COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. SUS TRABAJADORES ESTAN OBLIGADOS A ENTREGAR LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA QUE TAL EMPRESA OBTENGA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EL REEMBOLSO DE LAS PRESTACIONES CUBIERTAS POR INVALIDEZ Y VEJEZ.
AMPARO DIRECTO 56/95. MARIA ELENA SALAS VANEGAS.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Los conceptos de violación expuestos por la quejosa, este Tribunal los considera infundados y por tanto ineficaces para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada.
Para poner de manifiesto lo anterior, es preciso remitirnos a las constancias que obran en autos, consistentes en las actuaciones originales del procedimiento laboral 184/93, las que fueron remitidas a este cuerpo colegiado por el Presidente de la Junta Especial Número Veinticuatro, de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Aguascalientes, en apoyo a su informe con justificación, a las cuales se les otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.
Para una mejor comprensión del asunto, se destacarán en forma significativa diversas de las actuaciones realizadas en el procedimiento aludido, que cobran relevancia en el caso a estudio, las que son a saber:
María Elena Salas Vanegas, por su propio derecho, presentó demanda laboral en contra de Comisión Federal de Electricidad, el veintiséis de julio de mil novecientos noventa y tres, en la que señaló las siguientes prestaciones: "a). La modificación y corrección de la base de la pensión jubilatoria con la cual fui jubilada formalmente el veinticuatro de julio de mil novecientos noventa y dos, por el organismo público antes mencionado y que no se ajustó a lo establecido en el contrato colectivo de trabajo. b). El pago de las diferencias que resulten de la corrección de la base de la pensión jubilatoria, así como el pago de las diferencias por los aumentos que no se hicieron a mi pensión, conforme a los incrementos salariales durante el año de mil novecientos noventa y dos a la fecha y que tengo derecho de acuerdo al contrato colectivo de trabajo. c). La devolución del importe de los cheques que el Instituto Mexicano del Seguro Social me otorga como pensión de invalidez desde el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y uno hasta la fecha y que suman la cantidad de N$9,918.87".
Por proveído pronunciado el cuatro de agosto de mil novecientos noventa y tres, la Junta Especial Número Veinticuatro, de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Aguascalientes, admitió a trámite la demanda de referencia, ordenando emplazar a la parte demandada y señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas.
En la fecha señalada anteriormente, la parte actora amplió su demanda, motivo por el cual la Junta señalada hoy como responsable suspendió la audiencia correspondiente y señaló nuevo día y hora para que tuviera verificativo la misma.
Llegado el día, Juan Manuel Ponce Sánchez, en su carácter de apoderado de la Comisión Federal de Electricidad, dio contestación a la demanda que le fuera instaurada a su representada, negando que la actora tuviera acción y derecho para solicitar todas y cada una de las prestaciones que enumeró en su escrito inicial de demanda; y asimismo, hizo valer la excepción de incompetencia, misma que fue resuelta el ocho de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, en la que la Junta Especial Número Veinticuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Aguascalientes se declaró competente para conocer del juicio, por lo que señaló nuevo día y hora para que tuviera verificativo la audiencia de demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas.
Así pues, al llegarse el día y hora señalados por la autoridad responsable para que tuviera verificativo la audiencia de mérito, ambas partes ofrecieron las pruebas que estimaron convenientes a sus intereses, y desahogadas que fueron las mismas, por proveído de veintidós de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, se turnó el asunto al auxiliar correspondiente con el objeto de que emitiera el dictamen respectivo, mismo que fue realizado el día veintitrés del mes y año en cita y elevado a la categoría de laudo el día treinta siguiente.
Laudo en el cual se declaró parcialmente procedente la acción intentada por la actora y en esa misma medida, justificadas las excepciones y defensas propuestas por la parte demandada; por lo que se condenó a Comisión Federal de Electricidad a reconocerle a María Elena Salas Vanegas una antigüedad a partir del mes de enero del año de mil novecientos setenta y uno, y como consecuencia de ello, se le pagara a ésta una pensión del ochenta y dos por ciento; absolviéndole de pagar la prestación que identificó en su escrito inicial de demanda con el inciso c), así como de los incrementos del 1% y 13% que fueron reclamados en la ampliación de demanda.
El fallo en mención, es el que constituye el acto reclamado en este juicio constitucional.
Por cuestión de técnica, en este considerando se analizarán los conceptos de violación expuestos por la quejosa en el orden en que así fueron mencionados en el escrito inicial de demanda.
En esta tesitura, se puntualizará a continuación el primer motivo de queja expuesto por la quejosa en el que señaló:
1. Señala que la autoridad responsable no apreció debidamente las pruebas aportadas, ni valoró los argumentos expresados en la demanda inicial y ampliación de la misma, violando con ello el contenido de los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, así como las garantías individuales previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales.
También aduce que la Junta responsable incorrectamente declaró improcedente la solicitud formulada en el sentido de que, cuando excede de ciento ochenta días la antigüedad, debe de tomarse como un año completo para el efecto de computar la citada antigüedad.
Puesto que en los formatos que usa la Comisión Federal de Electricidad para calcular la retención del impuesto sobre productos del trabajo en su renglón "c", señala que toda fracción de más de ciento ochenta días se considerará como un año completo, siendo que en el caso han transcurrido más de doscientos tres días, con lo cual se cumplen veintidós años de servicios, situación que se corrobora con el contenido de la cláusula 31 del contrato colectivo de trabajo.
Continúa afirmando la quejosa que la autoridad responsable no obstante que solicitó que se le requiriera a la Comisión Federal de Electricidad para que exhibiera los formatos de referencia, no hizo lo conducente violando con ello lo dispuesto por los artículos 782 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, dejando a la quejosa sin oportunidad de probar su afirmación.
Para concluir señalando que la Junta responsable no tomó en cuenta el contenido de las cláusulas nueve y treinta y uno del contrato colectivo de trabajo, mismas que se relacionan con los artículos 17 y 18 de la Ley Federal del Trabajo.
Tal motivo de queja debe declararse infundado.
Ello es así, pues la quejosa hace depender el mismo del hecho consistente en que la Junta señalada como responsable no requirió a la Comisión Federal de Electricidad para que exhibiera en el procedimiento de origen los formatos que usa para calcular la retención del impuesto sobre productos del trabajo y al respecto debe señalarse lo siguiente.
De las constancias que integran el procedimiento natural, se advierte que en la diligencia verificada el siete de octubre de mil novecientos noventa y tres y que corre agregada a fojas de la veintisiete a la veintinueve del cuaderno principal, mediante la cual María Elena Salas Vanegas amplió su demanda, solicitó a la autoridad responsable requiriera a la Comisión Federal de Electricidad con el objeto de que exhibiera los formatos que usa para calcular la retención del impuesto sobre el producto del trabajo.
También se advierte, que en dicha diligencia, en la que intervino María Elena Salas Vanegas, la autoridad responsable se limitó a suspender la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas, por virtud de la ampliación de demanda formulada por ésta, sin que hubiese obsequiado la solicitud de la quejosa que se ha citado en el párrafo que antecede; y no obstante ello, la peticionaria no formuló inconformidad alguna al respecto.
Pero aún más, al ofrecer las pruebas que estimó conducentes para acreditar la acción intentada, lo que tuvo lugar en la diligencia verificada el veintiuno de abril de mil novecientos noventa y cuatro, que corre agregada de la foja seiscientos setenta y seis a seiscientos ochenta y tres del cuaderno principal, no se desprende que María Elena Salas Vanegas hubiese ofrecido como prueba, el formato que la Comisión Federal de Electricidad usa para calcular la retención del impuesto sobre el producto del trabajo; y menos aún, se advierte de la actuación que se comenta, que la quejosa hubiese manifestado algo en torno a la omisión en que incurrió la autoridad responsable al no requerir a dicha persona moral por la exhibición de dichos documentos, de conformidad a lo solicitado por ésta en su ampliación de demanda.
Todo lo anterior se cita con el objeto de poner de manifiesto que María Elena Salas Vanegas, con la actitud desplegada en el procedimiento natural en torno a la petición que formuló en el sentido de que se requiriera a la Comisión Federal de Electricidad para el efecto de que exhibiera en autos los formatos que usa para calcular la retención del impuesto sobre productos del trabajo, se traduce en un consentimiento tácito, consistente en que el documento en cuestión no fuera tomado en consideración por la autoridad responsable para resolver el conflicto planteado, pues como se ha resaltado en párrafos que anteceden, María Elena Salas Vanegas no produjo manifestación alguna en el devenir del procedimiento natural, tendiente a que la Junta responsable proveyera de conformidad su solicitud y lo que es más, el formato en cuestión no fue ofrecido como prueba.
Por todo lo anterior, debe decirse que la quejosa consintió en todo momento la omisión en que incurrió la autoridad responsable, al no requerir a la Comisión Federal de Electricidad para que aportara al procedimiento natural el formato mencionado, lo que conlleva a estimar que estuvo de acuerdo en que dicho documento no constituyera una prueba máxime que ni ella ni la hoy tercero perjudicada la ofreció con tal carácter.
Independientemente de lo anterior, debe puntualizarse que la quejosa parte de un supuesto falso para el planteamiento del concepto de violación en estudio, pues indebidamente estima que las reglas que se aplican para calcular la retención del impuesto sobre el producto del trabajo, tienen que ser aplicadas con respecto al cómputo para calcular su antigüedad.
Ello es así, pues tratándose de antigüedad, las reglas que se fijan en torno a este concepto están delimitadas en la Ley Federal del Trabajo y en el caso, en el contrato colectivo.
Para ello, basta hacer mención a las cláusulas 31 y 67 del Contrato Colectivo para los Trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, pues en la primera se señala que para el caso de que en dicho instrumento se requieran años completos, los lapsos menores no se tomarán en consideración; y en la segunda se especifica el porcentaje de salario diario que debe ser cubierto a un trabajador por concepto de jubilación, en la cual casuísticamente aduce años completos de servicio.
Luego entonces, si la cláusula 67 del contrato colectivo de trabajo, es aquella que da las bases para la jubilación de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, y al hablar del porcentaje del salario diario que a cada uno de ellos les corresponde, se refiere a años completos de servicio, no cabe interpretación alguna al respecto, como equivocadamente lo pretende la peticionaria en el motivo de queja que se analiza.
En otras palabras, si la referida cláusula 67 del contrato colectivo de trabajo especifica a qué porcentaje corresponde el salario diario por años de servicios, para los efectos de la jubilación no pueden ni deben tomarse en consideración los lapsos menores de un año; situación que prevé la cláusula 31 del contrato aludido, la que fue citada por la propia quejosa.
Atento a lo anterior, debemos concluir que en la especie, la Junta responsable no infringió el contenido de los artículos 782 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, habida cuenta de que en el primer precepto se contiene una facultad potestativa para aquélla, consistente en practicar las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad y requerir a las partes para que exhiban los documentos y objetos de que se trate, sin que tal situación se traduzca en un imperativo; y por otra parte, el segundo artículo invocado obliga a la autoridad a dictar laudos claros, precisos y congruentes con la demanda, contestación y demás pretensiones deducidas en el juicio oportunamente, dispositivo que no se infringe y lejos de esto, en acatamiento a su contenido, la responsable pronunció el laudo hoy impugnado, atento a las consideraciones que se han expuesto al analizar el primer concepto de violación esgrimido por la peticionaria.
En el segundo concepto de violación la quejosa aduce las siguientes argumentaciones:
Principia afirmando que la Junta responsable no analizó el contenido de la cláusula 29 del contrato colectivo de trabajo, relacionada con la 20, fracción III y 40 fracción V, inciso b), al negar que la ropa de trabajo forma parte del salario y se integre para el cálculo de la jubilación, aduciendo que esta prestación sólo se entrega al personal en activo y no así al jubilado por ser un medio de protección para desempeñar el trabajo.
En tal sentido aduce que la consideración en cita es inacertada, pues la cláusula 20 fracción III, inciso I), del contrato colectivo de trabajo, señala que dicha prestación se da a todo el personal, pero al de oficinas se les puede dar en efectivo; es decir, una cantidad fija determinada, la que recibió la quejosa por más de seis años en el mes de marzo, por lo que debe considerarse como una prestación que integra el salario, concluyendo que lo que se reclama es que tal prestación se evalúe y se tome en consideración para integrar el salario que sirve de base para cuantificar su pensión.
El concepto de violación expuesto es infundado, puesto que como correctamente lo expresa la Junta señalada como responsable, el concepto ropa de trabajo no integra el salario para efecto del pago de la pensión jubilatoria.
Al respecto, este Tribunal Colegiado ha sostenido en lo medular, lo siguiente: "Anotado lo anterior, debe decirse que es verdad que la ropa de trabajo prevista por la cláusula 20, fracción III, del pacto colectivo, es una prestación que Comisión Federal de Electricidad proporciona a sus trabajadores los meses de marzo y septiembre de cada año, con las particularidades que en la mencionada cláusula se anotan. Sin embargo, esta percepción no es diaria y ordinaria como lo exige la cláusula 29 del pacto social a efecto de que se considere como factor integrante del salario. De ahí que con independencia de las razones expresadas por la Junta de Conciliación y Arbitraje para negar la procedencia de esta reclamación, la pretensión del quejoso de que se integre esta prestación a la pensión jubilatoria no podía prosperar, atento el motivo acabado de exponer y, en esas condiciones, la absolución al respecto debe prevalecer. Cabe decir también, que existen prestaciones que por su propia naturaleza, derivan o son consecuencia del trabajo que se desempeña, y el patrón se encuentra obligado a cubrirles; esto es, percepciones que benefician sólo a quienes prestan sus servicios en la fecha en que debe hacerse el pago o cubrirse la prestación, pero que no corresponden a quienes se separaron antes. Si a lo anterior se agrega la razón expuesta por la responsable en el sentido de que estaba imposibilitada para calcular el monto del rubro en cuestión porque se entrega en especie a los trabajadores, es indudable que el laudo reclamado, en este aspecto, es correcto. No es obstáculo a la conclusión precedente, lo dispuesto por el artículo 84, de la Ley Federal del Trabajo, que el inconforme invoca en sus conceptos de violación, pues aun cuando el numeral en cita previene la manera en que, por lo general, se integra el salario y contempla las prestaciones en especie, en el caso no es aplicable, habida cuenta que el conflicto laboral interesa una pensión jubilatoria; prestación extralegal cuyas bases para la cuantificación de su monto se rigen por las particulares disposiciones contractuales que la estatuyen".
Las estimaciones anteriores son aplicables en la especie y de ellas se advierte lo infundado del concepto de violación propuesto y fueron sustentadas al resolver los asuntos cuyos datos enseguida se anotan: Amparo directo 706/94. Juan Manuel Cruz Medina. 26 de enero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Herminio Huerta Díaz. Secretario: Carlos Manuel Aponte Sosa. Amparo directo 95/95. María Asunción Aguilera Nájera y otros. 2 de marzo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Herminio Huerta Díaz. Secretario: Carlos Manuel Aponte Sosa.
En el tercer motivo de queja, la peticionaria señala lo siguiente:
Que la autoridad responsable en el laudo que hoy se impugna, se limita a transcribir de la foja marcada con el número once a la dieciocho, diversas argumentaciones que la Comisión Federal de Electricidad expuso en su escrito de contestación de demanda con el objeto de controvertir la prestación que solicitó aquélla para que se le devolvieran las retenciones efectuadas por concepto de pensión de invalidez que el Instituto Mexicano del Seguro Social le otorga, lo que se traduce en una falta de motivación y fundamentación.
Además, señala que independientemente de lo anterior, la Junta se equivoca al considerar que Comisión Federal de Electricidad tiene derecho a recuperar las prestaciones que de la misma naturaleza existan en el contrato colectivo de trabajo y la Ley del Seguro Social, violando con ello el contenido del artículo 28 de este último ordenamiento que prevé, que para que esto prospere debe existir una valuación actuarial entre las prestaciones de ambos ordenamientos, la que la demandada se abstuvo de acreditar, ignorando según ello, el motivo que se consideró al estimar que las pensiones jubilatorias y las de invalidez son similares.
Continúa afirmando que la retención en mención no está permitida por la ley y así se especifica en el artículo 123 Apartado "A", fracción XXVIII, incisos f), g) y h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resultando por tanto ilegal la retención y descuento que hace la demandada en los recibos de pago que por concepto de jubilación se le otorga; aduciendo por último que la pensión de invalidez que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social y la jubilación contractual nada tienen que ver, señalando que ello se corrobora con la cláusula 60 del contrato colectivo de trabajo y tesis que ha sustentado el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, cuyo rubro es: "TRABAJADORES JUBILADOS DE LA, DERECHO A PERCIBIR COMPLETA LA PENSION JUBILATORIA CON INDEPENDENCIA DE INVALIDEZ".
Tal concepto de violación debe declararse infundado, por lo siguiente:
Es verdad, que la autoridad señalada como responsable en el laudo que hoy constituye el acto reclamado, tomó en consideración diversas argumentaciones expuestas por la Comisión Federal de Electricidad al dar contestación de la demanda que le fuera instaurada, con respecto de las deducciones que hace dicho organismo de la pensión jubilatoria por invalidez que percibe la peticionaria de amparo; sin embargo, ello no se traduce en infracción alguna de las garantías individuales de María Elena Salas Vanegas.
Ciertamente, no hay que perder de vista que las transcripciones a que hace mención la peticionaria de garantías, se refieren a criterios sustentados por este Tribunal Colegiado en las ejecutorias de amparo pronunciadas al resolver los juicios constitucionales tramitados con los números 492/93 y 505/93.
En efecto, al resolver los juicios de amparo de referencia, este cuerpo colegiado, ha señalado que la jubilación es una prestación contractual para los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, establecido en el contrato colectivo de trabajo respectivo, cuando dicha prestación se genera en base a la edad del trabajador y a los años de servicio prestados a dicha empresa, siendo de naturaleza típicamente compensatoria; es decir, esta jubilación únicamente toma en cuenta el tiempo trabajado por el empleado.
En cambio, este Tribunal sostiene, que existe también una jubilación de carácter mixto, cuando su otorgamiento obedece a una incapacidad física del trabajador que le impide el desempeño de su trabajo; sin embargo, también se toma en cuenta el tiempo que prestó sus servicios en la empresa citada, otorgándose en esos casos la pensión jubilatoria de acuerdo a la tabla que establece la cláusula 67 del contrato colectivo de trabajo, esto es, esta jubilación se otorga tanto por la invalidez del trabajador, como por sus años de servicio.
Ahora bien, por lo que se refiere a los artículos 128 y 138 de la Ley del Seguro Social, este Tribunal considera que estos preceptos contemplan los casos en que procedan las pensiones por invalidez y vejez, y que atienden a la incapacidad física del trabajador para atender su trabajo, ya sea por su edad avanzada o por padecer una enfermedad o accidente no profesionales o por defectos de agotamiento físico o mental o bien, cuando padezca una afección o se encuentre en un estado de naturaleza permanente que le impida trabajar.
En este orden de ideas, la pensión jubilatoria que se origina únicamente en base a los años en que prestó sus servicios el trabajador, sí tiene una naturaleza distinta a la pensión que la Ley del Seguro Social otorga por invalidez o vejez, pues atiende a diversos hechos generadores.
Sin embargo, tratándose de la pensión jubilatoria proveniente de una incapacidad del trabajador a que se refiere las cláusulas 60, fracción II, inciso b) y 67 del contrato colectivo de trabajo, en la que se atiende precisamente a la imposibilidad del trabajador para desarrollar su trabajo, dicha prestación tiene un mismo origen que la pensión por invalidez o vejez que contempla la Ley del Seguro Social en los artículos mencionados, pues ambas prestaciones se generan por estar el trabajador imposibilitado físicamente para desempeñar su trabajo.
En conclusión, este Tribunal Colegiado, ha sostenido reiteradamente que la pensión jubilatoria por incapacidad del trabajador que establece en distintas cláusulas el Contrato Colectivo de Trabajo de la Comisión Federal de Electricidad, y las pensiones por invalidez o vejez, tienen una misma naturaleza derivada del estado físico del trabajador, por tanto, sí es aplicable lo dispuesto en el punto tres de la cláusula 58 del contrato colectivo de trabajo, en el sentido de que las prestaciones establecidas por la Ley del Seguro Social, por lo que se refiere a pensiones de invalidez y vejez, sustituyen en la proporción respectiva, a las correspondientes del contrato colectivo cuando la coincidencia ocurra durante la vigencia de la relación de trabajo.
En consecuencia, de acuerdo con esa citada cláusula 58 del contrato colectivo de trabajo, la Comisión Federal de Electricidad se subroga en las obligaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, a efecto de facilitarles a los trabajadores el cobro de las prestaciones económicas a que tienen derecho, para cuyo efecto, cubre íntegramente a los trabajadores el monto de las pensiones jubilatorias que les correspondan conforme al contrato colectivo, teniendo dicha empresa, en virtud de la sustitución de obligaciones, derecho a recuperar del Instituto Mexicano del Seguro Social, el importe de las pensiones de invalidez y vejez que establece la Ley del Seguro Social, para lo cual los trabajadores deben proporcionar a Comisión Federal de Electricidad, la documentación necesaria.
Ahora bien, si los trabajadores no entregan a Comisión Federal de Electricidad la documentación a que se ha hecho referencia, sino al contrario, hacen efectiva dicha documentación directamente ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, cobrándole a éste el pago que les corresponde por concepto de invalidez y vejez, entonces no puede operar la sustitución de que habla la cláusula 58 del contrato colectivo de trabajo, puesto que ellos directamente están cobrando la pensión que les corresponde, por lo que, al hacer la Comisión Federal de Electricidad, entrega de las pensiones correspondientes, no está realizando un descuento o retención a la pensión como incorrectamente aduce la peticionaria de garantías, por lo que no se viola en su perjuicio el artículo 123, Apartado A, fracción XXVIII, incisos f), g) y h) dela Constitución Política Mexicana, ni los artículos 17 de la Ley Federal del Trabajo y 10 de la Ley del Seguro Social y a que en ningún momento, se le está reteniendo el salario, o hay renuncia a las prestaciones de los trabajadores, sino que es un ajuste necesario, en virtud de que la trabajadora cobra directamente su pensión al Instituto Mexicano del Seguro Social y por consiguiente, desaparece la razón de ser de la sustitución por parte de la Comisión Federal de Electricidad en las obligaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Ello es así, ya que si la Comisión Federal de Electricidad cubriera el monto íntegro de las pensiones jubilatorias a que se ha hecho referencia, estaría imposibilitada para obtener su reembolso, puesto que la documentación que requiere para ello, la está haciendo efectiva el trabajador en forma directa ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, y ésta percibiría entonces un doble pago en el monto correspondiente a las pensiones de invalidez o vejez, lo cual jurídicamente no es justificable.
Situación que destacó la Junta responsable en la última parte del considerando tercero del laudo hoy combatido, pues para declarar improcedente la reclamación de la actora por concepto de devolución de los descuentos que Comisión Federal de Electricidad le hace de su pensión jubilatoria, adujo que se basaba en los criterios sustentados en los juicios de amparo aludidos.
Por tanto, es infundado lo argumentado por la quejosa en el sentido de que la autoridad responsable no motivó y fundó la desestimación de su pretensión, pues lejos de esto, para absolver a Comisión Federal de Electricidad de devolver a la actora todos los descuentos que se le efectuaron a su pensión jubilatoria por concepto de aquella que percibe del Instituto Mexicano del Seguro Social, se basó atinadamente en los criterios sustentados por este cuerpo colegiado en tal sentido.
Así pues, se pone de manifiesto lo infundado de los conceptos de violación expuestos por la quejosa, por lo que, no advirtiéndose que con motivo del pronunciamiento del laudo hoy impugnado se hubiese infringido precepto legal alguno, y menos aún que con tal motivo se hubiesen violado las garantías individuales de la quejosa, lo procedente es negarle a ésta el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada.
SEXTO. El Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, sostiene por unanimidad de votos, la Jurisprudencia publicada en la página 41 de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación número 62, febrero de mil novecientos noventa y tres, que es del tenor literal siguiente: "COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. TRABAJADORES JUBILADOS DE LA. DERECHO A PERCIBIR COMPLETA LA PENSION JUBILATORIA CON INDEPENDENCIA DE LA DE INVALIDEZ. La cláusula 67 del contrato colectivo de trabajo celebrado entre la empresa Comisión Federal de Electricidad y el Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, establece el derecho a la jubilación de quienes hayan laborado para la primera y cumplan los requisitos señalados al efecto. En tanto que el artículo 128 de la Ley del Seguro Social dispone en qué casos y bajo qué condiciones procede se decrete por el Instituto el estado de invalidez del asegurado; y por su parte el numeral 129 del mismo ordenamiento, señala el derecho a percibir una pensión definitiva por el concepto indicado, cuando se estime el estado de invalidez como de naturaleza permanente. De este modo, aun cuando en el convenio de incorporación de los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad al régimen obligatorio del seguro social se haya estipulado que, cuando un trabajador reúna los requisitos, tanto para ser jubilado como para recibir pensión por parte del Instituto, sólo debe percibir esta última quedando la Comisión obligada a cubrir la diferencia entre ambas; cabe considerar que, conforme al texto del artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, es nulo y por tanto no puede tener validez legal alguna, todo convenio celebrado entre el sindicato titular del contrato colectivo de trabajo y la empresa -aun cuando sea con la intervención de un organismo público descentralizado como lo es Instituto Mexicano del Seguro Social- en cuanto que en el mismo se estipule renuncia de los trabajadores a sus derechos o bien a toda prestación que se derive de sus servicios prestados. Por otra parte debe decirse que, las pensiones de jubilación e invalidez son de naturaleza jurídica diferente y tienen distinto origen, puesto que en tanto la jubilación es una prestación derivada de la negociación colectiva y plasmada en el contrato de trabajo respectivo, la pensión por invalidez es una prestación que se otorga por mandato del artículo 128 de la Ley del Seguro Social; y mientras la primera encuentra su justificación u origen en el tiempo acumulado que el trabajador haya laborado para la empresa demandada, y viene a ser un reconocimiento a los servicios durante un mínimo de años convenidos en el pacto colectivo, la segunda es producto de la protección y seguridad social que consagran la Constitución General de la República en
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3211-e472a7bf/comision-federal-de-electricidad-sus-trabajadores-estan-obligados · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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