I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER GENERAL (DECRETO LEGISLATIVO 205, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARGUMENTOS TENDENTES A DEMOSTRAR LAS VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN A LAS NORMAS IMPUGNADAS DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS VIOLACIONES DE FONDO, PORQUE PUEDEN TENER COMO EFECTO LA INVALIDEZ TOTAL DE AQUÉLLAS, QUE HAGA INNECESARIO SU ESTUDIO (DECRETO LEGISLATIVO 205, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS). III. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL INVALIDATORIO DE LAS IRREGULARIDADES ACONTECIDAS EN AQUÉL. IV. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. CONTEXTO NORMATIVO QUE LO RIGE. V. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. ASPECTOS RELEVANTES DEL QUE DIO LUGAR AL DECRETO IMPUGNADO (DECRETO LEGISLATIVO 205, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS). VI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. LA OMISIÓN DEL CONGRESO LOCAL DE CONVOCAR A UN PARLAMENTO ABIERTO, NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A DICHO PROCEDIMIENTO, PUES LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DE ESE ESTADO NO ESTABLECE ESA OBLIGACIÓN (DECRETO LEGISLATIVO 205, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS). VII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. LA EMISIÓN DE LA OPINIÓN TÉCNICA DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL CONGRESO DEL ESTADO EN UN PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS HÁBILES, NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A DICHO PROCEDIMIENTO, PUES LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DE ESE ESTADO NO ESTABLECE UN TIEMPO DE ANÁLISIS ESPECÍFICO (DECRETO LEGISLATIVO 205, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS). VIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. POTENCIAL INVALIDANTE DE HABERSE TRAMITADO EL DECRETO RECLAMADO CON CARÁCTER DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN SIN JUSTIFICACIÓN ALGUNA POR PARTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO LOCAL, PUES NO SE RESPETÓ EL DERECHO DE PARTICIPACIÓN PLENA Y EFECTIVA DE TODOS LOS GRUPOS REPRESENTADOS EN EL CONGRESO LOCAL (INVALIDEZ DEL DECRETO LEGISLATIVO 205, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS). IX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. POSTERGACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DEL PRECEPTO RELATIVO A LA FECHA DE INICIO DEL PROCESO ELECTORAL, HASTA EL MOMENTO EN QUE CONCLUYA EL SIGUIENTE, PARA EVITAR MAYOR INCERTIDUMBRE (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO HASTA QUE CONCLUYA EL PRÓXIMO PROCESO ELECTORAL EN EL ESTADO). X. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL DECRETO LEGISLATIVO 205, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, SALVO POR EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE DICHA LEY).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 147/2023. PARTIDO POLÍTICO MORENA. 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023. PONENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.
ÍNDICE TEMÁTICO
Ver índice temático
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 147/2023, promovida por el partido político Morena, en contra del Decreto Legislativo 205, mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, publicado el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la acción. La acción de inconstitucionalidad fue presentada por el partido político Morena en el buzón judicial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintinueve de junio de dos mil veintitrés y recibida en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia el día siguiente.
2. El escrito inicial fue promovido por quien se ostentó como presidente nacional del partido político Morena solicitando la invalidez de las normas que más adelante se indican, emitidas y promulgadas por las autoridades señaladas a continuación.
A. Normas generales cuya invalidez se reclama:
Decreto Legislativo 205, mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, publicado el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.
B. Órgano legislativo que emitió y ejecutivo que promulgó las normas impugnadas:
I. Poder Legislativo del Estado de Guanajuato.
II. Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato.
3. Artículos constitucionales señalados como violados. Los artículos constitucionales que señaló como violados son 1o., 2o., 4o., último párrafo, 6o., 7o., 14, 16, 35, fracciones I y II, 41, 70 y 73, fracción XXIX-U, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, el partido político Morena expuso los siguientes conceptos de invalidez:
A. Inconstitucionalidad del proceso legislativo
- I. Parlamento abierto. En principio, expone que el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, fue turnada a la Comisión de Asuntos Electorales, la iniciativa formulada por integrantes de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional a efecto de reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, la cual fue radicada por dicha Comisión en la misma fecha, aprobando por unanimidad de votos la metodología para su estudio y dictamen, en los términos siguientes:
a. Solicitar consulta y opinión de la iniciativa, vía electrónica, remitiéndose el veintidós de mayo de dos mil veintitrés, a: (1) Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso del Estado, (2) Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, (3) Instituto Electoral de la entidad, (4) Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado, y (5) Partidos políticos.
b. Llevar a cabo mesas de trabajo el veintidós de mayo de dos mil veintitrés, integradas por diputados, asesores parlamentarios y la Secretaría Técnica, previa anuencia del órgano de gobierno, con representantes de las instancias consultadas, a efecto de desahogar las opiniones recibidas y analizar la iniciativa con la finalidad de esbozar un proyecto de dictamen.
- De esta forma, señala que dieron respuesta en el plazo previsto en la metodología, el Instituto Electoral, el Tribunal Estatal Electoral, la Coordinación General Jurídica y la Unidad de Estudio de las Finanzas Públicas del Congreso, todos del Estado; así también, que se recibió la opinión por parte de los comités directivos estatales de los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista de México, Movimiento de Regeneración Nacional, Revolución Democrática y del Trabajo.
- Que el veintidós de mayo de dos mil veintitrés, se realizaron dos mesas de trabajo; la primera, con diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Electorales y con representantes del Instituto Electoral, del Tribunal Electoral, de la Coordinación General Jurídica del Ejecutivo y de la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas del Congreso, todos de la entidad; y la segunda, con diputados de la Comisión de Asuntos Electorales y con representantes de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Movimiento de Regeneración Nacional y Revolución Democrática.
- Indica que el Dictamen de la Comisión de Asuntos Electorales fue emitido el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, y el Decreto Número 205 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el treinta y uno siguiente.
- De lo anterior, destaca que dentro del decreto se inobservó el artículo 12, en relación con el 211 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Guanajuato, ya que de las constancias del desarrollo del proceso legislativo, no se desprende la apertura de un foro o mesa de trabajo, ni mecanismo alguno utilizado para solicitar la opinión de la ciudadanía, lo que se traduce en la violación directa a la libertad de expresión, transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas, protegidos por los artículos 6o. y 7o. de la Constitución Federal, dado que las disposiciones impugnadas inciden directamente en la democracia social y popular, privando el ejercicio de participación electoral ciudadana como eje central del modelo democrático.
- Así, refiere que es violatorio del proceso legislativo de reforma que el Congreso Local omitió llevar a cabo foros en los que participara la ciudadanía, así como otro tipo de espacios en los que pudiera involucrarse en la discusión y emisión del decreto controvertido, transgrediendo los derechos electorales del pueblo de Guanajuato y pasando inadvertidos los artículos 1 y 8, fracción I, de los Lineamientos de Parlamento Abierto del Poder Legislativo del Estado, cuyo sustento son los numerales 63, fracción I, de la Constitución de la entidad, así como 12, último párrafo, y cuarto transitorio de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, los cuales prevén poner a consulta de la ciudadanía las iniciativas y proposiciones que se presenten al Congreso Local.
- Por tanto, concluye que la omisión de constituir un parlamento abierto en el que se realizaran foros para que la ciudadanía conozca y participe directamente en el proceso legislativo, resulta una violación al proceso de reforma, porque las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado que regula la creación de normas, prevé que debe cumplirse con ese tipo de modelo de participación de la sociedad.
- II. Carencia de discusión y participación informada. Argumenta que el Decreto 205 no se encuentra apegado a los principios de legalidad, representatividad, pluralismo político y democracia deliberativa, así como el respeto a las reglas de votación y publicidad en el desarrollo del proceso legislativo, incluyendo preponderantemente el conocimiento de las iniciativas a discutir, de modo que se asegure la participación informada y libre de los legisladores en la creación de las normas.
- En esa línea, indica que la iniciativa turnada a la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso del Estado carece de una discusión y participación informada, pues del tiempo de su creación, se aprecia que: a) es un decreto de rápida e irresponsable creación sin justificar el motivo que llevó a los parlamentarios a realizarla, dado que no se desprende de sus participaciones una causa real de hecho debidamente razonada que justifique la finalidad del mismo; y b) su creación no fue pública ni transparente, en virtud de que no se llevó a cabo en apego a los artículos 167 al 208 cuáter de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato.
- Que lo anterior se aprecia de la cronología del proceso legislativo, en donde el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, le fue turnada a la Comisión de Asuntos Electorales la iniciativa, la cual fue radicada en la misma fecha, llevándose a cabo dos mesas de trabajo el veintidós siguiente, cuya publicación en el Periódico Oficial del Estado fue el treinta y uno del mismo mes y año; esto es, fueron dos días efectivos para la aprobación de dicha reforma.
- En esa guisa, observa la violación al artículo 173 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Guanajuato, pues el dictamen correspondiente fue emitido el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, mismo que fue entregado a los diputados integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en esa misma fecha, siendo que en el oficio de entrega correspondiente, la Comisión de Asuntos Electorales señala que considera importante la discusión de dicho dictamen en la sesión del Pleno del Congreso Local a celebrarse el veinticinco siguiente, esto es, a menos de veinticuatro horas de su entrega.
- Así, argumenta que se omitió publicar y distribuir con la anticipación requerida, vulnerando uno de los presupuestos básicos del principio de deliberación democrática consistente en que todos los integrantes de un órgano legislativo efectivamente conozcan lo que se va a discutir en una sesión, ya que, contrario a lo señalado por el referido artículo 173, el dictamen de la Comisión de Asuntos Electorales fue aprobado y presentado el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, y puesto a discusión en sesión celebrada el veinticinco siguiente, sin ser distribuido con por lo menos cuarenta y ocho horas previas a la sesión en la que se fuera a discutir, máxime que en el oficio SG-LXV LEG/JGyCP/M61-P/2023 de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, emitido por el Secretario General, notifican la aprobación por parte de la Junta de Gobierno y de Coordinación Política de la dispensa del término previsto en el artículo 173 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Local, siendo que la Comisión de Asuntos Electorales omite cumplir con la obligación constitucional de fundar y motivar la condición de urgencia.
- Concluye que la amplia extensión del decreto impugnado en donde se reforman cincuenta y seis artículos, la adición de dieciocho y la derogación de catorce, es un factor que hace evidente la imposibilidad real que existió para conocer el contenido del mismo, violándose el principio de deliberación democrática, pues los integrantes del órgano legislativo no tuvieron la posibilidad real de deliberar la iniciativa sometida a discusión.
- III. Sostiene que en el caso de la consulta hecha a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso del Estado, en la cual rindió informe técnico sobre la reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Guanajuato, presentó diversas irregularidades en clara y directa violación a los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, específicamente por los vicios en el proceso de su creación.
- Expone que la iniciativa fue radicada el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, aprobando la Comisión Legislativa la metodología para su estudio y dictamen, en la cual se determinó solicitar opinión, vía electrónica, a diversos organismos, proponiendo un plazo de respuesta de veinticuatro horas.
- Que si bien la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso del Estado dio respuesta a la consulta realizada en el plazo previsto, lo cierto es que resulta claro que dicho organismo sólo tuvo veinticuatro horas hábiles para el estudio, deliberación y emisión de la opinión realizada, lo cual es muy poco tiempo.
- Así, expresa que dicha Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas dejó de observar el espíritu que debe revestir el proceso legislativo, al realizar un análisis descuidado y exprés del documento a dictaminar, pues en condiciones normales se toma un tiempo prudente al realizar sus opiniones; máxime que se deja fuera del estudio, el análisis y opinión de diversos entes y partidos, invocando la resolución de la acción de inconstitucionalidad 29/2013.
B. Conceptos de invalidez
- Primero. Invalidez del artículo 3, fracciones I y II, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Refiere que la porción normativa "en espacio público o virtual contenidos en portales de internet y redes sociales" prevista en dichas fracciones, implica transgresión a los principios de certeza, legalidad y objetividad electorales, así como a las garantías de legalidad, seguridad jurídica, motivación y fundamentación, ya que al añadir a las definiciones de "actos anticipados de campaña" y "actos anticipados de precampaña", dicha porción normativa, el legislador local desnaturaliza el sentido primigenio de prohibición de expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido político, soliciten directa y explícitamente a la ciudadanía cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido político.
- Esto, indica en la medida que torna tal prohibición en una permisión en todos aquellos supuestos de expresiones emitidas en espacios distintos al público o virtuales diversos a los contenidos en portales de internet o redes sociales, que no son las únicas formas o modalidades de expresión y difusión de propaganda electoral prohibida.
- Considera que en espacios privados de interacción anticipada entre quienes aspiran a un cargo de elección popular, para ser postulados dentro del proceso comicial, destacan las expresiones que masivamente pueden ser realizadas en medios tales como el correo electrónico, el correo postal, la comunicación telefónica, el diálogo o mensaje casa por casa, la propaganda de mano distribuida en lugares privados; por lo que se vulneran de modo particular los principios rectores de certeza, legalidad y objetividad electorales, previstos en el artículo 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal, y las garantías de legalidad, seguridad jurídica, motivación y fundamentación reconocidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, aunado a la infracción a la autenticidad de las elecciones y al principio de equidad que lo integra, pues al relajar el campo de la prohibición a sólo el espacio público o virtual no ajeno a los portales de internet o a las redes sociales, como canales únicos en que se pueden realizar, mediante actos de expresión, los actos anticipados de precampaña y campaña, implica dar paso a una serie de permisiones de expresiones que, aun siendo anticipadas, serán campo prolijo de elusión de la finalidad de las instituciones jurídicas que sustentan tales normas.
- Segundo. Invalidez del artículo 14, párrafo décimo primero, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Argumenta que dicho precepto al sostener que "Los diputados que hayan sido postulados originalmente por un partido político, sin haber sido militantes de este o, en su caso, de alguno de los partidos políticos coaligados, deberán ser postulados por el mismo partido o, en su caso, por alguno de los integrantes de la coalición, salvo que se desvinculen expresamente por escrito del partido político o coalición que originalmente los postuló antes de la mitad de su mandato", convierte en obligación la potestad de que el partido o alguno de la coalición que originalmente los haya postulado, decida si ha de postular a un mismo legislador, no afiliado, a la elección consecutiva o si, en términos de su democracia interna o cláusulas del convenio, prefiere postular a cualquier otro ciudadano, incluso militante o simpatizante.
- En esa línea, expresa que el verbo "deberán" priva al partido o coalición de su legítimo derecho de optar por buscar una elección consecutiva o una nueva elección a ese cargo popular con militante propio u otra persona ciudadana.
- Por otra parte, señala que si algún partido o coalición decide en ejercicio de su libertad de autodeterminación y autoorganización postular al mismo diputado a la elección consecutiva, pero no es militante de éste, se enfrenta al dilema de poderlo postular si éste "se desvincula" del partido político en algún momento antes de la mitad del mandato, aun cuando luego se llegare a reconciliar políticamente, pues la limitante va más allá del artículo 116, fracción II, párrafo segundo, de la Constitución Federal, que únicamente alude en tal supuesto a los que han sido militantes del partido o de alguno de los de la coalición y por cualquier causa renuncian o pierden dicha militancia en el periodo referido.
- Que del texto constitucional se desprende que la postulación a una diputación a la elección consecutiva por algún partido político que, en lo individual, los hubiere postulado originalmente, o bien por alguno de los partidos de la coalición que los hubiere postulado inicialmente, es potestativa; lo cual se constata con la frase "La postulación sólo podrá", que alude a la regla general de opción respecto de qué partido o coalición pueden hacer tal postulación para una o más reelecciones, y no a que éstos deban postular al mismo candidato a la diputación consecutiva.
- Por otro lado, menciona que el texto supremo también incluye una excepción a la regla de postulaciones para la elección consecutiva de diputaciones aplicable a los militantes de partido, pues cita "salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato", lo que significa que las personas ciudadanas que no estén en el supuesto de renuncia o pérdida de su militancia del partido que los postulará nuevamente a la diputación no tienen tal limitación y pueden libremente ser postuladas a la reelección.
- Concluye que debe declararse la invalidez del artículo 14, párrafo decimo primero, en las porciones normativas que expresan "deberán" y "salvo que se desvinculen expresamente por escrito del partido político o colación que originalmente los postuló antes de la mitad de su mandato"; sin perjuicio de hacer una interpretación conforme en el sentido de que el verbo "deberán" se deba entender en el sentido de potestad, como equivalente a "podrán".
- Tercero. Invalidez del artículo 78, fracción XVIII, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Indica que al establecerse que corresponde al Instituto Estatal llevar a cabo la recepción y trámite de solicitudes de Oficialía Electoral a través de un sistema electrónico; excluye implícitamente la posibilidad de recibir y tramitar las solicitudes dirigidas a dicha oficialía por medios impresos tradicionales o, incluso, verbales o por comparecencia, así como de manera oficiosa, que también debería implementarse en sus actuaciones para la buena marcha del proceso comicial.
- Que si bien dicho mecanismo constituye un avance en la atención de las solicitudes que la autoridad electoral realiza para certificar hechos de naturaleza electoral, lo cierto es que dicha fracción XVIII es deficiente por infra inclusiva, ya que no considera la implementación de un sistema tradicional de recepción de solicitudes de fe pública electoral a través de solicitudes impresas, verbales o por comparecencia y de oficio, que también deben ser atendidas en consideración al derecho de petición en materia política.
- De esta forma, señala que dicho precepto y fracción, no es conforme con lo previsto en el artículo 116, fracción IV, inciso c), punto sexto, de la Ley Fundamental, que ordena garantizar en las Constituciones y Leyes Electorales de los Estados, que los organismos públicos locales electorales cuenten con servicios públicos investidos de fe pública para actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento si bien serán reguladas por la ley, es claro que la Norma Suprema no ordena llevar a cabo la recepción y trámite de solicitudes de Oficialía Electoral únicamente a través de un sistema electrónico, sino que dicha recepción ha de implementarse a través de un sistema integral. - Por consiguiente, considera que la norma controvertida admite interpretación conforme en el sentido de que no únicamente se ha de implementar el sistema electrónico receptor de solicitudes de oficialía electoral, sino también los demás que han quedado señalados; siendo que de no admitirse dicha interpretación, debería declararse la invalidez de la parte que expresa "a través de un sistema electrónico".
- Por último, refiere que, por extensión, se propone hacer también interpretación conforme del contenido de los artículos segundo y tercero transitorios del decreto impugnado, en las porciones relativas a la implementación del sistema electrónico en línea, de manera que se entienda que éste es adicional al sistema de recepción de solicitudes de ejercicio de oficialía electoral, y que en todo caso formará parte de un sistema integral de dicha institución de fe pública electoral, permitiendo solicitudes presentadas de manera tradicional, a la par que las promovidas electrónicamente.
- Cuarto. Invalidez del artículo 105 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Aduce que dicho numeral sustituye las juntas ejecutivas regionales permanentes por unas "oficinas auxiliares" como órganos administrativos regionales temporales, que se integrarán durante el proceso electoral, sin que el legislador les asigne funciones, en tanto permite que éstas las desarrolle el reglamento interior que emita el Consejo General.
- También, precisa que la reducción de plazas tras la desaparición de las juntas ejecutivas regionales permanentes o su transformación austera en "oficinas auxiliares", trastoca y pone en riesgo la operatividad y funcionalidad de las atribuciones del Instituto Estatal, de organizar las elecciones con la mayor eficiencia, pues no hay certeza legal de las atribuciones que han de ejercer.
- De esta forma, indica que el numeral impugnado viola el artículo 41, base V, párrafo primero, incluso el apartado C de la base referida, de la Constitución Federal, toda vez que con la supresión de las juntas ejecutivas regionales permanentes y su sustitución por las oficinas auxiliares, que funcionarán durante el proceso comicial con un presidente y un secretario, no se garantiza el adecuado ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones locales, dado que aun cuando se atiendan las necesidades institucionales "con opinión de los partidos políticos", dicha opinión no es vinculante y puede ser considerada o no, sin que se obligue a la autoridad competente a fundar y motivar la respuesta a estas opiniones.
- Así, señala que serán meras normas administrativas y no legislativas las que regulen la actuación de las oficinas auxiliares, permitiendo el desplazamiento de la ley por un reglamento, no obstante que la función estatal de organizar las elecciones compete al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Instituto local, en los términos que establece la Constitución Federal y, en todo caso, es la ley la que debe determinar las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos electorales, las relaciones de mando entre éstos, y su relación con el INE, siendo que en el caso de las entidades federativas, entre los órganos electorales y el organismo público local.
- Asimismo, refiere que con la creación de oficinas municipales implicará una merma en las capacidades institucionales de organización de los procesos comiciales con un menor número de personal calificado; pues no es óbice el hecho de que los artículos cuarto y quinto transitorios aparentemente prevean la solución a la situación laboral y demás cuestiones relacionadas con el régimen de transición con la transferencia a las oficinas auxiliares, de los activos que estaban asignados a las juntas ejecutivas regionales; sin embargo, el problema es cómo se van a asumir las obligaciones de dichas juntas de duración permanente por unas oficinas temporales, y cómo es que el personal de las primeras pasará a formar parte del personal de las segundas, sin perder derechos y cómo se garantizará un funcionamiento regular.
- Con base en lo anterior, solicita declarar la invalidez del artículo 105 controvertido, y ordenar la reviviscencia de las normas derogadas, esto es, de los numerales 106, 107 y 108.
- Quinto. Invalidez de la derogación de los artículos 106, 107 y 108 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Manifiesta que la desaparición de las juntas ejecutivas regionales permanentes del Instituto Estatal, y su sustitución por oficinas auxiliares, pone en riesgo la operatividad de las atribuciones relativas a la función estatal de organizar las elecciones locales, que el organismo público local debe garantizar en los términos que establece la Constitución Federal, con una adecuada regulación legal, ya que como órganos desconcentrados temporales funcionarán durante los procesos electorales con una integración reducida a presidente y secretario del Consejo Electoral de la demarcación territorial correspondiente, máxime que sus funciones se desarrollarán en el reglamento interior, sin que en los artículos transitorios del decreto controvertido se establezca un plazo límite para su emisión.
- Indica que de la lectura de los artículos derogados, se advierte que regulaban la integración y funcionamiento de las juntas ejecutivas regionales, como órganos de carácter permanente, así como las atribuciones de sus respectivos integrantes; pero al ser sustituidas por las oficinas auxiliares regionales pero temporales, el numeral 105 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado, trasladó esa facultad regulativa a un reglamento interior que emita el Instituto Estatal, con lo que ya no será el legislador ordinario quien emita las disposiciones correspondientes con rango de ley para la organización de los procesos comiciales en ese ámbito territorial de desconcentración, lo que conculca el principio de reserva de fuente que determina el artículo 41, base V, de la Constitución General.
- Asimismo, refiere que el legislador en lugar de modificar los artículos derogados, infringe los principios constitucionales electorales de certeza, legalidad y objetividad. El de certeza, porque no establece las reglas legales que deben regir las funciones de los órganos desconcentrados que entran en sustitución de las juntas ejecutivas regionales, vulnerando los artículos 41, base V, párrafo primero, y 116, fracción IV, inciso b), de la Norma Fundamental, al privar de atribuciones diversas al funcionariado que integraba dichas juntas, con violación a sus derechos humanos laborales.
- Luego, en cuanto al principio de legalidad, señala que dada la derogación no existe garantía formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo, porque el legislador quitó de la ley las normas a que su actuación debía estar sujeta.
- En consecuencia, solicita la reviviscencia de dichos numerales para que puedan ser aplicados en el proceso electoral 2023-2024 en el Estado de Guanajuato, o bien, se ordene al Congreso de la entidad regular adecuadamente su integración y funciones.
- Sexto. Invalidez de los artículos 111, 112 y 133 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Aduce que el diseño normativo de elección de consejeros electorales de los órganos distritales y para la designación de cada presidente de Consejo Distrital, es poco democrático, excluyente y transgrede los principios de universalidad y progresividad de los derechos políticos, porque aun cuando para integrar las listas el Consejo General, mediante convocatoria pública, elige previa evaluación de aspirantes idóneos para el cargo, tal mecanismo reedita la política de cuotas y cuates, supuestamente superada en otros espacios de participación.
- Lo anterior, porque estima que desde el momento en que algún aspirante que no cuente con el apoyo de partido, de algún grupo de la sociedad civil "organizada", o del presidente del Consejo General, ninguna posibilidad tiene de acceder al cargo público electoral, con independencia de su idoneidad, trayectoria y cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para el cargo.
- En ese contexto, advierte la existencia de filtros en el proceso de selección de consejerías electorales y presidencias de los Consejos Distritales del Instituto Estatal, dado que: 1) el presidente del Consejo General es el único que recaba propuestas de aspirantes a consejeros distritales electorales, que forma listas de por lo menos ocho nombres de aspirantes a consejeros electorales en cada distrito, y que propone ternas para que los demás consejeros electorales del citado órgano de dirección puedan elegir entre las propuestas del consejero presidente; 2) los partidos y grupos organizados de la sociedad civil son los legitimados para presentar propuestas; 3) el Consejo General decide en todo caso por el voto de mayoría de sus miembros si se trata de elegir consejerías electorales distritales, o por mayoría de sus miembros presentes si se trata de elegir al presidente de cada Consejo Distrital; 4) Si bien los ciudadanos en forma independiente podrán manifestar su interés en integrar los órganos electorales en el mismo plazo, ello no quita que las propuestas se hacen por los partidos políticos y por grupos organizados de la sociedad civil, sin que diga la ley qué se entiende por tales, siendo el filtro mayor que sólo el presidente del Consejo General
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32188-7d58f3e9/i-accion-de-inconstitucionalidad-en-materia-electoral-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR A TRAVÉS DE ESE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL LAS REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA (P. VII/2009 )
- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO SON LOS ÚNICOS QUE PUEDEN COMBATIR EN ESTA VÍA LEYES ELECTORALES.- (12)
- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. MATERIA ELECTORAL PARA LOS EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO.- (13)
- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO SON LOS ÚNICOS QUE PUEDEN COMBATIR EN ESTA VÍA LEYES ELECTORALES. (55)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis