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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL EQUIVALENTE AL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE LAS LEGISLATURAS LOCALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ACTOS QUE INTEGRAN EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO SÓLO PUEDEN IMPUGNARSE A PARTIR DE QUE ES PUBLICADA LA NORMA GENERAL. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PARA DETERMINAR SU PROCEDENCIA EN CONTRA DE LA LEY O DECRETO, NO BASTA CON ATENDER A LA DESIGNACIÓN QUE SE LE HAYA DADO AL MOMENTO DE SU CREACIÓN, SINO A SU CONTENIDO MATERIAL QUE LO DEFINA COMO NORMA GENERAL. IV. FORMALIDADES DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DE SU POTENCIAL INVALIDATORIO. V. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS CUYO CUMPLIMIENTO SE DEBE VERIFICAR EN CADA CASO PARA ANALIZAR SU VALIDEZ. VI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. EN SU EVALUACIÓN DEBE VERIFICARSE EL RESPETO AL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DE TODAS LAS FUERZAS POLÍTICAS CON REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA EN CONDICIONES DE LIBERTAD E IGUALDAD Y QUE EL PROCEDIMIENTO DELIBERATIVO CULMINE CON LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS REGLAS DE VOTACIÓN ESTABLECIDAS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE TANTO LA DELIBERACIÓN PARLAMENTARIA COMO LAS VOTACIONES DEBEN SER PÚBLICAS. VII. REGLAMENTO DE LAS COMPARECENCIAS DE LAS Y LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS Y DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE. PARA LA APROBACIÓN DEL DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE EMITIÓ SE REQUIERE LA VOTACIÓN MAYORITARIA DE LOS INTEGRANTES DE LA ASAMBLEA Y NO UNA MAYORÍA CALIFICADA (PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DEL REFERIDO REGLAMENTO). VIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE CAMPECHE. EL QUE CULMINÓ CON EL DECRETO IMPUGNADO SE AJUSTÓ A LAS REGLAS DE VOTACIÓN ESTABLECIDAS POR EL CONGRESO LOCAL, CONFORME A LAS CUALES PARA LA APROBACIÓN DE DICTÁMENES BASTA UNA VOTACIÓN DE LA MAYORÍA DEL ÓRGANO LEGISLATIVO (DECRETO NÚMERO 121, MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDIÓ EL REGLAMENTO DE LAS COMPARECENCIAS DE LAS Y LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS Y DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS). IX. INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL. LA REGULACIÓN ESTABLECIDA EN UN PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS NO PUEDE APLICARSE POR ANALOGÍA CUANDO PREVÉ EXCEPCIONES A REGLAS GENERALES ESTABLECIDAS EN LA PROPIA NORMA FUNDAMENTAL. X. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA SUPLENCIA DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ OPERA AUN ANTE SU AUSENCIA. XI. COMISIONES INTERNAS DE LOS CONGRESOS LOCALES. SU INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO NO ESTÁN PREVISTOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR LO QUE SU REGULACIÓN COMPETE A LOS CONGRESOS LOCALES. XII. COMPARECENCIAS ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE QUE LA JUNTA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DEL CONGRESO LOCAL DEFINIRÁ EL NÚMERO DE INTERVENCIONES POR GRUPO PARLAMENTARIO, LAS CUALES SERÁN PROPORCIONALES A LA CANTIDAD DE DIPUTACIONES QUE LOS INTEGREN AL MOMENTO DE CONSTITUIRSE, RESPETA LA REPRESENTACIÓN POPULAR Y EL PLURALISMO POLÍTICO (ARTÍCULO 12, PÁRRAFO SEGUNDO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "AL MOMENTO DE CONSTITUIRSE", DEL REGLAMENTO DE LAS COMPARECENCIAS DE LAS Y LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS Y DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, EXPEDIDO MEDIANTE EL DECRETO NÚMERO 121, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS). XIII. COMPARECENCIAS ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE QUE LA JUNTA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DEL CONGRESO LOCAL DEFINIRÁ EL NÚMERO DE INTERVENCIONES POR GRUPO PARLAMENTARIO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD, YA QUE NO DISMINUYE LA REPRESENTACIÓN DE LA CIUDADANÍA AL SENO DE DICHO ÓRGANO LEGISLATIVO (ARTÍCULO 12, PÁRRAFO SEGUNDO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "AL MOMENTO DE CONSTITUIRSE", DEL REGLAMENTO DE LAS COMPARECENCIAS DE LAS Y LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS Y DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, EXPEDIDO MEDIANTE EL DECRETO NÚMERO 121, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS). XIV. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN DE MANERA INMEDIATA A LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES. XV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ESTUDIO DE UN CONCEPTO DE INVALIDEZ POR VIOLACIONES INDIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN PUEDE REALIZARSE SIEMPRE QUE ESTÉ VINCULADO DE MODO FUNDAMENTAL CON LA LEY RECLAMADA. XVI. COMPARECENCIAS ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE. LA FACULTAD DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE ESE ÓRGANO LEGISLATIVO PARA DEFINIR EL NÚMERO DE INTERVENCIONES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS EN LOS CUESTIONAMIENTOS QUE S

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 123/2022. · Registro digital (IUS): 32403
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-05-03
Promovente: DIPUTADOS Y DIPUTADAS INTEGRANTES DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 37, Mayo de 2024, Tomo I, Pág.19.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 123/2022. DIPUTADOS Y DIPUTADAS INTEGRANTES DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE. 28 DE NOVIEMBRE DE 2023. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIA: VIOLETA ALEMÁN ONTIVEROS.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 123/2022, promovida por Diputadas y Diputados integrantes del Congreso del Estado de Campeche, en contra del artículo 12 del Reglamento de las Comparecencias de las y los Titulares de las Secretarías y Dependencias Centralizadas del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, emitido mediante el Decreto 121, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Campeche, el nueve de agosto de dos mil veintidós.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación del escrito inicial. El seis de septiembre de dos mil veintidós, diversos Diputados y Diputadas integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche presentaron demanda de acción de inconstitucionalidad, y señalaron como autoridad demandada al Poder Legislativo de dicha entidad, así como su Junta de Gobierno y Administración y a su Secretario General.

2. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, las y los accionantes expusieron los siguientes conceptos de invalidez:

• PRIMER CONCEPTO DE INVALIDEZ. Las legisladoras y legisladores estiman que el artículo 12 del Reglamento de las Comparecencias impugnado contraviene el principio de progresividad y el derecho fundamental de eficaz representación ciudadana de la primera minoría, reconocido en el artículo 40 constitucional, toda vez que sin justificación limita la participación de la totalidad de quienes integran la legislatura para hacer preguntas a los titulares de las Secretarías y Dependencias Centralizadas del Poder Ejecutivo del estado.

• Señalan que el artículo 1o. de la Constitución Federal, así como los diversos 43, 47, 172, 173, 174, 175 y 178 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche establecen como derecho fundamental de las y los diputados el de participar en todas las sesiones de las comisiones o del Pleno del Congreso del Estado, incluidas, las comparecencias de los titulares de las Secretarías y Dependencias centralizadas de la administración pública estatal.

• En su concepto, la participación debe ser plena, esto es, sin limitación alguna con motivo del porcentaje de representación del grupo parlamentario al que pertenezcan. Debe ejercerse por el solo hecho de ser representantes de la ciudadanía, pues de lo contrario se vulnera el derecho de contar con un eficaz sistema representativo, acorde al artículo 40 de la Constitución Federal, ya que se inhibe la posibilidad de que una parte de la ciudadanía representada en cada diputación pueda materializar esa representatividad a través de las preguntas que se pudieran hacer.

• Argumentan que dicha situación se hace extensiva a las demás sesiones en las que, con motivo de las labores parlamentarias, se llame a comparecer a dichos titulares.

• Además, refieren que no existe exposición de motivos que justifique la restricción consistente en sujetar la participación al porcentaje de representación parlamentaria.

• SEGUNDO CONCEPTO DE INVALIDEZ. El precepto impugnado contraviene el principio de subordinación jerárquica o jerarquía normativa, pues contraviene el derecho concedido en los artículos 47, fracción IV y 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche.

• Lo anterior, al establecer una restricción al derecho fundamental de las y los legisladores de participar de manera plena en las sesiones donde comparezcan los titulares de las dependencias de la administración pública estatal, lo cual no está previsto en el artículo 174 del señalado ordenamiento legal.

• TERCER CONCEPTO DE INVALIDEZ. Aducen que el decreto impugnado es violatorio del proceso de reformas y adecuaciones de las normas locales, en tanto que a través de aquel se reglamenta un precepto de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, en particular, el artículo 177, el cual por disposición del diverso 171 de la citada legislación solo puede ser reformado, adicionado o derogado por el voto de las dos terceras partes de quienes integran el Congreso del Estado.

• En esa medida, si el Reglamento de Comparecencias es una norma accesoria del referido artículo 177, no puede contradecir el proceso previsto legalmente para la creación de la norma principal, por lo que el decreto reclamado debió haber sido aprobado por veinticuatro de las treinta y cinco diputaciones que componen el Congreso.

3. Admisión y trámite. El trece de septiembre de dos mil veintidós, el Ministro Presidente formó y registró el expediente de esta acción de inconstitucionalidad; asimismo, en el momento oportuno, ordenó su turno al Ministro instructor, quien admitió el presente medio de control y realizó los requerimientos y trámites ordenados por ley.

4. Informe del Poder Legislativo del Estado de Campeche. El Poder Legislativo local argumentó, en síntesis, lo siguiente:

• Hace valer como causa de improcedencia que la norma impugnada no tiene carácter de norma general para efectos de la acción de inconstitucionalidad, pues no posee las características de ser generalizada, abstracta e impersonal. Lo anterior, en virtud de que su aplicación se circunscribe exclusivamente a las y los diputados y diversos órganos parlamentarios del Congreso del Estado de Campeche, de modo que no es impersonal, al no ser de observancia para la sociedad. Además, tiene aplicación solo al ejercicio de las comparecencias con motivo de la glosa de los informes de gobierno que rinda la persona titular del Poder Ejecutivo local, de ahí que no sea una norma abstracta, en tanto que no regula situaciones generalizadas ni supuestos indeterminados, sino que solo incide en el ámbito interno organizativo del Congreso del Estado.

• Así también que la presente demanda de acción de inconstitucionalidad tiende a la protección de derechos particulares, más no para dilucidar la contradicción con la Constitución Federal, en virtud de que en ningún apartado de sus conceptos de invalidez se aprecia que se señale de manera frontal una franca contradicción entre lo que se asume como norma general y la Constitución General.

• Respecto a los conceptos de invalidez refiere que los dos primeros resultan inoperantes en la medida en que la parte promovente acude en defensa de derechos adquiridos como integrantes del Congreso local, mas no en interés de la regularidad constitucional de una norma general.

• Lo anterior se refuerza con el hecho de que diversos Diputados y Diputadas promovieron juicios electorales y de amparo en contra de la aplicación del reglamento de comparecencias.

• Adicionalmente, la inoperancia de los conceptos de invalidez se sostiene en que el artículo 12 impugnado no reúne las características para ser considerado una norma general, en los términos que se refiere la fracción II del artículo 105 de la Constitución Federal. Esto lo razona en similares términos a los que expuso al hacer valer la causa de improcedencia antes reseñada.

• Por otra parte, refiere que los dos primeros conceptos de invalidez son infundados, dado que en la Constitución General no se dispone norma alguna que establezca en un sentido u otro cómo debe desarrollarse el ejercicio de las comparecencias materia de reglamentación.

• En lo tocante a la presunta vulneración del principio de jerarquía normativa, el Congreso argumenta que el concepto es inoperante, pues la violación a dicho principio no se hace con relación a la Constitución Federal, sino que se estima que la norma reglamentaria excede la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche.

• Finalmente, respecto al tercer concepto de invalidez, relacionado con la falta de votación de las dos terceras partes de quienes integran el órgano legislativo, el Congreso argumenta que es infundado, porque la Constitución Federal no dispone ninguna norma que imponga la obligación de aprobar el reglamento con votación calificada.

5. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche. Por su parte, el Gobierno del Estado de Campeche, al rendir su informe, hizo valer lo siguiente:

• Argumenta que la parte actora no adujo violaciones a la Constitución Federal, por lo que se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción VIII del artículo 19 en relación con el diverso 65, ambos de Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Federal.

• El Poder Ejecutivo del Estado de Campeche no intervino en ninguna fase del proceso legislativo que culminó con la aprobación y promulgación del Reglamento de las Comparecencias impugnado.

• El decreto cumple con los requisitos de fundamentación y motivación, ya que como lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la motivación no implica que todas las disposiciones que integran un ordenamiento deban ser necesariamente materia de una motivación específica.

• El artículo 12 impugnado es constitucional, pues se advierte que no restringe la participación de las y los diputados en las comparecencias, estos siguen conservando su derecho a participar en dichas sesiones.

• Con independencia de que participen en las comparecencias, las y los diputados pueden hacer uso efectivo del derecho de mandar por escrito sus preguntas, tal y como lo refieren el artículo 43 de la Constitución Local y el 175 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

6. Pedimento de la Fiscalía General de la República. Esta representación no formuló pedimento en el presente asunto.

7. Alegatos. Las Diputadas y los Diputados actores formularon alegatos mediante escrito presentado el dieciocho de enero de dos mil veintitrés en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

8. Cierre de la instrucción. El nueve de marzo de dos mil veintitrés, habiéndose llevado a cabo el trámite legal correspondiente y al advertir que había concluido el plazo para formular alegatos, se declaró cerrada la instrucción del asunto y se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución.

I. COMPETENCIA

9. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso d), de la Constitución Federal(1) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.(2)

II. PRECISIÓN DE LA NORMA IMPUGNADA

10. Del escrito de demanda se advierte que las y los accionantes impugnan el artículo 12 del Reglamento de las Comparecencias de las y los Titulares de las Secretarías y Dependencias Centralizadas del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad el nueve de agosto de dos mil veintidós.

III. OPORTUNIDAD

11. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(3) dispone que el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales y el cómputo respectivo deberá hacerse a partir del día siguiente al en que se hubiere publicado la norma impugnada en el correspondiente medio oficial. Asimismo, señala que, si el último día del plazo fuere inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

12. La norma cuestionada se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Campeche el martes nueve de agosto de dos mil veintidós. Por tanto, el plazo de impugnación transcurrió del miércoles diez de agosto al jueves ocho de septiembre de dos mil veintidós. Consecuentemente, dado que la acción de inconstitucionalidad se presentó ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el seis de septiembre del citado año, no cabe duda de que es oportuna su promoción.

IV. LEGITIMACIÓN

13. La acción fue promovida por parte legitimada, en tanto que las catorce personas que firman el escrito de demanda se ostentan con el carácter de Diputados y Diputadas pertenecientes a la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche y representan el cuarenta por ciento de la legislatura, pues la misma se integra por treinta y cinco diputaciones.(4)

14. Para acreditar su calidad, presentaron documentales consistentes en las certificaciones realizadas por el Secretario General del Congreso del Estado de Campeche, en las cuales hace constar que las y los actores ocupan diputaciones en la LXIV Legislatura del referido órgano parlamentario local, por el periodo comprendido del primero de octubre de dos mil veintiuno al treinta de septiembre del año dos mil veinticuatro.

15. Consecuentemente, se cumple el supuesto previsto en los artículos 105, fracción II, inciso d), de la Constitución General(5) y 62 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la propia Carta Magna,(6) al tratarse de más del treinta y tres por ciento de quienes integran la legislatura local e impugnan una norma emanada de ese mismo órgano.

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

a) Ausencia de intervención del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche

16. Al rendir su informe, el Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, por conducto de su Consejería Jurídica, argumenta que esa autoridad no intervino en ninguna fase del proceso legislativo que culminó con la aprobación y promulgación del Reglamento de las Comparecencias impugnado. No obstante, este Tribunal Pleno no comparte estos razonamientos.

17. Los artículos 61, fracción II y 64 de la Ley Reglamentaria de la materia(7) prevén que el escrito en que se plantee una acción de inconstitucionalidad deberá contener, entre otros aspectos, los órganos legislativo y ejecutivo que hubieran emitido y promulgado las normas generales impugnadas; así como que la o el Ministro instructor dará vista a esos órganos para que rindan un informe que contenga las razones y fundamentos tendientes a sostener la validez de la norma general impugnada o la improcedencia de la acción.

18. Consecuentemente, es posición reiterada de esta Suprema Corte que en el procedimiento de una acción de inconstitucionalidad deben formar parte las autoridades legislativas y ejecutivas que hayan participado, de cualquier manera, en la creación de la norma impugnada.

19. Al respecto, es cierto que, en el caso, el artículo 54, fracción IX, de la Constitución Local(8) dispone que sobre la Ley Orgánica del Poder Legislativo y sus reglamentos no habrá lugar a veto, y que no se requiere promulgación para que la ley adquiera vigencia (al ser una regulación interna del propio Congreso), por lo que la publicación en el medio oficial del Estado tiene como objeto únicamente su divulgación.

20. Sin embargo, eso no es obstáculo para que el Poder Ejecutivo necesariamente forme parte del presente procedimiento. Al fin y al cabo, con independencia de la vigencia de la reforma y la ausencia de veto, el Ejecutivo es la autoridad encargada de divulgar en los medios oficiales las normas emitidas por el Poder Legislativo;(9) incluso, una deficiencia del procedimiento puede ser una incorrecta publicación. Además, en las demandas se plantearon conceptos de invalidez en contra del procedimiento legislativo para la emisión del Reglamento de las Comparecencias de las y los Titulares de las Secretarías y Dependencias Centralizadas del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, decreto en cuya publicación sí participó el Ejecutivo. Siendo a través de la impugnación de la norma que, en acción, se puede analizar el procedimiento legislativo, tal como se refleja en la tesis: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ACTOS QUE INTEGRAN EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO SÓLO PUEDEN IMPUGNARSE A PARTIR DE QUE ES PUBLICADA LA NORMA GENERAL.".(10) Por eso, no podría decretarse el sobreseimiento de la acción respecto a esta autoridad.

21. Similares consideraciones se sostuvieron al resolver la acción de inconstitucionalidad 121/2020 y su acumulada 125/2020.(11)

b) El precepto impugnado no constituye una norma de carácter general

22. El Poder Legislativo del Estado de Campeche aduce que la presente acción de inconstitucionalidad es improcedente, dado que el precepto reglamentario impugnado no reviste las características de ser una norma general, por lo que no puede ser cuestionado por esta vía.

23. A juicio de este Tribunal Pleno, es infundado el planteamiento, por las razones que enseguida se explican.

24. Efectivamente la fracción II del artículo 105 constitucional establece que las acciones de inconstitucionalidad proceden sólo contra normas de carácter general. Al respecto, este Alto Tribunal ha determinado,(12) que, para verificar la procedencia de la acción de inconstitucionalidad, no basta con estar a la designación que se le haya dado al tratado, ley o decreto impugnado al momento de su creación, sino que debe atenderse también a su contenido material, pues sólo así se podrá determinar si se trata o no de una norma de carácter general. Para concluir que es así, la norma debe referirse a un número indeterminado e indeterminable de casos y dirigirse a una pluralidad de personas indeterminadas e indeterminables. Asimismo, la generalidad del acto jurídico implica su permanencia después de su aplicación, de ahí que deba aplicarse cuantas veces se dé el supuesto previsto, sin distinción de persona.

25. Bajo esa lógica, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido oportunidad de pronunciarse respecto a la constitucionalidad de normas generales que regulan la organización de un órgano parlamentario, al conocer de la Ley Orgánica de un Congreso y reglamentos parlamentarios, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 121/2020 y su acumulada 125/2020;(13) y 124/2020;(14) así como la acción de inconstitucionalidad 1/98, cuyas consideraciones dieron origen a la jurisprudencia titulada: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE EN CONTRA DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS POR SER UNA NORMA DE CARÁCTER GENERAL."(15)

26. En lo que interesa, conforme a dichos precedentes, tanto la Ley Orgánica como el Reglamento del Congreso constituían normas generales, al tratarse de actos formalmente legislativos, no encontrarse dirigidos a una persona o personas determinadas y porque su aplicación no se agotaba con la legislatura que la emitió y las diputaciones que la integraban, sino que se aplicarían a las subsecuentes legislaturas y a todas aquellas personas que integraran el Congreso estatal.

27. Precisado lo anterior, se advierte que mediante el Decreto 121 el Congreso del Estado de Campeche emitió el Reglamento de las Comparecencias de las y los Titulares de las Secretarías y Dependencias Centralizadas del Poder Ejecutivo de dicha entidad federativa. Las reglas contenidas en ese cuerpo normativo, incluida la que es objeto de impugnación en el presente medio de control constitucional (artículo 12), tienen por objeto establecer la metodología y el procedimiento en que habrán de desarrollarse las exposiciones del funcionariado público estatal que se hagan con motivo de la presentación del informe de gobierno previsto en el artículo 43 de la Constitución Política del Estado de Campeche.(16)

28. En particular, el aludido artículo 12 dispone que, concluida la exposición, las y los diputados podrán participar en rondas de preguntas, siendo que el número de intervenciones por grupo parlamentario y diputaciones que no conforman fracción legislativa lo definirá la Junta de Gobierno y Administración del propio Congreso.

29. De lo expuesto, es posible sostener que nos encontramos frente a una norma que reviste las características de ser general, abstracta e impersonal, porque no se refiere a una persona o grupo de individuos determinado, pues se dirige a cualquier persona que durante la vigencia de la norma tenga el carácter de diputado o diputada; asimismo, porque no regula un acto en particular, sino que delinea un supuesto que habrá de darse en indeterminadas ocasiones durante la vigencia del reglamento. 30. Así las cosas, contrario a lo argumentado por el Congreso local, en el presente asunto se impugna una norma general que puede ser objeto de análisis abstracto por este Alto Tribunal.

c) La parte actora no reclama la contradicción entre una norma y la Constitución General

31. Por otra parte, el Congreso del Estado de Campeche y el Poder Ejecutivo de dicha entidad sostienen que la demanda no puede ser materia de análisis de fondo, en virtud de que en ningún apartado de los conceptos de invalidez se formula, de manera frontal, una contradicción entre la norma impugnada y la Constitución General. Aunado a que los planteamientos de la parte actora están dirigidos a proteger sus derechos como diputados y diputadas.

32. Es igualmente infundada la causal, pues de una lectura somera de la demanda, se observa que existen varios planteamientos de invalidez en contra del artículo 12 del Reglamento de las Comparecencias de las y los Titulares de las Secretarías y Dependencias Centralizadas del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, por presuntas violaciones al texto constitucional, por lo que se cumple lo previsto en el artículo 61 de la Ley Reglamentaria de la materia.(17)

33. Efectivamente, las y los diputados sostienen que existe un vicio en el procedimiento legislativo con potencial invalidante, en virtud de que, en su consideración, la aprobación del Decreto 121 debió haberse dado por mayoría calificada de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso del Estado de Campeche.

34. Además, alegan la presunta violación al artículo 40 constitucional, al estimar que con la forma en que se llevarían a cabo las rondas de preguntas durante las comparecencias, se vulnera el derecho de la ciudadanía de contar con un sistema representativo; así como trasgresión al principio de progresividad previsto en el diverso 1o. constitucional.

35. Así, toda vez que en la demanda de acción de inconstitucionalidad se advierten conceptos de invalidez por los que se aducen violaciones a la Constitución Federal, eso es suficiente para no tener por actualizada la causa de improcedencia contenida en el artículo 19, párrafo primero, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 constitucional.

36. En ese sentido, se desestima el argumento del Poder Legislativo local por el que aduce que las y los diputados promoventes hicieron valer planteamientos encaminados a proteger sus propios derechos, pues ha quedado demostrado que la demanda sí contiene razonamientos por los que se hace valer la contradicción entre la norma impugnada y la Constitución Federal, con independencia de la forma en que la parte actora expresó sus conceptos de invalidez.

37. Al no existir otra causa de improcedencia o motivo de sobreseimiento aducido por las partes o que esta Suprema Corte advierta de manera oficiosa, se procede al estudio del fondo del asunto.

VI. ESTUDIO DE FONDO

38. De la lectura de la demanda de acción de inconstitucionalidad se advierten diversos conceptos de invalidez, por lo que el estudio de fondo se dividirá en dos temas:

• Tema 1. Violación al procedimiento legislativo.

• Tema 2. Violación de las bases constitucionales que regulan el régimen interno del Congreso local.

39. En los siguientes apartados se dará respuesta a cada uno de los planteamientos, en el orden de tópicos antes expuesto.

Tema 1. Violación al procedimiento legislativo

40. Las y los diputados accionantes refieren que para la aprobación del Reglamento de las Comparecencias era necesaria una votación de las dos terceras partes de los miembros del Congreso local.

41. Lo anterior, porque el referido ordenamiento reglamentario desarrolla el artículo 177 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, el cual es un precepto que por disposición del diverso artículo 171 de dicha legislación, solo puede ser abrogado, adicionado o reformado con la votación de las dos terceras partes de la legislatura.

42. En la lógica de la parte actora, la aprobación del reglamento debe darse bajo la misma regla de votación que la norma legal que regula, al tratarse de una norma accesoria, que debe seguir las formalidades de creación de la principal.

43. A juicio de esta Suprema Corte, el concepto de invalidez es infundado. A continuación, se exponen las consideraciones que sustentan esa calificativa.

1.1. Parámetro de regularidad constitucional

44. Este Tribunal Pleno ha establecido una doctrina consolidada respecto a cuándo se actualiza una violación al procedimiento legislativo que conlleve efectos invalidantes.

45. Al respecto, se ha entendido que el régimen democrático imperante en nuestro texto constitucional exige que en el propio seno del órgano legislativo que discute y aprueba las normas se verifiquen ciertos presupuestos formales y materiales que satisfagan los principios de legalidad, seguridad y democracia deliberativa. Con ello se busca que las normas cuenten con una dignidad democrática que deriva de sus procesos de creación y de la idea de representación popular que detentan los diversos integrantes de una legislatura, lo cual se obtiene con el respeto de las reglas de votación, la publicidad de las mismas y la participación de todas las fuerzas políticas al interior del órgano.

46. En esa lógica, se ha sostenido(18) que no puede pasarse por alto que la violación a las formalidades del procedimiento legislativo debe abordarse en esta sede constitucional desde la consideración de las premisas básicas en las que se asienta la democracia liberal representativa, elegida como modelo de Estado de acuerdo con los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución Federal; por lo que la evaluación del potencial invalidante de dichas irregularidades procedimentales debe intentar equilibrar dos principios distintos: por un lado, un principio que se podría llamar de economía procesal, que apunta a la necesidad de no reponer innecesariamente etapas procedimentales cuando ello no redundaría en un cambio sustancial de la voluntad parlamentaria expresada (y, por tanto, a la necesidad de no otorgar efecto invalidante a todas y cada una de las irregularidades procedimentales identificables en un caso concreto) y, por otro lado, un principio de equidad en la deliberación parlamentaria que apunta, en cambio, a la necesidad de no considerar automáticamente irrelevantes todas las infracciones procedimentales que se produzcan en una tramitación parlamentaria que culmina con la aprobación de una norma mediante una votación que respeta las previsiones legales al respecto.(19)

47. Así, en cada caso debe determinarse si existen violaciones al procedimiento legislativo y si éstas redundan en una transgresión a las garantías de debido proceso, legalidad y democracia deliberativa o si, por el contrario, tales violaciones no tienen relevancia invalidante por no llegar a trastocar los atributos democráticos finales de la decisión. Análisis en el que, como elementos de partida, es necesario evaluar el cumplimiento al menos de los siguientes estándares:

a) El procedimiento legislativo debe respetar el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en condiciones de libertad e igualdad. En otras palabras, es necesario que se respeten los cauces que permitan tanto a las mayorías como a las minorías parlamentarias expresar y defender su opinión en un contexto de deliberación pública, lo cual otorga relevancia a las reglas de integración y quórum en el seno de las Cámaras, así como a las que regulan el objeto y desarrollo de los debates.

b) El procedimiento deliberativo debe culminar con la correcta aplicación de las reglas de votación establecidas.

c) Tanto la deliberación parlamentaria como las votaciones deben ser públicas.

48. Estándares en donde han cobrado una importancia mayúscula que los integrantes de las legislaturas (en especial las minorías legislativas) hayan podido formar parte del procedimiento legislativo, lo cual se asegura, entre otros muchos escenarios, con que se hayan entregado los documentos legislativos con la anticipación detallada en la normatividad aplicable para efectos de que las y los congresistas puedan emitir su voto libremente y en condiciones de igualdad y/o que se haya dado la correcta dispensa en razón de urgencia (con la adecuada motivación) de ciertos trámites legislativos, tales como la entrega misma de los documentos que van a ser discutidos por la asamblea,(20) ya que de no hacerse puede llegarse al escenario de evitar a los integrantes de la legislatura participar precisamente en condiciones de igualdad.

49. Para este Pleno, la democracia no solo tiene un valor instrumental al promover otros valores que se expresan en el contenido material de las leyes, sino que adquiere un valor en sí mismo al exigir que aquello que se somete a votación en el seno de los órganos legislativos haya sido objeto de una deliberación robusta en la que participan tanto las fuerzas políticas mayoritarias como las minoritarias. Precisamente este carácter deliberativo es lo que garantiza la representatividad popular en la creación de las leyes y, por ende, que éstas cuenten con una dignidad democrática. En definitiva, el órgano legislativo tiene que ser un órgano deliberante antes (lógica y temporalmente) que uno decisorio, en donde sean expresadas las opiniones de todos los grupos, tanto mayoritarios como minoritarios.

50. Toda esta doctrina constitucional fue ideada desde hace más de una década, entre otros asuntos, en las acciones de inconstitucionalidad 9/2005 y 52/2006 y sus acumuladas 53/2006 y 54/2006 y ha sido consolidad

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32403-1f2ce70a/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-equivalente-al-treinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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