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I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL MUNICIPIO DE COLIMA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS PERSONAS TITULARES DE LA PRESIDENCIA Y SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE COLIMA PUEDEN PRESENTAR LA DEMANDA EN REPRESENTACIÓN DE DICHO ENTE. III. SECRETARIOS DE ESTADO. TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL CUANDO HAYAN INTERVENIDO EN EL REFRENDO DEL DECRETO IMPUGNADO. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ESE PODER. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL O SU SUPLENTE TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE DICHO ENTE. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE LA UNIDAD JURÍDICA DE LA SECRETARÍA DE MARINA TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ESE ENTE. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA UNIDAD GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTA. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. IX. SEGURIDAD PÚBLICA. ES UNA FUNCIÓN DEL ESTADO A CARGO DE LA FEDERACIÓN, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS. X. SEGURIDAD PÚBLICA. ES UNA FUNCIÓN DEL ESTADO COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD CIVIL. XI. SEGURIDAD PÚBLICA. LE CORRESPONDE AL CONGRESO DE LA UNIÓN EL PAPEL DE CREADOR DE NORMAS GENERALES, ABSTRACTAS E IMPERSONALES QUE REGULEN AQUÉLLA EN MATERIA FEDERAL. XII. PODER EJECUTIVO FEDERAL. SUS FUNCIONES PROMULGATORIA, MERAMENTE EJECUTIVA Y REGLAMENTARIA, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. XIII. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. SU NATURALEZA JURÍDICA. XIV. ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. NO ES ELEGIDA LIBREMENTE POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, AL SER FACULTAD EXCLUSIVA DEL SENADO ANALIZARLA Y APROBARLA. XV. SEGURIDAD PÚBLICA. IMPLICA LA INTERVENCIÓN DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, COMO EMISOR DE LAS LEYES QUE RIJAN LAS INSTITUCIONES RELATIVAS, ADEMÁS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, COMO EJECUTORA DEL MANDATO LEGAL. XVI. SEGURIDAD PÚBLICA. EN DICHA MATERIA SE CONSTRUYE UN DIÁLOGO POLÍTICO CONSTANTE ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL Y LAS CÁMARAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. XVII. ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. SI BIEN LOS MUNICIPIOS CARECEN DE ATRIBUCIONES PARA INTERVENIR EN SU TRAZO Y SEGUIMIENTO, ELLO NO IMPLICA UNA DESCOORDINACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN Y LOS MUNICIPIOS EN LA MATERIA. XVIII. FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES. XIX. SEGURIDAD PÚBLICA. ESTA MATERIA SE INCORPORÓ AL RÉGIMEN DE FACULTADES CONCURRENTES POR REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 31 DE DICIEMBRE DE 1994 A LOS ARTÍCULOS 21 Y 73, FRACCIÓN XXIII, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL. XX. SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. LA LEY RELATIVA ES LA QUE ESTABLECE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS Y LAS BASES DE COORDINACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS EN LA MATERIA. XXI. SEGURIDAD PÚBLICA. SE ENCUENTRA ENTRE LAS FUNCIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS CUYA PRESTACIÓN SE ADJUDICA A LOS MUNICIPIOS, CONFORME AL ARTÍCULO 115, FRACCIONES III, INCISO H) Y VII, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL. XXII. SEGURIDAD PÚBLICA. ENTRE LOS PRINCIPIOS QUE DEBE OBSERVAR LA PRESTACIÓN DE DICHO SERVICIO SE ENCUENTRA EL DEL RESPETO A LA SOBERANÍA INTERNA DE LOS ESTADOS. XXIII. ENTIDADES FEDERATIVAS. LA LIBERTAD Y SOBERANÍA QUE LA CONSTITUCIÓN GENERAL LES OTORGA SE REFIERE A LOS ASUNTOS CONCERNIENTES A SU RÉGIMEN INTERNO EN TANTO NO SE VULNERE EL PACTO FEDERAL. XXIV. SEGURIDAD PÚBLICA. FUNDAMENTOS DE LA ESTRATEGIA NACIONAL RELATIVA DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 16 DE MAYO DE 2019. XXV. SEGURIDAD PÚBLICA. CONSIDERACIONES SOBRE DICHA MATERIA EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024. XXVI. GUARDIA NACIONAL. JUSTIFICACIÓN DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 26 DE MARZO DE 2019, QUE DIO ORIGEN A LA CONFORMACIÓN DE AQUÉLLA. XXVII. FUERZA ARMADA PERMANENTE. CONFORME A LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 26 DE MARZO DE 2019, EN MATERIA DE GUARDIA NACIONAL, LA PARTICIPACIÓN DE AQUÉLLA ES INDISPENSABLE EN AUXILIO DE LAS AUTORIDADES POLICIALES CIVILES. XXVIII. SEGURIDAD PÚBLICA. CONFORME A LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 26 DE MARZO DE 2019 EN MATERIA DE GUARDIA NACIONAL, LA PARTICIPACIÓN DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS RELATIVAS ES UNA CUESTIÓN EXCEPCIONAL, SIN TENER VOCACIÓN DE PERMANENCIA. XXIX. FUERZA ARMADA PERMANENTE. EL ACUERDO POR EL QUE SE DIS

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 85/2020. · Registro digital (IUS): 31899
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-11-10
Promovente: MUNICIPIO DE COLIMA, COLIMA.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Noviembre de 2023, Tomo II, Pág.1286.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 85/2020. MUNICIPIO DE COLIMA, COLIMA. 25 DE MAYO DE 2023. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIOS: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS, SAÚL ARMANDO PATIÑO LARA Y JAVIER ALEXANDRO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

Se resuelve la controversia constitucional 85/2020, promovida por el Municipio de Colima, Estado de Colima, en contra del Poder Ejecutivo Federal, en la que se demandó la invalidez del "Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria", publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de mayo de dos mil veinte.

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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual resuelve la controversia constitucional 85/2020, promovida por el Municipio de Colima, Colima, contra el Poder Ejecutivo Federal, en la que se demandó la invalidez del "Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria", publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de mayo de dos mil veinte.

El problema jurídico a dilucidar por esta Suprema Corte radica en el examen de constitucionalidad del referido acuerdo emitido por el presidente de la República, sin que tal estudio comprenda juzgar el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional que le dio origen, pues se parte de que la norma de índole constitucional, pese a tratarse de una disposición transitoria, no es sujeta, en el caso concreto, al escrutinio judicial.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. PRIMERO.—Reforma constitucional en materia de Guardia Nacional. El veintiséis de marzo de dos mil diecinueve se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política del País en materia de Guardia Nacional.(1) Una de las modificaciones principales de la reforma se concentra en el artículo 21, párrafos noveno y décimo, de la Constitución que contempla las bases constitucionales en materia de seguridad pública.

2. De acuerdo con el artículo transitorio primero, el decreto entró en vigor al día siguiente de su publicación, esto es, el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve y, a partir de esta fecha, de conformidad con el artículo cuarto transitorio, el Congreso de la Unión debía emitir, dentro de los sesenta días naturales siguientes, la Ley de la Guardia Nacional y realizar las adecuaciones legales conducentes.(2)

3. Además, en el artículo transitorio quinto se estableció que durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.(3)

4. SEGUNDO.—Publicación de la Ley de la Guardia Nacional. En cumplimiento al referido artículo transitorio primero, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, se expidió la Ley de la Guardia Nacional,(4) reglamentaria del artículo 21 constitucional en la materia. En esa misma fecha se publicó la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, la Ley Nacional del Registro de Detenciones y el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las cuales de manera conjunta forman parte del régimen jurídico derivado de la referida reforma constitucional de dos mil diecinueve.

5. TERCERO.—Acuerdo impugnado. El once de mayo de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo emitido por el titular del Poder Ejecutivo Federal por el que dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Tal acuerdo es del contenido siguiente:

"Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

"Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Presidencia de la República.

"ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 29, 30 y 30 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y el transitorio Quinto del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, publicado el 26 de marzo de 2019, en el Diario Oficial de la Federación, y

"CONSIDERANDO

"Que el 26 de marzo de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional;

"Que el transitorio Quinto del Decreto referido, en el primer párrafo estableció que, durante los cinco años siguientes a su entrada en vigor, y en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria;

"Que si bien el 27 de mayo de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se expide la Ley de la Guardia Nacional, misma que es reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, la conformación y el desarrollo de las capacidades de dicha institución de seguridad pública, requiere de un periodo de implementación, a efecto de cumplir cabalmente con las funciones a su cargo;

"Que la seguridad pública es un deber primario a cargo del Estado, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, por lo que resulta imprescindible garantizar a la población, el cumplimiento de dicha obligación a cargo del Estado;

"Que la participación de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública, debe presentarse de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, en términos del mandato constitucional; y,

"Que en virtud de las consideraciones antes mencionadas, he tenido a bien expedir el siguiente

"ACUERDO

"PRIMERO. Se ordena a la Fuerza Armada permanente a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última, durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, sin que dicha participación exceda de cinco años contados a partir de la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, publicado el 26 de marzo de 2019, en el Diario Oficial de la Federación.

"SEGUNDO. La Fuerza Armada permanente, en el apoyo en el desempeño de las tareas de seguridad pública a que se refiere el presente Acuerdo, realizará las funciones que se le asignen conforme a las atribuciones que prevén las fracciones I, II, IX, X, XIII, XIV, XV, XVI, XXV, XXVII, XXVIII y XXXIV del artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional.

"TERCERO. En el apoyo en el desempeño de las tareas de seguridad pública, la Fuerza Armada permanente se regirá en todo momento por la estricta observancia y respeto a los derechos humanos, en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y observará la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y demás ordenamientos en la materia.

"CUARTO. Se instruye al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para coordinarse con los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina para definir la forma en que las actividades de la Fuerza Armada permanente complementarán la función de la Guardia Nacional.

"QUINTO. Las tareas que realice la Fuerza Armada permanente en cumplimiento del presente instrumento estarán bajo la supervisión y control del órgano interno de control de la dependencia que corresponda.

"TRANSITORIOS

"PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y concluirá su vigencia el 27 de marzo de 2024.

"SEGUNDO. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Acuerdo deberán cubrirse con cargo al presupuesto aprobado a la dependencia que reciba el apoyo, para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes.

"Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 8 de mayo de 2020.—Andrés Manuel López Obrador. Rúbrica.—El Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González.—Rúbrica.—El Secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.—Rúbrica.—El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Francisco Alfonso Durazo Montaño.—Rúbrica."

6. CUARTO.—Presentación de demanda de controversia constitucional. En contra del acuerdo referido en el punto anterior, el veintisiete de mayo de dos mil veinte, Leoncio Alfonso Morán Sánchez y Glenda Yazmín Ochoa en su carácter, de presidente y síndica municipal, respectivamente del Municipio de Colima, Colima, presentaron en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, una demanda de controversia constitucional.

7. Conceptos de invalidez. El Municipio de Colima, Colima, argumenta en los conceptos de invalidez, en síntesis, que el acuerdo impugnado es violatorio del principio de división de poderes al invadir, además, la competencia exclusiva de las autoridades civiles municipales en materia de seguridad pública, la que, de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política del País compete a los niveles federal, estatal y municipal. Concurrencia que, con el acuerdo emitido se violenta al permitir la actuación de autoridades militares en una esfera competencial exclusiva de las autoridades civiles y en detrimento de las garantías institucionales del Municipio.

8. Así, el principio de agravio se centra en la alegada invasión del presidente de la República a la competencia municipal en materia de seguridad pública en el país bajo el entendimiento del principio de división de poderes. En lo particular señala que:

I. En el concepto de invalidez primero, denominado: "Violación al Pacto Federal"

a) El acuerdo controvertido trastoca la autonomía municipal al dejar de lado la coordinación que en materia de seguridad pública prevén los artículos 21 y 115, fracción III, inciso h), de la Constitución Política del País; incluso posibilita que la Fuerza Armada regular interfiera en la seguridad pública municipal que debe tener carácter civil, preventiva, operar en la implementación de sanciones administrativas y manejo del tránsito.

b) La tarea de la seguridad pública municipal comprende otorgar certidumbre y confianza en la población para mejorar la convivencia cotidiana, sin embargo, por el acuerdo controvertido se impedirá realizar sus funciones municipales, pues incluso se le afectan cuestiones presupuestarias.

c) Los militares no deben liderar instituciones civiles, ni priorizarse la capacitación militar sobre la policiaca. El Municipio actor implementó un modelo de justicia cívica y policía de proximidad, y no debe normalizarse la intervención militar en seguridad pública pues existe riesgo de afectación a derechos fundamentales como lo ha documentado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

d) El acuerdo sólo contiene declaraciones generales sobre el respeto a los derechos humanos, pero al ordenar que la Fuerza Armada realice tareas de seguridad preventiva exclusivas del Municipio se afecta su autonomía, pues no actuará de manera complementaria, sino concurrente en contravención al artículo 124 de la Constitución Política del País.

II. En el segundo concepto de invalidez, denominado: "Violaciones a la disciplina militar acordada en el Pacto Federal"

a) Se atenta contra la disciplina militar que contiene el artículo 129 de la Constitución Política del País. El artículo quinto transitorio del decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve prevé la facultad del Ejecutivo Federal para disponer de la Fuerza Armada permanente en materia de seguridad pública, pero sí y, sólo sí se cumplían con las características de extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria; lo que en el caso no se cumple, pues en principio se autoriza para un periodo cercano a los cuatro años, aunado a que para ello se requería una declaratoria de emergencia en términos del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

III. En el tercer concepto de invalidez, denominado: "Violación al principio de seguridad jurídica en su vertiente de confianza legítima"

a) El acuerdo controvertido implica un cambio de situación jurídica en el que los militares realizarán labores de policía incidiendo en la seguridad pública municipal relativa a la preventiva y de tránsito sin tomar consenso con los presidentes municipales que constituyen el nivel de gobierno más cercano a la población, lo que afectó la seguridad jurídica del Municipio al desplegarse de manera intempestiva las Fuerzas Armadas a desarrollar por varios años labores de seguridad pública.

IV. En el cuarto concepto de invalidez, denominado: "Inconstitucionalidad por violaciones al principio de legalidad"

a) El acuerdo controvertido carece de fundamentación y motivación porque los preceptos invocados son insuficientes; el asidero más fuerte es el artículo quinto transitorio del decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve que refiere las características de extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria; mismas que provienen de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Alvarado contra México, pero en el acuerdo no se justificaron las razones de utilización de las Fuerzas Armadas, no se establecieron límites temporales ni territoriales concretos, ni objetivos concretos por lo que carece de la motivación necesaria para colmar los requisitos antes apuntados.

b) Al señalar que deben coordinarse las secretarías de Defensa Nacional y Marina con la de Seguridad y Protección Ciudadana se deja de lado la subordinación al mando civil y no se desempeñarán labores de manera complementaria, sino concurrente y sin supervisión civil, sino que serán fiscalizadas por autoridades castrenses.

c) Pese a que el acuerdo señale que la actuación se apegará a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, la misma fue impugnada mediante la acción de inconstitucionalidad 64/2019 por adolecer de varios vicios, de forma que su invalidez afectaría de manera indirecta el acuerdo controvertido.

d) El acuerdo señala que se aplicará la Ley Nacional del Registro de Detenciones, pero existe un preocupante antecedente en el que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido recomendación en torno a violaciones graves a los derechos humanos como la tortura causada por elementos del Ejército.

e) El acuerdo no justifica las razones de la implementación de la Fuerza Armada permanente ni cómo es que se colman las características de extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria pese a que por su naturaleza se requeriría de una motivación reforzada para superar el test de proporcionalidad por contener una limitante a derechos humanos por el empleo de elementos castrenses en tareas de seguridad pública.

V. En el quinto concepto de invalidez, denominado: "Inconstitucionalidad por fraude a la ley en sede constitucional"

a) El acuerdo controvertido no respeta las características de intervención extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, por lo que constituye un fraude a la ley al permitir un abuso de la competencia otorgada al Ejecutivo Federal al establecer el uso de la Fuerza Armada permanente por cuatro años sin control, de manera concurrente y no complementaria de las policías municipales y, sin cumplir una finalidad definida ni específica.

VI. En el sexto concepto de invalidez, denominado: "El acuerdo impugnado es inconvencional"

a) La interpretación de la facultad otorgada en el artículo quinto transitorio del decreto de reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve debe realizarse con perspectiva convencional. Sin embargo, el acuerdo controvertido no desarrolla las características que convencionalmente debe observar la intervención de la Fuerza Armada permanente, ni los mecanismos necesarios para ceñirse a los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

VII. En el séptimo concepto de invalidez, denominado: "Violaciones a los principios de seguridad pública"

1. El acuerdo trastoca lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política del País porque se permite la participación de militares en un cuerpo policial civil en contraposición con los artículos transitorios de la emisión de la Ley de la Guardia Nacional que prevé como supuestos excepcionales la participación de policías militares y navales, sin que la Fuerza Armada permanente pueda intervenir, pues de lo contrario sería una intervención de seguridad interior lo cual se invalidó en la acción de inconstitucionalidad 6/2018 y sus acumuladas en las que se examinó la Ley de Seguridad Interior.

9. QUINTO.—Admisión de la controversia constitucional. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil veinte, ordenó formar y registrar la controversia constitucional con el número de expediente 85/2020 y la turnó a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para que fungiera como instructora.

10. La Ministra instructora, por auto de once de junio de dos mil veinte, requirió al Municipio promovente que aclarara si era su deseo impugnar algún otro acto distinto del "Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria", publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de mayo de dos mil veinte. Mediante escrito presentado en esta Suprema Corte el treinta de junio de dos mil veinte, la parte actora precisó que ése era el único acto impugnado. En consecuencia, en auto de siete de julio de dos mil veinte, admitió a trámite la controversia constitucional; se tuvieron como demandados al Poder Ejecutivo Federal, así como a las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional y Marina, a quienes se ordenó emplazar para que formularan su correspondiente contestación.

11. SEXTO.—Contestación del Poder Ejecutivo Federal. El licenciado Julio Scherer Ibarra, en su carácter de consejero jurídico del Ejecutivo Federal contestó, en síntesis:

I. Causa de improcedencia y sobreseimiento a) Es improcedente la controversia constitucional ante la falta de interés jurídico del Municipio actor. No acredita la invasión a su esfera de competencias pues no existe punto de contacto entre el acto impugnado y sus atribuciones constitucionales, ya que lo único alegado de manera general es que se trastoca el sistema de seguridad pública sin que se advierta si quiera una verdadera causa de pedir.

II. Contestación a los conceptos de invalidez

a) El acuerdo no viola el Pacto Federal, el sistema de coordinación en materia de seguridad pública, el principio de autonomía municipal, el principio de seguridad jurídica en su vertiente de confianza legítima, el artículo 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni el artículo quinto transitorio del decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve.

b) Si bien el artículo 115, fracción III, inciso h), de la Constitución Política del País otorga la facultad al Municipio de prestar los servicios de seguridad pública preventiva y tránsito en términos del artículo 21 constitucional, lo cierto es que de conformidad con el último de los preceptos citados, no se trata de una facultad exclusiva de alguno de los tres niveles de gobierno y, por el contrario, el acuerdo controvertido tiene sustento en el artículo quinto transitorio del decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, del que reproduce su contenido así como del proceso legislativo de la aludida reforma constitucional.

c) El referido artículo quinto transitorio contiene una habilitación directa al Ejecutivo Federal para la emisión del acuerdo controvertido, específicamente, para disponer de la Fuerza Armada permanente para realizar tareas de seguridad pública en apoyo de la Guardia Nacional de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, en tanto ese cuerpo policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial.

d) La facultad de disposición de la Fuerza Armada le ha correspondido al presidente de la República desde la Constitución de mil novecientos diecisiete. El Congreso de la Unión tiene facultades para emitir las leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios, por lo que emitió la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que contiene tales bases. La facultad de disponer de la Fuerza Armada es de ejercicio directo en términos del artículo 89, fracción I, de la Constitución Política del País; precepto que fundó el acuerdo controvertido.

e) El acuerdo impugnado señala que la intervención de la Fuerza Armada permanente es con apego a la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza Pública y la Ley Nacional del Registro de Detenciones, siempre con estricta observancia y respeto a los derechos humanos en términos del artículo 1o. constitucional.

f) En términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la seguridad pública está a cargo de la Federación, Estados y Municipios. De conformidad con la Ley de la Guardia Nacional, ésta es una institución de seguridad pública de carácter civil, adscrita como órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana cuyo objeto es realizar la función de seguridad pública a cargo de la Federación; legislación que prevé los supuestos de colaboración y coordinación entre los tres niveles de gobierno, de forma que podrá colaborar cuando sea formalmente requerida de conformidad con los ordenamientos constitucionales, legales y convenios aplicables con las autoridades locales y municipales competentes. Por tanto, mediante el acuerdo, no se invaden facultades municipales.

g) El acuerdo no viola la autonomía municipal pues no obliga a las autoridades municipales o estatales a coordinarse con la Fuerza Armada permanente, sino que es una instrucción dada a éstas para que lleven a cabo las actividades que prevé el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional previamente referida, sin que del acuerdo se desprenda que la Guardia Nacional asumirá de manera inmediata y directa la competencia municipal, sino que reconoce la posibilidad de que las entidades federativas y Municipios cuenten con ese apoyo mediante la suscripción de convenios.

h) Las funciones de la Fuerza Armada permanente se acotaron a lo establecido en las fracciones I, II, IX, X, XIII, XIV, XV, XVII, XXV, XXVII, XVIII y XXXIV del artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional, por lo que no existe violación a las facultades del Municipio en materia de seguridad pública; no se viola el Pacto Federal y no se modifica en forma alguna tal sistema, pues no implica que el Municipio deje de prestar el servicio de seguridad pública que le compete, no se desnaturaliza el carácter civil de las autoridades encargadas de la seguridad pública y el acuerdo no dispone que militares lideren las instituciones civiles, sino que el propio acuerdo precisa que la Fuerza Armada permanente estará subordinada al mando civil rigiéndose en todo momento por la estricta observancia a los derechos humanos a la que deben apegarse todas las autoridades de los distintos niveles de gobierno.

i) El despliegue de las Fuerzas Armadas no significa la actualización del estado de emergencia previsto en el artículo 29 constitucional; no se actualiza el supuesto de suspensión de garantías, pues el acuerdo combatido no tiene esa finalidad y, por tanto, no vulnera lo dispuesto en los artículos 29 y 129 de la Constitución Política del País.

j) El acuerdo impugnado tampoco es violatorio del principio de seguridad jurídica en su vertiente de confianza legítima, pues el apoyo que presta la Fuerza Armada en materia de seguridad pública no invade ni intenta invadir las facultades conferidas por los artículos 21 y 115 fracción II, inciso h), de la Constitución Política del País. Además, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dispuesto que las Fuerzas Armadas pueden participar en materia de seguridad pública, siempre y cuando se cumplan las características de extraordinariedad, subordinación, complementariedad, regulación y fiscalización que ya prevé el acuerdo impugnado.

k) El acuerdo sí contiene límite temporal, pues indica que el apoyo otorgado por las Fuerzas Armadas será necesario hasta el veinticinco de marzo de dos mil veinticuatro o, incluso, terminar antes, pues la colaboración de las Fuerzas Armadas sólo será necesaria en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial. Tampoco se trata de fraude a la ley pues, a pesar de que el acuerdo no señala las definiciones de extraordinariedad, regulación, fiscalización, subordinación y complementariedad, la Corte Interamericana sí los ha definido sin que el acuerdo viole tales características.

l) El acuerdo no carece de fundamentación y motivación, sino que se sustenta en el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional y el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política del País, y en el caso, no se requería de una motivación reforzada pues el acto impugnado no contiene suspensión de derechos, por lo que no es necesario contrastarlo con el test de proporcionalidad que este Alto Tribunal ha determinado para casos de pugna entre distintos derechos.

12. SÉPTIMO.—Contestación del secretario de la Defensa Nacional. El coronel de Justicia Militar y licenciado Eleazar Ramírez Espíndola, en su carácter de subjefe normativo, técnico y administrativo de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, al contestar la demanda expresó:

I. Causas de improcedencia y sobreseimiento

a) Falta de interés legítimo de la parte actora para promover la controversia constitucional, en términos de lo previsto en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no existe un punto de contacto válido entre el acuerdo impugnado y la supuesta invasión de competencias que arguye el Municipio actor.

b) Ante la ausencia de conceptos de invalidez en los que se argumente la posible invasión de esferas competenciales, se debe considerar que el medio de control constitucional es improcedente y, en consecuencia, debe sobreseerse, al no lograr advertir la verdadera causa de pedir de la promovente, e incluso, el impacto que, en su caso, podría tener una sentencia a su favor.

II. Contestación a los conceptos de invalidez

a) El acuerdo en pugna no trastoca las facultades constitucionales otorgadas al Municipio, puesto que no obliga a las autoridades municipales o de otros órdenes de gobierno a coordinarse en materia de seguridad pública con la Fuerza Armada. No transgrede lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ni al artículo 21 de la Constitución Política del País, toda vez que las instituciones de seguridad pública, incluyendo a la Guardia Nacional, serán de carácter civil y la Fuerza Armada solamente complementará a la Guardia Nacional y la instrucción que obra en el instrumento es para que las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional y Marina definan la forma en la que se complementará a ese cuerpo policial.

b) No existe invasión de competencias, pues no se trastoca lo dispuesto en el artículo 115, fracción III, de la Constitución Política del País, pues la intervención de la Fuerza Armada únicamente será de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional. Por lo que en ningún momento realizarán actividades por iniciativa propia, sino que trabajarán en coordinación con las dependencias participantes.

c) Niega que únicamente el Municipio pueda realizar funciones de detención de personas, pues el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé expresamente que

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31899-f4c108f3/i-controversia-constitucional-el-municipio-de-colima-tiene · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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