I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI BIEN ES IMPROCEDENTE CONTRA UNA OMISIÓN ABSOLUTA EN LA EXPEDICIÓN DE UNA LEY, NO LO ES CUANDO AQUÉLLA SEA RESULTADO DE UNA DEFICIENTE REGULACIÓN DE LAS NORMAS RESPECTIVAS. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. IV. REGISTRO NACIONAL DE DETENCIONES. FUNCIONES Y MARCO JURÍDICO NACIONAL E INTERNACIONAL QUE LO RIGE. V. REGISTRO NACIONAL DE DETENCIONES. SU OBJETIVO ES EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS DETENIDAS, ASÍ COMO EVITAR QUE SE SIGA PERPETUANDO LA COMISIÓN DE DELITOS COMO LA DESAPARICIÓN FORZADA, TORTURA O TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES AL MOMENTO DE LLEVAR A CABO CUALQUIER TIPO DE DETENCIÓN. VI. REGISTRO NACIONAL DE DETENCIONES. SUS OBJETIVOS Y PREVISIONES CONFORME AL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE QUE LO RIGE. VII. REGISTRO NACIONAL DE DETENCIONES. ANÁLISIS DE SU CONTENIDO Y ALCANCES. VIII. REGISTRO NACIONAL DE DETENCIONES. OMISIÓN DE REGULAR LAS ACCIONES DE SU PERSONAL FRENTE ALGÚN EVENTO QUE PONGA EN RIESGO LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL SISTEMA O EN LA BASE DE DATOS, CONFORME A LA REDACCIÓN LITERAL DEL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE (FUNDADA LA OMISIÓN LEGISLATIVA RELATIVA EN COMPETENCIA DE EJERCICIO OBLIGATORIO, ATINENTE A LA REGULACIÓN DEL PERSONAL QUE SERÁ RESPONSABLE DE ATENDER LOS HECHOS QUE PONGAN EN RIESGO O VULNEREN LA BASE DE DATOS, LAS FACULTADES QUE TENDRÁ EL PERSONAL PARA ATENDER LAS AMENAZAS O VULNERACIONES A LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE DEBERÁN DESPLEGARSE FRENTE A LOS SUPUESTOS DE RIESGO Y VULNERACIÓN DE LA BASE DE DATOS QUE, COMO PREVISIONES MÍNIMAS, DEBE CONTENER LA LEY NACIONAL DEL REGISTRO DE DETENCIONES, EXPEDIDA MEDIANTE EL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE). IX. FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LÍMITES. X. REGISTRO NACIONAL DE DETENCIONES. LA FUERZA ARMADA PERMANENTE QUE REALICE FUNCIONES DE APOYO A LA SEGURIDAD PÚBLICA NO ESTÁ OBLIGADA A DAR AVISO DE LA DETENCIÓN A UNA AUTORIDAD POLICIAL PARA QUE ÉSTA GENERE EL REGISTRO CORRESPONDIENTE, AL TENER LA FACULTAD DE LLEVAR A CABO EL REGISTRO DIRECTAMENTE (ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DE LA LEY NACIONAL DEL REGISTRO DE DETENCIONES). XI. REGISTRO NACIONAL DE DETENCIONES. CASOS EN QUE LAS FUERZAS ARMADAS PUEDEN LLEVAR A CABO TEMPORALMENTE LAS ATRIBUCIONES PREVISTAS EN DIVERSAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE LA GUARDIA NACIONAL (ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DE LA LEY NACIONAL DEL REGISTRO DE DETENCIONES). XII. REGISTRO NACIONAL DE DETENCIONES. LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE LA MATERIA IMPLICA LA FACULTAD DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LLEVAR DIRECTAMENTE EL REGISTRO CUANDO REALICE FUNCIONES DE APOYO A LA SEGURIDAD PÚBLICA (ARTÍCULO 19 DE LA LEY NACIONAL DEL REGISTRO DE DETENCIONES). XIII. REGISTRO NACIONAL DE DETENCIONES. LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA SON SUJETOS OBLIGADOS POR LA LEY DE LA MATERIA PARA LLEVAR A CABO EL REGISTRO INMEDIATO, NO ASÍ LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN FUNCIONES DE APOYO A LA SEGURIDAD PÚBLICA (ARTÍCULO 19 DE LA LEY NACIONAL DEL REGISTRO DE DETENCIONES). XIV. DERECHO A SER INFORMADO DE LOS MOTIVOS DE LA DETENCIÓN Y LOS DERECHOS QUE LE ASISTEN A LA PERSONA DETENIDA. DEBE HACERSE SIN DEMORA Y DESDE EL MOMENTO MISMO DE LA DETENCIÓN (ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DE LA LEY NACIONAL DEL REGISTRO DE DETENCIONES). XV. DETENCIÓN. SU CALIFICACIÓN (ARTÍCULO 19 DE LA LEY NACIONAL DEL REGISTRO DE DETENCIONES). XVI. DERECHO FUNDAMENTAL DEL DETENIDO A SER PUESTO A DISPOSICIÓN INMEDIATA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO. ELEMENTOS QUE DEBEN SER TOMADOS EN CUENTA POR EL JUZGADOR A FIN DE DETERMINAR UNA DILACIÓN INDEBIDA EN LA PUESTA A DISPOSICIÓN (ARTÍCULO 19 DE LA LEY NACIONAL DEL REGISTRO DE DETENCIONES). XVII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA QUE CONDENA AL CONGRESO DE LA UNIÓN A SUBSANAR, EN LOS DOS SIGUIENTES PERIODOS ORDINARIOS DE SESIONES, LA OMISIÓN LEGISLATIVA RELATIVA EN COMPETENCIA DE EJERCICIO OBLIGATORIO (CONDENA AL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA QUE, EN LOS DOS SIGUIENTES PERIODOS ORDINARIOS DE SESIONES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE ESTOS PUNTOS RESOLUTIVOS, LEGISLE PARA ESTABLECER EN LA LEY NACIONAL DEL REGISTRO DE DETENCIONES LA REGULACIÓN DEL PERSONAL QUE SERÁ RESPONSABLE DE ATENDER LOS HECHOS QUE PONGAN EN RIESGO O VULNEREN
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 63/2019. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 24 DE ENERO DE 2023. PONENTE: MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIA: ÉRIKA YAZMÍN ZÁRATE VILLA.
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 63/2019, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de la Ley Nacional del Registro de Detenciones (en adelante, "ley del registro"), expedida mediante el Decreto publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve.
I. ANTECEDENTES
1. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante "CNDH") presentó su demanda para impugnar la constitucionalidad de la Ley Nacional del Registro de Detenciones en su totalidad y, en lo particular, de los artículos 19 y quinto transitorio, publicados en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve.
2. Conceptos de invalidez. En su escrito de demanda, la accionante sostuvo los siguientes:
"Primero. El Congreso incurrió en omisión legislativa en competencia de ejercicio obligatorio al no regular todo lo relativo a la actuación que deberá hacer el personal del registro cuando se ponga en riesgo o se vulnere el contenido de la base de datos, lo cual era una de las directrices que contemplaba el artículo cuarto transitorio, fracción II, del numeral 7 del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional(1) y que el Congreso estaba obligado a cumplir. Dicha omisión viola la seguridad jurídica de los gobernados cuya información esté en dicho registro, así como el principio de legalidad, porque la autoridad no tiene marco normativo que le permita actuar ante dicha situación. Máxime que la protección de la base de datos en la que se encuentra cada una de las detenciones realizadas en el país abonará a la prevención de posibles violaciones a derechos humanos. En virtud de que la ley impugnada no prevé la actuación que se llevará a cabo en caso de amenazas y vulneraciones a la base de datos del registro de las detenciones, se compromete la seguridad de la información y la responsabilidad por su pérdida, destrucción, robo, daño, alteración o modificación no autorizada.
"La falta de regulación en la ley impugnada de la actuación que deberá desplegar el registro y su personal se traduce en la violación a diversos derechos humanos de las personas sujetas a detención, al permitir que sus datos personales se vean comprometidos, así como que se pierda o altere el debido seguimiento y constancia de la actuación de la autoridad que llevó a cabo la privación de la libertad de la persona.
"Además, se debe considerar que conforme a la Resolución 43/173 adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas los Estados tienen la obligación de salvaguardar las debidas constancias de las detenciones que se realicen. Es decir, los Estados no solamente tienen el deber de establecer un registro de las detenciones, sino que es necesario que garanticen la seguridad de la información que contenga datos de los detenidos en todas sus etapas. Esa misma obligación de proteger los datos de las personas se establece en el artículo XI de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Es esencial mantener las bases de datos de los registros de las detenciones mediante medidas de seguridad claras para garantizar el respeto efectivo de las garantías procesales, como el derecho a impugnar la legalidad de la privación de la libertad.
"Aunque en el artículo 27 se establece que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana implementará los mecanismos de seguridad y de carácter operativo para el funcionamiento, autorización, cancelación y consulta del registro, lo cierto es que no se cumple con lo mandatado por el artículo cuarto transitorio, fracción IV del numeral 7, del Decreto de reforma constitucional de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, toda vez que la ley no establece la actuación que debe de llevar a cabo la autoridad en caso de ocurrir hechos que pongan en riesgo o vulneren la base de datos, tal como lo exige el dispositivo transitorio aludido.
"La regulación de dicha actuación es una materia reservada a la ley y, por tanto, no puede ser regulada por otras fuentes. Si ningún precepto del ordenamiento regula el sentido en que deben actuar las autoridades ante eventos que pongan en riesgo la información contenida en el registro, entonces el Congreso de la Unión omitió cumplir con la reserva de ley absoluta y la reserva de fuente prevista en el Texto Constitucional.
"Segundo. Por un lado, el artículo 19(2) de la ley del registro transgrede el principio de inmediatez en el registro de la detención previsto en el artículo 16, párrafo sexto, de la Constitución Federal, pues posibilita que el registro se lleve a cabo después de la detención, al establecer que cuando autoridades realicen funciones de apoyo a la seguridad pública deberán dar aviso de la detención a la autoridad policial competente para que sea ésta quien realice el registro. Es decir, se permite que una autoridad que no sea parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública y que lleve a cabo funciones de apoyo en este rubro no esté obligada a registrar inmediatamente las detenciones que realice, sino que sólo debe brindar la información de la detención a la autoridad policial para que ésta haga el registro después.
"Por otro lado, el artículo quinto transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley Nacional del Registro de Detenciones,(3) en relación con el diverso 19 de la misma, permiten, al menos, dos interpretaciones sobre el registro de las detenciones por parte de la Fuerza Armada permanente, lo que genera inseguridad jurídica. Debe precisarse que de la redacción del artículo 19 se desprende que las autoridades que auxilien en funciones de seguridad pública deberán brindar toda la información necesaria a la autoridad policial para que ésta haga el registro correspondiente. Sin embargo, el artículo quinto transitorio establece que dicha disposición no es aplicable a la Fuerza Armada permanente que realice tareas de seguridad pública.
"Por lo anterior, la primera de las interpretaciones permite entender que las Fuerzas Armadas permanentes que realicen funciones de seguridad pública no tendrán obligación de dar aviso inmediato a la autoridad policial o brindarle información para que hagan el registro de las detenciones que lleven a cabo. Con esta interpretación, los integrantes de las fuerzas castrenses pueden excusarse de avisar a las policías civiles de las detenciones que lleven a cabo o en su caso de proporcionar la información necesaria para el registro correspondiente, por lo que puede concluirse que no se llevará registro alguno de las detenciones ejecutadas por la Fuerza Armada permanente. Esto da pauta a que se vulnere el derecho de las personas a la libertad, a ser presentadas sin demora ante autoridad judicial, al acceso a las garantías y a la protección judicial. Una segunda interpretación de la disposición impugnada podría ser que las fuerzas militares que realicen tareas de seguridad pública, al aplicárseles todo lo dispuesto en la Ley Nacional del Registro de Detenciones, son las autoridades obligadas a realizar, por sí mismas, el registro inmediato de la detención tal como señala el artículo 17. Sin embargo, el mismo artículo señala que las autoridades que deben llevar a cabo el registro de las detenciones son las integrantes de las instituciones de seguridad pública en términos del artículo 2, fracción II, de la misma ley del registro, así como del 5, fracciones VIII, IX y X de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La Ley Nacional del Registro de Detenciones y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública no contemplan a la Fuerza Armada permanente como parte de las instituciones de seguridad pública o como autoridad obligada al registro de las detenciones. Así, aunque el referido artículo quinto transitorio se interprete en el sentido de que a las Fuerzas Armadas les aplican todas las disposiciones de la ley y que, por ende, están obligadas a registrar las detenciones, implica que tendrán acceso al registro de detenciones aun cuando no estén contemplados por la ley del registro como institución obligada a hacerlo.
"En cualquiera de las dos interpretaciones, se viola el principio de legalidad y el derecho de seguridad jurídica, ya que no es clara la actuación por parte del Estado ni se encuentra debidamente acotada o encauzada la facultad de detención y registro por parte de las Fuerzas Armadas permanentes en funciones de seguridad pública, dada la ambigua la redacción de la norma en los términos planteados."
3. Admisión de la demanda. El presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida y designó al Ministro Javier Laynez Potisek para que actuara como instructor en el procedimiento.(4) Posteriormente, éste la admitió a trámite y requirió a las autoridades para que rindieran sus respectivos informes.(5)
4. Informes. La Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión rindieron informes justificados y defendieron la constitucionalidad de la norma impugnada.(6) Asimismo, el consejero jurídico del Ejecutivo Federal, en representación del presidente de la República, rindió informe defendiendo la constitucionalidad de la norma impugnada.(7) Al respecto, sostuvieron lo siguiente:
"a) Cámara de Senadores: Sostiene como causa de improcedencia que la accionante carecerá de legitimación si no aparece la firma del presidente de la CNDH en la demanda. Asimismo, defiende que el proceso se llevó conforme a derecho y que no se violó ninguna etapa, de ahí que no existe vicio formal.
"En cuanto a la omisión de regular la actuación del registro y su personal cuando se ponga en riesgo la información, sostiene que de los artículos 2, fracción VI, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 24, 25, 29 y 35 de la ley impugnada se desprende que sí se prevé una actuación para evitar la vulneración de la base de datos, como lo son la emisión de una alerta y bloqueo del registro cuando se presente un hecho que ponga en riesgo la información. Máxime que existen usuarios y claves exclusivas para usuarios que únicamente otorga la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y que el registro guarda constancia de las actualizaciones de información con la finalidad de identificar a quién, cómo, cuándo y dónde generó la información. Finalmente, existe una cláusula habilitante en la ley (artículos 13 y 35) que permitiría a la secretaría emitir un reglamento para desarrollar de manera más clara el funcionamiento del registro. Por tal razón, es infundada la omisión impugnada.
"En cuanto a la supuesta excepción que prevé el artículo 19 en favor de las Fuerzas Armadas permanentes, el argumento también es infundado. La norma tiene dos puntos que la hacen acorde con el Texto Constitucional: 1) la obligación inmediata de las autoridades que realizan funciones de apoyo a la seguridad pública de dar aviso a una autoridad policial competente, y 2) la obligación de dar información necesaria para el registro de las detenciones. Esto respeta el artículo 16 constitucional, en lo relativo a que el detenido tiene que ser puesto a disposición de la autoridad civil sin demora.
"Finalmente, es inoperante lo relativo a que los artículos 19 y quinto transitorio de la reforma constitucional, permiten dos interpretaciones que violan la seguridad jurídica. La inconstitucionalidad debe partir de supuestos normativos que la norma regula, según se advierte de la tesis 2a. CIII/2001 y 2a. XL/2001, y en el caso la accionante se basa en una interpretación subjetiva. En caso de que no fuese inoperante, el argumento resulta infundado ya que, si bien el artículo 19 no obliga a las Fuerzas Armadas a hacer el registro, sí los obliga a informar a la autoridad policial para que esta lleve a cabo el mismo con todos los datos necesarios. Por tal razón, es incorrecto que exista una interpretación en la cual se deje de registrar a quien se detiene.
"b) Consejería jurídica: Como causa de improcedencia, se argumenta que ni los actos ni las omisiones pueden ser objeto de estudio en las acciones de inconstitucionalidad, sino únicamente las normas de carácter general respecto de las cuales se advierta una deficiente regulación. Por tal razón, estima que debe sobreseerse respecto del argumento relativo a que se omitió regular la actuación del registro cuando se ponga en riesgo su base de datos. En relación con los conceptos de invalidez, manifestó lo siguiente:
"‘Primero. Según los criterios de la Suprema Corte, las omisiones se pueden actualizar en cuatro supuestos: parcial y absoluta de ejercicio obligatorio, y parcial y absoluta de ejercicio potestativo. Éstas se dan cuando el legislador tiene la obligación de emitir un conjunto de normas por mandato constitucional. Sin embargo, las lagunas jurídicas, que se actualizan cuando el legislador no reguló un supuesto de hecho específico en el conjunto normativo, no se consideran omisiones.
"‘El artículo 12 de la ley establece que el Centro Nacional de Información emitirá los lineamientos para el adecuado funcionamiento, operación y conservación del registro, así como la administración, resguardo e implementación del sistema de consulta. El legislador no faltó al deber establecido en el artículo cuarto transitorio, fracción IV, numeral 7, de la reforma constitucional en materia de la Guardia Nacional, pues se establecieron elementos necesarios para regular la actuación del registro en caso de que ocurran hechos que pongan en riesgo o vulneren la base de datos. Al establecer principios en la ley para la manipulación del registro (sobre todo el de responsabilidad en caso de manejo de datos personales), también se previó que sería la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la encargada del manejo, administración y conservación contenida en el registro, y para ello se le faculta para emitir un reglamento que rija su actuación. Es decir, la ley prevé una cláusula habilitante para que la Secretaría emita lineamientos de actuación en caso de que se ponga en riesgo la información. Finalmente, se pasó por alto el capítulo V de la Ley Nacional de Registro de Detenciones –específicamente los artículos 13, 14, 15 y 16–, donde está previsto que se desarrollará una plataforma tecnológica para la administración y operación del registro, junto con los elementos de seguridad que deberán incorporarse para resolver los problemas o incidentes que se generen en su implementación. La existencia de lo anterior también se desprende de los artículos 27, 32, y 35. Por tanto, sí existe regulación sobre la actuación que deberá llevar a cabo el registro, y se instruye a las dependencias encargadas de operarlo para emitir lineamientos que desarrollen a cabalidad tales cuestiones.
"‘Segundo: El artículo 19, en relación con el quinto transitorio de la ley referida, no genera incertidumbre jurídica respecto de las obligaciones de las Fuerzas Armadas permanentes que realizan tareas de seguridad pública. Dicho artículo hace referencia a las autoridades que no pueden tener acceso al registro, en el caso, las Fuerzas Armadas que llevan a cabo tareas de seguridad pública de forma auxiliar. Sin embargo, no se rompe la inmediatez del registro, ya que las mismas deberán comunicar a la autoridad policial de forma inmediata sobre la detención y proporcionar los datos necesarios para el registro.’
"c) Cámara de Diputados: sostuvo que el medio de control era improcedente porque no se pueden cuestionar omisiones legislativas en la acción de inconstitucionalidad, pues éste es un medio de acción de nulidad de normas y no de condena de cuerpos legislativos. Considera que sirve de sustento la jurisprudencia P./J. 23/2005.
"Asimismo, considera que, contrario a lo que argumenta la accionante, en diversos artículos de la ley se establecieron previsiones relativas a la actuación que debe llevar a cabo el registro en caso de que se ponga en riesgo la base de datos. Se prevé la emisión de alertas y bloqueos cuando se violenten los privilegios de acceso, y sistema de responsabilidades ante omisiones de la autoridad. Específicamente, el artículo 12 instruye a la secretaría a implementar lineamientos para el adecuado funcionamiento, operación resguardo y conservación del registro, y el 27 prevé los mecanismos de seguridad y carácter operativo para el debido funcionamiento, autorización, cancelación y consulta del registro. Por tal razón, se estima que no se actualiza la omisión aducida.
"Aunado a lo anterior, la Cámara estima que los artículos 19 y quinto transitorio no violan la seguridad jurídica, puesto que no excluyen a las Fuerzas Armadas que lleven a cabo labores de auxilio en materia seguridad pública de la obligación de proporcionar los datos de las personas detenidas, pues es una función inherente a su desempeño. La inmediatez prevista en el último párrafo del artículo quinto transitorio hace referencia al registro que deberán llevar las Fuerzas Armadas.
"En opinión de la Cámara, el artículo quinto transitorio de la Ley Nacional del Registro de Detenciones debe entenderse en el sentido de que las Fuerzas Armadas permanentes deberán encargarse de formular el registro de las detenciones, actualizando así el supuesto de los artículos 17 y 18 de la ley. En términos del quinto transitorio de la reforma constitucional de la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas no realizan un apoyo, sino tareas de seguridad pública de manera regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Por tanto, se estima que las Fuerzas Armadas deberán de llevar a cabo el registro de la detención."
5. Cierre de instrucción. El Ministro instructor tuvo por rendidos los informes(8) y concedió a las partes el plazo legal respectivo, a efecto de que formularan sus alegatos por escrito.(9) Se tuvieron por formulados los alegatos de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de la CNDH y del Poder Ejecutivo Federal, y al haber transcurrido el plazo legal concedido a las partes para formularlos, el Ministro instructor declaró cerrada la instrucción.(10)
6. Amicus curiae. El veinticinco de junio del dos mil veinte, se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia el escrito signado por Jorge Santiago Aguirre Espinosa, quien se ostenta como integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh), en el que se vierten diversas manifestaciones bajo la figura de amicus curiae. De igual manera, mediante escrito recibido el veintiséis de octubre del mismo año, firmado por Rafael Robles Roa, titular de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del Instituto Federal de Defensoría Pública, dicho órgano del Poder Judicial de la Federación realizó distintas manifestaciones sobre la relevancia y particularidades del presente caso utilizando la misma figura.
7. Dichos escritos se acordaron, respectivamente, el doce de agosto y el catorce de diciembre del dos mil veinte y fueron agregados al presente expediente, con apoyo en lo previsto en los artículos 598, párrafos primero y segundo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del diverso numeral 1o. de la ley reglamentaria de la materia.
II. COMPETENCIA
8. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(11) 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante ley reglamentaria);(12) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(13) toda vez que se plantea la posible contradicción entre la Constitución Federal y la Ley Nacional del Registro de Detenciones. III. OPORTUNIDAD
9. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal (en adelante, ley reglamentaria) prevé que: a) el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del siguiente al día en que se publique la norma impugnada en el correspondiente medio oficial; b) para efectos del cómputo del plazo aludido, no se deben excluir los días inhábiles, en la inteligencia de que si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda se podrá presentar al primer día hábil siguiente y c) cuando se trate de materia electoral, todos los días se considerarán hábiles.(14)
10. En atención a lo anterior, si el Decreto impugnado se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve,(15) el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad inició el martes veintiocho de mayo de dos mil diecinueve y concluyó el miércoles veintiséis de junio de dos mil diecinueve. Si el escrito de demanda fue recibido por este Alto Tribunal el veintiséis de junio de dos mil diecinueve,(16) se concluye que su presentación resulta oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN
11. De conformidad con el primer párrafo del artículo 11 de la ley reglamentaria,(17) en relación con el artículo 59 del mismo ordenamiento legal, la peticionaria debe comparecer por conducto del funcionario que esté facultado para representarla.
12. La acción de inconstitucionalidad fue interpuesta y firmada por Luis Raúl González Pérez, quien actúa en representación de la CNDH y acreditó su personalidad con copia certificada del acuerdo de designación de trece de noviembre de dos mil catorce, emitido por el Senado de la República.(18) El artículo 105, fracción II, inciso g), constitucional, dispone que la CNDH podrá promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales, que vulneren los derechos protegidos en la Constitución Federal o en los instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.(19) Bajo esa premisa, si la demanda fue presentada por Luis Raúl González Pérez, quien en virtud de su carácter de presidente se encuentra legitimado para interponerla en representación de la Comisión,(20) y además se cuestiona la violación a derechos humanos, este Alto Tribunal concluye que la acción de inconstitucionalidad fue interpuesta por parte legitimada.
V. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA
13. De la lectura de los informes que rinden las autoridades demandadas es posible advertir que se hicieron valer las causales de improcedencia que a continuación se enuncian y son objeto de estudio.
14. En primer lugar, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión hace valer como causal de improcedencia la falta de legitimación de quien promueve, en caso de que este Alto Tribunal no advierta la firma del presidente de la CNDH en el escrito de demanda. Lo anterior, en términos de los artículos 19, fracción VIII, 10, fracción I, 11, 20, fracción II y 61, fracción I, de la ley reglamentaria.(21)
15. Esta causal de improcedencia es infundada, toda vez que se examinó el carácter de quien comparece a nombre de la CNDH en el apartado de legitimación. En efecto, como se advierte de las consideraciones previas, el escrito de demanda presentado por el presidente de la CNDH sí está firmado.(22) Tal como muestra la siguiente imagen, localizada en la foja 45 del expediente de la acción, la demanda presentada por la CNDH fue firmada por su titular:
Ver imagen
16. En segundo lugar, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión señala que en el caso se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria, en relación con el artículo 59 del mismo ordenamiento,(23) en tanto no es posible plantear la existencia de omisiones legislativas en el presente medio de control de constitucionalidad.
17. Esa causal de improcedencia resulta infundada. Si bien este Tribunal Pleno ha sostenido que la acción de inconstitucionalidad es improcedente contra la omisión del legislador de expedir una ley, al no constituir una norma general que ha sido promulgada y publicada, tal criterio no resulta aplicable cuando se alegue una omisión parcial resultado de una deficiente regulación de las normas respectivas.(24) Así, en la ejecutoria dictada en la acción de inconstitucionalidad 7/2003, resuelta en sesión de cuatro de marzo de dos mil tres, este Tribunal Pleno aclaró que la improcedencia de esta vía constitucional se actualiza únicamente cuando se trate de una omisión total o absoluta en la expedición de una ley, y no así cuando esa omisión sea como resultado de una deficiente regulación –omisión parcial– de las normas respectivas.(25)
18. En el caso, en los conceptos de invalidez no se alega que el Congreso de la Unión dejó de expedir una ley teniendo el mandato para hacerlo, ni que el legislador federal decidió no actuar al tratarse de una competencia legislativa de carácter potestativo. Por el contrario, se cuestiona que, al legislar en materia de registro de detenciones, se hizo de forma incompleta o deficiente, al no prever la actuación que deberá desplegar el registro y su personal cuando acaezcan hechos que pongan en riesgo o vulneren la base de datos que contiene la información recabada.
19. Dicho planteamiento puede ser materia de estudio de fondo en el presente asunto, pues lo que se controvierte es la existencia de una omisión legislativa de carácter relativo y no la existencia de una omisión de carácter absoluto. Además, el aspecto relativo a si se omitió prever la actuación que deberá desplegar el registro y su personal cuando acaezcan hechos que pongan en riesgo o vulneren la base de datos implica una cuestión relacionada con el fondo del asunto, lo que también obliga a desestimar la causal de improcedencia que se hace valer.(26)
20. Finalmente, similares consideraciones dan respuesta a los argumentos planteados por el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal al hacer valer como causal de improcedencia la prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria, en relación con los numerales 105, fracción II,(27) de la Constitución Federal, 59 y 61, fracción II, de la propia ley.(28) En efecto, el consejero jurídico señala que las omisiones legislativas no pueden ser objeto del presente medio de control constitucional y refiere que la simple aseveración de una posible omisión legislativa es insuficiente para considerar que, respecto de ésta, es procedente la acción de inconstitucionalidad, ya que debe encontrarse vinculada a una disposición en concreto.
21. Como se precisó, el planteamiento de la CNDH no es la inexistencia de una ley que regule el registro de las detenciones, sino que la Ley Nacional del Registro de Detenciones reguló de forma deficiente o incompleta la materia de su objeto a la luz del artículo cuarto transitorio del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional" (en adelante, reforma constitucional en materia de Guardia Nacional). Este planteamiento conlleva a analizar, entre otros puntos, si la ley en cuestión contiene o no disposiciones relativas a la actuación que deberá desplegar el Registro de Detenciones y su personal en caso de que ocurran hechos que pongan en riesgo o vulneren la base de datos de la materia.
22. Como se observa, no sólo se está ante cuestionamientos ajenos a los de una omisión legislativa absoluta, sino que se trata de planteamientos que están vinculados con el estudio de fondo del asunto, razón por la que también debe desestimarse la causal de improcedencia que se invoca.
23. Al no existir alguna otra causa de improcedencia que analizar, se procede al estudio de los conceptos de invalidez propuestos.
VI. ESTUDIO DE FONDO
24. La accionante plantea dos conceptos de invalidez. En el primero argumenta que el Congreso incurrió en una omisión legislativa relativa en competencia de ejercicio obligatorio porque no estableció "medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para el resguardo de base de datos y así proteger la información asentada contra cualquier daño, pérdida, alteración, destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado". En opinión de la accionante, lo anterior representa un desacato del artículo cuarto transitorio, fracción IV, número 7, publicado en el Decreto de reforma a la Constitución en materia de Guardia Nacional, publicado el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve en la edición matutina del Diario Oficial de la Federación.
25. En el segundo concepto de invalidez, la accionante impugna dos cuestiones. Por un lado, que el artículo 19 impugnado viola el mandato establecido en el artículo 16, párrafo quinto, de la Constitución Federal(29) –relativo a que toda persona debe ser registrada inmediatamente después de su detención–, dado que permite que una autoridad que realiza funciones de apoyo en materia de seguridad pública lleve a cabo una detención sin estar obligada a registrarla inmediatamente. En ese sentido, la detención se notificaría a una autoridad policial competente en términos de la ley del registro, lo cual permite que el registro de la detención se lleve a cabo tiempo después y no de manera inmediata. Por otro lado, la CNDH argumenta que el artículo 19,(30) en relación con el quinto transitorio del decreto por el que se expidió la ley del registro, genera inseguridad juríd
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31513-29f6ffb7/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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