Corpus
Modo: Corpus Pro

TITULOS DE CREDITO. SU RESTITUCION ES CONDICION DEL EJERCICIO DE LA ACCION EN QUE SE RECLAME EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION QUE SE GARANTIZA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 306/95. · Registro digital (IUS): 3179
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Agosto de 1995, , Pág. 431.

AMPARO DIRECTO 306/95. BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CONSIDERANDO:

QUINTO. El primer concepto de violación hecho valer es fundado.

En efecto, de la lectura del acto reclamado se advierte que la Primera Sala Mixta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado estimó procedente el agravio del apelante que hizo consistir en la inaplicabilidad del artículo 523 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, que el juez de primera instancia citó en la resolución apelada para fundamentar la improcedencia de la acción hipotecaria.

La afirmación de la quejosa resulta acertada, respecto a que la cita del precepto legal que se indica en el párrafo inmediato anterior, atañe exclusivamente a un error en la sentencia del a quo, dado que los razonamientos que expuso para dar respuesta a las excepciones de la parte demandada en el juicio natural, están dirigidas a establecer los requisitos de procedencia del juicio hipotecario y que entre ellas no se contempla la exhibición, por parte del actor, de pagarés o de cualquier otro título de crédito. De donde se infiere que se trata en la especie de una equivocación al citarse el artículo 523 en lugar del 528 del código procesal invocado.

Es aplicable la Tesis de Jurisprudencia 1777 publicada en la página 2852 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte, con el rubro y texto que dicen: "SENTENCIAS, CITA ERRONEA DE PRECEPTOS LEGALES EN LAS. El error en la cita de los preceptos legales en que incurre la autoridad responsable no amerita la concesión del amparo si, de los términos literales de la sentencia reclamada, aparece que se trata de una verdadera equivocación consistente en que indebidamente se invocan en dicha sentencia determinados artículos, debiendo entenderse que se trata de otros."

El segundo concepto de violación es también fundado.

Alega el promovente del amparo que la sentencia impugnada violó sus garantías de legalidad y seguridad jurídica por falta de aplicación del artículo 168 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, debido a que la responsable decidió que resulta procedente la excepción de la demandada de falta de requisitos necesarios para la procedencia de la acción, puesto que si Banamex, Sociedad Anónima, ejerció la acción derivada de la relación que dio origen a la emisión de los pagarés era su obligación restituir esos documentos. Afirma también la institución inconforme que no ejerció la acción derivada del contrato de habilitación o avío, prevista en los artículos 66, 68 y 72 de la Ley de Instituciones de Crédito, en la vía ejecutiva mercantil u ordinaria mercantil. Que optó por el ejercicio de la acción hipotecaria, derecho real que se deduce del contrato de hipoteca, a diferencia del ejercicio del derecho personal, acción prevista en la Ley de Instituciones de Crédito invocada. Que por ello, añade, no estaba obligada a satisfacer más requisitos que los establecidos en el artículo 528 del código adjetivo civil para el Estado, y no contempla, como lo dijo el juez instructor, la obligación de restituir los pagarés suscritos con motivo de la celebración del contrato de habilitación o avío, otorgado en términos de los artículos 66 y 325 de la Ley de Instituciones de Crédito y Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, respectivamente. En seguida manifiesta la amparista que en el supuesto previsto en el artículo 168 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, los títulos de crédito, aunque derivados de la relación causal que les dio origen, se reputan autónomos en virtud de que garantizan el crédito concertado; es decir, la acción que de la causa subyacente emerge, subsiste a pesar de la emisión de títulos, de ahí que la acción causal es independiente de los títulos y si éstos se presentan inútilmente para su pago, el acreedor podrá intentar la acción causal, siempre que se haga devolución de los documentos, pues el deudor estará expuesto a un doble pago. En el caso, manifiesta la quejosa, no es aplicable el precepto legal mencionado en último término, porque los títulos de crédito que se suscriben en la celebración de un contrato de habilitación o avío o refaccionario, se consideran indisolublemente ligados a la relación causal que les dio origen, de manera que la acreedora no puede ejercer la acción ejecutiva en procuración de su pago, puesto que fueron emitidos para comprobar una disposición de crédito y no para garantizarla.

Asiste la razón al titular de la acción constitucional en su exposición de las características que distinguen a los títulos de crédito referidos en los artículos 168 y 329 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Al respecto, es pertinente señalar que si bien la Sala Regional del Supremo Tribunal de Justicia del Estado hizo alusión a que la institución bancaria venía ejerciendo "la acción derivada de la relación que dio origen a la emisión de documentos era su obligación restituir los pagarés de mérito", ello obedeció a la descripción que hizo en el inciso c) del considerando tercero de la sentencia combatida, de los argumentos de la parte demandada en el juicio civil al interponer sus defensas y excepciones (foja 41 v. último párrafo y primero de la foja 42 del toca de apelación). Empero, en su análisis de tales excepciones, la propia Sala deja constancia de que la actora ejerció la acción hipotecaria, no así la "derivada de la celebración del contrato de habilitación o avío" a que se refiere la amparista (foja 42) y reitera su apreciación en la última parte de la foja 43 del expediente de segunda instancia.

Ahora bien, es oportuno apuntar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 528 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, para que proceda el juicio hipotecario deben reunirse los siguientes requisitos: I. Que el crédito conste en escritura pública; II. Que sea de plazo cumplido, o que deba anticiparse conforme al contrato de hipoteca, o a la ley; y III. Que la escritura pública en que conste sea primer testimonio y esté debidamente registrada. Cuando el litigio sea entre los que contrataron la hipoteca, procederá el juicio hipotecario sin necesidad del requisito del registro, siendo condición indispensable para inscribir la cédula, que esté registrado el bien a nombre del demandado, y que no haya inscripción, embargo o gravamen en favor de tercero.

De la transcripción que antecede, se advierte que para el ejercicio de la acción hipotecaria sólo se requiere que el crédito conste en escritura pública y no exige, como la propia quejosa lo sostiene, la restitución de los títulos de crédito que se hubiesen suscrito en atención al contrato de habilitación o avío.

No obstante lo anterior, aun cuando de acuerdo con el artículo 325 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la emisión de los pagarés que representen la disposición del crédito es potestativa, y como bien lo apuntó la quejosa, son distintos a los pagarés ordinarios, porque están vinculados con el contrato del que derivan, esto, en manera alguna significa que no puedan circular, ya que el precepto legal antes citado, expresamente establece esa posibilidad, por lo que al haberse emitido éstos deben exhibirse con la demanda en que se pretende el cobro de las cantidades con ellos garantizadas, pues el hecho de que tales pagarés se hayan suscrito para disposición del crédito otorgado, en forma alguna significa que no impliquen una garantía, ya que en atención a su naturaleza, esos títulos traen aparejada ejecución y ante la posibilidad de que circulen, éstos deben exhibirse con la demanda, aunque no lo establece así la ley en forma expresa, puesto que esa exigencia deriva de la obligatoriedad de la Tesis de Jurisprudencia número 1961, publicada en la página 3174 y siguientes del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación.

Similar criterio fue sustentado por este Tribunal Colegiado en la Tesis 9/95 que dice: " La circunstancia de que en el juicio natural el título ejecutivo esté constituido por el contrato de crédito y el certificado del estado de cuenta del contador, al haberse emitido pagarés aptos para circular, éstos deben exhibirse con la demanda en que se pretenda el cobro de las cantidades con ellos garantizados, pues el hecho de que tales pagarés hayan sido emitidos para disposición del crédito otorgado, no significa que no impliquen una garantía, ya que en atención a su naturaleza, esos títulos de crédito traen aparejada ejecución, y ante la posibilidad de que circulen, éstos deben exhibirse con la demanda, aunque no lo establezca así la ley en forma expresa, pues esa exigencia deriva de la obligatoriedad de la Tesis Jurisprudencial, número mil novecientos sesenta y uno, publicada en la página tres mil ciento setenta y cuatro y siguientes del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación."

De las consideraciones expuestas, se arriba a la conclusión de que es fundado en parte el concepto de violación que se analiza, pero inoperante, debido a que los referidos documentos sí se exhibieron en el juicio hipotecario.

Argumenta igualmente la peticionaria de amparo, que es inconstitucional la conclusión de que la autoridad responsable, en el sentido de que los pagarés que se suscribieron con motivo de la celebración del contrato de habilitación o avío deberán ser restituidos bajo el supuesto de que la acción hipotecaria, se traduce en la relación causal que les dio origen, pretendiendo encuadrar, forzosamente, la disposición del artículo 168 citado, ajeno a la relación jurídica del caso. Que sostiene lo anterior, porque los pagarés no se emitieron para garantizar el pago del crédito, sino para comprobar y representar la disposición del mismo, porque resulta incongruente la conclusión de que la actora tiene dos acciones, la hipotecaria y la cambiaria derivada de los pagarés y por otra parte, la responsable supone que la autorización para transmitir en descuento o redescuento los pagarés, constituye un endoso cambiario autónomo, de modo que al circular, el deudor puede ser ejecutado aun después de haberse pagado el crédito.

Los argumentos esgrimidos por la quejosa son inoperantes.

Es preciso destacar que independientemente de la naturaleza de los documentos suscritos que, como ya se dijo, ciertamente presentan características distintas, así como las acciones que puedan intentarse como consecuencia de su suscripción, el acuerdo de los contratantes para descontar o redescontar los documentos, ninguna de esas situaciones impide el riesgo del doble cobro, por tratarse de documentos que de entrar en circulación, adquieren plena autonomía de la operación causal que los originó.

Así lo establece la Tesis de Jurisprudencia 1957, consultable en la página 3154 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 en los términos que en seguida se transcriben: "TITULOS DE CREDITO. AUTONOMIA DE LOS MISMOS. Los documentos mercantiles otorgados en relación, con cualquier contrato, adquieren, como títulos de crédito, una existencia autónoma, independiente por completo de la operación de que se han derivado."

El concepto de violación que la institución promovente de este juicio identifica como segundo y que en realidad se vierte en tercer orden, es fundado.

Ciertamente, el hecho de que en los pagarés exhibidos por la actora aparezcan suscritos por Jesús Teodoro Soto Mendívil y no por la sociedad civil que intervino en el contrato, no les resta eficacia, dado que, como lo expresa la quejosa, por formar parte esos documentos del contrato de habilitación o avío con garantía hipotecaria que les dio origen, se considera que la suscripción se hace en los términos del contrato que se contiene en la escritura pública 96 relativa al acuerdo de voluntades a que se hace alusión. Máxime que dicha persona aparece firmando como representante de la ferretera y de la sociedad civil y que en los pagarés se identificaron por el número de cliente y de inscripción en el Registro de la Propiedad a que se refiere el contrato de habilitación que se firmó con la quejosa.

Por otra parte, la diferencia en la fecha de otorgamiento del contrato y la que aparece en el pagaré por $45,000,000.00 (cuarenta y cinco millones de viejos pesos 00/100 moneda nacional), se estima un error intrascendente, puesto que existen en ambos documentos datos suficientes para identificarlos, como son el que en el pagaré de $255,000,000.00 (doscientos cincuenta y cinco millones de viejos pesos 00/100 moneda nacional), sí consta la fecha correcta de otorgamiento del contrato, -el tipo de contrato celebrado-, el número 3203 que corresponde al cliente en ambos pagarés y el número 924, con el que fue inscrito el documento en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, tal como lo afirma la quejosa y se constata de los documentos respectivos.

Del mismo modo, no resulta eficaz el argumento de haberse suscrito dos pagarés en lugar de treinta que se había convenido, para considerar que procedió la excepción de falta de requisitos, toda vez que si la suscripción de los títulos de crédito se hizo con la finalidad de comprobar la disposición del crédito que fue por $300,000,000.00 (trescientos millones de viejos pesos 00/100 moneda nacional), es irrelevante el que sólo se hubieren formulado dos pagarés, si esto fue consentido por los celebrantes, como con acierto lo alega la hoy amparista.

En consecuencia de todo lo anterior, los argumentos que se señalan en último término, referentes a la cancelación o registro de sus cédulas hipotecarias y a la condena de pago de gastos y costas, resultan fundados, habida cuenta que su validez se hace depender de los conceptos de violación declarados fundados, por lo que el Tribunal de apelación deberá resolver esos aspectos conforme al código procesal de la materia.

En esas condiciones, lo procedente es otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar emita otra, en la que de acuerdo con los lineamientos de esta ejecutoria, estime infundado el agravio que analizó y con plenitud de jurisdicción, resuelva la controversia de la que proviene el acto impugnado, a la luz de los restantes agravios que se le plantearon.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

UNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, en contra del acto y autoridad que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria. El amparo se concede para los efectos que se indican en el último considerando de la misma.

Notifíquese; anótese en el Libro de Gobierno, con testimonio de esta resolución vuelvan los autos naturales al lugar de su procedencia y, en su oportunidad archívese este expediente.

Así lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito por unanimidad de votos de los Magistrados: Ricardo Rivas Pérez, Alicia Rodríguez Cruz y Genaro Rivera, bajo la ponencia de la segunda de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3179-e28117d2/titulos-de-credito-su-restitucion-es-condicion-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.