DERECHOS POR EL SERVICIO DE REFRENDO ANUAL DE REGISTRO Y CALCOMANÍA DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR. EL ARTÍCULO 23, FRACCIONES III, INCISO A), Y III BIS, DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, QUE ESTABLECE UNA TASA DIFERENCIADA, NO TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. DERECHOS POR EL SERVICIO DE REFRENDO ANUAL DE REGISTRO Y TARJETA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR DE PVC CON CÓDIGO DE SEGURIDAD QR. LOS ARTÍCULOS 23, FRACCIONES III, INCISO A), Y III BIS, DE LAS LEYES DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2021 Y 2022, QUE ESTABLECEN UNA TASA DIFERENCIADA, NO TRANSGREDEN LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 47/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER, EL SEGUNDO, EL TERCER, EL CUARTO, EL QUINTO, EL SEXTO Y EL SÉPTIMO TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 30 DE AGOSTO DE 2023. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LA MAGISTRADA ANA LUISA MENDOZA VÁZQUEZ Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS (PRESIDENTE). DISIDENTE: MAGISTRADA SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. SECRETARIA: ROSALBA JANETH RODRÍGUEZ SANABRIA.
Cuernavaca, Morelos. El Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, en sesión de treinta de agosto de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
RESOLUCIÓN
1. Correspondiente a la contradicción de criterios 47/2023, suscitada entre los sustentados por el Primer, Segundo, Tercer, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo Tribunales Colegiados, todos en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco.
2. La problemática jurídica que subyace en este caso consiste en determinar si el artículo 23, fracciones III, inciso a) y III Bis, de las Leyes de Ingresos del Estado de Jalisco para los ejercicios fiscales dos mil veinte, dos mil veintiuno y dos mil veintidós, que establecen distintas cuotas para el pago de derechos de refrendo anual y calcomanía de identificación vehicular o tarjeta de circulación de PVC con código de seguridad QR, según la ley que corresponda, para automóviles y motocicletas, violan los principios de equidad y proporcionalidad tributarias consagrados en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.
I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO
3. Mediante escrito recibido el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, en el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, la parte quejosa en el juicio de amparo indirecto 1281/2022, del cual derivó el recurso de revisión 516/2022, denunció la posible contradicción de criterios entre los sustentados por los tribunales antes mencionados, al resolver los recursos de revisión que a continuación se enlistan:
Ver lista
4. En acuerdo de veinticuatro de mayo posterior, dictado en el amparo en revisión 516/2022, la Magistrada presidenta del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito tuvo por recibido el escrito en mención y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 227 de la Ley de Amparo, ordenó remitirlo a este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur.
5. Por auto de treinta de mayo siguiente, el Magistrado presidente de este Pleno Regional admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios, ordenó su registro con el consecutivo 47/2023, solicitó a los Tribunales Colegiados contendientes los informes relativos a si los criterios de la posible contradicción se encuentran vigentes, así como que pusieran a disposición de este Pleno Regional la consulta del expediente electrónico, relativo a los asuntos involucrados en la contradicción; y precisó que resultaba innecesario requerir el informe de vigencia al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, toda vez que al remitir la ejecutoria de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el amparo en revisión 516/2022, se le tuvo por vigente al criterio ahí sustentado.
6. En ese mismo proveído, se solicitó al director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informara si existe alguna contradicción de criterios radicada en ésta que guarde relación con la temática planteada, y se turnaron los autos electrónicamente al ahora Magistrado ponente.
7. Mediante acuerdo de cinco de junio de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio 5990/2023, de dos de junio de ese año, en el cual, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito informó que en la ejecutoria del recurso de revisión 421/2022, no realizó estudio alguno de constitucionalidad, toda vez que desechó tal medio de impugnación; no obstante, manifestó que en relación con la temática planteada se pronunció en los recursos de revisión 422/2021, 317/2022, 404/2022, 491/2022 y 622/2022, de su estadística, motivo por el que ordenó dar acceso electrónico sobre los citados expedientes a este Pleno Regional; en consecuencia, se tomó conocimiento para los efectos a que hubiese lugar y se ordenó dar vista al Magistrado ponente, para que en caso de considerarlo pertinente, incluyera los referidos recursos de revisión en la contradicción de criterios que nos ocupa.
8. En el mismo auto, se tuvieron por recibidos los oficios 5959/2023 y 6319/2023, de uno y dos de junio del referido año, del Quinto y Séptimo Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito, respectivamente, mediante los cuales informaron que los criterios que sostuvieron en los amparos en revisión 561/2022 y 516/2022 se encuentran vigentes, también comunicaron que pusieron a disposición el acceso electrónico de dichos expedientes a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
9. Por proveído de seis de junio del año en curso, se recibió vía electrónica el oficio 7362/2023, por el cual, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito informó que el criterio sostenido, al resolver el amparo en revisión 247/2022, continúa vigente y ordenó poner a disposición de este Pleno Regional, el acceso electrónico de ese expediente, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
10. En auto de siete de junio de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio 9619/2023, de cinco del referido mes y año, en el que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito informó que el criterio que sostuvo en el recurso de revisión 388/2022 se encuentra vigente; cabe señalar que aun cuando el referido órgano jurisdiccional no ordenó la puesta a disposición de dicho expediente electrónico ante este Pleno Regional, lo cierto es que de la consulta realizada al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte que sí lo hizo.
11. Mediante acuerdo de doce de junio de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio 5983/2023, de seis de junio de ese año, en el cual, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito informó que el criterio contenido en la resolución dictada en el amparo en revisión 354/2021 de su estadística, no fue emitido por ese órgano colegiado, sino en su auxilio por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, no obstante, expuso que comparte el criterio citado, en razón de que en el amparo en revisión 209/2022 de su índice, resolvió un asunto en términos similares, con lo anterior, se ordenó dar vista al Magistrado ponente, para que en caso de considerarlo pertinente, incluyera el referido recurso de revisión en la contradicción de criterios que nos ocupa.
12. En proveído de catorce de junio del año en curso, se precisó que de la consulta al expediente electrónico vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del amparo en revisión 331/2022, del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, se advirtió que en auto de cinco de junio de la presente anualidad, el Tribunal Colegiado citado refirió que el criterio sustentado continúa vigente y ordenó poner a disposición de este Pleno Regional, el acceso electrónico de ese expediente.
13. En el mismo auto, se tuvo por recibido el oficio DGCCST/X/493/06/2023, de trece de junio de dos mil veintitrés, mediante el cual el director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que en el Máximo Tribunal del País no se encuentra contradicción de criterios cuyo tema guarde relación con el planteado en el presente asunto.
14. En consecuencia, en acuerdo de catorce de junio de dos mil veintitrés, se confirmó el turno electrónico a la ponencia del Magistrado Arturo Iturbe Rivas para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
15. Aplazamiento del asunto. El presente asunto se publicó en la lista de seis de julio de dos mil veintitrés, para ser visto en sesión de dos de agosto de la referida anualidad, determinándose su aplazamiento; por lo que se listó nuevamente el diecisiete de agosto del año en cita para ser visto en la sesión de treinta de agosto siguiente.
II. COMPETENCIA
16. Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur es competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, primer y séptimo párrafos, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales y el artículo 2 del diverso Acuerdo General 108/2022, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; en virtud de que trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por el Primer, Segundo, Tercer, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo Tribunales Colegiados, todos en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, que se encuentran dentro de la región Centro-Sur.
III. LEGITIMACIÓN
17. La denuncia de la contradicción de criterios proviene de parte legitimada, en términos de los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en tanto fue formulada por la autorizada en términos amplios de la parte quejosa en el juicio de amparo del cual derivó el recurso de revisión 516/2022,(1) que constituye uno de los criterios que motivaron la presente contradicción.(2)
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
18. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada y dado que contienden siete Tribunales Colegiados con diversas ejecutorias en el caso de dos de ellos, se estima conveniente mencionar en bloques, los criterios contendientes, por lo que en el primero se agruparán las ejecutorias de los cuatro órganos colegiados que confirmaron el amparo concedido contra el artículo 23, fracciones III y III Bis, de las Leyes de Ingresos del Estado de Jalisco para los ejercicios fiscales dos mil veinte, dos mil veintiuno y dos mil veintidós, por vulnerar los principios de proporcionalidad y equidad tributaria; en un segundo apartado, los criterios de los dos Tribunales Colegiados que determinaron lo contrario; y finalmente, los dos criterios que no abordaron dicho tema.
Primer criterio contendiente.
19. El Primer, Segundo, Tercer y Sexto Tribunales Colegiados, todos en Materia Administrativa del Tercer Circuito conocieron de los amparos en revisión 247/2022(3) y 388/2022,(4) por lo que hace al Primer y Segundo Tribunales respectivamente, 422/2021,(5) 317/2022,(6) 404/2022,(7) 491/2022(8) y 622/2022,(9) del índice del Tercer órgano colegiado y 354/2021(10) y 209/2022,(11) de la estadística del último tribunal mencionado, los cuales fueron interpuestos, entre otros, por el Congreso del Estado de Jalisco, contra las sentencias que concedieron la protección constitucional respecto del artículo 23, fracciones III y III Bis, de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para los ejercicios fiscales dos mil veinte, dos mil veintiuno y dos mil veintidós, respectivamente, por estimar que dichas normas vulneran los principios de proporcionalidad y equidad tributaria.
20. Para mayor apreciación en cuanto a su contenido, los artículos mencionados se transcriben en el siguiente cuadro comparativo:
Ver cuadro
21. Ahora bien, en las ejecutorias de los recursos citados, en esencia, los Tribunales Colegiados desestimaron los agravios formulados por la autoridad recurrente porque consideraron correcta la determinación de los Jueces Federales al declarar la inconstitucionalidad de las normas reclamadas citadas, debido a que transgreden los principios de proporcionalidad y equidad tributaria.
22. Para arribar a dicha conclusión, es importante destacar que los Tribunales Colegiados estimaron aplicable, por analogía, la jurisprudencia temática PC.III.A. J/41 A (10a.), del entonces Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, de rubro y texto siguientes:
"DERECHOS POR EL SERVICIO DE REFRENDO ANUAL DE REGISTRO Y HOLOGRAMA. LOS ARTÍCULOS 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2011, Y 24, FRACCIÓN III, DEL ORDENAMIENTO REFERIDO PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE LOS AÑOS 2012 A 2015, QUE ESTABLECEN SU MONTO, TRANSGREDEN LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. Los preceptos legales indicados, al establecer el monto del derecho por concepto del servicio que preste la Secretaría de Vialidad y Transporte y, en su caso, la Secretaría de Finanzas, relativo al refrendo anual de registro y holograma, transgreden los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues lo cuantifican mediante un sistema tarifario basado en el tipo, dimensiones y uso diferenciados de los vehículos, sin brindar elementos sólidos que permitan determinar el parámetro de medición seleccionado para cuantificar el costo del servicio prestado y, por ende, posibilitar la correlación con el monto de la cuota a pagar. En efecto, por la naturaleza del servicio de trato, es bien sabida por todos sus usuarios, su obligación del refrendo anual vehicular y la obtención del holograma; y debido a la simplificación de esos trámites es fácil comprender que el servicio prestado por el Estado requiere de un despliegue técnico limitado a la gestión y administración de los datos de los vehículos, así como al cobro respectivo, el que incluso puede realizarse en línea, a través del sitio oficial de Internet del Gobierno del Estado de Jalisco. Por tanto, si el servicio es análogo para todos los vehículos, independientemente de su tipo, dimensión y uso, entonces, esos factores no dan certeza del costo real del servicio de trato, y siendo así, las disposiciones legales en cuestión son inconstitucionales."
23. Los Tribunales Colegiados refirieron que sobre el derecho por el servicio de refrendo anual de registro y holograma, el otrora Pleno de Circuito determinó que los artículos 22, fracción III y 24, fracción III, de la Ley de Ingresos para el Estado de Jalisco, el primero correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil once, y el segundo numeral, correspondiente a los ejercicios de dos mil doce a dos mil quince,(12) son violatorios del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto establecen el cobro de derechos por servicios relativos al refrendo anual y holograma, sin respetar los principios de proporcionalidad y equidad tributaria.
24. Criterio que consideraron aplicable por analogía, porque aun cuando los artículos materia de lo ahí resuelto corresponden a Leyes de Ingresos de distintos ejercicios fiscales a las que fueron materia de análisis; sin embargo, puntualizaron que el vicio de inconstitucionalidad advertido en todos los casos fue respecto del pago de derechos por concepto de refrendo anual vehicular como en el caso acontece y porque la mecánica empleada por el legislador no brinda elementos fácticos sólidos que permitan determinar el parámetro de medición seleccionado para cuantificar el costo del servicio prestado.
25. Así, los Tribunales Colegiados dictaron sus resoluciones basándose esencialmente en las consideraciones de la contradicción de tesis 20/2017, emitida por el entonces Pleno en Materia Administrativa del Tercer de Circuito, de la cual derivó la jurisprudencia en cita, pues refirieron que en el caso, los preceptos legales tildados de inconstitucionales cuantifican el monto de la contribución, mediante un sistema tarifario que no corresponde al sistema especial que rige los principios de proporcionalidad y equidad de los derechos por servicios, porque no toman en cuenta el "costo de la actividad", basado en el despliegue técnico que el Estado deberá desarrollar para prestar el servicio público de refrendo anual de registro, ni consideran la correspondencia razonable entre ese "costo" y el monto de la cuota a pagar por el servicio análogo para todos los vehículos que describen las normas en cuestión, lo cual resulta indispensable para definir si un derecho por servicio colma o no tales principios tributarios.
26. Señalaron que, por el contrario, las normas generales sujetas a los procesos constitucionales fijan el cobro de tarifas atendiendo únicamente a factores que en modo alguno proporcionan datos idóneos sobre los trabajos técnicos a realizar como soporte cierto del costo de tal servicio; es decir, las tarifas sólo se establecen en función de los vehículos diferenciados en cuanto a su tipo, dimensiones y uso: –1. automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores, incluyendo los vehículos eléctricos y remolques; 2. motocicletas; 3. placas para demostración–, sobre esa base, por su orden, se fijan los montos diferentes a pagar por concepto de un servicio público análogo, como es el refrendo anual y tarjeta de circulación.
27. Con base en las premisas apuntadas, concluyeron que las normas generales de trato, no colman los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad tributaria, en tanto que la mecánica empleada por el legislador no brinda elementos fácticos sólidos que permitan determinar el parámetro de medición seleccionado para cuantificar el costo del servicio prestado y, por ende, posibilitar su correlación con el monto de la cuota a pagar, que es precisamente el sistema propio de los derechos por servicios que rigen su proporcionalidad y equidad, según las directrices que al efecto marcan las tesis jurisprudenciales P./J. 1/98, P./J. 2/98 y P./J. 3/98, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, enero de 1998, páginas 40, 41 y 54, respectivamente, que informan lo siguiente:
"DERECHOS POR SERVICIOS. SU CONNOTACIÓN. Si bien es cierto que de acuerdo con la doctrina jurídica y la legislación fiscal, los tributos conocidos como derechos, o tasas en otras latitudes, son las contribuciones que se pagan al Estado como contraprestación de los servicios administrativos prestados, sin embargo, la palabra ‘contraprestación’ no debe entenderse en el sentido del derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos que realiza el Estado se organizan en función del interés general y secundariamente en el de los particulares, ya que con tales servicios se tiende a garantizar la seguridad pública, la certeza de los derechos, la educación superior, la higiene del trabajo, la salud pública y la urbanización. Además, porque el Estado no es la empresa privada que ofrece al público sus servicios a un precio comercial, con base exclusivamente en los costos de producción, venta y lucro debido, pues ésta se organiza en función del interés de los particulares. Los derechos constituyen un tributo impuesto por el Estado a los gobernados que utilizan los servicios públicos y están comprendidos en la fracción IV del artículo 31 constitucional, que establece como obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y, por tanto, los servicios aludidos se han de cubrir con los gravámenes correspondientes, que reciben el nombre de ‘derechos’." "DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS. Las garantías de proporcionalidad y equidad de las cargas tributarias establecidas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el legislador trata de satisfacer en materia de derechos a través de una cuota o tarifa aplicable a una base, cuyos parámetros contienen elementos que reflejan la capacidad contributiva del gobernado, se traduce en un sistema que únicamente es aplicable a los impuestos, pero que en manera alguna puede invocarse o aplicarse cuando se trate de la constitucionalidad de derechos por servicios, cuya naturaleza es distinta de la de los impuestos y, por tanto, reclama un concepto adecuado de esa proporcionalidad y equidad. De acuerdo con la doctrina jurídico-fiscal y la legislación tributaria, por derechos han de entenderse: ‘las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo y sus dependencias a personas determinadas que los soliciten’, de tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos."
"DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA. No obstante que la legislación fiscal federal, vigente en la actualidad, define a los derechos por servicios como las contribuciones establecidas en la ley por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, modificando lo consignado en el Código Fiscal de la Federación de 30 de diciembre de 1966, el cual en su artículo 3o. los definía como ‘las contraprestaciones establecidas por el poder público, conforme a la ley, en pago de un servicio’, lo que implicó la supresión del vocablo ‘contraprestación’; debe concluirse que subsiste la correlación entre el costo del servicio público prestado y el monto de la cuota, ya que entre ellos continúa existiendo una íntima relación, al grado que resultan interdependientes, pues dicha contribución encuentra su hecho generador en la prestación del servicio. Por lo anterior, siendo tales características las que distinguen a este tributo de las demás contribuciones, para que cumpla con los principios de equidad y proporcionalidad que establece la fracción IV del artículo 31 constitucional, debe existir un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio, debiendo otorgarse el mismo trato fiscal a los que reciben igual servicio, lo que lleva a reiterar, en lo esencial, los criterios que este Alto Tribunal ya había establecido conforme a la legislación fiscal anterior, en el sentido de que el establecimiento de normas que determinen el monto del tributo atendiendo al capital del contribuyente o a cualquier otro elemento que refleje su capacidad contributiva, puede ser correcto tratándose de impuestos, pero no de derechos, respecto de los cuales debe tenerse en cuenta ordinariamente el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio; y que la correspondencia entre ambos términos no debe entenderse como en derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares."
28. Indicaron que por la naturaleza misma del servicio de trato, es bien sabido por todos los usuarios, su obligación del refrendo anual vehicular y la obtención del documento respectivo; y debido a la simplificación de esos trámites, mediante meras deducciones, es fácil comprender que el servicio prestado por el Estado, requiere un despliegue técnico limitado a la gestión y administración de los datos de los vehículos automotores, así como al cobro respectivo por el refrendo anual y, en cada caso, la entrega de calcomanía o tarjeta de circulación (PVC con código de seguridad QR o papel) según corresponda, que hace constar la convalidación del registro.
29. En otras palabras, expusieron, la actividad realizada por el Estado a través del Registro Estatal de Movilidad y Transporte consiste en la gestión y administración de la información de los vehículos automotores de uso particular registrados ante esa institución, pues lo que prevén los artículos reclamados de las Leyes de Ingresos del Estado de Jalisco para los ejercicios fiscales dos mil veinte, dos mil veintiuno y dos mil veintidós, es el costo por el refrendo anual de vehículos automotores, es decir, el monto que deben pagar los propietarios de los vehículos por el servicio consistente en la convalidación de la información correspondiente en el Registro Estatal de Movilidad y Transporte; no así la cantidad de documentos que se entreguen en consecuencia.
30. De ahí que, señalaron, el servicio prestado se limita a la gestión y administración de los datos de los vehículos automotores que resulta ser el mismo en todos los casos, que trae como consecuencia la entrega de una calcomanía o tarjeta de circulación, según corresponda, como constancia del pago por refrendo anual, pero que tales documentos únicamente hacen constar la convalidación del registro, es decir, la gestión y administración de los datos, mas su expedición no implica un despliegue técnico diverso.
31. Esto es, puntualizaron, el propietario del vehículo únicamente deberá acudir a la oficina recaudadora estatal correspondiente, mencionar su número de placas y nombre del propietario de la unidad, realizar su pago y recibir el comprobante de pago; incluso, dicho trámite se puede realizar en línea, a través del sitio oficial de Internet del Gobierno del Estado de Jalisco; por ello, en la ejecución del aludido servicio público, por su naturaleza misma, consideraron que no existe un despliegue técnico –o al menos limitado–, sino una gestión administrativa igual para todos los vehículos, al margen de sus dimensiones, tipo y uso; incluso, destacaron que en el trámite relativo no se requiere presentarlos ante la autoridad.
32. Entonces, precisaron que el servicio que realiza el Estado sólo gira en torno a una mera gestión y administración de datos vehiculares, que resulta ser el mismo en todos los casos, con independencia de que se trate de diferentes vehículos, y que como consecuencia de dicha convalidación de datos se entreguen distintos documentos, lo que les permitió colegir con certeza que el legislador local hace una distinción indebida entre contribuyentes, en función del tipo, dimensiones y uso de los vehículos, empero, sin que el despliegue técnico que realiza la autoridad en la prestación del servicio sea diferente; por ejemplo, cuando se realizan revisiones mecánicas en otro tipo de servicios que presta el Estado, en cuyo caso, sí resulta útil atender las particularidades de los vehículos, por requerir una diversidad de despliegue técnico; y de ahí que no existe ninguna razón válida que justifique dicho trato diferenciado en las normas impugnadas.
33. Acotaron que no es óbice que en la legislación relativa a dos mil veinte se establezca que el refrendo anual de motocicletas sólo incluye la expedición de tarjeta de circulación, sin incluir calcomanía de identificación vehicular, mientras que en la relativa a dos mil veintiuno y dos mil veintidós, se establezca tarjeta de circulación de PVC con código de seguridad QR para automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores y remolques servicio popular y público, y para motocicletas tarjeta de circulación en papel, porque determinaron que el servicio que realiza el Estado sólo gira en torno a una mera gestión y administración de datos vehiculares que resulta ser el mismo en todos los casos, con independencia de que se trate de diferentes vehículos o de que difiera el formato en el cual se expida el documento, pues ello por sí mismo no justifica la diferencia en la tarifa establecida.
34. Expusieron que si bien existe la diferencia precisada en el párrafo anterior en cuanto al tipo de tarjeta de circulación que se entrega para los automóviles y a las motocicletas, dicha distinción se constriñe únicamente a esa cuestión documental, mas no implica un cambio en las actividades que debe realizar el Estado en un supuesto y otro cuanto se realice el pago del refrendo anual; porque los servicios prestados en ambos casos sí son iguales, pues se sigue tratando del pago del refrendo anual y la entrega de una tarjeta de circulación.
35. Los Tribunales Colegiados fueron enfáticos en cuanto a que aun cuando una tarjeta de circulación sea de PVC con código QR y la otra de papel, no implica cambio alguno en la actividad que realiza el Estado al efectuarse el pago del refrendo anual tratándose de automóviles o motocicletas, solamente en el material de la citada tarjeta de circulación, que si bien es cierto, una podría implicar un costo mayor que la otra e incluso debe cubrir ciertos requisitos especiales, no advirtieron que esos aspectos sean suficientes para considerar que los hechos generadores son diferentes y que, por ello, se justifica la distinción de trato que dio el legislador en uno y otro casos, al establecer tarifas distintas.
36. Adicionalmente, los tribunales contendientes señalaron que de los artículos 46 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco(13) y 106 de su reglamento,(14) se aprecia que ambos se refieren a la ‘I. La tarjeta de circulación vigente’ y a la ‘II. Tarjeta de Circulación o constancia de pago correspondiente’, para probar que el automotor correspondiente se encuentra debidamente registrado y para su identificaci
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31919-7ab5ce65/derechos-por-el-servicio-de-refrendo-anual-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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