Corpus
Modo: Corpus Pro

TRABAJADORES DE BASE. EL REQUISITO DE ESTAR EN SERVICIO POR SEIS AÑOS Y SEIS MESES PARA OTORGARLES NOMBRAMIENTO DEFINITIVO VIOLA EL DERECHO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO (ARTÍCULO 7 DE LA LEY PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4522/2023. · Registro digital (IUS): 32365
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-04-19
Promovente: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Abril de 2024, Tomo II, Pág.2261.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4522/2023. SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO. 17 DE ENERO DE 2024. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LENIA BATRES GUADARRAMA, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIA: ELIZABETH MIRANDA FLORES.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: Una trabajadora demandó de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco su reinstalación y el pago de diversas prestaciones más derivadas del despido injustificado que sufrió. Seguido el juicio en todas sus etapas, el Tribunal laboral dictó laudo en el que, por una parte, condenó a la demandada a reinstalar a la parte actora y al pago de salarios vencidos, aguinaldo, prima vacacional y aportaciones y, por otra, la absolvió del resto de las prestaciones reclamadas.

Inconforme, la demandada promovió juicio de amparo directo y el Tribunal Colegiado de Circuito le otorgó el amparo para el efecto de que la responsable dejara insubsistente el laudo reclamado y dictara otro en el que, partiera del hecho de que es improcedente el otorgamiento del nombramiento definitivo y resolviera, con libertad de jurisdicción, respecto al despido injustificado alegado y las prestaciones posteriores a esa fecha, reiterando lo que no fue materia de la concesión.

Inconforme, la parte actora en su carácter de tercera interesada interpuso recurso de revisión mediante el cual planteó, en esencia, que el artículo 7 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y su Municipios contraviene el derecho a la estabilidad en el empleo de los servidores públicos. Asimismo, alegó que se transgrede el principio pro persona previsto en el artículo 1 constitucional, puesto que el órgano de amparo no consideró que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado prevé un plazo menor al establecido en el precepto impugnado para obtener la estabilidad referida.

Ver índice temático

Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diecisiete de enero de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 4522/2023, promovido en contra de la sentencia dictada en sesión del seis de junio de dos mil veintitrés por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en el juicio de amparo directo 811/2022.

El problema jurídico que la Segunda Sala debe resolver consiste en determinar si el artículo 7 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y su Municipios es contrario al derecho a la estabilidad en el empleo de los servidores públicos.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Juicio laboral. Josefina García Álvarez demandó de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco su reinstalación en el puesto que ocupaba, el otorgamiento de nombramiento definitivo y el pago de diversas prestaciones más derivadas del despido injustificado.

2. En el capítulo de hechos de su demanda, relató que comenzó a prestar sus servicios a partir del uno de junio de dos mil trece, en la categoría de "administrativo especializado", señaló que se le otorgaron diferentes nombramientos temporales de forma ininterrumpida, hasta el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, en que fue despedida.

3. Al contestar la demanda, el titular demandado negó el despido, aduciendo que la relación de trabajo terminó en virtud de que el último nombramiento que se le otorgó llegó a su fin el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, lo que se le notificó mediante oficio que le fue entregado el diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Por tanto, al ostentar nombramiento temporal, la trabajadora carecía de estabilidad en el empleo.

4. En relación con el capítulo de hechos, agregó que es cierto que la actora comenzó a laborar desde el uno de junio de dos mil trece en la categoría de "técnico especializada A", pero que a partir del dieciséis de febrero de dos mil dieciocho se le otorgó diverso nombramiento como administrativo especializado, categoría que ocupó hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte. Por tanto, señaló, es imposible que a partir de esa data hayan pasado seis años y medio ininterrumpidos, en términos de lo previsto en los artículos 6 y 7 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y Municipios.

5. Conoció del asunto el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, el que lo registró con el número de expediente 89/2021 y, seguido el juicio en todas sus etapas, dictó laudo en el que, por una parte, condenó a la demandada a reinstalar a la parte actora y al pago de salarios vencidos, aguinaldo, prima vacacional y aportaciones y, por otra, la absolvió del pago de vacaciones, estimulo de servidor administrativo y aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social.

6. Demanda de amparo directo. Inconforme, la demandada promovió juicio de amparo mediante el cual planteó diferentes conceptos de violación, entre otros, resulta oportuno destacar los siguientes:

• En el primer concepto de violación planteó que la responsable realizó una indebida interpretación de los artículos 6 y 7 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, al otorgarle un nombramiento definitivo a la actora.

• Lo anterior, debido a que el último dispositivo legal en cita establece que la temporalidad de seis años y medio para obtener la inamovilidad en el empleo debe computarse en el mismo cargo o puesto que el servidor público pretende que sea definitivo, porque sólo así se tiene la certeza de que el trabajador aspirante cubre el perfil necesario para el puesto. Sin embargo, en el caso, la parte actora ostentó dos cargos diferentes en la Secretaría, a saber: técnica especializada "A" y administrativa especializada.

• En el segundo concepto de violación planteó que la responsable realizó una indebida interpretación del artículo 7 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, al determinar que basta una antigüedad genérica para obtener la definitividad en el empleo. Ello de acuerdo con los razonamientos siguientes:

a) Que la normatividad en cita habla de "nombramiento", lo que destaca que está en singular, es decir, no habla de pluralidad de nombramientos. Por lo que al haberlo determinado en tales términos el legislador, no hay cabida para que el Tribunal distinga lo contrario.

b) Que la exposición de motivos de la reforma a la ley en consulta acaecida el veintiséis de septiembre de dos mil doce, mediante DECRETO 24121/LXI/12, vislumbra que la temporalidad de seis años y seis meses, para obtener la inamovilidad en el empleo, tiene como objeto combatir el nepotismo y favoritismo; por cuanto a que las Administraciones Estatales tienen una duración de seis años, de ahí que el trabajador tendrá que permanecer seis meses más en el puesto, una vez terminada la Administración que le otorgó el nombramiento temporal, para comprobar que satisface el perfil y sea la Administración entrante la que le otorgue el nombramiento definitivo.

c) Que no hay cabida a interpretar que el precepto 7 de la ley burocrática de la entidad, al que se ha hecho alusión, hable de antigüedad genérica; por cuanto a que cada puesto requiere de habilidades y perfiles específicos, de ahí que sea necesario que la totalidad del plazo de seis años y seis meses sea computada en el mismo puesto. Argumenta que una persona puede ser un excelente intendente y ello no significa que será un excelente personal administrativo; empero, de pensar que basta la antigüedad genérica para obtener la definitividad en el último cargo, tal persona bien puede ser intendente seis años y sólo tener seis meses en el puesto de operativo, y, con base en la antigüedad genérica obtener la inamovilidad en el último empleo, a pesar de no cumplir necesariamente con el perfil.

• En el tercer concepto de violación señaló que la autoridad responsable soslayó que la trabajadora no reúne los requisitos de los artículos 6 y 7 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, porque la categoría del nombramiento de técnica especializada "A", que tuvo la actora, es de confianza, y los preceptos en cita establecen que la categoría del nombramiento cuya definitividad se pretende, debe ser de base.

Por lo que consideró que la temporalidad de ese nombramiento no puede ser computada en la antigüedad genérica y sólo puede tomarse en consideración para calcular ésta, el diverso nombramiento de administrativo especializado, que sí tiene la calidad de basificable.

• En el cuarto concepto de violación alegó que resultaba inaplicable la jurisprudencia de rubro: "SERVIDORES PÚBLICOS DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. NOMBRAMIENTO QUE DEBE TOMARSE EN CUENTA PARA DETERMINAR SI TIENEN DERECHO O NO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO.",(1) que invocó el responsable en el laudo; ya que dicho criterio analizó la ley burocrática estatal vigente hasta el diecisiete de enero de mil novecientos noventa y ocho, que sí contemplaba el derecho a la estabilidad en el empleo en favor de los trabajadores de confianza.

7. Sentencia del Tribunal Colegiado. El órgano de amparo dictó sentencia mediante la cual le otorgó la protección constitucional a la quejosa, ello bajo las siguientes consideraciones:

• Precisó que omitiría el análisis de los conceptos de violación tres y cuatro, dado que los primeros dos motivos de disenso son aptos y suficientes para conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que se le absuelva a la secretaría justiciable, por el otorgamiento de un nombramiento definitivo a la actora.

• Calificó como fundados los conceptos de violación uno y dos, toda vez que no se podía contabilizar una antigüedad genérica para efectos del cómputo previsto en el precepto 7 de la ley burocrática estatal, para el otorgamiento de la definitividad en un nombramiento; ello en virtud de que dicho plazo requiere de una antigüedad de categoría, es decir, que debe computarse en el mismo puesto cuya definitividad se pretende y, en la especie, la actora contó con dos cargos diferentes mientras se extendió naturalmente el nexo laboral, cada cual que generó una antigüedad de categoría diferente.

• Para sustentar lo anterior, retomó el criterio sostenido por este Alto Tribunal en las jurisprudencias de rubros: "ANTIGÜEDAD DE EMPRESA Y ANTIGÜEDAD DE CATEGORIA."(2) y "ANTIGÜEDAD, CONCEPTOS DE LA.",(3) de las cuales se desprende que distinciones o clases de antigüedad, a saber: la primera, la antigüedad de empresa o genérica, que adquieren los trabajadores desde el primer día de servicios y que se va acumulando día con día mientras la relación contractual esté vigente; mientras que, la segunda, es denominada de categoría, ya sea en profesión u oficio, que concierne al lugar que tiene el trabajador en el escalafón de la fuente de trabajo, cuya utilidad es servir de base para obtener los ascensos respectivos.

• Precisó que, el Tribunal responsable advirtió que a la parte actora se le expidió el nombramiento como técnico especializado "A" y que luego se le confirió el de administrativo especializado, lo cual fue corroborado por las manifestaciones de la parte demandada. Por ello, determinó que no podía soslayarse que se trataba de un solo vínculo laboral, pues con independencia de que se hubieran prestado los servicios físicos y subordinados en dos puestos diferentes y bajo diversos periodos de contratación, se estaba ante un mismo patrón, existiendo consecuentemente una antigüedad genérica, dado que ésta se computó de manera acumulativa mientras se extendió la relación de trabajo, esto es, desde el primer nombramiento.

• También refirió que, la responsable que para determinar si la trabajadora adquirió o no el derecho a la definitividad del empleo hasta la terminación del último cargo, debía tomarse en cuenta el primero de tales nombramientos, tomando en cuenta la continuación del vínculo de trabajo y al haber existido una sola relación jurídica que se prolongó en el tiempo, por virtud de su permanencia y continuidad en el servicio.

• Determinó que la conclusión referida resultaba ilegal, puesto que no se puede contabilizar una antigüedad genérica para efectos del cómputo previsto en el precepto 7 de la ley burocrática estatal, para el otorgamiento de la definitividad en un nombramiento; en virtud de que dicho lapso se refiere a una antigüedad de categoría, es decir, que debe computarse en el mismo puesto cuya definitividad se pretende y, en la especie, la actora contó con dos cargos diferentes mientras se extendió naturalmente el nexo laboral, cada cual que generó una antigüedad de categoría diferente.

• Para sustentar lo anterior, hizo referencia al contenido de los artículos 2, 3, fracción II, inciso b), 6 y 7 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, precisando que del último precepto referido se desprende que los servidores públicos, con nombramiento temporal por tiempo determinado que la naturaleza de sus funciones sean de base, que estén en servicio por seis años y medio consecutivos o por nueve años interrumpidos en no más de dos ocasiones por lapsos no mayores a seis meses, tendrán derecho a que se les otorgue nombramiento definitivo.

• Después de analizar el contenido normativo del precepto en cuestión, concluyó que, para el otorgamiento de la definitividad en un nombramiento debe transcurrir alguno de los plazos ahí previstos, ocupándose el mismo puesto cuya definitividad se pretende; pues sólo así se tiene la certeza de que la persona interesada cumple con el perfil del puesto.

• En tal virtud, señaló que si en el caso, la parte actora pretendía la definitividad en el puesto de administrativo especializado, tendiendo una antigüedad en tal cargo, menor a seis años y seis meses; y, de acuerdo con las consideraciones anteriores, sólo puede ser contabilizado en el cómputo previsto en el artículo 7 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, el tiempo en el que la servidor público actora desempeñó dicho puesto; en consecuencia, resultaba improcedente la acción ejercida respecto al otorgamiento de un nombramiento definitivo.

• Por tanto, se otorgó la protección constitucional a la quejosa para los siguientes efectos.

a) Deje insubsistente el laudo reclamado.

b) Dicte uno nuevo en el que, con base en las consideraciones vertidas en la sentencia proceda a absolver a la parte demandada del otorgamiento del nombramiento definitivo pretendido por la tercera interesada, al ser indubitable que no se computó el plazo de seis años y seis meses.

c) Hecho lo cual, con libertad de jurisdicción, pero partiendo de la premisa que es improcedente el otorgamiento del nombramiento definitivo, al tenor de lo señalado en el punto anterior, resuelva con libertad de jurisdicción respecto al despido injustificado alegado y las prestaciones posteriores a esa fecha.

d) Reitere aquellas consideraciones desvinculadas de las medidas restaurativas de los derechos humanos de la secretaría quejosa.

8. Recurso de revisión. En contra de la sentencia referida, la parte tercera interesada interpuso dicho medio de impugnación a través del cual planteó, en esencia, los agravios siguientes:

• En el primer agravio plantea que la interpretación que realizó el órgano colegiado respecto del artículo 7 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y su Municipios transgrede lo dispuesto en el artículo 123 apartado B, fracción VIII, de la Constitución Federal, así como en el numeral 7 inciso c), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

• En efecto, el órgano de amparo determinó que para lograr el otorgamiento de la definitividad en un nombramiento, se debe de considerar la antigüedad de categoría y no una antigüedad genérica, sin considerar que el precepto constitucional citado otorga al trabajador el derecho de que se tomen en cuenta los conocimientos, aptitudes y antigüedad para ocupar nuevas plazas o vacantes dentro de la misma administración pública, sin que por ello se modifiquen sus derechos adquiridos, que por razón de su contratación puedan ser afectados.

• Por otro lado, precisa que el numeral del instrumento internacional citado reconoce al sistema escalafonario como un derecho en el trabajo, en el cual se pueda estipular una profesionalización de los servidores públicos, ello para lograr un desarrollo económico, social y cultural, en la que se garantice los derechos fundamentales de los servidores públicos.

• De ese modo, señala que la temporalidad exigida por el artículo 7 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y su Municipios contraviene la estabilidad en el empleo de los servidores públicos, pues el hecho de exigir seis años y seis meses para poder lograr dicha estabilidad, no cuenta con una razonabilidad adecuada, dado que, dentro de la exposición de motivos se estipuló, que, dicho razonamiento se daba, porque las administraciones públicas, en el ámbito estatal, duraban seis años y por lo tanto era el tiempo en que posiblemente dicho servidor público pueda demostrar su valía y la necesidad que el puesto tenía hacía dicha persona en una administración pública y que al haber un cambio en dicha administración pública, era necesario que dicha valía se siguiera demostrando con la nueva administración pública, por otros seis meses, para que con ello, se pueda justificar el otorgamiento de dicho nombramiento definitivo.

• Dicha circunstancia resulta contraria al principio de plazo razonable previsto en el artículo 2.2 inciso b) del Convenio 158 respecto de la Terminación de la Relación de Trabajo que, si bien no ha sido ratificado por nuestro país estado, lo cierto es, que dentro del Caso Lagos del Campo vs. Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, utilizó de referencia dentro de sus párrafos 147 y 148.

• En el segundo agravio plantea que la sentencia recurrida resulta contraria al principio pro persona previsto en el artículo 1, párrafo segundo, de la Constitución Federal, que obliga a los órganos judiciales a realizar una interpretación de las normas legales que contengan derechos humanos y la cual resulte más favorable al servidor público trabajador.

• En efecto, en el caso, el órgano colegiado determinó que es necesario que el servidor público deba de estar seis años y medio en el mismo puesto para que este pueda obtener una estabilidad en el empleo, sin considerar que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (misma que resulta supletoria conforme a lo dispuesto en el artículo 10, fracción II, de la Ley Burocrática Estatal) prevé un plazo mucho menor para obtener dicho beneficio (seis meses), esto es, otorga un mayor beneficio a la parte trabajadora y, por tanto, resulta más favorable la aplicación del segundo ordenamiento legal referido.

9. Trámite ante esta Suprema Corte. Por acuerdo de diez de julio de dos mil veintitrés, la Presidenta de este Alto Tribunal formó el expediente relativo al presente asunto, lo turnó al Ministro Javier Laynez Potisek y ordenó su remisión a la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en virtud de que la materia del asunto corresponde a su especialidad.

10. Avocamiento. Por acuerdo de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, el Presidente de la Segunda Sala instruyó el avocamiento del presente asunto y ordenó enviar los autos al ponente para la elaboración del proyecto de resolución y se diera cuenta del mismo a la respectiva Sala.

11. Publicación. El proyecto de sentencia se publicó oportunamente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, párrafo segundo y 184, párrafo primero, de la Ley de Amparo.

I. COMPETENCIA 12. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de este recurso de revisión en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II y 96, de la Ley de Amparo; 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno y los puntos Segundo y Tercero del Acuerdo General número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, por tratarse de un recurso de revisión en amparo directo sin que se considere necesaria la intervención del Pleno para su resolución.

13. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek (ponente) y Presidente Alberto Pérez Dayán.

II. OPORTUNIDAD

14. Tal como se advierte de la lectura de las constancias, la sentencia del tribunal colegiado le fue notificada mediante lista electrónica por medio del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a la parte tercera interesada el veinte de junio de dos mil veintitrés, por lo que dicha notificación surtió efectos al día siguiente, es decir, el veintiuno del mes y año referidos. Por lo tanto, el plazo establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión transcurrió del veintidós de junio al cinco de julio de dos mil veintitrés, descontándose los días veinticuatro y veinticinco de junio y uno y dos de julio, todos del año referido, por haber sido sábados y domingos en términos de los artículos 19 de la Ley de Amparo y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

15. Por lo tanto, si el escrito de recurso de revisión se presentó vía electrónica el dos de julio de dos mil veintitrés mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se concluye que el recurso se interpuso de forma oportuna.

16. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek (ponente) y Presidente Alberto Pérez Dayán.

III. LEGITIMACIÓN

17. Esta Suprema Corte advierte que el presente medio de impugnación fue promovido por parte legitimada para ello, ya que fue interpuesto por Raúl Arellano Guzmán en su calidad de apoderado de la tercera interesada Josefina García Álvarez, tal como lo reconoció el órgano colegiado del conocimiento mediante acuerdo de cuatro de julio de dos mil veintitrés.

18. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek (ponente) y Presidente Alberto Pérez Dayán.

IV. ESTUDIO DE PROCEDENCIA DEL RECURSO

19. Esta Suprema Corte considera que el asunto sí reúne los requisitos necesarios de procedencia y, por lo tanto, amerita un estudio de fondo. Esta conclusión se sustenta en las siguientes razones:

20. El recurso de revisión en el juicio de amparo directo se encuentra regulado en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo, y 21, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Punto Segundo, fracción III, inciso b) y Tercero del Acuerdo General Número 1/2023 emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(4) vigente a la fecha de interposición del presente recurso.

21. De la lectura de los preceptos mencionados se desprende que las resoluciones en juicios de amparo directo que emitan los tribunales colegiados de circuito no admiten recurso alguno, salvo que se presenten las siguientes excepciones:

a) Que subsista el problema de constitucionalidad de leyes;

b) Cuando en la sentencia impugnada se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, o

c) Cuando el tribunal colegiado de circuito omita pronunciarse en cualquiera de las materias precisadas en los anteriores incisos, no obstante que en los conceptos de violación se haya planteado la inconstitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto constitucional.

22. Adicionalmente, para efectos de la procedencia del recurso debe analizarse si los referidos temas de constitucionalidad entrañan la fijación de un criterio de interés excepcional, que se actualizan:

a) Cuando se trate de la fijación de un criterio novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional, o

b) Cuando las consideraciones de la sentencia recurrida entrañen el desconocimiento u omisión de los criterios emitidos por la Suprema Corte referentes a cuestiones propiamente constitucionales.

23. Como se señaló, el once de marzo de dos mil veintiuno se reformó el artículo 107, fracción IX, constitucional, que ahora establece para la procedencia del recurso de revisión en amparo directo, que procede ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando a su juicio revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.

24. De la exposición de motivos respectiva se obtiene que dicha reforma tuvo como propósito apuntalar el rol de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como tribunal constitucional, permitiendo que enfoque sus energías únicamente en los asuntos más relevantes para el orden jurídico nacional.

25. Es decir, se modificó la fracción IX del artículo 107 constitucional en el sentido de darle mayor discrecionalidad para conocer del recurso de revisión en amparo directo, únicamente cuando a su juicio el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.

26. Por lo que se fortaleció la naturaleza excepcional del recurso de revisión tratándose de juicios de amparo directo. Es decir, que por mandato constitucional se reservó la posibilidad de recurrir a las sentencias dictadas por un Tribunal Colegiado de Circuito únicamente en los casos en que subsista un genuino problema de constitucionalidad, lo que excluye la posibilidad de revisar los problemas jurídicos de mera legalidad en los cuales los referidos órganos colegiados son terminales.

27. De ese modo, esta Segunda Sala considera que en el caso se satisface el primer requisito para la procedencia de este recurso, ya que subsiste un planteamiento de constitucionalidad, esto es, la parte tercera interesada a través de su escrito de agravios planteó la inconstitucionalidad del artículo 7 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y su Municipios, pues considera que transgrede lo dispuesto en los artículos 123, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Federal y 7 inciso c), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

28. Además, por lo que hace al segundo de los requisitos mencionados, se advierte que el asunto reviste de un interés excepcional porque el análisis en cuestión implica que esta Sala determine si la temporalidad exigida por el precepto impugnado contraviene el derecho a la estabilidad en el empleo de los servidores públicos, esto es, si resulta razonable que la norma exija que los trabajadores de base al servicio del Estado tengan que cumplir con una antigüedad de seis años y seis meses para que adquieran el derecho a la estabilidad en el empleo.

29. Planteamiento que satisface el segundo requisito en mención, porque implica analizar cuál es el requisito de temporalidad constitucionalmente válido que puede exigirse a los trabajadores de base, a efecto que puedan adquirir el derecho a la estabilidad en el empleo, respecto del cual, además, no existe un pronunciamiento por parte de este Alto Tribunal y, por ende, podría generar un precedente obligatorio en torno a dicha temática.

30. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek (ponente) y Presidente Alberto Pérez Dayán.

V. ESTUDIO

31. La materia del presente recurso de revisión consiste en determinar la constitucionalidad del artículo 7 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y su Municipios, cuyo contenido es el siguiente:

"Artículo 7. Los servidores públicos, con nombramiento temporal por tiempo determinado que la naturaleza de sus funciones sean de base, que estén en servicio por seis años y medio consecutivos o por nueve años interrumpidos en no más de dos ocasiones por lapsos no mayores a seis meses, tendrán derecho a que se les otorgue nombramiento definitivo; a excepción de los relativos al Poder Legislativo y a los municipios, a quienes se les otorgará dicho nombramiento cuando estén en servicio por tres años y medio consecutivos o por cinco años interrumpidos en no más de dos ocasiones por lapsos no mayores a seis meses. Quien otorgue un nombramiento definitivo a quien no reúna el tiempo que establece este párrafo será sujeto de responsabilidad penal y administrativa, en los términos de la legislación de la materia.

"El derecho obtenido por los servidores públicos en los términos del párrafo anterior deberá hacerse efectivo de inmediato, mediante la asignación de la plaza vacante correspondiente o la creación de una nueva, y a más tardar en el siguiente ejercicio fiscal; siempre y cuando permanezca la actividad para la que fueron contratados, se tenga la capacidad requerida y cumplan con los requisitos de ley.

"Los servidores públicos supernumerarios, una vez contratados de manera definitiva, podrán solicitar les sea computada la antigüedad desde su primer contrato para efectos del escalafón y del servicio civil de carrera.

"La figura de prórroga contemplada en el artículo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32365-dafd57d8/trabajadores-de-base-el-requisito-de-estar-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.