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Modo: Corpus Pro

IMPUESTO SOBRE LA RENTA. LA EXENCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 93, FRACCIÓN IV, DE LA LEY RELATIVA ES INAPLICABLE A LA PRIMA LEGAL DE ANTIGÜEDAD ESTABLECIDA EN EL DIVERSO 69, FRACCIÓN VI, DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CELEBRADO ENTRE EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES ELECTRICISTAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA (SUTERM) Y LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE), AL NO CONSTITUIR UN HABER DE RETIRO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 242/2022. · Registro digital (IUS): 31499
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2023-06-09
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Junio de 2023, Tomo VII, Pág.6474.

AMPARO DIRECTO 242/2022. 15 DE NOVIEMBRE DE 2022. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JESÚS DE ÁVILA HUERTA. SECRETARIO: ROLANDO ZÚÑIGA ZÚÑIGA.

CONSIDERANDO:

DÉCIMO PRIMERO.—Razones del fallo reclamado y de los conceptos de violación.

1. Fundamentos del fallo.

Una vez analizado el material probatorio que obra en el juicio de nulidad, la Sala estableció que la litis en el juicio administrativo se centró en dilucidar el tratamiento fiscal que se debe dar a los ingresos que obtuvo el actor por concepto de jubilación y prima legal de antigüedad de su empleador Comisión Federal de Electricidad en el ejercicio fiscal de dos mil quince, por lo que a efecto de determinar si al emitir la resolución impugnada la autoridad demandada se ajustó a lo previsto en el artículo 93, fracción XIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en dos mil quince, convino en analizar, en primer término, dicho numeral en sus fracciones IV, V y XIII, concluyendo que no procede el pago del impuesto sobre la renta por los ingresos tocantes a "I. Tratándose de: a) jubilaciones; b) pensiones; c) haberes de retiro; d) las pensiones vitalicias; y, e) otras formas de retiro, provenientes de la subcuenta del seguro de retiro, de la subcuenta de retiro, y de la subcuenta de cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social; II. Aquellas provenientes de la cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y, III. Las que obtengan las personas sujetas a una relación laboral al momento de su separación, por concepto de prima de antigüedad. Estableciéndose la actualización de la exención señalada, siempre que el monto no supere de quince (fracción IV) o noventa (fracción XIII) veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, ya que sobre el excedente se pagará el impuesto relativo."

Que del convenio celebrado entre el actor como trabajador, y la Comisión Federal de Electricidad como patrón, derivado del dictamen de jubilación por años de servicio y edad, se constató que el actor recibió ingresos por jubilación y por concepto de prima de antigüedad y que respecto de ese último concepto se actualizó la hipótesis prevista en el artículo 93, fracción XIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por ende, el monto obtenido se encontraba exento hasta por el equivalente a noventa veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente por cada año de servicios, y para el importe que superara la exención señalada se aplicaría el mecanismo previsto en el diverso numeral 95 de la citada ley.

Aunado al hecho de que el pago por concepto de prima legal de antigüedad haya sido cubierto en un pago único y que el mismo emanara del acuerdo pactado entre el trabajador y su empleador en el convenio referido, en razón de que al margen de lo establecido en el convenio, el pago efectuado correspondió únicamente a la prestación derivada de la terminación de una relación laboral, como lo es el concepto de prima legal de antigüedad, el cual forma parte del pago total de la jubilación del trabajador, es decir, deriva de su jubilación; en consecuencia, se declaró que para efectos de la devolución del impuesto sobre la renta resultaba irrelevante examinar si la prima de antigüedad derivada del aludido convenio se cubrió o no en una sola exhibición, o bien, mediante un pago único, ya que con independencia de ello, lo que destacó es que el pago de esa prima de antigüedad no era en una sola exhibición del importe total de la jubilación, pensión o haber de retiro, sino que dicho pago corresponde a una parte del convenio, lo que era suficiente para establecer que en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en dos mil quince, en específico, en el precepto 93, fracción XIII, no se consideran ingresos los pagos realizados por concepto de prima de antigüedad, retiro, indemnizaciones y otros pagos, hasta por el equivalente a noventa veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente por cada año de servicio o de contribución en el caso de la subcuenta del seguro de retiro, de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez o de la cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro y por el excedente se pagará el impuesto en los términos del título en mención.

Destacando que el solo hecho de que el pago de la prima de antigüedad derivara o fuera consecuencia de la jubilación del accionante, no implicaba que tal concepto debiera ser asimilado o equiparable a éste para efectos fiscales y que, por ende, debiera relevarse al contribuyente del cumplimiento de la obligación de pago del impuesto, pues de sostenerse lo anterior se soslayaría la intención del legislador en materia tributaria, que estableció para efectos fiscales, un trato diferenciado por lo que respecta al pago del concepto de prima de antigüedad, retiro, indemnizaciones y otros pagos, tocante del pago de jubilación, pensión o haber de retiro y previó, como regla general, que la prima de antigüedad debía considerarse ingreso para los efectos del impuesto sobre la renta, al tratarse de prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral y, por ende, debía retenerse el tributo respectivo.

Para apoyar lo dicho, se citó la jurisprudencia 4a./J. 17/92, de título: "IMPUESTO SOBRE LA RENTA. OBLIGACIÓN DEL PATRÓN DE RETENERLO, CUANDO LAS PERSONAS SUJETAS A UNA RELACIÓN LABORAL, OBTIENEN PRESTACIONES DERIVADAS DE LA MISMA."

En esa virtud, la Sala responsable consideró que la autoridad fiscalizadora sí aplicó lo establecido en el artículo 93, fracciones IV –respecto a los ingresos obtenidos por concepto de jubilación– y XIII –respecto al monto relativo a la prima legal de antigüedad–, a efecto de determinar los ingresos exentos y no acumulables; asimismo, aplicó debidamente el procedimiento previsto para determinar los montos correspondientes a los ingresos exentos, gravables y no acumulables, tanto respecto de los percibidos por concepto de jubilación como de aquellos que corresponden a la prima legal de antigüedad analizada, por lo que el acto controvertido se encontraba ajustado a derecho.

En consecuencia, se determinó que la resolución contenida en el oficio número **********, de diecisiete de abril de dos mil veinte, se encontraba debidamente fundada y motivada, cumpliendo con los requisitos previstos en el artículo 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, toda vez que el demandante no logró demostrar la procedencia de la devolución solicitada, por tanto, se reconoció la validez de la resolución impugnada.

2. Argumentos en contra de lo decidido por la responsable.

En el primer concepto de violación, la parte quejosa alega que la sentencia reclamada contraviene el derecho fundamental tutelado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 46, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, puesto que la Sala responsable fue omisa en valorar las pruebas precisadas en el capítulo respectivo, en específico las señaladas en los numerales "5), inciso i), denominada expediente administrativo, consistente en 14 (catorce) criterios discurridos por los Magistrados integrantes de la Primera, Segunda y Tercera Salas Regionales de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como por la Sala Especializada en Juicios en Línea al dictar sentencias definitivas que derivaron de los juicios de nulidad cuya descripción se adjuntó", con las que se pretendía demostrar que la autoridad responsable resolvió en sentido favorable a los intereses del solicitante en un asunto idéntico, pero promovido por diverso contribuyente.

En apoyo a lo anterior, el quejoso cita los criterios I.3o.A. J/29 y VI.1o.A. J/3, de voces: "GARANTÍA DE AUDIENCIA. SE INTEGRA NO SÓLO CON LA ADMISIÓN DE PRUEBAS SINO TAMBIÉN CON SU ESTUDIO Y VALORACIÓN." y "PRUEBAS EN EL JUICIO DE NULIDAD, DEBEN ADMITIRSE Y VALORARSE EN LA SENTENCIA QUE SE DICTE, AUN CUANDO NO SE HUBIERAN OFRECIDO EN LA INSTANCIA ADMINISTRATIVA PREVIA.", respectivamente.

En el segundo concepto de violación el quejoso aduce, sustancialmente, que la sentencia reclamada transgrede los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica consagrados en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, relativo al principio de congruencia que toda sentencia debe contener, en virtud de que si bien la pretensión propuesta por el actor se concretó en definir si resultaba aplicable la exención contenida en el artículo 140 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta, por el ingreso percibido por concepto de prima legal de antigüedad, dada la equiparación de naturaleza alegada con un haber de retiro, no menos cierto es que la materia de nulidad o litis planteada la constituye "la insuficiente fundamentación y la falta de motivación contenida en la resolución negativa de devolución", pues precisamente la autoridad hacendaria consignó que los ingresos por concepto de prima de antigüedad encuadran en lo establecido en la fracción XIII del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; en esa tesitura, el principio de congruencia estaría en que al resolver la controversia lo hagan atento a lo planteado por las partes respecto de la resolución materia de nulidad, la demanda y la contestación, sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer por los que controvierten.

Además, manifiesta que la Sala responsable resuelve la controversia o litis planteada de indebida fundamentación y motivación con evidente desatención a lo planteado por las partes, al configurarse en la sentencia el último de los supuestos, es decir, "incorporó razonamientos –de forma deficiente– que implican la adecuación con la norma aplicada, es decir, consigna y establece cómo es que me encuentro en la hipótesis del 93, fracción XIII –sin conceder que su apreciación sea correcta–", añadiendo argumentos de inaplicabilidad del numeral 140 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, derivados de una analogía de las figuras jurídicas en pugna, cuestiones no hechas valer por la autoridad hacendaria, mediante las cuales se suplen irregularidades de defensa.

Para demostrar lo anterior realizó un análisis comparativo de lo contenido en la resolución materia del juicio de origen y los conceptos de impugnación segundo y tercero hechos valer en el juicio de nulidad contra las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, concluyendo que el tercero perjudicado fundamentó la negativa de la solicitud de devolución conforme a lo establecido en el artículo 93, fracción XIII, desde la sede administrativa y expuso como supuesta motivación que a los ingresos percibidos por concepto de prima legal de antigüedad corresponde aplicarles la norma invocada como fundamento legal; no obstante, la autoridad responsable señaló como motivación "1) la exposición de razones por las que de forma deficiente considera que el suscrito me encuentro en el supuesto contenido en artículo 93, fracción XIII, realizando para ello una adecuación –sin que dicha manifestación implique que la considero correcta o válida– y 2) argumentos tendientes a desvirtuar la equiparación de naturaleza jurídica alegada entre haberes de retiro y prima legal de antigüedad"; situaciones que refiere fueron omitidas en la resolución materia de la nulidad planteada.

Por tanto, aduce que la autoridad responsable transgrede el principio de congruencia, toda vez que al emitir la sentencia recurrida instituyó motivaciones jurídicas no propuestas por el tercero perjudicado al emitir la resolución materia del juicio de nulidad, mediante las cuales "1) suple una ausente motivación conforme a lo reclamado en el segundo y tercer conceptos de impugnación, al incorporar argumentos que implican la adecuación con la norma aplicada; y, 2) omite discurrir respecto a la falta de fundamentación relativa a la remisión normativa con la prima legal de antigüedad, conculcándose con ello una mejora, variación e, incluso, suplencia de motivación y, como consecuencia de ello, la administración de una justicia parcial al corregir y suplir las deficiencias de una defensa no opuesta."

En el resto del tercero y cuarto de sus motivos de inconformidad, el quejoso alega una violación a los derechos humanos a la legalidad y a la seguridad jurídica consagrados en el artículo 16 constitucional, ya que afirma que existe una indebida fundamentación y motivación, relativa a las cuestiones de fondo planteadas, y para determinar si existe en el artículo 140 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por remisión expresa a la fracción XIII del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, una exención en modalidad de pago realizado en una sola exhibición al ingreso obtenido por prima legal de antigüedad, a lo que posteriormente inserta un cuadro comparativo entre los motivos de la sentencia reclamada y los motivos por los que está en desacuerdo.

Por último, el quejoso plantea la inconstitucionalidad del artículo 140 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que pende de la interpretación efectuada, al señalar que un haber de retiro no resulta equiparable a la prima legal de antigüedad establecida en el contrato colectivo con motivo de la jubilación; de manera específica contraviene el principio de equidad tributaria establecido en el arábigo 31, fracción IV, constitucional, en virtud de que establece un tratamiento de exención fiscal desigual a personas que se colocan dentro de un mismo supuesto jurídico exención.

Estima que es violatorio del principio de equidad tributaria establecido en la fracción IV del artículo 31 constitucional, derivado de que la responsable interpretó que la prima legal de antigüedad no era equiparable a un haber de retiro; de ahí que conforme a esa interpretación existe una desigualdad de trato, porque ese precepto reglamentario contempla una exención equivalente a noventa veces el salario mínimo general del área geográfica del trabajador elevada al año, mientras que el artículo 93, fracciones IV y XIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta contempla, respectivamente, dispensas equivalentes a quince veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente y noventa veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente por cada año de servicios o contribución.

Esto es, que se contempla una exención más benéfica que se otorga a los pagos en una sola exhibición cuando éstos únicamente provengan por los conceptos de pensión, jubilación o haber de retiro, sin incluir a la prima legal de antigüedad derivada del contrato colectivo de trabajo ni los obtenidos con cargo a la subcuenta del seguro de retiro o a la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y los que obtengan los trabajadores al servicio del Estado con cargo a la cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro, prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y los que obtengan por concepto del beneficio previsto en la Ley de Pensión Universal, lo que dice hace patente la diferencia de trato.

3. Solución al caso.

Los conceptos de violación sintetizados con antelación son infundados a partir de lo siguiente:

Previamente, cabe precisar que en una parte de los conceptos de violación el quejoso plantea la inconstitucionalidad del artículo 140 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al estimar que es violatorio del principio de equidad tributaria establecido en la fracción IV del artículo 31 constitucional, derivado de que la responsable interpretó que la prima legal de antigüedad no era equiparable a un haber de retiro; de ahí que conforme a esa interpretación existe una desigualdad de trato, porque ese precepto reglamentario contempla una exención equivalente del trabajador elevada al año, mientras que el artículo 93, fracciones IV y XIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta contempla, respectivamente, dispensas equivalentes a quince veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente por cada año de servicio o contribución.

Esto es, que se contempla una exención más benéfica que se otorga a los pagos en una sola exhibición cuando éstos únicamente provengan por los conceptos de pensión, jubilación o haber de retiro, sin incluir a la prima legal de antigüedad derivada del contrato colectivo de trabajo ni a los obtenidos con cargo a la subcuenta del seguro de retiro o a la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y los que obtengan los trabajadores al servicio del Estado con cargo a la cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro, prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y los que obtengan por concepto del beneficio previsto en la Ley de Pensión Universal, lo que dice hace patente la diferencia de trato.

De lo anterior se aprecia que el planteamiento de inconstitucionalidad se hace depender de la interpretación de los aludidos preceptos con relación a lo que se alega en los conceptos de violación relativos a cuestiones de legalidad de la sentencia reclamada.

Respecto de este planteamiento, en la ejecutoria relativa a la tesis P. XLIII/94, de rubro: "REVISIÓN. CUANDO LA OPERANCIA DEL ARGUMENTO DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DEPENDE DE LA INTERPRETACIÓN QUE DEBA DARSE A LA MISMA, DEBE EXAMINARSE PREVIAMENTE ESTA CUESTIÓN.", se advierte que la regla general de realizar el análisis del problema de constitucionalidad planteado sobre el de legalidad tiene una excepción que es la correspondiente a cuando se plantea que el artículo que se tilda de inconstitucional no fue interpretado adecuadamente para fundar el acto reclamado, pues en ese caso debe analizarse primero si debe prevalecer la interpretación del fundamento del acto de autoridad, ya que de no suceder así resultaría innecesario el pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la norma.

Por ello, este órgano colegiado procede al análisis de lo alegado en los conceptos de violación –primero, segundo, tercero y cuarto– que hace valer el quejoso, respecto a las consideraciones que sustentan la sentencia reclamada, porque de resultar fundado se haría innecesario el pronunciamiento de los planteamientos de constitucionalidad del referido concepto.

Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 3/2005, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 179367, que dice:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. De acuerdo con la técnica para resolver los juicios de amparo directo del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, con independencia de la materia de que se trate, el estudio de los conceptos de violación que determinen su concesión debe atender al principio de mayor beneficio, pudiéndose omitir el de aquellos que, aunque resulten fundados, no mejoren lo ya alcanzado por el quejoso, inclusive los que se refieren a constitucionalidad de leyes. Por tanto, deberá quedar al prudente arbitrio del órgano de control constitucional determinar la preeminencia en el estudio de los conceptos de violación, atendiendo a la consecuencia que para el quejoso tuviera el que se declararan fundados. Con lo anterior se pretende privilegiar el derecho contenido en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en garantizar a los ciudadanos el acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia, esto es, que en los diversos asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales de amparo se diluciden de manera preferente aquellas cuestiones que originen un mayor beneficio jurídico para el gobernado, afectado con un acto de autoridad que al final deberá ser declarado inconstitucional." Asimismo, el criterio contenido en la tesis XII.3o.9 K, del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, que establece:

"AMPARO DIRECTO. FORMA EN QUE DEBE ABORDARSE EL ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA CUANDO ÉSTA SE HAGA DEPENDER DE LA INTERPRETACIÓN QUE REALIZÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE. En congruencia con la tesis 2a. CXIX/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 395 del Tomo XVI, octubre de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ‘AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DEL TEMA PROPIAMENTE CONSTITUCIONAL DEBE REALIZARSE ANTES QUE EL DE LEGALIDAD.’ y la diversa P. XLIII/94, sustentada por el Pleno del más Alto Tribunal, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 81, septiembre de 1994, página 41, de rubro: ‘REVISIÓN. CUANDO LA OPERANCIA DEL ARGUMENTO DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DEPENDE DE LA INTERPRETACIÓN QUE DEBA DARSE A LA MISMA, DEBE EXAMINARSE PREVIAMENTE ESTA CUESTIÓN.’, en los juicios de amparo directo debe analizarse, por regla general, en primer término, el aspecto de constitucionalidad planteado, pues de considerarse inconstitucional la norma en que se fundó el acto reclamado, se concedería el amparo para que se dejara insubsistente y se emitiera otro, en donde la autoridad responsable ya no podría fundar el nuevo acto en dicha norma, lo que generaría mayores beneficios que una protección de garantías respecto de la resolución reclamada por violación al principio de legalidad; sin embargo, para proceder a su análisis, el tribunal colegiado primeramente debe verificar si la sentencia definitiva, laudo o resolución que puso fin al juicio se apoyó en la norma que se tilda de inconstitucional, pues de no ser así, obligaría a declarar inoperantes los argumentos de constitucionalidad planteados. Enseguida, analizar si el planteamiento de constitucionalidad se hace depender o no de la interpretación que realizó la autoridad responsable, dado que si los argumentos de inconstitucionalidad se hacen depender de esa circunstancia, dicho órgano jurisdiccional debe pronunciarse primero sobre lo correcto o no de esa interpretación, ya que de resultar incorrecta, se tendría que conceder el amparo para el efecto de que se dejara insubsistente el acto reclamado y se emitiera uno nuevo con base en la interpretación que fijara el tribunal colegiado, lo cual, por razones obvias, haría innecesario el pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la norma."

Legalidad de la sentencia reclamada.

En lo que respecta al primer concepto de violación hecho valer, tocante a que la sentencia reclamada contraviene el derecho fundamental tutelado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 46, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, puesto que la Sala responsable fue omisa en valorar las pruebas precisadas en el capítulo respectivo, y en específico las señaladas en el numeral "5), inciso i), denominada expediente administrativo consistente en 14 (catorce) criterios discurridos por los Magistrados integrantes de la Primera, Segunda y Tercera Salas Regionales de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como por la Sala Especializada en Juicios en Línea al dictar sentencias definitivas que derivaron de los juicios de nulidad cuya descripción se adjuntó", con las que se pretendía demostrar que la autoridad responsable resolvió en sentido favorable a los intereses del solicitante en un asunto idéntico, pero promovido por diverso contribuyente.

Dichos argumentos son ineficaces y a efecto de poner de manifiesto el anterior aserto, se tiene que en la demanda de nulidad el actor aquí quejoso, en lo que importa propuso:

"5) Expediente administrativo. Consistente en el expediente administrativo que dio origen a la resolución impugnada en la presente demanda, el cual deberá contener toda la información y documentales aportadas en su momento al trámite de la solicitud de devolución identificado con el folio ********** y en específico las documentales que se enumeran en párrafos subsecuentes:

"...

"I) Consistente en 14 (catorce) criterios discurridos por los Magistrados integrantes de la Primera, Segunda y Tercera Salas Regionales de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como por la Sala Especializada en Juicios en Línea al dictar sentencias definitivas que derivaron de los juicios de nulidad descritos en líneas subsecuentes, mediante los cuales, en igualdad del derecho subjetivo invocado al procedimiento que nos atañe, coincidieron con la parte actora en la aplicatoriedad de la exención contenida en el artículo 140 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en virtud de que a su juicio existe equiparación de naturalezas jurídicas entre las figuras de haber de retiro y prima legal de antigüedad. (se inserta tabla)

"Pruebas que ofrezco y relaciono con todos y cada uno de los hechos y conceptos de impugnación consignados en el escrito de cuenta, con el objeto de acreditar la verdadera sustancia económica recibida, así como el pago en una sola exhibición por concepto de prima legal de antigüedad."

Al respecto, de autos se desprende que el Magistrado de la segunda ponencia de la Sala señalada como responsable al admitir la demanda, tuvo por exhibidas y admitidas de forma genérica, las pruebas indicadas en el capítulo correspondiente del referido escrito de demanda y proveyó lo conducente respecto a la prueba pericial en materia contable y por lo que corresponde al expediente administrativo.

Por su parte, la lectura de la sentencia reclamada pone de manifiesto que ciertamente la Sala administrativa no se pronunció en relación con dichos medios de convicción; sin embargo, la omisión en que incurrió no da lugar a conceder el amparo, porque del análisis del expediente natural se constata que la referida probanza pretendía "acreditar que en idéntica causa de derecho peticionado para la procedencia de solicitud de devolución de impuesto sobre la renta", se resolvió de forma favorable a los intereses de diverso contribuyente por lo que, según dice, aplica el principio de derecho "donde existe la misma razón debe existir la misma disposición".

Esto es, se advierte que con la prueba de mérito el quejoso pretendía acreditar que la prestación legal de pago de antigüedad otorgada al actor tiene la misma naturaleza que el haber de retiro, a partir de criterios de otras Salas homólogas, empero, el que no se tomara en cuenta esos criterios en modo alguno se violó el derecho de audiencia, en la medida que al ser precedentes que no generan jurisprudencia obligatoria la responsable pudo bien no asumir ese criterio, aún más si como adelante quedará evidenciado, dichos criterios no aplican.

Así es, contrario a lo considerado por el quejoso, la responsable correctamente actuó como lo previene el artículo 50, antepenúltimo y penúltimo párrafos, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que dicen:

"Artículo 50. Las sentencias del tribunal se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda, en relación con una resolución impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos notorios.

"...

"Tratándose de las sentencias que resuelvan sobre la legalidad de la resolución dictada en un recurso administrativo, si se cuenta con elementos suficientes para ello, el tribunal se pronunciará sobre la legalidad de la resolución recurrida, en la parte que no satisfizo el interés jurídico del demandante. No se podrán anular o modificar los actos de las autoridades administrativas no impugnados de manera expresa en la demanda.

"En el caso de sentencias en que se condene a la autoridad a la restitución de un derecho subjetivo violado o a la devolución de una cantidad, el tribunal deberá previamente constatar el derecho que tiene el particular, además de la ilegalidad de la resolución impugnada."

Así, la responsable no transgredió los principios de congruencia y exhaustividad ni suplió alguna deficiencia en favor de la demandada, pues lo que hizo fue actuar como tribunal de plena jurisdicción, esto es, con facultades para resolver de forma definitiva el derecho cuestionado, sobre todo a partir de los planteamientos de la parte quejosa, no en sustitución de la demandada, dilucidando precisamente las cuestiones que fueron materia de la resolución impugnada de nula. Por tanto, contrario a lo expuesto en los conceptos de violación señalados como segundo, tercero y cuarto, la resolución reclamada se encuentra objetivamente correcta. Ahora bien, en cuanto al tema de fondo lo resuelto por la Sala es correcto, por lo siguiente:

El tema sustancial tiene que ver con determinar si a los ingresos que obtuvo la promovente de amparo por parte de su empleador, por concepto de prima legal de antigüedad en el ejercicio fiscal de dos mil quince, les aplica la exención prevista por el artículo 93, fracción XIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y no la diversa establecida en el artículo 140 de su reglamento, preceptos legales que señalan lo siguiente:

Ley del Impuesto sobre la Renta

"Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos:

"...

"IV. Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro, provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y las provenientes de la cuenta

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31499-fbedaeca/impuesto-sobre-la-renta-la-exencion-prevista-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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