I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LEYES EN MATERIA DE ARCHIVOS (LEY NÚMERO 794 DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO Y SUS MUNICIPIOS). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE OCUPE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTE (ARTÍCULO 32, FRACCIÓN I, DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY NÚMERO 794 DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO Y SUS MUNICIPIOS). V. ARCHIVOS. FINALIDAD DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE FEBRERO DE 2014 A LOS ARTÍCULOS 6o. Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE FACULTÓ AL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA EMITIR UNA LEY GENERAL EN LA MATERIA. VI. LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL EN MATERIAS CONCURRENTES. SU VALIDEZ DEPENDE DE LO ESTABLECIDO TANTO EN LA CONSTITUCIÓN GENERAL COMO EN LAS LEYES GENERALES. VII. ARCHIVOS. OBLIGACIONES A CARGO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SUS SISTEMAS LOCALES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 71 DE LA LEY GENERAL DE LA MATERIA. VIII. ARCHIVOS. LA LIBERTAD CONFIGURATIVA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA REGULAR SUS SISTEMAS LOCALES, SE ENCUENTRA LIMITADA A QUE SEA EQUIVALENTE AL SISTEMA NACIONAL PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA Y FUNCIONAL PARA EL MISMO. IX. ARCHIVOS EN EL ESTADO DE GUERRERO. LA PREVISIÓN DE UN REGISTRO ESTATAL CON LAS FUNCIONES DE OBTENER Y CONCENTRAR INFORMACIÓN DUPLICA LAS FACULTADES DEL REGISTRO NACIONAL Y, POR TANTO, VIOLA LOS MANDATOS ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 4, FRACCIÓN XLVI, 11, FRACCIÓN IV, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EN EL REGISTRO ESTATAL Y", 65, PÁRRAFO TERCERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "QUE FORME PARTE DEL REGISTRO ESTATAL", DEL 77 AL 80 Y TRANSITORIO TERCERO DE LA LEY NÚMERO 794 DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO Y SUS MUNICIPIOS). X. ARCHIVOS EN EL ESTADO DE GUERRERO. LA PREVISIÓN DE QUE EL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO SEA UN ORGANISMO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, VIOLA LOS MANDATOS ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 103, PÁRRAFO PRIMERO, Y TRANSITORIO OCTAVO DE LA LEY NÚMERO 794 DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO Y SUS MUNICIPIOS). XI. ARCHIVOS EN EL ESTADO DE GUERRERO. LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO, SIN ÓRGANO DE GOBIERNO, AL SER UN ORGANISMO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, VIOLA LOS MANDATOS ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 105 DE LA LEY NÚMERO 794 DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO Y SUS MUNICIPIOS). XII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EFECTOS DE LA INVALIDEZ DE UN PRECEPTO EN MATERIA DE ARCHIVOS DE UN ESTADO QUE DA LUGAR A LA APLICACIÓN DIRECTA DE LO PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE UNA MATERIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 105 DE LA LEY NÚMERO 794 DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO Y SUS MUNICIPIOS Y, EN CONSECUENCIA, LA APLICACIÓN DIRECTA DEL ARTÍCULO 108 DE LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS). XIII. ARCHIVOS EN EL ESTADO DE GUERRERO. EL REQUISITO DE QUE LA PERSONA DIRECTORA GENERAL DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO NO SEA CÓNYUGE NI TENGA RELACIÓN DE PARENTESCO POR CONSANGUINIDAD O AFINIDAD HASTA EL CUARTO GRADO O CIVIL CON CUALQUIERA DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ESTATAL, NO VIOLA LOS MANDATOS ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (ARTÍCULO 106, FRACCIÓN V, DE LEY NÚMERO 794 DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO Y SUS MUNICIPIOS). XIV. ARCHIVOS EN EL ESTADO DE GUERRERO. LAS FACULTADES DE LA PERSONA DIRECTORA GENERAL DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE PROPONER AL ÓRGANO DE GOBIERNO LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO Y EL PROYECTO DE ESTATUTO ORGÁNICO, ASÍ COMO NOMBRAR Y REMOVER A LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS CUYO NOMBRAMIENTO NO CORRESPONDA A DICHO ÓRGANO, VIOLAN LOS MANDATOS ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 107, FRACCIONES II, III, Y IV, DE LA LEY NÚMERO 794 DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO Y SUS MUNICIPIOS). XV. ARCHIVOS EN EL ESTADO DE GUERRERO. LA DEPENDENCIA DEL ÓRGANO DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, VIOLA LOS MANDATOS EST
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 122/2021 Y SU ACUMULADA 125/2021. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 2 DE MAYO DE 2023. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: JUVENAL CARBAJAL DÍAZ.
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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al dos de mayo de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 122/2021 y su acumulada 125/2021, promovidas, respectivamente, por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de preceptos contenidos en la Ley Número 794 de Archivos del Estado de Guerrero y sus Municipios, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno Local el veintitrés de julio de dos mil veintiuno.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA:
1. Demanda presentada por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ("INAI"). Por oficio presentado el veinte de agosto de dos mil veintiuno a través del Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el INAI, por conducto de su director general de Asuntos Jurídicos promovió demanda de acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de lo siguiente:
"III. La norma general cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se publicó: Ley Número 794 de Archivos del Estado de Guerrero y sus Municipios, en particular sus artículos 4, fracción XLVI; 11, fracción IV; 39, último párrafo; 65, fracciones VIII y IX, y su párrafo tercero; 77; 78; 79; 80; 87, segundo párrafo; 103, 104, fracción I; 106, fracción V; 107, fracciones II, III y IV; 108; los transitorios cuarto, octavo y décimo tercero, así como de las omisiones detectadas que se detallan en los conceptos de invalidez, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, el veintitrés de julio de dos mil veintiuno."
2. Preceptos constitucionales y convencionales que el INAI estima violados. El instituto accionante considera que las normas que impugna son contrarias a los artículos 1o., 6o., apartado A, 14, 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3. Conceptos de invalidez. El INAI hace valer, en síntesis, lo siguiente:
• Primer concepto de invalidez. Los artículos 4, fracción XLVI; 11, fracción IV; 65, párrafo tercero, en su porción normativa: "que forme parte del Registro Estatal"; capítulo V "Registro Estatal de Archivo" del título IV; 77; 78; 79; 80; y décimo tercero transitorio, todos de la Ley Número 794 de Archivos del Estado de Guerrero y sus Municipios, resultan contrarios a la Ley General de Archivos y a la Constitución Federal, al prever un Registro Estatal de Archivos.
El artículo 78 de la ley general en cita, prevé un Registro Nacional de Archivos por parte del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Archivos; es decir, plantea un registro: como un instrumento de dicho sistema para que los sujetos obligados de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, acompañen la conformación de dicho registro. El Registro Nacional de Archivos registrará tanto documentos del ámbito nacional como del ámbito local, siendo un repositorio en materia archivística en favor tanto de la Federación como de las entidades federativas.
La ley general, en su artículo 80, faculta al Archivo General de la Nación para que administre el Registro Nacional, dicha administración dependerá de la normativa que al efecto expida el Consejo Nacional. Por ello, es dable concluir que en la ley general hay ausencia de configuración legislativa a favor de las entidades federativas para legislar sobre la creación de un registro: estatal de archivos.
Adicionalmente, el décimo tercero transitorio de esa ley general establece el mandato para que el Archivo General de la Nación ponga en operación la plataforma del Registro Nacional de Archivos dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de dicha ley, condición que se cumplió el quince de diciembre de dos mil diecinueve. Por ello, el deber de establecer la plataforma de dicho Registro Nacional corresponde tanto al Consejo Nacional en su parte normativa, como el Archivo General de la Nación en su parte administrativa, sin que su alcance comprenda el desarrollo normativo por parte de las Legislaturas Locales en el proceso de armonización legislativa.
Existe libertad de configuración legislativa a favor de las entidades federativas en diversos aspectos previstos por la Ley General de Archivos, no obstante, no existe tal libertad de configuración normativa en materia del Registro Estatal de Archivo, puesto que del análisis de los artículos 78 al 81 de la ley general de la materia, se desprende que lo que pretende el legislador nacional es contar con una sola aplicación informática, alimentada por la información que habrán de registrar los sujetos obligados de los tres órdenes de gobierno en favor de una base registral única. Al suponer que pueda haber 32 registros estatales de archivo, perdería el atributo de que sea una herramienta única, uniforme y accesible a todos.
• Segundo concepto de invalidez. Los artículos 103, párrafo primero; 104, fracción I; 105; 106, fracción V; 108; 107, fracciones II, III y IV; así como el octavo transitorio de la Ley Número 794 de Archivos del Estado de Guerrero y sus Municipios, resultan contrarios a la Ley General de Archivos y a la Constitución Federal, por cuanto hace a la naturaleza jurídica y conformación del Archivo General del Estado.
a) Naturaleza jurídica: El artículo 103, párrafo primero, de la ley impugnada, establece que: "El Archivo General es un Organismo Administrativo Desconcentrado con autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objeto y fines, dependiente de la Secretaría General de Gobierno; su domicilio legal es en la ciudad de Chilpancingo, Municipio de Chilpancingo de los Bravo."
Por su parte, el artículo 104 de la ley general, señala que el Archivo General es un organismo descentralizado no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objeto y fines. Asimismo, el artículo 71, segundo párrafo, de dicha ley establece que en las leyes de las entidades federativas se deberá prever la creación de un archivo general como la entidad especializada en materia de archivos, y lo mismo hace el artículo 4, fracción VII, al establecer que los Archivos Generales serán las "entidades especializadas" en materia de archivos del orden local.
La ley local es omisa en reconocer la descentralización, no sectorización, así como, en otorgar personalidad jurídica y patrimonio propio al Archivo General Local, circunscribiéndolo al ámbito de administración y competencia del Poder Ejecutivo del Estado. El eludir garantizar su autonomía en la toma de decisiones y denotar una injerencia del Ejecutivo, contraviene lo dispuesto por los artículos 4, fracción VII, 71 y 104 de la Ley General de Archivos.
El octavo transitorio es inconstitucional, al prever que el Archivo General del Estado permanecerá sectorizado a la Secretaría General de Gobierno hasta el 31 de diciembre de 2020, y si bien establece que a partir del 1 de enero de 2021 se incluirá dentro de la relación de entidades paraestatales de la administración pública paraestatal como no sectorizado, es una disposición transitoria aislada y no se desprende en ninguna otra parte del articulado de la ley local, que la naturaleza e integración del Archivo General del Estado sea la de un organismo descentralizado no sectorizado, como lo prevé la Ley General de Archivos.
Lo anterior, ya ha sido resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción 141/2019, donde se declaró la invalidez de un precepto que atribuía al Archivo General del Estado una naturaleza distinta a la que el legislador federal estableció para el Archivo General de la Nación, considerando que le resta los atributos necesarios para el ejercicio efectivo de la especialización que, en materia archivística, se le otorgó en la Ley General de Archivos, además consideró que la Ley General de Archivos prevé al Archivo General como un organismo no dependiente de alguna dependencia de la administración pública.
b) Falta de regulación del órgano de Gobierno. La ley local suprime el capítulo y disposiciones que prevén al órgano de Gobierno que requiere el Archivo General del Estado, para el cumplimiento de su objeto, establecido en los artículos 108, fracción I, 109 y 110 de la Ley General de Archivos.
En la ley local, se suprime la figura del órgano de Gobierno de las demás disposiciones que prevén esta figura, como los artículos 105; 106, fracción V (relativa a los requisitos que se deben cubrir para ser director general del Archivo General Local); 107, fracciones II, III y IV (relativa a las facultades de dicho director general); sustituyendo al Órgano de Gobierno en algunos casos por la figura del Consejo Estatal o por los titulares de la Secretaría General de Gobierno y del Poder Ejecutivo, lo cual podría desvirtuar el contenido y alcance de dichas disposiciones, afectando el debido funcionamiento del Archivo General del Estado.
Las fracciones II y III del artículo 107 de la ley impugnada otorgan facultades normativas al Consejo Estatal de Archivos tales como la "aprobación" de medidas para el funcionamiento del Archivo General del Estado, así como del reglamento interior del mismo, y tales facultades no están contempladas en el correspondiente artículo 66 de la propia ley, en donde se prevén las facultades del Consejo.
La ley local es omisa en establecer lo previsto en el último párrafo del artículo 108 de la Ley General de Archivos, respecto a que el Órgano de Gobierno debe emitir los lineamientos conforme a los cuales operará el Consejo Técnico, que en el caso particular la ley local lo define como Comité Técnico.
El artículo séptimo transitorio de la ley impugnada, prevé un deber del Órgano de Gobierno relativo a la expedición y publicación del Estatuto Orgánico del Archivo General del Estado, presuponiendo la existencia de dicho órgano, lo cual en la especie no acontece.
c) Indebida regulación del Órgano de Vigilancia. Si bien la ley impugnada prevé la figura del Órgano de Vigilancia del Archivo General del Estado, en sus artículos 105, fracción II y 108; la conformación del órgano de vigilancia debe corresponder a la de una entidad paraestatal, como se establece en el artículo 113 de la Ley General de Archivos para el Archivo General de la Nación.
d) Indebida previsión del titular del Archivo General del Estado como secretario técnico del Consejo Estatal. El artículo 104, fracción I, de la ley impugnada, es contrario a la Constitución Federal y a la Ley General de Archivos, en la porción normativa que establece al titular del Archivo General del Estado como secretario técnico del Consejo Estatal.
Tal precepto prevé al titular del Archivo General del Estado de una forma que no es equivalente a la que la ley general hace de su homólogo a nivel nacional, al señalar que el titular del Archivo General del Estado debe fungir como "secretario técnico" y no como presidente del Consejo Estatal de Archivos.
El artículo 66 de la ley general dispone que el Consejo Nacional contará con un secretario técnico que será nombrado y removido por el presidente del Consejo, por lo que resulta claro que el secretario técnico es una persona diversa al titular del Archivo General.
De igual forma, la ley impugnada es contradictoria, ya que por un lado establece en la fracción I del artículo 104, que el titular del Archivo General del Estado funge como "secretario técnico del Consejo Estatal"; y por otro, en el artículo 65, fracción I, establece que el Consejo Estatal es el órgano de coordinación del Sistema Estatal, que estará integrado, entre otros, por el titular del Archivo General del Estado de Guerrero, quien lo presidirá; asimismo, dicho precepto señala que el Consejo Local contará con un secretario técnico que será nombrado y removido por el presidente del Consejo; dicha disposición se reitera en el último párrafo del artículo 68 de la ley local.
En ese sentido, la fracción I del artículo 104 impugnado, resulta confusa y contradictoria a la Ley General de Archivos y en diversas disposiciones de la propia norma local, ya que el titular del Archivo General del Estado no podría ser presidente y secretario técnico del Consejo Estatal de Archivos al mismo tiempo.
• Tercer concepto de invalidez. El artículo 39, último párrafo, de la ley local impugnada, viola el diverso 38 de la Ley General de Archivos, al establecer que las resoluciones del organismo garante local son susceptibles de ser impugnadas ante el Poder Judicial del Estado.
El artículo 39 de la ley que se impugna, viola el numeral 38 de la Ley General de Archivos y la regla general de la materia de acceso a la información, relativa a la inatacabilidad de las resoluciones de los organismos garantes y la única posibilidad de su impugnación ante el Poder Judicial de la Federación.
El artículo 38 de la citada ley general, establece el procedimiento y requisitos para que los ciudadanos puedan acceder a documentos con valores históricos, que no hayan sido transferidos a un archivo histórico y que contenga datos personales sensibles, determinando ciertos requisitos para tal fin. De dicho precepto se destacan dos reglas referidas, una, que los particulares podrán impugnar las determinaciones que emitan los organismos garantes locales para permitir el acceso a un documento con valor histórico que aún no haya sido transferido al archivo histórico y que contenga datos personales sensibles, ante el Poder Judicial de la Federación; y otra consistente en que, para efectos de estas determinaciones, los organismos garantes locales actuarán de acuerdo con la legislación en materia de transparencia y acceso a la información.
Por tanto, si el artículo 38 de la ley general es claro en establecer la regla de impugnación que se ha de acatar para este tipo de documentos ante el Poder Judicial de la Federación, no es factible para los Estados contrariarla, pues fue preciso al determinar que, contra las resoluciones de los organismos garantes, en el supuesto en comento, sólo procederá el juicio de amparo.
Así, el artículo 39 impugnado es violatorio de los artículos 6o. y 73, fracción XXIX-T, ambos de la Constitución Federal, por violar la regla particular establecida en el numeral 38 y la regla general de la materia de acceso a la información, relativa a la inatacabilidad de las resoluciones de los organismos garantes y la única posibilidad de impugnación ante el Poder Judicial de la Federación.
• Cuarto concepto de invalidez. El artículo 65, fracciones VIII y IX, de la ley local que se impugna, es violatorio de los diversos 65, 70, 71 y 72 de la Ley General de Archivos, al establecer una integración del Consejo Local de Archivos distinta a la prevista en la referida ley general.
El artículo 65 de la ley local establece la "estructura organizacional" del Consejo Local de Archivos, la cual no se encuentra en armonía en cuanto a su integración, atribuciones y funcionamiento, con lo establecido en la Ley General de Archivos.
Tal precepto establece la conformación del Consejo Estatal de Archivos, en equivalencia del Consejo Nacional previsto en el artículo 65 de la Ley General de Archivos; sin embargo, de su contenido se puede apreciar que su fracción VIII incluye al titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, lo cual no encuentra equivalencia con su conformación en el ámbito nacional, mientras que en su fracción IX se incluye al presidente de cada Consejo Municipal, tratando de equiparar a lo previsto en la misma fracción y numeral de la Ley General de Archivos.
Es de destacar que la figura de los Consejos Municipales no tiene sustento ni en la ley general, ni en la ley local que se impugna, ya que tal figura no existe y, por ende, no se encuentra regulada, razón por la cual resulta a todas luces inconstitucional.
• Quinto concepto de invalidez. El artículo 87 de la ley local impugnada, es contrario a los diversos 87 y 106, fracción XXI, de la Ley General de Archivos, al regular indebidamente las declaratorias de patrimonio documental de la Nación.
El artículo 87 de la ley general establece que las declaratorias de patrimonio documental de la Nación son una facultad del Archivo General de la Nación y, en casos excepcionales, por cuestión de competencia a los organismos a los que la Constitución les otorga autonomía, en coordinación con el propio Archivo General.
Contrario a dicho precepto, el artículo 87, segundo párrafo, de la ley local que se impugna, otorga facultades a los organismos autónomos del Estado en coordinación con el Archivo Estatal, para emitir declaratorias de patrimonio documental de la nación, siendo que esta es una facultad exclusiva del Archivo General de la Nación, así como de los organismos a los que la Constitución les otorga autonomía, en coordinación con el propio Archivo General, por lo que dicha disposición resulta inconstitucional.
• Sexto concepto de invalidez. El artículo cuarto transitorio de la ley local impugnada regula indebidamente las declaratorias de patrimonio documental de la nación, pues la Ley General de Archivos en su artículo cuarto transitorio, segundo párrafo, prevé que es competencia del Consejo Nacional emitir los lineamientos, mecanismos y criterios para la conservación y resguardo de documentos de acuerdo a las características económicas, culturales y sociales de cada región en los Municipios que no tengan condiciones presupuestarias ni técnicas y cuenten con una población menor a 70,000 habitantes; mientras que el cuarto transitorio de la ley local impugnada, faculta al Consejo Local para emitir los lineamientos, mecanismos y criterios citados, por lo que invade la competencia del Consejo Nacional prevista en la citada ley general, de donde deriva su inconstitucionalidad o invalidez.
4. Radicación y turno de la demanda presentada por el INAI. Por acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente a la demanda de acción de inconstitucionalidad presentada por el INAI con el número 122/2021 y la turnó a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa como instructora del procedimiento.
5. Demanda presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ("CNDH"). Por oficio presentado a través del buzón judicial de este Alto Tribunal el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno y recibido al día siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) la CNDH, por conducto de su presidenta, María del Rosario Piedra Ibarra promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de lo siguiente:
"Artículo 106, fracciones I, en la porción normativa ‘por nacimiento’ y III, de la Ley Número 794 de Archivos del Estado de Guerrero y sus Municipios, expedida mediante Decreto publicado el 23 de julio de 2021 en el Periódico Oficial de esa entidad federativa. ..."
6. Preceptos constitucionales y convencionales que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estima violados. La Comisión Nacional accionante considera que la norma que impugna es contraria a los artículos 1o., 5o., 14, 16, 32 y 35, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 9, 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
7. Conceptos de invalidez. La CNDH hace valer, en síntesis, lo siguiente: • Primer concepto de invalidez. El artículo 106, fracción I, en la porción normativa "por nacimiento", de la ley local impugnada, dispone que para ser director general del Archivo General del Estado, se requiere tener la calidad de mexicano por nacimiento.
La Ley Fundamental establece que el Congreso de la Unión es el único ente legitimado para reservar determinados cargos a las personas mexicanas por nacimiento; por lo que el Congreso de Guerrero se encuentra imposibilitado para exigir dicha calidad para acceder a cualquier cargo público en el orden local, de manera que al emitir la disposición que se impugna, transgredió el derecho fundamental de seguridad jurídica y el principio de legalidad.
A. Derecho a la seguridad jurídica y principio de legalidad. El derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad previstos en los artículos 14 y 16 de la Norma Fundamental, así como el 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, constituyen prerrogativas fundamentales, por virtud de las cuales toda persona se encuentra protegida frente al arbitrio de la autoridad estatal.
La transgresión al derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad, se configura cuando la esfera jurídica de los gobernados se ve afectada por parte de una autoridad que actúa sin un sustento legal para hacerlo o cuando lo realiza de una forma alejada a lo preceptuado por la Constitución Federal y las leyes secundarias que resulten conformes con la misma.
Las entidades federativas, en el ámbito legislativo pueden emitir normas que regulen todo aquello que no está expresamente concedido al Congreso de la Unión, pues de lo contrario estaría transgrediendo el orden constitucional al realizar actos que afectan la esfera jurídica de los gobernados sin estar habilitados para ello, en detrimento del derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad.
B. Inconstitucionalidad de la disposición normativa impugnada. La exigencia consistente en tener la calidad de mexicano por nacimiento para estar en aptitud de ser director del Archivo General del Estado de Guerrero, contraviene las exigencias de seguridad jurídica y legalidad.
El artículo 30 de la Constitución Federal establece que las formas en las que podrá adquirirse la nacionalidad mexicana es por nacimiento y por naturalización; y conforme al artículo 34 de ese mismo Ordenamiento Fundamental, son ciudadanos los que tienen la nacionalidad mexicana, ya sea adquirida por nacimiento o naturalización, que hayan cumplido 18 años y tengan un modo honesto de vivir; por tanto, las personas ciudadanas mexicanas por naturalización, al igual que las que obtuvieron su nacionalidad por nacimiento, tienen todos los derechos y obligaciones que establece la Constitución Federal, incluyendo los derechos a dedicarse a la profesión o trabajo que deseen, siendo lícitos, así como poder ser nombrados para cualquier empleo o comisión del servicio público que no esté reservado constitucionalmente o por leyes del Congreso de la Unión para las personas mexicanas por nacimiento.
El artículo 32 de la Constitución Federal señala que habrá cargos y funciones para los que se requiere la calidad de mexicano por nacimiento, restricción que sólo será aplicable cuando por disposición expresa de la Norma Fundamental del ordenamiento jurídico mexicano, se establezca dicha reserva, así como en los casos en que señalen las leyes del Congreso de la Unión.
Con base en lo anterior, debe sostenerse que el legislador federal es la única autoridad facultada para establecer ciertos cargos y funciones que requieren la calidad de mexicano por nacimiento.
El Tribunal Pleno, al resolver la acción 49/2008, estimó que la facultad de configuración legislativa contenida en el artículo 32 constitucional no es irrestricta, sino que debe satisfacer una razonabilidad en función de los cargos que se trate. Asimismo, se sostuvo que, si bien se deben cumplir con los demás requisitos que señale la ley, lo cual podría incluir el ser mexicano por nacimiento, lo cierto es que la libertad configurativa del Congreso de la Unión como de las Legislaturas Locales no es absoluta, pues no pueden establecer disposiciones que contravengan derechos humanos consagrados en la Norma Suprema.
En la acción 93/2018, el Tribunal Pleno determinó que las Legislaturas Locales no están facultadas para establecer algún supuesto en el que se exija la nacionalidad mexicana por nacimiento para ocupar cargos públicos, pues derivado de la interpretación sistemática del artículo 1o. constitucional, en relación con el 32 de la Norma Fundamental, la cual reservó todo lo relativo a la dimensión externa de la soberanía de la Federación y sus funcionarios, por lo que, la facultad para determinar los cargos para los que se requiere ser mexicano por nacimiento no le corresponde a las entidades federativas, quienes no pueden realizar por sí mismas actos encaminados a ese objetivo.
De igual modo, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 35/2018, 46/2018, 59/2018, 87/2018, 88/2018, 4/2019, 40/2019, 70/2019, 111/2019, 113/2020 y 182/2019, ese Alto Tribunal ha sustentado que las Legislaturas Locales carecen de habilitación constitucional para establecer el requisito de contar con la nacionalidad mexicana por nacimiento.
Por tanto, el requisito previsto en la norma impugnada consistente en exigir la nacionalidad mexicana por nacimiento para ser director general del Archivo en la entidad guerrerense resulta contario al mandato de la Norma Fundamental.
Los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Guerrero al expedir la disposición que se combate, emitieron una norma sin tener sustento constitucional para ello, toda vez que por un lado, están incorporando el requisito de nacionalidad mexicana por nacimiento para ser director general del Archivo, cuyo cargo no está previsto en el catálogo de puestos públicos para los que la Constitución requiere la referida calidad y, por otro lado, el legislador no está habilitado para establecer este requisito.
La disposición combatida también contraviene el derecho reconocido en la fracción VI del artículo 35 de la Constitución Federal, que se refiere al acceso de cualquier ciudadano mexicano a la ocupación de cargos en la función pública, en condiciones de igualdad, siempre y cuando cumplan las calidades exigidas por las leyes y, siendo que por dichas calidades debe entenderse méritos y capacidades, resulta claro que la norma es inconstitucional.
Finalmente, la porción normativa impugnada resulta incompatible con el bloque de constitucionalidad mexicano por restringir a las personas mexicanas por naturalización la posibilidad de acceder al cargo público de director general del Archivo del Estado de Guerrero, en igualdad de condiciones a las personas connacionales que adquirieron la nacionalidad por nacimiento y, por tanto, contraviene el principio de igualdad y su correlativa prohibición de discriminación, motivo que refuerza la inconstitucionalidad planteada.
• Segundo concepto de invalidez. El artículo 106, fracción III, de la Ley Número 794 de Archivos del Estado de Guerrero y sus Municipios establece los requisitos para acceder al cargo de director general en materia archivística, entre ellos, el de no haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso.
Tal exigencia vulnera los derechos de igualdad y no discriminación, la libertad de trabajo y de acceso a un empleo público, dado que impide en forma injustificada que las personas que han sido sentenciadas por la comisión de los ilícitos referidos –cualquiera que éstos sean y sin atender al grado de responsabilidad– pueden desempeñarse en el cargo público mencionado, aun cuando la sanción correspondiente haya sido cumplida y no se relacionen directamente con las funciones correspondientes.
A. Derecho a la igualdad y no discriminación. El principio de igualdad y no discriminación permea todo el ordenamiento jurídico, de tal suerte que todo tratamiento que resulta discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos reconocidos en la Constitución es per se incompatible con la misma.
Ese Alto Tribunal ha sostenido reiteradamente que el derecho fundamental a la igualdad reconocido en la Constitución Federal no implica establecer una igualdad unívoca ante las diferentes situaciones que surgen en la realidad, sino que se refiere a una igualdad de trato ante la ley; es decir, el emisor de la norma puede prever situaciones fácticas que requieran un trato diferente; sin embargo, éste debe sustentarse en criterios razonables y objetivos que lo justifiquen, sin dejarlo al capricho, voluntad del legislador.
En los casos en que la ley distingue entre dos o varios hechos, sucesos, personas o colectivos, debe analizarse si dicha distinción descansa en una base objetiva y razonable, o si, por el contrario, constituye una discriminación constitucionalmente vedada.
Si bien el principio de igualdad no implica que todas las personas deban encontrarse en todo momento y en cualquier circunstancia en absoluta igualdad, lo cierto es que el mismo hace referencia a la situación en la cual todos aquellos individuos ubicados en escenarios de hechos similares reciban siempre el mismo trato; por tanto, toda diferencia en el tratamiento a las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y no exista justificación razonable para tal distinción, será discriminatoria.
En el ámbito internacional, el artículo 24 de la Convención Americana. Prohíbe la discriminación de derecho, no sólo en cuanto a los derechos contenidos en dicho tratado, sino en lo que respecta a todas las leyes que apruebe el Estado y a su aplicación.
B. Libertad de trabajo y derecho a ocupar un cargo público. El primer párrafo del artículo 5o. de la Constitución Federal, dispone que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. Por su parte, el artículo 35, fracción VI, del mismo texto, consagra como derecho de los ciud
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31903-ae142525/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-instituto-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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