AMPARO DIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE INADMITE UNA DEMANDA LABORAL Y ORDENA REMITIR EL EXPEDIENTE AL CENTRO DE CONCILIACIÓN PARA AGOTAR DICHA FASE. SI EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTE QUE SE ENCUENTRA SUSCRITA POR EL SECRETARIO INSTRUCTOR, QUIEN CARECE DE FACULTADES PARA ELLO, PROCEDE CONCEDER EL AMPARO PARA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEJE INSUBSISTENTE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA Y REPONGA EL PROCEDIMIENTO, A FIN QUE DE CONSIDERAR QUE DEBE INADMITIRSE LA DEMANDA, SEA EL PROPIO JUEZ LABORAL QUIEN EMITA TAL DETERMINACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 90/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO. 5 DE JULIO DE 2023. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA ROSA MARÍA GALVÁN ZÁRATE Y DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ LUIS CABALLERO RODRÍGUEZ Y EMILIO GONZÁLEZ SANTANDER. PONENTE: MAGISTRADA ROSA MARÍA GALVÁN ZÁRATE. SECRETARIA: ZAHRET ADRIANA JIMÉNEZ ARNAUD.
II. COMPETENCIA
7. El Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los diversos 6, fracción II, 8, 9, 14, fracción I y 15 párrafo segundo, del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1, fracción II, incisos 4 y 2 del Acuerdo General 108/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, en virtud de que los tribunales contendientes corresponden a la materia y jurisdicción de este Pleno Regional.
III. LEGITIMACIÓN
8. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por ********** ********** **********, Juez del Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
9. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 147/2023.
10. El asunto tuvo su origen en los antecedentes siguientes:
• Por escrito presentado ante el Buzón Judicial de Partes Común de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en Zapopan, Jalisco, ********** ********** ********** ********** promovió demanda laboral contra ********** **********, ********** ********** ********** ********** **********, en la que reclamó la devolución de las aportaciones realizadas en el concepto denominado "Ahorro voluntario" y sus rendimientos e intereses respectivos acumulados hasta el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós.
• Correspondió conocer de la demanda de referencia, al Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, registrándola con el expediente 23/2023.
• En proveído de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, el secretario instructor del Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, inadmitió la demanda de referencia, por considerar que el promovente no agotó el procedimiento de conciliación, en virtud que lo pretendió demostrar con una constancia de no conciliación, cuya fecha de conflicto es anterior a la data en que inició el trámite directamente ante la administradora de fondos para el retiro demandada; acto seguido, remitió el expediente al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, oficina en Guadalajara, Jalisco.
• Inconforme con el citado proveído, la parte actora promovió demanda de amparo directo de la cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, con el expediente 147/2023, resolviéndose en sesión de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, conceder el amparo a la parte quejosa.
11. Las consideraciones que sustentó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en la ejecutoria correspondiente, consistieron en lo siguiente:
El referido Tribunal Colegiado estableció que no serían analizados los conceptos de violación hechos valer, debido a que en suplencia de la queja deficiente, con fundamento en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, advertía que el secretario instructor carece de facultades para inadmitir la demanda laboral y archivar el asunto, por lo que era ilegal tal resolución, en virtud de que si la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 74/2022 (11a.), de rubro: "SECRETARIO INSTRUCTOR. CARECE DE FACULTADES PARA PRONUNCIARSE SOBRE LA COMPETENCIA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL LABORAL PARA CONOCER DE DETERMINADO JUICIO, YA SEA PARA DECLINARLA, RECHAZARLA O ACEPTARLA.",(1) arribó al convencimiento de que el secretario instructor carece de facultades para pronunciarse sobre la competencia de un órgano jurisdiccional laboral para conocer de un asunto, por mayoría de razón, en el caso de la determinación que pone fin al proceso, el secretario instructor no cuenta con imperio para ello, motivo por el cual, señaló que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 720, segundo párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, son nulas de pleno derecho las actuaciones que debiendo ser presididas íntegramente por el Juez, no se desarrollen en tales términos, a saber:
"SÉPTIMO. No serán analizados los conceptos de violación formulados por el justiciable, porque este Tribunal Colegiado de Circuito advierta, en suplencia de queja, en términos de la fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo, que el secretario instructor carece de facultades para determinar la no admisión de la demanda laboral y ordenar archivar el asunto, lo que hace que tal determinación sea ilegal, por haberse emitido por una autoridad que carece de facultades para ello.
"Como cuestión previa, se trae a colación que al resolver la contradicción de tesis 268/2022, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo las siguientes consideraciones:
"‘... 32. Ahora de conformidad con el artículo 610 de la Ley Federal del Trabajo vigente, durante la tramitación de los juicios y hasta el cierre de su instrucción, el Juez a cargo del Tribunal podrá auxiliarse de un secretario instrucción para dictar los acuerdos relativos a la etapa escrita del procedimiento, hasta antes de la audiencia preliminar.
"‘33. En relación con ello, el numeral 871 [transcrito en el considerando cuarto de esta ejecutoria] de la legislación en comento, estatuye que el tribunal podrá auxiliarse para el dictado de los acuerdos o providencias cautelares de un secretario instructor, el cual podrá dictar los acuerdos siguientes:
"‘a) Admitir o prevenir la demanda y, en su caso, subsanarla conforme a las normas del trabajo y lo establecido en la presente ley;
"‘b) Ordenar la notificación al demandado;
"‘c) Ordenar las visitas, traslados y notificaciones;
"‘d) Admitir y, en su caso, proveer respecto de las pruebas ofrecidas para acreditar las excepciones dilatorias;
"‘e) Dictar las providencias cautelares; y,
"‘f) Las demás que el Juez le ordene.
"‘34.En cuanto a las providencias cautelares, sólo las puede decretar a petición de parte y se encuentren previstas en el numeral 857, mismas que consisten en:
"‘I. Prohibición de salir del territorio nacional o de una población determinada, cuando haya temor de que se ausente u oculte la persona contra quien se entable o se haya entablado una demanda;
"‘II. Embargo precautorio, cuando sea necesario asegurar los bienes de una persona, empresa o establecimiento;
"‘III. Requerir al patrón para que se abstenga de dar de baja de la institución de seguridad social en la que se encuentra afiliada la trabajadora embarazada que haya sido despedida, cuando a juicio del tribunal existan indicios suficientes para presumir que fue separada en razón de su estado; dicha medida se aplicará, siempre y cuando se acompañe a la demanda certificado médico que acredite el embarazo, emitido conforme a los requisitos y formalidades contempladas en la ley; y,
"‘IV: En los casos que se reclame discriminación en el empleo, tales como discriminación por embarazo, u orientación sexual, o por identidad de género, así como en los casos de trabajo infantil, el tribunal tomará las providencias necesarias para evitar que se cancele el goce de derechos fundamentales, tales como la seguridad social, en tanto se resuelve el juicio laboral, o bien, decretará las medidas de aseguramiento para las personas que así lo ameriten. Para tal efecto, los demandantes deben acreditar la existencia de indicios que generen al tribunal la razonable sospecha, apariencia o presunción de los actos de discriminación que hagan valer.
"‘35. Siendo las anteriores las únicas facultades expresas con las que cuanta el secretario instructor, acorde con el invocado precepto 871.
"‘36. Por su parte, el artículo 873-E, del ordenamiento que nos atañe, indica en lo que interesa que la audiencia preliminar tiene por objeto, resolver el recurso de reconsideración contra los actos y omisiones del secretario instructor.
"‘37. Como puede apreciarse, el secretario instructor tiene facultades especificas en la etapa escrita, como lo son: admitir o prevenir la demanda y, en su caso, subsanarla; ordenar la notificación al demandado; ordenar las visitas, traslados y notificaciones; admitir y, en su caso, proveer respecto de las pruebas ofrecidas para acreditar las excepciones dilatorias; dictar las providencias cautelares y las demás que el Juez le ordene.
"‘38. Ante ese panorama, esta Segunda Sala llega al convencimiento de que dicho secretario carece de facultades para pronunciarse sobre la competencia de un órgano jurisdiccional laboral para conocer de un asunto, pues aun cuando puede realizar cualquier otra actuación que le encomiende el Juez durante la etapa escrita, lo cierto es que, dada la naturaleza y efectos jurídicos trascendentes de esa determinación, se equipara a los casos específicos en que debe hacerlo sólo el Juez.
"‘39. En efecto, por regla general, corresponde al Juez el trámite del juicio ordinario, quien puede auxiliarse en la etapa escrita del secretario instructor para la emisión de determinados acuerdos y providencias; no obstante, el titular del órgano es el único facultado para depurar el procedimiento y resolver las excepciones dilatorias planteadas por las partes; los incidentes; establecer los hechos no controvertidos; admitir o desechar las pruebas ofrecidas por las partes, según sea el caso, y decidir la forma en que deberán prepararse; recibir por sí mismo las declaraciones, y presidir todos los actos de prueba bajo su más estricta y personal responsabilidad; citar para audiencia de juicio; resolver el recurso de reconsideración contra los actos u omisiones del secretario instructor; y para emitir la sentencia que ponga fin al procedimiento.
"‘40. Por tanto, el auto que declina una competencia o bien acepta o no, al tratarse de aquellos importantes que definen la autoridad que resolverá el asunto debe emitirse por el Juez y no por el secretario instructor, pues de acuerdo con sus facultades específicas carece de imperio para esos efectos.
"‘41. Lo anterior es así, ya que, de conformidad con el principio de legalidad imperante en nuestro sistema jurídico, las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo que expresamente las faculta la ley, en contraposición a la facultad de los particulares, de hacer todo aquello que no les prohíbe la ley; por ende, al no encontrarse expresamente facultado para emitir esa determinación, es evidente que no puede pronunciarse al respecto.
"‘42. Sin que obste a ello que conforme a lo dispuesto por el inciso f) del artículo 871 de la Ley Federal del Trabajo, el secretario instructor puede dictar los acuerdos que le ordene el Juez; sin embargo, se insiste, dada la naturaleza trascendental de dicha resolución, se considera que esa potestad debe estar expresamente contemplada en la ley, lo cual como se vio no acontece.
"‘43. Es decir, se está ante la presencia de una facultad que al ser genérica, debe entenderse limitada a actos de carácter procesal que tengan por efecto el impulso del procedimiento en aquella fase, considerando que esa naturaleza son los acuerdos o providencias que expresamente la ley le permite dictar a dicho funcionario en apoyo del juzgador (actuaciones de mero trámite), sin comprender a los que guardan relación con la competencia del órgano jurisdiccional para conocer del asunto; lo cual queda de manifiesto además, si se tiene en cuenta que sus actos son revisables a través del recurso de reconsideración que debe ser fallado en la audiencia preliminar.
"‘44. Máxime si se toma en cuenta que de conformidad con los artículos 701 a 703 de la Ley Federal del Trabajo, el tribunal laboral puede declararse incompetente de dos formas: a) de oficio, en cualquier estado procesal hasta antes de la audiencia de juicio, cuando exista en el expediente datos que lo justifiquen o b) por declinatoria, la cual pueden promover las partes hasta la audiencia preliminar, momento en el que el tribunal, después de oír a las partes y recibir pruebas, dictará resolución.
"‘45. De esta manera, para la declaración de incompetencia, el tribunal debe analizar los datos que aparezcan en el expediente, o bien, debe oír y recibir las pruebas de las partes. Ejercicio que no corresponde a las facultades de trámite del secretario instructor, sino a las del titular del órgano.
"‘46. En suma, se insiste, una cuestión tan relevante y trascendente como declarar la incompetencia del tribunal laboral o declinar la competencia del mismo, no podría ser dictada por un secretario instructor a pesar de que el juzgador tiene la facultad de delegársela e, inclusive, le hubiere sido delegada, cuenta habida que ello rompe con el principio de inmediación consagrado en el artículo 685 de la legislación que nos ocupa (que implica la presencia del Juez laboral en cada una de los actos que integran el procedimiento).
"‘47. Maxime que cuando dicho ordenamiento habla de competencia se refiere al tribunal (sin que se refiera al secretario instructor) –artículos 698 a 706 Bis–; de ahí que si consideramos que la ley expresamente señala cuáles son las actuaciones que puede firmar de manera expresa el secretario y no viene incluida ésta, no podemos llegar al extremo de que así lo establezca la Sala, sobre todo si tomamos en cuenta, como se dijo, la naturaleza trascendental de dicha resolución y que, como lo establece expresamente la ley, las actuaciones que firma el secretario deben estar limitadas a actos de carácter procesal que la ley expresamente regula.
"‘48. Lo anterior se robustece con el hecho de que ha sido criterio de esta Segunda Sala, al analizar la Ley Federal del Trabajo abrogada, que existen resoluciones laborales que, por su naturaleza, importancia y trascendencia, deben ser emitidas por las autoridades laborales de mayor rango. Tal como lo informa la jurisprudencia de rubro: «DEMANDA LABORAL. EL AUTO DESECHATORIO DE UNA DEMANDA DEBE SER COLEGIADO, POR REGLA GENERAL.» ...’
"De la ejecutoria parcialmente transcrita emanó la jurisprudencia 2a./J. 74/2022 (11a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 2025867. Undécima Época, Materia Laboral, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro XXI, enero de dos mil veintitrés, Tomo III, página dos mil quinientos sesenta y cuatro, que se reproduce literalmente:
"‘SECRETARIO INSTRUCTOR. CARECE DE FACULTADES PARA PRONUNCIARSE SOBRE LA COMPETENCIA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL LABORAL PARA CONOCER DE DETERMINADO JUICIO, YA SEA PARA DECLINARLA, RECHAZARLA O ACEPTARLA.
"‘Hechos: En diversos juicios laborales, donde se reclamaron diferentes prestaciones, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones distintas, pues mientras dos de ellos señalaron que el secretario instructor carece de facultades para pronunciarse respecto de la competencia de un asunto; el otro indicó que dicho funcionario sí cuenta con esas atribuciones.
"‘Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el secretario instructor carece de facultades para pronunciarse sobre la competencia del órgano jurisdiccional laboral para conocer de un asunto, ya sea para declinarla, rechazarla o aceptarla.
"‘Justificación: Acorde con los artículos 610, 871 y 873-E de la Ley Federal del Trabajo, el secretario instructor cuenta con facultades especificas en la etapa escrita, como son: admitir o prevenir la demanda y, en su caso, subsanarla; ordenar la notificación al demandado; ordenar las vistas, los traslados y las notificaciones; admitir y en su caso, proveer respecto de las pruebas ofrecidas para acreditar las excepciones dilatorias; dictar las providencias cautelares, y las demás que el Juez le ordene. En contraposición a ello, corresponde al Juez el trámite del juicio ordinario, quien, si bien es cierto que puede auxiliarse en la etapa escrita del secretario instructor para la emisión de tales acuerdos y providencias, también lo es que es el único facultado para depurar el procedimiento y resolver las excepciones dilatorias planteadas por las partes; los incidentes; establecer los hechos no controvertidos; admitir o desechar las pruebas ofrecidas por las partes, según sea el caso, y decidir la forma en que deberán prepararse; recibir por sí las declaraciones, y presidir todos los actos de prueba bajo su más estricta y personal responsabilidad; citar para audiencia de juicio; resolver el recurso de reconsideración contra los actos u omisiones del secretario instructor; y para emitir la sentencia que ponga fin al procedimiento. De ahí que válidamente puede concluirse que el secretario instructor carece de facultades para pronunciarse sobre la competencia del órgano jurisdiccional laboral para conocer de un asunto; sin que obste a ello que conforme a lo dispuesto por el inciso f) del artículo 871 de la Ley Federal del Trabajo, el secretario instructor puede dictar acuerdos que le ordene el Juez, ya que dada la naturaleza trascendental de dicha resolución, se considera que esa potestad debe estar expresamente contemplada en la ley, lo cual no acontece. Es decir, se está ante la presencia de una facultad que al ser genérica, debe entenderse limitada a actos de carácter procesal que tengan por efecto el impulso del procedimiento en aquella fase, considerando que de esa naturaleza son los acuerdos o providencias que expresamente la ley permite dictar a dicho funcionario en apoyo del juzgador (actuaciones de mero trámite), sin comprender a los que guardan relación con la competencia del órgano jurisdiccional para conocer del asunto, lo cual queda de manifiesto, además, si se tiene cuenta que sus actos son revisables a través del recurso de reconsideración que debe ser fallado en la audiencia preliminar. Aunando a que de conformidad con los artículos 701 a 703 de la Ley Federal del Trabajo, el Tribunal Laboral puede declararse incompetente de dos formas: a) de oficio, en cualquier estado del proceso hasta antes de la audiencia del juicio, cuando existan en el expediente datos que lo justifiquen; o b) por declinatoria, la cual pueden promover las partes hasta la audiencia preliminar, momento en el que el Tribunal, después de oír a las partes y recibir pruebas, dictará resolución. De manera, para la declaración de incompetencia, el Tribunal debe analizar los datos que aparezcan en el expediente, o bien, debe oír y recibir las pruebas de las partes. Ejercicio que no corresponde a las facultades de trámite del secretario instructor, sino a las del titular del órgano.’
"En ese sentido, aplicadas las constancias al caso, si la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación arribó al convencimiento de que el secretario instructor carece de facultades para pronunciarse sobre la competencia de un órgano jurisdiccional laboral para conocer de un asunto, pues aun cuando puede realizar cualquier otra actuación que le encomiende el Juez durante la etapa escrita, lo cierto es que, dada la naturaleza y efectos jurídicos trascendentes de esa determinación, se equipara a los casos específicos en que debe hacerlo sólo el Juez; por mayoría de razón, si no existe determinación con mayor trascendencia para el proceso que la que pone fin a éste, compete exclusivamente al juez emitirla; entonces, en la especie no cabe duda de que el secretario instructor no cuenta con imperio para inadmitir una demanda y ordenar su archivo. "En esa guisa, atendiendo a que de la intelección del segundo párrafo del artículo 72011 de la Ley Federal del Trabajo, se obtiene que serán nulas de pleno derecho aquellas actuaciones que debiendo ser presididas íntegramente por el Juez, no se desarrollen en tales términos ..."
12. Derivado de las consideraciones anteriores, el citado órgano colegiado concedió la protección federal a la parte quejosa, para el efecto siguiente:
"... deje insubsistente la resolución reclamada y declare su nulidad, a fin de que, de estimar que deba inadmitirse la demanda laboral (ya sea por las razones contenidas en el acuerdo reclamado o una diversa), sea el propio juez de Distrito especializado en materia laboral, adscrito al Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, quien emita tal determinación; con la salvedad de que podrá auxiliarse del secretario instructor, en términos del inciso a) del precepto 871 de la Ley Federal del Trabajo, de considerar que la demanda debe ser admitida o aclarada."
13. Criterio del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el recurso de amparo directo 204/2023.
14. El asunto tuvo su origen en los antecedentes siguientes:
• Por escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común del Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales del Estado de Jalisco, ********** ********** ********** promovió demanda laboral en la que reclamó de ********** **********, ********** ********** ********** ********** **********, la devolución de las aportaciones realizadas en el concepto denominado "Subcuenta tu ahorro voluntario", con sus respectivos rendimientos e intereses acumulados hasta el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós.
• Correspondió conocer de la demanda de referencia al Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, registrándola con el expediente 39/2023.
• En proveído de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, el secretario instructor del Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, inadmitió la demanda de referencia, por considerar que la promovente no agotó el procedimiento de conciliación, en virtud que lo pretendió demostrar con una constancia de no conciliación, cuya fecha de conflicto es anterior a la data en que inició el trámite directamente ante la administradora de fondos para el retiro demandada; acto seguido, remitió el expediente al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en el Estado de Jalisco, con la precisión de que el acuse correspondiente sería suficiente para archivar el asunto.
• Inconforme con el citado proveído, la parte actora promovió demanda de amparo directo, de la cual correspondió conocer al Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, con el expediente 204/2023, resolviéndose en sesión de treinta de marzo de dos mil veintitrés, conceder el amparo a la parte quejosa.
15. Las consideraciones que sustentó el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en la ejecutoria correspondiente, consistieron en lo siguiente:
El referido tribunal estableció que en suplencia de la queja deficiente, con fundamento en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, advertía que era ilegal la resolución señalada como acto reclamado, en atención a que lo suscribió el secretario instructor, quien carece de facultades para inadmitir la demanda laboral y ordenar el archivo del asunto; pues indicó que si bien no se analizó el fondo, se trata de un auto que dio por concluido el juicio, por lo que para su validez, debió emitirlo el Juez Federal; lo que apoyó en la jurisprudencia II.2o.T. J/1 L (11a), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, de rubro: "SECRETARIO INSTRUCTOR. CARECE DE COMPETENCIA PARA INADMITIR LA DEMANDA LABORAL Y ARCHIVAR EL ASUNTO (LEY FEDERAL DEL TRABAJO VIGENTE A PARTIR DEL 2 DE MAYO DE 2019)."(2)
Y una vez expuesto lo anterior, el Tribunal Colegiado abordó el análisis del concepto de violación que hizo valer la quejosa, tendente a señalar que fue indebido que se determinara no admitir la demanda, calificándolo fundado, por considerar que, contrario a lo establecido en el acuerdo impugnado, la parte actora sí agotó la etapa de conciliación prejudicial, ya que exhibió la constancia de no conciliación, cuya audiencia se llevó a cabo el diecinueve de enero de dos mil veintitrés, esto es, después que se realizara la solicitud de devolución de aportaciones voluntarias ante la afore demandada.
Las referidas consideraciones las expuso el órgano colegiado, en los términos siguientes:
"... SÉPTIMO. Estudio. Al margen de lo expuesto en los conceptos de violación formulados, de conformidad con lo previsto en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, en suplencia de la deficiencia de la queja, este Tribunal Colegiado advierte, lo siguiente:
"En primer término, es necesario precisar que el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma constitucional en materia de justicia laboral; lo que a su vez dio origen a la reforma de la Ley Federal del Trabajo, publicada en el mismo medio oficial el uno de mayo de dos mil diecinueve, de cuya exposición de motivos se aprecia, en la parte que interesa, lo siguiente:
"‘s. Crea el procedimiento de conciliación prejudicial, de carácter previo y obligatorio antes de acudir a juicio, y establece las reglas para su tramitación, precisando los requisitos, plazos, etapas y consecuencias legales;
"‘t. Se establecen los casos en que quedarán exceptuados de agotar la instancia conciliatoria, como lo son los conflictos en los que se trate de discriminación por embarazo, conflictos de seguridad social, violación a la libertad de asociación, así como los casos de trata laboral, trabajo infantil y trabajos forzados;
"‘u. Faculta a la autoridad conciliadora para que adopte medidas que le permitan cumplir con los principios de celeridad, economía y sencillez procesal, en cuanto a la práctica de las notificaciones y entrega de citatorios, a efecto de agilizar los procedimientos de conciliación e incrementar su eficiencia;
"‘v. Establece las atribuciones y obligaciones de los conciliadores y un procedimiento para su selección que garantice su imparcialidad, independencia, profesionalismo e idoneidad para ocupar dicho puesto;
"‘w. Se privilegia la solución del conflicto, por encima de los formalismos procedimentales, sin afectar el debido proceso y los fines del derecho del trabajo;
"‘x. Contempla las funciones que tendrán los secretarios instructores de los tribunales, entre otros temas, para el dictado de acuerdos específicos y las actuaciones en que podrán intervenir;
"‘y. En materia individual, la iniciativa plantea un novedoso procedimiento ordinario y se brinda mayor precisión y certeza a los procedimientos especiales, incluidos en ellos los procedimientos relativos a demandas de seguridad social y designación de beneficiarios;
"‘z. En materia colectiva, se brinda mayor claridad a los procedimientos de para (sic) ejercer el derecho de huelga, así como para desahogar los conflictos de naturaleza económica, de titularidad de contrato, estableciendo reglas que garanticen el derecho de los trabajadores a ejercer su derecho a la libertad de negociación colectiva mediante la consulta que se realice mediante voto personal, libre y secreto: y
"‘aa. Se amplían y precisan las facultades del tribunal laboral para lograr la ejecución de las sentencias laborales.’
"En ese sentido, en relación con los puntos ‘x’ e ‘y’, referentes a las funciones de los secretarios instructores y al procedimiento ordinario de la Ley Federal del Trabajo, se advierte que aquéllos quedaron reflejados en los numerales que, para mayor claridad, se reproducen a continuación:
"‘Capítulo XVII Del procedimiento ordinario Artículo 871. El procedimiento ordinario se iniciará con la presentación del escrito de demanda ante la Oficialía de Partes o la Unidad Receptora del Tribunal competente.
"‘En los actos procesales de la fase escrita del procedimiento hasta antes de la audiencia preliminar, el Tribunal podrá auxiliarse para el dictado de los acuerdos o providencias de un secretario instructor, el cual podrá dictar los siguientes acuerdos:
"‘a) Admitir o prevenir la demanda y en su caso subsanarla conforme a las normas del trabajo y lo establecido en la presente Ley;
"‘b) Ordenar la notificación al demandado;
"‘c) Ordenar las vistas, traslados y notificaciones;
"‘d) Admitir y en su caso proveer respecto de las pruebas ofrecidas para acreditar las excepciones dilatorias;
"‘e) Dictar las providencias cautelares, y
"‘f) Las demás que el juez le ordene.
"‘Contra los actos u omisiones del secretario instructor, procederá el recurso de reconsideración, que deberá promoverse de forma oral en la audiencia preliminar el cual será resuelto de plano, oyendo a las partes por el juez del conocimiento en dicha audiencia. De resultar fundado el recurso, el juez modificará en lo que proceda el acto impugnado y proveerá lo conducente a efecto de subsanar el acto u omisión recurrido.’
"‘Artículo 872. La demanda se formulará por escrito, acompañando tantas copias de la misma, como demandados h
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31802-adcf616b/amparo-directo-contra-la-resolucion-que-inadmite-una · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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