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Modo: Corpus Pro

FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA EN MATERIA FISCAL. ES INNECESARIO QUE EL SELLO IMPRESO (INTEGRADO POR CARACTERES) DERIVADO DEL USO DE DICHA FIRMA CONTENGA LOS DATOS O ELEMENTOS PROPIOS DEL CERTIFICADO QUE LA RESPALDA, CONFORME A LOS ARTÍCULOS 17-I Y 38 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2019).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3716/2023. · Registro digital (IUS): 32142
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-02-09
Promovente: DAZCAP, S.A. DE C.V.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Febrero de 2024, Tomo II, Pág.1483.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3716/2023. DAZCAP, S.A. DE C.V. 10 DE ENERO DE 2024. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LENIA BATRES GUADARRAMA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. DISIDENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: CARLOS ALBERTO ARAIZA ARREYGUE.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diez de enero de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 3716/2023, promovido en contra de la sentencia dictada en sesión de treinta de marzo de dos mil veintitrés por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en el juicio de amparo directo 318/2021.

El problema que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver consiste en determinar si los artículos 17-I, 38 y 63 del Código Fiscal de la Federación y la Regla 2.12.3 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, son o no inconstitucionales.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Inexistencia de operaciones. Mediante resolución emitida por el Administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1",(1) en términos del cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, se determinó que la persona moral Dazcap, Sociedad Anónima de Capital Variable, no desvirtuó la inexistencia de operaciones amparadas con los comprobantes fiscales emitidos a diversos contribuyentes.

2. Juicio de nulidad. En contra de esa resolución, la referida contribuyente presentó demanda de nulidad, de la cual correspondió conocer a la Tercera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa(2) y seguido el curso legal, la Sala dictó sentencia(3) en la cual reconoció la validez de la resolución impugnada al considerar, esencialmente, que:

• Conforme a la regla 2.12.3 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, existen dos procedimientos distintos para verificar la integridad de la firma electrónica avanzada, sin que se establezca que para verificar la integridad de la resolución administrativa deba atenderse a lo previsto en la fracción V del artículo 17-G del Código Fiscal de la Federación; ello porque si bien en algún momento se sostuvo que así debía ser, lo cierto es que en una nueva reflexión se concluye que tal requisito no es aplicable y, por tanto, resulta infundado lo expresado por la parte actora. Máxime que al caso es aplicable el criterio contenido en la tesis número VIII-P-2aS-559, de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de rubro: "REGLA 2.12.3 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017. NO PREVÉ QUE PARA VERIFICAR LA INTEGRIDAD DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEBA ATENDERSE AL CONTENIDO DE LA FRACCIÓN V, DEL ARTÍCULO 17-G DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN."

• Contrariamente a lo manifestado por la actora, la autoridad sí fundó y motivó debidamente su competencia material para llevar a cabo el procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, toda vez que del oficio impugnado se aprecia que fueron citados los artículos 22, párrafo primero, fracción VIII, y 24, fracción I, inciso a), del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, en relación con el Tercero, fracción II, inciso a), del Acuerdo mediante el que se delegan diversas atribuciones a los servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintitrés de junio de dos mil dieciséis, los cuales establecen que compete a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, así como a las administraciones y subadministraciones desconcentradas de auditoría fiscal, llevar a cabo todos los actos y procedimientos previstos en el Código Fiscal de la Federación relacionados con la emisión de comprobantes que amparen operaciones inexistentes; mientras que el numeral restante, establece que se delegan en los administradores desconcentrados de Auditoría Fiscal, entre otras autoridades, la atribución de llevar a cabo todos los actos y procedimientos establecidos en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

• Es infundado lo relativo a que el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación es una norma compleja al prever cinco hipótesis diferentes para que la autoridad presuma la inexistencia de operaciones; ello porque si bien el mencionado precepto establece diversos supuestos, lo cierto es que ninguno de ellos está relacionado con la competencia de la autoridad, sino a los motivos por los que la autoridad puede presumir la inexistencia de operaciones, de ahí que no le asista razón a la parte actora.

• No asiste razón a la actora en cuanto a que la resolución impugnada derivó de un oficio en el cual la autoridad no acreditó contar con facultades para utilizar la información existente en otras bases de datos y que de aceptarse ello, se vulneraría el derecho a la privacidad; lo anterior porque conforme al primer párrafo del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, los hechos que consten en los expedientes, documentos o bases de datos que lleven, tengan acceso o en su poder las autoridades fiscales, así como aquellos proporcionados por otras autoridades, podrán servir para motivar las resoluciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de cualquier otra autoridad u organismo descentralizado competente en materia de contribuciones federales, por lo que la autoridad demandada podía apoyarse en la información obtenida de las bases de datos que tiene en su poder; sin que obste lo aducido en el sentido de que esa norma no faculta a la autoridad para motivar su resolución en las bases de datos denominadas Cuenta Única Darío Web, Sistema Integral de Administración Tributaria, Consulta Nacional de Nuevo Esquema de Pagos y Declaraciones del Servicio de Administración Tributaria, Visor Tributario, Constancia de Situación Fiscal, Consulta Central de Comprobantes Fiscales por Internet, Consulta por Tercero y Declaración Informativa por Terceros; ello porque el hecho de que la norma referida no identifique a esas bases de datos, no implica que las consultadas por la autoridad sean diversas a las permitidas por dicho numeral, siendo así innecesaria tal identificación legislativa.

• En cuanto a la pretendida inconstitucionalidad del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, se precisó que el control concentrado de la constitucionalidad de los actos de autoridad se encuentra reservado al Poder Judicial de la Federación y si bien ese tribunal puede ejercer control difuso, lo cierto es que, en el caso, esa Sala no advierte violación alguna a los derechos fundamentales de la actora.

• En el caso de que la actora se duela de la supuesta afectación al derecho a la privacidad sobre la base de que el artículo 63 del Código Fiscal de la Federación permite a la autoridad fiscal consultar datos personales que obran en su poder, lo cierto es que tanto de la resolución impugnada como del oficio por el cual se inició el procedimiento por inexistencia de operaciones(4) se sigue que esos actos se fundamentaron en el diverso numeral 69-B de la citada codificación y que la información obtenida forma parte de la contabilidad y fue presentada ante la autoridad por la propia actora, siendo que en la jurisprudencia 2a./J. 145/2016 (10a.), de rubro: "CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EL ARTÍCULO 28, FRACCIONES III Y IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN RELACIÓN CON LAS REGLAS 2.8.1.4., 2.8.1.5. Y 2.8.1.9. DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE DICIEMBRE DE 2014, NO VULNERAN EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PRIVACIDAD, EN SU DIMENSIÓN DE CONTROLAR LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN PERSONAL.", se determinó, que las normas relativas a la contabilidad electrónica no contravienen el derecho a la privacidad debido a que la información contable que los contribuyentes están obligados a proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, a través de los medios electrónicos, se relaciona con: catálogo de cuentas; balanzas de comprobación, que incluyan saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales de cada una de las cuentas de activo, pasivo, capital, resultados (ingresos, costos, gastos y resultado integral de financiamiento); y pólizas de periodo y sus auxiliares y folios fiscales; es decir, información que está relacionada con el cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente, no así con aspectos confidenciales o de su vida privada.

• En lo concerniente a la supuesta notificación sin atender a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, tal planteamiento se estimó infundado porque la autoridad sí le notificó mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, así como en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, que se ubicó en el supuesto previsto en dicho precepto legal; es decir, que se actualizó la presunción de que emitió comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de marzo de dos mil veinte, y en la página del Servicio de Administración Tributaria el diez de marzo de dos mil veinte; ello en el entendido de que si bien en el oficio de esa fecha no se hayan dado los motivos y fundamentos particulares por los que se actualizó la presunción de operaciones inexistentes, no implica que las notificaciones no se tengan como legalmente efectuadas.

• Por cuanto hace a que no se citó el precepto legal que faculta a la autoridad para llevar a cabo una revisión previa al inicio del procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, tal argumento se estimó infundado dado que la autoridad no ejerció alguna facultad de comprobación o de gestión previo a iniciar el procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, de ahí, que no estuviera obligada a fundar su actuación.

• En lo tocante a que la resolución impugnada carece de una debida motivación porque la actora no cuenta con activos suficientes para la realización de las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales digitales emitidos en el Ejercicio Fiscal de dos mil dieciocho, la Sala lo estimó parcialmente fundado pero insuficiente para declarar la ilegalidad de la resolución impugnada porque si bien es cierto en la resolución impugnada la autoridad observó que la accionante manifestó contar con activos fijos (consistente en mobiliario, equipo de oficina y equipo de cómputo), también lo es que estimó incongruente y desproporcionado el importe manifestado en dicha declaración, respecto de los ingresos acumulables, para lo cual, la parte actora debió desvirtuar lo anterior a través de medios de prueba fehacientes que permitieran concluir la ilegalidad de esa determinación.

• También es infundado el argumento relativo a que la autoridad omitió señalar la fuente de la información respecto al domicilio fiscal como "no existe calle", así como la fecha de cuando consultó tal información, ya que contrariamente a lo expuesto por la actora, la autoridad sí le indicó en la resolución impugnada, que de las bases de datos denominadas: Cuenta Única Darío Web, Sistema Integral de Administración Tributaria, Consulta Nacional de Nuevo Esquema de Pagos y Declaraciones del Servicio de Administración Tributaria, Visor Tributario, Constancia de Situación Fiscal, Consulta Central de Comprobantes Fiscales por Internet, Consulta por Tercero y Declaración Informativa por Terceros, obtuvo información de la contribuyente hoy actora, en términos de lo dispuesto por el artículo 63 del Código Fiscal de la Federación.

3. Juicio de amparo directo. Inconforme con esa sentencia, la parte actora promovió juicio de amparo directo del cual correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.(5) En la demanda se expuso, en lo que interesa, lo siguiente:

• Inconstitucionalidad de los artículos 17-I y 38 del Código Fiscal de la Federación [argumento expresado en el inciso D) del primer concepto de violación]. Los artículos precisados son contrarios al principio de seguridad jurídica pues conforme a los mismos, la integridad y autoría de los documentos (digitales o impresos) que cuenten con el sello resultado del uso de la firma electrónica avanzada, serán verificables mediante el método de remisión al documento original con "clave pública del autor", sin que dichas normas definan tal concepto, con lo cual se genera inseguridad jurídica al desconocer el alcance de ese elemento.

• Inconstitucionalidad de la Regla 2.12.3 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019 [argumento expresado en el inciso D) del primer concepto de violación]. La referida norma es violatoria del principio de subordinación jerárquica pues si bien establece dos mecanismos para verificar la integridad y autoría de documentos impresos o digitales firmados electrónicamente, lo cierto es que en la pantalla no se muestra el contenido de la clave pública del autor; es decir, los datos contenidos en el certificado digital que permitan la verificación de la autenticidad de la firma electrónica avanzada del suscriptor del documento, por lo que dicha norma no atiende a lo previsto en la codificación cuyo contenido desarrolla.

• Inconstitucionalidad del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación (argumento expresado en el cuarto concepto de violación). El precepto en comento viola el derecho a la privacidad en la medida en que permite a la autoridad fiscal utilizar bases de datos para allegarse de información de los contribuyentes, siendo que, si bien tal precepto permite apoyarse en expedientes, documentos y bases de datos, lo cierto es que no especifica a cuáles bases se refiere.

Asimismo, tal precepto viola el derecho a la seguridad jurídica previsto en los artículos 16 constitucional, 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, V de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues además de no señalar expresamente las bases de datos de las cuales podrá disponer la autoridad fiscal, tampoco prevé los límites y procedimientos que deberá observar la autoridad.

4. Sentencia. El referido órgano jurisdiccional dictó sentencia(6) en la que negó el amparo solicitado al considerar, en lo que interesa, lo siguiente:

• Interpretación de los artículos 17-I y 38 del Código Fiscal de la Federación. Del contenido de los artículos en comento, en relación con la Regla 2.12.3 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019 se sigue que el requisito de validez del acto administrativo que consta en un documento impreso suscrito con la firma electrónica del funcionario competente se cumple al plasmar un sello impreso expresado en caracteres y generado con dicha firma, la cual debe estar amparada por un certificado digital vigente a la fecha de la resolución, de tal suerte que la integridad y autoría del documento es verificable mediante el método de remisión al documento original con la clave pública del autor a que se refiere la propia Resolución Miscelánea.

En el caso, los documentos expedidos a la quejosa fueron emitidos mediante el uso de la firma electrónica y cuentan con un código de respuesta rápida (QR) a que se refiere la Resolución Miscelánea Fiscal, el cual corrobora que fueron suscritos por el funcionario firmante y que dicha firma electrónica está amparada por un certificado digital vigente, lo cual también es verificable mediante el portal de internet del Servicio de Administración Tributaria.

Así, el hecho de que la firma electrónica avanzada deba estar amparada por un certificado vigente, no implica que los actos dirigidos a particulares deban contener en la respectiva impresión, datos como la fecha de inicio y de terminación de vigencia del certificado pues las referidas normas no establecen tal requisito; máxime que el artículo 17-G del Código Fiscal de la Federación regula los requisitos de validez de los certificados digitales, los cuales son distintos a los aplicables a la firma electrónica avanzada; por ende, no es requisito de validez de la firma electrónica avanzada el precisar el periodo de vigencia del certificado pues estimar lo contrario implicaría exigir mayores requisitos a los previstos en la normativa aplicable.

En este orden, se comparte la tesis aislada I.1o.A.244 A (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA. PARA CONSIDERAR DEBIDAMENTE SIGNADA UNA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA AUTORIDAD FISCAL A TRAVÉS DEL USO DE DICHA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA, ES INNECESARIO QUE CONSTE EN EL DOCUMENTO IMPRESO EL PERIODO DE VIGENCIA DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL CON QUE AQUÉLLA SE GENERÓ." y ante ello, no se comparte el diverso criterio invocado por la quejosa, sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado de esta misma materia y circuito judicial, al resolver el amparo directo 82/2021 de su índice, el cual ya fue abandonado por dicho tribunal, según se advierte de la ejecutoria de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró improcedente la contradicción 137/2022.

• Constitucionalidad de los artículos 17-I y 38 del Código Fiscal de la Federación. El hecho de que esas normas no establezcan lo pretendido por la quejosa, no genera la inconstitucionalidad de tales preceptos por trastocar los derechos de legalidad y seguridad jurídica pues es innecesario que las leyes detallen minuciosamente los procedimientos o desarrollen contenidos específicos; ello conforme a la jurisprudencia 2a./J. 106/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DERECHOS FUNDAMENTALES DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. SU CONTRAVENCIÓN NO PUEDE DERIVAR DE LA DISTINTA REGULACIÓN DE DOS SUPUESTOS JURÍDICOS ESENCIALMENTE DIFERENTES."

Además, si bien esos preceptos no definen el concepto de "clave pública del autor", lo cierto es que la propia quejosa explica qué debe entenderse al señalar que del artículo 2, fracción VII, de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, se desprende que se trata de "... los datos contenidos en un certificado digital que permiten la verificación de la autenticidad de la firma electrónica avanzada del firmante ...", lo que evidencia la inexistencia de la pretendida indefinición.

Ello, aunado a que las garantías de legalidad y seguridad jurídica no exigen que las normas sean diccionarios y definan cada uno de los conceptos utilizados en ellas, a lo que se agrega la existencia de una legislación expresamente aplicable a las firmas electrónicas la cual define el concepto de clave pública del autor y lo que abarca la aludida expresión.

• Constitucionalidad de la Regla 2.12.3 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019. Del estudio de la referida regla resulta evidente que la misma no contraviene el principio de subordinación jerárquica al no ir más allá de lo establecido en el Código Fiscal de la Federación porque no reduce, limita o restringe de alguna manera el derecho a verificar la integridad y autoría de los documentos firmados electrónicamente notificados en forma personal o los que se notificaron de manera electrónica sino que, contrariamente a lo expresado por la quejosa, esa norma facilita e instrumenta la posibilidad contemplada por el legislador para que los gobernados constaten dicha integridad y autoría de los documentos mencionados, pues basta con utilizar el software para automatizar el proceso, con la lectura de un código de respuesta rápida (código QR), o bien, ingresar a la página del "Portal del SAT", eligiendo las opciones que se indican, a efecto de proporcionar los datos necesarios, para que así el sistema le muestre en pantalla la clave en el "RFC" del contribuyente, el nombre, la denominación o razón social de la persona a la que va dirigido el documento, así como el contenido de éste con "e.firma" o sello digital del autor, de manera que pueda comprobarse la integridad y autoría a que se hizo alusión. Si bien en los artículos 17-I y 38 del Código Fiscal de la Federación, no se indica qué debe entenderse o contener la clave pública, esa circunstancia no es violatoria de los principios de seguridad y certeza jurídica porque lo cierto es que sí se establecen los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado para verificar la autoría del documento, además de que la referencia a la clave pública del autor está conformada por vocablos de uso común, por lo que no se requiere que la ley pormenorice su significado o los elementos que deba contener.

Así, la falta de mención de dicha información no deja en estado de indefensión a la contribuyente, pues el marco legal aplicable a la firma electrónica establece elementos suficientemente claros para evidenciar la integridad y autoría de un documento digital con firma electrónica avanzada o sello digital, como es su verificación mediante el método de remisión al documento original con la clave pública del autor, por lo que el hecho de que la referida regla no prevea como requisito el señalamiento de la clave pública del autor y los artículos 17-I y 38 del Código Fiscal de la Federación, no contengan una definición o los datos que deba contener, no resulta violatorio de los principios de legalidad, seguridad y certeza jurídicas, ni de supremacía de la ley.

• Constitucionalidad del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación. Contrariamente a lo afirmado por la quejosa, el citado artículo sí señala las bases de datos que se encuentran a disposición de la autoridad, a saber: (1) las que lleven las autoridades fiscales; (2) aquellas a las que tengan acceso las propias autoridades fiscales; (3) las que tengan en su poder las autoridades fiscales y (4) las que sean proporcionadas por otras autoridades.

Además, dicha norma también establece límites y procedimientos a los que la autoridad debe sujetarse para prevenir o evitar abusos por parte de la autoridad, pues señala como límites que podrán servir para motivar las resoluciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; para motivar las resoluciones de cualquier otra autoridad u organismo descentralizado competente en materia de contribuciones federales.

En cuanto a la recopilación contempla que puede obtenerse de hechos que se conozcan con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación previstas en ese Código o en las leyes fiscales; de expedientes que lleven; documentos; bases de datos; expedientes que proporcionen otras autoridades; documentos que proporcionen otras autoridades; y, de actuaciones levantadas a petición de las autoridades fiscales, por las oficinas consulares.

Lo anterior permite concluir que la información contenida en las bases de datos precisadas en ese numeral conforma información fiscal; es decir, referente a actividades que reflejen ingresos y egresos que puedan ser sujetos de gravamen y no se encuentran vinculados con datos privados como son la intimidad, el honor, la reputación, la vida privada y, consecuentemente, la dignidad humana.

En esas condiciones, tal precepto señala las bases de datos que se encuentran a disposición de la autoridad y establece límites y procedimientos a los que la autoridad debe sujetarse para prevenir o evitar abusos por parte de la autoridad, así como la adecuada recopilación y uso, por lo que no se vulneran los derechos humanos de privacidad, ni a la protección de sus datos personales.

Adicionalmente, la quejosa se limita a afirmar que dicha norma no prevé límites y procedimientos a los que la autoridad deba sujetarse para prevenir o evitar abusos por parte de la exactora, sin dar mayor explicación y sobre todo, que la postura adoptada se centra en que la autoridad no citó los preceptos legales que la facultan para consultar las bases de datos; siendo que la contravención a disposiciones constitucionales no puede hacerse depender de la interpretación de la norma cuestionada hecha por la sala responsable, ni de su situación particular, es decir, del hecho de que la demandada, con apoyo en la consulta de diversas bases de datos que realizó, inició el procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, así como de que una eventual redacción que, a su juicio, debería tener dicho precepto, no la dejaría en estado de indefensión.

5. Recurso de revisión. La parte quejosa interpuso recurso de revisión en contra de ese fallo,(7) en cuyos agravios planteó lo siguiente:

Sobre la inconstitucionalidad de los artículos 17-I y 38 del Código Fiscal de la Federación y de la Regla 2.12.3 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019 (primer agravio). El tribunal colegiado de circuito indebidamente desestimó el planteamiento relativo a que las normas impugnadas no prevén lo que debe entenderse por "clave pública del autor", indicando que la propia quejosa explica dicho aspecto; si bien la legislación no debe operar como un diccionario de significados, ésta sí debe dar seguridad y certeza jurídica a los gobernados para saber a qué atenerse, lo que no ocurre en el caso porque se deja a la autoridad actuar arbitrariamente; el señalamiento de la quejosa sobre lo que la Ley de Firma Electrónica prevé como "clave pública" evidencia el estado de incertidumbre alegado porque se basó en el artículo 4 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, lo que genera confusión ya que ese numeral señala que tales disposiciones no aplican en materias fiscal, aduanera y financiera.

Insiste en que los artículos 17-I y 38 del Código Fiscal de la Federación son inconstitucionales al no establecer qué debe entenderse por "clave pública" con lo cual se violan los principios de legalidad, seguridad y certeza jurídicas, pues se tornan arbitrarias las actuaciones de la autoridad fiscal facultada para firmar de manera electrónica, dado que no se establecen de manera concreta los requisitos que se deben cumplir para considerar que la firma electrónica del funcionario emisor se ajusta a derecho y que por ende actúa dentro del ámbito de sus atribuciones. Dicho planteamiento se corrobora con la eliminación del concepto mencionado mediante la reforma al citado Código tributario en la reforma de dos mil veintiuno, ello aun y cuando los métodos de comprobación para verificar la integridad y autoría de los documentos que contiene el resultado de firmar con el uso de la firma electrónica avanzada, establecidos por el Servicio de Administración Tributaria, siguen siendo los mismos.

Si bien el tribunal colegiado de circuito analizó el primer concepto de violación, lo cierto es que no estudió el planteamiento de inconstitucionalidad vertido respecto de la Regla 2.12.3 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, con lo que violó los artículos 74, fracción IV, y 76 de la Ley de Amparo al no haber resuelto la cuestión efectivamente planteada, con lo que igualmente se violó el artículo 17 constitucional respecto de la impartición de justicia completa, sobre lo cual se ha interpretado por la jurisprudencia como el deber de emitir una resolución exhaustiva.

Se reitera que la citada regla general omite prever que se muestre el contenido de la clave pública del autor, esto es, los datos contenidos en el certificado digital que permiten la verificación de la autenticidad de la firma electrónica avanzada del firmante, y dado que sólo dispone que se haga del conocimiento a los contribuyentes del documento original, viola el principio de subordinación jerárquica, pues no se supedita a lo previsto por el Código Fiscal de la Federación.

Sobre el planteamiento relacionado con la inconstitucionalidad del artículo 63, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación (segundo agravio). Fue incorrecta la calificación de infundados de los argumentos planteados en la demanda por la violación de lo previsto en los artículos 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, V de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues además de no señalar expresamente las bases de datos de las cuales podrá disponer la autoridad fiscal, tampoco prevé los límites y procedimientos que deberá observar la autoridad, ya que contrario a lo determinado por el órgano colegiado de origen, dicho precepto sí viola el derecho a la privacidad.

Como se expuso en la demanda, tal precepto viola el derecho a la privacidad porque permite a la autoridad fiscal utilizar bases de datos para allegarse de información de los contribuyentes, y si bien permite apoyarse en expedientes, documentos y bases de datos, no especifica a cuáles bases se refiere. Añade que ello es sin pretender llegar al exceso de considerar que en la legislación deba establecerse un catálogo de base de datos o sistemas con los que pueda contar la autoridad fiscal, pero debe haber un artículo donde se contenga tal atribución, por lo que debe analizarse si la norma respeta los principios de seguridad y certeza jurídicas y el derecho a la privacidad.

El tribunal colegiado de circuito confundió "recopilación" y el lugar de donde la autoridad obtiene la información, siendo que la norma se impugna por no prever la forma en la que se llevará a cabo la recopilación de los datos de los gobernados, y también se confunden los límites que debe tener la autoridad con el uso de la información una vez obtenida, lo cual no está a debate siempre y cuando se obtenga y recopile de manera legal.

La información proporcionada a las autoridades fiscales sí es de índole privada; aunado a que la Suprema Corte de Justicia se pronunció sobre el tema al resolver el amparo en revisión 134/2008 en que determinó en qué consiste el de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32142-c89b1058/firma-electronica-avanzada-en-materia-fiscal-es-innecesario · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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