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EXCEPCIÓN AL SECRETO BANCARIO. ALCANCES DE LA EXPRESIÓN "PARA FINES FISCALES", PREVISTA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 142 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. EXCEPCIÓN AL SECRETO BANCARIO. LA FACULTAD DE LAS AUTORIDADES HACENDARIAS FEDERALES DE REQUERIR INFORMACIÓN BANCARIA PARA COMPROBAR OBLIGACIONES FISCALES, SIN QUE MEDIE AUTORIZACIÓN JUDICIAL, NO VULNERA DESPROPORCIONADAMENTE EL DERECHO A LA VIDA PRIVADA. EXCEPCIÓN AL SECRETO BANCARIO. LA INFORMACIÓN BANCARIA QUE RECABEN LAS AUTORIDADES HACENDARIAS FEDERALES PARA FINES FISCALES PUEDE FORMAR PARTE DE LA DENUNCIA O QUERELLA QUE FORMULEN POR DELITOS COMETIDOS EN CONTRA DEL FISCO FEDERAL, AUN CUANDO NO HAYA SIDO OBTENIDA MEDIANTE CONTROL JUDICIAL PREVIO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 470/2021. · Registro digital (IUS): 32232
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-03-15
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Marzo de 2024, Tomo III, Pág.2300.

AMPARO EN REVISIÓN 470/2021. 11 DE MAYO DE 2022. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y LA MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: EDWIN ANTONY PAZOL RODRÍGUEZ.

Hechos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en el artículo 142, fracción IV, de la Ley de Instituciones de Crédito, requirió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que le enviara información y documentación sobre cuentas bancarias del señor **********, esto en atención al ejercicio de sus facultades de comprobación en materia fiscal.

Una vez que contó con dicha información advirtió la posible existencia del delito equiparable al de defraudación fiscal, pues el señor ********** reportó en su declaración anual del ejercicio fiscal de dos mil trece, ingresos acumulables por concepto de Impuesto Sobre la Renta menores a los que realmente obtuvo en dicho ejercicio, ya que reportó la cantidad de $********** (**********), cuando en realidad generó ingresos acumulables por $********** (**********), con lo que omitió el pago de $********** (**********) por concepto de Impuesto Sobre la Renta, por lo que formuló querella ante el Ministerio Público de la Federación, en la cual adjuntó como datos de prueba la referida información bancaria y se inició la carpeta de investigación **********.

El ministerio público judicializó la carpeta, y en la audiencia inicial aportó como datos de prueba la información bancaria. En audiencia que inició el quince y finalizó el veinte de noviembre de dos mil dieciocho, el Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza, en su carácter de juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra del señor ********** por el delito equiparable al de defraudación fiscal tomando en cuenta la información bancaria aportada por el ministerio público.

El once de diciembre de dos mil dieciocho, el señor ********** promovió juicio de amparo indirecto, considerando como violados en su perjuicio los derechos previstos en los artículos 1o. y 20, apartado B, de la Constitución Política del país, el trece de diciembre de dos mil dieciocho fue admitió por el Juez Segundo de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila. El amparo fue negado y el señor ********** interpuso recurso de revisión que fue remitido a este alto tribunal para resolver sobre la constitucionalidad del artículo 142, fracción IV, de la Ley de Instituciones de Crédito.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión correspondiente al día once de mayo de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el recurso de revisión 470/2021, interpuesto por **********, en contra de la resolución dictada el nueve de septiembre de dos mil diecinueve, por el Juez Sexto de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza, en el juicio de amparo **********.

La cuestión que debe resolver esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en analizar la regularidad constitucional del artículo 142, fracción IV, de la Ley de Instituciones de Crédito,(1) en donde se prevé la facultad de las autoridades hacendarias federales de requerir noticias o información relativa a operaciones y servicios bancarios de clientes y usuarios del sistema financiero con fines fiscales.

I. ANTECEDENTES

1. De acuerdo con las constancias que obran en los autos del juicio de amparo ********** del índice del Juzgado Sexto de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza, se advierten los antecedentes siguientes:

2. Querella. El dieciocho de julio de dos mil diecisiete, el Director General de Delitos Fiscales de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público formuló querella ante el Ministerio Público de la Federación en contra del señor ********** por el delito equiparable al de defraudación fiscal.

3. El querellante atribuye al señor ********** que reportó en su declaración anual del ejercicio fiscal de dos mil trece, ingresos acumulables por concepto de Impuesto Sobre la Renta menores a los que realmente obtuvo en dicho ejercicio, ya que reportó la cantidad de $********** (**********), cuando en realidad generó ingresos acumulables por $********** (**********), con lo que omitió el pago de $********** (**********) por concepto de Impuesto Sobre la Renta.

4. Se acompañaron a la querella, los oficios siguientes:

I. Oficio ********** de quince de mayo de dos mil quince suscrito por la titular de la Dirección General Adjunta de la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, al que anexó información proporcionada por el banco **********, consistente en copia certificada de los estados de cuenta de los meses de enero a diciembre de dos mil trece de las cuentas bancarias ********** y de la tarjeta **********, de los contratos de apertura de crédito de la tarjeta ********** de ocho de septiembre de mil novecientos noventa y ocho y de la tarjeta **********, todos a nombre del señor **********.

II. Oficio ********** de veintidós de mayo de dos mil quince suscrito por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, al que anexó información proporcionada por el **********, consistente en copia certificada de los estados de cuenta de enero a diciembre de dos mil trece emitidos en las cuentas bancarias números **********, ********** y **********, del contrato de apertura ********** de trece de febrero de dos mil cuatro y firmas autorizadas registradas de la misma cuenta, y del contrato de apertura **********, todas a nombre del señor **********.

III. Oficio ********** de veintiséis de octubre de dos mil quince emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, al que anexó la información proporcionada por **********, consistente en copia certificada del contrato de apertura de diecisiete de enero de dos mil once, registro de firmas autorizadas, estados de cuenta correspondientes a los meses de enero a diciembre de dos mil trece todos de la cuenta ********** a nombre del señor **********.

5. Carpeta de investigación. Con los hechos denunciados y los datos de prueba aportados, el agente del Ministerio Público de la Federación inició la carpeta de investigación **********.

6. Solicitud de conducción del imputado al proceso. Por los hechos anteriores, el veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, el Ministerio Público de la Federación solicitó al Juez de Distrito encargado de la Administración del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza, que citara al señor ********** para formularle imputación por el delito de defraudación fiscal equiparable, previsto en el artículo 109, fracción I, y sancionado en el artículo 108, fracción III, ambos del Código Fiscal de la Federación.(2) El Juez advirtió que este último se encontraba interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte en la Ciudad de México con motivo de diverso proceso penal, por lo que solicitó el auxilio de la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur, para la celebración videoconferencia de la audiencia inicial.

7. Audiencia inicial y auto de vinculación a proceso. En audiencia que inició el quince y finalizó el veinte de noviembre de dos mil dieciocho, el Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza, en su carácter de juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra del señor ********** por el delito equiparable al de defraudación fiscal antes descrito y como medida cautelar le impuso prisión preventiva justificada, esto en la causa **********.

8. Lo anterior, al considerar la existencia de datos de prueba que acreditan que probablemente el señor ********** reportó en su declaración anual del ejercicio fiscal de dos mil trece, ingresos acumulables por concepto de Impuesto Sobre la Renta menores a los que realmente obtuvo en dicho ejercicio, ya que reportó la cantidad de $********** (**********), cuando en realidad generó ingresos acumulables por $********** (**********), con lo que omitió el pago de $********** (**********) por concepto de Impuesto Sobre la Renta.

9. Demanda de amparo. El once de diciembre de dos mil dieciocho, el señor ********** promovió juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades y por los actos siguientes:

a) De la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión: los decretos por los que se aprobaron y publicaron los artículos 92 del Código Fiscal de la Federación y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito.(3)

b) De la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión: los decretos por los que se aprobaron y publicaron los artículos 92 del Código Fiscal de la Federación y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito.

c) Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos: la promulgación y publicación de los decretos que adicionaron y modificaron los artículos 92 del Código Fiscal de la Federación y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito.

d) Del Secretario de Gobernación: el refrendo de los decretos que adicionaron y modificaron los artículos 92 del Código Fiscal de la Federación y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito.

e) Del Director del Diario Oficial de la Federación: la publicación de los decretos que adicionaron y modificaron los artículos 92 del Código Fiscal de la Federación y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito.

f) Del Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza, en funciones de juez de control: el auto de vinculación a proceso dictado el veinte de noviembre de dos mil dieciocho emitido en su contra en la causa penal **********.

10. El señor ********** consideró violados en su perjuicio los derechos previstos en los artículos 1o. y 20, apartado B, de la Constitución Política del país. En sus conceptos de violación argumentó, en esencia, lo siguiente:

• Se vulneró el derecho a la defensa, inmediación e igualdad procesal establecidos en su favor en los artículos 4, 9, 10, 17, 113, fracciones IV, VIII y XI, del Código Nacional de Procedimientos Penales(4) y 20, apartado A, fracción II y VI y, apartado B, fracciones III, VI y VIII, constitucional,(5) porque la audiencia inicial fue celebrada por videoconferencia, lo que impidió que el señor ********** asistiera físicamente a la audiencia, en términos de los artículos 56 y 62,(6) del citado ordenamiento, conociera quién lo acusaba y quién resolvería su situación jurídica, consultara la carpeta de investigación y tuviera comunicación con su defensa, oportunidad de controvertir los datos de prueba e interviniera en la audiencia de conformidad con el artículo 66 del código citado;(7) además, no fue posible distinguir a sus intervinientes. Esta circunstancia también conllevó una violación al debido proceso.

• El ministerio público ni el juez de control justificaron la imposición de la prisión preventiva como medida cautelar.

• El artículo 92 del Código Fiscal de la Federación(8) es inconstitucional porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no puede ser considerada víctima al no ser la representante del patrimonio del Estado, sino que le corresponde a la Representación Social de la Federación; asimismo, su reconocimiento con ese carácter implica una desigualdad procesal, porque la persona imputada debe defenderse frente a dos entes del Estado cuyas capacidades materiales y humanas son superiores a la defensa.

• Es relevante el pronunciamiento de la Primera Sala en la contradicción de tesis 53/2005,(9) en la que determinó la improcedencia del juicio de amparo cuando lo promueve la Secretaría de Hacienda y Crédito Público porque las contribuciones que no se entregan al fisco no forman parte de su patrimonio, así como en la jurisprudencia 28/2014,(10) en la que sostuvo que dicha entidad no posee la calidad de víctima u ofendido, porque la querella la formula en su carácter de autoridad fiscal y representante de los intereses patrimoniales del Estado.

• Dado que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no tiene carácter de víctima u ofendido, tampoco tiene derecho a ser acreedora a una reparación del daño y perjuicio mediante el dictado de la sentencia condenatoria, por tanto, la providencia precautoria también es inconstitucional.

• El artículo 92, párrafo cuarto, del Código Fiscal de la Federación es inconstitucional porque impone la obligación al juez penal de fijar por concepto de reparación de daño una cuantía equiparándola al supuesto del daño o perjuicio percibido, contribuciones adecuadas, actualizaciones y recargos,(11) limitando la obligación del juez para salvaguardar el derecho de asequibilidad, reconocido en el artículo 20, apartado A, fracción I, párrafo primero, de la Constitución Política del país.(12)

• El artículo 92, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación, en su texto posterior a la reforma publicada el doce de enero de dos mil dieciséis es inconstitucional.

• El artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito es inconstitucional, porque las facultades de las autoridades dirigidas a garantizar la persecución del delito están condicionadas a la garantía de fundamentación y motivación prevista en el artículo 16 constitucional(13) mediante un mandamiento escrito por autoridad competente, que protege los papeles de las personas de cualquier injerencia arbitraria o abusiva, en los mismos términos lo dispone el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos(14) y la sentencia Escher y otros vs. Brasil de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Citó la tesis de rubro "OBLIGACIONES FISCALES. LA FACULTAD DE LA AUTORIDAD FISCAL PARA REQUERIR A LOS CONTRIBUYENTES LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A SU CUMPLIMIENTO Y SANCIONAR SU INCUMPLIMIENTO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE EN 2010, CONSTITUYE UN ACTO DE MOLESTIA."(15)

• No es impedimento para la afirmación anterior que el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito no contemple de manera expresa la notificación previa al particular en relación con el requerimiento de información de la autoridad fiscal, porque esta disposición debe interpretarse de conformidad con el artículo 16 constitucional.(16) Citó aplicable la tesis de rubro: "INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA."(17)

• La relevancia de la notificación de los actos de molestia es permitir que los particulares se encuentren en aptitud de controvertir dichos actos por vicios propios en los casos de que el mandamiento no esté debidamente fundado y motivado. En términos similares, el artículo 48, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta la reforma del nueve de diciembre de dos mil trece,(18) y el artículo 12 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente vigente(19) prevén la notificación al contribuyente como un requisito y un derecho. Citó aplicable la tesis de rubro: "SECRETO FINANCIERO O BANCARIO. COMO DERECHO A LA PRIVACIDAD ESTÁ PROTEGIDO POR EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PERO CON LAS LIMITACIONES DERIVADAS DE LA NECESIDAD DE SALVAGUARDAR OTROS BIENES O DERECHOS QUE LA MISMA CONSTITUCIÓN ESTABLECE."(20) y "SECRETO FINANCIERO O BANCARIO. ES PARTE DEL DERECHO A LA VIDA PRIVADA DEL CLIENTE O DEUDOR Y, POR TANTO, ESTÁ PROTEGIDO POR LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA EN SU VERTIENTE DE DERECHO A LA PRIVACIDAD O INTIMIDAD."(21)

• Dado que en el caso no se notificó al contribuyente los requerimientos de información sobre sus cuentas bancarias se vulneró el artículo 16 constitucional.(22)

• Los requerimientos de información sobre las cuentas bancarias sin autorización judicial vulneraron el derecho a la exclusión de prueba ilícita los que no pueden considerarse para dictar una resolución, así como las pruebas adquiridas a partir de aquellos con independencia de que la violación de origen haya sido cometida en agravio de una persona distinta. Citó la tesis de rubro: "PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES."(23)

• El acto reclamado contraviene lo decidido por la Primera Sala en el amparo directo en revisión 502/2017,(24) en el que se afirmó que para la medida de aseguramiento debe mediar control judicial porque las facultades del Ministerio Público a la luz de los artículos 21 y 102 de la Constitución(25) no son bastas ni suficientes para conseguir información financiera respecto a cualquier persona, ni de asegurar sus cuentas.

• Se vulneró la cosa juzgada porque la autoridad responsable pasó por alto una determinación firme, dictada en juicio de nulidad ********** de la Primera Sala Regional Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que determinó la nulidad de las facultades de comprobación, en consecuencia, la querella también es nula.

• El juzgador vulneró la garantía de legalidad prevista en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política del país,(26) porque vinculó a proceso al señor ********** sin considerar los argumentos de la defensa respecto a la ausencia de ingresos acumulables por $********** (**********).

• En la querella se reconoce que la autoridad efectuó una retención por concepto de impuesto sobre la renta sobre ciertas cantidades, lo que las excluye como cantidades susceptibles de acumular y/o base gravable para derivar un supuesto impuesto omitido, lo que es congruente con la interpretación del artículo 160 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.(27)

• En el caso, no es técnicamente correcta la aplicación de la determinación presuntiva de ingresos, porque la autoridad fiscal estuvo en aptitud de valorar el contrato que el señor ********** celebró con ********** y de allegarse a diversos mecanismos para conocer el origen y destino de dichas cantidades, lo que no realizó.

• El dictamen técnico contable se emitió en contravención a las disposiciones de la Ley de Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio fiscal de dos mil trece, porque varias cantidades fueron retenidas por el Servicio de Administración Tributaria, por ende, en términos del artículo 160 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio en mención,(28) dichas cantidades tienen el carácter de pago definitivo, por ende, las personas físicas no están obligadas a pagar impuesto anual por estos ingresos, conforme a los artículos 175 y 177, segundo párrafo,(29) de la ley en cita. Además, el señor ********** comprobó el origen de varios depósitos al dar respuesta a requerimientos fiscales, al haberlo hecho, no deben considerarse ingresos obtenidos al ubicarse en la excepción del artículo 106, párrafo sexto,(30) por ende, no le aplica lo dispuesto en el artículo 166,(31) ambos de la ley antes citada.

• Aunque el artículo 106, párrafo sexto, de la Ley de Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio fiscal de dos mil trece,(32) señala que para que no se consideren ingresos las cantidades que se perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros, dichos gastos sean respaldados con documentación comprobatoria a nombre de aquél por cuenta de quien se efectúa el gasto, no establece plazo para hacerlo, la autoridad consideró que el límite para hacerlo era el ejercicio fiscal de dos mil trece; es decir, aplicó un requisito adicional, consistente en el plazo, para determinar que las cantidades recibidas para efectuar gastos por cuenta de terceros son ingresos. 11. Admisión de la demanda de amparo. El trece de diciembre de dos mil dieciocho, el Juez Segundo de Distrito en La Laguna admitió la demanda de amparo con el número **********, solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional.

12. Declinación de competencia. El cuatro de marzo de dos mil diecinueve, el Juzgado Segundo de Distrito en La Laguna declinó competencia al Juez Sexto de Distrito en La Laguna, debido a que fue el órgano que conoció de un juicio de amparo indirecto promovido previamente en contra de un acto derivado de la misma causa penal **********, de la que deriva el acto reclamado que aquí se analiza.

13. Aceptación de competencia. El seis de marzo de dos mil diecinueve, el Juzgado Sexto de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón en el Estado de Coahuila, aceptó la competencia y radicó el juicio de amparo con el número **********.

14. Resolución del juicio de amparo. Seguida la secuela procesal, el diez de junio de dos mil diecinueve, el Juez Sexto de Distrito en La Laguna celebró la audiencia constitucional y dictó sentencia, la cual se terminó de engrosar el nueve de septiembre del citado año, en la que negó el amparo. En relación con la constitucionalidad del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, el Juez de Distrito manifestó lo siguiente:

a) El derecho al secreto bancario no es absoluto, sino que permite restricciones, lo que es válido porque en relación con este derecho coinciden intereses adicionales a los de los titulares de las cuentas, lo que obliga a la comunicación o divulgación de la información bancaria en supuestos en los que se justifique.

b) El derecho a la vida privada y al secreto bancario admiten restricciones previstas en ley, que persigan un fin legítimo y que cumplan con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

c) Se cumple la finalidad constitucional porque la norma determina que es exclusivamente para fines fiscales y para las conductas delictivas que señala la Ley de Instituciones de Crédito, por tanto, se circunscribe a la investigación, fiscalización o comprobación de las obligaciones fiscales del titular, con el fin de evitar delitos en la materia, lo que se logra sólo si se facilita a la autoridad especializada que tenga las herramientas necesarias para la búsqueda de la información.

d) Es válido que la legislación prevea los mecanismos que permitan combatir las actuaciones de los particulares que puedan encaminarse a eludir la obligación prevista en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución,(33) que está ligada a un principio de responsabilidad social para cumplir fines constitucionales. Consideró aplicable la tesis de rubro: "OBLIGACIONES FISCALES. EL COMBATE A CONDUCTAS TENDENTES A SU EVASIÓN, FRAUDES O ACTOS ILÍCITOS ES CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDO."(34)

e) En cuanto a la idoneidad, en la exposición de motivos del artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, el legislador caracterizó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como garante del sistema tributario, por tanto, es inconcuso que se le otorguen determinadas facultades para lograr ese cometido.

f) Con esta facultad, el secreto bancario no se elimina de forma absoluta, pues no se divulga información bancaria del contribuyente públicamente, sino que una entidad especializada en ejercicio de sus funciones realiza la investigación pertinente cuando la información con la que cuente deba ser corroborada por el sistema bancario.

g) En relación con la necesidad, se satisface en atención al fin inmediato que persigue, pues las autoridades hacendarias están obligadas a combatir la evasión y defraudación fiscal y, por ende, no se debe permitir que en aras de salvaguardar una intromisión a los domicilios y/o papeles de los gobernados se les facilite a los contribuyentes una exención de revisión cuando se trate de operaciones bancarias.

h) En cuanto a la ponderación o proporcionalidad, se cumple porque existe una correspondencia proporcional mínima entre el medio elegido y el fin buscado, al permitir a la autoridad hacendaria contar con la facultad de solicitar información a las instituciones bancarias, podrá tener un mejor registro de la recaudación de cada impuesto en aras de evitar los acreditamientos ficticios y la evasión fiscal.

i) La Secretaría de Hacienda y Crédito Público no sólo está facultada para proceder como lo hizo, sino que esa restricción es admisible, necesaria, idónea y proporcional.

15. Recurso de revisión. Inconforme, el señor ********** interpuso el recurso de revisión el veintisiete de enero de dos mil veinte. Reiteró como agravios los conceptos de violación en relación con el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito.

16. Resolución del Tribunal Colegiado de Circuito. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito conoció del recurso bajo el toca **********. En sesión de treinta de septiembre de dos mil veintiuno dictó resolución en la que determinó que no había causa de improcedencia pendiente de analizar y reservó jurisdicción a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en términos del artículo 83 de la Ley de Amparo(35) para conocer del planteamiento de inconstitucionalidad del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito.

17. Trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Presidente de esta Suprema Corte determinó que este alto tribunal asume su competencia para conocer del recurso de revisión, ordenó su registro con el número 470/2021 y turnó el asunto a la Ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para la elaboración del proyecto de resolución respectivo, esto mediante auto de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno.

18. La Presidenta de esta Primera Sala recibió el expediente, señaló que la Sala se avocaba al conocimiento del asunto y ordenó el envío del mismo asunto a su Ponencia mediante auto de quince de febrero de dos mil veintidós.

II. COMPETENCIA

19. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente amparo en revisión, en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en materia de amparo penal, en un juicio de amparo indirecto en el que se impugnó la constitucionalidad del artículo 142, fracción IV, de la Ley de Instituciones de Crédito, cuyo análisis de constitucionalidad subsiste, lo que ocasiona que esta Suprema Corte reasuma su competencia originaria para conocer del asunto, sin que se considere necesaria la intervención del Tribunal Pleno.(36)

III. OPORTUNIDAD Y LEGITIMACIÓN

20. Debido a que el Tribunal Colegiado del conocimiento admitió el recurso de revisión, resulta innecesario pronunciarse sobre la oportunidad y legitimación del recurrente, pues el tema ya fue analizado.

IV. PROCEDENCIA DEL RECURSO

21. Esta Primera Sala considera que el presente asunto satisface los requisitos de procedencia a los que hacen alusión los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política del país y 83 de la Ley de Amparo, así como a lo establecido en el punto Primero del Acuerdo 5/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que el recurso se promovió en contra de una sentencia dictada en audiencia constitucional en la que el Juez de Distrito negó el amparo en relación con el artículo 142, fracción IV, de la Ley de Instituciones de Crédito. Por su parte, el Tribunal Colegiado reservó jurisdicción a esta Suprema Corte para que se pronunciara en la materia de su competencia.

V. ESTUDIO DE FONDO

22. Esta Primera Sala se ocupará de la cuestión de constitucionalidad materia de su competencia, esto es, del análisis de constitucionalidad únicamente de la fracción IV, del artículo 142, de la Ley de Instituciones de Crédito, en donde se prevé la facultad de las autoridades hacendarias federales de requerir noticias o información relativa a operaciones y servicios bancarios de clientes y usuarios del sistema financiero, pero únicamente para "fines fiscales".

23. Por cuestión de método, primero se retoman los antecedentes del caso, para luego entrar al estudio de los argumentos esgrimidos en contra de la regularidad constitucional del artículo de la Ley de Instituciones de Crédito.

24. Como antecedentes del presente asunto tenemos los siguientes:

i. De la grabación de la audiencia inicial, se tiene que las partes refirieron que en ejercicio de las facultades de comprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ésta requirió, con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y mediante oficios a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información y documentación de las cuentas bancarias a nombre del señor **********.

ii. La solicitud anterior trajo como consecuencia que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y otras autoridades de esta institución remitieran, a través de diversos oficios, la información financiera del señor ********** que, a su vez, le fue remitida por los bancos **********.

iii. Con la documentación obtenida, el Director General de Delitos Fiscales de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público formuló querella ante el Ministerio Público de la Federación en contra del señor ********** por los delitos de defraudación fiscal equiparada.

iv. El querellante atribuye al señor ********** que reportó en su declaración anual del ejercicio fiscal de dos mil trece ingresos acumulables por concepto de Impuesto Sobre la Renta menores a los que realmente obtuvo en dicho ejercicio, ya que reportó la cantidad de $********** (**********), cuando en realidad, generó $********** (**********), con lo que omitió el pago de $****

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32232-ad72e9d7/excepcion-al-secreto-bancario-alcances-de-la-expresion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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