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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE CONCEDERLA RESPECTO DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 185 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, QUE PREVÉ LA ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DEL SALDO INSOLUTO DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS OTORGADOS POR EL FONDO DE LA VIVIENDA DE ESE INSTITUTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 86/2023. · Registro digital (IUS): 31683
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2023-08-18
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO EN MATERIA DE TRABAJO Y TERCERO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA, TODOS DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Agosto de 2023, Tomo IV, Pág.3744.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 86/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO EN MATERIA DE TRABAJO Y TERCERO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA, TODOS DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO. 28 DE JUNIO DE 2023. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA ROSA MARÍA GALVÁN ZÁRATE Y DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ LUIS CABALLERO RODRÍGUEZ Y EMILIO GONZÁLEZ SANTANDER. PONENTE: EMILIO GONZÁLEZ SANTANDER. SECRETARIA: ESPERANZA CRECENTE NOVO.

II. COMPETENCIA

9. Este Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los diversos 6, fracción II, 8, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1, fracción II, inciso 4, y 2 del Acuerdo General 108/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, en virtud de que los tribunales contendientes corresponden a la materia y jurisdicción de este Pleno Regional.

III. LEGITIMACIÓN

10. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada electrónicamente por ********** ********** ********** **********, autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, en los recursos de revisión 25/2020 (Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito) y 122/2019 (Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito) así como en el recurso de queja 74/2021 (Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito) en términos de lo establecido por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS

11. El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, informó que abandonó el criterio que sostuvo en el recurso de revisión 25/2020, en el que primigeniamente, al resolver sobre la suspensión del acto que reclamó en la vía de amparo indirecto, en lo que a este asunto interesa, se determinó lo siguiente:

"... CUARTO.—ESTUDIO DE AGRAVIOS. Los motivos de agravio se analizan en un diverso orden al que fueron planteados, como enseguida se verá:

"En primer lugar, debe decirse que en la resolución interlocutoria el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con base en la lectura integral de la demanda de amparo, precisó los actos reclamados por la quejosa de la manera siguiente:

"I. Del Presidente de la República, del Congreso de la Unión, integrado por sus dos Cámaras de Diputados y Senadores, del Secretario de Gobernación y del Director del Diario Oficial de la Federación:

"a) La emisión, promulgación, aprobación, expedición y publicación de los artículos 163 y 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

"II. Del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Junta Directiva, Comisión Ejecutiva y Subdirección de Crédito, todas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE):

"a) La aplicación de los artículos 163 y 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a través de la revisión y actualización periódica de las unidades de medida y actualización (UMA) al saldo total del monto del mutuo que se plasmó en la escritura pública **********

"b) El descuento quincenal en nómina realizado el treinta de octubre de dos mil dieciocho, así como los subsecuentes que ordenó el instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para recuperar el crédito que le fue otorgado y el entero de dicho recurso conforme a lo establecido en los artículos 163 y 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

"En ese sentido, el Secretario del Juzgado Federal, primeramente en términos de lo dispuesto en los artículos 128 y 144 de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como Director y Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado consistentes en la aplicación de los artículos 163 y 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a través de la revisión y actualización periódica de las unidades de medida y actualización (UMA) al saldo total del monto del mutuo que se plasmó en la escritura pública ********** y el descuento quincenal en nómina realizado el treinta de octubre de dos mil dieciocho, así como los subsecuentes que ordenó el instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para recuperar el crédito que le fue otorgado y el entero de dicho recurso conforme a lo establecido en los referidos artículos de la ley de seguridad social, negó la suspensión definitiva solicitada por la quejosa, porque las referidas autoridades negaron la existencia de tales actos, sin que de autos exista medio probatorio alguno ofrecido por la quejosa para desvirtuar la negativa externada por las autoridades, por lo que consideró que no existía materia para decretarla.

"En ese orden, el Secretario del juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 128, de la Ley de Amparo, respecto de los efectos y consecuencias de los actos reclamados precisados en el punto I, inciso a) negó la suspensión definitiva solicitada por la quejosa, al considerar que dichos actos se consumaron en el mismo momento de su emisión, promulgación, aprobación, expedición y publicación de los artículos 163 y 185, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y, por ello, no era procedente conceder la suspensión en los términos solicitados, ya que la medida cautelar no puede nulificar los actos antes mencionados, puesto que es propio de la sentencia definitiva que, en su caso, se dictará en el juicio principal.

"En relación con el acto reclamado consistente en el descuento quincenal en nómina realizado el treinta de octubre de dos mil dieciocho, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 128 y 138, fracción I, de la Ley de Amparo, negó la suspensión definitiva solicitada por la quejosa, por considerar que dicho descuento ya se había realizado y, por ende, reviste el carácter de acto consumado, contra el cual resultaba improcedente conceder la providencia cautelar solicitada.

"Por cuanto a la aplicación de los artículos 163 y 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado traducidos en los descuentos quincenales en nómina subsecuentes, negó la suspensión definitiva solicitada, ya que en términos de lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley de Amparo, no era el caso de realizar un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho, para negar la suspensión, puesto que se estaría aplicando una consecuencia no prevista en la ley, aunado a que dicho análisis corresponde realizarlo al resolver el fondo del asunto.

"Bajo esas premisas consideró que la medida suspensional solicitada no podía tener efectos restitutorios ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley de Amparo, cuando se cumple con los requisitos de procedencia de la suspensión y de una ponderación de la apariencia del buen derecho contra el interés social, es posible que la suspensión tenga efectos restitutorios, lo que no ocurre en el caso, pues como se destacó con antelación, su concesión implicaría transgredir disposiciones de orden público e interés social, por lo que consideró que no se cumplía con el requisito establecido en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo.

"Además, precisó que de concederse la suspensión, conllevaría que el Fondo para la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) no proporcionara sus servicios, consistentes en establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener un crédito para la adquisición de alguna propiedad, así como la construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de ésta.

"En ese contexto concluyó que resultaba improcedente la medida cautelar solicitada dado que se afecta el orden público que es de interés para la sociedad, en términos del artículo 167, párrafo segundo de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que establece que el Fondo de la Vivienda tiene por objeto establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente, mediante préstamos con garantía hipotecaria en los casos que expresamente determine la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda; ya que esos préstamos se harán hasta por dos ocasiones, una vez que el primer crédito se encuentre totalmente liquidado.

"Cita en apoyo a sus consideraciones la tesis de rubro: ‘INFONAVIT. ES IMPROCEDENTE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA LOS DESCUENTOS DE SALARIOS A LA CLASE OBRERA, EN RELACIÓN CON LOS CRÉDITOS PARA ADQUIRIR VIVIENDA.’

"En contra de la negativa de la suspensión definitiva solicitada, la recurrente en sus motivos de agravio, en esencia, señala:

"a) Que le causa perjuicio que el secretario del juzgado de Distrito le haya negado la suspensión definitiva, toda vez que los actos reclamados le restringen el catálogo de valores, principios, interpretaciones, acciones y procesos dirigidos a forjar un desarrollo humano integral y una vida digna, así como a generar las condiciones materiales que permitan contar con una vivienda digna a través de un crédito barato, cuya protección debe promover y garantizar el Estado en el ejercicio de sus funciones legislativa, ejecutiva y judicial, por tratarse de un asunto de orden público e interés social.

"b) Que los actos reclamados y sus consecuencias jurídicas constituyen efectos de difícil reparación que le causarán a la quejosa con la ejecución de tales actos, pues los mismos tienen la naturaleza de ser negativos pero con efectos positivos.

"c) Que desde una perspectiva anticipada y provisional de los derechos constitucionales e internacionales procede la mencionada medida cautelar; además de que existe la obligación de aplicar el principio pro persona en su favor.

"d) En la resolución impugnada no se atiende la apariencia del buen derecho y el interés social, por lo que es procedente la suspensión definitiva en términos del artículo 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo (sic), a fin de que se obligue a las responsables a que realicen los descuentos respectivos sin la actualización de las UDIS.

"e) Que el Juez de distrito no ponderó correctamente el interés suspensional, al formar los cuadernos del incidente de suspensión con todas las pruebas ofrecidas en el juicio principal; y, que el A quo no valoró correctamente las probanzas, ya que al aperturarse el incidente de suspensión, no se acató lo dispuesto en la jurisprudencia P./J. 71/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, con el número de registro: 163758, consultable a página 7, Tomo XXXII, septiembre de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ‘PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97).’

"f) Que le causa perjuicio la resolución recurrida, en virtud de que el Juez invocó tesis de anteriores épocas sin que resulten aplicables las cuales se sustentan en la teoría clásica de que la suspensión no puede tener efectos reparadores o positivos.

"g) Que a la luz de los nuevos paradigmas de la Ley de amparo vigente, y tomando como base el artículo 1 constitucional y los ordinales 1, 6 y 8 del Pacto de San José, los cuales refieren el derecho humano a tener un recurso efectivo, debe dejarse atrás la teoría clásica de que todos los actos son consumados y que no puede adelantar efectos en la medida cautelar por ser el fondo del asunto principal (hace una reseña de la opinión de diversos autores).

"h) Que la resolución recurrida, no cumple con los principios de congruencia y exhaustividad por no atender todos los tópicos que se expusieron en la demanda al solicitar la medida cautelar, ya que el principio de congruencia en las resoluciones jurisdiccionales, ha sido definido por la Primera Sala del más alto tribunal del país al resolver la contradicción de tesis 71/2014, que dio lugar a la emisión de la jurisprudencia de rubro: ‘LITIS EN EL JUICIO NATURAL. PARA SU FIJACIÓN DEBE ATENDERSE A LAS ACCIONES COMPRENDIDAS EN LA DEMANDA Y LA CONTESTACIÓN Y NO A LAS ASENTADAS EN EL AUTO ADMISORIO DE AQUÉLLA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y TLAXCALA).’

"i) Que le causa agravio la circunstancia de que al emitirse el acto reclamado no se observó lo dispuesto en el artículo 148, en relación con la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, pues con la concesión de la suspensión definitiva no se produce mayor perjuicio a la sociedad que la afectación que pudiera resentirse de seguirse ejecutando el acto reclamado dado el menoscabo económico ocasionado al pagar la actualización del saldo crediticio. Cita en apoyo a su argumento en la tesis I.1o.A.3 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: ‘SUSPENSIÓN. ES PROCEDENTE OTORGARLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS PROVISIONALES EN RELACIÓN CON CIERTOS ACTOS DE ABSTENCIÓN EN LOS CASOS EN QUE SEA POSIBLE JURÍDICA Y MATERIALMENTE, CONFORME AL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 147 DE LA LEY DE AMPARO.’

"En principio, por cuestión de método, se analizan los planteamientos contenidos en el inciso e), en los que la inconforme sostiene que el Juez de distrito no ponderó correctamente el interés suspensional, al formar los cuadernos del incidente de suspensión con todas las pruebas ofrecidas en el juicio principal; y, que el A quo no valoró correctamente las probanzas, ya que al aperturarse el incidente de suspensión, no se acató lo dispuesto en la jurisprudencia P./J. 71/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, con el número de registro 163758, consultable a página 7, Tomo XXXII, septiembre de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ‘PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97).’

"Los resumidos planteamientos devienen inoperantes, ya que dichos temas ya fueron motivo de estudio al resolverse el recurso de queja ********** del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, interpuesto por la hoy inconforme en donde dichos alegatos fueron abordados por ese órgano jurisdiccional al resolver lo relativo a la suspensión provisional; tal y como se desprende de la reproducción siguiente:

"‘... En el primer agravio la recurrente expone que el Juez incorrectamente consideró que no se demostraba el interés suspensional, debido a que en el incidente de suspensión no obraban agregadas todas las pruebas ofrecidas en el juicio principal.

"‘Expone que al iniciar la acción de amparo se acreditó plenamente el interés suspensional, mismo que no se puede exigir con el mismo rigor que el interés jurídico en el juicio principal.

"‘Apoya su argumento en el criterio IV.2o.A.71 K (10a.), sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, con número de registro: 2006902, visible a página 1105, Libro 8, julio de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: «APARIENCIA DEL BUEN DERECHO. COMO ELEMENTO INDISPENSABLE DE PONDERACIÓN PARA LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO NO ASEGURA, POR SÍ MISMO, SU OTORGAMIENTO, NI DEBE TENERSE POR ACREDITADO SÓLO CON BASE EN LO EXPUESTO POR EL QUEJOSO EN SU DEMANDA.»

"‘Refiere que el Juez de Distrito no valoró correctamente las probanzas, ya que al aperturarse el incidente de suspensión, no se acató lo dispuesto en la jurisprudencia P./J. 71/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, con el número de registro: 163758, consultable a página 7, Tomo XXXII, septiembre de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: «PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97).»

"‘En una parte del segundo agravio sostiene que el Juez incorrectamente consideró para negar la medida suspensional, que el análisis de la ejecución de la ley impugnada es propio del fondo del juicio de amparo y, por tanto, se trata de un acto futuro e incierto.

"‘Son inoperantes los argumentos.

"‘Se afirma lo anterior ya que parten de dos premisas equivocadas, la primera, que el Juez tuvo por no acreditado el interés suspensional y, la segunda, que negó la suspensión al considerar que el análisis de la ejecución de la ley impugnada es propio del fondo del asunto.

"‘En efecto, de la lectura de la resolución recurrida, se advierte que el Juez, en relación con el interés suspensional, consideró, en lo que interesa, lo siguiente:

"‘...

"‘Interés suspensional

"‘En ese sentido, de conformidad con los artículos 128, fracción II, y 131 de la Ley de Amparo, así como en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para conceder la suspensión en el amparo el estudio que debe realizarse, en atención a la naturaleza de la violación alegada, no se limita a considerar la aparente inconstitucionalidad o constitucionalidad del acto de autoridad controvertido, sino que conlleva, inclusive, valorar si dicho acto que constituye en sí la violación alegada se proyecta sobre un derecho del peticionario de amparo, es decir, si con la solicitud de la suspensión se pretende preservar una prerrogativa de este último, o más bien, incorporar o constituir, a través de esa medida cautelar, un derecho cuyo ejercicio legalmente no se encontraba conferido al quejosa.

"‘Así, dado lo dispuesto en el texto constitucional, sólo en caso de que exista la titularidad de un derecho a favor de la quejosa, debidamente acreditado en autos, se entiende que hay interés legítimo para obtener la medida ya que éstos merecen ser protegidos, pues a través de la suspensión, no es posible crear un derecho del que no gozaba la quejosa antes de la promoción del amparo dado que tal figura no es constitutiva de derechos, de donde deriva que en este último supuesto debe negarse el otorgamiento de la suspensión con apoyo en los artículos 107, fracción X, Constitucional, 128, 129 y 131, párrafo segundo, de la Ley de Amparo.

"‘Además, a fin de acreditar su interés suspensional exhibió diversas constancias en copias simples, las cuales son las siguientes:

"‘1. Copia simple del instrumento notarial 313,416 de fecha once de septiembre de dos mil dieciocho; "‘2. Copia de recibo de nómina; y

"‘3. Dos copias de nombramiento de Oficial Administrativo de fechas seis de noviembre de dos mil quince y catorce de marzo de dos mil dieciséis.

"‘Documentos que concatenados entre sí crean convicción en quien esto resuelve, del interés que le asiste a la quejosa para acudir a juicio, a controvertir las normas reclamadas, y, por ende, demuestra el interés legítimo que le asiste para solicitar la medida cautelar.

"‘ ...

"‘De lo transcrito se colige que, contrario a lo sostenido por la recurrente, el Juez sí tuvo por acreditado el interés que le asiste a la quejosa para solicitar la medida cautelar.

"‘Además, respecto a la negativa de la suspensión en relación con los efectos y consecuencias de las normas combatidas, se advierte que se negó la medida cautelar al considerar que se trataba de actos que involucraban una afectación a cuestiones de orden público e interés social, por las razones ahí expuestas, no así porque que eran cuestiones que involucraban el fondo del asunto como lo sostiene la recurrente.

"‘Por lo anterior, los agravios que se atienden se tornan inoperantes al sustentarse en premisas falsas, de conformidad con la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes:

"‘«AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS.»’(Se tiene por transcrita)

"En ese sentido, los aspectos que destaca la hoy recurrente en sus motivos de agravio, ya no pueden ser objeto de estudio nuevamente, ya que si la materia de impugnación en el recurso de revisión lo es la resolución interlocutoria de cuatro de enero de dos mil diecinueve, que negó la suspensión definitiva y los referidos argumentos recaen sustancialmente en el mismo aspecto jurídico que fue materia de pronunciamiento en la ejecutoria dictada por el citado órgano jurisdiccional al conocer previamente de la queja hecha valer contra el auto de seis de diciembre de dos mil dieciocho, que acordó lo relativo a la negativa de la suspensión provisional, es inconcuso que los agravios expuestos deben calificarse como inoperantes, dado que lo alegado ya fue resuelto en el recurso de queja.

"Apoya a lo anterior, en lo conducente el criterio del tenor siguiente:

"‘AGRAVIOS INOPERANTES. DEBEN CALIFICARSE ASÍ CUANDO LO ALEGADO EN EL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE NEGÓ LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, FUE MATERIA DE PRONUNCIAMIENTO POR EL TRIBUNAL COLEGIADO AL CONOCER DE LA QUEJA HECHA VALER CONTRA EL AUTO QUE ACORDÓ EN TAL SENTIDO LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL.’(Se tiene por transcrita)

"Por otro lado, respecto a los argumentos que se contienen en los incisos a), b), c), d) e i), relativos a que le causa perjuicio a la recurrente que en la resolución impugnada se le haya negado la suspensión definitiva, ya que con ello se le restringen un catálogo de valores, principios, interpretaciones, acciones y procesos dirigidos a forjar un desarrollo humano integral y una vida digna, así como a generar las condiciones materiales que permitan contar con una vivienda digna a través de un crédito barato, cuya protección debe promover y garantizar el Estado en el ejercicio de sus funciones legislativa, ejecutiva y judicial, por tratarse de un asunto de orden público e interés social; que los actos reclamados y sus consecuencias jurídicas constituyen efectos de difícil reparación que le causaran a la quejosa con la ejecución de tales actos, pues los mismos tienen la naturaleza de ser negativos pero con efectos positivos; que en la resolución impugnada no se atiende la apariencia del buen derecho y el interés social, por lo que es procedente la suspensión definitiva en términos del artículo 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se obligue a las responsables a que realicen los descuentos respectivos sin la actualización de las UDIS; y, que le causa agravio la circunstancia de que el juez de distrito al emitir el acto reclamado no observó lo dispuesto en el artículo 148, en relación con la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, pues con la concesión de la suspensión definitiva no se produce mayor perjuicio a la sociedad que la afectación que pudiera resentirse de seguirse ejecutando el acto reclamado dado el menoscabo económico ocasionado al pagar la actualización del saldo crediticio.

"Son infundados en parte y en otra, fundados los resumidos agravios como a continuación se explica.

"Para justificar lo anterior, en principio debe tenerse en cuenta que los artículos 107, fracción X, constitucional, 128 y 138 de la Ley de Amparo disponen:

"(se transcriben)

"De los preceptos transcritos, en lo que interesa, se advierte que para tomar la decisión de conceder o negar la suspensión deben analizarse los siguientes aspectos:

"- Requisitos Naturales:

"a) Si son ciertos o no los actos reclamados.

"b) Si la naturaleza de esos actos permite su paralización.

"c) Si se satisfacen las condiciones que se prevén en el artículo 128 de la Ley de Amparo (requisitos legales), esto es:

"1. Que lo solicite el agraviado.

"2. Que con la concesión de la medida cautelar no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y

"3. Que cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizarse un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.

"Cabe destacar en este punto que los conceptos de orden público e interés social a que se refiere el artículo 128 de la ley de la materia han sido interpretados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que consideró que son nociones íntimamente vinculadas en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle alguna desventaja o trastorno.

"En otras palabras, las disposiciones de orden público comprenden las normas previstas en los ordenamientos legales que tienen como fin inmediato y directo tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social, debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o beneficio, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno público.

"También se ha precisado que el orden público y el interés social se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría.

"Lo anterior se desprende de los criterios emitidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros y textos siguientes:

"‘INTERÉS SOCIAL Y DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. SU APRECIACIÓN.’ (Se tiene por transcrita)

"‘SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA.’ (Se tiene por transcrita)

"Respecto de la obligación del juzgador de ponderar la apariencia del buen derecho frente al interés social, como se hizo mención en párrafos que anteceden, supone la necesidad de realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho esgrimido, respecto del cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, para ello, el juzgador debe ponderar simultáneamente que con la concesión de la suspensión no se lesionen el interés social y el orden público, en el entendido de que si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el peticionario, deberá negar la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público y el interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado.

"Es decir, si el juzgador pudiera anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado debe ponderar esa situación y determinar si se vulnera el interés social y las disposiciones de orden público, o bien, en atención al resultado anticipado el perjuicio que pudiera concretarse en la esfera jurídica del quejoso sería de mayor afectación que al de la sociedad.

"Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 204/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de 2009, Novena Época, página 315, que señala:

"‘SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO.’ (Se tiene por transcrita)

"Ahora bien, antes de revisar el estudio que efectuó el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, en relación con los requisitos de procedencia de la suspensión que se prevén en el artículo 128 de la ley de la materia, es importante recordar que los actos reclamados en el amparo que promovió la quejosa se hicieron consistir en:

"I. Del Presidente de la República, del Congreso de la Unión, integrado por sus dos Cámaras de Diputados y Senadores, del Secretario de Gobernación y del Director del Diario Oficial de la Federación:

"a) La emisión, promulgación, aprobación, expedición y publicación de los artículos 163 y 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

"II. Del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Junta Directiva, Comisión Ejecutiva y Subdirección de Crédito, todas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE):

"a) La aplicación de los artículos 163 y 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a través de la revisión y actualización periódica de las unidades de medida y actualización (UMA) al saldo total del mont

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31683-ca0f6bfa/suspension-provisional-en-el-juicio-de-amparo-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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