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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL (LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE OAXACA). II. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL INVALIDATORIO DE LAS IRREGULARIDADES ACONTECIDAS EN AQUÉL (DECRETO NÚM. 677, MEDIANTE EL CUAL ADICIONA EL ARTÍCULO 28 BIS A LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE OAXACA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS). III. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. CONTEXTO NORMATIVO QUE LO RIGE. IV. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE OAXACA. ASPECTOS RELEVANTES DEL QUE DIO LUGAR AL DECRETO IMPUGNADO (DECRETO NÚM. 677, MEDIANTE EL CUAL ADICIONA EL ARTÍCULO 28 BIS A LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE OAXACA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS). V. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE OAXACA. LA COMISIÓN DE DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL CONGRESO ESTATAL TIENE COMPETENCIA PARA EMITIR EL DICTAMEN DE ADICIÓN CORRESPONDIENTE (DECRETO NÚM. 677, MEDIANTE EL CUAL ADICIONA EL ARTÍCULO 28 BIS A LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE OAXACA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS). VI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE OAXACA. EL HECHO DE QUE NO SE LLEVARAN A CABO SESIONES CON LA FINALIDAD DE QUE LA INICIATIVA CUMPLIERA CON EL ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, SE HAYAN REALIZADO FOROS, SESIONES PÚBLICAS O REUNIONES PARA ESCUCHAR LAS DIFERENTES OPINIONES DE LA SOCIEDAD NI DEL ESPECIALISTA EN MATERIA ELECTORAL O CONSTITUCIONAL NI HABERSE CONVOCADO AL TITULAR O REPRESENTANTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL PARA QUE EXPUSIERA LOS MOTIVOS O CIRCUNSTANCIAS POR LAS CUALES SE DEBÍA APROBAR O NO LA REFERIDA INICIATIVA NO IMPLICA UNA VIOLACIÓN (DECRETO NÚM. 677, MEDIANTE EL CUAL ADICIONA EL ARTÍCULO 28 BIS A LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE OAXACA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS). VII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. AUSENCIA DE POTENCIAL INVALIDANTE DEL HECHO DE QUE LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NO CIRCULARA LA PROPUESTA DE DICTAMEN ENTRE SUS INTEGRANTES CON DOS DÍAS NATURALES DE ANTICIPACIÓN A LA DISCUSIÓN (DECRETO NÚM. 677, MEDIANTE EL CUAL ADICIONA EL ARTÍCULO 28 BIS A LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE OAXACA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS). VIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE OAXACA. EL HECHO DE QUE EL DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN DE DEMOCRACIA NO REFIERA A FECHA ALGUNA DE REMISIÓN DEL PROYECTO DE DICTAMEN PARA SER ANALIZADO Y APROBADO EN COMISIÓN, EN QUE SE HAYA CONVOCADO A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES A EFECTO DE DELIBERAR SU CONTENIDO O REALIZAR OBSERVACIONES, ASÍ COMO EL LUGAR Y FECHA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN EN LA QUE SE HAYA APROBADO NO IMPLICA UNA VIOLACIÓN (DECRETO NÚM. 677, MEDIANTE EL CUAL ADICIONA EL ARTÍCULO 28 BIS A LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE OAXACA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS). IX. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. AUSENCIA DE POTENCIAL INVALIDANTE DEL HECHO DE QUE EL DICTAMEN CARECIERA DE PROCESO DE ANÁLISIS, DE VALORACIÓN DE IMPACTO PRESUPUESTAL, REGULATORIO O EL QUE RESULTE PROCEDENTE (DECRETO NÚM. 677, MEDIANTE EL CUAL ADICIONA EL ARTÍCULO 28 BIS A LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE OAXACA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS). X. TRIBUNALES ELECTORALES LOCALES. EL PARÁMETRO DE REGULARIDAD EN SU INTEGRACIÓN SE COMPONE CON LO ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES (DECRETO NÚM. 677, MEDIANTE EL CUAL ADICIONA EL ARTÍCULO 28 BIS A LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE OAXACA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS). XI. TRIBUNALES ELECTORALES LOCALES. LA DURACIÓN DEL ENCARGO DE SUS MAGISTRATURAS DEBE SER DE UN PLAZO FIJO DE SIETE AÑOS (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚM. 677, MEDIANTE EL CUAL ADICIONA EL ARTÍCULO 28 BIS A LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE OAXACA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS). XII. TRIBUNAL ELECTORAL LOCAL DEL ESTADO DE OAXACA. LA DISPOSICIÓN QUE PRORROGA LA DURACIÓN DEL ENCARGO DE SUS MAGISTRATURAS POR MÁS DE SIETE AÑOS, AL PREVER QUE CONTINUARÁN DESEMPEÑÁNDOSE MIENTRAS EL SENADO DE LA REPÚBLICA NO DESIGNE A LA PERSONA QUE DEBA SUSTITUIRLAS, VIOLA EL ARTÍCUL

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 170/2022 Y SU ACUMULADA 172/2022. · Registro digital (IUS): 31942
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-11-17
Promovente: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y PARTIDO POLÍTICO LOCAL NUEVA ALIANZA, OAXACA.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Noviembre de 2023, Tomo I, Pág.505.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 170/2022 Y SU ACUMULADA 172/2022. PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y PARTIDO POLÍTICO LOCAL NUEVA ALIANZA, OAXACA. 26 DE JUNIO DE 2023. PONENTE: MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: MARAT PAREDES MONTIEL.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiséis de junio de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 170/2022 y su acumulada 172/2022, promovidas por el Partido Acción Nacional y el partido político local Nueva Alianza, Oaxaca, a través de las cuales se impugna el Decreto No. 677, por el que se adiciona el artículo 28 Bis a la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el dos de diciembre de dos mil veintidós.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. PRIMERO.—Presentación del escrito inicial por el Partido Acción Nacional y el partido político local Nueva Alianza, Oaxaca. El veintiséis y el treinta de diciembre de dos mil veintidós, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional y la presidenta del Comité de Dirección Estatal del partido político local Nueva Alianza Oaxaca, respectivamente, promovieron acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto No. 677, mediante el cual se adiciona el artículo 28 Bis de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el dos de diciembre de dos mil veintidós.

2. SEGUNDO.—Artículos constitucionales que se estiman violados. Los promoventes consideran que se violan los artículos 14; 16; 41; y 73, fracción XXIX-U; 116, fracción IV, inciso c); 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. TERCERO.—Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, los promoventes expusieron los siguientes conceptos de invalidez.

El Partido Acción Nacional, planteó dos líneas argumentativas, en las cuales expuso en esencia lo siguiente:

Violación al principio de supremacía constitucional

- El partido accionante argumenta que la porción normativa impugnada presupone una modificación a la Constitución que, por su rigidez, compete exclusivamente al Poder Revisor de la Constitución bajo el procedimiento establecido para ello, lo que infringe el primer presupuesto para cumplimentar las formalidades del proceso legislativo, que es la competencia. Es decir, el Congreso Local no es competente para emitir el acto.

- La actora considera que la supremacía constitucional se transgrede en su dimensión material y formal: en el primer caso, porque se incumple la obligación que el contenido de las normas y actos de autoridad se apeguen a los mandatos de la Ley Fundamental, eso es, a la distribución de competencias y reserva de ley determinadas en los artículos 41 y 116 de la Constitución General, y en el segundo supuesto, porque dos Poderes constituidos (Poder Legislativo y Ejecutivo Locales) se extralimitan de lo impuesto por la Carta Magna, al imponer un método de integración de un órgano jurisdiccional electoral, distinto al previsto en la Ley Fundamental y normas secundarias de jerarquía superior, como lo es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

- Esto es así, ya que como se desprende del artículo 116, fracción IV, inciso c, numeral 5, constitucional, las autoridades electorales jurisdiccionales se integrarán por un número impar de Magistrados, quienes serán electos por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, previa convocatoria pública. Así pues, que la elección, ejercicio y permanencia del cargo de los Magistrados electorales locales, es competencia del Senado de la República y no está delegada esa facultad a los Congresos Locales, por lo que una reforma a la ley que implique la prórroga y continuidad del cargo de las magistraturas deviene inconstitucional.

Violación al principio de autonomía e independencia de los organismos electorales

- La accionante sostiene que de conformidad con la exposición de motivos en el dictamen de la iniciativa, el Congreso del Estado justifica su reforma en el hecho de que el Senado de la República no nombre en tiempo y forma a las magistraturas del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca que se encuentran vacantes con motivo de la terminación de su encargo, lo cual resulta inconstitucional toda vez que la designación sólo le corresponde a dicha autoridad y no al Congreso Estatal, por lo que se contravienen diversos principios rectores en materia electoral.

- La renovación de los Poderes públicos en México es posible solamente mediante elecciones que deriven de procesos electorales constitucionales y legales. Por lo tanto, las reglas para llevarlas a cabo están previstas primeramente en la Constitución General y son obligatorias para las autoridades en general, así como para los partidos políticos, candidatos, personas físicas y morales que tengan relación con la materia electoral.

- En ese sentido, si el órgano jurisdiccional no se encuentra integrado conforme lo marca la Constitución y la ley, es claro que no puede cumplir con los principios electorales. Así pues, el decreto impugnado viola la autonomía del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca en su funcionamiento, la independencia de sus decisiones, así como los principios de legalidad y certeza electoral.

- El partido accionante sostiene que no existe sustento legal para que el Poder Constituyente estatal mandate la prórroga y continuidad en el cargo de las magistraturas del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, pues es una facultad exclusiva del Senado de la República nombrar y designar a las personas que habrán de ocupar dichos cargos.

En el mismo sentido, el partido político local Nueva Alianza, Oaxaca, planteó tres líneas argumentativas, en las cuales expuso, en esencia, que:

Violación al principio de supremacía constitucional

- El partido accionante argumenta que la porción normativa impugnada presupone una modificación a la Constitución que, por su rigidez, compete exclusivamente al Poder Revisor de la Constitución bajo el procedimiento establecido para ello, lo que infringe el primer presupuesto para cumplimentar las formalidades del proceso legislativo, que es la competencia. Es decir, el Congreso Local no es competente para emitir el acto.

- La actora considera que la supremacía constitucional se transgrede en su dimensión material y formal: en el primer caso, porque se incumple la obligación de que el contenido de las normas y actos de autoridad se apeguen a los mandatos de la Ley Fundamental, eso es, a la distribución de competencias y reserva de ley determinadas en los artículos 41 y 116 de la Constitución General, y en el segundo supuesto, porque dos Poderes constituidos (Poder Legislativo y Ejecutivo locales) se extralimitan de lo impuesto por la Carta Magna, al imponer un método de integración de un órgano jurisdiccional electoral, distinto al previsto en la Ley Fundamental y normas secundarias de jerarquía superior, como lo es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

- Esto es así, ya que como se desprende del artículo 116, fracción IV, inciso c, numeral 5, constitucional, las autoridades electorales jurisdiccionales se integrarán por un número impar de Magistrados, quienes serán electos por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, previa convocatoria pública. Así pues, que la elección, ejercicio y permanencia del cargo de los Magistrados electorales locales, es competencia del Senado de la República y no está delegada esa facultad a los Congresos Locales, por lo que una reforma a la ley que implique la prórroga y continuidad del cargo de las magistraturas deviene inconstitucional.

Violación al principio de autonomía e independencia de los organismos electorales

- La accionante sostiene que de conformidad con la exposición de motivos en el dictamen de la iniciativa, el Congreso del Estado justifica su reforma en el hecho de que el Senado de la República no nombre en tiempo y forma a las magistraturas del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca que se encuentran vacantes con motivo de la terminación de su encargo, lo cual resulta inconstitucional toda vez que la designación sólo le corresponde a dicha autoridad y no al Congreso Estatal, por lo que se contravienen diversos principios rectores en materia electoral.

- La renovación de los Poderes públicos en México es posible solamente mediante elecciones que deriven de procesos electorales constitucionales y legales. Por lo tanto, las reglas para llevarlas a cabo están previstas primeramente en la Constitución General y son obligatorias para las autoridades en general, así como para los partidos políticos, candidatos, personas físicas y morales que tengan relación con la materia electoral.

- En ese sentido, si el órgano jurisdiccional no se encuentra integrado conforme lo marca la Constitución y la ley, es claro que no puede cumplir con los principios electorales. Así pues, el decreto impugnado viola la autonomía del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca en su funcionamiento, la independencia de sus decisiones, así como los principios de legalidad y certeza electoral.

- El partido accionante sostiene que no existe sustento legal para que el Poder Constituyente estatal mandate la prórroga y continuidad en el cargo de las magistraturas del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, pues es una facultad exclusiva del Senado de la República nombrar y designar a las personas que habrán de ocupar dichos cargos.

Violaciones al procedimiento legislativo

- La accionante sostiene que el proceso legislativo que la Comisión Permanente de Democracia y Participación Ciudadana del Congreso del Estado realizó para la emisión del dictamen por el que se adiciona el artículo 28 Bis a la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, no cumplió con lo señalado en las leyes reglamentarias que rigen la vida interna del Congreso del Estado de Oaxaca.

- Se impugna que la Comisión Permanente de Democracia y Participación Ciudadana de la Sexagésima Quinta Legislatura del Estado, carece de facultades para emitir el dictamen por el que se adiciona la porción normativa impugnada, pues es la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales la que debió haber emitido el referido dictamen por el que erróneamente se adiciona el mencionado artículo.

- El inciso b) de la fracción XIII del artículo 42 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, expone que a la Comisión de Estudios Constitucionales le corresponde el conocimiento y dictamen de lo que se refieran a leyes reglamentarias u orgánicas que deriven de alguna disposición de la Constitución Local o que deriven de la Constitución General y que expresamente autorice a la Legislatura regular.

- En concordancia con lo establecido en el reglamento interior, conforme al artículo décimo octavo del Decreto 1263, emitido por la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Oaxaca, mediante el cual se realizaron diversas reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, que estableció que, en un plazo de noventa días, el Congreso Local debía emitir la Ley Orgánica del Tribunal Electoral, disposición emanada de la Constitución y que regularía la vida interna de un órgano constitucional autónomo, por lo que, sin tener que realizar un mayor esfuerzo de interpretación, se advierte que cualquier reforma que deba realizarse a la Ley Orgánica del Tribunal Electoral, es la Comisión de Estudios Constitucionales la competente para realizar el análisis, discusión y aprobación del dictamen correspondiente.

- En ese orden de ideas, la emisión del dictamen por el que se adiciona el artículo impugnado se encuentra viciado de origen, porque la Comisión Permanente de Democracia y Participación Ciudadana no era la competente para la emisión del referido dictamen.

- Ahora bien, el proceso legislativo para la emisión del dictamen por el que se adicionó la porción normativa impugnada no cumplió con lo señalado en las leyes reglamentarias que rigen la vida interna del Congreso.

- Del contenido del cuerpo del dictamen se advierte que la metodología para la emisión del referido dictamen lo dividen en tres rubros: "Antecedentes, Contenido y Consideraciones."

- Por lo que respecta a la parte de antecedentes, se advierte que los integrantes de la Comisión no llevaron a cabo ninguna sesión de Comisión con la finalidad de que la iniciativa de la ley que ahora se impugna, cumpliera con el análisis, discusión y aprobación, lo que sin duda no se ciñe a lo estipulado por el artículo 67 del Reglamento Interior del Congreso del Estado.

- El referido artículo 67, refiere que para la emisión de los dictámenes se podrán realizar foros, sesiones públicas o reuniones, lo que no sucedió, pues de la lectura integral del dictamen, se advierte que no se llevaron a cabo reuniones de trabajo, con la finalidad de cumplir con la obligación de parlamento abierto, ejercicio legislativo en el que se escuchan las diferentes opiniones de la sociedad y, sobre todo, de personas que conocen del tema, por lo que los integrantes de la Comisión no cumplieron con ese requisito para la emisión del dictamen.

- Quienes integran la Comisión Permanente de Democracia, no convocaron al especialista en materia electoral o constitucional para que realizara un análisis de fondo de la iniciativa de ley planteada, con la finalidad de demostrar que existía la necesidad y procedencia de adicionar el artículo 28 Bis a la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Oaxaca, por lo que el dictamen se encuentra viciado.

- En el mismo sentido, tampoco se convocó al titular o representante del Tribunal Electoral, con la finalidad de que expusiera los motivos o circunstancias por las cuales se debía aprobar o no la iniciativa de ley, lo cual violentó la autonomía del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.

- En ese orden de ideas, se advierte que la presidencia de la Comisión no circuló la propuesta de dictamen entre sus integrantes con dos días naturales de anticipación a la discusión por lo que, al no cumplirse con dicha formalidad, la emisión del dictamen violentó el proceso legislativo, si bien es cierto que dicho requisito es de forma, también afecta el fondo del asunto, pues no se llevó a cabo el análisis y discusión del proyecto del dictamen para la adición del artículo que se impugna.

- Del mismo modo, de la lectura del dictamen no se advierte la referencia a fecha alguna en la que se haya remitido el proyecto de dictamen con la finalidad de ser analizado para su aprobación en Comisión, tampoco se establece la fecha en que se haya realizado la sesión en Comisión o existan datos de que se haya convocado a los diputados y diputadas integrantes, con la finalidad de realizar observaciones al proyecto de dictamen y, posteriormente, se realizara la votación para su aprobación por los integrantes de la Comisión. Por lo que, la emisión del dictamen no cumple con los parámetros mínimos que den certeza jurídica de lo que la Comisión dictaminadora puso a consideración del Pleno del Congreso, para la aprobación del dictamen.

- Así también, la Comisión dictaminadora pasa por alto lo establecido en el artículo 68 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, ya que el mismo establece que el dictamen será válido sólo cuando la Comisión correspondiente discuta un asunto y éste se apruebe, conteniendo la firma a favor de por lo menos tres de sus integrantes.

- De lo anterior se desprende, que un elemento necesario y determinante para que un dictamen sea válido, es que haya sido discutido en sesión de Comisión, pues en ello radica el análisis y viabilidad de la iniciativa de la ley planteada.

- En ese sentido, de las constancias que integran el dictamen emitido por la Comisión de Democracia, no se tiene que su presidenta haya convocado a sesiones o reuniones de trabajo, mucho menos obra en el cuerpo del dictamen un documento en el que se especifique la fecha, hora y lugar en el que se hayan reunido los integrantes de la Comisión para deliberar el contenido del proyecto del dictamen, razón por la que de manera unilateral y sin constreñir su proceder a las reglas que los mismos legisladores han puesto para la emisión de un dictamen, es que aprobaron el dictamen que presentaron ante el Pleno del Congreso, el cual se encuentra viciado de origen y que más allá de la incompetencia que tengan para realizar el nombramiento o permanencia de un Magistrado del Tribunal Electoral, el dictamen en sí mismo se encuentra viciado de forma y afecta el fondo de la reforma de la ley planteada.

- También, la accionante argumenta que el dictamen emitido por los integrantes de la Comisión Permanente de Democracia y Participación Ciudadana no cumple con lo establecido en las fracciones VII, VIII y XIV del artículo 69 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, pues carece de proceso de análisis, de valoración de impacto presupuestal, regulatorio o el que resulte procedente y del lugar y fecha de la sesión de Comisión en que se aprueba.

- En relación con el impacto presupuestal, regulatorio o el que resulte procedente, se argumenta que los integrantes de la Comisión violaron lo establecido en el artículo 66 del referido Reglamento, el cual señala que en caso de que las iniciativas impliquen un impacto presupuestal, la Comisión deberá solicitar a la Comisión de Presupuesto y Programación y a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, una proyección de dicho impacto.

- Lo anterior es así, ya que como se advierte, el actual Magistrado culminó su nombramiento constitucional el nueve de diciembre de dos mil veintidós, por lo que el presupuesto estimado por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca se tendrá que analizar y aprobar con la variante de que pueda estar integrado por dos magistraturas en funciones, es decir, personas que no han sido nombradas por el Senado de la República. Por lo que, para la aprobación del dictamen, la Comisión debió solicitar la proyección de impacto presupuestario, ya que se deja en estado de incertidumbre al Tribunal Electoral, pues no se dice con claridad cuánto deberá percibir el Magistrado saliente, lo que altera la vida interna del Tribunal Electoral y, consecuentemente, modifica el análisis presupuestario que se tenía pensado para el ejercicio fiscal 2023, pues no se establecieron artículos transitorios que pudieran materializar la permanencia del Magistrado saliente, además de que tampoco se estableció la cantidad que deberá percibir para el caso de seguir persiguiendo una magistratura.

- Consecuentemente, el artículo impugnado violenta la autonomía del Tribunal Electoral, pues independientemente de que no es competencia de la Legislatura Local nombrar Magistrados Electorales, tampoco especifica el salario que deberá percibir una persona que deja de ser funcionario público y que se pretende imponer para hacer las veces de Magistrado.

4. CUARTO.—Admisión y trámite. El veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, la Ministra Norma Lucía Piña Hernández y el Ministro Javier Laynez Potisek, integrantes de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al segundo periodo de dos mil veintidós, admitieron a trámite la acción de inconstitucionalidad promovida por el Partido Acción Nacional bajo el número de expediente 170/2022.

5. Adicionalmente, se ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Oaxaca, para que rindieran sus respectivos informes y remitieran los documentos necesarios para la debida integración del expediente; a la Fiscalía General de la República para que formulara pedimento, hasta antes del cierre de instrucción; a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que de considerar que la materia del juicio trasciende a sus funciones constitucionales, manifestara lo que a su representación corresponda, hasta antes del cierre de instrucción; así como al presidente del Instituto Nacional Electoral para que remitiera copia certificada de los estatutos vigentes del Partido Acción Nacional, la certificación de su registro vigente y precisara quién es el actual representante e integrantes del órgano de dirección nacional; al presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que exprese su opinión en relación con el presente asunto; y por último, a la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca para que informe la fecha en que inicia el próximo proceso electoral en la entidad. 6. Posteriormente, con fecha de cuatro de enero de dos mil veintitrés, se turnó el expediente al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

7. Por auto de cuatro de enero de dos mil veintitrés, la Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 172/2022, promovida por el partido político local Nueva Alianza, Oaxaca, y acumularlo a la diversa acción de inconstitucionalidad 170/2022, toda vez que existe identidad respecto del decreto impugnado y controvertido en el citado medio de control constitucional y turnarlo al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, al haber sido designado instructor en la primera de las acciones de inconstitucionalidad.

8. QUINTO.—Certificación. El cinco de enero de dos mil veintitrés, la Secretaría de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación certificó que el plazo de seis días naturales concedido a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Oaxaca para rendir sus informes respectivos transcurriría del viernes seis al miércoles once de enero de dos mil veintitrés; el plazo de tres días naturales concedido al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral para remitir copia certificada de los estatutos vigentes del partido promovente, la certificación del registro vigente y precisar quién es el actual representante e integrante de su órgano de dirección nacional transcurriría del domingo uno al martes tres de enero de dos mil veintitrés; el plazo de diez días naturales concedido al titular de la presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para expresar su opinión en relación con el asunto, transcurriría del sábado treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós al lunes nueve de enero de dos mil veintitrés; el plazo de tres días naturales concedido al titular de la presidencia de la Consejería del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca para informar la fecha en que inicia el próximo proceso electoral en la entidad, transcurriría del viernes seis al domingo ocho de enero de dos mil veintitrés.

9. SEXTO.—Informe del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca. Mediante escrito recibido el diecisiete de enero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Congreso del Estado de Oaxaca, por conducto del diputado Luis Alfonso Silva Romo, en su carácter de presidente de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, rindió el informe que le fue requerido, manifestando en esencia lo siguiente:

Razones y fundamentos tendientes a sostener la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad (causal de improcedencia):

I. La acción de inconstitucionalidad debe declararse improcedente, en virtud de que de conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los partidos políticos sólo pueden promover acción de inconstitucionalidad cuando se trata de leyes electorales federales o locales, y en el caso en particular no se trata de una ley de carácter electoral.

II. Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, debido a que no se expresó ningún concepto de invalidez.

Razones y fundamentos tendientes a sostener la validez de la norma impugnada:

- El Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en ningún momento invade esferas de competencia ni del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, mucho menos del Senado de la República, en virtud de que el Decreto 677 no constituye una ratificación o reelección de un Magistrado electoral, ya que la disposición controvertida no se encuentra fuera del principio de supremacía constitucional, pues depende y cumple con lo establecido en el numeral 5o. de la fracción IV, del artículo 116 de la Carta Magna.

- Asimismo, el Congreso del Estado de Oaxaca únicamente subsanó un vacío legal, respecto de lo que debía ocurrir en caso de la vacante definitiva de una magistratura y que el Senado no hubiera hecho la designación correspondiente, ya que el artículo 27 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, sólo prevé la forma en que debe cubrirse una vacante temporal, mas no una definitiva.

- Es decir, con la expedición del artículo 28 Bis, el Congreso Local no suplanta facultad alguna reservada al Congreso de la Unión, por el contrario, establece un mecanismo que busca dar eficacia a la Constitución General, esto, al permitir que la designación de una magistratura en materia electoral del Estado, hecha por el Senado de la República, continúe ejerciendo el encargo mayormente legitimado por la representación popular y de las entidades federativas, salvando así, el probable vacío en la legitimidad de quien ostente una magistratura que, por causas diversas no haya encontrado designación válida del Senado, fortaleciendo así el Pacto Federal.

- De esa manera, el artículo 28 Bis de la referida ley orgánica busca garantizar el principio de independencia judicial, porque al permitir que un Magistrado que fue electo por el Senado de la República siga desempeñando sus funciones hasta que se designe a la persona que deba sustituirlo, genera que las decisiones que tome al interior del Pleno, no se encuentren condicionadas por las o los otros integrantes.

10. SÉPTIMO.—Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. Mediante escrito recibido el cuatro de abril de dos mil veintitrés, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, por conducto de Geovany Vásquez Sagrero, consejero jurídico del Gobierno del Estado, representante legal del Estado de Oaxaca, del titular del Poder Ejecutivo y de la gubernatura del Estado de Oaxaca, rindió el informe que le fue requerido, manifestando en esencia lo siguiente:

Se atienden los argumentos vertidos por la presidenta del Comité de Dirección Estatal del partido político Nueva Alianza Oaxaca, en la acción de inconstitucionalidad:

- En primer término, la accionante argumenta que la adición del artículo 28 Bis a la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, conculca los principios de supremacía y jerarquía constitucional, y que además el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y el Tribunal Electoral, ambos del Estado de Oaxaca, se pueden calificar como órganos constitucionales autónomos locales, dependientes de la propia Constitución General, por lo que el Congreso Local del Estado de Oaxaca no es competente para legislar respecto a la prórroga y continuidad de las funciones de las magistraturas electorales.

- No obstante, dichas alegaciones carecen de respaldo jurídico, ya que nuestra Constitución Política marca ciertas directrices y bases en el artículo 116, las cuales deben ser adminiculadas con las leyes generales en la materia, las Constituciones Locales y leyes de los Estados en materia electoral, para garantizar su funcionalidad, es decir, se complementan. En ese sentido, el Poder Legislativo Local tiene expeditas facultades para normar cuestiones de organización interna, que no se encuentren debidamente regladas en la Ley Cimera.

- En ese tenor, la interpretación que realiza la accionante sobre los preceptos 116 de la Carta Magna y 114 Bis, penúltimo párrafo, de la Constitución Local, es incorrecta, pues la Carta Magna dispone la libertad de configuración de la integración de los Tribunales Electorales locales por parte de los Poderes Legislativos Estatales, esto es, que los Órganos Electorales Jurisdiccionales locales se integrarán por un número impar de Magistradas y Magistrados, mismos que serán electos por el Senado de la República. Ahora bien, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 106, párrafo 1, en armonía con lo dispuesto en el artículo 114 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, se dispone una duración de 7 años en el cargo, sin que se prevea ningún tipo de ratificación o reelección en el cargo, consecuentemente se van complementando, sin que se atente en contra del principio de supremacía y jerarquía normativa que arguye la accionante erróneamente.

- En ese sentido, el argumento expuesto por la accionante no tiene sustento jurídico, ya que la Constitución General otorgó la facultad a la Constitución Local y a las demás leyes federales o locales para reglamentar la materia electoral.

- Con base en lo expuesto y teniendo en cuenta que la hipótesis jurídica consistente en que al término de los siete años del encargo de Magistrado, no se haya elegido por el Senado de la República nuevo Magistrado o Magistrada, el Congreso Local debidamente facultado, dispuso reglamentar dicha hipótesis en la Ley Orgánica del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca, adicionando el artículo 28 Bis, de su lectura se observa que única y exclusivamente se co

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31942-99e4212f/i-accion-de-inconstitucionalidad-en-materia-electoral-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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