I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DE LA PERSONA QUE OCUPE EL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECATE, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA (ARTÍCULOS 7, FRACCIÓN IV Y 8, FRACCIÓN I, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL RÉGIMEN MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y 21 DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA SINDICATURA TIENE LA REPRESENTACIÓN ORIGINAL DEL MUNICIPIO EN LOS LITIGIOS EN QUE ÉSTE FUERE PARTE, SALVO QUE EL LEGISLADOR O EL AYUNTAMIENTO EXPRESAMENTE SE LA CONFIERA AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN LOS CASOS ESPECÍFICOS SEÑALADOS (ARTÍCULO 8, FRACCIÓN I, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL RÉGIMEN MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE REGULA LA LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA, ADMITE INTERPRETACIÓN FLEXIBLE. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PRINCIPIO PRO ACTIONE. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES LEGISLATIVO Y EJECUTIVO TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PROMULGACIÓN DE LA NORMA GENERAL O PRONUNCIADO EL ACTO QUE SEA OBJETO DE LA CONTROVERSIA. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS TITULARES DE LA PRESIDENCIA Y DE LA SECRETARÍA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA PARA COMPARECER EN REPRESENTACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO DE LA ENTIDAD (ARTÍCULOS 38 Y 41 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DE LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (ARTÍCULOS 52, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 26, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Y 6, FRACCIÓN XXIII, DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, TODAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN PASIVA DE LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, AL SER ESTA MISMA QUIEN AUTORIZA CON SU FIRMA LAS LEYES Y LOS DECRETOS QUE PROMULGUE EL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD (ARTÍCULOS 52, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA Y 13 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). IX. CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CUANDO SE ADUCEN CONCEPTOS DE INVALIDEZ POR VIOLACIONES FORMALES Y DE FONDO RESPECTO DE NORMAS GENERALES DE LOS ESTADOS O DE LOS MUNICIPIOS IMPUGNADAS POR LA FEDERACIÓN, DE MUNICIPIOS RECLAMADAS POR LOS ESTADOS O EN LOS CASOS A QUE SE REFIEREN LOS INCISOS C), H) Y K) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DEBE PRIVILEGIARSE EL ESTUDIO DE LOS PRIMEROS. X. FORMALIDADES DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DE SU POTENCIAL INVALIDATORIO. XI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. PARA LA PROCEDENCIA DE LA DISPENSA DE TRÁMITES LEGISLATIVOS DEBEN MOTIVARSE LAS RAZONES QUE LLEVAN A CALIFICAR UN ASUNTO COMO URGENTE. XII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. SÓLO PODRÁ DISPENSARSE DEL TRÁMITE LEGISLATIVO UNA INICIATIVA POR ACUERDO DEL PLENO DEL CONGRESO CUANDO, POR MAYORÍA SIMPLE Y EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE CALIFIQUEN LOS ASUNTOS COMO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA LO CUAL SERÁ NECESARIO CUANDO MENOS LA EXISTENCIA DE DETERMINADOS HECHOS QUE GENEREN UNA CONDICIÓN DE URGENCIA EN LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LA INICIATIVA (ARTÍCULO 119 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). XIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. OBLIGACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO DE ANUNCIAR A LOS MUNICIPIOS CON ANTICIPACIÓN DE CUANDO MENOS 5 DÍAS PREVIOS A LA SESIÓN DONDE SE DISCUTA UNA REFORMA QUE SE REFIERA A ASUNTOS DE CARÁCTER MUNICIPAL, A FIN DE QUE EL AYUNTAMIENTO PUEDA ENVIAR A UN REPRESENTANTE QUE, SIN VOTO, TOME PARTE EN LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS QUE LOS INVOLUCREN (ARTÍCULOS 30 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA Y 120 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). XIV. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FORMALIDADES DEBE EXAMINARSE LA MOTIVACIÓN FORMULADA POR EL LEGISLADOR PARA LA DISPENSA DE TRÁMITES LEGISLATIVOS POR MOTIVO DE URGENCIA Y OBVIA RESOLUCIÓN, CONSISTENTE EN QUE SE OMITIERA LA PARTICIPACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS RESPECTO DE UNA NORMA DE CARÁCTER MUNICIPAL, CON EL OBJETO DE PROCURAR EL RESPETO A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA (ARTÍCULOS 31 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA Y 119 DE LA LEY ORGÁNICA DE
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 212/2020. MUNICIPIO DE TECATE, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 10 DE OCTUBRE DE 2022. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIAS: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ Y VALERIA PALMA LIMÓN.
ÍNDICE TEMÁTICO
Acto impugnado: Decreto No. 158, que contiene la reforma al artículo 42 de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, publicado el catorce de noviembre de dos mil veinte en el Periódico Oficial de esa entidad.
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Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diez de octubre de dos mil veintidós, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 212/2020, promovida por el Municipio de Tecate, Estado de Baja California, contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Baja California.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA.
1. Demanda. Por escrito presentado el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Zulema Adams Pereyra, presidenta municipal del Ayuntamiento de Tecate, Estado de Baja California, promovió controversia constitucional en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de esa entidad, así como del secretario general de Gobierno, por los siguientes actos:
"... IV. Acto cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se publicó.
"A. El Decreto No. 158 emitido en Sesión Extraordinaria Virtual en la ciudad de Mexicali, Baja California el 14 de noviembre de 2020, mediante el cual, se reforma el artículo 42 de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California.
"B. La promulgación y publicación en el Periódico Oficial para el Estado de Baja California de fecha 14 de noviembre de 2020, del Decreto No. 158 de fecha 14 de noviembre de 2020.
"C. Las consecuencias de hecho y de derecho que, con motivo de la reforma, procedan a ejecutar tanto el Congreso del Estado de Baja California, como el gobernador del Estado de Baja California, del contenido de la reforma del artículo 42 de la Ley de Régimen Municipal para el Estado de Baja California. ..."
2. Conceptos de invalidez. En la demanda el Municipio actor expuso los conceptos de invalidez que a continuación se resumen:
a. El decreto reclamado desconoce la competencia constitucional del régimen de gobierno interno del que goza el Municipio de Tecate, Estado de Baja California, por el cual ejerce las facultades que le son propias e inherentes, de ahí que se esté ante una franca contravención al artículo 115 constitucional, ya que el decreto rebasa la competencia material de la Legislatura Local.
En efecto, de acuerdo con el artículo 115, fracciones I y II, de la Constitución Federal, los Ayuntamientos tienen facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal, los reglamentos y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal. Ordena entonces, en favor de los Municipios, el principio de autonomía, que autoriza a los Congresos Locales a legislar sólo en ciertas materias en donde existen atribuciones concurrentes, como podrían ser: desarrollo urbano, reservas territoriales, reservas ecológicas y demás, pero no autoriza para erigirse en una instancia más exigible e indispensable para la realización o validez jurídica de los actos de disposición, administración y regulación del régimen interno, lo que el decreto reclamado ignora, con lo que desconoce la reforma constitucional de mil novecientos noventa y nueve.
Esa autonomía municipal incluye la facultad de expedir reglamentos, los cuales tienen la característica que permite a los Municipios adoptar la regulación interna propia, es decir, aquella que atienda a las características sociales, económicas, biográficas, poblacionales, urbanísticas, y otras; ésa es la razón de ser de la facultad reglamentaria reconocida a los Municipios, ya que les permite emitir la reglamentación propia de las características de cada uno de ellos. Máxime si se toma en cuenta la intención del Poder Reformador contenida en la reforma constitucional de mil novecientos noventa y nueve, que buscó la consolidación de la autonomía municipal con un ámbito de gobierno con competencias propias y exclusivas.
Por ello, el decreto impugnado violenta los principios de autonomía municipal y división de poderes en el ámbito de la facultad reglamentaria, de libre organización y régimen de gobierno interno que el artículo 115, fracciones I y II, de la Constitución Federal otorga a los Municipios, lo que se logra a través de la expedición de reglamentos y demás disposiciones para normar su régimen interno y, en éste, determinar las suplencias de sus órganos, de los regidores, síndicos y presidentes municipales, según sus necesidades y características. No obstante, el decreto reclamado invade la esfera de competencia del Municipio en franca violación al numeral 115 constitucional, ya que la determinación de las suplencias de las autoridades del Municipio corresponde exclusivamente a los Ayuntamientos y no al Congreso Estatal. En otras palabras, la regulación de las ausencias y suplencias es competencia exclusiva de los Ayuntamientos, pues son cuestiones propias de su régimen interno, lo que se corrobora con la lectura del procedimiento de reforma constitucional de mil novecientos noventa y nueve, que permite a los Municipios normar lo relativo a la organización y funcionamiento interno que le son propios, lo que incluye las ausencias y suplencias de los funcionarios del Ayuntamiento.
Agrega que, de acuerdo con la reforma constitucional citada, la regulación de aspectos generales en las leyes estatales tendrá por objeto únicamente fijar un marco normativo homogéneo, adjetivo y sustantivo a los Municipios de un Estado, que debe entenderse como el caudal normativo indispensable que asegure su funcionamiento, pero únicamente en lo que requiera dicha uniformidad, en virtud de que cada Municipio tiene características propias. En ese contexto, no es aceptable que, con apoyo en la facultad legislativa local para regular la materia municipal, las autoridades demandadas intervengan en la organización interna del órgano municipal; esto es, las bases generales de la administración pública municipal no pueden tener una extensión temática tal, que anule la facultad del Municipio para reglamentar su sistema interno, ya que a éste le compete regular su organización y funcionamiento.
A pesar de la reforma constitucional de mil novecientos noventa y nueve, el decreto cuestionado otorga al Congreso del Estado la facultad de designar quién asumirá el cargo de presidente municipal tratándose de ausencias definitivas, siendo aquellas las mayores de treinta días, cuando la propia Constitución Federal refiere que ese tipo de ausencias serán cubiertas por el suplente, es decir, le da a esta figura la primera opción de sustitución tratándose de ausencias definitivas; empero, el Congreso demandado con el decreto combatido suprime la figura del suplente, lo que resulta inconstitucional.
Plantea que con la reforma combatida, las suplencias dependen de la discrecionalidad no sólo del Congreso del Estado sino también del gobernador, sin tomar en cuenta a los órganos municipales, lo que atenta contra la reforma constitucional de mil novecientos noventa y nueve, que aumentó las atribuciones de los Municipios, consolidó su facultad reglamentaria y la de decidir su ámbito de organización interna.
Expresa que el decreto cuestionado viola el principio de seguridad jurídica porque se contradice con diversos numerales del propio ordenamiento, por ejemplo, con los artículos 3 y 28, de los que se observa que existe autonomía de los Ayuntamientos para normar en el ámbito de su competencia su funcionamiento, el de la administración pública municipal y el de sus órganos internos, sin excepción; desde luego siempre y cuando se respeten las bases generales que disponga el órgano legislativo local; y que no impugna la facultad del Congreso Local para legislar en materia municipal, incluso la de resolver en forma definitiva alguna ausencia de los órganos internos del Municipio en términos de la Constitución Federal, pero considera una violación a la autonomía de los Ayuntamientos que se prevea como ausencia definitiva aquellas mayores de treinta días, aunado a que se desconoce la figura del suplente.
b. La disposición impugnada no guarda conformidad con las bases del procedimiento de elección de los integrantes del Ayuntamiento en términos de la fracción I del artículo 115 constitucional, el cual prevé que para el caso de que alguno de éstos dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, según lo disponga la ley; cuestión que ignoró el Congreso en la reforma cuestionada.
En otros términos, la Constitución Federal prevé los supuestos por los cuales un integrante del Ayuntamiento puede dejar de desempeñar su cargo, debiendo entenderse esto como ausencia definitiva y éstos son: a) Cuando la Legislatura Local, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, suspenda el Ayuntamiento; b) Declare que éste ha desaparecido; y, c) Cuando suspenda o revoque el mandato de algunos de sus integrantes, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga.
Aunado a que la Constitución del Estado no refiere expresamente los casos de ausencia definitiva de los integrantes de un Ayuntamiento; sin embargo, por ejemplo, en su artículo 46 regula lo que debe entenderse por falta absoluta del gobernador; por tanto, si se toma en cuenta que los cargos de elección popular son irrenunciables, salvo que exista causa grave, en una interpretación armónica del numeral 115, fracción I, de la Constitución Federal, y lo dispuesto en la Constitución Local, deben considerarse como ausencias definitivas aquellas mencionadas en el párrafo que antecede, supuesto en el que los funcionarios electos que se retiren, deberán ser sustituidos por sus suplentes. A pesar de ello, el numeral 42 de la Ley del Régimen Municipal ordena que serán ausencias definitivas las mayores de treinta días naturales y que en esos casos el Congreso del Estado resolverá en definitiva.
Esto pone de manifiesto que el alcance que se asignó al concepto "ausencias definitivas" como las mayores de treinta días resulta evidentemente inconstitucional, dado que se entiende como aquel supuesto en el que ya no es posible el regreso del funcionario.
Reitera que existe intromisión de las autoridades demandadas en la facultad de los Ayuntamientos de organizar su régimen interno, porque la Constitución Federal permite que, a través de la ley de la materia, en caso de no existir suplente, los Congresos Locales determinen el procedimiento para cubrir la vacante, lo que no significa que las Legislaturas puedan distorsionar el alcance del concepto "ausencia definitiva" a que se refiere precisamente la Constitución Federal.
c. La reforma al artículo 42 de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, desaparece la figura de las licencias y ausencias provisionales, así como la facultad de los Municipios para resolver sobre ellas, lo que provoca antinomias en el propio ordenamiento y, por ende, transgresión al principio de seguridad jurídica que protege el artículo 16 constitucional. Esto es así, pues por un lado, esa ley en su numeral 3 reconoce al Ayuntamiento como órgano deliberante en todas aquellas facultades propias de su organización interna, lo que incluso se confirma con la redacción anterior del artículo 42 reformado, de cuya lectura se advierte su armonía con todo el ordenamiento, en virtud de que reconocía la total independencia del régimen interno a los Ayuntamientos para que a través de su órgano supremo se decidieran los temas internos, como son los consistentes en las ausencias por licencia, las provisionales y temporales según el caso concreto. Motivo por el cual el decreto combatido es inconstitucional porque eliminó la hipótesis para presentar solicitudes de licencia y la atribución del órgano supremo municipal para resolver en definitiva sobre éstas.
d. Otra de las razones por las que resulta inconstitucional el decreto reclamado consiste en que permite una invasión a la esfera competencial del Municipio, ya que será el Poder Ejecutivo Local quien envíe una terna para que se designe a aquel que supla las ausencias del presidente municipal, para el caso de que el suplente no asuma el cargo o no se presente, con lo que se despoja al Ayuntamiento de la facultad de decidir esa problemática. Pero no sólo suprime esa atribución, sino que concede una facultad extraordinaria a un poder ajeno al Municipio, como lo es el Ejecutivo Local, lo que violenta el principio de autonomía municipal porque se impide al Municipio decidir la autorización, resolución o trámite de la designación del munícipe temporal; así como la posibilidad de que a propuesta del Cabildo se designe uno que cumpla no sólo los requisitos legales, sino con las políticas públicas municipales.
e. El Decreto combatido viola el artículo 115 de la Constitución Federal porque de acuerdo con los diversos 18, fracción IV, 41, fracción VI y 80, fracción IV, de la Constitución Local, el presidente municipal puede separarse de su cargo de manera provisional noventa días antes del proceso electoral en el que pretenda contender por un cargo de elección popular.
Empero, la reforma reclamada prevé que las ausencias mayores a treinta días serán definitivas, lo que provoca que no pueda hacerse efectiva aquella posibilidad que la Constitución Local otorga al munícipe de ausentarse en su encargo de manera provisional hasta por noventa días; esto es, desconoce la posibilidad de separación provisional cuando tiene el interés de acceder a un cargo público; además de que desconoce que la separación del cargo de manera provisional por noventa días no exige la renuncia del funcionario sino la separación del cargo para colocarlo en una situación de igualdad en caso de que logre contender por un puesto de elección popular.
Por ende, fijar las ausencias definitivas como aquellas mayores de treinta días es tanto como obligar al funcionario interesado a que renuncie; de ahí que se alegue una transgresión a la autonomía municipal, a la integración constitucional del Municipio y a los principios de seguridad jurídica y de jerarquía normativa.
f. La reforma combatida en la controversia constitucional viola el artículo 115, fracción I, de la Constitución Federal, así como desconoce el régimen normativo local, ya que ante las ausencias definitivas de algún integrante del Ayuntamiento se debe privilegiar la voluntad ciudadana expresada en el proceso electoral, es decir, ante una ausencia es el suplente quien debe ocupar el lugar del funcionario ausente. En este sentido se debe tener en cuenta lo previsto en la Ley Electoral para el Estado de Baja California, que en sus numerales 29 y 30 indica que los integrantes de los Ayuntamientos contarán con sus respectivos suplentes; sin embargo, el diverso 42 de la Ley del Régimen Municipal deja la figura de suplente en segundo plano, cuando lo que debió reconocer es la existencia de éstos ante ausencias definitivas.
g. El decreto combatido es producto de un procedimiento legislativo que viola lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, porque el Congreso de la entidad desconoció la facultad que tiene el Ayuntamiento de Tecate de participar en la sesión en la que se reformó una disposición de carácter municipal, como se lo permiten los numerales 30 y 31 de la Constitución Local, así como el diverso 120 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California; aunado a que la supuesta urgencia legislativa para aprobar el decreto no está debidamente justificada, como lo exige esa normativa local.
En efecto, de acuerdo con el régimen local cuando el Congreso de la entidad decida asuntos de carácter municipal, la comisión legislativa respectiva deberá anunciar a los Ayuntamientos, cuando menos con cinco días de anticipación, la fecha de la sesión en que haya de discutirse el dictamen, para que envíe un representante que tome parte en los trabajos. Sin embargo, esas disposiciones se desconocieron porque el Congreso de la entidad no le comunicó con anticipación la discusión del dictamen, a fin de que participara en dicho procedimiento y fuera escuchado al tratarse de un tema de carácter municipal.
Aclara que no es óbice que se haya autorizado una dispensa de trámite por urgencia notoria, ya que de los trabajos legislativos no se advierte en qué consiste ésta, es decir, no existe una justificación válida y suficiente para alterar el procedimiento de creación de la norma. Máxime si se toma en cuenta que no es justificación la supuesta ausencia o vacío legislativo, porque existen normas aplicables a ese supuesto; por tanto, no está justificada la dispensa de trámite por urgencia y, mucho menos, la omisión de permitir a los Ayuntamientos opinar o participar en el procedimiento legislativo respectivo.
En consecuencia, se está ante un procedimiento legislativo que contiene violaciones con efecto invalidante, puesto que no existe justificación suficiente para la urgencia de trámite y, la que supuestamente se expresó, no es tal; y porque no se permitió la participación de los Ayuntamientos a pesar de que se trata de un ordenamiento que impacta en el régimen municipal.
3. Admisión y trámite. Mediante proveído de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán, integrantes de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del segundo periodo de dos mil veinte, ordenaron formar y registrar el expediente relativo bajo el número 212/2020, reconocieron el carácter de demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como al secretario general de Gobierno, todos del Estado de Baja California, y requirieron al Poder Legislativo para que enviara copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma cuya constitucionalidad se reclama, así como que el Poder Ejecutivo remitiera el ejemplar del Periódico Oficial del Gobierno del Estado en el que constara su publicación.
4. De igual forma ordenaron dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su representación correspondiera.
5. Posteriormente, por diverso acuerdo de cuatro de enero de dos mil veintiuno, el Ministro presidente turnó el sumario al Ministro Alberto Pérez Dayán.
6. Contestaciones a la demanda. Por acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo por contestada la demanda por parte del Congreso del Estado de Baja California, esto a través de Eva Gricelda Rodríguez y María Luisa Villalobos Ávila, quienes se ostentaron como presidenta y secretaria de la Mesa Directiva, respectivamente.
7. Esa autoridad argumentó, en síntesis, lo siguiente:
a. Que de oficio se revise la totalidad de la demanda para determinar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos de los artículos 19, fracción VIII, 20, fracción II y 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
b. Los conceptos de invalidez son infundados porque los trabajos legislativos que culminaron con la reforma impugnada se llevaron a cabo en ejercicio de las facultades contenidas en los artículos 11, 13, 27, fracción I, 28, fracción I, 29, 30 y 31 de la Constitución Política del Estado de Baja California.
c. La norma impugnada es válida al ubicarse en el marco normativo que puede legislar conforme a las competencias que le permite la Constitución Local; es decir, si de forma expresa no se establece la facultad para los Municipios de reglamentar las ausencias de los presidentes municipales, ello obedece a que esto se encuentra reservado al Congreso del Estado según lo dispuesto en el artículo 124 de la Constitución Federal. d. El Municipio actor parte de una premisa errónea al considerar que la reforma invade la atribución para regular su organización y funcionamiento interno de gobierno, así como que invade su soberanía y competencia municipal, pues lo cierto es que al Congreso le corresponde determinar las bases de dicha atribución en una norma estatal como lo es la Ley del Régimen Municipal impugnada.
El Constituyente Permanente ordenó que es competencia del Congreso Estatal regular el marco jurídico común para los Municipios, que contenga las bases generales para el ejercicio de sus atribuciones, con la finalidad de que se armonice la reglamentación municipal y, a partir de éste, los Municipios pudieran emitir sus reglamentos respetando dicho marco; por tanto, el Municipio actor hace una interpretación errónea de la fracción II del artículo 115 constitucional.
e. El segundo párrafo del artículo 42 del ordenamiento cuestionado, al fijar que una ausencia mayor a treinta días será resuelta en definitiva por el Congreso del Estado no se contrapone con alguna otra disposición; aún más, es acorde al diverso 41 de la propia ley, por cuanto prevé los supuestos en los que puede decretarse una separación definitiva de un munícipe y el procedimiento a seguir.
f. Mediante Decreto número 74 publicado en el Periódico Oficial de la entidad el dieciséis de junio de dos mil veinte, se reformó la Constitución Estatal para establecer que no es necesario separarse del cargo en el caso de contender de manera consecutiva en la elección del presidente municipal, regidor o síndico de un Ayuntamiento.
g. Respecto a la aprobación con dispensa de trámite del decreto impugnado, aduce que se llevó a cabo conforme a la facultad contenida en el artículo 31 de la Constitución Local; y que de la exposición de motivos de dicha dispensa se desprenden las razones que en su conjunto resaltan la necesidad de regular la figura de la ausencia de los presidentes municipales, ante la notoria urgencia por la omisión normativa del tema.
h. En relación con el argumento del actor en el que denuncia la falta de participación en el proceso legislativo estima que, al dispensarse el trámite no es necesario observar el artículo 30 de la Constitución Local.
i. El enunciado final del artículo 42 impugnado que contiene la facultad del Ejecutivo del Estado para enviar ternas al darse las hipótesis contenidas en dicho precepto, no invade las competencias del Municipio, pues se trata de un caso extremo; es decir, una excepción a la regla que se lleva a cabo en ejercicio de colaboración de poderes conforme al diverso 11 de la Constitución Local y, por tanto, es constitucionalmente válido.
8. Por acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno se tuvo por presentada la contestación de demanda del Poder Ejecutivo y del secretario general de Gobierno de esa entidad.
9. En el escrito se planteó lo que a continuación se resume:
a. Se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 19, fracción VIII, en relación con el diverso 11 de la ley reglamentaria, pues en ellos se prevé que las partes deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas que los rigen estén facultados para representarlas; en el caso, la parte actora comparece a través del presidente municipal, a pesar de que los artículos 4, 6 y 8 de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, ordenan que la representación jurídica corresponde al síndico procurador, por lo que debe sobreseerse en la presente controversia constitucional.
b. Los conceptos de invalidez son infundados porque al Congreso del Estado le compete sentar las bases generales municipales, a fin de que exista similitud en los aspectos fundamentales en todos los Municipios de Baja California; así como emitir aquellas normas indispensables para el funcionamiento regular de los Ayuntamientos, y a éstos dictar disposiciones específicas dentro de su jurisdicción, sin contradecir esas bases; por ende, el precepto reclamado no es contrario al artículo 115, fracción II, constitucional. Máxime que la autonomía municipal no es absoluta, en la medida que ese precepto constitucional dispone la existencia de leyes estatales en materia municipal.
c. De la exposición de motivos del artículo impugnado se advierte que al existir en el Estado diversos criterios para cubrir las ausencias temporales o definitivas de los munícipes del Estado, así como discrepancias respecto a qué debía ser entendido por ausencia temporal y definitiva, la reforma buscó brindar uniformidad respecto de dichos procedimientos, al ser un aspecto indispensable para asegurar el funcionamiento y salvaguardar la gobernabilidad de los Municipios del Estado de Baja California.
d. La disposición combatida no suprime al suplente para cubrir las ausencias de los presidentes municipales, debido a que las facultades otorgadas al Congreso del Estado para resolver las ausencias definitivas se hacen efectivas únicamente en el caso de que el suplente no asuma el cargo.
Consecuentemente, aun cuando la norma impugnada hubiera establecido un procedimiento que tuviera como resultado la designación de una persona diversa al suplente para suplir las ausencias del presidente municipal sería acorde al artículo 115 constitucional ya que éste otorga la posibilidad de que la ley disponga un procedimiento de sustitución diverso al del suplente.
e. En relación al argumento del actor en el que señala que la norma impugnada privilegia a poderes ajenos, como lo son los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Baja California, debido a que el primero enviará una terna de propuesta de suplente al segundo, quien resolverá en definitiva, no es inconstitucional, pues la participación del Poder Ejecutivo Local obedece a una cuestión de orden público y es a esa autoridad a quien le corresponde garantizar las condiciones de gobernabilidad en el Estado, en términos del artículo 49, fracción III, de la Constitución Local.
Lo mismo ocurre con la intervención del Congreso Estatal, pues atiende a lo dispuesto en el diverso 86 de la Constitución Local, al ser la autoridad máxima de representación ciudadana, y de acuerdo con la exposición de motivos de la norma impugnada ésta tuvo como propósito la expresión de la soberanía dentro del sistema jurídico estatal.
Por tanto, la reforma tuvo como propósito la homologación de un marco normativo en relación con el procedimiento para la designación de un suplente ante la ausencia del presidente municipal, y es acorde a lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución General porque se garantiza la gobernabilidad de los Municipios del Estado de Baja California.
10. Opinión de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República se abstuvo de formular pedimento, ni expresó manifestación alguna.
11. Audiencia y cierre de instrucción. Sustanciado el procedimiento, el seis de mayo de dos mil veintiuno se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la ley reglamentaria, en la que en términos del diverso 34, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
12. Proyecto retirado. En sesión de doce de enero de dos mil veintidós la Segunda Sala discutió el proyecto que proponía el sobreseimiento de la controversia constitucional, pero la consulta no obtuvo la mayoría de votos, por lo que el Ministro ponente determinó retirar el asunto y remitirlo al Tribunal Pleno.
I. COMPETENCIA.
13. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(1) en virtud de que se combate la constitucionalidad de una norma general emitida por los Poderes demandados, al considerar que se invade la competencia del Municipio actor.
14. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de nueve votos.
II. OPORTUNIDAD.
15. El artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(2) dispone que el plazo para la presentación de la demanda será tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.
16. Por lo que si el Decreto 158 combatido fue publicado el catorce de noviembre de dos mil veinte, el plazo referido transcurrió del diecisiete de noviembre al quince de enero de dos mil veintiuno, descontando los días quince, dieciséis, veinte, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de noviembre; cinco, seis, doce, trece, dieciséis a treinta y uno de diciembre de dos mil veinte; así como uno, dos, tres, nueve y diez de enero de dos mil veintiuno, de conformidad con los artículos 2 y 3 de la ley de la materia, en relación con el 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Acuerdo General 18/2013 del Tribunal Pleno.
17. Luego, si la demanda de controversia constitucional se presentó en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, es claro que su presentación resultó oportuna.
18. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de nueve votos.
III. LEGITIMACIÓN ACTIVA.
19. Por lo que hac
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31483-9f3f9a18/i-controversia-constitucional-legitimacion-de-la-persona-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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