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DERECHO DE PETICIÓN. ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU EJERCICIO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA TWITTER (ACTUALMENTE DENOMINADA X). DERECHO DE PETICIÓN. LA ACTIVACIÓN DEL MECANISMO PARA EJERCERLO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL, NO ESTÁ CONDICIONADA A LA PRESENTACIÓN DE UN DOCUMENTO FÍSICO ANTE LA AUTORIDAD. DERECHO DE PETICIÓN. SU IMPORTANCIA PARA EL ORDEN JURÍDICO NACIONAL. EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN. LAS PETICIONES FORMULADAS A PARTIR DE LA PLATAFORMA TWITTER (ACTUALMENTE DENOMINADA X), SON SUSCEPTIBLES DE SER ATENDIDAS A PARTIR DE LOS MENSAJES DIRECTOS HABILITADOS EN LA PROPIA RED SOCIAL, SI ASÍ LO SOLICITA EL PETICIONARIO, SIN PERJUICIO DE QUE EL ACUERDO RESPECTIVO PUEDA TAMBIÉN COMUNICARSE POR OTRAS VÍAS. EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN. UNA VEZ QUE LA AUTORIDAD ACEPTA QUE HA RECIBIDO UNA PETICIÓN, QUEDA OBLIGADA A DICTAR ACUERDO SOBRE ÉSTA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 245/2022. · Registro digital (IUS): 32096
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-01-26
Promovente: JOAQUÍN RIVERA ESPINOSA.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Enero de 2024, Tomo II, Pág.1673.

AMPARO EN REVISIÓN 245/2022. JOAQUÍN RIVERA ESPINOSA. 1 DE FEBRERO DE 2023. CINCO VOTOS DE LA MINISTRA Y DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: GUILLERMO PABLO LÓPEZ ANDRADE.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: El quejoso, quien aduce ser titular del usuario "@**********", de la red social "Twitter", formuló a partir de dicha plataforma digital al Ayuntamiento de Guadalajara, titular del usuario "@GuadalajaraGob", dos solicitudes en lo que indica es un escrito público (tuit); y una tercera solicitud a través de un mensaje privado.

El quejoso indica que la autoridad ha sido omisa en dar respuesta a sus peticiones, a pesar de que dejó claro que las mismas podían ser respondidas a partir del propio medio de comunicación "Twitter"; y, a pesar de que las solicitudes fueron formuladas por escrito, de manera pacífica y respetuosa, acorde con el principio de progresividad en concordancia con los avances de las tecnologías de la información.

En contra de ello, el quejoso recurrente promovió juicio de amparo indirecto en contra del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco.

Ver índice temático

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión celebrada el primero de febrero de dos mil veintitrés, en el que se emite la siguiente sentencia.

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el amparo en revisión 245/2022, promovido por JOAQUÍN RIVERA ESPINOSA en contra de la sentencia dictada el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, por la Juez Décimo de Distrito en Materias Administrativas, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en el juicio de amparo indirecto **********.

El problema jurídico que esta Primera Sala debe resolver consiste en determinar si las peticiones ciudadanas formuladas a partir de la plataforma digital "Twitter", se encuentran cubiertas por el "derecho de petición" protegido por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

I. ANTECEDENTES

1. 1.1. HECHOS.(1) El quejoso, quien aduce ser titular del usuario "@**********", de la red social "Twitter", formuló a partir de dicha plataforma digital al Ayuntamiento de Guadalajara, titular del usuario "@GuadalajaraGob", las siguientes solicitudes en lo que indica es un escrito público (tuit):

Ver solicitudes

2. Refiere también el quejoso que mediante un mensaje privado (DM)(3) solicitó desde su cuenta de "Twitter", lo siguiente:

Ver mensaje privado

3. El quejoso indica que la autoridad ha sido omisa en dar respuesta a sus peticiones; a pesar de que dejó claro que las mismas podían ser respondidas a partir del propio medio de comunicación "Twitter"; y, a pesar de que las solicitudes fueron formuladas:

"por escrito, de manera pacífica y respetuosa, acorde con el principio de progresividad en concordancia con los avances de las tecnologías de la información."

4. 1.2. DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. Por escrito presentado el quince de abril de dos mil veintiuno,(5) JOAQUÍN RIVERA ESPINOSA promovió demanda de amparo indirecto en contra del H. Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco, señalando como acto reclamado, el siguiente:

ACTO RECLAMADO

"ÚNICO. La omisión de dar contestación a mi petición presentada ante la autoridad señalada como responsable a través de su cuenta de la red social ‘Twitter’, presentada desde el día 11 once de febrero de 2021 dos mil veintiuno, por escrito (electrónicamente), de manera pacífica y respetuosa."

5. En la referida demanda, se hizo valer como concepto de violación, el siguiente:

Ver concepto de violación

6. En el capítulo respectivo, se refirieron como derechos humanos y garantías violadas, los siguientes:

Ver derechos humanos y garantías violadas

7. De igual forma, solicitó la suspensión provisional; y, en su momento, definitiva, del acto reclamado.(8)

8. 1.3. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por acuerdo de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, la Jueza Décimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, admitió a trámite la demanda de amparo y registró el juicio de garantías con el número **********.

9. 1.4. INFORME JUSTIFICADO. Mediante oficio de veintisiete de abril de dos mil veintiuno,(9) el Ayuntamiento de Guadalajara rindió su informe justificado, negando el acto reclamado, esencialmente, en los términos siguientes:

Ver informe justificado

10. 1.5. SENTENCIA DE AMPARO. Previa integración de la litis, la Jueza de Distrito dictó sentencia el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, en el siguiente sentido:

Ver sentido de la sentencia

11. Lo anterior, conforme a las consideraciones siguientes:

Ver consideraciones

12. 1.6. RECURSO DE REVISIÓN. Inconforme con la negativa del amparo, el tres de junio de dos mil veintiuno, el quejoso interpuso recurso de revisión, expresando como agravio, el siguiente:

Ver agravio

13. 1.7. SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 18/2022: Del recurso de revisión, conoció, en primer término, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, órgano jurisdiccional que, por conducto de su Magistrado Presidente, admitió el medio de impugnación y ordenó su registro con el número de toca 213/2021.

14. Por resolución de dos de diciembre de dos mil veintiuno, el referido órgano colegiado solicitó a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ejercer su facultad de atracción.

15. Para ello, el Tribunal Colegiado estimó que el asunto reviste las características de interés y trascendencia porque se plantea la interpretación del artículo 8o. de la Constitución General, bajo el principio de progresividad, en el contexto de que las redes sociales, forman parte de los cambios y transformaciones de las tecnologías de la información, cuestión que incide en los factores económicos, sociales, políticos y culturales del país.

16. En opinión de dicho órgano jurisdiccional, el asunto permitiría a este Alto Tribunal:

MOTIVOS DE LA SOLICITUD DE ATRACCIÓN

- Fijar el sentido y alcance del derecho de petición consagrado en el artículo 8o. de la Constitución Federal, esto es, si ante el nuevo paradigma de redes sociales hay algún impedimento jurídico para que el derecho de petición se ejerza mediante la cuenta oficial de "Twitter" de la autoridad e incluso, si las cuentas de redes sociales de las autoridades pueden ser consideradas como ventanillas únicas para recibir todo tipo de comunicaciones.

- Interpretar lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución Federal, para definir si "Twitter" puede considerarse únicamente como una plataforma que promueve y potencializa la libertad de expresión de los usuarios, o si debe reconocerse también su labor en el fomento a los valores democráticos, sirviendo como medio para acceder a la información que se encuentra en manos de las autoridades mediante el ejercicio del derecho de petición, incluyendo los lineamientos que los gobernados y autoridades deberán seguir en esa nueva relación de comunicación.

17. El Tribunal Colegiado también destacó que el asunto es trascendente, debido a lo novedoso del tema, que deriva del impacto que han tenido las nuevas tecnologías en la vida de las personas y en las sociedades.

18. 1.8. ADMISIÓN, TURNO Y RESOLUCIÓN DE LA SOLICITUD DE ATRACCIÓN. El diecisiete de enero de dos mil veintidós, el entonces Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción, la radicó con el número 18/2022 y la turnó para su estudio al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

19. La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción se resolvió por esta Primera Sala mediante sentencia dictada el veintitrés de marzo de dos mil veintidós,(16) en el siguiente sentido:

PRIMERO.—Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerce la facultad de atracción para conocer y resolver el amparo en revisión 213/2021 del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

"SEGUNDO.—Devuélvanse los autos a la Presidencia de esta Primera Sala para los efectos legales conducentes."

20. Para ello, se consideraron como notas de interés, las siguientes:

NOTAS DE INTERÉS

"... en cuanto al requisito de importancia, el asunto reviste un interés superlativo, ya que su solución, hace necesaria una interpretación directa del derecho de petición contenido en el artículo 8o. de la Carta Magna, ejercicio que se solicita efectuar a partir del principio de progresividad y de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de dos mil once; para lo cual, en opinión del quejoso, es necesario dotar de contenido al referido derecho a partir de los avances tecnológicos, de tal forma que se considere que las peticiones digitales formuladas a las autoridades a partir de las redes sociales, deben considerarse escritos (electrónicos) que ameritan respuesta en términos del derecho de petición protegido en el referido precepto de la Ley Fundamental.

"Por tanto, un primer problema jurídico consiste en determinar si el término ‘escrito’, previsto en el texto del artículo 8o. de la Constitución Federal, resulta aplicable a las peticiones electrónicas o digitales formuladas a partir de las redes sociales; y, concretamente, a partir de la plataforma ‘Twitter’; así como, en su caso, las condiciones o requisitos necesarios para que a una petición así, deba recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido.

"Un segundo problema jurídico, está relacionado con la posible obligación de las distintas autoridades de normar el uso que hagan de las redes sociales, a fin de brindar certeza a los ciudadanos sobre las expectativas de uso de éstas como medio de interacción con sus autoridades. Esto es, determinar si las autoridades pueden hacer uso libre de las redes sociales, sin asumir al respecto obligación alguna de respetar en ese alcance el derecho de petición previsto en el artículo 8o. constitucional o en su caso, qué obligaciones derivan de ello.

"El tercer problema jurídico permitiría determinar si lo publicado abiertamente en redes sociales, puede o no ser considerado como un hecho notorio; y si, en asuntos como el presente, el juzgador de amparo estaba o no obligado a revisar si la autoridad responsable ha utilizado la plataforma Twitter para dar respuesta a peticiones de usuarios distintos al quejoso, así como las implicaciones de ello.

"En ese contexto, la resolución del asunto permitiría a esta Primera Sala emitir un pronunciamiento de suma importancia para el orden jurídico nacional, respecto de una o más de las problemáticas apuntadas, vinculadas con el derecho de petición en el contexto de una sociedad moderna en la que las tecnologías de la información han presentado una evolución importante y un uso cada vez más generalizado.

"Esto es destacado, ya que, evidentemente, cuando el Constituyente originario desarrolló el derecho de petición en el artículo 8o. de la Carta Magna e incluyó el término ‘escrito’, tuvo en consideración las peticiones formuladas en papel, al no existir entonces las hoy denominadas ‘redes sociales’ que operan en el mundo digital a partir de distintas plataformas de Internet. Sin embargo, incluso, en el debate que precedió la Constitución de 1917 (mil novecientos diecisiete), existían ya preocupaciones sobre si las personas pobres, podrían acceder al derecho de petición que les imponía la adquisición de papel, lo que denota la intención de hacer accesible tanto como sea posible el derecho de petición.

"En ello, las redes sociales podrían eventualmente representar una oportunidad para ampliar la tutela del derecho de petición en un enfoque de progresividad; no obstante, la decisión al respecto amerita de un estudio cuidadoso y exhaustivo que tome en consideración, por un lado, los retos y características propias que imponen las redes sociales; y, por otro lado, el contenido, evolución y alcances del derecho de petición.

"En cualquier caso, la temática es de interés de todos los sectores de la sociedad, en tanto que se ha extendido en México el uso de las redes sociales, no sólo por parte de la ciudadanía en general, sino también por parte de los sectores gubernamentales.

"Así, resulta relevante determinar las obligaciones inherentes a los entes públicos, cuando determinan abrir y operar cuentas oficiales o verificadas de alguna red social, como vía de interacción con la comunidad a la que sirven; así como, en su caso, los respectivos derechos de quienes, como ciudadanos, dirigen peticiones a dichas cuentas, en la expectativa de recibir una respuesta.

"Ahora bien, en cuanto al requisito de trascendencia, éste también se considera colmado. Esto, tomando en consideración que la resolución del amparo en revisión tendría un impacto sistémico en el orden jurídico nacional ya que, de reunirse la votación idónea, sería posible consolidar un precedente obligatorio, en términos de los artículos 215 y 216 de la Ley de Amparo, respecto de la viabilidad y, en su caso, términos aplicables, para ejercer y respetar el derecho de petición a partir de las redes sociales y particularmente, de la plataforma Twitter.

"Ello, sin perjuicio de que un precedente así sería relevante para anticipar el impacto de nuevos avances tecnológicos en el ejercicio y observancia del derecho de petición, como lo es la siguiente generación de internet.

"No pasa desapercibido que el análisis del uso de las tecnologías en el ejercicio de los derechos fundamentales no es del todo inédito; y que existen precedentes en los que se han explorado las implicaciones de las redes sociales en el ejercicio de los derechos de libre expresión, acceso a la información y de privacidad de los servidores públicos; no obstante, no se localizó precedente alguno en el cual este Alto Tribunal haya analizado el ejercicio y observancia del derecho de petición a partir del uso de la plataforma Twitter.

"En suma, existen elementos eminentemente jurídicos y también situaciones extrajurídicas que convencen a los integrantes de esta Primera Sala de que el asunto cumple con los requisitos de importancia y transcendencia para ejercer la facultad de atracción.

"Las cuestiones jurídicas susceptibles de análisis que han sido referidas en este fallo se establecen de forma enunciativa –no limitativa–, en el entendido de que potencialmente podrían existir otras temáticas de interés cuyo pronunciamiento sea relevante y trascendente. A la vez, las razones que orientan la presente resolución son sólo para justificar el ejercicio de una facultad que finalmente es discrecional, pero no resultan vinculantes para el eventual estudio de fondo del amparo en revisión, el cual estará sujeto al análisis pormenorizado del expediente y a la libertad de jurisdicción de esta Sala para su resolución. ..."

21. 1.9. TRÁMITE DEL RECURSO DE REVISIÓN ANTE ESTA SUPREMA CORTE. A partir de lo fallado en la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción, mediante acuerdo de Presidencia de treinta de mayo de dos mil veintidós, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite el recurso de revisión; para lo cual, registró el asunto con el número 245/2022; turnó el expediente para su estudio al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y ordenó enviar los autos a la Sala a la que se encuentra adscrito.

II. COMPETENCIA

22. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, segundo párrafo,(17) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e)(18) y 85(19) de la Ley de Amparo; 10, fracción II, inciso b), 11, fracción V y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(20) y conforme a lo previsto en los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de este Alto Tribunal al tratarse de un amparo en revisión en materia administrativa sin que se estime necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

23. Lo anterior, atendiendo a que, mediante resolución dictada el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, esta Primera Sala determinó ejercer su facultad de atracción para conocer el presente asunto.(21)

24. Se estima pertinente aclarar que, aun cuando el presente amparo en revisión no corresponde a las materias de las que, en forma ordinaria, debe conocer esta Primera Sala, en términos de lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ello no es obstáculo para que resulte competente para conocer del asunto, pues el párrafo primero del artículo 86(22) del citado reglamento, dispone que –al igual que los amparos directos en revisión– los amparos en revisión de la competencia originaria del Pleno, que sean en materia administrativa, se turnarán a los Ministros de ambas Salas.

III. OPORTUNIDAD

25. Es innecesario hacer pronunciamiento sobre la oportunidad del recurso de revisión interpuesto por el quejoso, habida cuenta de que el Tribunal Colegiado que conoció previamente del asunto examinó dicha cuestión, concluyendo que se interpuso dentro del término legal respectivo.(23)

IV. LEGITIMACIÓN

26. El recurso de revisión fue interpuesto por parte legítima, ya que lo presentó JOAQUÍN RIVERA ESPINOSA, por propio derecho, a quien le asiste la calidad de quejoso en el juicio de amparo de origen; asunto en el que se dictó una sentencia que le fue desfavorable,(24) lo que le irroga perjuicio.

V. CORRECTA PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS

27. Un análisis integral de la demanda de amparo obliga a este Tribunal Constitucional a corregir la fijación de los actos reclamados.

28. En efecto, en la demanda de amparo, el quejoso, sólo precisó en el apartado "IV" dedicado a la precisión del acto reclamado, el siguiente:

"ÚNICO. La omisión de dar contestación a mi petición presentada ante la autoridad señalada como responsable a través de su cuenta de la red social ‘Twitter’, presentada desde el día 11 once de febrero de 2021 dos mil veintiuno, por escrito (electrónicamente), de manera pacífica y respetuosa."

29. No obstante, por un lado, en el apartado "V" de la demanda (antecedentes del acto reclamado), se relacionaron tres peticiones formuladas al Ayuntamiento de Guadalajara,(25) refiriéndose tanto en el punto "6" de dicho apartado, como en el segundo párrafo del concepto de violación,(26) que el quejoso autorizó a que las "peticiones" se respondieran por el mismo medio de comunicación ("Twitter"); por lo que, con sus "omisiones", la autoridad señalada como responsable, violaba en su perjuicio, tanto su derecho de petición, como su derecho de acceso a la información pública ("en razón de la finalidad de cada una de las solicitudes").

30. Luego, puede concluirse que, en el escrito de demanda, existió causa de pedir suficiente para considerar como reclamo, la omisión de respuesta a las tres peticiones en cuestión.

31. En consecuencia, si bien la Juez de Distrito no formuló al quejoso requerimiento(27) para aclarar la demanda a fin de que precisara si su pretensión era sólo cuestionar la omisión de respuesta a una de sus peticiones o a las tres formuladas, lo que habría sido idóneo en atención al contexto en que se presentó dicho escrito, lo cierto es que su lectura exhaustiva no deja lugar a dudas de que la inconformidad que motivó el juicio de garantías surgió de la omisión de respuesta a las tres peticiones.

32. Para ello, debe tomarse en cuenta que es criterio de este Alto Tribunal, que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados, debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos; e, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión.(28) 33. Por ello, resulta inconcuso que el juzgador de amparo, al establecer los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no a lo que aparentemente dijo,(29) pues sólo de esta manera es posible lograr el sentido de congruencia que debe existir en la sentencia entre lo pretendido y lo resuelto.

34. A partir de ello, deben considerarse como actos reclamados al Ayuntamiento de Guadalajara, los siguientes:

Ver actos reclamados

35. Al respecto, conviene precisar desde este momento que; en estricto sentido, las peticiones en cuestión involucraron una "solicitud de información", una "denuncia" y una "solicitud para la realización de una obra pública".

36. Esta nueva fijación clara y precisa del acto reclamado, tiene sustento en el artículo 74, fracción I,(30) de la Ley de Amparo; así como en la doctrina desarrollada al respecto por este Alto Tribunal, en el sentido de que, cuando en el juicio de amparo los juzgadores tengan que precisar el acto reclamado, debe estimarse, por la necesidad de que su determinación sea nítida, que estarán facultados para interpretar el sentido de la demanda y su ampliación, a fin de que la resolución que corresponda recaiga sobre el exacto reclamo del gobernado, y en correspondencia con su intención real.

37. La descubierta imprecisión en cuanto a los actos reclamados no da lugar a que se revoque la sentencia combatida y se ordene la reposición del procedimiento en términos de lo establecido por el artículo 93, fracción IV,(31) de la Ley de Amparo.

38. Lo anterior, toda vez que la falta de precisión de los actos reclamados no constituye una violación procesal porque no se refiere a la infracción de alguna regla que norme la secuela del procedimiento, ni alguna omisión que deje sin defensa al recurrente o pueda influir en la resolución que deba dictarse en definitiva, entrañando sólo una violación de las que en la doctrina se conocen como "in-judicando", que son las cometidas al fallar un juicio, que por lo mismo son susceptibles de reparación por la autoridad revisora, sin que sea necesario el reenvío en el recurso de revisión.

39. Lo anterior es así, porque ya sea que las partes lo aleguen o no, cuando el tribunal revisor en el juicio de amparo advierta que en la sentencia recurrida existe una incongruencia, omisión o estudio indebido en torno a los actos reclamados, tales aspectos deben ser corregidos oficiosamente.

40. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 3/95, de rubro: "ACTO RECLAMADO. LA OMISIÓN O EL INDEBIDO ESTUDIO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD A LA LUZ DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, PUEDE SER SUBSANADA POR EL TRIBUNAL REVISOR."(32)

41. A partir de lo expuesto, se tiene por subsanada la fijación de los actos reclamados en los términos señalados.

VI. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS

42. Una vez subsanada la precisión de los actos reclamados, se procede enseguida a revisar la determinación que, sobre la certeza de éstos, se efectuó en la sentencia recurrida.

43. Al efecto, a pesar de que, al rendir su informe justificado, el Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, manifestó que no era cierto el acto reclamado, la Juez de Distrito estimó que debía tenerse por cierto el acto atribuido a dicha autoridad.

44. Esto, porque:

• De lo manifestado en el informe, no se evidenció la inexistencia de la petición hecha por el impetrante de amparo a través de la red social "Twitter".

• Del escrito de demanda se advierten las impresiones de la petición.

45. Sobre ello, debe precisarse que, en estricto sentido, el Ayuntamiento de Guadalajara, más que negar la existencia del acto reclamado, se limitó a negar que la omisión de contestar un "tuit", amerita una respuesta en términos de lo previsto en el artículo 8o. de la Constitución Federal.

46. Sin embargo, en ningún momento el Ayuntamiento de Guadalajara, refutó que:

• Es titular de la cuenta de "Twitter" a nombre del "Gobierno de Guadalajara", que se opera con el usuario: "@GuadalajaraGob";

• Recibió a partir de dicha cuenta las peticiones del quejoso;

• Tiene la posibilidad de responder dichas peticiones a partir de la plataforma digital "Twitter"; y, que,

• Ha sido omiso en dar respuesta a los "tuits" y "mensaje directo" del quejoso que recibió vía "Twitter".

47. En ese contexto, se coincide con la Juez de Distrito en la existencia de lo reclamado, con la aclaración de que dicha certeza se debe extender a las tres peticiones formuladas por el quejoso y cuya omisión de respuesta fue precisada en el apartado anterior correspondiente a la correcta precisión de los actos reclamados.

VII. PROCEDENCIA

48. No se hicieron valer causas de improcedencia respecto de la acción de amparo, ni los órganos que precedieron en el conocimiento del asunto advirtieron alguna que se actualice de oficio.

49. De igual forma, esta Primera Sala no advierte oficiosamente que se actualice alguna causal de improcedencia, por lo que resulta viable realizar el estudio de fondo de la cuestión planteada, máxime que el recurso de revisión también es procedente, al haberse interpuesto en contra de una sentencia dictada en la audiencia constitucional, cuya temática motivó la atracción del recurso, atendiendo a su interés y trascendencia.

VIII. PROBLEMÁTICA JURÍDICA A RESOLVER

50. La materia del presente asunto consiste en determinar si los agravios planteados por el quejoso son suficientes para combatir los razonamientos de la Juez de Distrito, a partir de los cuales, determinó negar el amparo y protección de la justicia, bajo la consideración principal de que, aun y cuando existe petición de parte de la quejosa, de manera respetuosa, dirigida a la autoridad competente, ésta no acreditó realizarla a través de la plataforma electrónica habilitada legalmente por la responsable para ello, lo que releva al Ayuntamiento de Guadalajara de dar contestación a lo que le fue peticionado mediante la plataforma digital "Twitter".

51. Para ello, en sus agravios, el quejoso cuestiona que debe reinterpretarse el artículo 8o. constitucional en el marco de los avances tecnológicos, entendiendo que una petición realizada a través de medios tecnológicos también puede ser considerada como una forma escrita digital, con independencia de si tal derecho a través de medios digitales se encuentra reglamentado por la autoridad responsable o no, pues finalmente dicho derecho sí se encuentra reglamentado por la Carta Magna. Luego, la problemática será analizada, en función de la siguiente pregunta:

¿Las peticiones ciudadanas formuladas a partir de la plataforma digital "Twitter", se encuentran cubiertas por el "derecho de petición" protegido por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aun y cuando la autoridad a que se dirigen no haya habilitado legalmente dicha posibilidad?

52. Para ello, es importante precisar que, atendiendo a la naturaleza administrativa del asunto y a que no se advierte la existencia de alguna condición que obligue a esta Primera Sala a suplir la deficiencia de la queja, el asunto se regirá bajo el principio de estricto derecho.(33)

IX. ESTUDIO DE FONDO

53. Como metodología de estudio, el presente fallo: (1) Referirá el contexto histórico, comparado y normativo bajo el cual se ha conformado el derecho de petición y su sinergia con el derecho de acceso a la información pública; (2) Revisará la doctrina que ha construido este Alto Tribunal con relación al derecho de petición y su evolución acorde a los avances tecnológicos; y, como base para resolver la problemática, (3) Responderá, a partir de un análisis global, los siguientes argumentos de agravio que se identifican en el escrito a partir del cual se interpuso el presente recurso de revisión, a saber:

Argumento No. 1.

ANÁLISIS INCONGRUENTE Y NO EXHAUSTIVO

La Juez de Distrito pasó por alto su obligación de interpretar el derecho de petición acorde con el principio de progresividad, atendiendo a que las redes sociales forman parte de los cambios y transformaciones de las tecnologías de la información y transmisión de ideas, y que éstos invariablemente inciden en los factores económicos, sociales, políticos y culturales del país. Debe reinterpretarse el numeral 8o. constitucional en el marco de los avances tecnológicos, entendiendo que una petición realizada a través de medios tecnológicos también puede ser considerada como una forma escrita digital, con independencia de si tal derecho a través de medios digitales se encuentra reglamentado por la autoridad responsable o no, pues finalmente dicho derecho sí se encuentra reglamentado por el propio artículo 8o. de la Constitución Política Mexicana.

La demanda de garantías se sustentó en una violación directa de los artículos 1o., 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con independencia de cualquier cuestión meramente de legalidad, lo que fue pasado por alto por la A Quo, pues de haberlo hecho, habría sustentado su resolución en un análisis meramente constitucional.

Argumento No. 2.

FALTA DE FUNDAMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA

No es dable el argumento de la autoridad responsable en el sentido de que la autoridad estará obligada a dar respuesta a lo peticionado a través de "Twitter", únicamente cuando institucionalmente prevea esa opción dentro de la normatividad que regula su actuación, dado que dicho resolutivo carece de fundamento legal alguno. Es decir, la Juez de Distrito resolvió de manera meramente dogmática, sin sustento constitucional (a pesar de ser el análisis constitucional el objeto del juicio de amparo) o legal alguno.

El citar una tesis aislada no releva a la Juzgadora de su obligación de fundamentar la resolución

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32096-901f28b9/derecho-de-peticion-elementos-necesarios-para-su-ejercicio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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