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Modo: Corpus Pro

IRRETROACTIVIDAD DE LA JURISPRUDENCIA. LA APLICACIÓN DE LA TESIS 2a./J. 33/2021 (11a.) PARA LA RESOLUCIÓN DE JUICIOS LABORALES INICIADOS CON ANTERIORIDAD AL 13 DE DICIEMBRE DE 2021 NO VULNERA ESE PRINCIPIO, AL NO EXISTIR UNA JURISPRUDENCIA PREVIA QUE PUDIERA SER SUPERADA, MODIFICADA O ABANDONADA NI AFECTARSE LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LOS JUSTICIABLES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 98/2022. · Registro digital (IUS): 31311
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-03-10
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, DÉCIMO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO, TERCERO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Marzo de 2023, Tomo III, Pág.2316.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 98/2022. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, DÉCIMO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO, TERCERO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO, TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL OCTAVO CIRCUITO, Y EL PRIMERO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DÉCIMO CIRCUITO. 7 DE DICIEMBRE DE 2022. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LORETTA ORTIZ AHLF, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. PONENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIA: LIZBETH BERENICE MONTEALEGRE RAMÍREZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al siete de diciembre de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios suscitada entre los Tribunales Colegiados Segundo en Materias Civil y del Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, Décimo en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Tercero del Trigésimo Circuito, Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito, y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito.

1. El problema jurídico a resolver por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si se vulnera el principio de irretroactividad, previsto en el artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, al aplicar la jurisprudencia 2a./J. 33/2021 (11a.) emitida por esta Segunda Sala, para resolver asuntos cuyos juicios laborales iniciaron con anterioridad a la fecha de su publicación en el Semanario Judicial de la Federación, lo cual aconteció el diez de diciembre de dos mil veintiuno.

I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO

1. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio de ocho de abril de dos mil veintidós, remitido vía buzón judicial el once de abril siguiente, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Carlos Alberto López del Río, Magistrado del Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito denunció la posible contradicción de criterios entre:

• El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito al resolver el juicio de amparo directo 819/2021,

• El Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito al resolver el juicio de amparo directo 7/2022,

• El Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito al resolver el juicio de amparo directo 286/2021; y,

• El Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito al resolver el juicio de amparo directo 915/2021.

2. Trámite de la denuncia. El Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios y la registró con el expediente 98/2022;(1) consideró que se surtía la competencia de esta Segunda Sala al versar sobre criterios contradictorios en materia de trabajo y turnó el asunto a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf para su estudio.

3. Se solicitó a las presidencias de los Tribunales Colegiados contendientes las copias certificadas de las demandas y las ejecutorias relativas a los juicios de amparo directo, respectivamente, así como del proveído en el que informaran si el criterio sustentado se encontraba vigente. De igual forma, ordenó dar vista al Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito y a los Plenos del Octavo, Décimo Séptimo y Trigésimo Circuitos, para su conocimiento, respecto de la admisión de la presente contradicción de criterios.

4. Avocamiento. La Segunda Sala se avocó(2) al conocimiento del asunto y, una vez que el expediente fue debidamente integrado, se enviaron las constancias a la Ministra ponente para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

5. Ampliación de la denuncia. Mediante oficio recibido en este Alto Tribunal el ocho de julio de dos mil veintidós, el Magistrado denunciante solicitó que se ampliara la denuncia de contradicción de criterios y se adicionaran las ejecutorias de los amparos directos 476/2021 y 596/2021 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, con residencia en Villahermosa, Tabasco, dado que también se pronunció sobre el tópico materia de la presente contradicción.

6. En respuesta a lo anterior, en proveído de doce de julio siguiente, la Ministra presidenta de esta Segunda Sala tuvo por recibido el oficio descrito y resolvió que debía estarse a lo acordado en el auto de dieciséis de mayo del año en curso, sin perjuicio de que, al momento de resolver, las Ministras y Ministros de esta Segunda Sala consideraran necesario adicionar las referidas sentencias a los criterios en contradicción.

7. Con motivo de lo anterior, al considerarse procedente la ampliación de los tribunales contendientes, la Ministra presidenta de esta Segunda Sala del Alto Tribunal requirió a la presidencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito para que remitiera copias certificadas de las demandas que dieron origen a los asuntos de su competencia y las ejecutorias relativas a los juicios de amparo directo 596/2021 y 476/2021, así como del proveído en el que informara si el criterio sustentado está vigente;(3) en respuesta, mediante proveído de diez de noviembre de dos mil veintidós se tuvo al indicado órgano colegiado desahogando el requerimiento en los términos solicitados para lo cual informó que el criterio sustentado en dichos asuntos se encontraba vigente y remitió la documentación solicitada.

II. COMPETENCIA

8. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(4) 226, fracción II, de la Ley de Amparo(5) y 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(6) en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013,(7) del Pleno de este Alto Tribunal, de trece de mayo de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de ese mes y año, vigente a partir del veintidós siguiente, en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios entre órganos colegiados de diverso circuito, cuyo tema de fondo corresponde a la materia de trabajo, competencia de esta Segunda Sala.

III. LEGITIMACIÓN

9. La presente denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima al ser formulada por un Magistrado de Circuito integrante de uno de los Tribunales Colegiados contendientes.

10. Por tanto, se actualiza el supuesto de legitimación prescrito en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 227, fracción II,(8) de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece.

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS

11. Criterio del Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito, emitido en sesión de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, al resolver el juicio de amparo directo 915/2021.

Antecedentes

12. El veintidós de enero de dos mil dieciocho, un trabajador demandó de una persona física y/o de quien resultara responsable de la fuente de trabajo diversas prestaciones, entre las cuales destaca la indemnización constitucional y salarios caídos, derivado del despido injustificado.

13. De dicha demanda conoció la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, la cual admitió y radicó el asunto con el expediente 35/2018; asimismo, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; y ordenó emplazar a la parte demandada.

14. Al contestar la parte demandada, entre otras cosas, negó el despido alegado por el trabajador y le ofreció el empleo en los mismos términos en relación con el horario contratado, sin que el actor hiciera manifestación alguna, por tanto, se hizo efectivo el apercibimiento decretado y se tuvo al actor por no aceptada la oferta de reinstalación.

15. Seguido el trámite correspondiente, el nueve de agosto de dos mil veintiuno, la Junta responsable emitió laudo en el cual absolvió a la parte demandada de todas y cada una de las prestaciones que le fueron demandadas.

16. Dicho acto constituyó el acto reclamado en el aludido juicio de amparo promovido por el trabajador. El órgano colegiado expuso en sus consideraciones lo siguiente:

• Al estudiar las violaciones cometidas en el laudo, resolvió en primer término la calificación del ofrecimiento de trabajo y la prestación relativa a la omisión de inscribir al trabajador ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (en adelante el IMSS).

• En suplencia de la deficiencia de la queja consideró fundado el argumento del quejoso en el cual adujo que le causaba agravio que la responsable no consideró de mala fe el ofrecimiento de trabajo.

• Refirió que, con independencia de la calificativa del ofrecimiento de trabajo que fue otorgada por la responsable, lo cierto era que sobre el punto en cuestión existe la tesis de jurisprudencia 2a./J. 33/2021 (11a.), de rubro: "CALIFICACIÓN DEL OFRECIMIENTO DE TRABAJO. RESULTA IRRELEVANTE CUANDO LA ACCIÓN INTENTADA SEA LA DE INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL Y LA PARTE TRABAJADORA RECHACE LA OFERTA DE TRABAJO.",(9) la cual era de aplicación obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo y, por tanto, concluyó que la responsable fijó incorrectamente las cargas probatorias.

• Precisó que dicha jurisprudencia derivó de lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 218/2021,(10) en donde se determinó, esencialmente, que en aquellos casos en los cuales se demande la indemnización constitucional, se ofrezca el trabajo y la parte trabajadora rechace esa oferta (expresa o tácitamente), resulta irrelevante que las Juntas realicen la calificación del ofrecimiento de trabajo a fin de fijar las cargas probatorias, pues con independencia de la buena o mala fe con la que se ofrezca, debe prevalecer la voluntad del trabajador respecto de su pretensión inicial, es decir, el pago de la indemnización constitucional, frente a la oferta conciliatoria realizada.

• Así, razonó que si bien en el caso el actor demandó la indemnización constitucional y la parte demandada realizó la oferta de trabajo que fue rechazada por aquél en forma tácita, ello no podía tener como resultado la limitación al derecho de la parte trabajadora de optar por la indemnización frente al despido injustificado sufrido, por lo cual concluyó que la Junta no debió calificar esa oferta de trabajo pues no incide en la acción ejercida y, por ende, tampoco debió servir de base para fijar las cargas probatorias.

• En esa tesitura, estimó que el actuar de la responsable fue incorrecto, pues no debió calificar el ofrecimiento de trabajo, en tanto que el actor demandó la indemnización constitucional y rechazó tácitamente la oferta de trabajo, por tanto, debía prevalecer la voluntad del actor; resultando irrelevante la calificativa del ofrecimiento de trabajo.

• Aunado a lo anterior, precisó que dicha decisión fue adoptada sin que pasara inadvertido que la jurisprudencia 2a./J. 33/2021 (11a.) es de aplicación obligatoria, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, a partir del trece de diciembre de dos mil veintiuno; siendo que el acto reclamado se emitió el nueve de agosto de ese mismo año.

• Sin embargo, detalló que la aplicación de dicho criterio al caso concreto no implicaba una aplicación retroactiva del mismo, en tanto que, previamente no existía criterio de la misma jerarquía que resolviera el tema en un diverso sentido, lo cual incluso se estableció en la propia ejecutoria de donde derivó el multicitado criterio jurisprudencial.

• Concluyó que, al no existir aplicación retroactiva, la jurisprudencia de mérito le resultaba obligatoria, y estimó aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 2/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "JURISPRUDENCIA. NO SE ACTUALIZAN EFECTOS RETROACTIVOS RESPECTO DE LA TESIS 1a./J. 97/2013 (10a.) EMITIDA POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AL NO EXISTIR UNA JURISPRUDENCIA PREVIA."(11)

17. Criterio del Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, emitido en sesión de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, al resolver el amparo directo 7/2022.

Antecedentes

18. El veintisiete de octubre de dos mil catorce, un trabajador demandó de diversas personas morales y físicas distintas prestaciones laborales, entre las cuales destaca la indemnización constitucional y salarios caídos, derivado de un despido injustificado del que afirmó haber sido objeto.

19. De dicha demanda conoció la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, la cual radicó el expediente; señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas; ordenó emplazar a la parte demandada y correrle el traslado respectivo.

20. Uno de los codemandados al dar contestación a la demanda interpuso incidente de incompetencia, mismo que se declaró fundado, razón por la cual se remitieron los autos a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

21. Una vez recibidos los autos, conoció de la demanda la Junta Especial Número Dieciséis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, la cual radicó la demanda y ordenó su archivo respecto de dos personas físicas codemandadas.

22. Asimismo, de manera posterior, una de las personas morales codemandadas presentó contestación a la demanda, entre otras cosas, negó el despido alegado y ofreció el empleo al trabajador, oferta que fue rechazada expresamente, motivo por el cual se tuvo al actor por no conforme con la reinstalación.

23. Seguido el trámite correspondiente, el once de agosto de dos mil veinte, la Junta responsable emitió laudo en donde absolvió a la parte demandada de todas las prestaciones que le fueron reclamadas. Dicho acto constituyó el acto reclamado en el aludido juicio de amparo.

24. El Tribunal Colegiado, al resolver el asunto, consideró lo siguiente:

• En primer término, determinó que procedía a suplir la deficiencia de la queja, por tratarse de un trabajador que acudía al juicio de amparo.

• Detalló que el actor ejercitó como acción principal la indemnización constitucional, entre otras prestaciones, por despido injustificado.

• Precisó que éste rechazó de forma expresa la oferta de trabajo, por tal motivo la Junta responsable revirtió la carga de la prueba sobre el actor y consideró que no satisfizo su carga probatoria al no demostrar el despido injustificado, razón por la cual absolvió a la parte demandada.

• En tal sentido, el órgano colegiado estimó que fue innecesario calificar la oferta de trabajo, pues debió considerarse que era carga del patrón desvirtuar dicho despido, por tanto, fue incorrecto que la Junta responsable hubiera impuesto ese débito procesal al actor.

• A fin de sustentar dicha conclusión, transcribió diversos párrafos de la sentencia emitida por esta Segunda Sala al resolver la contradicción de tesis 218/2021, en donde se sostuvo que cuando en un juicio laboral se reclama la indemnización constitucional y el patrón ofrece el empleo, que el trabajador rechaza, la Junta está impedida para hacer la calificación correspondiente, ya que resulta irrelevante que se realice ésta a fin de fijar las cargas probatorias, pues, con independencia de la buena o mala fe con que se ofrezca, debe prevalecer la voluntad del trabajador respecto de su pretensión inicial, frente a la oferta conciliadora realizada, lo cual originó la emisión de la multicitada tesis de jurisprudencia 2a./J. 33/2021 (11a.).

• Atento a dichas consideraciones, expresó que si en la especie el trabajador demandó el pago de la indemnización constitucional y el patrón ofreció el empleo, mismo que fue rechazado, era irrelevante realizar la calificación respectiva, dado que la oferta no pudo generar la consecuencia de revertir la carga de la prueba, lo que ocasionó que el demandante conservara a su favor la presunción de ser cierto el despido, correspondiendo al demandado desvirtuarlo, ante la negativa de no querer volver a laborar para su patrón demandado.

• Por tanto, concluyó como innecesario e incorrecto que la Junta responsable calificara la oferta de trabajo y arrojara al actor la carga de la prueba, dado que ésta seguía siendo de la empresa enjuiciada.

• Finalmente, argumentó que la citada jurisprudencia 2a./J. 33/2021 (11a.), de rubro: "CALIFICACIÓN DEL OFRECIMIENTO DE TRABAJO. RESULTA IRRELEVANTE CUANDO LA ACCIÓN INTENTADA SEA LA DE INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL Y LA PARTE TRABAJADORA RECHACE LA OFERTA DE TRABAJO.", si bien era de aplicación obligatoria a partir del trece de diciembre de dos mil veintiuno, y el juicio del que derivó el laudo reclamado inició el veintisiete de octubre de dos mil catorce; sin embargo, ello no la hacía inaplicable al caso concreto.

• Justificó lo anterior, al expresar que cuando inició el juicio laboral de origen no existía una jurisprudencia que sostuviera un criterio diverso al adoptado en la jurisprudencia de que se trata.

• Incluso destacó que podía válidamente aplicarse dicho criterio jurisprudencial, toda vez que en la ejecutoria de la cual deriva el criterio reseñado, esta Segunda Sala hizo la aclaración de que su decisión no era contraria a la diversa jurisprudencia de rubro:

"OFRECIMIENTO DEL TRABAJO. SI ES ACEPTADO POR EL TRABAJADOR QUE EJERCIÓ LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL Y SE EFECTÚA LA REINSTALACIÓN POR LA JUNTA, DEBE ABSOLVERSE DEL PAGO DE DICHA INDEMNIZACIÓN Y DEL PAGO DE LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD, QUEDANDO LIMITADA LA LITIS A DECIDIR SOBRE LA EXISTENCIA DEL DESPIDO."(12)

25. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, expresado en sesión de veinte de enero de dos mil veintidós, al resolver el amparo directo laboral 286/2021.

Antecedentes

26. El dieciocho de julio de dos mil dieciocho, una trabajadora demandó de la persona moral que fungía como su empleadora, diversas prestaciones laborales, entre las cuales destaca la indemnización constitucional y salarios caídos, originado por un despido injustificado del que afirmó haber sido objeto.

27. De dicha demanda correspondió conocer a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Aguascalientes, la cual radicó con el expediente 1949/2018-3. En la audiencia de admisión de pruebas, se hizo del conocimiento de la actora la oferta de trabajo realizada por la demandada, siendo rechazada en ese mismo acto.

28. Seguido el juicio en sus etapas procesales, el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, la Junta responsable emitió laudo en el cual absolvió parcialmente a la parte demandada de las prestaciones reclamadas, específicamente, del pago de la indemnización constitucional, salarios caídos y demás prestaciones relacionadas, al considerar que la parte actora ejercitó como acción principal el pago de la indemnización constitucional.

29. En tal sentido, precisó que, dado el rechazo de la oferta de trabajo, la Junta responsable en el laudo reclamado revirtió la carga de la prueba sobre la actora y consideró que no satisfizo su carga probatoria al no demostrar el despido injustificado, razón por la cual absolvió a la demandada de las prestaciones reclamadas.

30. Inconforme, la parte actora promovió juicio de amparo. El órgano colegiado al conceder el amparo determinó lo siguiente:

• En primer término, al analizar los conceptos de violación formulados contra la calificación de la oferta de trabajo resolvió que dichos argumentos suplidos en la deficiencia de la queja eran fundados. • Procedió al análisis oficioso de la distribución de las cargas probatorias como consecuencia del ofrecimiento de trabajo realizado por la parte demandada, resultando en consecuencia la obligación procesal de la quejosa de acreditar el despido, pese a que rechazó dicho ofrecimiento y la acción intentada era la de indemnización, no así la de reinstalación.

• En tal sentido, resolvió que la reversión de la carga probatoria realizada fue incorrecta, en virtud de que esta Segunda Sala al resolver la contradicción de tesis 218/2021, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 33/2021 (11a.) fijó como criterio jurídico que: "tratándose de la acción de indemnización constitucional, cuando se haya ofrecido el trabajo y la parte trabajadora lo rechace –explicita o tácitamente–, resulta irrelevante la calificación del ofrecimiento realizado para fijar las cargas probatorias del despido alegado".

• Por tanto, expresó que el actuar de la Junta responsable al revertir las cargas probatorias resultó incorrecto y, por tanto, al emitir el laudo reclamado arribó a una conclusión equivocada, pues la trabajadora no tenía el deber procesal de demostrar el despido al haber rechazado el ofrecimiento de trabajo y haber ejercido la acción de indemnización, sino que era la parte patronal quien estaba obligada a demostrar que fue la actora quien decidió dar por terminada la relación.

• De forma adicional, precisó que no se actualizaba la aplicación retroactiva de la indicada jurisprudencia 2a./J. 33/2021 (11a.) dado que no se satisfacían los presupuestos que esta Segunda Sala estableció al emitir el diverso criterio 2a./J. 199/2016 (10a.),(13) consistente en que: I) al inicio de un juicio o procedimiento existe una jurisprudencia aplicable directamente a algunas de las cuestiones jurídicas relevantes para la interposición, tramitación, desarrollo y resolución del asunto jurisdiccional; II) antes de emitir la resolución jurisdiccional, se emite jurisprudencia que supera, modifica o abandona ese entendimiento del sistema jurídico; y, III) la aplicación del nuevo criterio impacta de manera directa la seguridad jurídica de los justiciables.

• Lo anterior, ya que atento a la fecha de presentación de la demanda laboral y, sobre todo, de la contestación de demanda que fue el momento en el cual la patronal realizó el ofrecimiento de trabajo, no existía una jurisprudencia que resultara obligatoria para la Junta responsable y en general para las autoridades jurisdiccionales del Trigésimo Circuito que específicamente resolviera cómo debía procederse cuando el trabajador ejerce la acción de indemnización por despido injustificado y posteriormente al ofrecimiento de trabajo, se niega a ser reinstalado, a fin de determinar si era necesario o no calificar el ofrecimiento de trabajo para definir las cargas probatorias.

• Asimismo, dejó en claro que tampoco se podía concluir que la jurisprudencia 2a./J. 33/2021 (11a.) superó, modificó o abandonó algún criterio de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que estableciera que el ofrecimiento de trabajo rechazado por el trabajador que demandó la indemnización constitucional por despido injustificado, dado que primero debe de analizarse si fue de buena o mala fe y, segundo, que de calificarse de buena fe, trae como consecuencia procesal la reversión de la carga de la prueba.

• De forma adicional expresó que, si bien el ofrecimiento de trabajo es un concepto creado jurisprudencialmente por la otrora Cuarta Sala, lo cierto es que ninguno de los precedentes judiciales se pronunció expresamente respecto de aquellos casos en los cuales dicho ofrecimiento de trabajo fue rechazado por el trabajador que demandó la indemnización.

• Finalmente, precisó que esta Segunda Sala sí se pronunció expresamente respecto de los efectos que tiene el rechazo del ofrecimiento de trabajo por parte del trabajador que ejercitó la acción de reinstalación, tal y como se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 47/2019 (10a.), de rubro: "OFRECIMIENTO DE TRABAJO. EFECTOS DE SU RECHAZO SOBRE LA ACCIÓN DE REINSTALACIÓN Y DEMÁS PRESTACIONES RECLAMADAS.",(14) evidenciando así que no existía una jurisprudencia previa que interpretara o definiera la hipótesis específica consistente en el rechazo del ofrecimiento de trabajo, cuando se demanda la indemnización constitucional, no así la reinstalación.

• Por último, con la finalidad de resolver la cuestión efectivamente planteada, después de analizar el material probatorio desahogado, resolvió que, si la carga procesal del patrón consistía en probar en el juicio laboral la causa de terminación de la relación laboral, al no existir pruebas que así lo acreditaran, la Junta responsable debió condenar a la parte demandada al pago de la indemnización constitucional, así como al resto de las prestaciones reclamadas.

31. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, al resolver en sesión de tres de marzo de dos mil veintidós, el amparo directo 819/2021.

Antecedentes

32. El veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, un trabajador demandó a varias personas morales y/o quien resultara responsable de la fuente de trabajo, diversas prestaciones laborales, entre las cuales destaca la reinstalación en su empleo, pago de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y la entrega de constancias de pago ante el IMSS, Infonavit y Afore, derivado de un despido injustificado del que afirmó haber sido objeto; asimismo, expresó que en caso de que los demandados se negaran a reinstalarlo, les reclamaba la indemnización constitucional correspondiente y demás prestaciones inherentes.

33. De dicha demanda correspondió conocer a la Junta Especial Número Veintiséis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, la cual radicó con el expediente 1025/2017.

34. En este punto, es oportuno precisar que previo a la demanda presentada, el trabajador ya había iniciado un diverso juicio laboral en contra de las citadas codemandadas, mismo que se registró con el expediente 519/2016, en el cual una de las codemandadas le ofreció el trabajo; oferta que fue aceptada y el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete se practicó la diligencia de reinstalación. Sin embargo, momentos después de concluida, fue despedido nuevamente, razón por la cual se promovió la demanda que ahora nos ocupa.

35. Atento a lo anterior, de manera posterior a la admisión de la segunda demanda, el actor precisó que de forma errónea señaló en su demanda que la acción que ejercitaba era la de reinstalación y aclaró que la acción correcta era la de indemnización constitucional por despido injustificado, solicitando que se tuviera por no hecho el reclamo relativo a la reinstalación, lo cual fue acordado de manera favorable por la Junta que conoció del asunto.

36. El actor ratificó su escrito de demanda y de aclaración, en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. No obstante, la Junta responsable únicamente señaló que el actor ratificó su demanda, sin hacer referencia a la aclaración.

37. En esa misma diligencia, la codemandada previamente referida, al contestar la demanda ofreció nuevamente el trabajo. Sin embargo, al no estar presente el trabajador, pero sí su apoderado legal, le notificó y requirió para que en el plazo de tres días manifestara si aceptaba o no la oferta de empleo, con el apercibimiento que, de no desahogarlo la tendría por no aceptada. De las constancias se advierte que el actor no respondió dicha oferta de trabajo.

38. Seguido el juicio en sus etapas procesales, el seis de agosto de dos mil veinte, la Junta responsable emitió laudo en el cual absolvió a la parte demandada de reinstalar al actor en el puesto que venía desempeñando, así como del pago de salarios caídos, aguinaldo proporcional, vacaciones, prima vacacional y prestaciones condicionadas a la negativa a reinstalar, específicamente, las absolvió del pago de la indemnización constitucional, salarios caídos y demás relacionadas.

39. Lo anterior, al considerar que el ofrecimiento de trabajo había sido realizado de buena fe, razón por la cual fincó al accionante la carga de probar el despido injustificado alegado, misma que consideró insatisfecha.

40. Inconforme con el laudo, la parte trabajadora promovió juicio de amparo. El Órgano Colegiado resolvió negar el amparo, bajo las siguientes consideraciones:

• En el tema que interesa para efectos de la presente contradicción de criterios, se precisa que consideró infundado el concepto de violación relativo a que la responsable omitió considerar la indebida conducta procesal de la patronal, por la existencia del juicio laboral previo y dada la repetición de la acción, se desprendía que únicamente pretendió revertir la carga probatoria al reinstalarlo y despedirlo nuevamente.

• A fin de responder dicho planteamiento, el tribunal expresó que si bien esta Segunda Sala emitió la jurisprudencia 2a./J. 118/2019 (10a.),(15) lo cierto era que, en la especie, no se estaba en dicho supuesto pues en el juicio de origen no existía constancia que demostrara que se haya acreditado la existencia del despido injustificado alegado.

• Por tanto, especificó que si no estaba probada la existencia de tal despido, no era posible establecer que el nuevo ofrecimiento de trabajo se hizo con la única intención de revertir la carga de la prueba, pues este es el elemento objetivo que permite deducir una conducta procesal del patrón al trabajador, y no solamente deducirse por la existencia de la nueva demanda donde se alegó ese rompimiento de la relación de trabajo, una vez reinstalado con motivo de la oferta previamente realizada en aquel juicio laboral, sin que respecto de la calificativa de la oferta laboral, se advirtiera motivo alguno para suplir la queja del inconforme.

• Finalmente, expresó que no inadvertía la reciente jurisprudencia 2a./J. 33/2021 (11a.) emitida por esta Segunda Sala; sin embargo, consideró que la misma no era aplicable puesto que de realizarse se haría de manera retroactiva pues el ofrecimiento de t

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31311-e4c39695/irretroactividad-de-la-jurisprudencia-la-aplicacion-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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