TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO, MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PUBLICOS COORDINADOS Y DESCENTRALIZADOS DE CARACTER ESTATAL. TIEMPO EXTRAORDINARIO. LA JORNADA DE TRABAJO NO PUEDE CONTRAVENIR LO PREVISTO POR EL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL.
AMPARO DIRECTO 412/95. MIGUEL PEÑALOZA ALONSO Y OTROS.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Son fundados los conceptos de violación narrados por los quejosos, los que por su vinculación se estudian de manera conjunta, que medularmente hacen consistir en la infracción a los preceptos 67, 68, 784, fracción VIII, y 842 de la Ley Federal del Trabajo, por estimar que la responsable inadvertía que si al demandado le correspondió la carga de la prueba de la jornada laboral, sin haberlo acreditado con ningún medio de prueba, procedía la condena al pago de horas extras y prima dominical.
Efectivamente, los actores en el juicio laboral, demandaron entre otras prestaciones, el pago de doscientas cuarenta horas extras laboradas mensualmente por un año anterior a la fecha de presentación de la demanda; el pago de la prima dominical de los días cinco, diecinueve de septiembre; tres, diecisiete, treinta y uno de octubre; catorce, veintiocho de noviembre; doce, veintiséis de diciembre, de mil novecientos noventa y tres; nueve, veintitrés de enero; seis, veinte de febrero; seis, veinte de marzo; tres, diecisiete de abril; primero, quince, veintinueve de mayo; doce, veintiséis de junio; diez, veinticuatro de julio; siete y veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y cuatro. En los hechos, concretamente en el uno y dos, refirieron laborar a partir de junio de mil novecientos noventa y tres, en un horario de veinticuatro horas de trabajo, por veinticuatro de descanso, de las seis de la mañana de un día, a las seis de la mañana del siguiente, consumiendo sus alimentos durante el servicio, por encontrarse siempre a disposición de la demandada; y que por ello laboraban doscientas cuarenta horas extras mensuales.
La demandada al producir su contestación, sostuvo la improcedencia del pago de las reclamaciones aludidas, porque los actores tenían asignado un horario de labores de las nueve a las quince horas, y de las dieciocho a las veinte horas, de lunes a sábado de cada semana (fojas 14 y 15). Hasta aquí, es posible señalar que de acuerdo al contenido de los escritos de demanda y contestación, la jornada de trabajo fue un hecho controvertido; de ahí que correspondiera al patrón la carga probatoria de lo que sostuvo en su libelo, de conformidad con el precepto 784, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo.
Con el fin de acreditar sus aseveraciones, la demandada ofreció como pruebas la inspección ocular en listas de raya, microfichas, roles de fatiga, tarjetas checadoras, y demás documentos, para acreditar, entre otros puntos, que los actores se habían abstenido de laborar los días domingos; y que el horario de labores comprendía de "9:00 a las 15:00 y de las 17:00 a las 20:00 horas" de lunes a sábado de cada semana (foja 27); la confesional de los actores (fojas 34 a 45); instrumental y presuncional (foja 17).
Al desahogarse la inspección ocular, al actuario no le fueron mostrados los documentos señalados por la demandada para probar los extremos comentados (foja 32); y los trabajadores Miguel Peñaloza Alonso, Juan Alegre Herrera, Cirilo Romero Luna y Luis Enrique Mercado, José Espíndola Rodríguez, negaron las posiciones relativas a la jornada que indicó la parte reo (fojas 46 vuelta y 47).
El actor Constantino Luna Chávez, fue declarado confeso, por no haber comparecido a absolver posiciones (foja 47 vuelta).
De los medios convictivos antes analizados, se desprende que la demandada no acreditó la jornada de trabajo que mencionó al contestar la demanda, en lo que hace a los empleados Miguel Peñaloza Alonso, Juan Alegre Herrera, Cirilo Romero Luna, Luis Enrique Mercado y José Espíndola Rodríguez, pues por un lado no exhibió la documentación a que se obligó en la inspección ocular, y por otro, los absolventes negaron las posiciones relativas.
Si bien es cierto que Constantino Chávez fue declarado confeso fictamente, también lo es que dicha probanza sólo tiene valor presuntivo, y para que adquiera eficacia plena, debe estar corroborada en autos con otras probanzas; lo que en el caso no sucede, pues la demandada solamente ofreció las probanzas antes señaladas, de donde ni presuntivamente se deriva la jornada de trabajo que refirió. Así, la confesión ficta de mérito, por sí sola, es insuficiente para comprobar la jornada de trabajo.
Es pertinente destacar que en el caso, no tiene aplicación la jurisprudencia que cita la responsable, del rubro "HORAS EXTRAS. RECLAMACIONES INVEROSIMILES", porque los trabajadores indicaron que durante el tiempo que estaban a disposición de la demandada, consumían sus alimentos; si a esto se agrega que descansaban veinticuatro horas, sí es factible el desarrollo de la jornada que indican los actores, incluso por un tiempo prolongado. Máxime que como se ha visto, la demandada no prueba la jornada que refirió, para, en su caso, calificar de inverosímil el señalamiento de los trabajadores.
Así, los artículos 123, apartado "A", fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 18, 19, 20, 21, 22 y 23 del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios y Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal, textualmente señalan:
"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: ... I. La duración de la jornada máxima será de ocho horas; II. La jornada máxima de trabajo nocturno será de siete horas. Quedan prohibidas: las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo después de las diez de la noche, de los menores de dieciséis años;...".
"Artículo 18. Para los efectos de la presente ley, se considera trabajo diurno el comprendido entre las seis y las veinte horas, y nocturno el comprendido entre las veinte y las seis horas."
"Artículo 19. La duración máxima de la jornada de trabajo diurno no podrá exceder de ocho horas."
"Artículo 20. Cuando la naturaleza del trabajo así lo exija, la jornada máxima podrá reducirse teniendo en cuenta el número de horas que pueda trabajar un individuo normal sin sufrir quebranto en su salud."
"Artículo 21. La jornada máxima de trabajo nocturno será de siete horas...".
"Artículo 22. La jornada mixta comprende períodos de tiempo de la jornada diurna y nocturna, siempre que el período nocturno abarque de tres horas y media, pues en caso contrario se reputará como jornada nocturna, la duración máxima de la jornada mixta será de siete horas y media."
"Artículo 23. Cuando por circunstancias especiales deban aumentarse las horas de jornada máxima, este trabajo será considerado como extraordinario y nunca podrá exceder de hora y media diaria ni de cinco días consecutivos."
De los preceptos transcritos se desprende que el primero establece una jornada máxima legal; los mencionados en segundo término previenen que cuando por circunstancias especiales deban aumentarse las horas de jornada, el trabajo será considerado como extraordinario.
En consecuencia, todos los trabajadores tienen derecho al pago de horas extras, siempre que tengan la obligación de estar al servicio del patrón en tiempo excedente de la jornada legal; de ahí que como en el caso concreto, los actores están obligados a trabajar para la demandada en forma continua conforme a la jornada asignada como la que precisaron los accionantes, pero a este horario debía corresponder un descanso que al término de la semana se ajustara a la jornada legal, y si no es así, resulta que el trabajador presta sus servicios al patrón en una jornada que excede de las cuarenta y ocho horas semanales, es indudable que éste tiene derecho a que se le cubra el tiempo excedente considerándolo jornada extraordinaria de labores.
Por consiguiente, como en el caso, si los actores admitieron laborar una jornada de veinticuatro horas de trabajo por veinticuatro horas de descanso, inherentes a la naturaleza especial del trabajo que aquél desempeñaba, ello no es obstáculo para que se les cubra el tiempo excedente de la jornada legal como tiempo extraordinario, ya que no sería justo ni legal que perdiera el producto de su trabajo en provecho del patrón. Como la demandada tampoco acreditó que los actores se hubieren abstenido de laborar los días domingos que indicaron en su demanda; procede que se les cubra la prima que por ese concepto corresponde.
Al no haberlo estimado así la responsable, infringió en perjuicio de los trabajadores el artículo 784, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo, y por ende el artículo 14 constitucional; lo que obliga a este Tribunal a otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que la responsable deje insubsistente el laudo reclamado en cuanto al pago de horas extras reclamado y prima dominical; parta de la consideración de que el tiempo excedente de la jornada legal se debe pagar como tiempo extraordinario; y que a cada domingo laborado corresponde el pago de la prima respectiva; ahora con plenitud de jurisdicción, dicte un nuevo laudo según corresponda.
No pasa inadvertido que en la parte final de los conceptos de violación invocados por los quejosos, señalan que se debió condenar a la demandada "además de todas las restantes prestaciones por los motivos expuestos"; sin embargo, no es posible efectuar un estudio integral de todas las reclamaciones, porque expresamente sólo se refirieron a las antes analizadas, no así a las demás. Es aplicable al caso la jurisprudencia sustentada por la desaparecida Cuarta Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la Contradicción de tesis 8/94, que dice:
"SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL TRATANDOSE DEL TRABAJADOR. CASO EN QUE NO OPERA. De conformidad con el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe suplirse en favor del trabajador la deficiencia de sus conceptos de violación o de sus agravios, según sea el caso. Esto es así, por pretenderse trascender formulismos técnicos y resolver conforme a la realidad. Ahora bien, para que el tribunal de amparo esté en aptitud de aplicar tal suplencia, es necesario en materia laboral, que existan y se expresen de alguna manera conceptos de violación o agravios deficientes en relación con el tema del asunto a tratar, pues si no existen, no hay nada que suplir, y si se llegara a hacer, lejos de una suplencia de queja se estaría creando en realidad un concepto de violación o un agravio que antes no existía, en un caso no permitido por la ley, pues la citada disposición sólo autoriza, en su fracción II, a que se supla la deficiencia de la queja, aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios, exclusivamente en materia penal a favor del reo, dados los valores e intereses humanos de la más alta jerarquía que se protegen, como son la vida y la libertad de la persona, muy superiores y de mayor relevancia que los que en lo laboral se pretenden proteger."
Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103 fracción I y 107 fracción I, de la Constitución General de la República; 46, 158, 188 y 190 de la Ley de Amparo; 43 y 44 del Capítulo IV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
UNICO. En términos y para los efectos precisados en la parte última del considerando que antecede, la Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a MIGUEL PEÑALOZA ALONSO, JUAN ALEGRE HERRERA, CIRILO ROMERO LUNA, LUIS ENRIQUE MERCADO RODRIGUEZ, JOSE ESPINDOLA RODRIGUEZ Y CONSTANTINO LUNA CHAVEZ, respecto del acto y autoridad especificados en el resultando primero de esta ejecutoria.
NOTIFIQUESE; y con testimonio de esta resolución remítanse los autos al lugar de su procedencia y en su oportunidad archívese el expediente.
Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Laboral del Segundo Circuito, por unanimidad de votos de los CC. Magistrados Salvador Bravo Gómez, Fernando Narváez Barker y Presidente Enrique Pérez González, siendo relator el último de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3125-7050af7a/trabajadores-al-servicio-de-los-poderes-del-estado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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