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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, ESTADO DE JALISCO TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA (ARTÍCULO 52, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA INTERVENIR EN EL JUICIO EN NOMBRE DEL TITULAR DE ESE PODER (ACUERDO PRESIDENCIAL PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL NUEVE DE ENERO DE DOS MIL UNO). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTA [ARTÍCULO 23, NUMERAL 1, INCISO L), DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTA [ARTÍCULO 23, NUMERAL 1, INCISO L), DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS CONTENCIOSOS, ADSCRITA A LA UNIDAD DE INVESTIGACIONES Y PROCESOS JURÍDICOS DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 78, FRACCIONES I, III Y IV, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AL SER UN ÓRGANO SUBORDINADO AL PODER EJECUTIVO FEDERAL (ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE SU PUBLICACIÓN O AL EN QUE SE PRODUZCA SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA UN SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA (ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL). IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO CUANDO LOS ACTOS IMPUGNADOS CARECEN DE DEFINITIVIDAD (OFICIOS 0952759300/2976 Y 351-A-DPGPA-A-652 DE DIEZ Y VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, RESPECTIVAMENTE).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 3/2020. · Registro digital (IUS): 31432
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-05-12
Promovente: MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO, ESTADO DE JALISCO.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, Mayo de 2023, Tomo II, Pág.1655.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 3/2020. MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO, ESTADO DE JALISCO. 19 DE OCTUBRE DE 2022. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: MANUEL POBLETE RÍOS.

ÍNDICE TEMÁTICO

Norma y actos impugnados: El artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, con motivo de su aplicación.

Ver índice temático

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diecinueve de octubre de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 3/2020, promovida por el Municipio de Ixtlahuacán del Río, Estado de Jalisco, en contra de diversas autoridades de la Federación y de dicha entidad federativa.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Convenio de Incorporación Voluntaria al Régimen Obligatorio del Seguro Social. El primero de marzo de dos mil once se celebró el Convenio de Incorporación Voluntaria al Régimen Obligatorio del Seguro Social de los Trabajadores al Servicio de Ayuntamientos, entre el Instituto Mexicano del Seguro Social (en adelante IMSS), el Municipio de Ixtlahuacán del Río, Estado de Jalisco, y el Gobierno del Estado de Jalisco, en los términos siguientes:

Ver convenio

2. Solicitud de retención de participaciones. El diez de septiembre de dos mil diecinueve, el titular de la Unidad de Fiscalización y Cobranza de la Dirección de Incorporación y Recaudación del IMSS emitió el oficio 09 52 75 93 00/2976, a través del cual solicitó a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo siguiente:

"Primero. Que se afecten las participaciones que en ingresos federales corresponden al Municipio de Ixtlahuacán del Río, con registro patronal I.46 10758 42, por la cantidad de $6'172,393.24 (seis millones ciento setenta y dos mil trescientos noventa y tres pesos 24/100 M.N.), para pagar créditos firmes a cargo, por la omisión de pago de cuotas obrero patronales de sus trabajadores.

"Ahora bien, en virtud de que las participaciones que percibe dicho Municipio son inferiores a la cantidad antes señalada, según informa esa Unidad Administrativa a su cargo, por ello se solicita la retención de un importe de $1'082,216.00 (un millón ochenta y dos mil doscientos dieciséis pesos 00/100 moneda nacional), para cubrir parte del adeudo.

"Segundo. La solicitud antes señalada, tiene sustento en los artículos 6 y 11 de la Ley del Seguro Social, los cuales señalan los seguros del régimen obligatorio y voluntario, (ilegible) que el régimen obligatorio comprende los seguros de: I. Riesgos de trabajo; II. Enfermedades y maternidad; III. Invalidez y vida; IV. Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; y, V. Guarderías y prestaciones sociales, así como el Convenio de Incorporación Voluntaria al Régimen Obligatorio de los Trabajadores al Servicio del Municipio de Ixtlahuacán del Río, celebrado el 01 de marzo de 2011, cuya vigencia es indefinida de acuerdo a la cláusula décima novena, entre el Instituto Mexicano del Seguro Social, el citado Municipio y el Gobierno del Estado de Jalisco como obligado solidario, conforme a sus declaraciones I, II y III, y con las cláusulas décima quinta, décima sexta y décima séptima, en el que se establece la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para pagar directamente al IMSS en caso de incumplimiento de pago, las cuotas y accesorios que se deriven del convenio.

"Tercero. Se sustenta la presente, en el contenido del oficio número 14380019200/COB/1657/2019, de fecha 06 de septiembre de 2019, mediante el cual el titular de la Delegación Estatal del IMSS en Jalisco informa al titular de la Unidad de Fiscalización y Cobranza, de los adeudos que tiene a su cargo el citado Municipio, a fin de cubrir los adeudos mediante la retención de participaciones federales de las cuotas obrero patronales de los seguros IMSS."

3. Orden de retención de participaciones. Mediante oficio 351-A-DGPA-A-652 de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, el director de Administración de Participaciones e Ingresos Federales Coordinados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público solicitó al director de Administración de Egresos de la Tesorería de la Federación que dispusiera lo necesario a fin de que se cubriera el importe de $1'082,216.00 (un millón ochenta y dos mil doscientos dieciséis pesos 00/100 moneda nacional) mencionado en el diverso oficio 09 52 75 9300/2976 antes referido.

4. Juicio de amparo indirecto 2669/2019. El trece de diciembre de dos mil diecinueve, Gloria Isabel Moya, en su carácter de síndico municipal del Ayuntamiento de Ixtlahuacán del Río, Estado de Jalisco, promovió juicio de amparo indirecto en el que reclamó:

• Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión: La iniciativa, promulgación, orden de publicación, discusión y aprobación del decreto que contiene la Ley de Coordinación Fiscal, particularmente el artículo 9o. del citado ordenamiento.

• Del titular de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (designada incorrectamente como Dirección de Administración de Participaciones e Ingresos Federales Coordinados dependiente de la Dirección Adjunta de Transferencias Federales de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público); titular de la Unidad de Fiscalización y Cobranza del IMSS; titular de la Dirección de Administración de Egresos de la Tesorería de la Federación y titular de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco: a) la aplicación tácita y expresa de la norma reclamada; b) la ejecución y/o aplicación del Convenio de Incorporación Voluntaria al Régimen Obligatorio de los Trabajadores al Servicio del Municipio de Ixtlahuacán del Río, Estado de Jalisco; c) el procedimiento y resolución mediante los cuales se determinó la forma, meses y cantidades a embargar y/o compensar las participaciones federales de la quejosa, por un adeudo del Ayuntamiento con el IMSS; d) las órdenes de descuento de participaciones federales, las cuales son inembargables; e) la orden verbal emitida el diez de diciembre de dos mil diecinueve, mediante la cual se determinó la retención de participaciones federales en los meses de diciembre de dos mil diecinueve y enero de dos mil veinte; y, f) La inminente ejecución de las órdenes verbales.

• Del titular de la Unidad de Fiscalización y Cobranza del IMSS, el oficio 09 52 75 93 00/2976 de diez de septiembre de dos mil diecinueve y otros posteriores (09 52 75 93 00/3617, 09 52 75 93 00/4082, 09 52 75 93 00/4516 y 09 52 75 93 00/0058, emitidos respectivamente en los meses de octubre, noviembre y diciembre de dos mil diecinueve, y enero de dos mil veinte).

• Del titular de la Dirección de Administración de Participaciones e Ingresos Federales Coordinados de la Dirección General Adjunta de Transferencias Federales de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el oficio 351-A-DGPA-A-652 de veinte de septiembre de dos mil diecinueve.

5. Del juicio de amparo correspondió conocer a la Jueza Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo del Tercer Circuito, quien lo registró con el número 2669/2019.

6. El once de marzo de dos mil veintidós la Jueza del conocimiento dictó sentencia en el sentido de sobreseer por haberse actualizado la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo,(1) pues advirtió que el mismo Ayuntamiento quejoso había promovido un juicio contencioso administrativo federal en contra de los mismos actos de aplicación reclamados, en específico, en contra de los oficios 09 52 75 9300/2976 y 351-A-DGPA-A-652, y se precisó que dicho juicio contencioso podía modificar o anular esos actos, consistentes en el descuento de participaciones federales, así como el procedimiento que les dio sustento.(2)

7. La Jueza de Distrito consideró que al resultar improcedente el juicio de amparo respecto de los actos de aplicación del artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, también debía sobreseerse por dicho precepto, en términos de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 71/2000, titulada: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN."

8. En contra de la sentencia de amparo, el Municipio de Ixtlahuacán del Río interpuso recurso de revisión, el cual se encuentra pendiente de resolución.

9. Controversia constitucional 3/2020. El siete de enero de dos mil veinte, Gloria Isabel Moya, en su calidad de síndica del Municipio de Ixtlahuacán del Río, Estado de Jalisco, promovió controversia constitucional ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que señaló como actos y normas impugnados, los siguientes:

• El artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, así como su aplicación expresa y tácita;

• La ejecución del Convenio de Incorporación Voluntaria al Régimen Obligatorio de los Trabajadores al Servicio del Municipio de Ixtlahuacán del Río del Estado de Jalisco;

• El procedimiento y resolución por los que se determinó la forma, meses y cantidades en que se debían embargar y/o compensar las participaciones federales establecidas en favor del Municipio actor, con motivo de un adeudo del Ayuntamiento con el IMSS;

• Las órdenes de descuento de las participaciones federales que le corresponden al Municipio actor;

• La orden verbal por la que se determina la retención de las participaciones federales que le corresponden al Municipio actor para los meses de diciembre del año dos mil veinte y enero del año dos mi veintiuno;

• El oficio número 09 52 75 9300/2976 de fecha diez de septiembre de dos mil diecinueve emitido por el titular de la Unidad de Fiscalización y Cobranza del IMSS;

• El oficio número 351-A-DGPA-A-652 de fecha veinte de septiembre de dos mil diecinueve emitido por el titular de la Dirección de Administración de Participaciones e Ingresos Federales Coordinados de la Dirección General Adjunta de Transferencias Federales de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

• La ejecución de todos los actos señalados anteriormente.

10. Asimismo, solicitó la suspensión a efecto de que no se llevara a cabo la ejecución de la orden verbal por la que se determinó la retención de las participaciones federales que corresponden al Municipio actor para cubrir el adeudo con el IMSS, por el mes de enero de dos mil veinte y los subsecuentes, hasta tanto no se resolviera el fondo del asunto.

11. Conceptos de invalidez. En su demanda, el Municipio actor precisó que el diseño constitucional actual reconoce la libre administración de la hacienda municipal en los artículos 115 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que incluye las participaciones federales que corresponden a los Municipios, y señala que la retención de dichas participaciones solamente puede realizarse por medio de un convenio en aras del equilibrio de las finanzas públicas. En este contexto, señala como conceptos de invalidez los siguientes:

• Primero. El artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal,(3) en los términos en que fue interpretado por las demandadas, genera inseguridad jurídica y un desequilibrio en las finanzas públicas al oponerse a lo dispuesto en los diversos artículos 5, 6 y 13 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios,(4) pues permite cubrir las cantidades adeudadas a favor del IMSS a través de una disminución del monto que perciba el Municipio por concepto de participaciones federales.

Ello es así, pues de acuerdo con la interpretación realizada por las demandadas, el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal permite que el IMSS cobre por medio de las participaciones federales los adeudos que tengan los Municipios, sin que exista convenio en el cual se determinen las formas, plazos y cantidades a cobrar, e incluso que se puedan ejecutar dichos cobros sin que estén avalados por las legislaciones de los Estados y sin estar inscritos en el registro único.

• Segundo. El artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal transgrede los principios de autonomía financiera y libre administración de la hacienda pública municipal, la integridad de los recursos económicos y la coordinación fiscal, establecidos en los artículos 73, fracción VIII, párrafo tercero;(5) 115, fracción IV, inciso b);(6) 117, fracción VIII,(7) y 133 de la Constitución Federal,(8) pues por una parte, el legislador omitió delimitar los alcances del último párrafo del referido artículo 9o., y por otra, su aplicación en los actos combatidos generó la retención de las participaciones federales que le corresponden al Municipio, sin que éste haya sido partícipe en el procedimiento correspondiente, por lo que también se violenta el derecho de audiencia previa previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales.

• Tercero. Los actos combatidos contravienen el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por no estar debidamente fundados y motivados, con lo que se violentan los derechos fundamentales de legalidad y certeza jurídica, dado que las participaciones federales son inembargables y no pueden ser afectadas sino mediante un convenio.

• Cuarto. La ejecución del convenio supuestamente celebrado entre el Municipio actor y el IMSS es ilegal, puesto que no se ha firmado ningún instrumento que permita llevar a cabo la retención de participaciones ni consta su registro ante una autoridad estatal o federal, e incluso en la posibilidad que existiera alguno, debe ser considerado ilegal que dicho convenio no determine los plazos, cantidades y términos en los que será posible llevar a cabo la retención del adeudo, con lo que se vulneran los artículos 5, 6 y 13 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

• Quinto. Se violaron en perjuicio del Municipio actor el derecho de audiencia y el principio de legalidad, dado que se determinó la retención de participaciones federales sin mediar un procedimiento administrativo instaurado para tal efecto, lo que se traduce en un perjuicio al patrimonio y finanzas municipales.

• Sexto. Se contraviene el principio de anualidad presupuestal con el que se determina la sustentabilidad entre los ingresos y egresos de la hacienda municipal, lo que afecta a las personas que residen en el Municipio, pues la disminución de las participaciones federales afecta la prestación de los servicios públicos.

• Séptimo. Se actualiza una violación a los artículos 14, 16, 17, 115, fracción IV, inciso b), y 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos antes referidos.

• Octavo. Los actos impugnados atentan contra el principio de progresividad que rige en materia de derechos humanos, conforme al cual todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de lograr de manera progresiva el pleno ejercicio de los derechos fundamentales por todos los medios apropiados.

12. Registro y turno. La demanda de controversia fue recibida en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el siete de enero de dos mil veinte.

13. En esa misma fecha, el Ministro presidente ordenó formar y registrar el expediente con el número 3/2020 y lo turnó a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para que fungiera como instructora en el asunto.

14. Desechamiento de la demanda. Por acuerdo de quince de enero de dos mil veinte, la Ministra instructora desechó la demanda de controversia constitucional, al advertir que se actualizaba de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(9) en relación con el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal, por considerar que la litis planteada en la demanda no se relacionaba con la invasión de esferas competenciales, sino con aspectos de mera legalidad consistentes en verificar la existencia de un convenio, procedimiento y resolución mediante el cual se hubiese determinado la retención de las participaciones federales que le corresponden al Municipio actor, por adeudos al IMSS. Asimismo, se indicó que aunque el Municipio actor invocaba el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ello resultaba insuficiente para la procedencia de la controversia constitucional, en tanto la citada porción no contenía una atribución, facultad o competencia exclusiva a favor de los Municipios, sino una cláusula sustantiva que aludía a la forma en la que se integraba la hacienda pública municipal, haciendo una remisión, precisamente, a la legislación local.

15. En lo que concierne a la impugnación del artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, se consideró que resultaba indispensable que el acto de aplicación que permitía su impugnación en este caso, por así señalarlo el Municipio, fuera susceptible de ser revisado en esta vía, debido a que el análisis constitucional no podía llevarse a cabo de manera abstracta, sino en relación con el acto en el que fue aplicado. De ahí que al resultar improcedente la controversia en contra del acto de aplicación, también resultaba improcedente contra la norma.

16. Recurso de reclamación 29/2020-CA. Inconforme con el desechamiento de la demanda, la síndica del Municipio de Ixtlahuacán del Río, Estado de Jalisco, interpuso recurso de reclamación, el cual fue radicado en la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación con el número 29/2020-CA y resuelto en sesión de nueve de septiembre de dos mil veinte, por mayoría de tres votos,(10) en el sentido de revocar el auto recurrido y admitir la controversia constitucional.

17. En la resolución de la Segunda Sala se sostuvo que "la litis planteada por el actor sí implica un tema de posible violación directa a lo previsto por el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, que prevé el principio de libre administración de la hacienda municipal, pues el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal establece la posibilidad de que las participaciones de los Municipios se afecten como garantía para el pago de obligaciones contraídas por los Municipios", por lo que "si en el caso que nos ocupa se combate el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, con motivo de un acto concreto de aplicación que invoca expresamente tal precepto, que es el que permite la retención de participaciones para los casos en que exista convenio entre el Municipio y el órgano de seguridad social que brinde servicio a los trabajadores municipales, entonces tal aspecto involucra una violación directa al artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (independientemente de si los argumentos de fondo resulten fundados o no)".

18. Asimismo, se sostuvo que "contrariamente a lo que se determinó en el acuerdo recurrido, no se demandó únicamente la invalidez de retenciones sino que también se controvirtió la constitucionalidad del artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal y, como se ha expuesto, la litis planteada por el actor no se limita a dilucidar una cuestión de mera legalidad, pues también se planteó la posible violación constitucional directa, en relación con los artículos 73, fracción VIII, párrafo tercero; 115, fracción IV, inciso b); 117, fracción VIII; y 133 de la Constitución Federal".

19. Acuerdo de admisión. Por acuerdo de diez de marzo de dos mil veintiuno, en acatamiento a lo determinado por la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Ministra instructora admitió a trámite la controversia constitucional; tuvo como demandados al Poder Ejecutivo Federal, al Congreso de la Unión por conducto de las Cámaras de Diputados y de Senadores, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al IMSS y al Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco;(11) ordenó abrir el incidente de suspensión respectivo y dio vista a la Fiscalía General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera. 20. Incidente de suspensión. Por acuerdo de diez de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el cuaderno incidental, se otorgó la suspensión solicitada por el actor para el efecto de que el Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Tesorería de la Federación y, en su caso, por el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en lo que resultara de su participación por conducto de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas Estatal, así como cualquier otra autoridad que por razón de sus funciones debiera intervenir en la ejecución del acto impugnado, se abstuvieran de hacerlo, con la finalidad de que no se ejecutara la orden verbal o escrita para cubrir el adeudo del Municipio de Ixtlahuacán del Río, Estado de Jalisco, con el IMSS, por el mes de enero de dos mil veinte, hasta tanto se resolviera el fondo de la controversia constitucional.

21. Recursos de reclamación 28/2021-CA y 29/2021-CA. El Poder Ejecutivo Federal y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público interpusieron sendos recursos de reclamación en contra del auto de diez de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el incidente de suspensión derivado de la controversia constitucional 3/2020, por el cual la Ministra instructora concedió la medida cautelar solicitada por el Municipio actor. La Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió ambos recursos en el sentido de declararlos infundados y confirmar el auto recurrido,(12) por no actualizarse ninguna de las prohibiciones previstas en la ley reglamentaria de la materia.

22. Contestación del Poder Ejecutivo de la Federación. El treinta de abril de dos mil veintiuno, Julio Scherer Ibarra, en su calidad de consejero jurídico del Poder Ejecutivo Federal, dio contestación a la demanda y planteó las siguientes causas de improcedencia:

• Extemporaneidad en la impugnación del artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, de conformidad con lo previsto en el artículo 19, fracción VII, en relación con el 21, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, puesto que el cómputo del plazo para combatir una norma general comienza a partir del día siguiente de la fecha de su publicación, de ahí que el plazo de presentación de la demanda ha trascurrido en exceso.

Tampoco es posible considerar que los actos que ahora se impugnan constituyen el primer acto de aplicación de dicha norma, pues en fecha primero de marzo de dos mil once se celebró el Convenio para Incorporar Voluntariamente al Régimen Obligatorio del Seguro Social a los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Ixtlahuacán del Río, en cuya cláusula décima quinta se refiere explícitamente al precepto impugnado, por lo que el Municipio actor consintió de manera expresa la validez de su contenido, al permitir que los adeudos generados por la aplicación del artículo 287 de la Ley del Seguro Social, puedan ser cubiertos a partir de la retención y entero por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con cargo a los subsidios, transferencias o participaciones en los ingresos federales que le correspondan.

• Violación al principio de definitividad. No se agotó la vía legalmente prevista para la solución del conflicto, por lo que se actualiza la causal contenida en los artículos 19, fracción VI y 20, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, puesto que la retención de las participaciones federales notificada mediante oficio número 351-A-DGPA-A-652 de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, constituye un acto administrativo impugnable en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo.

Además, en la cláusula vigésima cuarta del Convenio para Incorporar Voluntariamente al Régimen Obligatorio del Seguro Social a los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Ixtlahuacán del Río se estableció que, para su interpretación y cumplimiento, las partes se someterían a la jurisdicción de los tribunales del fuero federal con residencia en la ciudad de Guadalajara, Estado de Jalisco.

• Falta de interés legítimo del Municipio actor para promover la demanda de controversia constitucional, en concordancia con los artículos 10, fracción I, y 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, y el artículo 105, fracción I, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que no acreditó una transgresión a su esfera de competencia expresamente reconocida en algún precepto constitucional.

23. Por otro lado, respecto de los conceptos de invalidez planteados por la actora, señaló lo siguiente:

• Primero. En cuanto a los conceptos de invalidez primero, tercero, cuarto y sexto planteados por el Municipio actor, resultan inatendibles y, por ende, deben ser declarados infundados, ya que plantean cuestiones de mera legalidad que no involucran el análisis de una posible invasión a la esfera competencial municipal.

La inembargabilidad de las participaciones federales que les corresponden a las entidades federativas o a los Municipios, como toda regla general, tiene excepciones, pues se pueden afectar las participaciones debido a obligaciones contraídas por las entidades o los Municipios a favor de la Federación, en los siguientes casos: i) previa autorización de la Legislatura Local e inscrita a petición de ésta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y, ii) cuando existe un convenio o acuerdo específico entre las partes interesadas para realizar un descuento con cargo a las participaciones federales derivado de créditos fiscales federales.

En el presente caso, la obligación a cargo del Municipio se suscita en virtud de un convenio de regularización de la afiliación al seguro social de los trabajadores al servicio del Municipio actor, celebrado con el IMSS, con la participación del gobierno estatal jalisciense en su calidad de obligado solidario, cuya vigencia comenzó el primero de marzo de dos mil once y por el que otorgó su autorización a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a retener y enterar el importe de los créditos fiscales establecidos en el artículo 287 de la Ley del Seguro Social con cargo a los subsidios, transferencias o participaciones que le correspondan al Municipio, con fundamento en el artículo impugnado y sin necesidad de conformidad previa o expresa del Ayuntamiento o del gobierno estatal. Por lo que no existe contradicción alguna entre el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, los artículos 5, 6 y 13 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, ni de algún artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Contrariamente a lo que aduce el Municipio, la vulneración a las finanzas se actualiza en perjuicio del IMSS al privarlo de recibir las aportaciones de seguridad social que administra en beneficio de los derechohabientes, entre los cuales se encuentran los trabajadores del Municipio y familiares de los mismos que reciban los beneficios de la seguridad social, de ahí que es posible cubrir las aportaciones adeudadas por el Municipio previa celebración del convenio correspondiente.

• Segundo. En respuesta a los conceptos de invalidez segundo, quinto y séptimo, señala que son infundados, pues la Primera Sala de este Alto Tribunal ha establecido el criterio consistente en que el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal prevé la retención de participaciones federales y los mecanismos de compensación por convenio entre las partes, y respecto de esto último no resultan aplicables los requisitos de aprobación por parte de la Legislatura, el registro de las obligaciones, entre otros.

La afectación a las participaciones no deriva de obligaciones o empréstitos para cuyo pago o garantía se hayan destinado las participaciones federales en términos del artículo 117, fracción VIII, constitucional, sino de la suscripción del Convenio para Incorporar Voluntariamente al Régimen Obligatorio del Seguro Social a los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Ixtlahuacán del Río, para que en la eventualidad de un incumplimiento en el pago de las cuotas adeudadas al IMSS, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proceda a la retención y entero del importe de los créditos fiscales con las participaciones federales correspondientes al Municipio de Ixtlahuacán del Río, o en su defecto, del gobierno estatal de Jalisco como obligado solidario.

• Tercero. Respecto del octavo concepto de invalidez, considera que el argumento esgrimido por la demandante es inoperante e inatendible, pues reclama de manera genérica una supuesta violación al principio de progresividad sin señalar qué derecho fundamental considera vulnerado por el contenido del artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

24. Contestación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. El treinta de abril de dos mil veintiuno, la diputada Dulce María Sauri Riancho, en su calidad de presidenta de la Mesa Directiva y representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, dio contestación a la demanda.

25. En su contestación a los conceptos de invalidez, señaló esencialmente:

• Primero. El artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal no genera una antinomia ni contraviene lo dispuesto por los artículos 5, 6 y 13 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, ni transgrede el principio de seguridad jurídica, pues el primero de esos preceptos tiene como objeto la regulación de la inembargabilidad de las participaciones federales que correspondan a las entidades federativas y a los Municipios, mientras que los segundos regulan los c

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31432-0eaafbf1/i-controversia-constitucional-la-persona-titular-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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