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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA LEY DE CARÁCTER ESTATAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIONES I Y II, DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI BIEN ES IMPROCEDENTE CONTRA UNA OMISIÓN ABSOLUTA EN LA EXPEDICIÓN DE UNA LEY, NO LO ES CUANDO AQUÉLLA SEA RESULTADO DE UNA DEFICIENTE REGULACIÓN DE LAS NORMAS RESPECTIVAS. V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ACTOS QUE INTEGRAN EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO SÓLO PUEDEN IMPUGNARSE A PARTIR DE QUE ES PUBLICADA LA NORMA GENERAL. VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN AUTORIZA EL EXAMEN DE TODO TIPO DE VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. VIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. CUANDO SE TRATE DE LEYES QUE NO REGULAN EN ESPECÍFICO LOS INTERESES Y/O DERECHOS DE COMUNIDADES, PUEBLOS O PERSONAS INDÍGENAS, LA FALTA DE CONSULTA PREVIA NO TIENE POTENCIAL INVALIDANTE DE LA TOTALIDAD DE LA LEY O DECRETO RESPECTIVO, SINO SOLAMENTE DE LOS ARTÍCULOS IMPUGNADOS QUE PUDIERAN INCIDIR EN ESOS INTERESES Y/O DERECHOS. IX. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. EN EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DE LA LEY DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL ESTADO DE MORELOS, NO ERA NECESARIO LLEVAR A CABO DICHA CONSULTA AL NO SER SUSCEPTIBLE DE AFECTAR DIRECTAMENTE SU DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN, A LA PRESERVACIÓN DE SU CULTURA E IDENTIDAD, AL USO Y GOCE DE SUS RECURSOS O ALGÚN OTRO DERECHO PROTEGIDO POR LA CONSTITUCIÓN GENERAL O POR LOS TRATADOS INTERNACIONALES. X. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LAS VIOLACIONES PROCESALES DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS VIOLACIONES DE FONDO, PORQUE PUEDEN TENER UN EFECTO DE INVALIDACIÓN TOTAL SOBRE LA NORMA IMPUGNADA, QUE HAGA INNECESARIO EL ESTUDIO DE ÉSTAS. XI. FORMALIDADES DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DE SU POTENCIAL INVALIDATORIO. XII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS CUYO CUMPLIMIENTO SE DEBE VERIFICAR EN CADA CASO PARA PRONUNCIARSE SOBRE SU VALIDEZ. XIII. VIOLACIONES DE CARÁCTER FORMAL EN EL PROCESO LEGISLATIVO. SON IRRELEVANTES SI NO TRASCIENDEN DE MANERA FUNDAMENTAL A LA NORMA. XIV. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS. FASES QUE LO COMPONEN. XV. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS. ASPECTOS RELEVANTES DEL QUE DIO LUGAR AL DECRETO IMPUGNADO (DECRETO SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE POR EL QUE SE EXPIDIÓ LA LEY DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL ESTADO DE MORELOS Y SE REFORMARON Y ADICIONARON DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE MORELOS Y EL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, PUBLICADO EL DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA). XVI. LEY. PARA DETERMINAR LA AUTENTICIDAD DE SU TEXTO DEBE ATENDERSE AL APROBADO POR LAS CÁMARAS DURANTE EL PROCESO LEGISLATIVO Y NO AL QUE DIFIRIENDO DE ÉSTE SE HAYA ENVIADO AL EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN. XVII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS. EL HECHO DE QUE NO SE CUENTE CON ELEMENTOS QUE CORROBOREN LA DEBIDA APROBACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN LEGISLATIVO PRESENTADO ANTE EL PLENO DEL CONGRESO LOCAL POR PARTE DE LAS COMISIONES; QUE EL DOCUMENTO QUE SE TUVO COMO DICTAMEN CAREZCA DE PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN ADECUADA EN EL PORTAL DE INTERNET; QUE EXISTA UNA ERRÓNEA LECTURA DE UN DICTAMEN DE FECHA ANTERIOR A CUANDO SE REUNIERON LAS COMISIONES LEGISLATIVAS, CUYO CONTENIDO RESULTA DIVERSO AL PRESUNTAMENTE APROBADO Y AL PUBLICADO EVENTUALMENTE EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL; QUE EL TRÁMITE QUE SE DIO PARA LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO HAYA SIDO ACELERADO INJUSTIFICADAMENTE; Y QUE NO SE TENGA CERTEZA DE QUE EL DECRETO FINALMENTE PUBLICADO PARA SU VIGENCIA EFECTIVAMENTE COINCIDE CON EL QUE FUE DICTAMINADO, PRESENTADO, DELIBERADO Y VOTADO EN EL ÓRGANO LEGISLATIVO, CONSTITUYEN UN CÚMULO DE VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE ACTUALIZAN LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO IMPUGNADO (INVALIDEZ DEL DECRETO 697 POR EL QUE SE EXPIDIÓ LA LEY DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL ESTADO DE MORELOS Y SE REFORMARON Y ADICIONARON DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 258/2020. · Registro digital (IUS): 32041
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-01-05
Promovente: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Enero de 2024, Tomo I, Pág.589.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 258/2020. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS. 30 DE MAYO DE 2023. PONENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIA: MARÍA DEL CARMEN TINAJERO SÁNCHEZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al treinta de mayo de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 258/2020, promovida por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos contra el Decreto Número Seiscientos Noventa y Siete, por el que se crea la Ley de Videovigilancia para el Estado de Morelos y se reforma el artículo 2 Bis; se adiciona un inciso j) a la fracción I del artículo 7; se reforma el inciso o) y se adiciona el inciso p) a la fracción I del artículo 17; se reforma el artículo 127; se reforman las fracciones XII y XIII y se adiciona la fracción XIV del artículo 147 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos. Se reforman las fracciones IV y V y se adiciona una fracción VI del artículo 165, se reforma la fracción III y se adiciona una fracción IV, recorriéndose la actual fracción IV para ser la fracción V del artículo 179; se reforma la fracción V y se adiciona una fracción VI, recorriéndose la actual fracción VI para ser la fracción VII del artículo 184 Bis, de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos. Se adiciona un capítulo VIII denominado "Acceso Ilícito a Sistemas de Videovigilancia" ubicado en el título décimo noveno "Delitos contra la Seguridad Interior del Estado", con los artículos 267 Ter 1, 267 Ter 2, 267 Ter 3 y 267 Ter 4; y se adiciona un capítulo XX denominado "Uso Indebido de Sistemas de Videovigilancia" ubicado en el título vigésimo "Delitos contra las funciones del Estado y el servicio público", con el artículo 295 Bis del Código Penal para el Estado de Morelos", publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Órgano de Difusión Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, en su edición número 5853, de doce de agosto de dos mil veinte.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación del escrito inicial. Mediante escrito recibido electrónicamente el once de septiembre de dos mil veinte por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Raúl Israel Hernández Cruz, en su carácter de presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez del decreto que más adelante se señala, emitido y promulgado por el Congreso del Estado de Morelos y el gobernador constitucional de esa entidad federativa.

2. La promovente señaló como órganos encargados de su emisión y promulgación al Congreso del Estado de Morelos y al gobernador constitucional de esa entidad.

3. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Se señalaron como preceptos violados los artículos 1o., 2o., 14, 16, 22, 27 y 52 de la Constitución Federal.

4. Conceptos de invalidez. La Comisión accionante formuló esencialmente los siguientes conceptos de invalidez.

Primer concepto de invalidez. Violaciones al proceso legislativo y transgresión a los artículos 1o., 14, 16, 39, 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El dictamen del cual deriva el decreto impugnado fue producto de un proceso sumarísimo y arbitrario, ya que fue discutido y votado el mismo día en el que también se listó por primera vez, bajo una urgencia que no fue justificada, lo que impidió a las distintas fuerzas políticas conocerlo, analizarlo y discutirlo adecuadamente.

El artículo 82 del Reglamento del Congreso del Estado de Morelos señala que las sesiones se sujetarán a un orden del día, mismo que el presidente de la Mesa Directiva hará del conocimiento de los diputados, con veinticuatro horas previas a la sesión.

La dispensa del trámite del procedimiento legislativo previsto en el referido artículo, que ocurrió al enlistar el dictamen en una ulterior sesión del Pleno para que fuera en ésta donde se llevara a cabo su discusión y votación, impidió que los legisladores conocieran oportunamente el contenido del dictamen, así como analizarlo y estudiar los alcances que podría tener, sea en beneficio o en perjuicio de la sociedad, así como realizar de manera razonada la discusión y votación del mismo.

El trámite que se dispensó es un eje fundamental para garantizar el conocimiento adecuado y puntual del contenido del dictamen por parte de los legisladores y que cuenten con los elementos jurídicos y sociales que les permitan, por un lado, tener los elementos para realizar una discusión eficaz sobre el contenido del mismo y, por otro, emitir su voto conforme a los intereses de sus representados.

En consecuencia, al dispensarse dicho paso sin una razón justificada y expresa, aunado a que los legisladores no contaron con el dictamen con cuando menos veinticuatro horas de anticipación a la sesión, se impidió que las distintas fuerzas políticas conocieran adecuadamente su contenido, por lo que no puede considerarse que la aprobación del decreto sea el resultado de un debate democrático real.

Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que algunos diputados se pronunciaran en contra o a favor del dictamen, pues ello no subsana la transgresión cometida, ya que dicha votación se llevó a cabo en la misma sesión en la que el dictamen fue presentado, por lo que es evidente que no se tuvo el tiempo suficiente para conocer y estudiar el contenido respecto de lo que se votaba, así como tampoco fue posible realizar un debate real en el que las minorías estuvieran en posibilidad de pronunciarse sobre lo que se proponía.

Por otra parte, la calificación que se realizó del dictamen como de urgente y obvia resolución para discutirlo y votarlo en la misma sesión en la que por primera vez se presentó, no fue justificada o motivada con razones objetivas que demostraran la urgencia y necesidad de tal celeridad y obviar el trámite ordinario.

La dispensa del trámite y la aprobación del orden del día son diferentes, ya que en la primera se necesita las dos terceras partes de los diputados presentes, mientras que en la segunda se requiere una mayoría simple, que es la que se obtenga de sumar más de la mitad de los diputados asistentes.

Ambos trámites debieron estar separados, de lo contrario, se incide negativamente en los principios democráticos en que debe estar sustentado el actuar del Poder Legislativo del Estado de Morelos, además que conforme a los artículos 114 y 115 del Reglamento del Congreso, la dispensa del trámite ordinario de un dictamen se encuentra acotada a que su contenido obedezca a ciertas materias o asuntos y así poder ser discutido y votado en la misma sesión.

Segundo concepto de invalidez. Los artículos 1, 3, 8, fracción I, 9, 12, 40, 55, segundo párrafo, y 63 de la Ley de Videovigilancia para el Estado de Morelos vulneran la distribución de competencias en materia de seguridad pública, consagrados en los artículos 21 y 115 de la Constitución Federal.

Contrario a lo que disponen las normas impugnadas, la videovigilancia no es una función pública sino una política de Estado que se introduce aprovechando los elementos tecnológicos para ayudar en el desarrollo de las tareas de seguridad pública que tiene conferidas sin ser exclusivas de una autoridad o nivel de gobierno, sino que puede ser utilizada en las tareas de seguridad que implementen los Municipios a su discreción y conveniencia.

En este sentido, el monopolizar en favor del Estado el derecho para utilizar, autorizar y operar sistemas de videovigilancia en tareas de seguridad pública, acota el derecho y las obligaciones que tienen los Municipios en esa materia dentro de su territorio.

Las disposiciones impugnadas dan a la Comisión Estatal de Seguridad Pública elementos tecnológicos que no le son propias a su función y que en todo caso, quien podría decidir si se les delega o no sería el propio Ayuntamiento, conforme a la normativa que los rige y, en su caso, de acuerdo con su forma de organización interna cuando se trate de Municipios indígenas.

Así, debido a las afectaciones que las normas producen a la vida y desarrollo de los Municipios en materia de seguridad pública y considerando que en el Estado existen tres Municipios indígenas, el Congreso Local debió realizar una consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada, antes de la emisión del dictamen impugnado, en cumplimiento a los artículos 2o. constitucional, así como 6 y 7 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

Tercer concepto de invalidez. Los artículos 1, fracción I, 2, fracciones XIII, XXI y XXVI, 5, 28, primer párrafo, 30, primer párrafo, 40, primer párrafo, 41, primer párrafo, 51, 62, inciso b), fracción II, de la Ley de Videovigilancia para el Estado de Morelos transgreden los principios de seguridad jurídica, legalidad e inviolabilidad de las comunicaciones privadas contenidos en el artículo 16 de la Constitución Federal.

El Congreso Local no tiene facultades para permitir, autorizar o regular que los sistemas de videovigilancia graben o intercepten las comunicaciones privadas de los particulares y menos analizarlas, tratarlas o almacenarlas y, además, legislar en la materia.

Si bien dichas normas no señalan específicamente como objeto, la intención de grabar comunicaciones privadas de la ciudadanía, lo cierto es que sí lo hacen y esta permisibilidad a la que se le suma su regulación, intercepción, conocimiento y tratamiento, tanto por particulares como por autoridades sin importar el contenido de la conversación, representan actos prohibidos por el artículo 16 constitucional.

Aunado a ello, en atención a que la autorización para la intervención de las comunicaciones privadas está regulada en la Constitución Federal, en la cual no se disponen facultades para las Legislaturas Locales respecto de su regulación, el Congreso del Estado de Morelos es incompetente para legislar y regular dicha materia.

Cuarto concepto de invalidez. Los artículos 8, fracción VIII y XVII, 22, fracción V, 27, 33, 35, 36, 45, segundo párrafo, 46, 48, 49, 50, 51, 52 y 64, párrafo segundo, de la Ley de Videovigilancia para el Estado de Morelos, vulneran el derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad.

El Congreso Local es incompetente para legislar en esta materia, es decir, sobre la regulación de la recopilación, manejo, tratamiento, custodia y resguardo de los datos personales en posesión de particulares obtenidos por medio de las cámaras de videovigilancia de su propiedad, pues por mandato constitucional el Congreso de la Unión es el único competente para decidir al respecto, conforme a lo dispuesto en los artículos 6o., inciso A), fracción II, 16 y 73, fracción XXIX-O, de la Constitución Federal.

Asimismo, las normas impugnadas engloban en una sola categoría, información pública en posesión de sujetos obligados consistente en imágenes que se obtienen de las videograbaciones que realizan tanto los agentes del Estado como los particulares, sin considerar que la información recopilada tiene por mandato federal un tratamiento y protección especial distinta a la que recopilen los sujetos obligados, entendiéndose por éstos como cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal o municipal.

Este hecho, priva de una mayor protección los derechos de privacidad y autodeterminación informativa de las personas titulares de la información que de ellas se recopile, trate o almacene por los particulares propietarios de las cámaras de videovigilancia.

Quinto concepto de invalidez. Los artículos 267 Ter 1, 267 Ter 2, 267 Ter 3, 267 Ter 4 y 295 Bis, segundo párrafo, del Código Penal para el Estado de Morelos transgreden los artículos 14 y 16 constitucionales porque no establecen tipos penales claros y precisos.

De la lectura de las normas impugnadas no queda claro cuál es la autorización que se da u obtiene de acuerdo con la Ley de Videovigilancia para el Estado de Morelos y que es elemento base del tipo penal de las normas impugnadas, pues la ley no señala dentro de su texto que se tenga que expedir autorización alguna para que los particulares, empresas mercantiles, fraccionamientos, condominios y conjuntos urbanos, puedan instalar, utilizar, operar, retirar, modificar sus cámaras de videovigilancia, mucho menos para que recopilen, almacenen y traten las imágenes filmadas a través de éstas.

En este tenor, existe una indeterminación sobre la identificación de la autorización que aduce el tipo penal, ya que ésta podría referirse, al convenio de colaboración, a la autorización dentro de un proceso de acceso, rectificación, cancelación u oposición sobre el manejo de la información, a la autorización para conectar las cámaras de videovigilancia a la red o a la de los propietarios de inmuebles para instalar en ellos cámaras de videovigilancia.

También resulta ambigua la redacción del artículo 295 Bis impugnado, pues no hace diferencia sobre los sujetos a quienes le son reprochables tales conductas para ser sancionadas, puesto que no es lo mismo un particular, quien en libre ejercicio de su derecho de propiedad puede manipular, destruir, retirar las cámaras de seguridad y equipo de almacenamiento de videograbación que tenga, a un elemento de seguridad pública, quien en ejercicio de su función, tiene prohibido manipular o destruir las cámaras de seguridad o equipo de almacenamiento de videograbación.

La Ley de Videovigilancia para el Estado de Morelos violenta el derecho fundamental de privacidad y dignidad humana, ya que no se realizó un estricto proceso de ponderación y justificación individualizado por parte del Congreso del Estado que pudiera sopesar el daño ocasionado por la intromisión en la privacidad de las personas al ser videograbadas, con el beneficio que esto traería para la sociedad morelense, diferenciando la seguridad pública de las cuestiones netamente administrativas y cuya prioridad se da en grados diferentes.

Tampoco se puede obligar a particulares, personas físicas o morales, a adquirir determinado bien en aras de contribuir a la seguridad pública, puesto que ésta es una función toral del Estado en sus tres niveles de gobierno que debe brindarse en favor de la ciudadanía sin condicionamiento alguno.

5. Registro del expediente y turno del asunto. Mediante proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 258/2020. De acuerdo con el registro de turno de los asuntos, en términos del artículo 81 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se designó al Ministro José Fernando Franco González Salas como instructor en este asunto.

6. Admisión y trámite. El Ministro instructor, por acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, admitió a trámite la acción; ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos para que rindieran sus informes respectivos; requirió al Poder Legislativo Estatal para que al rendir su informe remitiera copia certificada de los antecedentes legislativos de las normas impugnadas, y al Poder Ejecutivo Estatal, para que enviara el original o copia certificada del Periódico Oficial en el que constara la publicación de dichas normas; dio vista a la Fiscalía General de la República para que formulara el pedimento que le corresponde, así como a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que expresara su opinión si así lo consideraba.

7. Informe del Poder Legislativo del Estado de Morelos. Al rendir su informe, el órgano legislativo manifestó esencialmente lo siguiente:

Causas de improcedencia

Afirma que la acción de inconstitucionalidad no es la vía idónea para impugnar omisiones legislativas como lo pretende la Comisión accionante, por lo que debe sobreseerse de conformidad con el artículo 19, fracción VIII, en relación con el 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, aunado a que no se está en presencia de una norma general.

También refiere que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, ya que la accionante hace valer una supuesta invasión de esferas competenciales y una característica propia de la acción de inconstitucionalidad es que se alegue una contradicción entre la disposición impugnada y la Norma Fundamental, y no un mero conflicto de competencias.

Primer concepto de invalidez

Precisa que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 9/2005 y 32/2005, estableció las bases para determinar si las violaciones al procedimiento legislativo se traducen en una transgresión de las garantías de debido proceso y legalidad que provocan la invalidez de la norma emitida, o bien, si no es así, debido a la irrelevancia de dichas inconsistencias. Para ello, es necesario analizar si: (1) se respetó el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, en condiciones de libertad e igualdad; (2) el procedimiento deliberativo debe culminar con la correcta aplicación de las reglas de votación establecidas; y, (3) tanto la deliberación parlamentaria como las votaciones deben ser públicas.

Estima que no hubo transgresión al proceso legislativo ni al principio de democracia deliberativa, pues el decreto cuestionado cumplió con el equilibrio de la democracia representativa, ya que estaban presentes en el momento de la discusión y votación los representantes de las minorías y de todos los grupos parlamentarios, por lo que se satisface el principio de pluralidad política que da solidez a la democracia.

Sostiene que tanto del dictamen del acta en la que fue aprobado el decreto, como del decreto mismo, se aprecia con claridad que se dio cabal cumplimiento al procedimiento legislativo que enmarca la legislación local desde su inicio, por lo que no se vulnera el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, pues los legisladores pudieron intervenir en todo momento, en condiciones de libertad e igualdad, lo que se traduce en un respeto a la participación de las mayorías y minorías parlamentarias, quienes expresaron y defendieron su opinión en un contexto de deliberación pública, cumpliéndose además con la correcta aplicación de las reglas de votación establecidas, pues el dictamen fue aprobado en los términos señalados por la Constitución Local.

De igual manera, aduce que contrario a lo que señala la parte accionante, en relación con que los numerales 1, 3, 8, fracción I, 9, 12, 40, 55, segundo párrafo, y 63 de la Ley de Videovigilancia para el Estado de Morelos, vulneran la distribución de competencias en materia de seguridad publica consagradas en los artículos 21 y 115 de la Constitución Federal, debe decirse que el propio artículo 21 constitucional establece que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y la persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que la Constitución señala, a fin de que los integrantes de la sociedad convivan en un marco de respeto y seguridad de sus derechos, libertades y bienes. Además, que la situación actual de la seguridad del Estado de Morelos requiere la estrecha coordinación de las autoridades encargadas de la seguridad pública y los agentes productivos de la sociedad, compartiendo el fin común de la prevención e inhibición de la delincuencia.

En este sentido, precisa que en la iniciativa que dio origen al decreto impugnado se planteó, entre otras cosas, el empleo de dispositivos electrónicos o tecnológicos que cuenten con cámaras fijas o móviles que registren imágenes con o sin sonido y almacenen en cualquier medio tecnológico análogo, digital, óptico o electrónico, para ser aplicados a la función de la seguridad pública. De esta manera, se producen las condiciones necesarias para que la administración estatal logre lo siguiente:

a) Hacer efectiva la seguridad pública;

b) La prevención e investigación de hechos delictivos;

c) La utilización pacífica de las vías y espacios públicos;

d) Documentar infracciones administrativas relacionadas con la seguridad pública; y,

e) La reacción oportuna ante emergencias o desastres de origen natural o humano.

Refiere que la implementación de dichos sistemas mejora la seguridad de la ciudadanía mediante el monitoreo de ambientes abiertos y cerrados, tales como calles y avenidas, bancos, supermercados, áreas de estacionamiento, edificios, entre otros. Esto permite ampliar la capacidad de reacción de las fuerzas del orden público en casos que amenazan la integridad de las personas, como accidentes, incendios u otro tipo de eventualidades.

Para la seguridad pública, los sistemas de videovigilancia presentan diversas ventajas, pues la videovigilancia incrementa la capacidad de operación y sus efectos pueden catalogarse en dos dimensiones principales, como un disuasor de delitos y como coadyuvante en la investigación policiaca.

Su instalación se rigió bajo el principio que si el delincuente percibe mayor certeza de ser capturado, disminuirán las posibilidades de involucrarse en alguna actividad criminal, es decir, la videovigilancia puede funcionar de manera positiva para reducir el riesgo de ser víctima de un delito, a la vez que permite que las autoridades cuenten con material que sirva como evidencia para una denuncia futura.

Señala que a diferencia de otros mecanismos, estos sistemas tecnológicos representan una alternativa con un mejor balance entre costo y beneficio en el manejo de la seguridad pública. Además, que el sistema no es susceptible de fatiga o pérdida de concentración, lo que implica un esfuerzo ininterrumpido, constante y consistente.

Asimismo, la videovigilancia parece tener un efecto positivo no solamente en la disuasión del delito, sino también en las propias tareas de los elementos de policía en tierra. Por ello, se consideró pertinente la creación de una legislación local en materia de videovigilancia, pues brindarles seguridad a los morelenses, es uno de los mayores compromisos de las autoridades.

Indica que se propuso modificar la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos para que sea obligación de la Comisión Estatal de Seguridad Pública presentar, dentro de los informes que remite al Consejo Estatal de Seguridad Pública, las estadísticas sobre los resultados e impactos obtenidos mediante el uso del sistema de videovigilancia en el Estado y la medición de su desempeño, así como del Registro Estatal de Equipos y Sistemas Tecnológicos para la Seguridad Pública, para efectos de conocer el número de cámaras de videovigilancia existentes en la entidad federativa, así como su ubicación, tanto del gobierno, como de las empresas de seguridad privada y, en su caso, de los particulares y establecimientos comerciales.

Asimismo, precisa que se adicionaron nuevos tipos penales en el Código Penal para el Estado de Morelos, que sancionan de manera ejemplar a quienes hagan uso indebido de los sistemas de videovigilancia, los manipulen o destruyan para un provecho propio o ajeno y que con ello se atente contra la seguridad pública del Estado.

Por lo expuesto, concluyó señalando que el decreto impugnado no contraviene disposiciones federales, estatales y mucho menos constitucionales, toda vez que no modifica o se contrapone con alguna norma de carácter general para su debida aplicación.

8. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Al rendir su informe, el Poder Ejecutivo Local manifestó:

Causa de improcedencia

Que es cierto el acto reclamado y que cuenta con facultades para promulgar, sancionar, publicar y hacer cumplir las leyes o decretos del Congreso del Estado, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.

Sin embargo, también precisa que de la lectura integral de los conceptos de invalidez formulados por la parte accionante, no se desprende que se le atribuya alguno directamente a dicha autoridad, por lo que estima debe sobreseerse en el presente asunto por lo que hace al Poder Ejecutivo Local.

9. Pedimento. En el presente asunto, la Fiscalía General de la República no formuló pedimento y la Consejería Jurídica del Gobierno Federal no emitió opinión alguna.

10. Alegatos. Las partes no realizaron manifestaciones a manera de alegatos en la presente acción de inconstitucionalidad.

11. Cierre de instrucción. Recibidos los informes de las autoridades y encontrándose instruido el procedimiento, se emitió el acuerdo de cierre de instrucción el once de enero de dos mil veintiuno, y se puso el expediente en estado de resolución.

12. Returno. Por acuerdo presidencial de cuatro de enero de dos mil veintidós, se ordenó el returno del presente asunto a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf.

I. COMPETENCIA

13. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(2) y segundo, fracción II, del Acuerdo General Número 5/2013 de este Tribunal Pleno.(3) Ello, toda vez que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos plantea la posible contradicción entre diversos artículos de Ley de Videovigilancia y del Código Penal, ambos para el Estado de Morelos con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS

14. Se impugna el Decreto Número Seiscientos Noventa y Siete por el que se crea la Ley de Videovigilancia para el Estado de Morelos y se reforma el artículo 2 Bis; se adiciona un inciso j) a la fracción I del artículo 7; se reforma el inciso o) y se adiciona el inciso p) a la fracción I del artículo 17; se reforma el artículo 127; se reforman las fracciones XII y XIII y se adiciona la fracción XIV del artículo 147 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos. Se reforman las fracciones IV y V y se adiciona una fracción VI del artículo 165, se reforma la fracción III y se adiciona una fracción IV, recorriéndose la actual fracción IV para ser la fracción V del artículo 179; se reforma la fracción V y se adiciona una fracción VI, recorriéndose la actual fracción VI para ser la fracción VII del artículo 184 Bis de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos. Se adiciona un capítulo VIII denominado Acceso Ilícito a Sistemas de Videovigilancia ubicado en el título décimo noveno "Delitos contra la Seguridad Interior del Estado", con los artículos 267 Ter 1, 267 ter 2, 267 Ter 3 y 267 Ter 4; y se adiciona un capítulo XX denominado Uso Indebido de Sistemas de Videovigilancia ubicado en el título vigésimo "Delitos contra las funciones del Estado y el servicio público", con el artículo 295 Bis del Código Penal para el Estado de Morelos", publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Órgano de Difusión Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, en su edición número 5853, de doce de agosto de dos mil veinte.

III. OPORTUNIDAD

15. El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la ley sea publicada en el correspondiente medio oficial.(4)

16. El decreto impugnado, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el miércoles doce de agosto de dos mil veinte. Por consiguiente, el plazo de treinta días naturales para promover la acción inició el jueves trece siguiente y terminó el viernes once de septiembre de ese mismo año.

17. En el caso, la demanda de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se presentó dentro del plazo previsto para tal fin, ello porque se realizó el once de septiembre de dos mil veinte, según se advierte de la evidencia criptográfica con número de secuencia 3296312 que obra en el expediente electrónico, por lo que la misma es oportuna.

IV. LEGITIMACIÓN

18. El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que los organismos de protección de los derechos humanos en las entidades federativas están facultados para promover acción de inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas por las Legislaturas.(5)

19. En el caso, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos plantea la posible inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley de Videovigilancia y del Código Penal, ambos para el Estado de Morelos.

20. Por otro lado, el artículo 11, párrafo primero, aplicable en términos del 59, ambos de la ley reglamentaria, establece que las partes deben comparecer a juicio por conducto de los servidores públicos que en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlas.(6)

21. En el presente asunto, la acción de inconstitucionalidad fue promovida por Raúl Israel Hernández Cruz, en su carácter de presidente de la Co

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32041-21c9ea57/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-de-derechos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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