JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LOS ARTÍCULOS 235, 237, 245, 247, ÚLTIMO PÁRRAFO, Y 248 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, QUE ESTABLECEN PROHIBICIONES ABSOLUTAS SOBRE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CANNABIS O MARIHUANA SON ESTIGMATIZANTES PARA LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y, POR ENDE, SON NORMAS AUTOAPLICATIVAS QUE PUEDEN IMPUGNARSE EN CUALQUIER TIEMPO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 91/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 23 DE NOVIEMBRE DE 2023. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS (PRESIDENTA) Y ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO, Y DEL MAGISTRADO GASPAR PAULÍN CARMONA. PONENTE: MAGISTRADA ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO. SECRETARIO: IVANN ALVAREZ HERNÁNDEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver de la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 6 fracción I, 7 y 14 fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1o., fracción I, punto 2; 2 y 4 del diverso Acuerdo General 108/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales, en virtud de que la contradicción se suscitó entre Tribunales Colegiados del Decimoséptimo Circuito, territorio y materia en las que este Pleno Regional ejerce jurisdicción.
SEGUNDO.—De conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, la contradicción de criterios fue denunciada por parte legitimada, pues se trata del Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito.
TERCERO.—Los criterios contendientes son los siguientes:
A. Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito. Amparo en revisión R.A. 224/2020.
1. Por escrito presentado el diez de septiembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, una persona física, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades siguientes:
"III. AUTORIDAD RESPONSABLE:— Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, Cámara de Diputados el Congreso de la Unión.— IV. ACTOS RECLAMADOS.— Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.— Al ser quien promulgó la Ley General de Salud, así como ser el supervisor jerárquico del Secretario de Gobernación (quien funge como Director del Diario Oficial de la Federación), autoridad que por instrucción del Presidente, publicó la Ley General de Salud, reclamando de dicha ley los artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248, 368 y 479.— De la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.— La discusión, aprobación y expedición de la Ley General de Salud, en específico de los artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248, 368 y 479.— De la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. La discusión, aprobación y expedición de la Ley General de Salud, en específico de los artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248, 368 y 479."
2. Por cuestión de turnó correspondió conocer de la demanda al Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales, con residencia en Tijuana, Baja California, cuyo titular, ordenó registrarla con el número 1060/2019, la admitió a trámite y, seguida la secuela procesal, el dieciocho de febrero de dos mil veinte, dictó la sentencia que concluyó con el siguiente punto resolutivo:
"Único.—Se sobresee en el presente juicio de amparo 1060/2019-II, promovido por ..., por propio derecho, en contra del acto y autoridades precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando cuarto."
3. Inconforme con esa determinación la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, cuyo Magistrado Presidente ordenó registrarlo con el número de amparo en revisión R.A. 224/2020 y, en sesión de once de marzo de dos mil veintiuno, el pleno de ese tribunal resolvió:
"PRIMERO.—Se REVOCA la sentencia recurrida.
"SEGUNDO.—La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ..., en contra del acto que reclamó del Presidente de la República, Cámara de Diputados y Senadores, consistente en la inconstitucionalidad de los artículos 234, 368 y 479 de la Ley General de Salud.
"TERCERO.—Para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta sentencia, la Justicia de la Unión ampara y protege a ..., en contra del acto que reclamó del Presidente de la República, Cámara de Diputados y Senadores, consistente en la inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247 último párrafo y 248 todos de la Ley General de Salud."
Dicha determinación tuvo como base, en lo que interesa a este asunto, las consideraciones siguientes:
"...
"TERCERO.—Estudio del problema jurídico. Los agravios formulados por ..., son fundados y suficientes para revocar la sentencia impugnada, reasumir jurisdicción en términos de las fracciones I y V del artículo 93 de la Ley de Amparo, para desestimar las causas de improcedencia hechas valer por las responsables en sus informes con justificación (no estudiadas por la Juez de Distrito) y al analizar los conceptos de violación, conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitada.
"...
"Argumentos los anteriores que, como se adelantó, devienen fundados y suficientes para revocar la sentencia sujeta a revisión.
"En principio, cabe señalar que la parte quejosa reclamó los artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud en su carácter de normas autoaplicativas, ya que en la demanda de amparo en su capítulo intitulado ‘V. PROCEDENCIA DEL AMPARO’, refirió que las normas se reclamaban con ese carácter y dijo que no era necesario que se acreditara un acto concreto de aplicación, también adujo que al tratarse de normas estigmatizadoras el plazo para la interposición del amparo no podía computarse a partir de momento concreto alguno, atento a que el agravio subsiste de forma continuada (fojas 3 a 13)
"Sentado lo anterior, a juicio de este Tribunal Colegiado –y como se sostiene en los agravios–, las normas impugnadas que prevén la prohibición del consumo lúdico de la cannabis sativa, generan una afectación autoaplicativa que actualiza el interés legítimo para reclamarlo en el amparo, ya que de dichos numerales deriva el mensaje de que la autorización para la realización de actos relacionados con estupefacientes o sustancias psicotrópicas, se encuentra supeditada a que estos tengan, exclusivamente, fines ‘médicos y/o científicos’, sin incluir la posibilidad de que la cannabis sativa pueda utilizarse con propósitos ‘lúdicos o recreativos’; por lo cual, las normas reclamadas emiten un juicio de valor negativo o estigmatizador respecto de los consumidores lúdicos de la sustancia mencionada, en consecuencia, atento al criterio de rubro: ‘ESTIGMATIZACIÓN LEGAL. REQUISITOS PARA TENER POR ACREDITADO EL INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO INDIRECTO PARA COMBATIR LA PARTE VALORATIVA DE UNA LEY Y EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN.’, en el caso no es aplicable el plazo de treinta días para presentar la demanda de amparo.
"Para demostrar la anterior aseveración, en párrafos subsecuentes se desarrollarán los temas siguientes:
"1. Naturaleza de las normas autoaplicativas y heteroaplicativas;
"2. Análisis concreto de los artículos impugnados;
"3. Normas estigmatizadoras y su análisis al caso concreto; y,
"4. Plazo para presentar la demanda cuando se trata de normas estigmatizadoras autoaplicativas.
"Tema 1
"Naturaleza de las normas autoaplicativas y heteroaplicativas.
"La naturaleza de las normas se define a partir del momento en que surgen las obligaciones que prevé, esto es, al momento en que los efectos de la norma en cuestión se producen en la esfera jurídica de los gobernados, siendo autoaplicativas las que actualizan sus efectos desde el momento en que comenzó su vigencia, y heteroaplicativas cuando tal actualización requiere de que se realice un acto del particular o de la autoridad, diverso a la sola entrada en vigor de la ley.
"Al respecto, cabe destacar que, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver los amparos en revisión 2104/91, 1811/91, 1628/88 y 662/95, determinó que, para distinguir si una norma es autoaplicativa o heteroaplicativa, debe acudirse al concepto de individualización incondicionada, que constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional porque solo a través de ese elemento puede conocerse, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada, en la inteligencia de que la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización.
"Así, el Tribunal Pleno concluyó que se está ante una norma autoaplicativa cuando los efectos de esa disposición se producen de forma incondicionada, esto es, cuando no se requiere un acto posterior a su entrada en vigor, para que se actualicen en la esfera jurídica de los gobernados, mientras que se estará ante una norma heteroaplicativa cuando la actualización de sus efectos dependa de una condición, ya que, con la sola vigencia de la norma no se producen sus efectos, sino que requiere de un acto diverso para incidir en la vida jurídica de los particulares.
"Las anteriores consideraciones dieron origen a la Jurisprudencia P./J. 55/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, registro 198200, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Julio de 1997, de texto y rubro siguientes:
"‘LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.’, (se transcribe)
"Tema 2.
"Análisis concreto de los artículos impugnados.
"Precisada la manera en que debe analizarse la naturaleza de las normas, a continuación, se transcriben los artículos cuya constitucionalidad se reclamó en el juicio de amparo indirecto, los que son de la literalidad siguiente:
"(se transcriben)
"De las hipótesis normativas transcritas se extrae -en lo que a este estudio es relevante- que las normas impugnadas configuran un sistema de prohibiciones administrativas que forma parte del marco regulatorio previsto en la Ley General de Salud sobre el control de estupefacientes y psicotrópicos, el cual constituye un obstáculo jurídico para poder realizar lícitamente todas las acciones necesarias para poder estar en posibilidad de llevar a cabo el autoconsumo de marihuana (siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte, etcétera).
"Como se advierte, el artículo 235 señala que lo relacionado a la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con estupefacientes o con cualquier producto que los contenga queda sujeto a diversas disposiciones, y los actos ahí señalados solo podrán realizarse con fines médicos y científicos y requerirán autorización de la Secretaría de Salud.
"El artículo 237 prevé la prohibición en el territorio nacional de todo acto de los mencionados en el Artículo 235 de esa ley, respecto de las substancias y vegetales ahí señaladas.
"El artículo 245 señala que en relación con las medidas de control y vigilancia que deberán adoptar las autoridades sanitarias, las substancias psicotrópicas se clasifican en cinco grupos, y uno de ellos es aquel que tiene valor terapéutico escaso o nulo y que, por ser susceptibles de uso indebido o abuso, constituyen un problema especialmente grave para la salud pública.
"Por su parte, el diverso 247 refiere que los actos referidos a la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con substancias psicotrópicas o cualquier producto que los contenga solo podrán realizarse con fines médicos y científicos y requerirán, al igual que las substancias respectivas, autorización de la Secretaría de Salud.
"El precepto 248 prevé la prohibición de todo acto de los mencionados en el artículo 247 de la Ley General de Salud, con relación a las substancias incluidas en la fracción I del artículo 245.
"Por último, los artículos 368 y 479 definen lo que debe entenderse por autorización sanitaria y la hipótesis en que el narcótico debe entenderse para estricto e inmediato consumo personal.
"De lo anterior, debe notarse que las normas impugnadas tienen las características propias de una norma de carácter heteroaplicativa, ya que requiere la autorización por parte de la autoridad administrativa, esto es, la actualización de un acto para surtir efectos.
"Sin embargo, tal como lo señalan los recurrentes, no debe perderse de vista que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido diversos criterios –incluso citados en los agravios– en los que ha señalado que aun cuando una norma tenga características de ser heteroaplicativa, en ciertos supuestos pueden reclamarse como autoaplicativas sin necesidad de acreditar un acto de aplicación, como se verá en párrafos subsecuentes.
"Tema 3.
"Normas estigmatizadoras y su análisis al caso concreto.
"Respecto a la posibilidad de que una norma heteroaplicativa, pueda reclamarse como autoaplicativa sin necesidad de acreditar un acto de aplicación, debe tenerse presente la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: ‘INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. NORMAS CUYA SOLA EXISTENCIA GENERA UNA AFECTACIÓN AUTOAPLICATIVA QUE LO ACTUALIZA.’, en la que se aborda el tema en el sentido de que, de manera excepcional, pueden encontrarse en el ordenamiento jurídico normas generales heteroaplicativas, identificables así por su estructura normativa interna, que no obstante, generan una afectación de tal gravedad para nuestra democracia constitucional, que pueden identificarse como autoaplicativas, por lo que debe tenerse por acreditado el interés legítimo para impugnarlas.
"El primero de este tipo de normas corresponde al de aquellas que son estigmatizadoras, es decir, aquellas que con independencia de que establezcan contenidos condicionados a un acto de aplicación, terminan por proyectar un mensaje discriminatorio contra ciertos sujetos, que resienten una afectación generada por la parte valorativa de la norma, al incluir criterios vedados por el artículo 1 constitucional, doctrinaria y jurisprudencialmente conocidas como categorías sospechosas.
"Un segundo tipo de normas en este supuesto, corresponde a aquellas que se erigen como barreras de acceso al debate público o que inhiben la propia deliberación pública, entendiendo que las condiciones normativas para la generación óptima de esta última se encuentran constitucionalmente protegidas, en tanto que son condiciones de existencia de un espacio público sin el cual un gobierno democrático de naturaleza deliberativa no sería posible.
"En este sentido, la propia Primera Sala ha sostenido en la tesis de rubro: ‘ESTIGMATIZACIÓN LEGAL. REQUISITOS PARA TENER POR ACREDITADO EL INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO INDIRECTO PARA COMBATIR LA PARTE VALORATIVA DE UNA LEY Y EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN.’, que para efectos de la procedencia del juicio de amparo contra leyes, los jueces de amparo deben tener por acreditado el interés legítimo de los quejosos cuando impugnen la parte valorativa de la norma por estigmatización si se reúnen los siguientes requisitos:
"a) Se combata una norma de la cual se extraiga un mensaje perceptible objetivamente –explícito e implícito– del que se alegue exista un juicio de valor negativo o estigmatizador, mediante la indicación de los elementos de contexto de los símbolos utilizados, la voluntad del legislador, la historia de discriminación, etcétera, que permitan afirmar al quejoso que dicho mensaje es extraíble de la norma.
"b) Se alegue que ese mensaje negativo utilice un criterio de clasificación sospechoso, en términos del artículo 1 constitucional, del cual el quejoso sea destinatario por pertenecer al grupo identificado por alguno de esos elementos –origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas–; y,
"c) Finalmente, se debe acreditar que el quejoso guarda una relación de proximidad física o geográfica con el ámbito espacial de validez de la norma, sobre el cual se espera la proyección del mensaje.
"En estos casos, señaló la Primera Sala, debe estimarse que la afectación generada por la norma es autoaplicativa, por lo que no es requisito exigir a los quejosos acreditar un acto de aplicación en su contra, puesto que la mera existencia de esa ley es el acto de afectación y no puede someterse a una persona ya afectada por la existencia de una legislación a la indignidad de serle negado el acceso a la justicia para que se pueda cuestionar la validez de la norma.
"Con mayor claridad, en relación con la parte valorativa de las normas, la misma Primera Sala ha señalado en la tesis 1a. CCLXXXIII/2014 (10a.), de rubro: ‘INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. PERMITE IMPUGNAR LA PARTE VALORATIVA DE LAS NORMAS JURÍDICAS SIN NECESIDAD DE UN ACTO DE APLICACIÓN, CUANDO AQUÉLLAS RESULTEN ESTIGMATIZADORAS.’, que las leyes no solo regulan conductas, sino que también transmiten mensajes que dan coherencia a los contenidos normativos que establecen, ya que no regulan la conducta humana en un vacío de neutralidad, sino que lo hacen para transmitir una evaluación oficial sobre un estado de cosas, un juicio democrático sobre una cuestión de interés general.
"En este sentido, las leyes no solo contienen una parte dispositiva, sino también una valorativa. Lo anterior es especialmente relevante considerar cuando se trata de estereotipos, ya que la percepción social que hace sobrevivir un prejuicio contra un sector discriminado se sustenta en una compleja red de leyes y normas que regulan los intercambios de las personas para promocionar el rechazo a estos grupos, cuyo efecto es preservar un determinado mensaje oficial en la sociedad independientemente de la eficacia de determinados contenidos dispositivos de esa legislación.
"Luego, la discriminación no solo se puede resentir cuando la norma regula directamente la conducta de un grupo vulnerable, sino también mediante aquellas normas que promocionan y ayudan a construir un significado social de exclusión o degradación, que si bien pueden no tener a los miembros de cierto grupo vulnerable como destinatarios, los efectos de su aplicación mediante la regulación de la conducta de terceros sí les genera un daño de estigmatización por discriminación.
"Así, la Primera Sala señaló que junto a la afectación material o tradicional que puede generar la parte dispositiva de una norma, puede existir una afectación inmaterial que produce el mensaje transmitido por la norma, es decir, por su parte valorativa.
"En otras palabras, el estigma por discriminación puede ser una afectación expresiva generada directamente por una norma, la cual comúnmente se traduce en una serie de eventuales afectaciones materiales secundarias, con motivo de la puesta en práctica del contenido prescrito por la norma. "Sin embargo, lo relevante es que independientemente de las partes heteroaplicativas que contenga la norma, si existe una afectación de estigmatización por discriminación generada directamente en su parte valorativa, se debe reconocer interés legítimo para impugnarla, sin esperar el acto de aplicación.
"Lo expuesto en las tesis 1a. CCLXXXIV/2014, y 1a. CCLXXXIII/2014, se estima aplicable al caso, ya que si bien derivan del análisis que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación efectuó respecto de normas de carácter civil que limitaban el derecho al matrimonio a parejas heterosexuales excluyendo implícitamente así a las de carácter homosexual, se considera que, por las mismas razones, dado que el sistema de normas que regulan el uso de la marihuana, se encuentra supeditado a que estos exclusivamente tengan fines ‘médicos y/o científicos’, sin incluir la posibilidad de que la marihuana pueda ser utilizada con fines ‘lúdicos o recreativos’, parte de un criterio estigmatizante en contra de los consumidores de drogas.
"Máxime si se considera que también la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar la constitucionalidad de los artículos 235 último párrafo, 245 fracción I, 247 último párrafo y 248 de la Ley General de Salud, en los amparos en revisión 237/2017, 1115/2017, 623/2017, 548/2017 y 547/2017, que dieron origen a las jurisprudencias 1a./J. 3/2019 (10a.), 1a./J. 6/2019 (10a.), 1a./J. 7/2019 (10a.), 1a./J. 9/2019 (10a.), 1a./J. 10/2019 (10a.), y 1a./J. 25/2019 (10a.), en lo que a este estudio es relevante precisó:
"‘(se transcribe)’
"De la ejecutoria transcrita se extrae que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad se encuentra indisolublemente ligado a la dignidad humana, por tanto, la prohibición prácticamente absoluta del estado a su consumo con fines lúdicos o recreativos, constituye una afectación a estos derechos fundamentales.
"Por tanto, sí el artículo 1o. de la Constitución Federal establece en su último párrafo:
"‘(se transcribe)’
"Es claro que al ya haberse determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el sistema normativo impugnado anula el derecho de las personas al libre desarrollo de la personalidad en cuanto a su libre albedrío de decidir el consumo lúdico de la marihuana y, en consecuencia, atenta contra su dignidad, es claro que las normas participan de la naturaleza de estigmatizadoras al estar basada su prohibición en meros prejuicios sobre la calidad de las personas que consumen este tipo de sustancia y sólo autorizarlos para fines ‘médicos y/o científicos’, atento a que como se ha visto no existen estudios técnicos que apoyen –sin lugar a dudas– la prohibición estatal contemplada.
"Precisadas hasta esta parte de la sentencia las características de las normas estigmatizadoras y el derecho de libre desarrollo de la personalidad que se encuentra íntimamente ligado con la dignidad humana, el que de no respetarse produce una discriminación aun en la parte valorativa de la norma, en consecuencia, este órgano colegiado procede al análisis de los requisitos precisados en la tesis 1a. CCLXXXIV/2014 (10a.), invocada en párrafos precedentes, para demostrar porque las normas impugnadas son estigmatizadoras.
"En primer término, se considera satisfecho el inciso a), porque los quejosos pretenden combatir el sistema prohibitivo que impide el uso lúdico de la marihuana.
"En efecto, de las normas impugnadas se advierte un mensaje perceptible objetivamente implícito, a saber el consistente en que: la autorización para la realización de actos relacionados con estupefacientes o substancias psicotrópicas se encuentra supeditada a que estos exclusivamente tengan fines ‘médicos y/o científicos’, sin incluir la posibilidad de que la marihuana pueda ser utilizada con fines ‘lúdicos o recreativos’, por lo cual, las normas reclamadas emiten un juicio de valor negativo o estigmatizador respecto de los consumidores lúdicos de la marihuana, prohibición que incluso ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación –como se ha visto en párrafos anteriores–, atenta contra la dignidad humana en su vertiente de libre desarrollo de la personalidad.
"En ese contexto, el sistema normativo reclamado emite un juicio de valor, consistente en que es valioso el uso médico o científico de estupefacientes o substancias psicotrópicas, pero no el uso lúdico, respecto del cual está proscrita cualquier autorización administrativa y, en consecuencia, al establecer un juicio de valor negativo en cuanto a los consumidores lúdicos, se genera una afectación autoaplicativa, ya sus efectos no están condicionados.
"Por otra parte, para demostrar que las normas impugnadas utilizan un criterio de clasificación sospechoso y colmar el inciso b), en términos del artículo 1 constitucional, del cual el quejoso es destinatario, debe tenerse presente que históricamente ha existido discriminación en contra de los usuarios de drogas, ya que se les ha visto como personas enfermas, desobligadas, irresponsables, hasta criminales, entre otros epítetos que son de uso común en la sociedad y, en esa tesitura, se puede considerar como un criterio de clasificación sospechoso, en términos del artículo 1 constitucional, más aun cuando esa proscripción atenta contra la dignidad humana en el libre albedrío del desarrollo de la personalidad.
"En efecto, la doctrina destaca que los usuarios de drogas históricamente han sufrido un proceso de estigmatización, debido en gran medida a los discursos sobre la criminalización del consumo, promovidos por políticos, comunicadores y actores sociales, por lo cual, existe un juicio moral negativo que es extendido y fortalecido por los contenidos de las campañas contra las drogas.
"Por ende, se colige que las normas constituyen un símbolo en sí mismo, que construye un significado social sin la necesidad de un acto de aplicación, además de que, es constatable de manera objetiva, ya que el sistema de prohibiciones administrativas, es inequívoco en el sentido de prohibir la autorización para el uso lúdico de estupefacientes o substancias psicotrópicas, lo cual obedece a un contexto histórico y social, en el que se ha construido el estereotipo de los usuarios de drogas.
"Por tanto, se considera que se encuentran colmados los primeros dos requisitos señalados por la Primera Sala.
"Por último, en relación con el tercer requisito debe decirse que el quejoso adjuntó a su demanda de amparo copia de su credencial para votar, de la que se advierte su domicilio en el territorio nacional, específicamente en la ciudad de Tijuana.
"En suma, las normas reclamadas si bien participan de la naturaleza de heteroaplicativas, en el caso generan una afectación de manera autoaplicativa al ser estigmatizadoras, mismas que además se prolongan en el tiempo momento a momento mientras las normas sigan existiendo, como se evidenciará al desarrollar el tema 4 de este considerando.
"En el caso se comparte el criterio identificado como I.9o.A.111 A (10a.), sostenido por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, durante la décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 60, Noviembre de 2018 Tomo III, página 2313, de epígrafe y contenido siguientes:
"‘PROHIBICIÓN DEL CONSUMO LÚDICO DE LA CANNABIS SATIVA. LOS PRECEPTOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD QUE LA PREVÉN, GENERAN UNA AFECTACIÓN AUTOAPLICATIVA QUE ACTUALIZA EL INTERÉS LEGÍTIMO PARA RECLAMARLOS EN EL AMPARO.’, (se transcribe)
"Tema 4.
"Plazo para presentar la demanda cuando se trata de normas estigmatizadoras autoaplicativas.
"Partiendo de la base de que las normas tildadas de inconstitucionales pueden ser reclamadas como autoaplicativas, ya que en su contenido valorativo generan una afectación permanente al ser estigmatizadoras, a continuación, se procede a analizar cuál es el plazo para presentar la demanda de amparo en este contexto.
"Atento al artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo, cuando se reclamen normas autoaplicativas –como en el caso–, el plazo para presentar la demanda será de treinta días.
"La afirmación anterior encuentra una excepción en el caso de que las normas autoaplicativas –aun en su parte valorativa–, sean estigmatizadoras, ya que la permanencia de la norma en la esfera jurídica del gobernado provoca que la afectación se prolongue en el tiempo mientras las normas no sean expulsadas de su aplicación en el quejoso.
"Así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 152/2013, en cuanto a la temporalidad para presentar una demanda de amparo cunado se reclaman normas autoaplicativas estigmatizadoras, precisó:
"(se transcribe)
"Las anteriores consideraciones dieron origen a la tesis –ya citada en este considerando–, de rubro ‘ESTIGMATIZACIÓN LEGAL. REQUISITOS PARA TENER POR ACREDITADO EL INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO INDIRECTO PARA COMBATIR LA PARTE VALORATIVA DE UNA LEY Y EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN.’
"En esta tesitura, es que al haberse ya determinado que las normas reclamadas son de aquellas denominadas estigmatizadoras, es claro que adverso a lo que se sostuvo en la sentencia recurrida y como se alega en los agravios, el quejoso no debía ceñirse al plazo de treinta días para la presentación de su demanda de amparo, ya que mientras la norma exista puede presentar la acción constitución –sic– en cualquier tiempo.
"En función de lo anterior es que en el caso no se surta la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo y, en consecuencia, deba considerarse que la demando fue presentada oportunamente.
"Las anteriores consideraciones llevan a este Tribunal Colegiado a revocar la sentencia sujeta a revisión y en términos del artículo 93 fracciones I y V de la Ley de Amparo, reasumir jurisdicción y analizar las causas de improcedencia hechas valer
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32181-823f6ef3/juicio-de-amparo-indirecto-los-articulos-235-237 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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