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Modo: Corpus Pro

ACCESO PLENO A LA JURISDICCIÓN DEL ESTADO DE LAS PERSONAS INDÍGENAS SUJETAS A UN PROCEDIMIENTO PENAL. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEBERÁN TOMAR EN CUENTA EL CONTEXTO SOCIOCULTURAL Y POLÍTICO EN QUE SE SUSCITAN LOS HECHOS, PARA ADVERTIR SU INTENCIÓN.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2359/2020. · Registro digital (IUS): 31235
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-02-03
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Febrero de 2023, Tomo II, Pág.1820.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2359/2020. 9 DE FEBRERO DE 2022. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIOS: ALEXANDRA VALOIS SALAZAR Y HÉCTOR VARGAS BECERRA.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: El asunto se originó por diversos hechos ocurridos el uno de noviembre de dos mil dieciocho en el inmueble identificado como DIF Nahuatzen, en el Municipio homónimo, en el Estado de Michoacán de Ocampo. De tales hechos derivó la causa penal 182/2018, en la que se condenó a los recurrentes por el delito de sabotaje, previsto y sancionado por el artículo 314, fracciones II y III, del Código Penal para la entidad.

Dicha determinación, fue combatida mediante recurso de apelación, no obstante la Sala que conoció modificó la sentencia recurrida para ordenar la restitución al Ayuntamiento de Nahuatzen de los vehículos dañados, y confirmó en sus demás aspectos. En contra, los sentenciados promovieron juicio de amparo, el cual les fue negado.

Aun inconformes, los quejosos interpusieron el recurso de revisión que se resuelve en esta vía y cuya procedencia fue inicialmente validada al fallar el recurso de reclamación 1428/2020, al subsistir una cuestión de constitucionalidad consistente en la omisión de interpretar la fracción VIII del artículo 2o. constitucional y resolver conforme a la misma, el juicio de amparo directo.

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Ciudad de México. Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al nueve de febrero de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 2359/2020, promovido en contra de la sentencia dictada en sesión del trece de agosto de dos mil veinte, por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, en el juicio de amparo directo **********.

El asunto se originó por diversos hechos ocurridos el uno de noviembre de dos mil dieciocho, en el inmueble identificado como DIF Nahuatzen, en el Municipio homónimo en el Estado de Michoacán de Ocampo. De tales hechos derivó la causa penal **********, en la que se condenó a los recurrentes por el delito de sabotaje, previsto y sancionado por el artículo 314, fracciones II y III, del Código Penal para la entidad.

Dicha determinación, fue combatida mediante recurso de apelación, no obstante la Sala que conoció modificó la sentencia recurrida, para ordenar la restitución al Ayuntamiento de Nahuatzen de los vehículos dañados, y confirmó en sus demás aspectos. En contra, los sentenciados promovieron juicio de amparo, el cual les fue negado.

Aun inconformes, los quejosos interpusieron el recurso de revisión que se resuelve en esta vía y cuya procedencia fue inicialmente validada al fallarse el recurso de reclamación **********, al subsistir una cuestión de constitucionalidad consistente en la omisión de interpretar la fracción VIII del artículo 2o. constitucional y resolver conforme a la misma, el juicio de amparo directo.

Así, el problema jurídico a resolver por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consiste en determinar si la sentencia reclamada respeta el derecho de los quejosos a obtener una sentencia fundada en derecho y en respeto al principio de legalidad en materia penal, en términos de lo establecido en la referida porción normativa.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. PRIMERO.—Antecedentes. Para una mejor comprensión del asunto, es necesario traer a colación algunos de los hechos que preceden a esta secuela procesal:

2. Hechos. Derivado de un conflicto suscitado entre el Ayuntamiento de Nahuatzen y el Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, se les señaló a ********** y ********** como las personas que el uno de noviembre de dos mil dieciocho, pertenecían a un grupo de personas armadas, que ingresaron y dañaron las instalaciones del DIF Municipal de Nahuatzen, además de sustraer un camión y un vehículo pertenecientes al propio Municipio.

3. Proceso penal. Mediante resolución de ocho de noviembre de dos mil diecinueve, en la causa penal **********, el Tribunal de Enjuiciamiento Unitario del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, en la Región de Uruapan, dictó sentencia absolutoria al considerar que los medios de convicción desahogados en la audiencia de juicio no acreditaban los delitos de robo calificado y robo de vehículo automotor terrestre, en agravio del Ayuntamiento de Nahuatzen, Michoacán.

4. No obstante, dictó sentencia condenatoria por su plena responsabilidad en la comisión del delito de sabotaje, previsto y sancionado por el artículo 314, fracciones II y III, del Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo,(1) en agravio del Ayuntamiento Constitucional de Nahuatzen. El tribunal de enjuiciamiento impuso a los acusados siete años de prisión y suspensión de sus derechos políticos por el mismo tiempo; asimismo, los condenó al pago de la reparación del daño de manera genérica, cuantificable en ejecución de sentencia.

5. Apelación. En contra de lo anterior, la defensa, el asesor jurídico del Ayuntamiento de Nahuatzen y la Fiscalía interpusieron recurso de apelación, del que correspondió conocer a la Quinta Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, bajo el número de toca penal **********, quien mediante resolución dictada el ocho de enero de dos mil veinte, modificó la sentencia recurrida para ordenar la restitución al Ayuntamiento de Nahuatzen de los vehículos dañados, y confirmó en sus demás aspectos.

6. SEGUNDO.—Juicio de amparo directo **********. Mediante escrito presentado el cinco de febrero de dos mil veinte, ********** y **********,(2) solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la resolución de ocho de enero del año citado, dictada en el toca de apelación **********, así como contra los actos de ejecución atribuidos al Tribunal de Enjuiciamiento y al Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Región Uruapan.

7. Del asunto conoció el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, quien por auto de trece de febrero de dos mil veinte, registró la demanda con el número de expediente **********; posteriormente, mediante acuerdo de veinte de febrero siguiente, admitió la demanda de amparo, tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable y por emplazadas como terceras interesadas a la representante del Ayuntamiento de Nahuatzen, Michoacán y a la fiscal que intervino en la causa penal de origen; asimismo, ordenó dar vista a las partes para que dentro del término legal correspondiente, presentaran sus alegatos o promovieran amparo adhesivo.

8. Seguidos los trámites respectivos, en sesión de trece de agosto de dos mil veinte, el tribunal del conocimiento dictó sentencia en la que negó la protección constitucional a los quejosos.

9. TERCERO.—Recurso de revisión. Inconformes con lo anterior, mediante escrito presentado el diez de septiembre de dos mil veinte, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por buzón judicial, ********** interpuso recurso de revisión. Asimismo, por escrito presentado el once de septiembre siguiente, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, ********** y ********** interpusieron recurso de revisión.

10. Por acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, el presidente de este Alto Tribunal tuvo por recibidos los recursos de revisión interpuestos por ********** y **********, sin embargo mediante acuerdo de diecisiete de noviembre del año referido los desechó, al estimar que no se planteó concepto de violación alguno sobre la inconstitucionalidad, incluyendo convencionalidad, de una norma de carácter general o se planteó uno relacionado con la interpretación de algún precepto constitucional o tratado internacional, ni se realizó la interpretación directa de los antes referidos, por lo que no se surtían los supuestos de procedencia que establecen los artículos 81, fracción II, de la Ley de Amparo; 10, fracción III y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Aunado a que el recurso interpuesto por **********, fue presentado de forma extemporánea.

11. CUARTO.—Interposición y trámite del recurso de reclamación. Inconformes con esa determinación, mediante escritos presentados el dieciséis y veintidós de diciembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ********** y **********, interpusieron recurso de reclamación.

12. Por acuerdo de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, el presidente de este Alto Tribunal tuvo por interpuestos los referidos medios de impugnación en el expediente 1428/2020 y ordenó turnarlos a la ponencia de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, así como su envío a la Primera Sala.

13. En sesión de siete de abril de dos mil veintiuno, esta Primera Sala resolvió por unanimidad de cinco votos declarar fundada la reclamación, revocar el acuerdo recurrido de diecisiete de noviembre de dos mil veinte y enviar los autos a la presidencia del Alto Tribunal para efectos de admitir los recursos de revisión.

14. En atención a lo anterior, el Ministro presidente de este Alto Tribunal en auto de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, admitió los recursos de revisión interpuestos por los citados quejosos, ordenó radicar el asunto en la Primera Sala y lo turnó para su estudio al señor Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

15. QUINTO.—Avocamiento. La Ministra presidenta de la Primera Sala, en auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, ordenó avocarse al conocimiento del recurso y envió los autos a la ponencia designada para la elaboración del proyecto de resolución.

I. COMPETENCIA

16. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal; 81, fracción II, de la Ley de Amparo; y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, emitido el trece de mayo de dos mil trece y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno del mismo mes y año, por el Pleno de este Alto Tribunal, toda vez que se interpone en contra de una sentencia dictada en un juicio de amparo directo, cuya materia en términos del artículo 37 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación incide en la especialidad de esta Sala y su resolución no requiere de intervención del Tribunal Pleno.

II. OPORTUNIDAD

17. Los correspondientes recursos de revisión interpuestos por los señores ********** y **********, se hicieron valer de forma oportuna.

18. En efecto, con relación al señor **********, esta Primera Sala, al resolver el recurso de reclamación **********, calificó de fundados los agravios que planteó; y en consecuencia, se revocó el acuerdo de presidencia recurrido, a través del cual, se había decretado su extemporaneidad. Por tanto, se tuvo por presentado de manera oportuna.

19. Esto es, el Ministro presidente de la Suprema Corte desechó por extemporáneo el recurso de revisión que hizo valer, bajo el argumento de que la sentencia de amparo se notificó a las partes por medio de lista, el veintiocho de agosto de dos mil veinte, y el recurso de revisión se presentó ante el Tribunal Colegiado luego de transcurrido el término de diez días para su interposición. Sin embargo, en suplencia de la queja deficiente, se advirtió que el quejoso estaba recluido en el Centro de Reinserción Social "Licenciado Eduardo Ruíz", en la ciudad de Uruapan, Michoacán; por tanto, lo correcto era notificarle en términos del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, pues al estar privado de su libertad, debía hacerse de forma personal en el lugar de su reclusión, o por conducto de su defensor, representante legal o persona designada para oír notificaciones.

20. En ese orden, se hizo notar que del análisis de autos, no se contaba con los elementos necesarios que permitieran determinar que la resolución recurrida se notificó al quejoso de manera personal, por lo que en aras del acceso a la justicia, en términos del artículo 17 constitucional, al no existir elementos que permitieran concluir lo contrario, debía entenderse que el recurso de revisión se presentó de manera oportuna.

21. En relación con el recurso de revisión interpuesto los señores ********** y **********, de las constancias relativas al expediente electrónico, se advierte la razón actuarial en la que se hizo constar la notificación de la sentencia recurrida, por medio de lista, el viernes veintiocho de agosto de dos mil veinte. Notificación que surtió efectos al día hábil siguiente, esto es, el lunes treinta y uno de agosto.

22. Así, el plazo para interponer el recurso de revisión, transcurrió del martes uno al jueves diecisiete de septiembre del mismo año; sin contar los días cinco, seis, doce y trece, por corresponder a sábados y domingos, así como los días catorce, quince y dieciséis del mismo mes y año, por ser inhábiles.

23. En ese orden, si el escrito de agravios se presentó de manera electrónica el viernes once de septiembre de dos mil veinte, según consta en la evidencia criptográfica del documento de mérito; entonces su promoción resultó oportuna. Ello, a pesar de que la sentencia recurrida tampoco se les notificó de manera personal; pues basta con que se hayan hecho sabedores de la notificación por lista y, sobre esa base, presentaran el medio de impugnación.

III. LEGITIMACIÓN

24. Los recurrentes se encuentran legitimados para interponer el recurso de revisión, pues combaten una sentencia de amparo que les resultó adversa, dictada en un juicio constitucional en el que se les reconoció la calidad de quejosos.

IV. CUESTIONES NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO

a) Conceptos de violación: En la demanda de amparo se argumentó, en esencia, lo siguiente:

• Contrario a lo argumentado por el tribunal de alzada, todo deriva de un conflicto político y económico entre el Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, Michoacán y el Ayuntamiento de esa entidad, con el único afán de incriminar a los quejosos, debilitar la operatividad del autogobierno y dividir su comunidad, persiguiendo un objetivo de control de los recursos que por mandato del propio Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, corresponden ejercer directamente al Consejo de su localidad y no al Ayuntamiento, lo cual se obtiene de las pruebas desahogadas durante la audiencia de juicio oral, ya que los atestes de **********, quienes se desempeñan en el Ayuntamiento de Nahuatzen, demerita credibilidad a sus dichos y genera una duda razonable sobre su interés no sólo institucional sino personal, dada la animadversión existente entre el Consejo y el Ayuntamiento;

• Además, la responsable pasó por alto que el dictamen pericial signado por ********** y el testimonio del agente de la policía como primeros intervinientes, son pruebas obtenidas en forma ilícita e imperfectas; lo anterior, se robustece con el testimonio de ********** y **********, en su calidad de consejeros mayores, así como con las documentales incorporadas mediante su dicho, de que se trata de un conflicto por el manejo de los recursos económicos y materiales para la localidad de Nahuatzen, los cuales deben ser transferidos directamente por el Ayuntamiento al Consejo, conforme a la resolución de seis de noviembre de dos mil diecisiete, pronunciada por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, en el expediente **********.

• La autoridad responsable se limitó a señalar que la valoración de pruebas fue correcta para sustentar el cuadro fáctico de la acusación, en virtud de que las discrepancias puntualizadas por la defensa, existentes en los dichos de los testigos de cargo, el perito y el agente de investigación, son intrascendentes para demeritar la veracidad de la información, lo que puede generar una duda razonable, siendo insuficientes por deficientes e imperfectas.

• En ese sentido, en contra de lo sostenido por la responsable, las pruebas admitidas no generan una convicción más allá de toda razonable, pues de los testimonios de ********** y **********, se advierte que se condujeron con una serie de dudas y reticencias sobre el hecho investigado y sus accidentes, como son: la hora exacta del acontecimiento, el número de comuneros participantes, la supuesta conducta desplegada en lo individual por los quejosos, la estructura del inmueble donde ocurrió el hecho, los actos de violencia, disparos de armas de fuego, quema de documentos, lo que acredita la inverosimilitud de su presencia en el lugar; además atendiendo a que el uno de noviembre como tradición de día de muertos y día festivo local, es inhábil, lo que hace indubitable que se haya efectuado una reunión de Cabildo, amén de que no se refirió la presencia del presidente municipal ni de los regidores, resultando sospechoso que en la audiencia de juicio no hayan sido presentados por la fiscalía.

• La autoridad responsable no advirtió que el medio idóneo para acreditar que se dañaron o destruyeron centros de producción o distribución de bienes básicos o instalaciones de servicios públicos, y se entorpecieron los mismos, es la prueba pericial y de inspección ocular, pero no la testimonial de los funcionarios municipales.

• Es absurdo que la autoridad responsable comparta el criterio del tribunal de enjuiciamiento, en el sentido de que generan convicción los dichos del perito y del agente de investigación, cuando el primero carece de cédula profesional que lo faculte para realizar funciones periciales y el segundo cuente con un simple curso académico de formación inicial, lo que denota su falta de conocimiento y preparación en el nuevo sistema de justicia penal.

• Resulta evidente que las pruebas de la fiscalía no generan convicción para tener por demostrada la tipicidad del delito de sabotaje, porque no existe certeza de que se hayan dañado o destruido centros de producción o distribución de bienes básicos o instalaciones de servicios públicos y que se entorpecieran, toda vez que el artículo 314 del Código Penal del Estado de Michoacán, exige como verbo núcleo de la acción punible que se trastorne la vida económica, política, social, turística o cultural del Estado o para perjudicar la capacidad de las instituciones gubernamentales, toda vez que los atestes de cargo no señalaron que el Municipio de Nahuatzen, en toda su extensión territorial, haya sido trastornado, ni siquiera que la cabecera municipal en su totalidad haya sufrido tales perturbaciones, sino que por el contrario siguieron funcionando, dudas razonables que conllevan estar a lo más favorable a los quejosos.

• Ante el innegable conflicto existente entre el Consejo y el Ayuntamiento, por el manejo de los recursos cuya competencia fijó el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, sin tener jamás y en ningún momento responsabilidad penal alguna, en todo caso se materializa típicamente un exceso en la causa de exclusión de un delito, en términos de los artículos 27, fracción VII y 75 del Código Penal del Estado, al haberse ejercido un derecho en forma indebida, empleando los medios no autorizados por la ley; lo anterior, porque dos quejosos son concejeros mayores y otro es afín al Concejo.

• La autoridad responsable viola los derechos fundamentales de los quejosos al modificar el fallo apelado, para condenarlos a restituir los vehículos a favor del Ayuntamiento de Nahuatzen, cuando tal ente no acreditó a cabalidad la propiedad de los mismos, siendo inverosímil que las facturas de los mismos se hayan incinerado, aunado a que las unidades automotrices se encuentran legalmente en poder del Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, por haber sido entregadas institucionalmente al mismo. b) Consideraciones de la sentencia recurrida: El Tribunal Colegiado negó el amparo al calificar de inoperantes en parte e infundados en otra, los conceptos de violación, al tenor de las siguientes consideraciones:

• En primer lugar, estimó que no se advertía queja que suplir en favor de los quejosos.

• Destacó que no advertía violación a derechos fundamentales de la parte quejosa en lo relativo a la comprobación y comisión del delito de sabotaje, de los acusados ********** y **********, y tampoco en el grado de culpabilidad en que se les ubicó. Esto a partir del examen de los argumentos expresados por el tribunal de enjuiciamiento en cuanto a que se acreditó el hecho que la ley señala como delito evidenciado con base en las pruebas desahogadas en audiencia de juicio oral; así como el examen de que esa acción es atribuible a ********** y **********, en calidad de autores materiales directos.

• Precisó, que el tribunal de alzada tuvo por probados los hechos del acto reclamado, en razón de que dicha conclusión resultaba ser congruente con la información incorporada en audiencia de juicio.

• Refirió que para llegar a su conclusión, el órgano ad quem responsable determinó que era correcto el encuadre típico formal, en el sentido de que el juicio de tipicidad implicó que el a quo tuviera por comprobado el hecho que la ley señala como delito de sabotaje, previsto y sancionado por el artículo 314, fracciones II y III, del Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo, vigente en la época de los hechos, en agravio del Ayuntamiento de Nahuatzen.

• Señaló que la autoridad responsable determinó que los medios de prueba desahogados en la audiencia de juicio, válidamente permitieron inferir al Juez de enjuiciamiento la acreditación de los elementos constitutivos del delito.

• El órgano colegiado consideró correcta la determinación de la Magistrada del tribunal de alzada, al sostener que en la especie se encontraba acreditado el delito de sabotaje, toda vez que de los medios de prueba desahogados en la audiencia de juicio, específicamente con los testimonios de los testigos presenciales ********** y **********, corroborado con lo manifestado por el perito en criminalística ********** y el policía de investigación **********, el tribunal de enjuiciamiento infirió, más allá de toda duda razonable, que el uno de noviembre de dos mil dieciocho, aproximadamente a las dieciocho horas con cuarenta minutos, en las instalaciones del DIF Municipal de Nahuatzen, donde se encontraban instaladas las oficinas del Ayuntamiento Municipal de Nahuatzen y en su interior los servidores públicos ********** (presidenta del DIF Municipal), ********** (contralor del Ayuntamiento), ********** (síndica municipal del Ayuntamiento) y ********** (oficial mayor del Ayuntamiento), llegó un grupo armado de personas, quienes eran lideradas por ********** y **********, quienes portaban armas de fuego largas e ingresaron manifestando que pertenecían al Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, y dañaron cristales, puertas, cerraduras; asimismo, tomaron computadoras de escritorio, despensas, sillas de ruedas, bastones de apoyo para invidentes, andaderas, muletas y otros objetos que se encontraban en la bodega y los subieron al camión de volteo, color blanco, modelo 2005, destinado para el servicio de recolección de basura, propiedad del Ayuntamiento de Nahuatzen, asimismo, a un vehículo Tsuru el cual era utilizado para diversos servicios del Ayuntamiento, vehículos que se encontraban estacionados por fuera de dichas instalaciones.

• De igual manera, que quemaron documentos; paralelamente, en el mismo lugar, **********, en compañía de diez personas, se introdujo a la oficina de la presidenta del DIF Municipal, la sometió sobre el escritorio y le dijo: "cállate hija de tu puta madre, venimos por tu esposo, pero el muy joto no está, es miedoso, te vamos a dar un escarmiento para que arda", también le dijo que él podía hacerle lo que quisiera y le daría una oportunidad, pero tenía veinticuatro horas para irse del pueblo. Hechos que tuvieron un tiempo aproximado de duración de veinte a veinticinco minutos.

• Asimismo, señaló que de los medios de prueba concatenados con el testimonio de la Concejal Mayor del Barrio Tercero, del Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, permitieron válidamente inferir al tribunal de enjuiciamiento, que la finalidad de tales conductas fue la de perjudicar la capacidad del Ayuntamiento de Nahuatzen.

• Refirió que de las manifestaciones realizadas por la Concejal Mayor del Barrio Tercero, del Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen se infiere el conflicto existente entre el Ayuntamiento de Nahuatzen con el Consejo Ciudadano Indígena, quien pretende tener el control total de la cabecera municipal de Nahuatzen, lo que incluye los inmuebles, muebles y en general el patrimonio del Ayuntamiento; lo anterior, porque los integrantes del Consejo consideran que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, reconoció el derecho de la comunidad de Nahuatzen, para administrar en forma directa los recursos económicos que le corresponden, comunidad que se encuentra representada por dicho Consejo Ciudadano Indígena.

• Por lo anterior, infirió el conflicto existente entre el Ayuntamiento de Nahuatzen con el Consejo Ciudadano Indígena, quien pretende tener el control total de la cabecera municipal de Nahuatzen, lo que incluye los inmuebles, muebles y en general el patrimonio del Ayuntamiento; lo anterior, porque los integrantes del Consejo consideran que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán reconoció el derecho de la comunidad de Nahuatzen, para administrar en forma directa los recursos económicos que le corresponden, comunidad que se encuentra representada por dicho Consejo Ciudadano Indígena.

• Asimismo, corroboró el conflicto existente, con el dicho de ********** (integrante del Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen), quien manifestó que el Ayuntamiento correspondiente a la administración 2018-2021, en sesión extraordinaria celebrada el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, acordó revocar las autorizaciones dadas por la administración municipal 2015- 2018 del mismo Ayuntamiento, para la transferencia de los recursos económicos; motivo por el cual, los integrantes del Consejo Ciudadano, promovieron ante el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, con número de expediente **********, el cual fue resuelto en el sentido de revocar los acuerdos tomados por el Ayuntamiento, en las sesiones extraordinarias de veintiséis de febrero y dieciocho de marzo de dos mil diecinueve, relacionadas con la autorización de revocaciones para la transferencia de los recursos económicos que le corresponden, y se determinó que los recursos económicos debían transferirse a la comunidad.

• Por lo anterior, precisó que resultaba válido inferir, como lo hizo el tribunal de enjuiciamiento y lo avaló el de alzada responsable, que las conductas desplegadas por los sujetos activos tuvieron como finalidad perjudicar la capacidad del Ayuntamiento de Nahuatzen, para que el Consejo Ciudadano Indígena, sea quien gobierne el poblado de Nahuatzen, debido a que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, reconoció el derecho de la comunidad de Nahuatzen, para administrar en forma directa los recursos económicos que le corresponden. Lo que se acredita con lo manifestado por la presidenta del DIF Municipal, el contralor, la síndica y el oficial mayor del Ayuntamiento.

• Señaló que compartía la decisión del tribunal de alzada, en el sentido de que más allá de toda duda razonable, se evidencia la responsabilidad de ********** en la comisión del delito de sabotaje, en la medida que el tribunal de enjuiciamiento, a partir de los testimonios de la víctima **********, dedujo que los ahora quejosos fueron quienes intervinieron en la comisión del ilícito como coautores, en términos de lo establecido en el artículo 24, fracción III, del Código Penal del Estado de Michoacán de Ocampo.

• A partir de lo anterior, estimó correcto el actuar de la autoridad responsable al señalar que el tribunal de alzada examinó los razonamientos plasmados por el tribunal de enjuiciamiento, estableciendo de manera suficiente los motivos por los que llegó a la conclusión de que en el caso a estudio la apreciación probatoria del a quo se ajustó a lo dispuesto en el artículo 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

• De modo tal, al no advertir violación a derechos fundamentales en lo relativo a la comprobación del hecho delictivo, y ser suficientes las pruebas incorporadas en juicio para generar al tribunal de apelación responsable el convencimiento, más allá de toda duda razonable, para determinar la responsabilidad penal de ********** y **********, estimó legal lo resuelto por el tribunal de apelación responsable en esos rubros, al cumplir cabalmente con la necesidad de justificación de la decisión.

• Señaló de infundado el argumento de la parte quejosa en el que sostuvo que, contrario a lo sostenido por la autoridad responsable, el asunto se trata de una criminalización del conflicto político y económico que existe entre el Consejo Ciudadano Indígena y el Ayuntamiento, lo cual se obtenía de los testimonios del personal que labora en el Ayuntamiento de Nahuatzen, ya que demeritaba la credibilidad a sus dichos y genera una duda razonable sobre su interés no sólo institucional sino personal, dada la animadversión existente entre el Consejo y el Ayuntamiento; lo que se corrobora con el testimonio de ********** y ********** así como con las documentales incorporadas mediante su dicho, de las que se obtiene el referido añejo conflicto por el manejo de los recursos e

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31235-cb748a9b/acceso-pleno-a-la-jurisdiccion-del-estado-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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