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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA LEY DE CARÁCTER ESTATAL VIOLA DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). III. REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO O JUSTA INDEMNIZACIÓN. ESTE DERECHO FUNDAMENTAL QUEDÓ INCORPORADO AL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO A RAÍZ DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. CONSTITUCIONAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. IV. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. CUESTIONES QUE DEBEN SER ATENDIDAS PARA QUE SE CUMPLA CON EL DERECHO A UNA JUSTA INDEMNIZACIÓN. V. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. LA NORMATIVIDAD QUE EL LEGISLADOR ORDINARIO FEDERAL O ESTATAL EMITA EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE FUE OTORGADA POR LA CLÁUSULA DE RESERVA DEL ARTÍCULO 109, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL PARA ESTABLECER LAS BASES, LÍMITES Y PROCEDIMIENTOS QUE REGULEN EL DERECHO EN COMENTO, NO DEBE VULNERAR O DESNATURALIZAR ARBITRARIAMENTE SU CONTENIDO MÍNIMO. VI. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. LA EXISTENCIA DE TOPES, TARIFAS O MONTOS MÍNIMOS O MÁXIMOS QUE IMPIDAN QUE LA CUANTIFICACIÓN DE UNA INDEMNIZACIÓN ATIENDA A LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CADA CASO NO ES COMPATIBLE CON EL DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO. VII. DERECHO FUNDAMENTAL A UNA REPARACIÓN INTEGRAL O JUSTA INDEMNIZACIÓN. SU CONCEPTO Y ALCANCE. VIII. DERECHO A LA JUSTA INDEMNIZACIÓN POR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA IRREGULAR DEL ESTADO. TIENE UN ÁMBITO MATERIAL MÍNIMO PROPIO QUE DEBE TUTELARSE EN LA FORMA EN QUE ESTÁ PREVISTO EN LA NORMA CONSTITUCIONAL, POR LO QUE NO DEBE SER RESTRINGIDO ARBITRARIA O DESPROPORCIONADAMENTE POR EL PODER LEGISLATIVO ORDINARIO EN EJERCICIO DE LA FACULTAD OBLIGATORIA DE CONFIGURACIÓN NORMATIVA. IX. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. EL ESTABLECIMIENTO DE UNA CANTIDAD O TOPE MÁXIMO EN LA INDEMNIZACIÓN A QUE PUEDE CONDENARSE A LOS ENTES PÚBLICOS ESTATALES Y MUNICIPALES, CUANDO DEBAN RESPONDER PATRIMONIALMENTE POR EL DAÑO MORAL QUE OCASIONEN CON MOTIVO DE SU ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA IRREGULAR, IMPLICA UNA LIMITACIÓN AL DERECHO A LA JUSTA INDEMNIZACIÓN QUE VA EN CONTRA DE SU PROPIA NATURALEZA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO). X. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. EL ESTABLECIMIENTO DE UN TOPE PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN POR DAÑO MORAL, NO PERMITE QUE SE CUMPLA A CABALIDAD CON LA FINALIDAD RESARCITORIA QUE CONFIGURA LA NATURALEZA DE ESE SISTEMA DE RESPONSABILIDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO). XI. DERECHO A LA JUSTA INDEMNIZACIÓN POR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA IRREGULAR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. ESTABLECER TOPES MÁXIMOS Y MÍNIMOS EN LA LEY LOCAL ELIMINA LOS INCENTIVOS NECESARIOS PARA QUE LOS ENTES PÚBLICOS ESTATALES Y MUNICIPALES TOMEN PREVISIONES PARA EVITAR VULNERACIONES DERIVADAS DE SU ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA IRREGULAR EN CASOS FUTUROS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO). XII. DERECHO A LA JUSTA INDEMNIZACIÓN POR LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL ESTADO CON MOTIVO DE SU ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA IRREGULAR. SI BIEN NO ES ABSOLUTO, CUALQUIER LÍMITE IMPUESTO EN LA NORMATIVIDAD SECUNDARIA DEBE ESTAR JUSTIFICADO Y SER PROPORCIONAL. XIII. RECLAMO INJUSTIFICADO. ES AQUEL QUE NO SE PUEDE JUSTIFICAR EN LOS FINES DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. XIV. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. ELEMENTOS INDISPENSABLES PARA LA PROCEDENCIA DE UNA RECLAMACIÓN PREVISTOS EN LA LEY APLICABLE DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO). XV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 175/2020. · Registro digital (IUS): 31562
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-06-23
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Junio de 2023, Tomo II, Pág.1538.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 175/2020. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 7 DE FEBRERO DE 2023. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIAS: IRLANDA DENISSE ÁVALOS NÚÑEZ Y MARIANA AGUILAR AGUILAR.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al siete de febrero de dos mil veintitrés.

VISTOS los autos para resolver la acción de inconstitucionalidad 175/2020, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Antecedentes de la norma impugnada. En los meses de abril y junio de mil novecientos noventa y nueve se presentaron en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión dos iniciativas de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objetivo de incorporar en su texto una nueva garantía que protegiera la integridad y salvaguarda patrimonial de las personas respecto de la actividad del Estado y la obligación correlativa de éste de reparar las lesiones antijurídicas que con su actividad irrogara en el patrimonio de toda persona que gozara de esa garantía.

2. El catorce de junio de dos mil dos se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se adicionó un segundo párrafo al artículo 113 de la Constitución Política del País, en el que se estableció que la responsabilidad del Estado por los daños que cause en los bienes o derechos de los particulares con motivo de su actividad administrativa irregular será objetiva y directa, así como que los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.(1)

3. En el único artículo transitorio del mencionado decreto se estableció que la reforma entraría en vigor el uno de enero del segundo año siguiente al de su publicación y que la Federación, las entidades federativas y los Municipios contarían con el periodo comprendido entre la publicación del decreto y su entrada en vigor para expedir las leyes o realizar las modificaciones necesarias a fin de proveer su debido cumplimiento e incluir en sus respectivos presupuestos una partida para hacer frente a su responsabilidad patrimonial.(2)

4. En ese artículo transitorio también se estipuló que la aprobación de la reforma constitucional implicaría necesariamente la adecuación de las disposiciones jurídicas secundarias, tanto en el ámbito federal como en el local, a los criterios siguientes: a) el pago de la indemnización se efectuaría después de seguir los procedimientos para determinar que al particular efectivamente le corresponde esa indemnización; y, b) el pago de la indemnización estaría sujeto a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal del que se tratara.

5. El veintisiete de mayo de dos mil quince se publicó en el Diario Oficial de la Federación un nuevo decreto de reforma constitucional por el que el texto íntegro del párrafo segundo del artículo 113 de la Constitución Política del País se trasladó al último párrafo del diverso 109.(3)

6. El veintiuno de febrero de dos mil veinte se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el Decreto número 002 por el que se expidió la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Quintana Roo. En dicha ley se precisa que su objeto es fijar las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular de los entes públicos estatales y municipales en Quintana Roo. Asimismo, se indica que la responsabilidad extracontractual a cargo de los entes públicos estatales y municipales es objetiva y directa; y que la indemnización deberá ajustarse a los términos y condiciones señalados en la propia ley y en las demás disposiciones legales a que hace referencia.

7. SEGUNDO.—Presentación de la acción de inconstitucionalidad. Por escrito presentado el tres de agosto de dos mil veinte en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en contra del límite cuantitativo a la indemnización por daño moral que los entes públicos estatales o municipales en Quintana Roo estén obligados a cubrir, derivado de su actuación administrativa irregular, establecido en el segundo párrafo de la fracción II del artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Quintana Roo, publicada el veintiuno de febrero de dos mil veinte en el Periódico Oficial de la entidad, emitida y promulgada por los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Quintana Roo. El precepto dispone lo siguiente:

"Artículo 14. Los montos de las indemnizaciones se calcularán de la siguiente forma: ...

"II. En el caso de daño moral, la autoridad administrativa o jurisdiccional, en su caso, calculará el monto de la indemnización de acuerdo con los criterios establecidos en el Código Civil del Estado de Quintana Roo, y a falta de disposición de éste en el Código Civil Federal, debiendo tomar en consideración los dictámenes periciales ofrecidos por el reclamante.

"La indemnización por daño moral que los entes públicos estatales o municipales estén obligados a cubrir no excederá del equivalente a tres mil seiscientos cincuenta veces del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, por cada reclamante afectado."

8. TERCERO.—Artículos constitucionales y convencionales vulnerados. La Comisión accionante señaló como preceptos constitucionales y convencionales vulnerados los artículos 1o., 17 y 109, último párrafo, de la Constitución Política del País y 1, 2 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

9. CUARTO.—Concepto de invalidez. La promovente sostuvo los siguientes argumentos en el único concepto de invalidez:

• La norma impugnada, que establece que la indemnización por daño moral que los entes públicos estatales o municipales en Quintana Roo estén obligados a cubrir no excederá del equivalente a tres mil seiscientas cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente (UMA) por cada reclamante afectado, constituye una restricción al derecho fundamental de acceso a la justicia, en relación con los derechos a la reparación integral del daño y a la justa indemnización. Además, crea incentivos contrarios al mantenimiento de la adecuada calidad de los servicios públicos.

• Del proceso que culminó con la reforma constitucional en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el catorce de junio de dos mil dos (que adicionó el segundo párrafo del artículo 113, cuyo texto más tarde se trasladó al último párrafo del artículo 109), se desprende que la intención del Poder Reformador fue establecer un mecanismo de equidad en las cargas públicas en el que los particulares no tuvieran la obligación jurídica de soportar los daños que el Estado les ocasionara por su actividad administrativa irregular; esto, mediante la consagración del derecho a obtener la indemnización correspondiente.

• La parte del Texto Constitucional que dispone que el derecho a la indemnización debe sujetarse a los límites que establezcan las leyes no debe entenderse como una habilitación al legislador ordinario para establecer de manera discrecional topes cuantitativos a los montos que el Estado deba pagar a los particulares por concepto de indemnización. Hacerlo implicaría que en algunos casos las personas tengan que soportar los daños que el Estado les ocasiona por su actividad administrativa irregular, lo que resulta contrario a la intención del Poder Reformador.

• Al limitar a un tope cuantitativo la reparación que el Estado deba cubrir por concepto de daño moral, derivado de su actuación administrativa irregular, la norma impugnada atenta contra los criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de que el derecho a la reparación integral debe permitir, en la medida de lo posible, anular todas las consecuencias del acto ilícito y restablecer la situación que debió haber existido con toda probabilidad si el acto no se hubiera cometido o, en caso de no ser esto posible, acceder al pago de una indemnización como medida resarcitoria de los daños ocasionados.

• Es cierto que la indemnización no debe generar una ganancia a la víctima, ni ser excesiva. Sin embargo, limitar la responsabilidad patrimonial del Estado a un techo cuantitativo (como se hace en la norma impugnada) implica marginar las circunstancias concretas del caso y el valor real del daño causado, a la vez que impide que sea la autoridad jurisdiccional la que cuantifique justa y equitativamente el monto de las indemnizaciones con base en criterios de razonabilidad y conforme a las particularidades de cada caso.

• A la luz de la reforma constitucional de dos mil once en materia de derechos humanos, el establecimiento de montos máximos no encuentra cabida en el parámetro de regularidad constitucional, pues los derechos a la reparación integral y a la justa indemnización no se encuentran restringidos a una cantidad determinada en la Constitución Política del País.

• Es erróneo argumentar que la fijación de un tope tiene como objetivo garantizar que los recursos del Estado destinados a las indemnizaciones alcancen para reparar a todas las víctimas de su actuar irregular; lo que debe procurarse es que el cálculo de las indemnizaciones sea justo y equitativo y que atienda a las circunstancias particulares de cada caso.

• En cierta medida, la cuantificación de los daños materiales obedece a parámetros objetivos, pues esos daños pueden ser reemplazados por bienes fungibles. En contraposición, la cuantificación del daño moral siempre atiende a un parámetro subjetivo y, por tanto, no es sencilla de realizar. No obstante, el Congreso del Estado de Quintana Roo determinó que el monto de la indemnización por un daño de esta naturaleza ocasionado por la actividad administrativa irregular de sus entes públicos no debe exceder del importe que, para dos mil veinte, ascendió a $317,112.00 (trescientos diecisiete mil ciento doce pesos 00/100 M.N.).

• En la jurisprudencia 1a./J. 31/2017 (10a.), de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL A UNA REPARACIÓN INTEGRAL O JUSTA INDEMNIZACIÓN. SU CONCEPTO Y ALCANCE.",(4) la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que el derecho fundamental a la reparación integral o justa indemnización no debe restringirse injustificadamente y que una indemnización es injusta cuando se le limita con topes o tarifas y, en lugar de ser la autoridad jurisdiccional la que la cuantifique justa y equitativamente, con base en criterios de razonabilidad, es el Poder Legislativo quien arbitrariamente fija montos indemnizatorios al margen del caso y de su realidad.

• En consecuencia, debe considerarse que la norma impugnada es inconstitucional, ya que establece un límite injustificado al derecho fundamental de acceso a la justicia y vulnera los derechos a la reparación integral y a la justa indemnización.

10. QUINTO.—Registro y turno. Mediante acuerdo dictado el seis de agosto de dos mil veinte, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a esta acción de inconstitucionalidad con el número 175/2020, así como turnarlo a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat a efecto de que instruyera el procedimiento correspondiente.

11. SEXTO.—Admisión. En acuerdo de diez de agosto de dos mil veinte, la Ministra instructora admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad; ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Quintana Roo para que rindieran sus respectivos informes; y ordenó dar vista tanto a la Fiscalía General de la República, para que formulara el pedimento correspondiente, como a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

12. SÉPTIMO.—Informe del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. El once de septiembre de dos mil veinte, el diputado Erick Gustavo Miranda García, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la XVI Legislatura del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, presentó informe en el que adujo las siguientes razones y fundamentos jurídicos de validez de la norma impugnada:

• El Estado de Quintana Roo había sido omiso en cumplir el mandato constitucional originado con la reforma de catorce de junio dos mil dos, pues no había emitido su ley reglamentaria en materia de responsabilidad patrimonial del Estado. Por ello, con la finalidad de cumplir con esa exigencia constitucional, y de no continuar reincidiendo en la omisión legislativa apuntada, mediante el Decreto 002 publicado en el Periódico Oficial de la entidad el veintiuno de febrero de dos mil veinte, la XVI Legislatura del Estado expidió la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Quintana Roo.

• Por ese medio se configuró a favor de los particulares la garantía para acceder a un procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, a través del cual puedan obtener una indemnización por los daños o perjuicios causados por la actividad administrativa irregular de los entes públicos estatales y municipales en el Estado de Quintana Roo.

• La norma impugnada no transgrede los derechos a una reparación integral y a una justa indemnización, puesto que el hecho de fijar un monto máximo para la indemnización de los daños causados por la actividad administrativa irregular del Estado no significa la existencia de una limitación respecto del patrimonio que pueda o deba ser objeto de la restitución integral.

• Lo que se pretendió con la fijación de ese monto máximo fue que, al haber restricciones presupuestales generales, se propicie que el presupuesto establecido se concentre en las indemnizaciones más completas para el cumplimiento de los actos establecidos a través de la determinación resolutiva que ponga fin a un procedimiento. Esto, en el entendido de que en esa determinación resolutiva se podrá fijar una cuantía que exceda de lo presupuestado para el ejercicio fiscal en turno, a lo que se podrá dar cumplimiento en el ejercicio inmediato siguiente.

• Asimismo, aunque a primera vista pueda parecer que la norma impugnada transgrede los derechos contemplados en la Constitución Política del País, lo que se buscó mediante su expedición fue contemplar un parámetro conforme al cual, atendiendo a criterios de justicia, proporcionalidad y equidad, pueda establecerse una categorización precisa y puntual.

• La reforma constitucional en materia de responsabilidad patrimonial del Estado de dos mil dos prevé que el pago de las indemnizaciones por daños causados por la actividad administrativa irregular del Estado estará siempre sujeto a la disponibilidad presupuestaria.

• La norma impugnada está armonizada con la legislación federal en la materia.

• La norma impugnada no contraviene en forma alguna la Constitución Política del País o los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte; por el contrario, con la expedición de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Quintana Roo se adoptaron medidas legales para regular la responsabilidad patrimonial del Estado.

13. OCTAVO.—Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo. El treinta de septiembre de dos mil veinte, el licenciado Jesús Antonio Villalobos Carrillo, del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, presentó informe en el que propuso las siguientes razones y fundamentos jurídicos para sostener la validez de la norma impugnada:

• La promulgación y publicación de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Quintana Roo, que contiene la norma impugnada, es legal y no contraviene en forma alguna los preceptos constitucionales y convencionales que la accionante considera vulnerados, ya que tales actos de promulgación y publicación fueron realizados con apego a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y a la Ley del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

• No existe contradicción entre la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Quintana Roo y la Constitución Política del País, en el entendido de que las normas no deben interpretarse de manera aislada, sino hermenéuticamente.

• De la interpretación hermenéutica de los artículos 1, tercer párrafo, 4, 12 y 14, fracción II, de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Quintana Roo se desprende que la reparación del daño moral debe ser objetiva y directa; que los montos de reparación por la actividad administrativa irregular del Estado serán fijados por la autoridad competente, que en este caso es el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo; que los Magistrados de este tribunal calcularán el monto de la indemnización integral de acuerdo con los dictámenes periciales ofrecidos por la parte reclamante y con los criterios que establece el Código Civil para el Estado de Quintana Roo o, a falta de disposición, de acuerdo con el Código Civil Federal; que la reparación del daño debe consistir en el restablecimiento de la situación anterior a él o, cuando ello no sea posible, en el pago total de los daños y perjuicios de orden económico ocasionados; y que, en caso de que los daños y perjuicios no sean cuantificables, la reparación no excederá del equivalente a tres mil seiscientas cincuenta veces el valor diario de la UMA vigente.

• En el único artículo transitorio de la reforma constitucional en materia de responsabilidad patrimonial del Estado de dos mil dos se estableció como base que el pago de las indemnizaciones estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal de que se trate. Además, el Texto Constitucional expresamente dispone que el derecho de los particulares a recibir una indemnización será conforme a las bases, límites y procedimiento que establezcan las leyes.

• En la tesis 1a. LIII/2009, de rubro: "RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 113, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUPONE LA DIVISIÓN COMPETENCIAL PREVIAMENTE ESTABLECIDA EN ELLA.",(5) la Primera Sala dejó a la libre determinación del Poder Legislativo la configuración del marco normativo tratándose de la reparación del daño ocasionado por la actividad irregular del Estado.

• En el amparo directo en revisión 1044/2011,(6) la Primera Sala determinó que el procedimiento de naturaleza administrativa regulado en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado no desnaturaliza el derecho consagrado en el artículo 113 constitucional, por lo que es infundado que no pueda condicionarse la reparación de los daños causados por la actuación administrativa irregular del Estado al trámite de un procedimiento administrativo.

• Del proceso correspondiente a la reforma constitucional de dos mil dos se advierte que en repetidas ocasiones se hizo referencia a la necesidad de que la Federación y las entidades federativas expidieran leyes secundarias a fin de regular cuidadosamente el nuevo régimen de responsabilidad patrimonial del Estado, como, por ejemplo, los límites de la responsabilidad, cómo deben calcularse las indemnizaciones y cuál es el proceso de reclamación.

• El límite establecido en la norma impugnada está permitido expresamente en la Constitución Política del País, en la parte que delega al legislador ordinario la regulación de las bases, límites y procedimiento para hacer valer el derecho de los particulares a recibir una indemnización.

• El establecimiento de ese límite no es arbitrario, sino que responde a la consecución de un fin ulterior justificado ante una autoridad jurisdiccional competente, que consiste en evitar que los particulares interpongan reclamos injustificados y obtengan indemnizaciones excesivas cuando no sean cuantificables los daños morales causados. Por tanto, debe concluirse que la norma impugnada es constitucional. • Los fines de una justa indemnización se cumplen adecuadamente con otras dos medidas establecidas en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Quintana Roo: 1) la estructura de procedencia de los reclamos, que delimita el trámite jurídico de las peticiones a aquellas consideradas justas; y, 2) los criterios individualizadores de las indemnizaciones, que vinculan a la autoridad jurisdiccional competente que los aplica a determinarlas de forma justa y proporcional.

• Es cierto que en la jurisprudencia 1a./J. 31/2017 (10a.), de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL A UNA REPARACIÓN INTEGRAL O JUSTA INDEMNIZACIÓN. SU CONCEPTO Y ALCANCE.", se sentó criterio en el sentido de que una indemnización no es justa cuando se limita con topes o tarifas y, en lugar de ser la autoridad jurisdiccional la que la cuantifique con base en criterios de razonabilidad, es el Poder Legislativo quien arbitrariamente fija montos indemnizatorios al margen del caso y su realidad. Sin embargo, no debe hacerse una lectura parcial de la norma impugnada.

• El artículo 160, último párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (el que es acorde con la Constitución Política del País) también dispone que la responsabilidad del Estado por los daños que,(7) con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa; así como que los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.

• A su vez, la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Quintana Roo señala que la reparación del daño será integral y que, en el caso del daño moral, la autoridad competente calculará su monto de acuerdo con los criterios establecidos en el Código Civil para el Estado de Quintana Roo o, en su caso, en el Código Civil Federal.

• Los argumentos propuestos por la accionante para demostrar la inconstitucionalidad de la norma impugnada son jurídicamente ineficaces, pues para interpretar el alcance de una disposición legal debe realizarse un análisis literal, sistemático, causal, teológico e integrado y, sólo cuando esto resulte insuficiente, se debe acudir a una interpretación histórica tradicional.

14. NOVENO.—Pedimento y manifestaciones. La Fiscalía General de la República no formuló pedimento, ni la Consejería Jurídica del Gobierno Federal hizo valer manifestación alguna.

15. DÉCIMO.—Alegatos. El veintiocho de enero de dos mil veintiuno se recibió el escrito de alegatos presentado por la Comisión accionante.

16. DÉCIMO PRIMERO.—Cierre de instrucción. En acuerdo de quince de abril de dos mil veintiuno, la Ministra instructora cerró la instrucción del asunto a efecto de elaborar del proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

17. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver esta acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política del País; 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013.(8)

18. Lo anterior, puesto que la Comisión accionante solicitó la invalidez del artículo 14, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Quintana Roo, que establece un límite cuantitativo a la indemnización por daño moral que los entes públicos estatales o municipales en dicha entidad estén obligados a cubrir derivado de su actuación administrativa irregular, por considerar que vulnera diversos derechos humanos consagrados en la Constitución Política del País y en la Convención Americana, de la que el Estado Mexicano es Parte.

19. SEGUNDO.—Oportunidad. De conformidad con el primer párrafo del artículo 60 de la ley reglamentaria, el plazo de treinta días naturales para ejercitar la acción de inconstitucionalidad se debe computar a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la norma general impugnada.(9)

20. En atención a las circunstancias extraordinarias por la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), el Pleno declaró inhábiles para esta Suprema Corte de Justicia de la Nación los días comprendidos entre el dieciocho de marzo y el quince de julio de dos mil veinte. Posteriormente, canceló el periodo de receso y prorrogó la suspensión de plazos al periodo comprendido entre el dieciséis de julio y el dos de agosto de dos mil veinte. Lo anterior, con fundamento en los Acuerdos Generales 3/2020, 6/2020, 7/2020, 10/2020, 12/2020 y 13/2020.

21. En el caso, el Decreto por el que se expidió la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Quintana Roo fue publicado en el Periódico Oficial de la entidad el veintiuno de febrero de dos mil veinte, por lo que el plazo de treinta días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad transcurrió del veintidós de febrero al siete de agosto de dos mil veinte, sin contar en el cómputo el periodo comprendido del dieciocho de marzo al dos de agosto de dos mil veinte, por la suspensión de plazos antes mencionada.

22. Consecuentemente, dado que la Comisión accionante presentó su escrito de demanda el tres de agosto de dos mil veinte, se satisface el presupuesto procesal de oportunidad.

23. TERCERO.—Legitimación. De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política del País, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo legitimado para impugnar leyes de las entidades federativas cuando considera que vulneran los derechos humanos consagrados en la Constitución Política del País y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte.

24. Conforme a lo previsto en el primer párrafo del artículo 11 de la ley reglamentaria, en relación con el 59 del mismo ordenamiento legal,(10) la accionante debe comparecer por conducto de la persona servidora pública que esté facultada para representarla.

25. En representación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos compareció su presidenta, María del Rosario Piedra Ibarra, quien acreditó su personalidad con la copia certificada del escrito de doce de noviembre de dos mil diecinueve, signado por la presidenta y el secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por medio del que se le dio a conocer su designación como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por parte del Pleno del mencionado órgano legislativo.

26. La mencionada servidora pública cuenta con facultades para representar al mencionado órgano constitucional autónomo, con fundamento en la fracción I del artículo 15 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Además, cuenta con atribuciones para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter estatal que considere vulneran los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política del País y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, con fundamento en la fracción XI del mismo precepto legal.(11)

27. Asimismo, se observa que la promovente planteó que la norma impugnada de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Quintana Roo viola los derechos a la reparación integral y justa indemnización, así como el de acceso a la justicia, contenidos en los artículos 1o., 17, y 109, último párrafo, de la Constitución Política del País y 1, 2, 25 y 63.1 de la Convención Americana.(12)

28. En esos términos, este Tribunal Pleno concluye que la acción de inconstitucionalidad fue promovida por parte legitimada.

29. CUARTO.—Causas de improcedencia y sobreseimiento. Los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Quintana Roo no plantearon causas de improcedencia de esta acción de inconstitucionalidad.

30. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tampoco advierte la existencia de alguna causa de improcedencia que se actualice de oficio, por lo que se procede al estudio de fondo de los planteamientos hechos valer por la Comisión accionante.

31. QUINTO.—Estudio de fondo. Como se indicó en el apartado de resultandos, la Comisión accionante impugnó el límite cuantitativo a la indemnización por daño moral que los entes públicos estatales o municipales en Quintana Roo estén obligados a cubrir derivado de su actuación administrativa irregular, previsto en el párrafo segundo de la fracción II del artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Quintana Roo.

32. A juicio de la accionante, tal limitante vulnera injustificadamente el derecho fundamental de acceso a la justicia, en relación con los derechos a la reparación integral y a la justa indemnización; a la vez que crea incentivos contrarios al mantenimiento de la adecuada calidad de los servicios públicos.

33. Ello, ya que la medida implica que en algunos casos las personas tengan que soportar los daños que el Estado les ocasiona por su actividad administrativa irregular e impide que sean las autoridades jurisdiccionales quienes cuantifiquen justa y equitativamente el monto de las indemnizaciones con base en criterios de razonabilidad y conforme a las particularidades de cada caso.

34. Este Tribunal Pleno considera que el planteamiento de la accionante es fundado y, en consecuencia, que debe declararse la invalidez de la norma impugnada.

35. Lo anterior, ya que la limitante impugnada no permite responder a la dimensión real del daño moral causado por los entes estatales y municipales en el Estado de Quintana Roo, ni a las particularidades de cada caso. Además, porque en la propia ley existen otras reglas cuya finalidad es e

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31562-4beccd9f/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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