiscalización superior de la cuenta pública anual, determinados en los informes individuales de cada una de las auditorías practicadas a las entidades fiscalizadas.

• En el artículo 37, fracción VII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, la Auditoría Superior del Estado de Baja California es responsable de la fiscalización superior de las cuentas públicas que están obligados a rendir los entes públicos, como se establece en el artículo 5, fracciones VIII y IX, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios.

• Además, manifiesta que la Auditoría Superior del Estado, como se expone en el análisis anterior, no sólo se encarga de la fiscalización, sino del seguimiento de resultados, ya que se encargará de entregar los informes de resultados de las revisiones a las cuentas públicas al Congreso del Estado, en los términos y plazos que establece la ley de la materia, los cuales incluyen como mínimo el dictamen de su revisión y un apartado con las observaciones de la Auditoría Superior del Estado, así como las justificaciones y aclaraciones que en su caso las entidades fiscalizadas hayan presentado tal como ocurrió en el caso que nos ocupa, cuando se recibió en la Comisión de Fiscalización del Gasto Público de este Congreso, el estudio, análisis y dictamen correspondiente plasmado en el oficio número TIT/751/2021, de fecha veintinueve de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual la Auditoría Superior del Estado de Baja California hace entrega del informe individual de auditoría de la cuenta pública anual del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California (TEJA), correspondiente al ejercicio fiscal del uno de enero de dos mil diecinueve al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios.

• Refiere que el informe individual que proporcionó la Auditoría Superior del Estado, relativo a la auditoría de la cuenta pública anual del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, por el ejercicio fiscal del uno de enero de dos mil diecinueve al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, mediante oficio número TIT/751/2021 de fecha veintinueve de junio de dos mil veintiuno, fue entregado a este Congreso del Estado en la misma fecha del oficio y notificado al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California el día dos de julio de dos mil veintiuno, para que, en un plazo de treinta días hábiles, presentara la información y realizara las consideraciones pertinentes.

• Al respecto, precisa que las observaciones detectadas por la Auditoría Superior del Estado y plasmadas en el informe individual, fueron derivadas en acciones a la cuenta pública anual de la parte actora, siendo las siguientes: "...".

• Sostiene que las anteriores observaciones expuestas en el informe individual emitido por la Auditoría Superior del Estado, se realizaron con fundamento en los artículos 22, 24, fracción XVIII, 26, párrafo tercero y cuarto, 46, 47 y 48 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios, y en el seno de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso del Estado, en fecha veinte de julio de dos mil veintiuno, se realizó un análisis pormenorizado de las mismas observaciones, así como de las discusiones técnicas del contenido del informe individual, que sirvieron de base para la elaboración del dictamen número 279 relativo a la cuenta pública de la parte actora.

• Por tanto, considera que es incorrecta la apreciación que realiza la parte actora al señalar que se reprodujeron íntegramente las observaciones que constituyen el informe individual de auditoría superior estatal, ya que como se advierte, la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso del Estado, no sólo tomó de base el informe individual, sino que también realizó una discusión técnica de su contenido, es decir, se revisaron cada una de las actuaciones del órgano fiscalizador, así como el cumplimiento de los requisitos legales y la debida aplicación de las normas correspondientes, sin dejar de lado, que todas las actuaciones de la Auditoría Superior del Estado cuentan con plena autonomía técnica y de gestión en ejercicio de sus atribuciones para actuar con legalidad y confiabilidad de parte del Congreso del Estado, por lo tanto, aunque la autoridad legislativa revise detalladamente la actuación del órgano de fiscalización, este último tiene plena confiabilidad en sus actuaciones y cuenta con presunción de legalidad irrebatible.

• De ese modo, –refiere– la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, al tener el informe individual, procedió a valorar la juridicidad de su contenido y la verificación de las actuaciones de la Auditoría Superior del Estado, coincidiendo con todas las observaciones hechas por el órgano de fiscalización, ya que este último remitió todas las documentales e información necesarias a esta autoridad parlamentaria para que la Comisión tuviera la oportunidad de verificar cada observación y actuaciones generadas en auditoría realizada a la parte actora.

• Así, aduce que se examinó la generalidad de la cuenta pública de la entidad fiscalizada y en base a ello se fundamentó y motivó en base al Dictamen Número 279, que no se aprueba la cuenta pública anual al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California por el periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, por tanto, aduce que no puede alegar que no fue examinado el informe individual por parte de la Comisión de Fiscalización de Gasto Público.

• Aclara que la Auditoría Superior del Estado da a conocer a la parte actora de manera previa a la presentación de su informe individual, la parte que le corresponde de los resultados de su revisión, a efecto de que este presentara las justificaciones y aclaraciones correspondientes, las cuales fueron valoradas por la misma Auditoría Superior para la elaboración del informe individual, en donde se podrá observar que se llevó un verdadero análisis de las razones y documentos que ofreció la parte actora en su momento para solventar las observaciones que se hicieron a su cuenta pública, y ésta no logró desvirtuar sus inconsistencias en

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31043-5e26896f/i-controversia-constitucional-el-tribunal-estatal-de-justicia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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