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Modo: Corpus Pro

BENEFICIARIOS CONTROLADORES. LA OBLIGACIÓN DE LOS NOTARIOS PÚBLICOS DE CONSERVAR Y MANTENER DISPONIBLE LA INFORMACIÓN QUE OBTENGAN DE AQUÉLLOS, NO IMPLICA QUE DEBAN INTEGRARLA COMO PARTE DE SU CONTABILIDAD NI ACTUALIZARLA CON POSTERIORIDAD A SU INTERVENCIÓN (REGLAS 2.8.1.21, FRACCIONES II Y III, Y 2.8.1.23 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2023). BENEFICIARIOS CONTROLADORES. LA REGLA 2.8.1.20 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2023, QUE PREVÉ LOS CRITERIOS QUE SE DEBEN UTILIZAR PARA DETERMINAR E IDENTIFICAR A AQUÉLLOS, RESULTA APLICABLE TANTO A LOS NOTARIOS PÚBLICOS COMO A LAS PERSONAS MORALES, POR LO QUE NO VIOLA EL DERECHO A LA IGUALDAD. BENEFICIARIOS CONTROLADORES. LA REGLA 2.8.1.21 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, AL SEÑALAR QUE LOS NOTARIOS PÚBLICOS DEBEN VERIFICAR Y VALIDAR ADECUADAMENTE AL BENEFICIARIO CONTROLADOR, SÓLO LOS OBLIGA A EMPLEAR LAS MEDIDAS RAZONABLES QUE SE ENCUENTREN A SU DISPOSICIÓN PARA COMPROBAR LA INFORMACIÓN OBTENIDA, POR LO QUE NO VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 766/2023. · Registro digital (IUS): 32216
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-03-08
Promovente: FRANCISCO DANIEL SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Marzo de 2024, Tomo IV, Pág.3413.

AMPARO EN REVISIÓN 766/2023. FRANCISCO DANIEL SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ. 6 DE DICIEMBRE DE 2023. PONENTE: MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: LUIS ENRIQUE GARCÍA DE LA MORA.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al seis de diciembre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el recurso de revisión 766/2023, interpuesto por Francisco Daniel Sánchez Domínguez, en su carácter de titular de la Notaría Pública 117 de la Ciudad de México, en contra de la resolución de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, dictada por el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo indirecto 195/2023.

El problema jurídico a resolver por esta Segunda Sala consiste en determinar la regularidad constitucional de los artículos 32-B Ter, 32-B Quáter y 32-B Quinquies del Código Fiscal de la Federación, así como de las reglas 2.8.1.20, 2.8.1.21, 2.8.1.22 y 2.8.1.23 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda de amparo. El diez de febrero de dos mil veintitrés, Francisco Daniel Sánchez Domínguez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades siguientes:

"3. AUTORIDADES RESPONSABLES:

"a) Servicio de Administración Tributaria.

"b) Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México.

"c) Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

"d) Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

"e) Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.

"4. ACTOS RECLAMADOS:

"a) Del Servicio de Administración Tributaria se reclaman las reglas 2.8.1.20, 2.8.1.21, 2.8.1.22 y 2.8.1.23 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente para el año 2023, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022.

"b) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México se reclaman las reglas la promulgación y la orden de publicación de la ‘RESOLUCIÓN Miscelánea Fiscal para 2023 y sus Anexos 1, 5, 8, 15, 19, 26 y 27’ publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022.

"c) Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se reclama, la promulgación y la orden de publicación ‘DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos’, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2021.

"d) De la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión se reclama, la discusión y aprobación del ‘DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos’, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2021.

"e) De la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se reclama, la discusión y aprobación del ‘DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos’, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2021."

2. Conceptos de violación. En esencia, la parte quejosa hizo valer los siguientes argumentos:

• I. Que el sistema normativo compuesto por las reglas 2.8.1.20, 2.8.1.21, 2.8.1.22 y 2.8.1.23 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente para el dos mil veintitrés, así como por los artículos 32-B Ter, 32-B Quáter y 32-B Quínquies, 84-M y 84-N del Código Fiscal de la Federación son inconstitucionales dado que las reglas referidas han excedido el propósito para el que está previsto la figura del "beneficiario controlador" o "beneficiario final".

• Que las obligaciones que impone a los notarios son cargas excesivas, pues al analizar el sistema normativo se evidencia que las autoridades mexicanas han efectuado una adopción injustificada y carente de razonabilidad de las recomendaciones internacionales en materia de beneficiarios finales, particularmente por cuanto hace a los Notarios Públicos, pues se traduce en una imposibilidad jurídica y material para ellos al momento de recabar la información.

• II. Sostiene que las reglas 2.8.1.20, 2.8.1.21, 2.8.1.22 y 2.8.1.23 de la Resolución Miscelánea exceden lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación, en virtud de que vulneran el principio fundamental de jerarquía normativa.

• Lo anterior porque, en específico, la regla 2.8.1.21 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente para el dos mil veintitrés va más allá de lo establecido en los artículos 30, 32-B Ter, 32-B Quáter y 32-B Quinquies del Código Fiscal de la Federación, al imponer obligaciones adicionales a las ya establecidas a las personas morales, fiduciarias, fideicomitentes, fideicomisarios, notarios, corredores y cualquier otra persona que intervenga en la formación o celebración de contratos o actos jurídicos que den lugar a la constitución de dichas personas o celebración de fideicomisos.

• Ello porque en los artículos 32-B Ter y 32-B Quinquies del Código Fiscal de la Federación, a efecto de obtener y conservar información sobre la identificación de los beneficiarios controladores, las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, según corresponda, los notarios, corredores y cualquier otra persona que intervenga en la formación o celebración de contratos o actos jurídicos que den lugar a la constitución de dichas personas o celebración de fideicomisos o de cualquier otra figura jurídica deberán obtener, conservar y mantener disponible la información fidedigna, completa y actualizada acerca de los datos de la identidad del beneficiario, mientras que la regla 2.8.1.21 los obliga, además, a observar que la referida información sea adecuada y precisa.

• III. Alega que el sistema normativo es inconstitucional porque impone a los contribuyentes diversas obligaciones relativas a la figura jurídica del beneficiario controlador, cuyo incumplimiento se sancionaría con base en lo dispuesto en los artículos 84-M y 84-N del Código Fiscal de la Federación.

• Expone que está prohibida la imposición de penas trascendentales, dado que, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad combatida, puede ser sancionado un contribuyente por las acciones, omisiones e imprecisiones de un tercero.

• Agrega que los notarios públicos se encuentran legalmente impedidos por la Ley del Notariado para la Ciudad de México para negarse a ejercer sus funciones; esto es, que en el supuesto de que un cliente que pretende constituir una persona moral ante un notario se niegue a entregar la información señalada, ello no exime al notario de prestarle los servicios aludidos, por lo que el fedatario en cuestión se encontraría violando una ley, sea la Ley del Notariado para la Ciudad de México o las normas generales reclamadas.

• Además, que el sistema normativo en controversia no supera el test de proporcionalidad, en el entendido de que no existen circunstancias de hecho ni motivación que justifiquen de manera idónea las medidas impuestas en los artículos 32-Ter, 32-Quáter y 32-B Quinquies del Código Fiscal de la Federación.

• IV. Indica que el sistema normativo relativo a la obligación de identificar, obtener, conservar y proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, la información fidedigna, completa y actualizada de los beneficiarios controladores, conculca el principio de seguridad jurídica contenido en el artículo 16 constitucional.

• Que las normas generales sitúan a los destinatarios en incertidumbre jurídica porque les imponen ciertas obligaciones, sin tomar en cuenta que no los dotan de herramientas legales suficientes para su ejecución.

• V. Expone que la Regla 2.8.1.22 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veintitrés viola los derechos fundamentales de intimidad, el honor, la reputación, la vida privada y dignidad humana establecidos tanto en la Constitución como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

• Que dicha regla establece que se deberá de entregar a otros particulares, información y documentación que no guarda relación alguna con la prevención contra el lavado de dinero y blanqueo de activos en general, con lo que se violenta el derecho a la privacidad e intimidad de las personas, pues se establecen los documentos e información que distintos gobernados –entre ellos los fedatarios– deben de recopilar de terceros, para efecto de cumplir con las obligaciones establecidas a su cargo en el sistema normativo.

• Lo anterior porque entre la información que los sujetos de la norma deben obtener y conservar se encuentra la consistente en identificación del cónyuge, concubina o concubinario, alias, sexo, entre otros.

• VI. Sostiene que las normas generales y, en específico la regla número 2.8.1.20 es inconstitucional porque contraviene el derecho de igualdad jurídica, pues prevé un trato distinto a quienes se ubican en el mismo supuesto.

• Que la regla en comento facilita y asegura la identificación del beneficiario controlador para las personas morales y, por tanto, el cumplimiento de sus obligaciones establecidas en el Código Fiscal de la Federación, es decir, que dota de herramientas a las personas morales para identificar a sus beneficiarios controladores, dejando a un lado a las fiduciarias, fideicomitentes, partes contratantes y fedatarios públicos.

3. Turno y admisión. Por cuestión de turno, conoció el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el que en acuerdo de quince de febrero de dos mil veintitrés registró la demanda de amparo indirecto con el número de expediente 195/2023 y la admitió a trámite.

4. Sentencia de amparo. Seguida la secuela procesal, el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, el Juez de Distrito dictó sentencia con el punto resolutivo siguiente:

"ÚNICO. Se sobresee en el juicio."

5. Recurso de revisión. Inconforme, el diecinueve de abril de dos mil veintitrés, Francisco Daniel Sánchez Domínguez por conducto de su autorizado interpuso recurso de revisión.

6. Trámite ante el tribunal colegiado. Del recurso de revisión conoció el Vigésimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el que, en proveído de nueve de mayo de dos mil veintitrés, ordenó el registro del medio de defensa con el expediente 204/2023 y lo admitió a trámite.

7. Revisiones adhesivas. En acuerdos de diecinueve y veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, el órgano colegiado admitió las revisiones adhesivas interpuestas por el Servicio de Administración Tributaria, Secretario de Hacienda y Crédito Público y el Presidente de la República, respectivamente.

8. Sentencia. Seguido el trámite correspondiente, en sesión ordinaria virtual de treinta de agosto de dos mil veintitrés, el tribunal colegiado del conocimiento dictó sentencia que culminó con los siguientes puntos resolutivos:

"PRIMERO. En la materia de la revisión competencia de este tribunal colegiado de circuito, se modifica la sentencia recurrida."

"SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo respecto del Secretario de Hacienda y Crédito Público, así como de los artículos 84-M y 84-N del Código Fiscal de la Federación."

"TERCERO. Remítase los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que, en la materia de su competencia, decida lo que en derecho corresponda conforme a lo resuelto en el último punto considerativo de esta ejecutoria."

9. Trámite ante la Suprema Corte. Por acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, la Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación asumió su competencia originaria para conocer del asunto, registró el amparo en revisión con el expediente 766/2023 y lo admitió a trámite, y turnó el expediente para su estudio a la ponencia de la Ministra Yasmín Esquivel Mossa.

10. Avocamiento. En proveído de veinte de octubre de dos mil veintitrés, el Ministro Presidente de esta Segunda Sala tuvo por recibidos los autos, se avocó al conocimiento del asunto, hizo el registro de ingreso correspondiente y ordenó devolver los autos a la Ponencia para la elaboración del proyecto.

11. Publicación. El proyecto de sentencia fue publicado oportunamente en términos del artículo 73, párrafo segundo, de la Ley de Amparo.

II. COMPETENCIA

12. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente amparo en revisión en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) 81, fracción I, inciso e) y 83 de la Ley de Amparo;(2) y 21, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente.(3) Así como los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General 1/2023(4) emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero de dos mil veintitrés, modificado mediante instrumento normativo de diez de abril de la misma anualidad.

13. No obsta a lo anterior que esta Segunda Sala ya ha definido criterio en torno al sistema normativo reclamado al resolver por unanimidad de votos los amparos en revisión 60/2023(5) y 109/2023(6) y, en función de ello, podría considerarse que la resolución del presente caso corresponde el tribunal colegiado del conocimiento.

14. Al respecto, debe tomarse en consideración que a diferencia de los citados precedentes, en este caso acude como quejoso y recurrente Francisco Daniel Sánchez Domínguez, en su carácter de titular de la Notaría Pública 117 de la Ciudad de México, controvirtiendo las obligaciones que impone el sistema normativo reclamado desde la perspectiva de los notarios públicos, lo cual no fue motivo de particular pronunciamiento en aquellos casos y justifica la intervención de esta Segunda Sala para la resolución del recurso de revisión de que se trata.

15. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.

III. OPORTUNIDAD Y LEGITIMACIÓN

16. Esta Segunda Sala considera innecesario pronunciarse sobre la oportunidad de los recursos, así como de la legitimación de las recurrentes principales y adhesivas, debido a que el tribunal colegiado del conocimiento se ocupó de dichos aspectos.(7)

IV. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA

17. No existen causas de improcedencia pendientes de estudio, ni se advierte de oficio alguna diversa a las ya analizadas por el Vigésimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito.

18. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.

V. PRECISIÓN DE LA LITIS

19. La materia el presente recurso consiste en analizar la regularidad constitucional de los artículos 32-B Ter, 32-B Quáter y 32-B Quinquies del Código Fiscal de la Federación, así como de las reglas 2.8.1.20, 2.8.1.21, 2.8.1.22 y 2.8.1.23 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés, de acuerdo con las obligaciones específicas que imponen a los Notarios Públicos.

20. Cabe destacar que no serán materia de estudio las revisiones adhesivas interpuestas por las autoridades responsables, en el entendido de que sus argumentos, únicamente, estaban encaminados a dar mayor sustento al sobreseimiento decretado por el juzgado. De ahí que su análisis se agotó en la resolución del tribunal colegiado que previno en el conocimiento del asunto.

21. A continuación, se citan las normas generales que integran el sistema normativo reclamado:

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

"Artículo 32-B Ter. Las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, están obligadas a obtener y conservar, como parte de su contabilidad, y a proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, cuando dicha autoridad así lo requiera, la información fidedigna, completa y actualizada de sus beneficiarios controladores, en la forma y términos que dicho órgano desconcentrado determine mediante reglas de carácter general. Esta información podrá suministrarse a las autoridades fiscales extranjeras, previa solicitud y al amparo de un tratado internacional en vigor del que México sea parte, que contenga disposiciones de intercambio recíproco de información, en términos del artículo 69, sexto párrafo del presente Código.

"El Servicio de Administración Tributaria notificará a las personas morales; fiduciarias, fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de los fideicomisos; a las partes contratantes o integrantes en el caso de cualquier otra figura jurídica obligada; así como, a terceros con ellos relacionados, la solicitud de información de sus beneficiarios controladores de conformidad con lo establecido en el artículo 134 del presente ordenamiento. Dicha información deberá ser proporcionada dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de la solicitud. Este plazo se podrá ampliar por las autoridades fiscales por diez días más, siempre y cuando medie solicitud de prórroga debidamente justificada y ésta se presente previo al cumplimiento del plazo anteriormente mencionado.

"Los notarios, corredores y cualquier otra persona que intervenga en la formación o celebración de los contratos o actos jurídicos que den lugar a la constitución de dichas personas o celebración de fideicomisos o de cualquier otra figura jurídica, así como las entidades financieras y los integrantes del sistema financiero para fines de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tratándose de la información relativa a cuentas financieras, estarán obligados con motivo de su intervención a obtener la información para identificar a los beneficiarios controladores y a adoptar las medidas razonables a fin de comprobar su identidad, para proporcionarla al Servicio de Administración Tributaria cuando dicha autoridad así lo requiera, en la forma y términos que dicho órgano desconcentrado determine mediante reglas de carácter general.

"Cuando el Servicio de Administración Tributaria requiera a los sujetos referidos en el párrafo anterior la información relativa a los beneficiarios controladores, el plazo para proporcionarla será el establecido en el segundo párrafo de este artículo. Este plazo se podrá ampliar por la autoridad fiscal por diez días más, siempre y cuando medie solicitud de prórroga debidamente justificada y ésta se presente previo al cumplimiento del plazo anteriormente mencionado.

"Los registros públicos en la Ciudad de México y en los Estados de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro o la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, coadyuvarán con el Servicio de

Administración Tributaria, a través de la celebración de convenios de colaboración o de intercambio de información y en cualquiera otra forma que autoricen las disposiciones aplicables, para corroborar la exactitud y veracidad de la información que sea proporcionada por las personas morales; fiduciarias, fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de los fideicomisos; a las partes contratantes o integrantes en el caso de cualquier otra figura jurídica obligada; terceros con ellos relacionados; personas que intervengan en la celebración de contratos o actos jurídicos, así como entidades financieras e integrantes del sistema financiero relativa a beneficiarios controladores." "Artículo 32-B Quáter. Para efectos de este Código se entenderá por beneficiario controlador a la persona física o grupo de personas físicas que: "I. Directamente o por medio de otra u otras o de cualquier acto jurídico, obtiene u obtienen el beneficio derivado de su participación en una persona moral, un fideicomiso o cualquier otra figura jurídica, así como de cualquier otro acto jurídico, o es quien o quienes en última instancia ejerce o ejercen los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio o en cuyo nombre se realiza una transacción, aun y cuando lo haga o hagan de forma contingente.

"II. Directa, indirectamente o de forma contingente, ejerzan el control de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica.

"Se entiende que una persona física o grupo de personas físicas ejerce el control cuando, a través de la titularidad de valores, por contrato o por cualquier otro acto jurídico, puede o pueden:

"a) Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes.

"b) Mantener la titularidad de los derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del 15 % del capital social o bien.

"c) Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica.

"Tratándose de fideicomisos, se considerarán beneficiarios controladores el fideicomitente o fideicomitentes, el fiduciario, el fideicomisario o fideicomisarios, así como cualquier otra persona involucrada y que ejerza, en última instancia, el control efectivo en el contrato, aún de forma contingente. El Servicio de Administración Tributaria podrá emitir reglas de carácter general para la aplicación de este artículo.

"Para la interpretación de lo dispuesto en este artículo serán aplicables las Recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional y por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales organizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, acorde a los estándares internacionales de los que México forma parte, cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia de las disposiciones fiscales mexicanas."

"Artículo 32-B Quinquies. Las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos; así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, deberán mantener actualizada la información referente a los beneficiarios controladores a que se refiere el artículo 32-B Ter de este Código. Cuando haya modificaciones en la identidad o participación de los beneficiarios controladores, las personas morales; las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos; así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, deberán actualizar dicha información dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que se haya suscitado la modificación de que se trate.

"El Servicio de Administración Tributaria podrá emitir reglas de carácter general para la aplicación de este artículo."

RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA

DOS MIL VEINTITRÉS

"Criterios para la determinación de la condición de beneficiario controlador de las personas morales

"2.8.1.20. Para los efectos del artículo 32-B Ter del CFF, en la identificación de los beneficiarios controladores, las personas morales, deberán aplicar lo dispuesto en el artículo 32-B Quáter, fracciones I y II, incisos a), b) y c) de forma sucesiva, como criterios para su determinación, de tal modo que cuando lo dispuesto en la fracción I del artículo 32-B Quáter del CFF ha sido aplicado, pero no ha resultado en la identificación del beneficiario controlador, se deberá aplicar la fracción II, incisos a), b) y c) de dicha disposición.

"Para efectos de la obtención de la información a que se refiere el artículo 32-B Ter del CFF, las personas morales deberán identificar, verificar y validar la información sobre los beneficiarios controladores, indicando los porcentajes de participación en el capital de la persona moral, incluyendo la información relativa a la cadena de titularidad, en los casos en que el beneficiario controlador lo sea indirectamente. Se entiende por cadena de titularidad el supuesto en que se ostente la propiedad indirecta, a través de otras personas morales.

"Asimismo, las personas morales también deberán identificar, verificar y validar la información relativa a la cadena de control, en los casos en los que el beneficiario controlador lo sea por medios distintos a la propiedad. Se entiende por cadena de control el supuesto en que se ostente el control indirectamente, a través de otras personas morales, fideicomisos o cualquier otra figura jurídica.

"Cuando no se identifique a persona física alguna bajo los criterios establecidos en esta regla, en relación con el artículo 32-B Quáter del CFF, se considerará como beneficiario controlador a la persona física que ocupe el cargo de administrador único de la persona moral o equivalente. En caso de que la persona moral cuente con un consejo de administración u órgano equivalente, cada miembro de dicho consejo se considerará como beneficiario controlador de la persona moral.

"Mecanismos para identificar, obtener y conservar la información actualizada sobre el beneficiario controlador

"2.8.1.21. Para los efectos del artículo 32-B Ter, primer y tercer párrafos del CFF, las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, los notarios, corredores y cualquier otra persona que intervenga en la formación o celebración de contratos o actos jurídicos que den lugar a la constitución de dichas personas o celebración de fideicomisos o de cualquier otra figura jurídica, deberán implementar procedimientos de control internos debidamente documentados. Estos procedimientos serán todos aquellos que sean razonables y necesarios para obtener y conservar la información sobre la identificación de los beneficiarios controladores y se considerarán parte de la contabilidad que el SAT podrá requerir.

"Para efectos de lo establecido en los artículos 32-B Ter y 32-B Quinquies del CFF, a efecto de obtener y conservar información sobre la identificación de los beneficiarios controladores, las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, según corresponda, los notarios, corredores y cualquier otra persona que intervenga en la formación o celebración de contratos o actos jurídicos que den lugar a la constitución de dichas personas o celebración de fideicomisos o de cualquier otra figura jurídica deberán cuando menos:

"I. Identificar, verificar y validar adecuadamente al beneficiario controlador de las personas morales, los fideicomisos y de cualquier otra figura jurídica.

"Para efectos de lo anterior, las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, según corresponda, requerirán de la(s) persona(s) que pueda(n) considerarse como beneficiario(s) controlador(es), conforme a lo dispuesto en el artículo 32-B Quáter del CFF, para que revelen su identidad, y proporcionen la información que se detalla en la regla 2.8.1.22.

"II. Obtener, conservar y mantener disponible la información fidedigna, completa, adecuada, precisa y actualizada acerca de los datos de la identidad del beneficiario controlador y demás datos que se establecen en la regla 2.8.1.22., para lo cual, las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, según corresponda, deben establecer procedimientos para que la(s) persona(s) que pueda(n) considerarse beneficiario(s) controlador(es) les proporcionen información actualizada de su condición como tales, así como que les informen de cualquier cambio en su condición, para estar en aptitud de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 32-B Quinquies, primer párrafo del CFF.

"III. Conservar la información del beneficiario controlador, de la cadena de titularidad y de la cadena de control, la documentación que sirva de sustento para ello, así como la documentación comprobatoria de los procedimientos de control internos a que se refiere el primer párrafo de esta regla, durante el plazo que señala el artículo 30 del CFF.

"IV. Proporcionar, permitir el acceso oportuno de las autoridades fiscales y otorgarles todas las facilidades para que accedan a la información, registros, datos y documentos relativos a los beneficiarios controladores.

"Cuando el SAT requiera de los notarios, corredores y cualquier otra persona que intervenga en la formación o celebración de los contratos o actos jurídicos que den lugar a la constitución de personas morales o celebración de fideicomisos o de cualquier otra figura juríd

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32216-a4cdcc60/beneficiarios-controladores-la-obligacion-de-los-notarios-publicos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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