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Modo: Corpus Pro

CONTRATOS. SE RIGEN POR LA LEY SUSTANTIVA VIGENTE CUANDO SE CELEBRAN.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 2414/95. · Registro digital (IUS): 3155
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MARCELA HERNANDEZ LOPEZ.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Agosto de 1995, , Pág. 320.

AMPARO DIRECTO 2414/95. MARCELA HERNANDEZ LOPEZ.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Las argumentaciones contenidas en el apartado primero del capítulo de conceptos de violación de la demanda de amparo son infundadas.

En la sentencia reclamada se advierte, que una de las consideraciones aducidas para la desestimación de la pretensión de nulidad del contrato de compraventa se sustentó, en la inaplicabilidad de los artículos 2448, 2448-I y 2448-J del Código Civil para el Distrito Federal al caso concreto.

La razón de inaplicabilidad de tales preceptos se hizo derivar de la circunstancia de que éstos se encontraban vigentes desde el mes de febrero de mil novecientos ochenta y cinco, en tanto que el contrato de arrendamiento del que la actora hacía provenir el derecho del tanto databa del veintiséis de abril de mil novecientos ochenta y cuatro, es decir, el acuerdo de voluntades se había celebrado con anterioridad a la entrada en vigor de las disposiciones citadas. En atención a estas circunstancias, la Sala responsable consideró que si el juzgamiento se hiciera sobre la base de los referidos preceptos, según lo pretendía la demandante, ello implicaría aplicar retroactivamente las propias disposiciones, con la consiguiente contravención al artículo 5o. del Código Civil para el Distrito Federal.

Al pretender combatir la consideración de la Sala responsable antes asentada, la quejosa acepta tanto la fecha de celebración del mencionado contrato de arrendamiento como la época en que entraron en vigor los preceptos en comento; sin embargo, niega que la invocación de estas disposiciones implique realizar una aplicación retroactiva.

Pero a este respecto se estima que no asiste razón a la quejosa, porque lo primero que se advierte es que la consideración de la Sala responsable sobre la aplicación retroactiva a que se refirió, provino de una comparación entre las fechas relativas a la celebración del contrato de arrendamiento y a la vigencia de los preceptos, en tanto que la alegación de la quejosa versa sobre una cuestión diferente, como es, la comparación entre las fechas del contrato de compraventa que se pretende nulificar con la de vigencia de las normas citadas.

La circunstancia de que la peticionaria de garantías se esté refiriendo a una cuestión diferente a la mencionada por el tribunal de alzada, constituye una primera razón para estimar, que las alegaciones que expone son ineficaces, por no tener relación directa e inmediata con lo aducido por dicho tribunal; pero además, el punto de vista de la promovente del juicio de amparo carece de validez en sí, en atención a lo siguiente.

Para desvirtuar el razonamiento de la Sala responsable, la quejosa tenía que demostrar que, contrariamente a lo sostenido por dicha autoridad, los artículos 2448, 2448-I y 2448-J del Código Civil para el Distrito Federal sí son aplicables al caso concreto.

Sin embargo, al exponer sus argumentaciones, la quejosa sin más, parte de la base de que dichos preceptos sí son aplicables, tan es así que los invoca como fundamento en todos sus razonamientos, con lo cual incurre en el vicio lógico de petición de principio, porque da por sentado lo que precisamente constituye la materia de demostración.

En segundo lugar, el razonamiento de la quejosa referente a la inaplicación retroactiva de preceptos toma como base, la fecha de celebración del contrato de compraventa que se pretende nulificar; pero a este respecto debe tenerse en cuenta, que al ejercitarse la acción correspondiente, la pretendida nulidad no se hizo depender de algún vicio que en sí misma tuviera esa operación de compraventa, sino que la nulidad se hizo depender de un supuesto desconocimiento de derecho del tanto que la demandante afirmó que le asistía. Es decir, la actora en el juicio natural fundó su derecho en el contrato de arrendamiento que, como inquilina, había celebrado con quien actuó como parte vendedora en la compraventa que se pretendía privar de efectos jurídicos.

Ante este planteamiento, es claro que uno de los puntos medulares consistía en determinar, si en realidad le asistía a la demandante el derecho del tanto que dijo tener, apto para generar la nulidad del contrato de compraventa.

En la sentencia reclamada se negó que la demandante tuviera un derecho con las características citadas, porque el contrato de arrendamiento, generador de ese supuesto derecho, databa de una fecha anterior a la entrada en vigor de los preceptos que preveían para los arrendatarios de fincas urbanas destinadas para casa habitación, el derecho del tanto, cuyo desconocimiento podía conducir a la nulidad de un contrato de compraventa celebrado por la parte arrendadora, respecto al bien inmueble arrendado. En este punto, la Sala responsable actuó correctamente, porque las partes que celebran un contrato rigen su relación jurídica por las cláusulas que lo contienen, así como por la ley vigente en el momento en que se celebra ese acuerdo de voluntades, por las razones que se explican en la tesis sustentada por este Tribunal que dice:

" El artículo 1793 del Código Civil para el Distrito Federal dispone que los convenios que producen o transfieren obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Por su parte, el artículo 1796 señala que desde que los contratos se perfeccionan obligan a las partes no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a lo establecido por la ley. Finalmente, el numeral 1839 prevé que en un contrato, los concertantes pueden poner todas las cláusulas que estimen convenientes, pero las que se refieran a requisitos esenciales del contrato de que se trate, o sean consecuencia de su naturaleza ordinaria, se tendrán por puestas, aunque no se expresen, con la salvedad establecida en la última parte del propio precepto. Del contenido de las disposiciones mencionadas, se colige que las relaciones contractuales se rigen por las normas que provienen tanto de las cláusulas convenidas expresamente por las partes, como de la ley vigente en el momento en que se perfecciona el contrato, puesto que al llevarse a cabo tal perfeccionamiento se entiende que las partes han tomado el contenido de la ley vigente, que es la que indica qué tipo de relación jurídica se crea (arrendamiento, compraventa, permuta, etcétera); la que suple la voluntad de los contratantes en los puntos que no hubieran sido materia expresa de la convención y que, sin embargo, son necesarios para el cumplimiento y ejecución del contrato, y la que pone límites a la libertad contractual. Lo expuesto pone de manifiesto la existencia de un principio de no retroactividad de las leyes en materia contractual, pues los contratos se rigen por la ley en vigor al momento de celebrarse. No pasa inadvertido el hecho de que las leyes son obligatorias desde su entrada en vigor, pero en materia contractual esto implica que la nueva ley se aplicará a los convenios que se perfeccionen durante su vigencia, y no a los celebrados con anterioridad a ella, pues de lo contrario se le daría efecto retroactivo en perjuicio de alguno de los contratantes, lo cual está prohibido expresamente en el artículo 14 constitucional.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 1391/92. Luis Olguín González. 19 de marzo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Rafaela Reyna Franco Flores.

Amparo directo 6001/94. Salvador López Ortiz. 12 de enero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Ana María Serrano Oseguera.

Amparo directo 6014/94. Cocinas Integradas para Hoteles, S.A. de C.V. 18 de mayo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: José Juan Bracamontes Cuevas. Secretario: Carlos Arteaga Alvarez.

Amparo directo 2344/95. Afianzadora Insurgentes, S.A. 18 de mayo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretario: Luis Arellano Hobelsberger."

Al aplicar los anteriores conceptos al caso concreto se encuentra, que el contrato de arrendamiento en que la demandante apoyó su derecho para pedir la nulidad del contrato de compraventa, por datar del veintiséis de abril de mil novecientos ochenta y cuatro, vinculaba a las partes sobre la base exclusiva de los términos de las cláusulas integrantes del propio contrato así como de la legislación vigente en esa fecha de celebración. En esta virtud, es patente que esa relación jurídica no se encontraba regida por los artículos 2448, 2448-I y 2448-J del Código Civil para el Distrito Federal, invocados en la demanda que dio origen al juicio natural, porque tales preceptos no se encontraban vigentes en la fecha de celebración del contrato de arrendamiento citado, puesto que su entrada en vigor aconteció hasta el mes de febrero de mil novecientos ochenta y cinco.

El contrato de arrendamiento invocado por la demandante de la nulidad fue celebrado verbalmente y nadie ha dicho, y menos demostrado, que los contratantes hubieran pactado un derecho del tanto a favor de la inquilina, apto para generar la nulidad de un contrato de compraventa, en caso de que aquel derecho fuera desconocido. Por otra parte, la legislación vigente en la época de la celebración del contrato tampoco preveía un derecho del tanto con las características señaladas. Es cierto que el artículo 2447 del Código Civil para el Distrito Federal, en su parte final, hablaba de un derecho del tanto, cuando el arrendamiento hubiera durado más de cinco años y cuando el arrendatario hubiera hecho mejoras de importancia a la finca arrendada; sin embargo, la propia legislación no preveía que la inobservancia de ese derecho se sancionara con la nulidad de la compraventa, sino que el artículo 2305 reconocía expresamente que, ante el desconocimiento del derecho del tanto (proveniente de la situación prevista en el artículo 2447 citado) la venta era válida, pero el vendedor debía responder de los daños y perjuicios causados.

Como se ve, conforme al contrato de arrendamiento invocado por la actora en el juicio natural y a la ley vigente en la época en que se firmó ese acuerdo de voluntades, la arrendataria no gozaba de un derecho del tanto, apto para generar la nulidad de una operación de compraventa.

Un derecho del tanto para los arrendatarios de fincas urbanas destinadas a habitación, con las características descritas en el párrafo precedente, sólo surgió con relación a contratos celebrados bajo la vigencia de los artículos 2448, 2448-I y 2448-J del Código Civil para el Distrito Federal.

Pero estos preceptos no rigen relaciones contractuales que nacieron antes de que aquéllos entraran en vigor. Considerar lo contrario daría lugar a la aplicación retroactiva de dichos preceptos, en perjuicio de las partes en el contrato de compraventa que se pretende nulificar, porque una ley posterior se aplicaría a un contrato de arrendamiento que nació con anterioridad a la vigencia de esa ley, lo que implicaría una clara conculcación al artículo 5o. del Código Civil para el Distrito Federal y al primer párrafo del artículo 14 constitucional.

La pretensión de nulidad de la quejosa se sustenta en la aplicabilidad de los artículos 2448, 2448-I y 2448-J del Código Civil para el Distrito Federal; pero como ya se demostró que tales preceptos no deben regir la situación materia de juzgamiento, se impone concluir que la Sala responsable actuó legalmente al desestimar la referida pretensión.

El motivo de inconformidad contenido en el apartado segundo del capítulo de conceptos de violación de la demanda de amparo es infundado, porque la quejosa parte una vez más de la base de que los artículos 2448, 2448-I y 2448-J del Código Civil para el Distrito Federal son aplicables al caso concreto; sin embargo, ya quedó demostrado que esto no es así, en atención a los razonamientos expuestos con anterioridad.

En tales circunstancias, como la argumentación que se analiza se sustenta en una falsa premisa, es evidente que no es apta para evidenciar la ilegalidad de la sentencia reclamada.

La alegación contenida en el apartado tercero del capítulo de conceptos de violación de la demanda de amparo es inatendible.

Esto es así, porque el tribunal de alzada desestimó la pretensión sobre el pago de daños y perjuicios, al estimar que en la demanda de origen, la actora no precisó en qué consistían y, por ende, ninguna posibilidad legal hubo para su acreditamiento.

En esas circunstancias, el concepto de violación idóneo para desvirtuar la consideración de la Sala responsable, debió estar encaminado a demostrar, por ejemplo, que contrariamente a lo sostenido por dicha autoridad, en la demanda que dio origen al juicio natural sí se había indicado con precisión en qué consistían los daños y perjuicios; sin embargo, la quejosa no expone algún razonamiento en tal sentido, sino que se concreta a dar explicación del motivo por el cual demandó la cantidad líquida por concepto de daños y perjuicios; pero ni siquiera demuestra que tal explicación la hubiera formulado en el referido escrito inicial. De ahí que la alegación que se analiza tampoco sea apta para evidenciar la ilegalidad de la sentencia reclamada.

Así las cosas, al no estar demostrada la ilegalidad de la sentencia reclamada, ha lugar a negar el amparo solicitado.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 158 y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve:

UNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Marcela Hernández López contra el acto reclamado de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, consistente en la sentencia definitiva de trece de enero de mil novecientos noventa y cinco, dictada en el toca 3978/94.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos originales a la autoridad responsable que los remitió y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, integrado por los Magistrados Gilda Rincón Orta y Mauro Miguel Reyes Zapata, con el licenciado José Juan Bracamontes Cuevas, secretario de este Tribunal, en suplencia del Magistrado Leonel Castillo González, quien goza de licencia, siendo ponente el segundo de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3155-256b608f/contratos-se-rigen-por-la-ley-sustantiva-vigente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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