Corpus
Modo: Corpus Pro

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SI DESPUÉS DE TRANSCURRIDO UN AÑO O MÁS DE RESENTIR LOS EFECTOS DE UNA EVENTUAL DESTITUCIÓN O BAJA, UN MIEMBRO DE UNA CORPORACIÓN POLICIAL DEMANDA LA NULIDAD DE ESA RESOLUCIÓN, ADUCIENDO QUE NO LE FUE NOTIFICADA, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CONSENTIMIENTO TÁCITO ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 92, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 12/2023. · Registro digital (IUS): 31968
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2023-12-01
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS NOVENO, DÉCIMO CUARTO, DÉCIMO SEXTO, DÉCIMO OCTAVO Y VIGÉSIMO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, Diciembre de 2023, Tomo III, Pág.2764.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 12/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS NOVENO, DÉCIMO CUARTO, DÉCIMO SEXTO, DÉCIMO OCTAVO Y VIGÉSIMO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 17 DE AGOSTO DE 2023. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LA MAGISTRADA ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS Y DEL MAGISTRADO GASPAR PAULÍN CARMONA. DISIDENTE: MAGISTRADA ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MAGISTRADA ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO. SECRETARIO: IVANN ALVAREZ HERNÁNDEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver de la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 6, fracción I, 7 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1o., fracción I, punto 2; 2 y 4 del diverso Acuerdo General 108/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales, en virtud de que la contradicción se suscitó entre Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, territorio y materia en las que este Pleno Regional ejerce jurisdicción.

SEGUNDO.—De conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, la contradicción de criterios fue denunciada por parte legitimada, pues se trata del Magistrado integrante de uno de los Tribunales Colegiados contendientes.

TERCERO.—Para una mejor comprensión del asunto, a continuación se precisan los siguientes datos relevantes:

A. Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Antecedentes del juicio de amparo directo D.A. 291/2021.

1. Una persona física promovió juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en contra de la resolución de treinta y uno de diciembre de dos mil cinco, emitida por el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por medio de la cual se determinó su baja del servicio policial. Conoció del asunto la Quinta Sala Ordinaria Jurisdiccional del referido tribunal, que por acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil veinte, lo registró con el número ********** y desechó la demanda por extemporánea.

2. En contra de ese desechamiento, la parte actora interpuso recurso de reclamación, el cual se declaró infundado.

3. Inconforme con lo resuelto en la reclamación precisada en el punto anterior, la parte actora interpuso recurso de apelación, del que conoció el Pleno Jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, que lo registró con el número **********, y el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, confirmó la determinación recurrida.

4. En contra de dicha resolución se promovió el juicio de amparo directo, el cual se registró en el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito con el número D.A. 291/2021 y en sesión de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, por mayoría de votos, se determinó negar el amparo solicitado, con base en las consideraciones que, en lo que interesan, se transcriben enseguida:

"12. SEXTO. ...

"13. Mediante escrito presentado el catorce de febrero de dos mil veinte, ********** ********** ********** promovió juicio de nulidad en contra de la baja por determinación emitida por el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que alegó desconocer y de la que dijo haber tenido conocimiento el veintiuno de enero de dos mil veinte, cuando se le notificó el oficio **********.

"14. Correspondió conocer de la demanda de nulidad a la Quinta Sala Ordinaria Jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, que por acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil veinte, la registró con el número ********** y la desechó por extemporánea, ya que la determinación de baja del servicio policial había tenido verificativo el treinta y uno de diciembre de dos mil cinco, y si bien la parte actora señalaba que el inicio del procedimiento y sus consecuencias no le habían sido notificados, lo cierto es que en la relatoría de hechos de la demanda, la propia parte actora refería que solicitó información de su remoción de la nómina institucional, hecho que refirió que aconteció desde el uno de enero de dos mil seis, lo que constituía un acto consentido por la parte actora. De ahí que si la demanda de nulidad había sido promovida trece años y once meses posteriores al día en que se señaló que dejó de prestar sus servicios y, por ende, recibir contraprestaciones salariales, ello denotaba el conocimiento de tal circunstancia y el consentimiento tácito de su separación del cargo, al menos desde el uno de enero de dos mil seis, por lo que si la demanda se presentó hasta el catorce de febrero de dos mil veinte, entonces se había presentado fuera del plazo legal que establece el artículo 56 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

"15. En contra de tal acuerdo, la parte actora interpuso recurso de reclamación, que en resolución de seis de marzo de dos mil veinte, se declaró infundado, en términos de los razonamientos siguientes:

"...

"23. Inconforme con esa sentencia, la parte actora promovió el juicio de amparo directo que ahora se resuelve.

"24. SÉPTIMO. Por la relación que guardan entre sí, en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo, se analizan de manera conjunta los conceptos de violación hechos valer, en los que se señala lo siguiente:

"25. La parte actora alega en el primer concepto de violación, que es incorrecta la afirmación de la responsable, en el sentido de que en la demanda se manifestó que desde el uno de enero de dos mil seis no se le permitió seguir laborando; pues parte de un hecho erróneo, además de que al haberse desechado la demanda, no se le permitió ampliarla con las probanzas que durante el juicio obraran en el sumario, ni se le permitió hacer uso de su derecho de defensa.

"26. Afirma que se desechó la demanda con base en una afirmación que no consta en actuaciones, de la que no se le permitió defenderse, con base en la pretensión de que conoció la baja, la que no le fue hecha de su conocimiento y que se ejecutó cuando dejó de trabajar y de recibir sus salarios, cuando en autos no consta algo al respecto y desconoce los motivos que originaron su destitución.

"27. La parte actora alega en el segundo concepto de violación, que la responsable pasó por alto que conoció del acuerdo de baja y la resolución de destitución a través del oficio que adjuntó a su demanda, sin que le fueran notificados para estar en aptitud de controvertirlos y es ilegal que se le imponga la carga de acreditar que gestionó ante la autoridad el conocimiento de su situación jurídica, pues es obligación de la autoridad exhibir las constancias que acrediten que hizo de su conocimiento el acto impugnado, por lo que no puede existir un consentimiento tácito de un acto que le era desconocido, de los que tuvo conocimiento hasta que se le notificó el referido oficio.

"28. Afirma, que el hecho de que haya dejado de laborar no implica el consentimiento del acto impugnado, pues en términos del procedimiento administrativo sancionador, debía ser notificado del inicio del procedimiento para permitirle defenderse, se sustanciara el procedimiento y posteriormente se le notificara la resolución definitiva, por lo que si no hubo notificación o fue ilegal, debió aplicarse lo dispuesto en los artículos 60, fracción II y 62, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

"29. La parte actora alega en el tercer concepto de violación, que la tesis invocada por la responsable, de rubro: ‘AMPARO EXTEMPORÁNEO, LO ES AQUEL QUE PROMUEVE UN AGENTE DE LA POLICÍA EN CONTRA DE SU BAJA, SI DE LAS CONSTANCIAS DE AUTOS SE DESPRENDEN CONDUCTAS QUE EXPRESAN SU CONFORMIDAD CON LOS ACTOS.’, se encuentra superada al existir jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece la preponderancia de los derechos humanos, así como la obligatoriedad que tiene toda autoridad de cumplir con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que se desprende que no debe inobservarse el derecho humano al debido proceso, aunado a que dicho criterio se refiere al juicio de amparo, en el que operan reglas diferentes para la integración de la causal de improcedencia.

"30. Afirma que por lo que hace a la tesis de rubro: ‘CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO, CUANDO UNO DE SUS MIEMBROS SOSTIENE QUE DESCONOCE LA RESOLUCIÓN DE SU BAJA DEL SERVICIO, DEBE ESTIMARSE QUE SE TRATA DE ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SI LA DEMANDA RELATIVA SE PRESENTA VARIOS AÑOS DESPUÉS DE LA ÚLTIMA FECHA EN QUE SE LE PAGÓ Y DEJÓ DE ASIGNARLE EL SERVICIO.’, no es aplicable al caso porque no es una jurisprudencia, se refiere a la interpretación de un ordenamiento del Código de Procedimiento Administrativos del Estado de México y desde dos mil once no ha habido un criterio que sostenga esa tesis, en virtud de que hubo una reforma constitucional en la que se reconocieron los derechos humanos, incluso los contenidos en tratados internacionales, donde se sostiene la preponderancia del debido proceso como un derecho fundamental que obliga a la autoridad a que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento, entre las que se encuentran los derechos de audiencia y defensa.

"31. Aduce que no controvirtió el oficio **********, toda vez que el acto impugnado fue la resolución emitida en procedimiento administrativo en el que se le dio de baja, que no se le notificó y fue hasta que se le notificó ese oficio, que tuvo conocimiento.

"32. Los conceptos de violación en estudio son infundados, en términos de los razonamientos siguientes:

"33. El artículo 56 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México establece que el plazo para la presentación de la demanda para los particulares es de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del acto que se impugne, de conformidad con la ley que lo rige, o del siguiente en que el actor hubiere tenido conocimiento, o se hubiere ostentado sabedor del mismo, o de su ejecución.

"34. Por su parte, de los artículos 92, fracción VI y 93, fracción II, de la misma ley, deriva que procede decretar el sobreseimiento en el juicio contencioso administrativo, cuando durante el juicio aparece o sobreviene alguna causa de improcedencia, en el caso, consentimiento del acto impugnado.

"35. Esto es, la causal de improcedencia contenida en el citado artículo 92, fracción VI de la Ley de Justicia Administrativa prevé dos supuestos de improcedencia del juicio por consentimiento, a saber: a) cuando exista consentimiento expreso del acto impugnado (esto se da cuando en forma indubitable la parte quejosa manifiesta su conformidad con el acto); y, b) cuando exista consentimiento tácito, entendiéndose por esto último aquellos contra los que no se promovió el juicio dentro de los plazos señalados por esa ley, es decir, cuando la conducta de la parte quejosa, aunque no en forma expresa, revela su voluntad de conformarse con el contenido, ejecución o las consecuencias del acto de autoridad. La diferencia entre ambas hipótesis reside en la conducta del sujeto particular, que en el primer caso es de hacer, en tanto que en el segundo supuesto se refiere a un no hacer o no tolerar.

"36. En el caso concreto se surte la segunda hipótesis mencionada, con base en lo expuesto por la propia parte actora en su demanda de nulidad en el capítulo de hechos, donde manifestó que dejó de pagársele desde enero de dos mil seis, con lo que queda manifiesta su conformidad con los actos impugnados, su ejecución y consecuencias, en la medida de que el reconocimiento de tal hecho, equivale a su separación material que implica el consentimiento tácito del acto impugnado y sus consecuencias, al haberse ostentado con conocimiento de su ejecución.

"37. Por lo que en términos del artículo 56 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, el plazo de quince días para presentar la demanda, empezó a correr a partir del día siguiente al en que se ostentó sabedor de la ejecución del acto impugnado, por lo que si la demanda de nulidad la presentó más de catorce años después, es inconcuso que se actualizó la causa de improcedencia contenida en el referido artículo 92, fracción VI de la Ley de Justicia Administrativa, por no haberse promovido el juicio dentro del plazo legal correspondiente, por consentimiento tácito.

"38. Lo anterior, en tanto que la referida causal se actualiza cuando un elemento de la corporación policial promueve el juicio fuera del plazo legal, pues el hecho de saber que fue suspendido en funciones y pagarle su sueldo, implica el consentimiento tácito de esos actos, así como el de su ejecución y consecuencias, sin que obste para ello que en su demanda afirme que entre la fecha en que los conoció y aquella en que presentó su demanda, gestionó ante la autoridad administrativa para saber su situación jurídica, puesto que, de cualquier forma, consintió tales actos desde el momento en que resintió sus efectos y no los impugnó oportunamente. De ahí que al resultar notoriamente improcedente el juicio, no eran aplicables las normas que regulan la ampliación de la demanda, en los casos en que se alegue que no existió notificación.

"...

"41. Además en relación con la supuesta violación a los principios pro personae, de interpretación conforme, de control de convencionalidad ex officio, si bien los mismos reconocen el derecho a una tutela judicial efectiva, no menos cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de inobservar o incumplir los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que las personas gobernadas tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, lo que provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables.

"42. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente.

"43. Asimismo, agregó que por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para la persona o entidad interesada, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado.

"44. Indicó que el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental.

"...

"46. Además, si bien la reforma al artículo 1o. constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, implicó un cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional, no menos cierto es que ello no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma.

"47. En efecto, dicho cambio sólo conlleva que se aplique la protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice cuando existe en los instrumentos internacionales, sin que se dejen de observar los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, tales como el de legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia y cosa juzgada, pues de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función.

"48. Consecuentemente, si bien es verdad que el operador jurídico debe observar el principio pro persona, también lo es que no debe desatender los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional y brindar la protección más amplia a la persona gobernada, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, como los previstos en la Convención Americana de Derechos Humanos y otros ordenamientos, ello no implica que deban desatenderse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional.

"...

"50. En ese orden de ideas, si bien la obligación que implican los conceptos aludidos para la facultad de decisión depositada en este tribunal colegiado, tanto a nivel constitucional como a nivel legal, lleva inmersa la necesidad de precisar que la implementación de salvaguardar los derechos humanos, ello no implica desbordar su estudio y sobreponerlos al marco jurídico nacional, ello porque en principio, es necesario verificar su protección a nivel interno; tal y como lo refiere la jurisprudencia 2a./J. 172/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"51. De ahí que el hecho de que no se analice el fondo de la cuestión planteada por haberse actualizado una causal de improcedencia, no viola el derecho de acceso a la justicia, en virtud de que se trata de un presupuesto procesal, que tiende a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio o contra los principios generales que lo rigen; pero ello no significa que se esté restringiendo la acción contencioso administrativa, más bien, al igual que cualquier juicio, son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo.

"52. De manera que, si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para la parte interesada y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso proveer la reparación adecuada también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deben resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado.

"53. Por las consideraciones expuestas, resultan inaplicables las jurisprudencias y tesis aisladas invocadas por la parte quejosa, máxime que por lo que hace a los criterios de otros tribunales colegiados no resultan obligatorios para este órgano colegiado, ya que en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, sólo la jurisprudencia que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno de Circuito correspondiente, es obligatoria para este Tribunal. "54. No es óbice a lo resuelto, que diversas tesis y jurisprudencia citadas en la presente sentencia se hayan emitido con anterioridad a la Ley de Amparo vigente, toda vez que en términos del artículo sexto transitorio de dicha ley, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en aplicación en lo que no se oponga a la ley aplicable por ser la regente.

"...

"56. En las relatadas condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación hechos valer, lo procedente es negar a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados."

B. Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Antecedentes de la sentencia dictada en el juicio de amparo directo D.A. 75/2021.

1. Una persona física promovió juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en contra de la resolución dictada en el procedimiento administrativo **********, de veintidós de septiembre de dos mil once, por los integrantes del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, a través de la cual se determinó sancionarla con la destitución del empleo, cargo o comisión que desempeñó en dicha Secretaría.

2. El asunto se turnó a la Cuarta Sala Ordinaria del referido tribunal, donde se registró y admitió a trámite bajo el número **********; por lo que una vez seguida la secuela procesal respectiva, el veintidós de octubre de dos mil diecinueve, se dictó sentencia, en la que se declaró actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 92, fracción VI, de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

3. Inconforme con esa sentencia, la parte actora interpuso recurso de apelación ante el Pleno Jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, donde se admitió a trámite con el número de expediente **********, y el seis de agosto de dos mil veinte, se dictó sentencia en el sentido de confirmar la resolución impugnada.

4. En contra de la sentencia señalada en el punto anterior, la parte actora en el juicio de nulidad promovió juicio de amparo directo, del cual, por razón de turno, conoció el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que lo registró con el número de toca D.A. 75/2021 y, en sesión de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, por mayoría de votos, se concedió el amparo solicitado para el efecto de que:

"... el Pleno Jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México:

"a) Deje insubsistente la sentencia de seis de agosto de dos mil veinte, dictada en el recurso de apelación ********** **********; y

"b) En su lugar, emita otra en la que, analice los argumentos sobre la legalidad o ilegalidad de la notificación de la resolución administrativa impugnada por la quejosa, conforme lo establecen los artículos 60 y 62 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, y con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda."

La anterior determinación se basó en las consideraciones que, en lo que interesan, se transcriben enseguida:

"SÉPTIMO. Estudio y determinación del Tribunal. Por una cuestión de técnica jurídica y a fin de dar respuesta a los motivos de disenso materia del presente asunto, en principio, se estima necesario reseñar las consideraciones torales que rigen el sentido de la sentencia reclamada.

"• En el considerando cuarto, el Pleno Jurisdiccional examinó la legalidad de la resolución impugnada, para lo cual sintetizó los agravios formulados por la apelante, los cuales calificó de parcialmente fundados pero insuficientes.

"• Para arribar a esa calificativa, determinó que era fundado que la sala de origen omitió atender los argumentos planteados por la actora en su escrito de ampliación de demanda, en relación con la incorrecta notificación del inicio del procedimiento administrativo disciplinario **********.

"• Pero precisó que sus agravios resultaban insuficientes para revocar la sentencia apelada, ya que la Sala de origen estimó fundada la causal de improcedencia prevista en la fracción VI, del artículo 92, de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, con base en que la actora fue omisa en atender el requerimiento formulado por la Instructora para que manifestara la última quincena que le fue pagada, aunado a que desde el año dos mil once, dejó de percibir su salario y haberes sin que le fuera asignado servicio alguno desde esa fecha, resintiendo los efectos de la destitución ordenada en la resolución emitida en el citado procedimiento administrativo; y que, desde la fecha en que resintió los efectos de tal resolución y la fecha en que presentó su escrito inicial de demanda, habían transcurrido más de ocho años, sin que exhibiera prueba alguna con la cual demostrara haber estado inconforme con esa determinación.

"• Así, el Pleno Jurisdiccional determinó que la quejosa no desvirtuó la referida hipótesis de improcedencia, de ahí la inoperancia de los argumentos planteados.

"• Además, destacó que, en efecto, desde el escrito inicial de demanda, la actora expuso manifestaciones de las cuales se desprende que, desde el momento en que dejó de prestar sus servicios en la Secretaría de Seguridad Pública resintió los efectos de la destitución ordenada en el expediente administrativo **********, pues no recibió remuneración alguna desde esa fecha, presentado su demanda de nulidad hasta el tres de abril de dos mil diecinueve, dejando transcurrir más de ocho años para inconformarse con esa resolución.

"• Al respecto, indicó que existen criterios de los órganos del Poder Judicial de la Federación en el sentido de que, cuando de la narrativa de hechos formulada en autos del juicio, el quejoso reconoce haber dejado de prestar sus servicios como agente de la policía de la Ciudad de México, se debe advertir que esa conducta es de conformidad con la ejecución y las consecuencias de una resolución de destitución.

"...

"• También consideró el Pleno Jurisdiccional que si bien la situación de la quejosa se encontraba pendiente hasta que el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, le comunicara algo en relación con su baja; dicha actora debió demostrar en el juicio de nulidad, la realización de las gestiones correspondientes ante la autoridad administrativa, encaminadas a obtener su definición jurídica en lo concerniente a si estaba o no vinculada laboralmente, situación que no acreditó.

"En contra de las consideraciones de la sentencia, la parte quejosa formuló los conceptos de violación que a continuación se analizarán.

"...

"En ese contexto, los argumentos que se atienden devienen esencialmente fundados.

"Para arribar a dicha determinación, es necesario, de inicio, tener presente que la entonces actora en el escrito inicial de demanda de nulidad, señaló como acto impugnado el siguiente:

• La nulidad de la resolución dictada en el procedimiento administrativo **********, de veintidós de septiembre de dos mil once, emitida por el entonces Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, de la cual tuvo conocimiento el doce de marzo de dos mil diecinueve, fecha en que se le notificó en forma personal el auto de siete de marzo del mismo año, dictado por el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, dentro del juicio de amparo **********.

"Luego, en su ampliación de demanda señaló, como acto impugnado, el siguiente:

"‘• La indebida notificación de la resolución de veintidós de septiembre de dos mil once, llevada a cabo dentro del expediente administrativo ********** toda vez que se realizó en contravención a lo ordenado por el artículo 55, fracción II, de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, ahora Ciudad de México.’

"En ese contexto, se impone destacar que los artículos 60 y 62 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, disponen lo siguiente:

"(se transcriben)

"De los artículos transcritos se deriva que, en el caso, si el actor manifestó que el acto impugnado no le fue notificado legalmente y señala la fecha en que se hizo sabedor de la misma; la autoridad demandada acompañará constancia del acto administrativo y de su notificación, mismos que el actor podrá combatir mediante ampliación de la demanda.

"Asimismo, se dispone que el tribunal estudiará los conceptos de nulidad expresados contra la notificación, previamente al examen de la impugnación del acto administrativo; si resuelve que no hubo notificación o que fue ilegal, se considerará que el actor fue sabedor del acto administrativo desde la fecha en que se le dio a conocer, quedando sin efectos todo lo actuado con base a aquélla, y procederá al estudio de la impugnación que, en su caso, se hubiere formulado contra dicho acto; pero si se resuelve que la notificación fue legalmente practicada, y como consecuencia de ello la demanda fue presentada extemporáneamente, se sobreseerá el juicio en relación con el acto administrativo combatido.

"Por tanto, resulta evidente que el Pleno responsable no analizó la sentencia dictada en primera instancia, atendiendo a las circunstancias especiales del caso, y a la luz de los preceptos transcritos en líneas precedentes.

"Toda vez que a pesar de que la quejosa manifestó en su demanda de nulidad que la resolución impugnada no le fue notificada legalmente y que tuvo conocimiento de la misma, a partir del doce de marzo de dos mil diecinueve, en que se notificó el acuerdo de siete del mismo mes y año, dictado por el Juez Cuarto de D

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31968-12cb9424/juicio-contencioso-administrativo-si-despues-de-transcurrido-un · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.