EMBARGO EN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. LA REGLA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 1394, PRIMER PÁRRAFO, RELACIONADA CON EL DIVERSO 1395, FRACCIÓN II, AMBOS DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SUPERA EL TEST DE PROPORCIONALIDAD, POR LO QUE ES UNA MEDIDA CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA.
AMPARO EN REVISIÓN 414/2021. FACTOR ÓPTIMO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 30 DE MARZO DE 2022. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE. PONENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: JORGE ARRIAGA CHAN TEMBLADOR.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al treinta de marzo de dos mil veintidós, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el recurso de revisión 414/2021, interpuesto por Factor Óptimo, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad no Regulada, por conducto de su apoderado legal **********, en contra de la resolución de seis de enero de dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en el expediente **********.
El problema jurídico a resolver por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si los artículos 1394, primer párrafo, y 1395, fracción II, ambos del Código de Comercio, cumplen con el parámetro de regularidad constitucional y convencionalidad.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Hechos que antecedieron a la demanda de amparo. De acuerdo con las constancias que obran en autos del juicio de amparo ********** del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, se desprenden los antecedentes siguientes:
2. Demanda de amparo. Por escrito presentado el diez de diciembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, **********, apoderado de Factor Óptimo, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no Regulada, solicitó en la vía indirecta, el amparo y protección de la Justicia Federal.
Autoridades responsables y actos reclamados:
a) Juez Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México:
• La resolución de dos de diciembre de dos mil diecinueve, emitida en el juicio ejecutivo mercantil **********, en la que declara infundado el recurso de revocación hecho valer contra el auto de catorce de marzo de dos mil diecinueve, por el cual se decretó el embargo sobre diversos bienes, propiedad de la quejosa.
• La aplicación de los artículos 1394, primer párrafo y 1395, fracción II, ambos del Código de Comercio.
• Todas y cada una de las consecuencias mediatas, inmediatas, directas o indirectas de los actos reclamados, así como todas y cada una de las resoluciones judiciales y acciones materiales que se llegaran a dictar o efectuar, incluida la ejecución del embargo decretado el cinco de marzo de dos mil diecinueve.
b) Directora registradora del Registro Público de Monclova del Estado de Coahuila:
• La futura e inminente inscripción del embargo sobre los bienes de la quejosa con motivo de la interlocutoria de dos de diciembre de dos mil diecinueve, emitida en el referido juicio.
c) Comisión Nacional Bancaria y de Valores:
• La ejecución en informar la existencia de cuentas bancarias a nombre de la parte quejosa, con motivo de la interlocutoria de dos de diciembre de dos mil diecinueve, emitida en el referido juicio.
d) Presidente constitucional:
• La sanción, promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación, del Decreto de reforma de los artículos 1394, primer párrafo y 1395, fracción II, del Código de Comercio, publicado el diez de enero de dos mil catorce.
e) Cámaras de Senadores y Diputados, del Congreso de la Unión:
• Su participación en el ámbito de sus respectivas competencias, en la discusión, dictamen, aprobación y expedición, del Decreto por el que se reforman los artículos 1394, primer párrafo y 1395, fracción II, del Código de Comercio, publicado el diez de enero de dos mil catorce.
f) Secretario de Gobernación:
• La firma y refrendo, del Decreto de reforma de los artículos 1394, primer párrafo y 1395, fracción II, del Código de Comercio, publicado el diez de enero de dos mil catorce.
g) Director del Diario Oficial de la Federación:
• La publicación del Decreto de reforma de los artículos 1394, primer párrafo y, 1395, fracción II, del Código de Comercio, publicado el diez de enero de dos mil catorce.
Derechos humanos violados y tercero interesado: La quejosa adujo que se violaban en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 1o., 14, 16, 17, 27, constitucionales; y los artículos 21 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y señaló como parte tercero interesada a ********** y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes.
3. Trámite y sentencia de amparo. Del asunto correspondió conocer, por cuestión de turno, al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, cuyo titular ordenó el registro del asunto bajo el expediente ********** y por auto de doce de diciembre de dos mil diecinueve desechó la demanda.
4. Inconforme, la parte quejosa interpuso recurso de queja del cual conoció el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito quien registró con el expediente ********** y, por ejecutoria de dieciséis de enero de dos mil veinte, declaró fundado el recurso de queja.
5. En cumplimiento con la resolución anterior, mediante proveído de cuatro de febrero de dos mil veinte, el Juez de Distrito admitió a trámite la demanda de amparo, requirió a las autoridades responsables para que rindieran su informe con justificación, ordenó emplazar al tercero interesado y dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
6. Seguido por su cauce legal el juicio de amparo, en sentencia de seis de enero de dos mil veintiuno, el Juez Federal del conocimiento dictó sentencia en la que, por un lado, sobreseyó en el juicio de amparo; y por otro, negó a la parte quejosa la protección constitucional solicitada.
7. Recurso de revisión. En contra de la sentencia anterior, por escrito presentado el doce de marzo de dos mil veintiuno, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del que correspondió conocer al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien radicó el asunto bajo el expediente **********, admitiéndolo a trámite.
8. En sesión virtual de tres de septiembre de dos mil veintiuno, el referido Tribunal Colegiado emitió resolución en la que, entre otras cuestiones, dejó a salvo la competencia de este Alto Tribunal para conocer del tema de constitucionalidad relativo a los artículos 1394, primer párrafo y 1395, fracción II, ambos del Código de Comercio.
9. Trámite ante la Suprema Corte. Mediante acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el toca de revisión bajo el número 414/2021, y manifestó que este Alto Tribunal asumía su competencia originaria para conocer del medio de impugnación interpuesto.
10. En el mismo proveído, se dispuso a turnar el expediente al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y radicar el asunto en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que se encuentra adscrito.
11. En cumplimiento al proveído de admisión, por acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, la presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó el avocamiento del asunto en la referida Sala y el envío de los autos a la ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
I. COMPETENCIA
12. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente amparo en revisión en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso (sic) de la Ley de Amparo; 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de mayo de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente, por tratarse de un asunto de naturaleza civil, competencia de la Primera Sala.
II. OPORTUNIDAD Y LEGITIMACIÓN
13. Resulta innecesario analizar la oportunidad y legitimación con la que fue interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa, habida cuenta que el Tribunal Colegiado del conocimiento que conoció originalmente del asunto, examinó dichas cuestiones y determinó que el recurso de revisión se presentó en los términos legalmente establecidos.(1)
Cuestiones necesarias para resolver el asunto.
A) Antecedentes: De las constancias de autos, así como de la sentencia recurrida, se desprenden los siguientes antecedentes.
Ejecutivo mercantil:(2) **********, demandó de factor óptimo, entre otras prestaciones, el pago de $**********, por concepto de suerte principal.
De dicho asunto, correspondió conocer al Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, quien registró el expediente con el número ********** y admitió a trámite la demanda. Posteriormente, giró diversos exhortos al Juez de Distrito en el Estado de Coahuila con residencia en Monclova, a fin de que emplazara a la demandada y la requiriera de pago sobre la cantidad reclamada y, en caso de no hacerlo, se embargaran bienes de su propiedad suficientes para garantizar el adeudo, en virtud de que la demandada ya había sido emplazada por instructivo.
Por diligencia de cinco de marzo de dos mil diecinueve, previo citatorio, se llevó a cabo la actuación encomendada en la que:
En primer lugar, la actuaria encargada de la diligencia, requirió a la demandada el pago de $**********. En segundo, el demandado refirió una lista de créditos que en su totalidad suman la cantidad de $**********, describiéndose en dicha lista el tipo de contrato, número de contrato, la persona física o moral que acredita la cantidad otorgada en dicho crédito y el adeudo que se tiene derivado del crédito mencionado.
Señaló los créditos de fácil y pronto cobro que tuviera a su favor y manifestó que se encontraban vigentes.
No obstante, en uso de la voz el apoderado de la actora señaló que los bienes resultaban insuficientes, además de que desconocía la solvencia de los clientes de la demandada y si los mismos contaban con garantías suficientes para su recuperación. Por ello, la actora, indicó para embargo los créditos, bienes inmuebles y saldos, montos e inversiones de la demandada que describió en la diligencia y solicitó se trabara el embargo.
Por acuerdo de catorce de marzo de dos mil diecinueve, a petición del actor, el Juez acordó que del contenido de la diligencia, no se advertía impedimento para que los bienes ahí precisados se embargaran y pudiera realizarse la inscripción, por lo que ordenó girar exhorto y oficios para embargo.
Recurso de revocación. Inconforme con la resolución anterior la demandada interpuso revocación, el cual el Juez responsable, mediante resolución de cuatro de abril de dos mil diecinueve, declaró fundado y revocó el auto recurrido.
Primer juicio de amparo (**********). En contra de la resolución anterior, **********, promovió juicio de amparo indirecto del cual conoció el Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, quien dictó sentencia el nueve de septiembre de dos mil diecinueve, en la que concedió a la quejosa la protección constitucional solicitada para efectos de que el Juez de origen, con plenitud de jurisdicción, dictara otra resolviendo lo que en derecho procediera.
En cumplimiento de la resolución anterior, el Juez de Distrito responsable del juicio ejecutivo mercantil, mediante sentencia interlocutoria de dos de diciembre de dos mil diecinueve, resolvió declarar infundado el recurso de revocación interpuesto por la parte demandada y confirmar el auto impugnado de catorce de marzo de dos mil diecinueve. Lo anterior constituye el acto reclamado en el juicio de amparo.
B) Juicio de amparo indirecto **********. En contra de la resolución en cumplimiento, como se adelantó, factor óptimo, presentó demanda de amparo, en la que hizo valer los conceptos de violación siguientes:
Primero. Los artículos 1394, primer párrafo y 1395, fracción II, del Código de Comercio, son inconstitucionales e inconvencionales, por violar el derecho humano a la propiedad privada, así como el acceso a la justicia y debido proceso legal.
Señaló que las anteriores violaciones se actualizaron a partir del primer acto de aplicación de las normas, consistente en la resolución de dos de diciembre de dos mil diecinueve, en la cual se declaró infundado el recurso de revocación y quedó firme el embargo decretado. Al respecto, sostuvo que de dicha resolución se desprende que la autoridad de amparo determinó que bastaba la sola manifestación de insatisfacción por parte de la actora durante la diligencia de embargo para tener por no embargados los bienes señalados por la demandada (ahora quejosa) y así ipso iure otorgarle el derecho para garantizar el adeudo reclamado.
Adujo que lo anterior, derivó de una aplicación inconstitucional e interpretación incorrecta de lo dispuesto por dichos numerales. Sostuvo que, según la aplicación de los preceptos, éstos señalan que por la manifestación motu proprio del ejecutante, sobre insatisfacción de los créditos señalados por el demandado en el juicio de origen, a su unilateral consideración, tiene derecho el actor de designar bienes para asegurar ipso iure. No obstante, sostuvo que esa interpretación resultó contraria al texto expreso de la norma en particular del artículo 1394, primer párrafo.
Esto pues, ese derecho de conformidad con la ley deriva cuando el demandado no haga uso de su derecho preferente, lo que no sucedió en la especie. Aunado, el artículo 1395, fracción II, establece el orden del embargo, siendo "los créditos de fácil y pronto cobro a satisfacción del actor" tal como sucedió.
En ese sentido, afirmó que sostener lo contrario implicaría desnaturalizar el derecho preferente del demandado.
Así pues, consideró que el acto reclamado era inconstitucional e inconvencional, pues restringe injustificadamente el derecho humano a la propiedad privada, acceso a la justicia, debido proceso y garantía de audiencia. Esto pues, por una mera manifestación de la voluntad del actor de origen, se despojó a la quejosa de seguir un diverso orden en el embargo, y se otorgó a la actora de origen el derecho a designar para embargo, ante su insatisfacción y sin otorgarle a la demandada la oportunidad de ofrecer pruebas para desvirtuar la supuesta insuficiencia.
Ante eso, resulta que las normas violentan tajantemente la garantía de audiencia, pues si bien la ejecutante puede manifestar que los bienes resulten insuficientes, lo cierto es que debería tener el demandado la oportunidad de controvertir lo dicho y ofrecer las pruebas para ello. De ahí, que las normas establecen una restricción injustificada y transversal al derecho de propiedad de la parte ejecutada, pues de conformidad con ese derecho debe estar en posibilidades de disponer libremente de sus bienes.
Lo anterior, de acuerdo con lo sustentado por la responsable en el acto reclamado; siendo que en el caso debió ejercer un control difuso de constitucionalidad y convencionalidad ex officio e interpretación conforme, para llegar a la inaplicación de los artículos referidos.
Además, pues ninguno de los artículos tildados de inconstitucionalidad prevén un procedimiento para tutelar la garantía de audiencia ante la oposición del ejecutante, lo que resulta un imperativo de conformidad con el artículo 14 constitucional.
Segundo. El acto reclamado consistente en la resolución de dos de diciembre de dos mil diecinueve, se encuentra afectada de una indebida fundamentación y motivación, que deriva de una aplicación inconstitucional de las normas generales impugnadas en el concepto de violación anterior.
A decir, sostuvo que, fue el Juez responsable quien señaló que toda vez que la actora de origen manifestó en uso de la voz, que los bienes señalados por la demandada eran insuficientes, designó bienes para embargo de conformidad con el derecho conferido por los artículos 1394 en relación con el 1395, fracción II, del Código de Comercio, siendo que la actuaria judicial en la diligencia no decretó formalmente embargados los bienes; cuestión que a su parecer resultó antijurídico pues contraviene lo dispuesto por los preceptos aplicables.
Esto es así, pues si bien es cierto que el artículo 1395, fracción II, del código, establece que para tener por no embargados los créditos de fácil y pronto cobro, basta la insatisfacción del actor sin que tenga que acreditar su objeción, también lo es, que el citado numeral no dispone expresamente que esa insatisfacción del actor le otorgue el derecho a señalar bienes para embargo. Esto pues, a partir de una interpretación integral y sistemática de los artículos tildados, con las normas aplicables al embargo se desprende que ese derecho se actualiza cuando el demandado se niega a realizar el señalamiento. Situación que de ninguna manera se actualizó en el caso. De ahí, que el acto reclamado resultó ilegal.
C) Sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto. El Juez Federal dictó el fallo correspondiente bajo las consideraciones siguientes:
Precisión del acto reclamado.
En el considerando segundo, señaló que a partir de la totalidad de las constancias que integraban el juicio, únicamente se tenían como los actos reclamados a las responsables los siguientes:
Del Juez Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, únicamente: 1. La resolución de dos de diciembre de dos mil diecinueve, emitida en el juicio ejecutivo mercantil **********, en la que declara infundado el recurso de revocación hecho valer contra el auto de catorce de marzo de dos mil diecinueve; 2. Los artículos 1394, primer párrafo y 1395, fracción II, ambos del Código de Comercio, aplicados en la citada resolución.
No así, todas y cada una de las consecuencias de los actos anteriores, y cada una de las resoluciones judiciales y acciones materiales que se llegaran a dictar porque esto constituía más un reclamo como vicio de fondo o de inconstitucionalidad derivado de la resolución interlocutoria de dos de diciembre de dos mil diecinueve.
De la directora registradora del Registro Público de Monclova del Estado de Coahuila, la inscripción del embargo sobre los bienes de la quejosa con motivo de la interlocutoria de dos de diciembre de dos mil diecinueve, emitida en el referido juicio.
De la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la ejecución en informar la existencia de cuentas bancarias a nombre de la parte quejosa, con motivo de la interlocutoria de dos de diciembre de dos mil diecinueve, emitida en el referido juicio.
Del presidente, las Cámaras del Congreso de la Unión, secretario de Gobernación y director del Diario Oficial de la Federación, su participación en el ámbito de sus respectivas competencias, en la discusión, dictamen, aprobación, expedición, sanción, promulgación, publicación, firma y refrendo del decreto por el que se reforman los artículos 1394, primer párrafo y 1395, fracción II, del Código de Comercio, publicado el diez de enero de dos mil catorce.
Certeza de los actos reclamados y análisis de causales de improcedencia:
En el considerando tercero, a partir de los informes con justificación rendidos por las autoridades responsables, se tuvieron como ciertos, por así haberlo aceptado, con excepción de:
La directora registradora del Registro Público de Monclova del Estado de Coahuila, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quienes negaron la existencia de los actos atribuidos. No obstante, al tener el carácter de autoridades ejecutoras y haber aceptado la autoridad ordenadora su existencia, se tuvo que en cualquier momento podrían ejecutar tal acto, por ello, se les tuvo por ciertos. En el considerando cuarto, advirtió de oficio, que respecto del acto reclamado a las autoridades responsables presidente constitucional; secretaria de Gobernación y director del Diario Oficial de la Federación, consistente en el refrendo y publicación de las normas generales impugnadas, se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 108, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que hace al refrendo y publicación de la norma general impugnada, porque la parte quejosa no hizo valer conceptos de violación para debatirlos por vicios propios.
Asimismo, el presidente constitucional, adujo que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, pues los actos que se le atribuyeron no son ciertos, lo cual fue desestimado en tanto que es cierto el decreto que reformó los numerales reclamados. Asimismo, fue desestimada la causal que hizo valer en relación con el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, al sostener que necesitaba un acto de aplicación las normas tildadas; esto pues precisamente se reclamaron como acto concreto de aplicación en la resolución de dos de diciembre de dos mil diecinueve, dictada en el juicio ejecutivo mercantil **********.
También se desestimó la causal contenida en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicados a contrario sensu, al sostener que el acto reclamado no era de imposible reparación. Ello, pues contrario a lo estimado por la autoridad, la resolución reclamada produce una transgresión a derechos sustantivos de la quejosa en la medida que la traba del embargo implica invariablemente la afectación a bienes propiedad de la quejosa y su libre disposición.
Por último, también resultó infundada la causal señalada en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, conforme a la cual, los preceptos no causan agravio a la quejosa, pues se duele de su aplicación. Esto pues, el Juez de Distrito estimó que toda vez que cuando se promueve un juicio de amparo contra una ley, con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación.
Estudio de fondo
En el considerando sexto, sostuvo que los conceptos de violación eran en una parte infundados y en otra inoperantes.
Resolvió que, los mencionados artículos que la parte quejosa controvirtió su inconstitucionalidad, prevén la forma en que deberá llevarse a cabo la diligencia de ejecución del auto con efectos de mandamiento en forma, por lo que el actuario deberá requerir al deudor por el pago y, de no realizarlo, se procederá al embargo de bienes para lo cual se le pedirá que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, con el apercibimiento que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor; así como el orden que se seguirá para el embargo de los bienes.
A partir de lo anterior concluyó que sus argumentos eran infundados atento que la parte quejosa se sustenta en que en los numerales controvertidos se establece el derecho del ejecutante para señalar bienes con su sola manifestación de insatisfacción con el señalamiento que haya hecho el demandado, empero, no necesariamente es ello así.
Ello, en virtud de que lo previsto en dichos numerales es que la demandada es quien debe señalar bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, además que se le debe apercibir que, en caso de no hacerlo, ese derecho pasará al actor. Luego, aunque no está expresamente regulado que en caso de que el demandado ya haya señalado bienes, aun así, el ejecutante tendrá posibilidad de señalar bienes, puesto que dicho precepto sí dispone que tal designación debe ser suficiente para cubrir lo reclamado.
Posteriormente, acudió a la exposición de motivos de la reforma al Código de Comercio, de diez de enero de dos mil catorce, que dio lugar a la modificación de los citados preceptos, de la cual se desprende que la reforma tenía como propósito fortalecer los procesos mercantiles, para facilitar el cobro de créditos y la ejecución de garantías en casos de incumplimiento.
A partir de lo anterior, estimó que se lograba comprender el contenido del primer párrafo de los artículos 1394 y 1395 del Código de Comercio, pues tenía como fin el que los acreedores, estuvieran en aptitud de recuperar con más facilidad los créditos otorgados y con ello, incentivar que se otorgara una mayor cantidad de créditos bajo condiciones más favorables y distribuir de manera eficiente recursos financieros para apoyar al crecimiento económico del país. Por tanto, consideró que existen razones objetivas y razonables que justifican el contenido normativo controvertido en la vía constitucional y que no son producto de la decisión arbitraria del legislador federal.
De tal manera, que el texto de dicho precepto al permitir al actor, aunque previamente el ejecutado lo haya hecho, señalar a su vez bienes a embargar de considerar que no son suficientes los señalados por aquél, implica una cuestión razonable y que busca proteger el derecho que previamente demostró ante el Juez, pues el juicio ejecutivo se basa en documentos que tienen aparejada ejecución, de manera que el ejecutante previamente demostró tener derecho a su cobro.
Por ello, se deduce que se trata de una medida racional, pues en primer lugar el demandado estuvo en aptitud de señalar bienes suficientes para garantizar lo reclamado, el cual se infiere que le es conocido, de manera que no quedó en situación de desventaja cuando el actor, expone las razones por las cuales estima que son insuficientes, lo que a consideración también del actuario, conllevaría concederle el derecho a designar otros.
De tal modo, que la orden de trabar embargo por bienes suficientes para garantizar el crédito tiene una finalidad válida, que es, que el actor, quien previamente otorgó el crédito y demostró mediante el documento eficaz para ello, el incumplimiento, tenga certeza sobre la posibilidad de recuperarlo una vez tramitado el juicio, situación que hace racional tal distinción a favor de la actora.
Por tanto, concluyó que la porción normativa que se impugna no resulta inconstitucional como lo pretendió hacer ver la parte quejosa; esto, en virtud que existen bases objetivas y racionales que justifican el privilegio del derecho que tiene el actor a realizar un embargo sobre bienes suficientes para garantizar su crédito. Además, no debe perderse de vista que el embargo es un acto judicial que tiene por objeto la afectación de un bien del deudor para garantizar el pago de un crédito, con la afectación de no disponer del bien afectado, mientras se resuelve en definitiva la procedencia del pago que se reclama, afectación que se realiza a través de la ejecución de la orden judicial respectiva y la entrega del bien secuestrado a un depositario. Sin embargo, esto no implica una privación de la propiedad del ejecutado, ni la constitución de un derecho real a favor del acreedor, quien no tiene ningún poder sobre la cosa embargada, y menos aún restringe el derecho de la propiedad privada, ya que su efecto sólo consiste en poner el bien objeto del embargo a disposición del Juez, para procurar garantizar el pago que se reclama, por tanto, su naturaleza es provisional.
En ese sentido, afirmó que la constitucionalidad de su regulación no depende de que aisladamente se cumpla, en el acto mismo, con la exigencia de la garantía de previa audiencia al afectado, ya que dicho acto forma parte de un procedimiento judicial que es el que debe cumplir los requisitos del debido proceso, en tanto que la resolución que se dicte en éste será la que constituya el acto privativo y no el embargo que en forma precautoria y como medida de aseguramiento, se decreta para garantizar el pago reclamado.
Para fortalecer lo anterior, citó la jurisprudencia del Pleno de esta Suprema Corte de rubro: "EMBARGO JUDICIAL. ES UNA MEDIDA CAUTELAR QUE NO IMPLICA UNA PRIVACIÓN DEFINITIVA DE DERECHOS POR LO QUE, PARA LA EMISIÓN DEL AUTO RELATIVO, NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA."
Por otro lado, en el estudio relativo a la legalidad de la resolución interlocutoria de dos de diciembre de dos mil diecinueve, emitida en el juicio ejecutivo mercantil **********, determinó que devenía inoperante.
Lo anterior, toda vez que el motivo de inconformidad se hizo descansar en lo sustancial, en los diversos argumentos con los que trató de establecer la inconstitucionalidad de los artículos 1394 y 1395 del Código de Comercio, en cuanto a si la parte ejecutante puede señalar o no bienes para embargo, aunque ya se hubiere hecho señalamiento por el demandado.
En tales condiciones, procedió a negar el amparo y la protección de la justicia federal solicitados, lo que hizo extensiva al acto atribuido a las autoridades ejecutoras directora registradora del Registro Público de Monclova del Estado de Coahuila y Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al no impugnarlos por vicios propios.
Resolvió que, los mencionados artículos prevén la forma en que deberá llevarse a cabo la diligencia de ejecución del auto con efectos de mandamiento en forma, por lo que el actuario deberá requerir al deudor por el pago y, de no realizarlo, se procederá al embargo de bienes para lo cual se le pedirá que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, con el apercibimiento que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor; así como el orden que se seguirá para el embargo de los bienes.
Lo que concluyó es infundado atento que la parte quejosa se sustenta en que en los numerales controvertidos se establece el derecho del ejecutante para señalar bienes con su sola manifestación de insatisfacción con el señalamiento
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31241-0bbf7a91/embargo-en-juicio-ejecutivo-mercantil-la-regla-contenida · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- EMBARGO EN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. LA REGLA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 1394, PRIMER PÁRRAFO, RELACIONADA CON EL DIVERSO 1395, FRACCIÓN II, AMBOS DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SUPERA EL (1a./J. 15/2023 (11a.))
- EMBARGO EN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. PROCEDENCIA DE LA APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA CONTRA EL AUTO QUE SE NIEGA A PERFECCIONARLO (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DEL ARTÍCULO 1345 (I.8o.C.12 C (11a.))
- TERCERÍA EXCLUYENTE DE PREFERENCIA EN MATERIA MERCANTIL. LAS PRESTACIONES RECLAMADAS EN DICHO JUICIO SON DE CUANTÍA INDETERMINADA, POR LO QUE PREVIAMENTE A IMPUGNAR EN AMPARO DIREC (XX.2o.P.C.1 C (10a.))
- AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA DICTADA EN LA TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO PROMOVIDA CON MOTIVO DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CON IND (XXVII.1o.(VIII Región) 8 C (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis