I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 12, FRACCIÓN IV Y 32, FRACCIÓN I, DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LEYES DE CARÁCTER LOCAL CUANDO CONSIDERE QUE VIOLAN EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. III. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS. LAS LEGISLATURAS LOCALES NO TIENEN COMPETENCIA PARA LEGISLAR EN ASPECTOS PRIMARIOS EN ESTA MATERIA, PERO SÍ ESTÁN FACULTADAS PARA ARMONIZAR Y ADECUAR SUS LEGISLACIONES CONFORME AL CONTENIDO DE LA LEY GENERAL. IV. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS. LA LIBERTAD CONFIGURATIVA DE LAS LEGISLATURAS LOCALES DEBE RESPETAR LAS BASES Y LOS ASPECTOS MÍNIMOS APLICABLES DE LA LEY GENERAL EN LA MATERIA. V. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PUEDEN CREAR SISTEMAS ESTATALES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, EN TÉRMINOS SIMILARES A LOS PREVISTOS PARA EL SISTEMA NACIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SUS FACULTADES SE ENMARQUEN EN AQUELLAS QUE LAS LEYES GENERALES OTORGAN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y QUE ÉSTOS SIRVAN COMO INSTANCIA DE COORDINACIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL, SIN QUE TAL CIRCUNSTANCIA IMPLIQUE LA APROPIACIÓN DE ATRIBUCIONES. VI. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. TODA DISPOSICIÓN RELATIVA A LOS SISTEMAS ESTATALES DE TRANSPARENCIA QUE CONTRAVENGA ALGUNA DE LAS LEYES GENERALES EN LA MATERIA, O BIEN, PERMITA QUE EL SISTEMA ESTATAL EMITA REGLAS O LINEAMIENTOS QUE PUEDAN CONTRAVENIR LOS EMITIDOS POR EL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ES INCONSTITUCIONAL. VII. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LA CONTINUACIÓN DE LA VIGENCIA DE LAS NORMAS DE LA LEY LOCAL QUE REGÍAN EL AHORA EXTINTO SISTEMA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE LA ENTIDAD, GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA, A PESAR DE QUE ÉSTAS AHORA SEAN INAPLICABLES Y OBSOLETAS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 3, FRACCIÓN XXIX, 12, 14, FRACCIÓN XV, 27, PÁRRAFO CUARTO, 68, PÁRRAFO TERCERO, 90 Y 105, FRACCIONES XXIII Y XXV, DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). VIII. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL OFICIAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE LA ENTIDAD ÚNICAMENTE PUEDE TENER LAS ATRIBUCIONES SEÑALADAS EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 100, PÁRRAFO PRIMERO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "Y DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA", Y PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). IX. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. DE ACUERDO CON LA CONCURRENCIA NORMATIVA EN LA MATERIA, LAS NORMAS SOBRE EL RECURSO DE REVISIÓN, PREVISTAS EN LA LEY GENERAL, AL SER CONSIDERADAS POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN COMO CONDICIONES HOMOGÉNEAS NECESARIAS PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, NO DEBEN MODIFICARSE EN LA LEGISLACIÓN LOCAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 119, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). X. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS PARA LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN, VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, AL ESTABLECER MAYORES REQUISITOS PARA LA INTERPOSICIÓN DE DICHO RECURSO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 119, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). XI. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LA COMISIÓN ESTATAL DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS NO PUEDE SER AUTORIDAD INVESTIGADORA, SUSTANCIADORA Y/O RESOLUTORA EN NINGÚN PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR EL INCUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 177, 178, 179 Y 181 DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). XII. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LA PREVISIÓN LEGAL QUE CALIFICA UNA FALTA ADMINISTRATIVA COMO "MUY
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 3/2020. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 23 DE MAYO DE 2023. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS.
ÍNDICE TEMÁTICO
Acto impugnado: Diversos artículos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León.
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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 3/2020, promovida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en contra de diversos artículos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León.
ANTECEDENTES
1. El veinte de julio de dos mil siete se adicionó un segundo párrafo con siete fracciones al artículo 6o. de la Constitución Política del País, con la finalidad de establecer principios para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información.
2. Derivado de las reformas al artículo 6o. constitucional y ante la necesidad de que se dictara una legislación en materia de protección de datos personales en posesión de particulares cuyo ámbito material de aplicación fuera la totalidad del territorio nacional, el treinta de abril del dos mil nueve se adicionó la fracción XXIX-O del artículo 73 constitucional, para otorgar al Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia de protección de datos personales en posesión de particulares. Posteriormente, se dotó de contenido al derecho de protección de datos personales con la reforma al artículo 16 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el uno de junio de dos mil nueve.
3. Por lo que a este asunto interesa, el cinco de julio de dos mil diez se expidió y publicó la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, cuyo objeto fue la protección de los datos personales en posesión de los particulares, no obstante, fue hasta la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil catorce, en la que se reconoció la necesidad de legislar en relación con el derecho a la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados y, en ese sentido, se reformaron entre otras disposiciones, las fracciones I, IV y V del apartado A y se adicionó una fracción VIII a su artículo 6o. a fin de establecer, entre otras cosas, los sujetos obligados a transparentar su información, así como la obligación del Congreso de la Unión de emitir una ley general que unificara los criterios aplicables en materia de transparencia y acceso a la información, así como otra ley general en materia de protección de datos personales.
4. Asimismo, se adicionó la fracción XXIX-S al artículo 73 constitucional que faculta al Congreso de la Unión para expedir las leyes generales reglamentarias que desarrollen los principios y bases en materia de transparencia gubernamental, acceso a la información y protección de datos personales en posesión de las autoridades, entidades, órganos y organismos gubernamentales de todos los niveles de gobierno. En el diverso 116, fracción VIII, se previó que las Constituciones Locales deben establecer los organismos garantes en la materia, conforme a los principios y bases contenidos en el mencionado numeral 6o. y en la ley general aplicable. Finalmente, también se reformó el artículo 122 constitucional aplicable a la Ciudad de México, cuyo texto vigente dispone que ésta contará con los organismos constitucionales autónomos que la Constitución Federal prevé para las entidades federativas (apartado A, fracción VII), incluido el organismo garante del artículo 6o.
5. Con fundamento en las reformas indicadas en los puntos anteriores y, entre otras, con la finalidad de distribuir las competencias de la Federación y las entidades federativas en materia de protección de datos personales en posesión de las autoridades, entidades, órganos y organismos gubernamentales de todos los niveles de gobierno, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, el Congreso de la Unión emitió la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
6. Posteriormente, el once de diciembre de dos mil diecinueve se publicó en la Sección Tercera del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nuevo León el Decreto Número 193 por el que se expidió la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León.
7. El diez de enero de dos mil veinte, por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Miguel Novoa Gómez, en su carácter de representante legal y director general de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, promovió acción de inconstitucionalidad en su contra y, en lo particular, solicitó la invalidez de los artículos 3o., fracción XXIX, 12, 14, fracción XV, 27, 68, 90, 100, 105, fracciones XXIII y XXV, 119, fracción V, 133, 158, 170, 171, 177, 178, 179 y 181, cuyo contenido es el siguiente:
"Artículo 3. Para los efectos de la presente ley se entenderá por: ...
"XXIX. Plataforma: La Plataforma de Transparencia a que se hace referencia en el Título Tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León."
"Artículo 12. Además de los objetivos previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, el Sistema Estatal tendrá como objetivo diseñar, ejecutar y evaluar un Programa Estatal de Protección de Datos Personales que defina la política pública y establezca, como mínimo, objetivos, estrategias, acciones y metas para:
"I. Promover la educación y una cultura de protección de datos personales entre la sociedad;
"II. Fomentar el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición;
"III. Capacitar a los sujetos obligados en materia de protección de datos personales;
"IV. Impulsar la implementación y mantenimiento de un sistema de gestión de seguridad a que se refiere el artículo 40 de la presente Ley, así como promover la adopción de estándares nacionales e internacionales y buenas prácticas en la materia; y,
"V. Prever los mecanismos que permitan medir, reportar y verificar las metas establecidas.
"El Programa Estatal de Protección de Datos Personales, se constituirá como un instrumento rector para la integración y coordinación del Sistema Estatal, y deberá determinar y jerarquizar los objetivos y metas que éste debe cumplir, así como definir las líneas de acción generales que resulten necesarias.
"El Programa Estatal de Protección de Datos Personales deberá evaluarse y actualizarse al final de cada ejercicio anual y definirá el conjunto de actividades y proyectos que deberán ser ejecutados durante el siguiente ejercicio."
"Artículo 14. El Sistema Estatal, además de lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León y demás normativa aplicable, tendrá las siguientes funciones en materia de protección de datos personales: ...
"XV. Proponer acciones para vincular el Sistema Estatal con otros sistemas y programas nacionales, regionales o locales."
"Artículo 27. El responsable deberá informar al titular, a través del aviso de privacidad, la existencia y características principales del tratamiento al que serán sometidos sus datos personales, a fin de que pueda tomar decisiones informadas al respecto.
"Por regla general, el aviso de privacidad deberá ser difundido por los medios electrónicos y físicos con que cuente el responsable.
"Para que el aviso de privacidad cumpla de manera eficiente con su función de informar, deberá estar redactado y estructurado de manera clara y sencilla.
"Cuando resulte imposible dar a conocer al titular el aviso de privacidad, de manera directa o ello exija esfuerzos desproporcionados, el responsable podrá instrumentar medidas compensatorias de comunicación masiva de acuerdo con los criterios que para tal efecto emita el Sistema Estatal."
"Artículo 68. Cuando se traten datos personales por vía electrónica en un formato estructurado y comúnmente utilizado, el titular tendrá derecho a obtener del responsable una copia de los datos objeto de tratamiento en un formato electrónico estructurado y comúnmente utilizado que le permita seguir utilizándolos.
"Cuando el titular haya facilitado los datos personales y el tratamiento se base en el consentimiento o en un contrato, tendrá derecho a transmitir dichos datos personales y cualquier otra información que haya facilitado y que se conserve en un sistema de tratamiento automatizado a otro sistema en un formato electrónico comúnmente utilizado, sin impedimentos por parte del responsable del tratamiento de quien se retiren los datos personales.
"El Sistema Estatal establecerá mediante lineamientos los parámetros a considerar para determinar los supuestos en los que se está en presencia de un formato estructurado y comúnmente utilizado, así como las normas técnicas, modalidades y procedimientos para la transferencia de datos personales."
"Artículo 90. El Sistema Estatal podrá emitir criterios adicionales con sustento en parámetros objetivos que determinen que se está en presencia de un tratamiento intensivo o relevante de datos personales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior."
"Artículo 100. Los responsables que en el ejercicio de sus funciones sustantivas lleven a cabo tratamientos de datos personales relevantes o intensivos, podrán designar a un oficial de protección de datos personales, especializado en la materia, quien realizará las atribuciones mencionadas en el artículo que antecede y formará parte de la Unidad de Transparencia y del Comité de Transparencia.
"La persona designada como oficial de protección de datos deberá contar con la jerarquía o posición dentro de la organización del responsable que le permita implementar políticas transversales en esta materia.
"El oficial de protección de datos personales será designado atendiendo a su experiencia y cualidades profesionales, en particular, a sus conocimientos en la materia y deberá contar con recursos suficientes para llevar a cabo sus atribuciones."
"Artículo 105. Para los efectos de la presente Ley y sin perjuicio de otras atribuciones que les sean conferidas en la normatividad que les resulte aplicable, el Pleno de la Comisión tendrá las siguientes atribuciones: ...
"XXIII. Promover e impulsar el ejercicio y tutela del derecho a la protección de datos personales a través de la implementación y administración de la Plataforma Estatal a que se refiere la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León y demás normativa aplicable;
"...
"XXV. Administrar, en el ámbito de sus competencias, la Plataforma Estatal de Transparencia."
"Artículo 119. Los requisitos exigibles en el escrito de interposición del recurso de revisión serán los siguientes: ...
"V. La copia de la solicitud a través de la cual ejerció sus derechos ARCO y que fue presentada ante el responsable y los documentos anexos a la misma, con su correspondiente acuse de recepción."
"Artículo 133. La Comisión podrá emitir criterios que serán de carácter orientador para los sujetos obligados, que se establecerán por reiteración al resolver tres casos análogos de manera consecutiva en el mismo sentido, por al menos dos terceras partes del Pleno de la Comisión, derivados de resoluciones que hayan causado estado.
"Todo criterio que emita la Comisión, deberá contener una clave de control para su debida identificación.
"La Comisión podrá interrumpir el criterio si estima la inaplicabilidad del razonamiento en él contenido, a fin de dejarlo sin efectos. Para proceder a la interrupción a que se refiere este artículo, se requerirá la resolución de un recurso en el que se sostenga un criterio contrario al previamente establecido.
"La aprobación de un criterio por parte de los integrantes de la Comisión, no será motivo para vincular a los nuevos integrantes que, en su caso, formen parte del propio organismo garante en lo sucesivo, por lo que el tema contenido en el criterio en cuestión podrá ser discutido bajo la nueva integración del organismo garante, mismo que podrá ser interrumpido.
"Cualquier persona podrá denunciar ante la Comisión, la contradicción de criterios."
"Artículo 158. La Comisión podrá imponer las siguientes medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones:
"I. La amonestación pública; y,
"II. La multa, equivalente a la cantidad de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
"El incumplimiento de los sujetos obligados será difundido en los portales de obligaciones de transparencia de la Comisión y considerados en las evaluaciones que realicen éstos.
"En caso de que el incumplimiento de las determinaciones de la Comisión implique la presunta comisión de un delito, éste deberá denunciar los hechos ante la autoridad competente.
"Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos."
"Artículo 170. Serán causa de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, las siguientes:
"I. Por omitir publicar o poner a disposición de los titulares, el aviso de privacidad, ya sea total o parcialmente, tanto el integral como el simplificado;
"II. Por no inscribir oportunamente las bases de datos personales, en el registro que para tal efecto lleva la Comisión;
"III. Por declarar con dolo, negligencia o mala fe, la inexistencia de datos personales, cuando éstos existan total o parcialmente en sus archivos;
"IV. Por no dar respuesta oportuna a las solicitudes de ejercicios de derechos ARCO, o bien, por no comunicar al titular del dato la falta de competencia del sujeto obligado;
"V. Por entregar información relativa a datos personales, de manera errónea o incompleta, requerida en una solicitud de protección de datos personales;
"VI. Por actuar con negligencia, dolo o mala fe, en la debida sustanciación de las solicitudes de derechos ARCO;
"VII. Por no rendir, en tiempo y forma, contestación a un recurso de revisión interpuesto en el ejercicio de los derechos de protección de datos personales;
"VIII. Por invocar falsas causales para la prórroga o ampliación del plazo para contestar solicitudes que supongan negligencia o descuido;
"IX. Por el incumplimiento a los principios previstos en esta Ley;
"X. Por incumplir con el deber de secreto y confidencialidad a que está obligado;
"XI. Por transgredir las medidas de protección y confidencialidad a que se refiere la presente Ley;
"XII. Por cambiar sustancialmente la finalidad originaria del tratamiento de datos personales;
"XIII. Llevar a cabo la transferencia de datos personales, en contravención a lo previsto en la presente Ley;
"XIV. Por mantener datos de carácter personal inexactos, siempre que resulte imputable a los sujetos obligados, al no efectuar las rectificaciones o cancelaciones de los mismos;
"XV. Por incumplir las medidas de seguridad y protección de las bases de datos personales determinados en la presente Ley, y en los lineamientos expedidos por la Comisión;
"XVI. Por impedir, obstaculizar o negar indebidamente el ejercicio de los derechos relativos a la protección de los datos personales;
"XVII. No atender las medidas cautelares establecidas por la Comisión;
"XVIII. Por clasificar o confirmar, como tal, indebidamente datos personales, con dolo, negligencia o mala fe, cuando no cumpla con las características que señala esta Ley, o la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. Esta causal sólo procederá cuando exista una resolución previa de la Comisión, respecto del criterio de clasificación;
"XIX. Por usar, crear, transmitir, tratar, usar, sustraer, destruir, ocultar, inutilizar, divulgar, mutilar, alterar o modificar total o parcialmente de manera indebida, datos personales a los cuales tenga acceso, o bien, se encuentren bajo su custodia o posesión;
"XX. Omitir la entrega del informe anual y demás informes a que se refiere el artículo 57, fracción VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, o bien, entregar el mismo de manera extemporánea;
"XXI. Dar tratamiento, de manera intencional, a los datos personales en contravención a los principios y deberes establecidos en la presente Ley;
"XXII. Por facilitar a terceros, datos personales que obre en sus archivos o sistemas de datos personales, sin la existencia debida del contrato de transmisión;
"XXIII. Por la planeación de cualquier acto que implique la indebida comunicación de datos personales de las bases de datos personales por cualquier medio, con fines de lucro indebido;
"XXIV. Crear bases de datos personales en contravención a lo dispuesto por el artículo 7 de la presente Ley;
"XXV. Por no proporcionar oportunamente la información que solicite la Comisión, en el ejercicio de sus competencias legales;
"XXVI. Por impedir u obstaculizar de cualquier forma, el ejercicio de las facultades de protección de datos personales de la Comisión;
"XXVII. Por incumplir u obstaculizar de cualquier forma, el cumplimiento de las resoluciones emitidas por la Comisión;
"XXVIII. Por no cesar en el uso ilegitimo o ilícito de los tratamientos de datos personales, a pesar de habérsele requerido por parte de la Comisión;
"XXIX. Por la comunicación de datos personales considerados confidenciales, en el caso de archivos de seguridad pública, o de orden fiscal, judicial o de salud;
"XXX. Presentar vulneraciones a los datos personales por la falta de implementación de medidas de seguridad según los artículos 36, 37 y 38 de la presente Ley;
"XXXI. Realizar actos para intimidar o inhibir a los titulares en el ejercicio de los derechos ARCO; y,
"XXXII. No acatar las resoluciones emitidas por la Comisión."
"Artículo 171. Las causas de responsabilidad previstas en las fracciones I, II, III, V, VII, VIII, IX y X son consideradas leves; las fracciones XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII y XIX son consideradas graves; y las fracciones IV, VI, XIII, XVIII, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI y XXXII, son consideradas muy graves para efectos de la sanción.
"En caso de que la presunta infracción hubiere sido cometida por algún integrante de un partido político, la investigación y, en su caso, sanción, corresponderá a la autoridad electoral competente.
"Las sanciones de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos."
"Artículo 177. La Comisión podrá imponer las siguientes sanciones económicas al responsable, de conformidad con la gravedad de la infracción que haya cometido, de la siguiente manera:
"I. Las infracciones señaladas como leves, serán sancionadas con multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización;
"II. Las infracciones señaladas como graves, serán sancionadas con multa de 501 A 1,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; y,
"III. Las infracciones señaladas como muy graves serán sancionadas con multa de 1,001 a 10, 000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización."
"Artículo 178. Toda multa o sanción de carácter económico impuesta por la Comisión, se entenderá a cargo del patrimonio personal del servidor público sancionado, en ningún caso podrá cubrirse el importe de la misma con recursos provenientes del erario, sujetándose, en su caso, a lo siguiente: "I. En caso de reincidencia o desacato a una resolución, la Comisión podrá solicitar al superior jerárquico del servidor público responsable o a las autoridades competentes;
"a) El inicio del procedimiento de separación temporal del responsable, hasta por seis meses;
"b) La separación definitiva del responsable; o,
"c) La inhabilitación del cargo del servidor público, hasta por cinco años, de conformidad con los procedimientos establecidos por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León. En caso de que el incumplimiento sea realizado por autoridad que goce de fuero constitucional, se procederá en los términos que señale la ley de la materia."
"Artículo 179. Las sanciones se aplicarán de conformidad con los siguientes criterios:
"I. La naturaleza del dato;
"II. La capacidad económica del responsable;
"III. La gravedad de la falta cometida;
"IV. La reincidencia;
"V. El carácter intencional o no, de la acción u omisión constitutiva de la infracción; y,
"VI. El monto del beneficio indebido, el daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento."
"Artículo 181. La Comisión remitirá, mediante oficio dirigido a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, las sanciones impuestas a los sujetos obligados, las cuales tendrán el carácter de créditos fiscales, para efecto que lleve a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, la cual estará obligada a presentar informes mensuales del estado que guarda la ejecución de las multas a la Comisión."
8. Los conceptos de invalidez que plantea el accionante son, en síntesis, los siguientes:
• De manera preliminar señala que, de conformidad con la interpretación que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado del artículo 6o., apartado A, en relación con los numerales 73, fracción XXIX-S y 116, fracción VIII, todos de la Constitución Política del País, para analizar la constitucionalidad de la legislación emitida por las entidades federativas en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, debe atenderse no sólo a las disposiciones constitucionales mencionadas, sino también al contenido de las leyes generales correspondientes emitidas por el Congreso de la Unión.(1)
• En el primer concepto de invalidez argumenta que el artículo 27 de la ley impugnada es violatorio de los diversos 1o., 6o., apartado A, 16, párrafos primero y segundo, 73, fracción XXIX-S y 124, todos de la Constitución Federal, por ser invasivo de la atribución del Sistema Nacional de Transparencia para emitir criterios que regulen medidas compensatorias, prevista en el artículo 26, párrafo último, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Sostiene que, si bien existen facultades de configuración normativa en favor de los legisladores locales para emitir criterios en materia de medidas compensatorias, éstas deben ser acordes con aquellas emitidas por el Sistema Nacional de Transparencia.(2)
• En el segundo concepto de invalidez manifiesta que el artículo 68 de la ley impugnada es inconstitucional porque al otorgar al Sistema Estatal de Transparencia la facultad para emitir lineamientos de portabilidad, invade la atribución del Sistema Nacional de Transparencia, prevista en el diverso 57, párrafo último, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Precisa que de conformidad con ésta, los legisladores locales tienen la facultad de otorgar a los sistemas estatales de transparencia la atribución de emitir lineamientos de portabilidad, siempre que éstos sean acordes con los que se emitan por el Sistema Nacional de Transparencia. Luego, la inconstitucionalidad se encuentra en la omisión de establecer esta obligación, ya que de lo contrario se corre el riesgo que se expidan lineamientos contradictorios, sobre todo, tomando en cuenta que el doce de febrero de dos mil dieciocho fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo por el cual se emiten los Lineamientos que establecen los parámetros, modalidades y procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho a la portabilidad de datos personales", aprobados por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia en sesión de veintitrés de enero de dos mil dieciocho.
• En el tercer concepto de invalidez, el accionante plantea que el artículo 90 impugnado, que prevé la facultad del sistema estatal de transparencia para emitir criterios en materia de evaluaciones de impacto en la protección de datos personales, es inconstitucional, al igual que el numeral impugnado en el concepto de invalidez anterior, por no prever que estos criterios deben ser acordes con los emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia.
• En su cuarto concepto de invalidez, manifiesta que el artículo 100 de la ley impugnada es inconstitucional porque, contrario al contenido del diverso 85 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, prevé que el oficial de protección de datos personales formará parte del Comité de Transparencia. Cita como precedente la acción de inconstitucionalidad 101/2017.(3) Asimismo, añade que el artículo también es inconstitucional porque otorga facultades adicionales al referido oficial, como es la de implementar políticas transversales.
• En el quinto concepto de invalidez señala que el artículo 119 de la ley impugnada es inconstitucional al exigir requisitos adicionales a los del artículo 105 de la referida ley general para interponer el recurso de revisión, en específico, el previsto en la fracción V, relativo a acompañar al escrito de interposición del recurso copia de la solicitud a través de la cual ejerció sus derechos ARCO y sus documentos anexos, con el acuse de recibido. En apoyo a esta consideración, refiere que en ese sentido se pronunció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 112/2017, en la cual determinó que el establecimiento de requisitos para interponer el recurso de revisión, adicionales a los de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, es violatorio del derecho de protección de datos personales en relación con el de seguridad jurídica, contenidos en los artículos 6o. y 16 constitucionales.(4)
• En el sexto concepto de invalidez manifiesta que el artículo 158 impugnado, en contradicción con el diverso 153, párrafo tercero, de la ley general de la materia, omite establecer la posibilidad de que las conductas sancionables en la vía administrativa puedan ser denunciadas por el organismo garante ante la autoridad competente, violando el derecho de protección de datos personales en vinculación con el de seguridad jurídica.
• En el séptimo concepto de invalidez, argumenta que el artículo 170 de la ley impugnada, que regula las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones de la propia ley, es inconstitucional por 2 razones: (i) excluye cuatro supuestos que sí son sancionables por la ley general (los establecidos en las fracciones II, V, VIII y XI del artículo 163); y, (ii) porque las conductas sancionables previstas en las fracciones XIX y X del precepto impugnado no fueron reguladas de manera idéntica a las previstas en las fracciones III y VII del artículo 163 de la ley general.
• En su octavo concepto de invalidez alega que el artículo 171 impugnado es inconstitucional porque distingue indebidamente entre faltas leves, graves y muy graves, cuando el diverso 163 de la ley general claramente identifica cuáles conductas deben ser consideradas como graves, así como sus consecuencias. Lo anterior, a su parecer, tiene repercusiones directas en el sistema nacional anticorrupción, ya que en la Ley General de Responsabilidades Administrativas se prevén los criterios para determinar la gravedad de las faltas administrativas y sus consecuencias, de conformidad con el artículo 109, fracción III, de la Constitución Federal.
• En el noveno concepto de invalidez sostiene que los artículos 177, 178, 179 y 181 de la ley local impugnada son inconstitucionales porque indebidamente otorgan al organismo garante local la atribución de sancionar a los responsables del tratamiento de datos personales; sin embargo, los artículos 164, 165, párrafo último; 167 y 168 de la ley general establecen que dichas funciones corresponden, en exclusiva, a la contraloría, al órgano interno de control o su equivalente.
• En el décimo concepto de invalidez señala que el legislador del Estado fue omiso en acotar, en el artículo 12 de la ley impugnada, que el Programa Estatal en Materia de Protección de Datos Personales debe ajustarse a lo previsto en el Programa Nacional.
• En el décimo primer concepto manifiesta que los artículos 3o., fracción XXIX, 14, fracción XV y 105, fracciones XXIII y XXV, son inconstitucionales porque las Legislaturas de las entidades federativas no tienen competencia para legislar y crear una plataforma estatal de transparencia. Esto, porque de la lectura de los artículos 14, fracción XVII y 89, fracción XXXI, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 31, fracción VI, 49 y 52 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se advierte la existencia de una Plataforma Nacional de Transparencia que funciona como una herramienta del Sistema Nacional de Transparencia (instancia de coordinación y colaboración entre todos los órganos que lo integran); cuenta con múltiples niveles de administración, siendo el INAI el administrador general, los organismos garantes los administradores estatales y debiendo existir un administrador por sujeto obligado. A partir de ello y de una lectura integral de las leyes generales es posible desprender que fue voluntad del Congreso de la Unión prever como única instancia de coordinación a la Plataforma Nacional de Transparencia, excluyendo la posibilidad de que las Legislaturas Locales crearan plataformas locales.
• Por último, en el décimo segundo concepto de inval
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31905-e97512ab/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-persona-titular-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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