COMPENSACIÓN SUBSIDIARIA PARA LAS VÍCTIMAS DEL DELITO. EL LÍMITE DE SU MONTO (500 UMAS MENSUALES) AL QUE PUEDE OBLIGARSE A PAGAR AL ESTADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 67, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, SE JUSTIFICA RAZONABLEMENTE EN TÉRMINOS DE LOS PRINCIPIOS DE SUBSIDIARIEDAD Y COMPLEMENTARIEDAD, POR LO QUE NO ES VIOLATORIO DEL DERECHO DE LA VÍCTIMA A QUE SE LE REPARE EL DAÑO DE FORMA INTEGRAL. COMPENSACIÓN SUBSIDIARIA PARA LAS VÍCTIMAS DEL DELITO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 67, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS. NO ES EQUIVALENTE NI SUSTITUYE A LA REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO.
AMPARO EN REVISIÓN 473/2022. 26 DE ABRIL DE 2023. PONENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIA: NORMA PAOLA CERÓN FERNÁNDEZ.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al veintiséis de abril de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelven los recursos de revisión interpuestos por la parte quejosa, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos y la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en contra de la sentencia dictada por la Jueza Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el veintitrés de mayo de dos mil veintidós, en el expediente 1446/2021.
El problema jurídico que debe resolver esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consiste en determinar la constitucionalidad del artículo 67, último párrafo, de la Ley General de Víctimas vigente, que establece que el monto de la compensación subsidiaria a la que se podrá obligar al Estado, frente a las víctimas de delitos, será hasta de quinientas Unidades de Medida y Actualización mensuales (UMAS).
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. **********, y sus menores hijos de iniciales **********, ********** y **********, así como **********, son familiares de **********, víctima de privación ilegal de la libertad y desaparición, el dieciocho de mayo de dos mil once, cuando estaba en su domicilio en Iguala de la Independencia, Estado de Guerrero y derivado de los hechos se iniciaron las investigaciones correspondientes, entre las que se destacan las indagatorias AP/PGR/SDHPDSC/UEBPD/M21/237/2014 y AP/PGR/SDHPDSC/UEBPD/M21/77/2015, sin que se haya logrado dar con los responsables de su desaparición.
2. Inscripción en el Registro Nacional de Víctimas. Por oficios CEAV/RENAVI/475/2015 de treinta y uno de marzo y CEAV/DGAIPC/DJ/438/2015 de veinte de julio, ambos de dos mil quince y acuerdos de veinticinco de junio de dos mil dieciocho, la Dirección General del Registro Nacional de Víctimas determinó inscribir a **********, ********** y sus menores hijos, así como **********, en el Registro Nacional de Víctimas, con calidad de víctima directa al primero de ellos, y al resto de las personas señaladas como víctimas indirectas del delito; lo anterior, derivado de la privación ilegal de libertad y desaparición de la víctima directa el dieciocho de mayo de dos mil once, ocurrida en Iguala de la Independencia, Estado de Guerrero.
3. Solicitud de pago de compensación subsidiaria. Por oficio CEAV/AJF/DG/20001/2019 de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, la directora general de Asesoría Jurídica Federal remitió al Comité Interdisciplinario Evaluador, el escrito de quince de abril de dos mil diecinueve, de **********, por propio derecho y en representación de sus hijos menores de edad, así como **********, por medio del cual solicitaron el pago de una compensación subsidiaria, por la comisión de un delito del fuero federal en agravio de **********, en su calidad de víctimas indirectas.
4. Primera resolución de la solicitud de pago de compensación (improcedente). El procedimiento se radicó con el número de expediente CEAV/CIE/0387/2019, previo requerimiento de ajustes al escrito inicial y de documentación adicional formulado a los solicitantes, que fue cumplido por éstos y, concluido el procedimiento, el veintiséis de junio de dos mil veinte el Comité Interdisciplinario Evaluador elaboró el proyecto de dictamen el cual se sometió a consideración de la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. El siete de septiembre de dos mil veinte, la Comisión resolvió como improcedente la solicitud de compensación.
5. Primer juicio de amparo indirecto. Inconformes con la anterior determinación, los solicitantes de la compensación subsidiaria promovieron juicio de amparo indirecto del que conoció el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, registrado como el expediente 1063/2020, que admitió a trámite la demanda y concluido el procedimiento, celebró la audiencia constitucional y dictó sentencia el treinta de marzo de dos mil veintiuno, otorgando el amparo y la protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes:
a) Dejar insubsistente la resolución reclamada.
b) Emitir otra, debidamente fundada y motivada, para resolver la solicitud de compensación subsidiaria de reparación integral presentada por los quejosos el quince de abril de dos mil diecinueve, sin considerar como impedimento para ello que la indagatoria correspondiente aún está en fase de investigación y que todavía no se consigna a los presuntos culpables del delito.
6. Recurso de revisión. Contra la sentencia de amparo, las autoridades responsables de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas interpusieron recurso de revisión, del cual conoció el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, registrado y admitido a trámite con el toca 100/2021, el cual fue resuelto en sesión de diez de junio de dos mil veintiuno, en el sentido de desecharlo por falta de legitimación de la autoridad recurrente.
7. Segunda resolución de la solicitud de pago de compensación (procedente y constituye el acto reclamado destacado en el juicio de amparo indirecto 1446/2021). En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, mediante resolución de trece de octubre de dos mil veintiuno, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas resolvió nuevamente el expediente CEAV/CIE/0387/2019 relativo a la solicitud de compensación subsidiaria, en el sentido de otorgar las medidas tendentes a la reparación integral a las víctimas –**********, por propio derecho, y en representación de sus hijos, así como de **********–, por concepto de compensación subsidiaria,(1) por los daños ocasionados por el hecho victimizante cometido en agravio de **********, así como otras medidas señaladas en el plan de reparación.
8. Se instruyó a las unidades administrativas correspondientes para que se realizaran los trámites y gestiones necesarios para otorgar el pago por concepto de compensación subsidiaria en favor de las víctimas peticionarias, en los términos previstos en el plan de reparación, así como las acciones necesarias tendentes a ejercer el derecho de repetición en contra de quienes, en su momento, resultaran responsables de la privación ilegal de la libertad de la víctima, a efecto de reintegrar los recursos que por esa vía fueran erogados.
9. Cabe destacar que en la anterior resolución se citó como fundamento, entre otros, el artículo 67, último párrafo, de la Ley General de Víctimas,(2) señalándola la parte quejosa como el primer acto concreto de aplicación de la norma impugnada en su perjuicio.
10. Cumplimiento de sentencia del primer juicio de amparo. Previa vista a la parte quejosa, notificada por medio de lista, con la resolución de trece de octubre de dos mil veintiuno, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas relativa al expediente CEAV/CIE/0387/2019, la cual no desahogó; por auto de veintinueve de abril de dos mil veintidós, el Juzgado de Distrito declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el expediente 1063/2020, sin excesos ni defectos; determinación que se tuvo por consentida en auto de veinticinco de julio siguiente.
11. Segundo juicio de amparo indirecto. Inconformes con la resolución descrita en párrafos precedentes, por escrito presentado el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, **********, por propio derecho y en representación de sus menores hijos, así como **********, por propio derecho, promovieron un nuevo juicio de amparo indirecto, contra los actos y autoridades siguientes:
a) De las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión y del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la discusión, aprobación y promulgación del artículo 67, último párrafo, de la Ley General de Víctimas, publicada el nueve de enero de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación.
b) Del secretario de Gobernación, el refrendo del artículo 67, último párrafo, de la Ley General de Víctimas, publicada el nueve de enero de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación.
c) Del director del Diario Oficial de la Federación, la publicación del artículo 67, último párrafo, de la Ley General de Víctimas, el nueve de enero de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación.
d) De la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la resolución de trece de octubre de dos mil veintiuno, del expediente CEAV/CIE/0387/2019.
12. Registro y prevención de la demanda. Por acuerdo de once de noviembre de dos mil veintiuno, la Jueza Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México –por conocimiento previo– la registró con el número de expediente 1446/2021 y determinó que a los menores de edad quejosos involucrados en el asunto, se les debía identificar con las iniciales de sus nombres.(3)
13. Asimismo, previno a la parte quejosa para que exhibiera una copia certificada legible del acta de nacimiento de los menores quejosos, de iniciales antes precisadas, así como el número de copias de la demanda y del escrito de desahogo para emplazar a las responsables.
14. Admisión y desechamiento parcial de la demanda. Mediante acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, el Juzgado de Distrito tuvo por cumplida la prevención y, por un lado, desechó parcialmente la demanda respecto del refrendo y la publicación de la norma general impugnada y las autoridades a las que se atribuyeron, porque tales actos no fueron controvertidos por vicios propios; y, por otro lado, admitió a trámite la demanda por los restantes actos reclamados y autoridades responsables señalados en la demanda de amparo indirecto. En los conceptos de violación la parte quejosa, en esencia, adujo:
- Primero (constitucionalidad). La inconstitucionalidad del artículo 67, último párrafo, de la Ley General de Víctimas, debido a que el legislador no justificó el motivo por el cual limitó la reparación integral del daño, cuando las afectaciones materiales e inmateriales que ocasionó el hecho victimizante sufrido por las víctimas indirectas, por la privación ilegal de la libertad y presunta muerte de la víctima directa, puede cuantificarse una cantidad mayor al límite fijado por la ley, lo que obstaculiza el derecho de cada víctima de un delito a obtener una reparación integral del daño.
- El derecho a la reparación integral del daño es incompatible con la existencia de topes o montos máximos, que impidan que la cuantificación de dicha reparación atienda a las características específicas de cada caso y satisfagan las necesidades materiales e inmateriales de los quejosos.
- En otra parte del concepto de violación primero (legalidad). La autoridad responsable debió explicar por qué no procede otorgar una reparación mayor a la establecida en la ley reclamada, ante la imposibilidad de identificar a los responsables del hecho victimizante y con ello, la de consignar la indagatoria, al no poder identificar a las personas responsables; y exponer las razones por las que estime que el monto fijado es suficiente y bastante para interrumpir la afectación derivada del hecho.
- Segundo. La ilegalidad de la resolución reclamada, porque al cuantificar la reparación integral del daño, la responsable no cumplió con los artículos 5, 27 y 64 de la Ley General de Víctimas, además de la insuficiente motivación de la cuantificación de los montos por concepto de compensación por daño físico, daño moral, por pérdida de oportunidades, por gastos comprobables de transporte, alojamiento y alimentos, daños patrimoniales, gastos y costas del asesor jurídico privado y pago de tratamientos médicos terapéuticos; e insiste en la procedencia del pago de la compensación subsidiaria, en los términos que se solicitó en el escrito inicial relativo.
- Tercero. La resolución reclamada violó el principio de exhaustividad, porque la autoridad responsable no se pronunció sobre el fondo de cada rubro solicitado por los quejosos, las pruebas ofrecidas por las víctimas indirectas ni la procedencia de la liquidación de la compensación subsidiaria solicitada por la víctima del delito en el escrito de petición.
- Cuarto. La resolución reclamada no aplicó el principio de complementariedad, pues no es dable que por otorgar una medida se entienda excluida otra de las que componen la reparación integral.
- Quinto. La resolución reclamada es ilegal porque insiste en que el monto de la compensación subsidiaria topada por disposición legal por la autoridad responsable, es incompatible con el derecho a la reparación integral del daño, en tanto que la existencia de montos máximos o topes impiden que la cuantificación de dicha reparación atienda las afectaciones materiales y las afectaciones inmateriales producto del hecho delictivo.
- Solicita la concesión del amparo para el efecto de que las autoridades responsables paguen la reparación integral del daño que al efecto el órgano jurisdiccional cuantifique, acorde con la cantidad solicitada por los quejosos.
- Expresa que el Juez Federal tiene facultad para realizar la cuantificación de la reparación integral del daño por hechos constitutivos de delito en agravio de la víctima directa, previamente decretada por la Comisión responsable, en virtud de que se cuantificó indebidamente, por lo que corresponde al Juez constitucional revisar el cálculo de la indemnización hecho por la responsable y volver a cuantificar los montos indemnizatorios.
15. Recurso de queja. Inconforme con el desechamiento parcial de demanda, la quejosa interpuso recurso de queja, del que conoció el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que lo admitió a trámite y registró como el toca QA. 127/2022; y en sesión de veintiuno de abril de dos mil veintidós, lo declaró infundado, y confirmó el auto recurrido que desechó parcialmente la demanda de amparo.
16. Sentencia definitiva. Concluido el procedimiento, el veintitrés de mayo de dos mil veintidós, la Jueza de Distrito celebró la audiencia constitucional y dictó sentencia en la que, por un lado, sobreseyó en el juicio en términos del considerando tercero; y, por otro, concedió el amparo a la parte quejosa respecto de la norma general impugnada, haciéndolo extensivo a su acto concreto de aplicación.
17. Lo anterior, bajo las siguientes consideraciones sustanciales:
• En el considerando tercero, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decretó el sobreseimiento por inexistencia del acto reclamado al Comité Interdisciplinario Evaluador, director general de la Asesoría Jurídica, director general de Asuntos Jurídicos y director general del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, todos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, consistente en la resolución de trece de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el expediente CEAV/CIE/0387/2019.
• En el considerando cuarto se tuvieron por ciertos los actos reclamados a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión y al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes en la discusión, aprobación y promulgación de la norma general reclamada, así como la resolución de trece de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el expediente CEAV/CIE/0387/2019, por el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
• En el considerando quinto se señaló que las partes no plantearon causa de improcedencia ni se advirtió alguna de oficio.
• En el considerando sexto se narraron los antecedentes del acto reclamado.
• En el considerando séptimo se estudió el concepto de violación primero, donde la Jueza precisó que la parte quejosa adujo que el artículo 67, último párrafo, de la Ley General de Víctimas, en forma injustificada, limita la cantidad otorgada por daño moral, lucro cesante, pérdida de oportunidades, gastos de tratamientos médicos, psicológicos, gastos de transporte, alojamiento y alimentación, entre otros conceptos, al ser violatorio del derecho a una justa reparación integral del daño, ya que los artículos 20, apartado C, fracción IV, y 17 constitucionales, no limitan ese derecho, ni al acceso a la justicia completa y, por ello, dicho precepto legal era inconstitucional al obligar al Estado a sólo entregar hasta quinientas Unidades de Medida y Actualización mensuales.
• Señaló que la compensación subsidiaria es un instrumento generado en favor de las víctimas de delitos, con el fin de que, frente a la imposibilidad de que el sujeto activo del delito repare directamente los daños provocados en aquéllas –por sustracción de la justicia, muerte, desaparición o que se haya hecho valer un criterio de oportunidad–, no implique que se les deje en estado de indefensión, pues en esos casos, es el Estado el que otorga una compensación proporcional a la gravedad del daño sufrido, con cargo al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
• La Federación tendrá derecho a exigir que el sentenciado restituya al fondo los recursos erogados por concepto de la compensación subsidiaria otorgada a la víctima por el delito que aquél cometió, es decir, puede repetir contra el responsable del delito, una vez que sea posible presentarlo ante la justicia penal.
• La obtención de la compensación subsidiaria no extingue el derecho de la víctima a exigir reparación de cualquier otra naturaleza, pues dicha compensación es un elemento integrante de la reparación integral del daño, por lo que debe entenderse en términos de complementariedad y no de exclusión de otras figuras reparatorias, con el fin de lograr la protección más amplia para las víctimas.
• La Jueza sustentó su decisión en la ejecutoria del amparo directo en revisión 5826/2015, resuelto en sesión de ocho de junio de dos mil dieciséis por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que advirtió que la indemnización será considerada justa cuando su cálculo se realice con base en los principios de reparación integral del daño e individualización de la condena, tomando en consideración todos los factores específicos de cada caso.
• Determinó que la parte quejosa tenía razón en cuanto a que el monto fijado como tope de las indemnizaciones, excluye la posibilidad de individualizar un monto de acuerdo con las circunstancias específicas del caso, en tanto que, con base en el criterio de la Primera Sala, no podía entenderse como un posicionamiento a favor o en contra de ciertos montos o cantidades, sino como una exigencia de justicia material, que implica que los casos se resuelvan atendiendo a las circunstancias concretas que los rodean.
• La proporcionalidad de una indemnización no depende de la existencia de montos o topes que la limiten, ni como máximos ni como mínimos, sino de la forma en que se individualice en cada caso; en consecuencia, atendiendo al criterio establecido por la Primera Sala en cuanto al concepto de reparación integral del daño en casos de violaciones a derechos humanos, se determinó incompatible la existencia de topes o montos máximos que limiten los alcances de una indemnización.
• Así, se indicó que, en virtud de que el artículo reclamado contiene un tope máximo del pago de una compensación subsidiaria, de hasta quinientas Unidades de Medida y Actualización mensuales, entonces, procedía conceder el amparo solicitado en contra del artículo 67, último párrafo, de la Ley General de Víctimas, publicada el nueve de enero de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación. Se citó la tesis de rubro: "REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO POR VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS. TOPES MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE LA CUANTIFICACIÓN DE LAS INDEMNIZACIONES, SU INCONSTITUCIONALIDAD."(4)
• Dicha concesión se hizo extensiva al primer acto de aplicación reclamado, consistente en la resolución de trece de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el expediente CEAV/CIE/0387/2019. • Sin que fuera necesario estudiar –se dijo– los restantes conceptos de violación, porque el análisis de la reparación integral debe ser objeto de una nueva determinación, pues se fijó un tope de indemnización declarado inconstitucional y a partir de la valoración de las circunstancias del caso, la responsable debía pronunciarse sobre la cuantificación respectiva y no se otorgó el amparo respecto de la cuantificación, sino del tope, por lo que la Comisión debía allegarse de diversa documentación y valorar las documentales que tuviera para dictar resolución y fijar el monto.
• Finalmente, en el considerando octavo se precisaron los alcances de la concesión del amparo para el efecto de que se deje insubsistente la resolución reclamada y emitiera otra en la que determinara el monto por el concepto de compensación subsidiaria en la que no aplicara el monto máximo que prevé el artículo 67, último párrafo, de la Ley General de Víctimas.
18. Recurso de revisión. En desacuerdo con el fallo, la parte quejosa, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y las autoridades responsables de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, interpusieron recursos de revisión, de los cuales conoció el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que por acuerdo de presidencia de seis de julio de dos mil veintidós, se admitieron a trámite, quedando registrados con el expediente 339/2022.
19. Agravios de las partes recurrentes. En resumen, las partes plantearon lo que enseguida se precisa, respectivamente:
Parte quejosa
- Aduce en su único agravio que la determinación de los efectos del amparo del juzgado no es ajustada a derecho, porque en lugar de imponer a la autoridad responsable volver a cuantificar el monto de la reparación integral del daño sin considerar el tope previsto en la ley reclamada declarada inconstitucional (lo que retarda la administración de justicia), para garantizar el derecho a recibir una justa indemnización, el juzgado debió revisar y hacer la cuantificación, en virtud de que la autoridad responsable previamente cuantificó la indemnización indebidamente.
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
- Sostiene que el Juzgado de Distrito no se ajustó al precedente de la Primera Sala del Alto Tribunal derivado de lo resuelto en el amparo en revisión 312/2020, que estima aplicable al caso por identidad de razón, donde se determinó que los requisitos y formas de compensación subsidiaria son constitucionales.
- Señala incongruencia del fallo recurrido, porque sostiene que la compensación subsidiaria y la reparación integral del daño son conceptos homólogos, cuando lo cierto es que el límite para esa compensación prevista en la ley reclamada, no es equivalente ni sustituye a la reparación integral de las víctimas de delitos.
- Aduce incorrecta aplicación de los estándares de reparación integral por violación a derechos humanos señalados en la tesis de rubro: "REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO POR VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS. TOPES MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE LA CUANTIFICACIÓN DE LAS INDEMNIZACIONES, SU INCONSTITUCIONALIDAD.",(5) pues dicha categoría de violación no es asimilable a la compensación subsidiaria como apoyo económico tratándose de violaciones respecto de delitos.
- También que fue incorrecta la equiparación de la compensación subsidiaria con una indemnización para analizar la constitucionalidad de la norma reclamada, en tanto que esa compensación no es equivalente a la compensación como medida de la reparación integral, ni constituye una indemnización, y el adjetivo subsidiario alude a que sirve de apoyo o ayuda y no tiene como finalidad reparar un daño o resarcir los perjuicios causados, debido a que en ese supuesto no es el Estado el obligado a ello, sino la persona que cometió el delito.
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión
- Sostiene en sus tres agravios que la sentencia recurrida es ilegal, en virtud de que el juzgado confundió la compensación subsidiaria regulada en el precepto legal reclamado y la reparación integral del daño por violaciones a derechos humanos prevista en la Ley General de Víctimas, de ahí que se establezcan topes o montos máximos que limiten los alcances de la compensación, al ser ésta una obligación subsidiaria del Estado y no una obligación del mismo a una reparación integral del daño.
- Precisa que en la ejecutoria del amparo en revisión 1061/2016,(6) la Segunda Sala del Alto Tribunal determinó la diferencia sustancial entre la compensación subsidiaria a que tiene derecho la víctima de un delito y aquella a la que tiene derecho la víctima de violaciones a derechos humanos, cuyo precedente, señala, no fue tomado en cuenta por el juzgado, por lo que debe revocarse la sentencia recurrida y negar el amparo solicitado.
- La compensación subsidiaria, en tanto elemento que forma parte de la reparación integral del daño, debe entenderse en términos de complementariedad y no de exclusión de otras figuras reparatorias con el fin de lograr la protección más amplia para las víctimas, por lo que el establecimiento de un importe máximo no vulnera el derecho a las víctimas o del ofendido a obtener dicha reparación integral.
- Señala que el juzgado interpretó en forma errónea la figura de la compensación subsidiaria, en relación con los artículos 72 y 149 de la Ley General de Víctimas, al determinar la inconstitucionalidad de la norma reclamada, pues debió advertir que constituye un apoyo en favor de la víctima o del ofendido, ante la imposibilidad de que sea el responsable directo quien repare los daños provocados, sin que deba considerarse que el Estado asume de manera total dicha obligación, al no ser la finalidad de dicha figura y esa compensación no implica el enriquecimiento para la víctima.
- La sentencia impugnada vulnera el principio de progresividad, ya que el hecho de que el Estado esté obligado a destinar recursos públicos para hacer frente a las situaciones de víctimas de delitos, no implica que para atenderlas se deba afectar desproporcionalmente el presupuesto asignado y los derechos de la colectividad, por lo que la declaratoria de inconstitucionalidad del límite económico impugnado afectaría a las finanzas públicas.
- La norma reclamada no es inconstitucional, ya que supera el test de proporcionalidad, al tener un fin constitucionalmente legítimo, regular una medida idónea y necesaria para lograr el fin pretendido en favor de las víctimas y resultar proporcional pues la compensación subsidiaria es un elemento integrante de un concepto más amplio (reparación integral), además de que, en atención a la naturaleza jurídica de la citada compensación, su obtención no extingue el derecho a exigir la reparación de cualquier otra naturaleza y respeta el derecho a la reparación integral del daño para la víctima o del ofendido reconocido en el artículo 20, apartado C, fracción IV, constitucional.(7)
20. Resolución del Tribunal Colegiado del conocimiento. En sesión de uno de septiembre de dos mil veintidós, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, desechó, por falta de legitimación, el recurso de revisión interpuesto por la directora de área en suplencia por ausencia de la directora general de Asuntos Jurídicos, esta última por sí y en representación de las autoridades responsables Comisión y Comisionada Ejecutiva, todos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas;(8) y, por otro lado, declaró carecer de competencia legal para resolver sobre la constitucionalidad del artículo 67, último párrafo, de la Ley General de Víctimas, por lo que remitió el asunto a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales procedentes.
21. Trámite ante la Suprema Corte. En proveído de veinte de septiembre de dos mil veintidós, el presidente de este Alto Tribunal asumió la competencia originaria para conocer de los recursos de revisión y los admitió, ordenó su registro como el expediente 473/2022, y se turnó el asunto a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf, perteneciente a la Segunda Sala de este Máximo Tribunal.
22. Avocamiento e informe sobre medidas para resguardar datos sensibles de menores de edad. En proveído de ocho de noviembre de dos mil veintidós, la Ministra presidenta de la Segunda Sala determinó que esta última asumía el conocimiento del presente asunto y ordenó remitir los autos a la Ministra ponente, informando a los titulares de la Subsecretaría General de Acuerdos y de la Unidad General de Transparencia y Sistematización de la Información Judicial, ambos de este Alto Tribunal, las medidas que adoptaría para resguardar los datos sensibles y personales de la parte quejosa (menores de edad).
23. Publicación. El proyecto de sentencia se publicó oportunamente en términos del artículo 73, párrafos segundo y tercero de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 7/2016(9) del Tribunal Pleno.
I. COMPETENCIA
24. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver los recursos de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo; y, 21, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente a partir del ocho de junio de dos mil veintiuno; así como a los puntos primero, segundo, fracción III, inciso a), y tercero, del Acuerdo General Número 1/2023 del Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero de dos mil veintitrés, modificado mediante instrumento normativo del diez de abril siguiente, en virtud de que se interponen contra una sentencia dictada en la audiencia constitucional en un juicio de amparo indirecto, en la que subsiste un problema de constitucionalidad respecto del artículo 67, último párrafo, de la Ley General de Víctimas, además de que no resulta neces
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31805-4bf3cc1f/compensacion-subsidiaria-para-las-victimas-del-delito-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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