AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SU EMISIÓN, LA PRESUNCIÓN QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 195, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL ES INSUFICIENTE, POR SÍ MISMA, PARA ESTABLECER LA FINALIDAD DE LA POSESIÓN DE NARCÓTICOS EN EL HECHO PREVISTO COMO DELITO CONTRA LA SALUD.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 72/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA Y DE LOS MAGISTRADOS SAMUEL MERAZ LARES Y HÉCTOR LARA GONZÁLEZ. PONENTE: MAGISTRADO HÉCTOR LARA GONZÁLEZ. SECRETARIA: LAURA OLIVIA SÁNCHEZ AGUIRRE.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria correspondiente al veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Que resuelve la contradicción de criterios 72/2023, suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, al emitir sentencia en el amparo en revisión penal 76/2020, y el Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, con residencia en Aguascalientes, Aguascalientes, al resolver el amparo en revisión penal 10/2023.
El problema jurídico que debe resolver este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, consiste en determinar si existe contradicción de criterios y, de ser el caso, establecer si para el dictado del auto de vinculación a proceso, la presunción que establece el artículo 195, párrafo tercero, del Código Penal Federal, es suficiente por sí misma para sustentar la finalidad de la posesión de narcóticos en el hecho previsto como delito contra la salud, que exige el párrafo primero del referido artículo, o bien, se requiere de otro u otros datos de prueba.
I. ANTECEDENTES
1. Denuncia de la contradicción de criterios. En sesión de veintinueve de junio del año en curso, el Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver el juicio de amparo en revisión penal 10/2023, decidió también denunciar la contradicción suscitada entre el criterio sostenido por ese tribunal al resolver el aludido recurso, en cuanto a que no puede considerarse que la presunción establecida en el artículo 195, párrafo tercero, del Código Penal Federal, sea suficiente por sí misma para sustentar la finalidad de la posesión.
2. Con el sostenido por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, en la tesis XXIII.1o.2 P (10a.), de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SU DICTADO POR EL HECHO QUE LA LEY SEÑALA COMO DELITO CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE POSESIÓN DE NARCÓTICO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 195, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, NO SE REQUIERE LA COMPROBACIÓN PLENA DEL ELEMENTO SUBJETIVO DEL ILÍCITO.", derivada del juicio de amparo en revisión 76/2020.
3. En atención a lo anterior, en auto de ocho de agosto del año que transcurre, el presidente de dicho órgano colegiado ordenó remitir a este Pleno Regional, vía interconexión, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el archivo digital de la sentencia mencionada en primer término e informó que dejaba a disposición de este Pleno el expediente electrónico del juicio de amparo indirecto en revisión en donde se dictó.
4. Trámite ante este Pleno Regional. El diez de agosto del año en curso, el Magistrado presidente de este Pleno Regional admitió la denuncia de contradicción de criterios y la registró con el número indicado al rubro; delimitó de forma preliminar el tema de contradicción, requirió a los Tribunales Colegiados contendientes para que informaran si el criterio que sustentaban seguía vigente o, en su caso, las consideraciones para tenerlo por superado o abandonado; al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito además le pidió remitiera copia digital certificada de la sentencia en la que sustentó el criterio denunciado y a ambos Tribunales Colegiados contendientes, en caso de haberse apartado, la versión digitalizada de la ejecutoria en la que asumieron el nuevo criterio.
5. Además, ordenó comunicar a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la radicación de este asunto y le solicitó informara si existía alguna contradicción de tesis radicada en ese Alto Tribunal, sobre la materia de la presente; y turnó electrónicamente el asunto al Magistrado Héctor Lara González.
6. En proveído de diecisiete de agosto del año que transcurre, el presidente de este Pleno Regional en Materia Penal tuvo por recibidos los oficios suscritos por las actuarias judiciales de los Tribunales Colegiados de Circuito, en los que informaron que los criterios contendientes continuaban vigentes.
7. El treinta de agosto tuvo por recibido el informe signado por el encargado del despacho de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que informó que no se encuentra radicada en ese Alto Tribunal alguna contradicción de criterios en la que el tema tenga relación con el establecido preliminarmente en el presente asunto; y confirmó el turno electrónico.
II. AMICUS CURIAE
8. Conforme a lo establecido en el artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cualquier persona o institución podrá ofrecer voluntariamente su opinión respecto de alguna contradicción de criterios sujeta al conocimiento de algún Pleno Regional. Dicha opinión podrá presentarse hasta antes de la fecha para la sesión en que se programe la resolución del asunto.
9. Antes de la fecha en que fue publicada la lista de los asuntos para sesión ordinaria, ninguna persona o institución presentó opinión sobre el tema de esta contradicción de criterios. Ni tampoco entre la publicación de la lista y antes de la fecha para la sesión programada para resolverla.
III. COMPETENCIA
10. Este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios, conforme a los artículos 94, párrafos quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios en materia penal, suscitada entre Tribunales Colegiados que pertenecen a la Región Centro-Norte.
IV. LEGITIMACIÓN
11. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, pues fue presentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, por lo que se ubica en uno de los casos previstos en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
V. CRITERIOS DENUNCIADOS
12. Criterio del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, al resolver el amparo en revisión penal 76/2020.
13. Marco procesal. El catorce de junio de dos mil veinte, en la Ciudad de Aguascalientes, fue detenida una persona cuando llevaba consigo una bolsa de tela blanca con dos envoltorios de material sintético transparente con clorhidrato de metanfetamina, con un peso neto de trescientos treinta y cuatro punto nueve gramos.
14. En audiencia inicial celebrada el diecisiete de junio de dos mil veinte, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Aguascalientes, en funciones de Juez de Control, calificó de legal la detención en flagrancia. El fiscal formuló imputación por el hecho que la ley señala como delito contra la salud en la modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio en la variante de venta, previsto y sancionado en el artículo 195, con relación a los diversos 193 y 194 del Código Penal Federal, lo que reiteró al solicitar auto de vinculación a proceso.
15. Dentro de la duplicidad del plazo constitucional, el Juez de Control estimó procedente variar el grado del hecho señalado como delito y dictó auto de vinculación a proceso contra el imputado por su probable intervención en la comisión del hecho que la ley señala como delito de posesión simple de clorhidrato de metanfetamina, previsto y sancionado en el artículo 195 Bis del Código Penal Federal.
16. El agente del Ministerio Público interpuso recurso de apelación. El Magistrado del Tribunal Unitario del Trigésimo Circuito, habilitado como tribunal de alzada del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Aguascalientes, modificó el aludido auto, a fin de que el imputado quedara vinculado a proceso por su probable intervención en la comisión del hecho que la ley señala como delito contra la salud, en la modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio, en su variante de venta, previsto y sancionado en el artículo 195, párrafo primero, con relación a los diversos 193 y 194, fracción I, todos del código sustantivo en cita.
17. Contra esa determinación el imputado promovió juicio de amparo indirecto, del que conoció el Tribunal Unitario del Vigésimo Tercer Circuito, quien en audiencia constitucional celebrada el veintiuno de agosto de dos mil veinte, negó la protección constitucional solicitada.(1)
18. El quejoso interpuso recurso de revisión, turnado al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en donde se registró con el número 76/2020, y en sesión de tres de diciembre de dos mil veinte, el aludido tribunal confirmó la sentencia recurrida y negó el amparo de la Justicia de la Unión.
19. Consideraciones que sustentan el criterio sostenido en el amparo en revisión penal 76/2020.
20. El citado Primer Tribunal Colegiado resaltó que no asistía razón al recurrente al señalar que la resolución impugnada sustentaba la legalidad del acto reclamado (en el que se modificó el auto de vinculación a proceso), en la sola manifestación de que la jurisprudencia 1a./J. 3/2015 (10a.)(2) (deducida de la contradicción de tesis 139/2014), sólo es vinculante tratándose de sentencias condenatorias. Lo cierto era que lo señalado por el Magistrado responsable emanaba, además, de las consideraciones contenidas en la contradicción de tesis 87/2016, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que dio lugar a la mencionada jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), a efecto de establecer que para el dictado del auto de vinculación a proceso, la ley no exige la acreditación de todos y cada uno de los elementos del tipo penal, pues basta que la conducta atribuida encuadre en la norma penal aplicable, a partir de datos de prueba que permitan razonablemente suponerlo.
21. Así, consideró que el Magistrado responsable estuvo en lo correcto, al resolver que la cantidad de la droga asegurada sí constituye un dato suficiente y razonable por sí mismo para determinar que la posesión ejercida sobre ella, probablemente tenía la finalidad de comercio a través de su venta. Puntualizó que el a quo de amparo se sustentó en una jurisprudencia de observancia obligatoria que aborda el caso específico de la emisión de un auto de vinculación a proceso, conforme al artículo 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de donde se obtiene que no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho "ilícito", que la norma constitucional ya no exige "que el objeto de prueba recaiga sobre del denominado ‘cuerpo del delito’, entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado".
22. Refirió que de la aludida jurisprudencia se desprende que la acreditación plena de los elementos del delito deberá verificarse en el dictado de la sentencia respectiva. Asimismo, que en la estadía del auto de vinculación a proceso, debe considerarse que el Juez de Control no cuenta con certezas plenas, pues incluso la ley que regula la emisión de aquella actuación reduce el estándar probatorio a datos de prueba que permitan establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo, el cual a la postre en la etapa correspondiente, deberá concretarse en la acusación a fin de dar lugar al juicio.
23. Consideró que era ineficaz el argumento del inconforme en el sentido de que era ilegal que existiera una protección diferenciada respecto a sus derechos fundamentales en las diversas fases del procedimiento (sentencia y vinculación a proceso), pues lo cierto era que dada la naturaleza, consecuencias, propósito, funcionalidad y efectividad de las diversas etapas, cada uno de los derechos fundamentales como la presunción de inocencia, adquieren sus propios matices que determinan cómo es que se logrará su salvaguarda.
24. Si bien por mandato del artículo 20, apartado B, fracción I, constitucional, el imputado se presumirá inocente "mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa", principio que además rige como "estándar de prueba" o "regla de juicio", según lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe conciliarse en la medida de la naturaleza y acto de molestia que corresponda, a efecto de establecer las condiciones que tiene que satisfacer "la prueba" de cargo para considerarla suficiente.
25. Tratándose del auto de vinculación a proceso, se debe considerar que en esa etapa el juzgador no parte de certezas o conocimiento pleno de pruebas, pues como se ha dicho, esto último quedará reservado a la etapa de juicio, a fin de que se dicte una sentencia en la que quede plenamente justificada la sanción o en su defecto se decrete la absolución.
26. Si bien conforme al Texto Constitucional, se debe presumir que el imputado es inocente hasta tanto se demuestre lo contrario, para que ese principio sea racional en la verdad procesal que corresponde a la etapa de investigación del procedimiento penal acusatorio y específicamente en la estadía del auto de vinculación a proceso, el desvanecimiento de esa presunción de inocencia, es decir, es la existencia de una posibilidad racional positiva y/o negativa que destruya esa presunción de inocencia del imputado, apoyada en datos probatorios.
27. Esa apreciación es acorde con la intención del Constituyente Permanente, ya que con relación al tema que nos ocupa, a través de la reforma de junio de dos mil ocho, se buscó desterrar formalismos legales que representaran un obstáculo para la eficaz procuración e impartición de justicia en el ámbito penal, lo que llevó a reducir el estándar probatorio para la emisión del auto de vinculación a proceso.
28. El sistema de justicia penal cambió las exigencias para la legal apertura del periodo de investigación, ahora el auto de vinculación a proceso sólo exige contar con datos que en forma razonable permitan suponer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en el hecho por el cual se seguirá la investigación, evitando la presentación de pruebas formalizadas durante la primera etapa de investigación del procedimiento, buscando con ello que se mantenga la objetividad e imparcialidad dentro de la etapa de investigación.
29. Así, la autoridad responsable para estimar que los datos de prueba narrados por el Ministerio Público eran suficientes para establecer la posibilidad racional de que el recurrente poseyó el clorhidrato de metanfetamina asegurado, con el fin de comerciarlo y que, por ende, era posible suponer que la conducta imputada encuadraba en la hipótesis normativa que emana del artículo 195, primer párrafo, con relación a los diversos 193 y 194, fracción I, todos del Código Penal Federal, estimó respecto a la finalidad (objeto de la inconformidad) que la cantidad de narcótico (trescientos treinta y cuatro punto nueve gramos) al exceder en demasía la cantidad de cuarenta gramos que resulta de multiplicar por mil la dosis máxima de consumo personal e inmediato señalada en la tabla inmersa en el artículo 479 de la Ley General de Salud, permitía que se actualizara la presunción legal que refiere el artículo 195, consistente en que la posesión tiene como finalidad cometer alguna de las conductas previstas en los diversos 193 y 194, fracción I, ambos del Código Penal Federal.
30. El Tribunal Colegiado de Circuito estimó que tal apreciación era legal y acorde con lo dispuesto en el artículo 19 constitucional, pues los datos de prueba eran bastantes para suponer razonadamente que se había cometido el hecho que la ley encuadra como delito y por el que se vinculó a proceso.
31. No es necesario que en esa estadía de investigación que se formaliza mediante el auto de vinculación, se compruebe u otorgue certeza del elemento subjetivo del ilícito, como pretendía el inconforme al afirmar que debe aplicarse la jurisprudencia 1a./J. 3/2015 (10a.), pues tal apreciación era contraria a la naturaleza de la etapa del sistema penal acusatorio en la que se encontraban y al propósito inmediato del auto de vinculación al proceso que corresponde a formalizar la investigación que continuará en una etapa complementaria, en donde pueden derivar diversas pruebas que en su caso justificaran en fase intermedia la acusación que formule el Ministerio Público y donde sí tendrá la carga de hacer una relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su clasificación jurídica, además será hasta dicha fase donde se ofrecerán y admitirán los medios de prueba materia del juicio.
32. Sin que ello implicara permitir la violación a los principios de certeza jurídica y confianza legítima, pues en el dictado del auto de vinculación a proceso la autoridad responsable no actúa arbitrariamente, sino acorde al estándar que emana de los artículos 19 constitucional y 316 de la ley adjetiva penal aplicable, además da a conocer al imputado los datos de prueba que justifican el dictado de la vinculación al proceso, el hecho que la ley señala como delito, que será objeto de una investigación complementaria en la que cuenta con oportunidad plena de contradecir o fincar su defensa, incluso mediante la integración de pruebas que podrán adquirir en su momento el carácter de formalizadas. Ante tal panorama, la aplicación de la jurisprudencia que invoca el inconforme argumentando la necesidad de que se lleve a cabo un control de convencionalidad y constitucionalidad, en tanto que resulta más benéfica, deviene ineficaz, pues en dicho criterio más allá de que no se mencione que se refiere a directrices o estándar probatorio que deben observarse en una sentencia, lo cierto es que no se ajusta a los parámetros que la propia Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), ha establecido en interpretación específica del artículo 19 constitucional que establece los requisitos formales y de fondo del auto de vinculación a proceso.
33. Si bien el nuevo esquema constitucional impone a las autoridades del Estado Mexicano el deber de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y para ello incorporó diversos principios que optimizan esa labor, entre ellos el de interpretación más favorable para la persona y ese deber se actualiza de manera oficiosa para los órganos jurisdiccionales cuando consideren que es necesario acudir a un criterio interpretativo que implique menos restricciones o impida que se genere una afectación carente de una razón suficiente o justa, ello no conlleva que los órganos jurisdiccionales dejen de ejercer sus atribuciones o facultades de impartir justicia o dejen de observar los diversos principios y restricciones previstos en las leyes que regulan el procedimiento y/o justifican, dan sentido o efectividad al derecho o figura jurídica que se invoca. 34. Es verdad que por mandato constitucional debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos fundamentales, por lo que ante la existencia de varias posibilidades de solución de un mismo problema, debe optarse por la que protege en términos más amplios. Sin embargo, para que esa técnica interpretativa pueda aplicarse, el significado favorable de la norma jurídica que se invoca debe ser fruto de una exégesis jurídicamente válida, es decir, debe derivar de un método de interpretación jurídica, ya sea gramatical, sistemático, funcional, histórico o algún otro de la norma o normas que regulan el caso.
35. De manera que el significado conforme a la aplicación del principio de interpretación más favorable, no debe realizarse con base en una interpretación que no encuentra sustento en un método válido. Lo expresado encuentra respaldo en la tesis 1a. CCLXXIII/2018 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "INTERPRETACIÓN CONFORME Y PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU APLICACIÓN TIENE COMO PRESUPUESTO UN EJERCICIO HERMENÉUTICO VÁLIDO."
36. Bajo esa tesitura, deviene insuficiente que se refiera la obligación de dar un alcance o significado a una jurisprudencia en favor del gobernado, si su alcance no se sustenta en una hermenéutica jurídica atinente al caso específico o en el que se diluciden los parámetros esenciales que refiere la norma aplicable en la actuación cuestionada y, en el caso, como se ha señalado, la jurisprudencia que el recurrente aduce debe observarse, lejos de hacer alusión a las directrices que la propia Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció a efecto de dictar un auto de vinculación a proceso, alude a parámetros que se excluyen de dicha actuación.
37. No pasa inadvertido que el inconforme refiriera que en la emisión del auto de vinculación a proceso objeto de impugnación, adquiría especial relevancia el hecho de que se tuviera como pertinente para establecer razonadamente que la cantidad de narcótico asegurado es apto para acreditar una posesión con la finalidad de venta, porque esa finalidad deviene determinante para la imposición de prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, lo cierto es que ni del artículo 19 constitucional, ni de los criterios que invocaba el inconforme, se desprendía que en tratándose de hechos delictivos, que ameriten prisión preventiva oficiosa (descritos en el propio precepto constitucional) el estándar probatorio en el dictado de la vinculación a proceso debe variar o ser superior, mucho menos que debiera hacerse un análisis específico con base en los datos de prueba tanto de los elementos objetivos, normativos y subjetivos. En el entendido de que como ya se había sostenido, el auto de vinculación a proceso no tiene como finalidad inmediata justificar una privación de la libertad, de manera que no requería hacer un ejercicio de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, sino que parte de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal, es el esclarecimiento de los hechos asegurando el acceso a la justicia en la aplicación del derecho, a efecto de resolver el conflicto que surja con motivo de los hechos que la ley señala como delito.
38. Refirió que lo expresado encontraba apoyo en la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL."(3)
39. Por otro lado, indicó que el artículo 195 Bis del Código Penal Federal contempla el delito de posesión simple de narcótico y que incluso la sanción que se contempla en dicho numeral, puede operar aun cuando la droga asegurada supere el límite máximo de consumo personal que prevé la Ley General de Salud; sin embargo, ello no impide que pueda invocarse a efecto de la emisión del auto de vinculación a proceso, la presunción legal que emana del tercer párrafo del artículo 195 del mismo código sustantivo, para formalizar la investigación sobre una posesión de droga con fines de venta; ello en forma alguna hace nugatorio el tipo penal que prevé el artículo 195 Bis del ordenamiento precitado, pues en todo caso, en esa estadía, aún existe la posibilidad de desvirtuar esa presunción y, posteriormente, más allá de los datos de prueba necesarios y suficientes para la vinculación, aún existe la posibilidad de que los medios de convicción que se recaben en complementaria o en juicio devengan insuficientes para formular la acusación y en su caso soportar la sentencia; de ahí que el delito que prevé el 195 Bis del Código de Penal Federal, sí puede adquirir trascendencia aun cuando para decretar la formalización de la investigación complementaria se hubiera invocado la presunción legal que emana del tercer párrafo del artículo 195 del cuerpo de normas citado.
40. En ese sentido, concluyó, no se advierte violación a los principios de confianza legítima y certeza jurídica, pues precisamente en atención a aquellos principios la autoridad debe formalizar la investigación ponderando todos los hechos y datos de prueba que le permitan de forma razonada encuadrar el hecho imputado en la norma penal correspondiente, sin que sea válido ignorar las circunstancias particulares de cada caso, sólo a efecto de atenuar la situación del imputado.
41. En consecuencia, el Tribunal Colegiado, por unanimidad de votos, confirmó la sentencia recurrida y negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso.
42. Derivado de esa ejecutoria, el Tribunal Colegiado emitió la tesis aislada XXIII.1o.2 P (10a.),(4) que a la letra dice:
"AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SU DICTADO POR EL HECHO QUE LA LEY SEÑALA COMO DELITO CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE POSESIÓN DE NARCÓTICO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 195, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, NO SE REQUIERE LA COMPROBACIÓN PLENA DEL ELEMENTO SUBJETIVO DEL ILÍCITO. A partir de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, para el dictado del auto de vinculación a proceso, previsto en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se exige la comprobación del cuerpo del delito, ni la justificación de la probable responsabilidad del imputado, pues sólo deben aportarse datos de prueba de los que se adviertan: i) la existencia de un hecho que la ley señale como delito; y, ii) la probabilidad en la comisión o participación del activo. Lo anterior, en razón de que el auto de vinculación a proceso sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Además, del análisis de la exposición de motivos de la referida reforma constitucional se advierte que la intención del legislador fue establecer un nivel probatorio razonable tanto para la emisión de la orden de aprehensión como del auto de vinculación a proceso. De manera que para considerar que el hecho puede encuadrarse en el delito contra la salud en su modalidad de posesión de narcótico, previsto en el artículo 195, párrafo primero, del Código Penal Federal, es decir, que esa posesión tenga como finalidad alguna de las previstas en el artículo 194 del código citado, será suficiente que el órgano acusador aporte datos de prueba que hagan posible esa finalidad, como pueden ser aquellos que revelen que el narcótico poseído supera la dosis máxima de consumo personal e inmediato prevista en la tabla contenida en el artículo 479 de la Ley General de Salud, pues en esa estadía –vinculación a proceso–, no se requiere la comprobación plena del elemento subjetivo del ilícito. Por tanto, la presunción legal que emana de la cantidad de narcótico poseído en relación con aquellos datos de prueba que hacen posible atribuir el hecho al imputado, justifican racionalmente su vinculación a proceso por la modalidad delictiva citada, a efecto de que se continúe la investigación regulada por el Juez de Control en donde pueda ejercer plenamente su derecho de defensa en un procedimiento respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio, ya que corresponde a la etapa de juicio oral la comprobación plena de los elementos del tipo penal, a efecto de justificar la emisión de una sentencia condenatoria."
43. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, con residencia en Aguascalientes, Aguascalientes, al resolver el amparo en revisión penal 10/2023.
44. Marco procesal. El cuatro de agosto de dos mil veintidós, una persona fue detenida por elementos de la Policía Estatal Preventiva de Zacatecas, al encontrarse en el asiento del copiloto a bordo de un vehículo marca Nissan, línea Murano, negro, en posesión de quinientos punto siete gramos de clorhidrato de metanfetamina.
45. El cinco de agosto de dos mil veintidós se llevó a cabo la audiencia inicial, en la que se calificó de legal la detención; el agente del Ministerio Público formuló imputación y solicitó auto de vinculación a proceso por el delito contra la salud en la modalidad de posesión de metanfetamina con fines de comercio, previsto y sancionado por los artículos 195, primer párrafo, con relación al 194, fracción I y 193 del Código Penal Federal, en congruencia con los diversos 234 y 247 de la Ley General de Salud.
46. En ese mismo acto, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en carácter de Juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Zacatecas, dictó auto de vinculación a proceso por el delito contra la salud, en la modalidad de posesión simple de metanfetamina, previsto y sancionado en el artículo 195 Bis del Código Penal Federal.
47. Inconforme, el agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la célula I-2 Zacatecas, de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Zacatecas, interpuso recurso de apelación, del que conoció el Tribu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31961-c16a70f3/auto-de-vinculacion-a-proceso-para-su-emision · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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