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SUBCONTRATACIÓN LABORAL. LA PROHIBICIÓN DE LA SUBCONTRATACIÓN DE PERSONAL EN GENERAL DERIVADA DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE ABRIL DE 2021, NO AFECTA LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD Y CERTEZA JURÍDICA, EN RELACIÓN CON LOS INVERSIONISTAS EXTRANJEROS.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 23/2023. · Registro digital (IUS): 32036
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-01-05
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Enero de 2024, Tomo III, Pág.2758.

AMPARO EN REVISIÓN 23/2023. 6 DE SEPTIEMBRE DE 2023. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIOS: LUIS ALBERTO MARTÍNEZ DÍAZ, LIZBETH BERENICE MONTEALEGRE RAMÍREZ, ILLIANA CAMARILLO GONZÁLEZ, FANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ Y ELIZABETH MIRANDA FLORES.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: En un juicio de amparo indirecto dos personas morales reclamaron, por su sola entrada en vigor, diversos artículos modificados por el decreto publicado el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, en materia de subcontratación laboral.

La Jueza de Distrito que conoció del asunto determinó sobreseer en el juicio de amparo al considerar que la parte quejosa no acreditó la afectación que pudieran causarle las disposiciones reclamadas.

En su contra, la parte quejosa interpuso recurso de revisión y el Tribunal Colegiado del conocimiento determinó que ésta sí acreditó su interés jurídico, por ello revocó el sobreseimiento, estudió las causales de improcedencia omitidas por la a quo y dejó a salvo la competencia de este Alto Tribunal para que se pronunciara sobre la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas.

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al seis de septiembre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el recurso de revisión 23/2023, interpuesto por ********** y ********** ********** en contra de la resolución terminada de engrosar el diecinueve de mayo de dos mil veintidós por la Jueza Octavo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 2773/2021.

El problema jurídico a resolver por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar la constitucionalidad de los artículos 15-D, 26, fracción XVI, del Código Fiscal de la Federación; 27, fracción V, párrafo tercero, y 28, fracción XXXIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 4, párrafo tercero, y 5, fracción II, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; 12, 13, 14, 15, adición a un párrafo tercero del artículo 41, derogación de los artículos 15-A, 15-B, 15-C y 15-D de la Ley Federal del Trabajo; 15-A, así como la derogación del párrafo segundo del artículo 75 de la Ley del Seguro Social; y, 29, tercer párrafo, y 29 Bis de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, todos del decreto publicado el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, en materia de subcontratación laboral, así como de su artículo primero transitorio.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. I. Demanda de Amparo. Radicación, autoridades responsables y actos reclamados. Mediante escrito presentado el quince de octubre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, ********** y **********, por conducto de su representante legal, promovieron demanda de amparo indirecto, en la que señalaron como autoridades responsables:

a. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión;

b. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión;

c. Presidente de la República;

d. Secretaria de Gobernación;

e. Jefe del Servicio de Administración Tributaria;

f. Administrador General Jurídico del Servicio de Administración Tributaria; y,

g. Secretario de Hacienda y Crédito Público.

2. A tales autoridades les reclamaron respectivamente lo siguiente:

a. La promulgación, publicación, circulación, discusión, aprobación, expedición y cumplimiento del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; del Código Fiscal de la Federación; de la Ley del Impuesto sobre la Renta; de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional; de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Subcontratación Laboral", como sistema normativo y en específico los artículos:

I. Artículo primero, que reformó los artículos 12, 13, 14, 15, 127, párrafo primero, 1004-A, 1004-C, 41, párrafo tercero, 127, fracción VIII y la derogación de los artículos 15-A, 15-B, 15-C y 15-D de la Ley Federal del Trabajo.

II. Artículo segundo, que modificó los artículos 15-A, 304-A, fracción XXII, 304-B, fracción IV, 304-B, fracción V, y la derogación del artículo 75, párrafo segundo, de la Ley del Seguro Social.

III. Artículo tercero, que modificó los artículos 29, párrafo tercero, y 29 Bis de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

IV. Artículo cuarto, que reforma los preceptos 15-D, 26, fracción XVI, 75, fracción II, inciso h), 81, fracción XLV, 82, fracción XLI; y 108, inciso i), del Código Fiscal de la Federación.

V. Artículo quinto, que modifica los artículos 27, fracción V, párrafo tercero, y 28, fracción XXXIII, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

VI. Artículo sexto, reforma los artículos 4, párrafo tercero, 5, fracción II, párrafo segundo, y la derogación del 1-A, fracción IV, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

3. Conceptos de violación. La quejosa señaló los conceptos de violación siguientes:

a) Primero. Principio de igualdad. El artículo primero transitorio del decreto impugnado viola el principio de igualdad, ya que otorga un trato desigual a sujetos que guardan entre sí una idéntica situación, pues para las personas morales o físicas no oficiales el cumplimiento de ciertas disposiciones de la reforma será a partir del veinticuatro de abril de dos mil veintiuno, mientras que para las dependencias e instituciones con trabajadores al servicio del Estado entrará en vigor hasta el ejercicio fiscal 2022.

b) Segundo. Seguridad jurídica y confianza legítima. Concretamente los artículos cuarto, quinto y sexto del decreto impugnado violan los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, ya que, de forma imprevista e inesperada, se establecieron diversos requisitos para prestar o recibir servicios especializados de subcontratación y, en caso de no cumplirse adecuadamente, los pagos que se realicen bajo ese concepto no tendrán efectos fiscales de deducción o acreditamiento y se impondrán multas onerosas.

El principio de confianza legítima exige que la decisión del legislador de aumentar las contribuciones establecidas, eliminar determinados regímenes fiscales o modificar los elementos esenciales de un tributo, no implica que deban afectarse situaciones anteriores o que se permita una transgresión a los derechos adquiridos por los contribuyentes.

c) Tercero. Prohibición inmediata del régimen de subcontratación de personal. Los artículos primero, cuarto, quinto y sexto del decreto combatido contravienen los principios de razonabilidad y proporcionalidad de la norma, ya que la prohibición inmediata de la subcontratación de personal es una carga desmedida, excesiva e injustificada, pues no se concede un lapso de tiempo suficiente para que las quejosas puedan modificar su estructura operativa, fiscal, contable, comercial y/o de negocios o, incluso, para realizar la sustitución patronal correspondiente o para modificar su situación contractual con proveedores y clientes.

Lo anterior, pues se prohíbe la subcontratación de personal desde el día hábil siguiente en que se publicó el decreto combatido, es decir, desde el veinticuatro de abril de dos mil veintiuno y desde el primero de septiembre del mismo año entraron en vigor los artículos cuarto, quinto y sexto, los cuales establecen que no podrán deducirse o acreditarse los pagos realizados bajo dicha modalidad de subcontratación, tal situación evidencia que no se otorgó un plazo adecuado para que las quejosas puedan realizar los ajustes necesarios.

Además, al día siguiente en que entró en vigor el decreto combatido, las autoridades laborales tienen facultades para realizar inspecciones en el lugar de trabajo con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de subcontratación laboral, así como para imponer sanciones en caso de su incumplimiento, por lo que las empresas se encuentran obligadas a modificar de forma inmediata su estructura operativa, fiscal y su modelo de negocios, pues si no lo hacen así podrían ser multadas.

d) Cuarto. Prohibición inmediata del régimen de subcontratación de personal con efectos de no deducción ni acreditación. Los artículos cuarto quinto y sexto del decreto impugnado, así como el sistema normativo que los compone, transgreden los principios de razonabilidad y proporcionalidad de la norma, porque la medida implementada es excesiva e injustificada para las empresas, pues la prohibición de la subcontratación laboral tiene como consecuencia que no se puedan deducir o acreditar los gastos realizados bajo ese concepto, sin permitir a los contribuyentes revisar y modificar e implementar su situación laboral, corporativa, fiscal y contable.

De las pasadas reformas legales relacionadas con la subcontratación laboral se desprende que se implementaron diversas medidas para evitar abusos y fraudes con motivo de los servicios prestados bajo el régimen de subcontratación, por lo que resulta excesivo y desproporcional que aun con tales medidas, se prohíba de forma inmediata el régimen de subcontratación, sin permitir a los contribuyentes revisar su situación laboral, corporativa y su modelo de negocios vigente.

Es decir, resulta excesivo eliminar el régimen de subcontratación con consecuencias de no deducción y acreditamiento, tomando en cuenta que dicha forma operativa ha servido para el desarrollo de las actividades primordiales de las quejosas.

e) Quinto. Libertad de comercio, igualdad jurídica y principio de proporcionalidad. El decreto impugnado transgrede los derechos de libertad de comercio, de igualdad jurídica y de seguridad jurídica en su vertiente de proporcionalidad, ya que el sistema normativo prohíbe la subcontratación laboral y limita la prestación de servicios y/o ejecución de obras a que sean especializados, sin tomar en cuenta las exigencias de la industria, por ejemplo, las empresas tienen la necesidad de contar con diverso personal durante determinados periodos de tiempo a efecto de hacer frente a sus obligaciones contractuales.

Al prohibir la subcontratación laboral se transgrede el artículo 5o. constitucional, ya que impide que las empresas se dediquen al comercio que mejor les acomode, en virtud de que la subcontratación laboral no era ilícita, en la medida que era permitida bajo determinados controles. En ese sentido, tampoco existe una razón legítima que sustente el interés de la sociedad, ya que las autoridades fiscales y laborales, a lo largo de las reformas en materia de subcontratación, se han dotado de facultades para combatir el uso indiscriminado de dicha figura, las cuales son suficientes.

Además, el decreto combatido transgrede el derecho de igualdad, ya que da un trato diferenciado a las personas que llevan a cabo la prestación de servicios especializados y/o de ejecución de obra especializada, sobre aquellas personas que se dedican a la subcontratación de personal, toda vez que sólo se encuentra permitida la subcontratación especializada sin tomarse en cuenta que algunas empresas requieren de la subcontratación de personal para el desarrollo de sus actividades.

Además, la prohibición combatida no constituye un medio apto para conducir al fin que se pretende alcanzar, toda vez que no se consideró que algunas empresas para el desarrollo de sus actividades se ven en la necesidad de subcontratar personal o contratar las prestaciones de servicios de personas que tienen el mismo objetivo o actividad económica para el cumplimiento de sus obligaciones.

En relación con lo anterior, la prohibición del régimen de subcontratación de personal, también es desproporcional e irracional, ya que con ella no se logra detener la simulación de relaciones laborales ni la evasión del pago de impuestos, tampoco se fortalece el empleo y, además, se afecta a las empresas que necesitan hacer uso de dicha figura para el desarrollo de sus actividades.

f) Sexto. Responsabilidad solidaria. Los artículos 14, párrafo segundo, de la Ley Federal del Trabajo; 15-A, párrafo segundo, de la Ley del Seguro Social; 29-Bis, párrafo tercero, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; 26, fracción XVI, del Código Fiscal de la Federación; 27, fracción V, de la Ley del Impuesto sobre la Renta; y, 5, fracción II, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, transgreden el principio de razonabilidad y proporcionalidad de la norma, pues aun cuando no existe una relación de subordinación y se tratan de servicios independientes, establecen que las empresas contratantes serán responsables solidarias de las contratistas cuando no cumplan sus obligaciones patronales, de vivienda, de seguridad social y fiscales, lo que se constituye como una carga desmedida, excesiva e injustificada para las quejosas y, además, inadecuada para lograr la finalidad que busca.

Existen diversos mecanismos y sanciones para evitar que las empresas contratistas incumplan con sus obligaciones, por ejemplo, para obtener el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, deben acreditar estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social.

Además, aun existiendo un beneficio directo de los servicios de la persona que le fue asignada a la contratante, esa sola circunstancia no la puede hacer responsable de la relación laboral, ya que el trabajador es enviado por la contratista a ejecutar sus labores en favor de la contratante, por lo que ésta es la única responsable de la relación laboral.

g) Séptimo. Irretroactividad. El decreto combatido viola el principio de irretroactividad, ya que sus disposiciones se aplican tanto a los contratos que se perfeccionan durante su vigencia como a los celebrados con anterioridad a ella, sin importar que hubieran generado sus consecuencias, pasando por alto que los contratos se rigen por la ley en vigor y condiciones contractuales al momento de celebrarse.

Si los nuevos supuestos establecidos en las disposiciones reclamadas consisten en prohibir la subcontratación de personal y derogar las disposiciones que anteriormente regulaban el trabajo de subcontratación, y en su lugar, permitir únicamente la subcontratación especializada bajo nuevos requisitos y formalidades que anteriormente no existían, resulta evidente que los preceptos impugnados son retroactivos, ya que obran hacia el pasado y afectan supuestos y consecuencias anteriores, lo que conlleva que se desconozcan los derechos de la parte quejosa a mantener las condiciones y vigencia de sus contratos perfeccionados con anterioridad a la reforma, al haberse dejado sin efectos las disposiciones normativas que se encontraban vigentes al momento de su celebración.

Con la entrada en vigor de las disposiciones reclamadas, las quejosas perdieron un derecho previamente adquirido, consistente en poder prestar y recibir servicios de subcontratación bajo las condiciones contractuales, plazos de vigencia y leyes vigentes en el momento en que se pactaron.

h) Octavo. Derecho de audiencia. El artículo 15, párrafo cuarto, de la Ley Federal del Trabajo, viola el derecho de audiencia, ya que establece que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social puede negar o cancelar en cualquier tiempo el registro correspondiente de aquellas personas físicas o morales que no cumplan con los requisitos previstos en la Ley Federal del Trabajo, sin establecer previamente algún tipo de audiencia para que los interesados puedan desvirtuar el supuesto incumplimiento.

i) Noveno. Definición de "servicios especializados", "ejecución de obras especializadas" y "servicios u obras complementarias o compartidas". El decreto reclamado viola el principio de seguridad jurídica, ya que el legislador fue omiso en definir lo que debe entenderse por los conceptos de "servicios especializados", "ejecución de obras especializadas" y "servicios u obras complementarias o compartidas", pues al no estar definidos, los particulares no cuentan con los elementos necesarios para saber en qué momento se ubican en esos supuestos, máxime que el incumplimiento de las disposiciones aplicables pueden tener consecuencias laborales, fiscales y penales.

No es óbice a lo anterior, el hecho de que en el artículo segundo, fracción VII, del "Acuerdo por el que se dan a conocer las Disposiciones de Carácter General para el Registro de Personas Físicas o Morales que Presten Servicios Especializados o ejecuten Obras Especializadas a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo", se define lo que se debe entender por servicios u obras especializadas, ya que tales definiciones deben estar previstas en una ley y no en un acuerdo.

En esa lógica, el artículo 127, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo, establece la forma como se debe determinar el monto de la participación de utilidades, precisando que dicho monto tendrá como límite máximo tres meses de salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años, aplicando la que resulte más favorable para el trabajador. Sin embargo, en ninguna parte de la Ley Federal laboral, ni en otra ley, se establece cuál será el monto de la participación de utilidades que se va a tomar en cuenta para efectos de dicho cálculo, cuando exista una sustitución patronal, es decir, el del patrón sustituto o el del patrón sustituido, por lo que no se tiene certeza en cómo se determinará el monto de la participación de utilidades en esos casos.

j) Décimo. Violación a la libertad de trabajo por prohibirse la subcontratación de personal. El decreto combatido viola el derecho a la libertad de trabajo, ya que se desparece la subcontratación de personal siendo que constituye una figura válida y que no se encuentra prohibida ni reconocida como un trabajo forzoso ni afecta derechos de terceros ni de la sociedad en general, además, se limita dicha figura a que sea especializada.

Asimismo, se limita la libertad de trabajo, toda vez que se establece la necesidad de contar con un registro ante la Secretaría del Trabajo para poder prestar los servicios especializados, siendo que dicha secretaría puede negar o no renovarlo cada tres años.

Al condicionarse la subcontratación laboral a que sea únicamente especializada y que resulte ajena o accesoria a la actividad principal que realice el contratante, sin que pueda comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio del contratante, se impone una modalidad de trabajo forzoso u obligatorio.

k) Décimo primero. Principio de no discriminación. El decreto reclamado viola el principio de no discriminación previsto en los artículos 1, 2, 3 y 6 del Convenio fundamental sobre la Discriminación de la Organización Internacional del Trabajo (empleo y ocupación), ya que se discrimina y elimina la figura de subcontratación de personal, forzando al patrón y al empleado a un trabajo especializado, lo que evidencia que se anula o altera la igualdad de oportunidades o de trato en un empleo.

Además, se establece un trato discriminatorio respecto de empleados que no son especializados, pues se establecen una serie de requisitos para ser prestadores de servicios especializados, es decir, las quejosas se encuentran sujetas a la implementación de disposiciones legales que las obligan a adecuar la prestación de servicios a un régimen especializado e, incluso, tener consecuencias de carácter laboral, fiscal, de seguridad social y penales si incumple con tales disposiciones.

l) Décimo segundo. Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de los Países Bajos (APRIS); y, el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC). El decreto reclamado viola los artículos 2 y 3 del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de los Países Bajos (APRIS); y, el artículo 14.10 del Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC), ya que prohíbe la figura de la subcontratación de personal, sin tomar en cuenta que inversionistas y gobernados efectuaron la toma de decisiones y la implementación de planes de negocio de conformidad con la legislación anterior, por lo que resulta inconvencional que una figura, que en principio era legal y que se encontraba regulada, de pronto se convierta en algo prohibido, repercutiendo en los planes y ciclos de negocios de los gobernados, los cuales se efectuaron en términos de la legislación vigente al momento de su implementación, lo que afecta los principios de seguridad y certeza jurídica. En los tratados comerciales internacionales mencionados se busca dar certeza jurídica tanto a los inversionistas nacionales como extranjeros, evitando drásticas modificaciones en su estructura corporativa, así como en sus ciclos de negocios.

m) Décimo tercero. Principios de trato nacional y trato de nación más favorecida. Al prohibirse la subcontratación a una empresa con capital extranjero se viola el principio de trato nacional previsto en el artículo 2.3 del T-MEC, el cual establece que cada parte otorgará a los servicios y a los proveedores de servicios de la otra parte un trato formalmente idéntico o diferente al que otorgue a sus propios servicios o proveedores.

Asimismo, se transgrede el principio de trato de nación más favorecida previsto en el artículo 5 del TLCUEM, el cual implica que no se debe dar un trato menos favorable que al otorgado a los inversionistas, inversiones y entidades de cualquier otro Estado Parte bajo similares condiciones; sin embargo, el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, establece que las personas físicas o morales que proporcionen servicios de subcontratación deberán contar con un registro otorgado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, lo que creará una situación injusta en la que el trato a algunas empresas será más favorable que a otras.

n) Décimo cuarto. Principio de trato nacional. Al prohibirse la figura de subcontratación de personal a una empresa con capital extranjero se viola el principio de trato nacional previsto en los artículos del 2.3 del T-MEC; 6 del TLCUEM; y, 3 del APRIS, ya que se genera un trato diferenciado, pues no se permite el normal desarrollo de dichas entidades, al limitar su forma de operar y llevar a cabo su ciclo de negocios, ya que en el decreto reclamado se desconocen los derechos adquiridos y la expectativa de derecho que respecto de la figura de subcontratación se encontraban vigentes. Además, la prohibición de la subcontratación busca que se efectué una modificación por completo de la actividad de las empresas con capital extranjero, así como dictar los lineamientos respecto de los cuales podría acudir a la subcontratación, lo que transgrede el principio de trato nacional.

o) Décimo quinto. Principio de transparencia previsto en el Tratado General sobre el Comercio de Servicios. En el apartado denominado "transparencia", del Tratado General sobre el Comercio de Servicios suscrito por México, se prevé que todo miembro se encuentra obligado a informar sobre aquellas disposiciones que afecten significativamente el comercio de servicios, como lo son las previstas en el decreto reclamado, las cuales restringen la relación laboral.

p) Décimo sexto. Principio de nivel mínimo de trato. Las modificaciones y reformas de la Ley Federal del Trabajo transgreden el principio de nivel mínimo de trato, previsto en el artículo 14.6, del T-MEC, ya que al prohibirse la subcontratación de personal, sin otorgarse ninguna protección y seguridad plena en relación con la forma en que venían desarrollando su actividad económica las empresas, se contradice lo establecido anteriormente en la Ley Federal del Trabajo, así como a la expectativa de derecho con base en la cual las quejosas plantearon y planificaron su forma de operación en México.

4. II. Sentencia de amparo. Atendiendo a la circular SECNO/24/2021, de nueve de julio de dos mil veintiuno, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Poder Judicial de la Federación, conoció del juicio la Jueza Octavo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México y lo registró bajo el número 2773/2021, dictando sentencia que se terminó de engrosar el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, conforme al punto resolutivo siguiente:

"ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo que promovieron 1) ********** y 2) **********, ambas **********, contra los actos precisados en el segundo considerando de la presente resolución, los cuales atribuyeron a la 1) Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 2) Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, 3) Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 4) Secretario de Gobernación, 5) Jefa del Servicio de Administración Tributaria, 6) Administradora General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria; y, 7) Secretario de Hacienda y Crédito Público; lo anterior, atendiendo a lo expuesto en los considerandos tercero y último de esta sentencia".

5. Tal resolutivo se sostuvo en las consideraciones siguientes:

a. Se sobresee en el juicio respecto del secretario de Gobernación, Jefa del Servicio de Administración Tributaria, Administradora General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, y secretario de Hacienda y Crédito Público, al resultar inexistentes los actos que se les reclaman.

b. Por otra parte, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque la quejosa no demostró que las disposiciones impugnadas afecten su interés jurídico.

c. Las quejosas no acreditan que se encuentren bajo los supuestos previstos en el decreto impugnado, en virtud de que no ofrecieron ni exhibieron pruebas suficientes para demostrar que se ubican en alguna de sus hipótesis normativas.

d. Las quejosas no demostraron que presten o reciban servicios de subcontratación, o que recurran a la contratación o prestación de servicios especializados para hacer posibles sus operaciones y negocios en particular, ya que no ofrecieron pruebas que acrediten que tienen celebrados contratos de prestación de servicios y suministro de personal con diversas personas físicas o morales, o bien, que efectivamente presten o que les proporcionen a ellas servicios que puedan ser catalogados como subcontratación de personal.

e. Las quejosas no acreditan que mantengan relaciones comerciales o tengan contratos celebrados con personas físicas o morales a las que les presten el servicio de subcontratación de personal, o bien, les proporcionen a las quejosas tales servicios.

6. III. Recurso de revisión. Inconforme con lo anterior, las empresas quejosas, por conducto de su autorizada, interpusieron recurso de revisión, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito bajo el número de expediente 98/2022, y en el que hicieron valer los argumentos siguientes:

a. Único. Indebida fundamentación y motivación. La Jueza de Distrito no valoró adecuadamente las pruebas ofrecidas, ya que del estudio adminiculado de las pruebas ofrecidas se puede concluir que las quejosas han realizado actividades de subcontratación laboral, por lo que cuentan con interés jurídico.

7. Revisión adhesiva. Mediante escrito presentado vía interconexión el veintinueve de junio de dos mil veintidós, el presidente de la República interpuso recurso de revisión adhesiva, en el que señaló que la parte quejosa no acreditó contar con interés jurídico, toda vez que no exhibió las pruebas necesarias para acreditar un acto concreto de aplicación de las normas combatidas, e hizo valer diversas consideraciones relacionadas con los conceptos de violación.

8. Sentencia del Tribunal Colegiado. Mediante resolución de ocho de diciembre de dos mil veintidós, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito determinó confirmar el sobreseimiento de los actos reclamados al secretario de Gobernación, jefe del Servicio de Administración Tributaria, administrador general Jurídico del Servicio de Administración Tributaria, y secretario de Hacienda y Crédito Público; modificar la sentencia recurrida; y, reservar jurisdicción a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerar lo siguiente:

a. Oportunidad, legitimación y determinaciones que quedan firmes

I. Los recursos se presentaron de forma oportuna y fueron interpuestos por parte legitimada.

II. Queda firme el sobreseimiento respecto del secretario de Gobernación, jefe del Servicio de Administración Tributaria, administrador general Jurídico del Servicio de Administración Tributaria, y secretario de Hacienda y Crédito Público, ya que no fue controvertido.

b. Estudio de los agravios

I. Por una parte, resulta fundado el agravio y por otra, infundado.

II. Es incorrecto el sobreseimiento respecto de los artículos 15-D, 26, fracción XVI, del Código Fiscal de la Federación; 27, fracción V, párrafo tercero, y 28, fracción XXXIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 4, párrafo tercero, y 5, fracción II, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; en relación con los numerales 12, 13, 14, 15, 41, párrafo tercero, derogación de los artículos 15-A; 15-B; 15-C y 15-D de la Ley Federal del Trabajo; la reforma al artículo 15-A, así como la derogación al párrafo segundo del artículo 75, de la Ley del Seguro Social; reforma a los artículos 29, párrafo tercero, y 29 Bis de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, todos del decreto publicado el veintitrés de abril de dos mil vei

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32036-0a6a3663/subcontratacion-laboral-la-prohibicion-de-la-subcontratacion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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