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Modo: Corpus Pro

NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 69-B, PÁRRAFO CUARTO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. ES VÁLIDA SI SE REALIZA DE MANERA PERSONAL A LA PERSONA CONTRIBUYENTE QUE NO TENGA HABILITADO SU BUZÓN TRIBUTARIO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 280/2023. · Registro digital (IUS): 32472
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-05-31
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 37, Mayo de 2024, Tomo IV, Pág.3725.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 280/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 18 DE ABRIL DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ Y ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS Y DEL MAGISTRADO ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO. PONENTE: MAGISTRADA ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS. SECRETARIO: JOSÉ MIGUEL ALVAREZ MUÑOZ.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión correspondiente al dieciocho de abril de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Ver cuadro

I. Competencia

1. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(1) así como en lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(2) en los artículos 6, fracción I, 7, 9, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(3) y en el artículo 1 del Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio,(4) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero y veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés, por tratarse de criterios sostenidos por tribunales colegiados pertenecientes a los Circuitos Primero y Décimo Sexto, ambos comprendidos en la Región Centro-Norte, cuyo conocimiento corresponde a este pleno regional al tratarse sobre la materia administrativa.

II. Legitimación

2. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente en la época de la denuncia, ya que se formuló por **********, representante legal de la persona moral **********, parte quejosa en el juicio de amparo directo 237/2023 del índice del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuya personalidad está acreditada en términos de los artículos 10 y 11 de la Ley de Amparo,(5) así como del numeral 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles(6) en aplicación supletoria, con la copia certificada del instrumento **********, pasada ante la fe del corredor público número dos de la plaza del estado de Veracruz, relativo a la formalización de una acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de la persona moral aludida, de cuyo punto IV del orden del día y su acuerdo primero, se advierte el carácter con el que se ostenta.

III. Criterios denunciados

3. Criterio del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amparo directo 237/2023, en sesión de quince de junio de dos mil veintitrés.

4. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito al fallar el amparo directo 159/2021, en sesión de nueve de diciembre de dos mil veintiuno.

IV. Existencia de la contradicción de criterios

5. De acuerdo con los criterios sentados por el Máximo Tribunal, existe una contradicción de criterios cuando se reúnen los siguientes requisitos:(7)

a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.

c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

6. En el caso, existe una contradicción de criterios entre los sostenidos por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito al resolver los amparos directos 237/2023 y 159/2021, respectivamente.

7. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito analizó un asunto con las siguientes características:

Ver características

8. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito analizó un asunto con las siguientes características:

Ver asunto

9. De esta relatoría se desprende, en lo esencial, la siguiente información:

Ver información

10. De las consideraciones precedentes se sigue que se satisfacen los requisitos para tener por existente una contradicción de criterios, por los motivos siguientes:

11. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Este requisito se satisface porque los tribunales colegiados decidieron, a partir de una exposición argumentativa, sobre los conceptos de violación enderezados en contra de la decisión del tribunal administrativo de estimar legal la notificación personal de la resolución del procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

12. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Se advierte un punto de toque entre los criterios de los tribunales contendientes, porque se pronunciaron sobre la forma en que debe notificarse a la persona contribuyente la resolución aludida, cuando no se encuentre habilitado el buzón tributario.

13. Sin embargo, entre ellos existe un diferendo pues mientras uno consideró que, si bien, la resolución impugnada no se notificó por buzón tributario a la persona contribuyente al no encontrarse habilitado este medio, lo cierto es que no se le dejó en estado de indefensión, pues al haberse notificado personalmente, en términos de los artículos 134, fracción I, y 137 del Código Fiscal de la Federación, se le permitió imponerse de su contenido y se cumplió con el objetivo de informarle la determinación –sin importar que se hubiese entendido con terceros–; el otro, consideró que dicha resolución debe notificarse mediante buzón tributario y, en caso de que este no haya sido habilitado por los contribuyentes, la consecuencia jurídica es tenerlos por oponiéndose a su notificación y, por tanto, deberá efectuárseles por estrados, en términos de los artículos 17-K y 69-B del código tributario, así como la regla 2.2.7 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil dieciocho.

14. Desde luego, no pasa inadvertido que los fallos denunciados datan de años diversos y que se interpretaron resoluciones misceláneas diversas, pero la comparación de estas arroja que los textos de interés son iguales, como se muestra en la siguiente tabla:

Ver tabla

15. Es aplicable, en su contenido substancial, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 87/2000(8) que a continuación se reproduce:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE RESOLVERSE, AUNQUE DIMANE DE LA INTERPRETACIÓN DE PRECEPTOS LEGALES DEROGADOS, SI SU CONTENIDO SE REPITIÓ EN LOS VIGENTES. A pesar de que los criterios divergentes deriven del examen de disposiciones legales o reglamentarias que ya no se encuentren en vigor, por haber sido derogados o abrogados los ordenamientos a que pertenecen, es necesario resolver la contradicción de tesis denunciada en el caso de que los ordenamientos vigentes, que sustituyeron a aquellos repitan, en lo esencial, las hipótesis normativas cuya interpretación por los Tribunales Colegiados de Circuito o por las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dio lugar a la contradicción de tesis, puesto que este proceder tiende a fijar criterios que conservan vigencia y utilidad en la preservación de la seguridad jurídica."

16. Es igualmente aplicable, por analogía, la tesis 1a. LXI/2012 (10a.)(9) que dice lo siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. NO DEBE DECLARARSE INEXISTENTE CUANDO LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ABORDARON EL ESTUDIO DEL TEMA, CON BASE EN UN PRECEPTO DE IGUAL CONTENIDO JURÍDICO PARA LEGISLACIONES DE DISTINTOS ESTADOS. Cuando al examinar una contradicción de tesis se advierte que los tribunales colegiados pertenecientes a distintos circuitos hicieron el ejercicio interpretativo de una disposición en el ámbito de sus respectivas legislaciones, no procede declararla inexistente por esa sola circunstancia, siempre y cuando los preceptos en análisis sean de igual contenido jurídico; motivo por el cual, ante la divergencia de criterios, lo conducente es que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre la tesis que debe prevalecer."

17. Tampoco obsta para estimar que existe una contradicción que ambos tribunales examinaran las circunstancias específicas de las notificaciones personales realizadas en cada caso, pues si bien uno estimó que se había practicado de manera legal, la exposición del otro no ofrece elementos para discernir cuál fue su conclusión, lo cual impide considerar que este fue el motivo determinante de su criterio, como se aprecia de la reproducción del siguiente fragmento:

Máxime cuando, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 136, del Código Fiscal de la Federación, toda notificación personal, realizada con quien deba entenderse, será legalmente válida aun cuando no se efectúe en el domicilio respectivo o en las oficinas de las autoridades fiscales; sin embargo, y como correctamente lo hace notar la parte quejosa, en el supuesto en estudio, al momento de constituirse por primera ocasión en el domicilio fiscal de la solicitante del amparo, a saber el ..., fue atendida por un tercero de nombre ..., quien no acreditó de manera alguna, ni manifestó ser el representante legal de la moral quejosa, por lo que optó por dejarle citatorio para el día siguiente, es decir, el nueve del mes y año citados, data en la que, al no haber encontrado nuevamente al representante legal de la parte inconforme, la diligenciaria designada efectuó la notificación por conducto de la misma persona que la había atendido con anterioridad, a quien le recae el carácter de tercero, razón legal por la cual no puede convalidarse de forma alguna la ilegalidad de la notificación del oficio ... de ... practicada el nueve de mayo de ese mismo año.

18. Además, esta manifestación fue expresada solo a manera de complemento de la consideración central del tribunal, que rigió el sentido del fallo, en el sentido de que la autoridad no podía elegir la notificación personal como medio para comunicar al interesado su resolución, pues el propio órgano colegiado, al referirse a las formalidades y requisitos de la notificación personal a que aluden los artículos 134 y 137 del Código Fiscal de la Federación señaló que ello resulta intrascendente, dado que como se ha visto, la notificación de la resolución recaída al procedimiento reglado establecido por (sic) artículo 69-B del citado código, debe efectuarse por buzón tributario y, en caso de que, como en la hipótesis que se analiza, no exista constancia de que el contribuyente haya habilitado el aludido buzón, la consecuencia jurídica inevitable es que deba tenérsele por oponiéndose a la notificación y proceder en términos de la fracción III del referido artículo 134, que se traduce en notificarle por estrados.

19. Finalmente, tampoco se pasa por alto que el estudio de la notificación se produjo en contextos diversos, pues en un asunto, la sala responsable estudió el fondo y en el otro caso, sobreseyó en el juicio por extemporaneidad, pero estas circunstancias no trascendieron a los análisis realizados por los tribunales participantes en esta contradicción.

20. Tercer requisito: Que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver. Este requisito se cumple también, pues advertido el punto de conflicto entre los criterios contendientes, cabe la pregunta siguiente: Si el buzón tributario no está habilitado ¿Es válida la notificación personal de la resolución del procedimiento previsto en el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación?(10)

21. En esta línea argumentativa, es existente la contradicción de criterios entre el sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amparo directo 237/2023, y el emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito al fallar el amparo directo 159/2021.

22. Por otro lado, no sobra señalar que en los demás temas abordados por uno de los tribunales, no existe punto de toque.

23. En efecto, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito se pronunció respecto de la constitucionalidad del párrafo quinto del artículo 69-B del código tributario, la competencia material de la autoridad demandada para emitir la resolución impugnada en el juicio de origen, así como la materialidad de las operaciones amparadas con los comprobantes fiscales; sin embargo, el otro tribunal no analizó esos aspectos.

24. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito amparó a la persona quejosa y se pronunció respecto de los efectos de esa concesión, pero el diverso tribunal, debido a la naturaleza de su fallo, no lo hizo.

25. No sobra señalar que de la consulta realizada al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que se trae a la vista como hecho notorio,(11) se advierte que se interpuso recurso de revisión en contra del fallo emitido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amparo directo 237/2023; sin embargo, de autos se aprecia que dicho medio de impugnación fue desechado por la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, mientras que en contra de la ejecutoria del diverso tribunal contendiente, no se interpuso medio de defensa alguno, por lo que los criterios contendientes se encuentran firmes.

V. Amicus curiae

26. En el oficio de la Administradora de Amparo e Instancias Judiciales 1, 2, 3, 4 y 5 adscrita a la Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, se expresaron, esencialmente, las consideraciones siguientes en cuanto al tema en disputa:

"Se solicita a los Magistrados que integran este H. Pleno Regional, se sirvan tomar en consideración los siguientes comentarios, tendientes a fortalecer la postura del proyecto de resolución, en relación con la validez de la notificación personal, del procedimiento previsto en el cuarto párrafo, del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, cuando el buzón tributario no está habilitado, por razones imputables al contribuyente, conforme a lo siguiente:

"En particular, lo referente al párrafo 95, del proyecto de resolución de la presente contradicción de criterios número 280/2023, se sugiere su ajuste, para evitar una interpretación diversa a la postura que sostiene ese H. Pleno Regional, el cual se transcribe a continuación:

"95. En este sentido, aunque en puridad podría afirmarse que la notificación realizada en estas condiciones no se ajustó al texto legal, lo cierto es que no puede reprocharse a la autoridad que elija un medio más seguro y confiable de comunicación para informar a la persona interesada sobre la resolución que define su situación fiscal, considerando que las formalidades en estudio tienen un valor estrictamente instrumental, es decir, carecen de un sentido de solemnidad –presente en otros supuestos– cuyo único propósito es garantizar que la persona conozca del acto o resolución a notificar ...

"Se estima que debe prevalecer la idea, en el sentido de que cuando no esté habilitado el buzón tributario (por causas imputables al contribuyente), si la autoridad optó por llevar a cabo la notificación vía personal, del análisis sistemático a las disposiciones legales que rigen las notificaciones, y el principio de seguridad jurídica, si se ajustó a las disposiciones legales aplicables.

"Se sustenta lo anterior, porque en primer lugar, por ministerio de ley, se entiende que el contribuyente, al no habilitar el buzón tributario, ‘se opone a la notificación’ y por lo tanto, la autoridad fiscal ‘podrá’ realizar la notificación vía estrados, es decir, se trata de una opción o facultad otorgada a la autoridad fiscal, en términos del artículo 17 K, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 134, fracción III, del mismo ordenamiento legal.

"De este modo, ante tal oposición a la notificación por buzón tributario, si la autoridad fiscal eligió efectuar la notificación personal, no se contraviene el principio de seguridad jurídica, porque finalmente se cumple el objetivo de enterar al contribuyente sujeto al procedimiento del artículo 69-B del código en cita, de la resolución materia de la diligencia, como lo concluye ese H. Pleno Regional, en los párrafos noventa y tres y noventa y cuatro del proyecto que nos ocupa.

"Es decir, como lo sustenta el proyecto, no pasó inadvertido para el legislador, la conducta de aquellos contribuyentes, que no habilitan el buzón tributario, para evitar la notificación electrónica; cuestión que motivó sancionar dicha omisión o conducta, y considerarla como una forma de ‘oposición’ o renuncia implícita a señalar los medios de contacto de su elección, como el correo electrónico o número telefónico, etcétera y en consecuencia, la asignación de un buzón electrónico, para facilitar y asegurar la comunicación con las autoridades fiscales, con el uso de los avances tecnológicos, dando lugar, a que ante dicha ‘oposición’, las autoridades fiscales, puedan elegir realizar la notificación por estrados, o bien, vía personal, para optimizar las formalidades esenciales del procedimiento y garantizar el conocimiento efectivo a los contribuyentes de los actos y resoluciones correspondientes, en términos de los artículos 134, 17 K, 139, en relación con el artículo 69-B, cuarto párrafo, todos del Código Fiscal de la Federación.

"Lo anterior, como válidamente, ese H. Pleno Regional, destaca en el presente proyecto, al invocar los criterios jurisprudenciales, que el Alto Tribunal emitió al reconocer la constitucionalidad de la modalidad de notificación por buzón tributario, conforme al artículo 17 K del Código Fiscal de la Federación; así como la notificación personal y por correo, para privilegiar la seguridad jurídica de las notificaciones a través de este medio de comunicación electrónico, entre la autoridad y los gobernados, dada su inmediatez, gratuidad y simplificación para dar a conocer los actos o resoluciones administrativos, y así garantizar el debido proceso, audiencia y defensa a favor de los gobernados." 27. En el oficio de la Administradora de lo Contencioso de Hidrocarburos "1", adscrita a la Administración Central de lo Contencioso de Hidrocarburos, de la Administración General de Hidrocarburos del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las consideraciones expresadas en relación con el tema de contienda fueron, esencialmente, las siguientes:

"V. Criterio sostenido por el Servicio de Administración Tributaria.

"A. No obstante lo anterior y a efecto de resolver la contradicción de criterios que nos ocupa, se estima que, como elemento previo y primordial para analizar la presente contradicción, resulta dable imponernos al siguiente análisis:

"A.1. Concepto de acto administrativo.

"La definición de acto administrativo más acogida, la podemos encontrar en la doctrina española se debe a Zanobini: ‘Es acto administrativo cualquier declaración de voluntad, de deseo, de conocimiento o de juicio realizada por un órgano de la administración pública en el ejercicio de una potestad administrativa.’

"Por su parte el autor Gabino Fraga define al acto administrativo como: ‘la actividad administrativa, realizada dentro de la esfera la finalidad principal del Estado, que es la de dar satisfacción al interés general por medio de la policía que comprende las medidas necesarias para salvaguardar el orden público, o sea, la tranquilidad, seguridad y salubridad públicas; por medio de intervenciones tendientes a regular y fomentar la actividad de los particulares; por medio de los servicios públicos que otorguen prestaciones para satisfacer las necesidades colectivas y por la gestión directa en la vida económica, cultural y asistencial’.

"Asimismo, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, define al acto administrativo, como: ‘el acto administrativo es el medio por el cual se exterioriza esa voluntad y puede conceptuarse como el acto jurídico unilateral que declara la voluntad de un órgano del Estado en ejercicio de la potestad administrativa y crea situaciones jurídicas conducentes a satisfacer las necesidades de la colectividad’.

"Así, podemos definir el concepto de acto administrativo es la manifestación de la voluntad de la autoridad que crea, modifica o extingue una situación jurídica, en el caso del ámbito fiscal, se crea para el contribuyente una determinada situación jurídica en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones fiscales o respecto del ejercicio de un derecho subjetivo.

"A.2. Acto de notificación.

"La real academia española define la notificación como: ‘dar noticia de algo o hacerlo saber con propósito cierto; y comunicar formalmente a su destinatario una resolución administrativa o judicial’.

"Por su parte, Fernando Flores García, define la notificación como ‘el acto mediante el cual, de acuerdo con las formalidades legales preestablecidas, se hace saber una resolución judicial o administrativa a la persona a la que se reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla un acto procesal’.

"Al respecto, la notificación del acto, solo tiene la finalidad justo de dar noticia de su existencia para que el destinatario se imponga de su contenido y, este en aptitud de llevar a cabo la promoción de los medios de defensa conforme los plazos que establece la ley, o bien, generar la certeza de que la actuación de las autoridades se llevó dentro de los plazos que el legislador instauró para su desarrollo.

"En otras palabras, la notificación es un acto posterior e independiente de los motivos y fundamentos del acto administrativo, por lo que, cualquier irregularidad que pudiera existir en la diligencia de notificación, no podría afectar per se la legalidad del acto, ni generar su nulidad, ya que ambos tienen fines y naturaleza jurídica distintas.

"A.2.1. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto la notificación del acto administrativo y determinó que la notificación es el acto a través del cual la administración informa o hace del conocimiento a una o varias personas un acto o resolución y el cual constituye el acto de eficacia de comunicar.

"En ese contexto, el artículo 134 del Código Fiscal de la Federación establece diversos medios a través de los cuales la autoridad fiscal deberá notificar a las personas contribuyentes sus resoluciones, a saber: buzón tributario, personalmente, correo certificado, correo ordinario, telegrama, estrados y edictos.

"A.3. Notificación de la resolución del procedimiento establecido en el cuarto párrafo, del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

"Es preciso señalar que, la notificación de la resolución que pone fin al procedimiento previsto en el cuarto párrafo, del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, adicionado mediante reforma en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre dos mil trece, estableció el procedimiento que la autoridad fiscal debía observar cuando detecte que una persona contribuyente ha emitido comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, con motivo del cual se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes.

"Asimismo, mediante decreto de veinticinco de junio de dos mil dieciocho, publicado en el medio oficial reestructuro el texto del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, el cual tuvo como origen la iniciativa propuesta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, la cual reza lo siguiente:

"Los legisladores que integramos esta comisión coincidimos con la iniciativa propuesta que tiene por objeto reformar el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación a fin de revestir la medida con mayor certeza jurídica toda vez que constituye un procedimiento que coadyuva con las autoridades fiscales a tener un mayor control sobre las operaciones en que se sustentan los comprobantes fiscales de los contribuyentes, así como al combate a la evasión y elusión fiscales.

"Esta comisión legislativa coincide con la necesidad de llevar a cabo una reestructura integral al texto del mencionado artículo 69-B, incorporando la facultad de la autoridad de poder requerir información adicional al contribuyente, definiendo los plazos para su entrega y para valoración de las pruebas, así como para emitir y notificar la resolución definitiva, y las consecuencias jurídicas en caso de incumplimiento, fortaleciendo la seguridad jurídica del contribuyente y privilegiándola sobre los procedimientos, plazos y formalismos de la relación tributaria, evitando con ello interpretaciones incorrectas de las formalidades del procedimiento.

"En este sentido, si bien el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, reconoce y respeta el derecho de audiencia, la que dictamina coincide con la propuesta de otorgar a los contribuyentes la posibilidad de solicitar una prórroga de cinco días a la autoridad fiscal para aportar la documentación e información que considere necesaria para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos, lo cual les permitirá contar con mayor tiempo para ejercer de manera más efectiva su derecho de audiencia.

"Por otra parte, la comisión que suscribe coincide con la propuesta de establecer la facultad de la autoridad fiscal para requerir mayor información y documentación al contribuyente durante el procedimiento, y otorgarle un plazo de diez días para atender dicho requerimiento a fin de permitir a la autoridad fiscal allegarse de la documentación e información que estime necesaria para emitir una resolución exhaustiva y apegada a la realidad de los hechos, salvaguardando los derechos fundamentales de audiencia, legalidad y seguridad jurídica de los contribuyentes.

"Esta comisión dictaminadora considera apropiado ampliar y consolidar el plazo que tiene la autoridad para valorar las pruebas aportadas por el contribuyente y notificar la resolución correspondiente. Por lo que coincide con la propuesta de establecer de manera expresa un plazo cierto y suficiente de cincuenta días para que la autoridad valore la información y documentación que aporten los contribuyentes, y emita y notifique la resolución al particular, lo que redundará en seguridad jurídica para el contribuyente y acotará la actuación de la autoridad fiscal.

"Por otra parte, para dotar de mayor certeza y seguridad jurídica a los contribuyentes, así como para dar mayor transparencia y publicidad en los procedimientos incoados a empresas que presuntamente facturan operaciones simuladas, y a efecto de restablecer los derechos de estos, la que dictamina coincide con la propuesta de establecer la obligación para que la autoridad fiscal publique trimestralmente en el Diario Oficial de la Federación y en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, un listado de aquellos contribuyentes que lograron desvirtuar los hechos que se les imputaron o que mediante resolución o sentencia firmes, emitida por autoridad competente, se haya dejado sin efectos la resolución que dio fin al procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación ...

"Por lo anterior, el texto del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente es el siguiente:

"‘Artículo 69-B. Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes.

"‘En este supuesto, procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren en dicha situación a través de su buzón tributario, de la página de internet del Servicio de Administ

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32472-a49520c3/notificacion-de-la-resolucion-prevista-en-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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