I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO SE CONTROVIERTE UNA NORMA GENERAL, POR VULNERAR LOS DERECHOS DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS (ARTÍCULOS 16, ÚLTIMO PÁRRAFO Y 32, FRACCIONES I Y II, DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS SENADORES QUE CONFORMEN CUANDO MENOS EL TREINTA Y TRES POR CIENTO DEL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENEN LEGITIMACIÓN PARA DEMANDAR LA INVALIDEZ DE UN DECRETO PRESIDENCIAL, A TRAVÉS DE AQUEL MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO H), CONSTITUCIONAL, DEBE EVALUARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO IMPUGNADO Y SU VINCULACIÓN CON LA AFECTACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, NO EN FUNCIÓN DE LOS ARGUMENTOS HECHOS VALER PARA SU PROTECCIÓN. V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LAS VIOLACIONES PROCESALES DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS VIOLACIONES DE FONDO, PORQUE PUEDEN TENER UN EFECTO DE INVALIDACIÓN TOTAL SOBRE LA NORMA IMPUGNADA, QUE HAGA INNECESARIO EL ESTUDIO DE ÉSTAS. VI. FORMALIDADES DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DE SU POTENCIAL INVALIDATORIO. VII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS CUYO CUMPLIMIENTO SE DEBE VERIFICAR EN CADA CASO CONCRETO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA INVALIDACIÓN DE AQUÉL. VIII. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA. SE SATISFACEN CUANDO EL LEGISLADOR ACTÚA DENTRO DE LOS LÍMITES DE LAS ATRIBUCIONES CORRESPONDIENTES QUE LA CONSTITUCIÓN LE CONFIERE Y CUANDO LAS LEYES QUE EMITE SE REFIEREN A RELACIONES SOCIALES QUE RECLAMAN SER JURÍDICAMENTE REGULADAS (DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO). IX. MOTIVACIÓN LEGISLATIVA. CLASES, CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS. X. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. LOS DICTÁMENES QUE SE PRODUCEN BAJO LA MODALIDAD DE TRABAJO EN COMISIONES UNIDAS, NO DEBEN APROBARSE, NECESARIAMENTE, EN UN SOLO ACTO POR AMBAS COMISIONES, PUES LA ÚNICA OBLIGACIÓN QUE SE IMPONE ES QUE DICHA APROBACIÓN DEBE DARSE POR LA MAYORÍA ABSOLUTA DE SUS INTEGRANTES (DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO). XI. RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS. XII. TEST DE PROPORCIONALIDAD. METODOLOGÍA PARA ANALIZAR MEDIDAS LEGISLATIVAS QUE INTERVENGAN CON UN DERECHO FUNDAMENTAL. XIII. PRIMERA ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. IDENTIFICACIÓN DE UNA FINALIDAD CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA. XIV. SEGUNDA ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. EXAMEN DE LA IDONEIDAD DE LA MEDIDA LEGISLATIVA. XV. TERCERA ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. EXAMEN DE LA NECESIDAD DE LA MEDIDA LEGISLATIVA. XVI. CUARTA ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. EXAMEN DE LA PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO DE LA MEDIDA LEGISLATIVA. XVII. TEST DE ESCRUTINIO ESTRICTO. SE EXIGE CUANDO SE COMBATEN DISTINCIONES LEGISLATIVAS QUE SE APOYAN EN UNA DE LAS CATEGORÍAS SOSPECHOSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 1o. CONSTITUCIONAL, O BIEN, CUANDO LA NORMA OPERA SOBRE CIERTOS DERECHOS FUNDAMENTALES ESPECIALMENTE SENSIBLES QUE EXIGEN UNA TUTELA REFORZADA. XVIII. DERECHO HUMANO A LA PRIVACIDAD O INTIMIDAD. ESTÁ PROTEGIDO POR EL ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. XIX. DERECHO HUMANO A LA VIDA PRIVADA. ALCANCE DE SU PROTECCIÓN POR EL ESTADO. XX. DERECHO HUMANO A LA VIDA PRIVADA. SU CONTENIDO GENERAL Y LA IMPORTANCIA DE NO DESCONTEXTUALIZAR LAS REFERENCIAS A ÉSTA. XXI. DERECHO HUMANO A LA VIDA PRIVADA. SU CONTENIDO ES VARIABLE TANTO EN SU DIMENSIÓN INTERNA COMO EXTERNA. XXII. VIDA PRIVADA E INTIMIDAD. SI BIEN SON DERECHOS DI
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 82/2021 Y SU ACUMULADA 86/2021. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y DIVERSOS SENADORES INTEGRANTES DE LA LXIV LEGISLATURA. 26 DE ABRIL DE 2022. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: EDUARDO ARANDA MARTÍNEZ.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al veintiséis de abril de dos mil veintidós.
VISTOS para resolver en la acción de inconstitucionalidad 82/2021 y su acumulada 86/2021, promovidas, respectivamente, por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y por una minoría de senadores; y
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Presentación de las acciones de inconstitucionalidad. Mediante escrito remitido el trece de mayo de dos mil veintiuno a través del Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (en adelante "INAI"), por conducto de su director general de Asuntos Jurídicos, promovió acción de inconstitucionalidad solicitando la invalidez de las normas que a continuación se señalan, emitidas y promulgadas por las autoridades siguientes:
"II. Los órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales impugnadas:
"a) Órgano legislativo: Congreso de la Unión, Cámara de Senadores ... y, Cámara de Diputados ... .
"b) Órgano ejecutivo: presidente de los Estados Unidos Mexicanos ...; y Secretaría de Gobernación ... .
"III. La norma general cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se publicó: El Decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, en particular, sus artículos 15, fracción XLII Bis, 176, 180 Bis, 180 Ter, 180 Quáter, 180 Quintes, 180 Sextus, 180 Septimus, 190, fracciones VI y VII, 307 Bis, 307 Ter, 307 Quáter, 307 Quintus, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, todos transitorios del mismo Decreto, así como de las omisiones detectadas."
2. El catorce de mayo de dos mil veintiuno, diversos senadores integrantes de la LXIV Legislatura presentaron escrito ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal a través del cual promovieron acción de inconstitucionalidad en los términos siguientes:
"II. Órganos legislativos y ejecutivo que intervinieron en la emisión y promulgación de las normas constitucionales impugnadas:
"a) Órgano legislativo y autoridad emisora: Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, ... Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, ...
"b) Órgano ejecutivo y autoridades promulgadoras: titular del Poder Ejecutivo de la Unión ...
"III. Norma general cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se hubiere publicado: el ‘Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión’."
3. SEGUNDO.—Artículos constitucionales y convencionales violados. En su demanda el INAI consideró que se transgredían los artículos 1o., 6o., segundo y tercer párrafos, apartado A, fracciones II, III y VIII, párrafos primero y segundo, 14, 16, 28, 73, fracciones XXIX-O y XXIX-S y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 5, 7 y 8 del Convenio 108 para la Protección de las Personas con Respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal; 1 de su Protocolo Adicional al Convenio para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, a la Autoridades de Control y a los Flujos Fronterizos de Datos; y 8 y 16 de la Convención de los Derechos del Niño.
4. Por su parte, los senadores integrantes de la LXIV Legislatura estimaron violados los artículos 1o., 14, 16, 72, 74 y 134 de la Constitución Federal.
5. TERCERO.—Conceptos de invalidez. En su demanda, el INAI expuso los siguientes conceptos de invalidez.
• Primero. Los artículos 15, fracción XLII Bis, 176, 180 Bis, 180 Ter, 180 Quáter, 180 Quintes, 180 Sextus, 180 Septimus, primero, cuarto y quinto transitorios del Decreto impugnado violan los derechos a la privacidad, protección de datos personales, intimidad e interés superior del menor, dado que intervienen de forma arbitraria en el ámbito más privado e íntimo de las personas, sin tomar en consideración que todas las personas gozan de un espacio de proyección de su existencia que debe quedar reservado de la invasión de los demás, incluso del Estado.
La reforma impugnada vulnera estos derechos al ordenar la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) que obtendrá, recopilará, almacenará, registrará y conservará los datos personales que en su conjunto dan una radiografía de la vida privada de las personas.
Siendo insuficiente que en el artículo 180 Septimus se prevea que la información del PANAUT será confidencial y reservada, pues la protección constitucional de los datos personales se origina desde su obtención y el Estado no tiene la facultad de recabar datos personales de forma indiscriminada, como sucede en el caso concreto, sino que la decisión de obtenerlos debe estar plenamente justificada en intereses legítimos y ser acorde con el parámetro de regularidad constitucional.
Los preceptos combatidos exigen el tratamiento de los datos personales, incluidos datos sensibles, lo cual, por sí mismo, es violatorio del derecho a la protección de los datos personales y del derecho a la privacidad e intimidad de las personas, pues se vacía de forma absoluta su contenido, al exponer, sin limitación ni justificación legítima, datos personales que se refieren a todas las personas, a sus atributos y a su identidad.
Al respecto, en los asuntos C-293/12 y C-594/12, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea examinó la Directiva 2006/24/CE emitida por el Parlamento Europeo que establecía que los proveedores de servicios de comunicaciones telefónicas debían conservar los datos de tráfico y localización relativos a las comunicaciones durante el periodo establecido en la ley para prevenir y detectar delitos, investigarlos y enjuiciarlos, así como para garantizar la seguridad del Estado; lo cual consideró constituía una injerencia al derecho de protección a los datos personales que no era estrictamente necesaria, pues la medida abarcaba todos los datos de tráfico de telefonía e Internet, e incluía de manera generalizada a todas las persona sin establecer ninguna diferenciación, limitación o excepción en función del objetivo de lucha contra los delitos graves.
Además, los datos personales exigidos por el PANAUT pueden permitir el acceso a información u otros datos personales y revelar la geolocalización, datos de cuentas bancarias, implicar robos de identidad y de patrimonio, así como evidenciar las opiniones políticas y creencias religiosas, preferencia sexual, origen racial y étnico, con lo cual el Estado fiscalizaría, revisaría y controlaría el ámbito más privado de las personas.
Así, la información requerida por sí sola dará una radiografía de la vida privada de las personas (situación patrimonial, económica, de seguridad, integridad) sin una razón legítima. De tal forma que toda apertura en la protección a estos datos desde el momento en que se ordena su recopilación constituyen una violación del derecho de protección a los datos personales y al derecho a la vida privada consagrados en los artículos 6o., apartado A, fracción II, y 16, primer y segundo párrafos, de la Constitución Federal, 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y V de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
Además, se viola el derecho a la intimidad de los ciudadanos, ya que la creación del PANAUT incide en los datos biométricos que son los que permiten identificar de manera unívoca a las personas y además pueden dar cuenta de su origen racial o étnico, entre otras características.
Por otra parte, la reforma conlleva un escenario en el que se permite a diversas autoridades (IFT y autoridades de seguridad pública) y particulares (concesionarios y autorizados) tratar con los datos personales de los usuarios, lo cual supone una amenaza constante al derecho a la privacidad y genera inseguridad para el titular de los datos.
Aunado a ello, el PANAUT se integrará de manera descentralizada, sin que se adviertan mecanismos de protección de datos personales a fin de evitar abusos de las compañías telefónicas y no se puede asegurar que las medidas que se tomen serán eficaces para que los datos personales se integren directamente al padrón, sin que se traten de forma contraria a los principios y deberes en materia de protección de datos personales.
Por otra parte, el funcionamiento del PANAUT se encuentra redactado de una forma genérica, es decir, transgrediendo el principio de taxatividad normativa, además no se prevén las obligaciones mínimas de cuidado para evitar cualquier pérdida que dé paso a la suplantación o robo de identidad. Por ejemplo, el artículo 180 Quintes considera la posibilidad de recabar los datos biométricos y el domicilio del usuario, a través de medios digitales o medios remotos, lo cual debilita aún más el derecho a la identidad. Esa amenaza se refuerza porque los distintos actores tendrán acceso a los datos que se entreguen, lo que abre la puerta a conductas ilegítimas que terminen en un robo de identidad.
Finalmente, la falta de distinción entre usuarios de telefonía móvil hace presumir que dentro del universo de sujetos obligados a entregar sus datos personales se contempla a los niños y niñas. Su inclusión en el PANAUT implica una violación a sus derechos a la identidad, la privacidad y protección de datos personales, vaciando de contenido al principio de interés superior del menor y dando prevalencia al interés del Estado en perseguir una finalidad que no es legítima. Ello supone una violación de los artículos 4o. constitucional, 8 y 16 de la Convención de los Derechos del Niño; y 7 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados.
• Segundo. Los artículos 15, fracción XLII Bis, 176, 180 Bis, 180 Ter, 180 Quáter, 180 Quintes, 180 Sextus, 180 Septimus, primero, cuarto y quinto transitorios del Decreto impugnado, que regulan la creación del PANAUT son violatorios de los derechos de privacidad y protección de los datos personales en tanto no superan el test de proporcionalidad.
En primer lugar, no se persigue un fin constitucionalmente válido. Para arribar a tal convicción es necesario distinguir entre el fin de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y el fin del PANAUT. Así, la finalidad de la modificación legislativa se materializa en la creación del padrón y, la finalidad de éste será "colaborar con las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia en asuntos relacionados con la comisión de delitos".
Así, aunque la finalidad del PANAUT es la inhibición de delitos y la colaboración con las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia, la intencionalidad primaria de la reforma es la "identificación plena y certera de los titulares de las líneas de comunicación, a través del padrón" y sólo de forma contingente y secundaria, en caso de cometerse un delito, emplear esa información para su persecución.
La finalidad referente al registro y control de las personas a través de un padrón de líneas telefónicas móviles no es constitucionalmente válida, pues no existe en el Texto Constitucional un valor referido a "controlar y supervisar a los seres humanos", por el contrario, ello se contrapone a la protección a los derechos a la privacidad, vida privada, intimidad, identidad y protección de los datos personales.
Además, como la medida interviene directamente sobre una vasta nómina de derechos humanos debió cumplir con una finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional y perseguir un objetivo constitucionalmente importante y no sólo una finalidad admisible.
El PANAUT no está vinculado a un objetivo constitucional definido, puesto que la colaboración con las autoridades en materia de seguridad y justicia es contingente, lo que evidencia una ausencia de relación entre medio y fin. Visto así, el PANAUT comprende una lógica circular que se autosatisface a sí misma, en tanto que su razón de ser se colma en su existencia. Por tanto, la reforma impugnada debe declararse inválida pues no conlleva una finalidad constitucionalmente justificada.
Además, en el caso la motivación que ofreció el legislador respecto a la necesidad de legislar y crear el PANAUT, referente a la finalidad de perseguir delitos, no cumple el estándar mínimo de motivación reforzada (la indicación precisa de los antecedentes que permitan concluir que lo procedente era crear el PANAUT y la justificación y motivos que llevaron al legislador a actuar en tal sentido).
Por ende, la medida no persigue una finalidad constitucionalmente válida, aunado a que carece de la debida motivación reforzada que se exige cuando se pueden afectar de manera sustantiva derechos y libertades de las personas.
En segundo lugar, la medida no resulta idónea para conseguir su propósito de inhibir delitos.
Durante el proceso legislativo se realizó el "Foro virtual para el registro de usuarios de telefonía móvil" en el que diversos expertos expresaron que no había evidencia clara y contundente de que el registro impactara en la reducción de delitos como la extorsión y que la base de datos podría convertirse en un insumo para la delincuencia organizada.
Adicionalmente, la medida no es idónea, puesto que no hay relación entre el medio –intervención de derechos a través de recopilación, registros, almacenamiento, uso, transferencia, etc.– y la finalidad consistente en la seguridad pública a través de la colaboración de los delitos de extorsión, dado que no tiene sentido recabar los datos de las líneas pospago cuando la inmensa mayoría de delitos se cometen a través de líneas prepago.
Además, con la medida se conforma una base con los datos de todos los residentes en territorio nacional que cuenten con el servicio de telefonía móvil (veintidós millones de líneas), cuando la cantidad de delitos de extorsión denunciados en México en dos mil veinte fue de ocho mil trescientos ochenta, según cifras del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De esta forma sólo el 0.0068 % de las líneas se encontrarían relacionadas a ese delito, por lo que el crear un padrón nacional no llevará en realidad a ningún fin, salvo a contar con una base que almacene los datos más importantes y sensibles de los residentes del país que tengan dicho servicio.
Al respecto, al resolver los asuntos C-293/12 y C-295/12 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó respecto al tema relativo a la inhibición de los delitos a través de una base de datos, que aun cuando esa medida pretendía contribuir a la lucha contra la delincuencia grave, no exigía ninguna relación entre los datos cuya conservación se establecía y una amenaza para la seguridad pública y, en particular, la conservación no se limitaba a datos referentes a un periodo temporal o zona geográfica determinados o a personas que pudieran estar implicadas en un delito grave. Razonamiento que motivó, entre otros, la declaratoria de invalidez de la medida cuestionada.
Así, no existe evidencia clara y contundente que el registro impacte en la reducción del delito, por lo que no se supera la etapa de idoneidad.
En tercer lugar la medida no supera la grada de necesitad si se toma en cuenta que de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Federal, así como los diversos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 251, 252, 291, 301 y 303 del Código Nacional de Procedimiento Penales, ya existe la obligación de los concesionarios y autorizados de colaborar en todos los mandamientos de las autoridades y de contar con la tecnología necesaria para cumplir con la entrega de la información que es materia del PANAUT.
Así, ya existen otras medidas alternativas que también son idóneas para combatir los delitos de extorsión que se cometen a través de la telefonía móvil, pero que intervienen con menor intensidad en los derechos aludidos, porque la ordena un Juez al caso concreto y requerirá sólo las actuaciones necesarias respecto de las personas investigadas, de tal suerte que no es una medida global para toda la población.
El inhibir la comisión de delitos no depende de la cantidad de datos personales con los que cuente la autoridad, sino que las funciones de seguridad pública, persecución e investigación de los delitos, así como que la administración de justicia se realice de forma eficiente y adecuada.
Finalmente, en cuarto lugar, no se supera la grada de proporcionalidad en sentido estricto pues la medida supone un grado de intervención total en los derechos involucrados dado que se autoriza sin ningún tipo de limitación, a tratar todos los datos personales y sensibles que identifican plenamente a una persona que tenga teléfono móvil, sin que por el contrario se muestre fehacientemente que con ello se inhibirá la delincuencia, en concreto la extorsión.
Por el contrario, en el Foro virtual para el registro de usuarios de telefonía móvil se expuso que diversos países han considerado ineficaz la creación de padrones de usuarios para la prevención y persecución de delitos y no hay evidencia de que su implementación haya tenido algún efecto en la disminución de los delitos, tal como sucedió en México con el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT).
• Tercero. Los artículos 176, 180 Bis, 180 Ter, 180 Quáter, 180 Quintes, 180 Sextus, así como los transitorios tercero, cuarto y quinto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, son contrarios a los artículos 1o., 6o. y 16 de la Constitución Federal; 5o. y 7o. del Convenio 108 para la Protección de las Personas con Respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal; 1 del Protocolo Adicional al Convenio para la Protección de las Personas con Respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, a la Autoridades de Control y a los Flujos Fronterizos de Datos; y, 16, 17, 18, 19, 25, 29 y 30 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, pues contravienen los principios de finalidad, licitud, lealtad, proporcionalidad, responsabilidad y seguridad que rigen el tratamiento de datos personales, así como el principio de seguridad jurídica.
En primer lugar, se vulnera el principio de finalidad, de conformidad con el cual los datos personales sólo pueden ser tratados para cumplir con la finalidad para la cual se solicitan, la cual debe ser concreta, explícita, lícita y legítima. Ello porque el tratamiento de datos personales que exige el PANAUT ya se realiza por parte de la Secretaría de Gobernación a través del Registro Nacional de Población. Así, si ya existe un sistema que recaba datos personales para fines de identificación, no es válido que el IFT los recabe nuevamente para cumplir esa misma finalidad.
En segundo lugar, se vulnera el principio de licitud que exige que el tratamiento de los datos personales sea acorde con la normativa que rige a la responsable.
Desde una primera vertiente se vulnera dicho principio, pues en el caso del IFT sus atribuciones establecidas en el artículo 15 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión guardan una estrecha relación con el mandato de regular y promover la competencia y el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y radiodifusión, mismo que no guarda relación alguna con la inclusión de una fracción XLII Bis en el artículo 15 impugnado, la cual contempla la obligación de operar el PANAUT.Desde una segunda vertiente del principio de licitud se exige que el tratamiento por parte de la responsable se encuentre apegado a la normativa vigente en materia de datos personales, lo cual no se actualiza pues no se prevé si los concesionarios o sus autorizados deberán conservar o eliminar de sus registros los datos que entreguen al IFT, lo cual también resulta violatorio del principio de seguridad jurídica, en tanto que dejan a los usuarios en incertidumbre porque desconocen quién posee sus datos personales y el tratamiento que se les dará.
En tercer lugar, se vulnera el principio de lealtad porque la regulación del PANAUT permite la manipulación de los datos personales de los usuarios por parte de un número elevado de operadores, creándose un escenario en el que no existe una expectativa razonable de que el tratamiento de su información se apegará a la normativa vigente en materia de datos personales.
En cuarto lugar, se transgrede el principio de proporcionalidad de conformidad con el cual debe existir una relación causa-efecto entre los datos recopilados y las finalidades perseguidas, aunado que los datos que se soliciten deben ser los estrictamente necesarios.
Lo anterior porque la existencia del Registro Nacional de Población a cargo de la Secretaría de Gobernación ya satisface la finalidad genérica de identificación que persigue la creación del PANAUT. Además, respecto a la finalidad concreta de colaborar con las autoridades de seguridad y justicia en la persecución de delitos, lo cierto es que en los artículos 189 y 190, fracciones I, III y IV, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ya se prevén obligaciones genéricas a cargo de los concesionarios de proporcionar la información requerida por las autoridades de seguridad, procuración y/o de administración de justicia.
Así, ya existen mecanismos de apoyo que coadyuvan con la finalidad que se busca con la creación del padrón, por lo que la exigencia de entregar datos biométricos no podría considerarse adecuada y resulta excesiva ya que lejos de cumplir con la finalidad para la cual fue creada, generaría mayores riesgos respecto a la vulneración de los datos personales.
Además, debe tomarse en cuenta el antecedente del RENAUT, diseñado para combatir el secuestro y la extorsión a través del registro de las líneas telefónicas, asociadas al CURP, que encontraba su fundamento en la Ley Federal de Telecomunicaciones y que era operado por la Secretaría de Gobernación, pero cuya normativa se derogó a causa de la desconfianza y tras confirmarse que era ineficaz para alcanzar los objetivos buscados; incluso las bases de datos fueron vulneradas y comercializadas.
En quinto lugar, se vulnera el principio de responsabilidad, pues en los artículos impugnados no se contempla el establecimiento de medidas sustantivas tendentes a garantizar el derecho a la protección de datos personales. De ahí que sea posible que los diversos sujetos responsables carezcan de una capacitación adecuada o desconozcan las obligaciones que deben cumplir para garantizar dicho derecho.
Finalmente, en sexto lugar se vulnera el principio de seguridad porque no se advierte el establecimiento de medidas de seguridad ni el mandato al IFT para que dichas medidas sean incorporadas en las disposiciones administrativas de carácter general que eventualmente emita para regular el funcionamiento del padrón. Por el contrario, el artículo 180 Quintes permite a concesionarios utilizar medios remotos para la recopilación de datos personales, lo cual aumenta el riesgo de su vulneración.
Aunado a ello, se prevé que concesionarios y autorizados corran con los costos de implementación, mantenimiento y operación, incluyendo los de conectividad a los servidores del PANAUT sin contemplar que ello no asegura que dichas medidas cumplan con el principio de responsabilidad y no se establecen mecanismos pertinentes para satisfacer a cabalidad las medidas de seguridad para dicho tratamiento.
• Cuarto. Los preceptos impugnados en el tercer concepto de invalidez también transgreden las disposiciones constitucionales y convencionales ahí referidas porque no brindan una protección reforzada a los datos biométricos cuya naturaleza es la de un dato personal sensible y violan el principio de seguridad jurídica.
Si bien no existe una norma vinculante que expresamente disponga que los datos biométricos constituyen datos sensibles, la regulación de diversos ordenamientos internacionales y del derecho comparado da cuenta que reiteradamente se les ha asignado tal carácter.
La posibilidad de individualizar a una persona mediante una propiedad física, fisiológica, de comportamiento o por un rasgo de su personalidad obliga a autorizar una protección reforzada a través del reconocimiento del carácter de datos sensibles.
Aunado a ello, el catálogo de datos personales de carácter sensible enunciados en el artículo 3, fracción X, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados es enunciativo, por lo que permite adicionar nuevos supuestos a los ahí previstos. Además, debe tomarse en cuenta que si los datos biométricos se incluyen en un padrón que los vincula con otros datos personales (como en el caso del PANAUT), el riesgo de individualización aumenta.
En consecuencia, dado que los datos biométricos son datos sensibles requieren una protección reforzada respecto a los principios que rigen el tratamiento de datos personales, aunado a que para su obtención y manejo se requiere la autorización expresa de la persona involucrada (salvo lo previsto en el artículo 22 de la ley general referida).
Sin embargo, en los preceptos impugnados no se prevén obligaciones complementarias de protección, incluso, no se hace referencia a ningún deber de salvaguarda de los datos que se pretenden recopilar. Aunado a ello, la violación a los principios que rigen el tratamiento de los datos personales aducida en el anterior concepto de invalidez es extensiva respecto de los datos biométricos que tienen el carácter de sensibles.
Esta situación se agrava porque el legislador no estableció qué datos biométricos son los que serán recabados para ser integrados en el PANAUT dejando tal decisión al IFT que no está facultado constitucionalmente para ello, lo cual resulta violatorio del principio de seguridad jurídica y taxatividad legal, consagrado en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, según el cual las normas deben contener los elementos mínimos para que la autoridad no incurra en arbitrariedades.
• Quinto. Los artículos 180 Quintes y 180 Septimus del Decreto impugnado, son contrarios al artículo 16 de la Constitución Federal, al Convenio 108 para la Protección de las Personas con Respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal y a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados al incluir mecanismos distintos y restrictivos para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales (derechos ARCO).
En primer lugar, porque se actualiza una omisión legislativa parcial ya que en los artículos impugnados no señalan los requisitos de presentación de la solicitud, plazos de respuesta y de actuación, ni los medios de impugnación específicos en caso de inconformidad del titular debido a la actuación del sujeto obligado responsable. Así, el no incorporar elementos esenciales para ejercer o defender el derecho de protección a datos personales cuando existe una ley general que los prevé expresamente, genera inseguridad jurídica, pues el particular no conoce el marco regulatorio completo que acompaña tal derecho.
En segundo lugar, porque el numeral 180 Septimus limita el acceso únicamente al número o números de celular asociados con el titular, sin tener la posibilidad de conocer la totalidad de datos personales que están vinculados a él, resultando ello contradictorio con el derecho de acceso a datos personales reconocidos por los artículos 8, inciso a), del Convenio 108 y 43 y 44 de la ley general.
En tercer lugar, porque se transgrede el derecho de cancelación ya que si bien el titular de los datos tiene a su alcance la posibilidad de cancelar un número de línea que no reconozca como suyo, esa cancelación no implica la eliminación del registro correspondiente, aunado a que el registro de la línea asociado al solicitante de la cancelación, permanecerá vigente por el plazo de seis meses, lo cual acarrea una presunción sobre la creación de bases de datos accesorias en la cuales se desconoce si habrá un historial que continúe vinculando el dato con un particular.
Por ende, dado que los preceptos impugnados contienen previsiones sobre derechos ARCO que se ejercen de manera distinta y limitada a lo previsto por la ley general, deben ser declarados inconstitucionales.
• Sexto. Los artículos 15, fracción XLII Bis, 176, 180 Bis, 180 Ter, 180 Quáter, 180 Quintes, 180 Sextus, 180 Septimus, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto transitorios impugnados transgreden los artículos 6o., apartado A, fracción VIII, primer y segundo párrafos, 16, segundo párrafo, 28, párrafo quince y 73, fracciones XXIX-O y XXIX-S, de la Constitución Federal porque facultan al IFT para emitir disposiciones en materia de protección de datos personales con motivo de la operación del PANAUT, el cual no tiene atribuciones en esa materia, aunado a que se invade la esfera competencial del INAI.
Con independencia de la inconstitucionalidad de la medida impugnada, lo cierto es que le correspondería al INAI y no al IFT emitir los lineamientos administrativos de carácter general que incidan o puedan tener consecuencia sobre el ejercicio del derecho de protección de datos personales.
Además, el habilitar a un órgano de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31068-3ac7ecb4/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-plazo-de-treinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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